Esta Directiva tiene como objetivo concretar la cuarta libertad fundamental que está en la base de la construcción europea, la libre circulación de personas, de bienes y de capitales, sin disminuir los niveles de protección social de los Estados miembros. El reto residía en la dificultad de conciliar, a un tiempo, los intereses de los consumidores, de los trabajadores y de los prestatarios de servicios, con el telón de fondo de un conflicto entre los partidarios de una liberalización y los defensores de las normas sociales. El Parlamento Europeo ha logrado resolver este rompecabezas. En efecto, tras dilatados y difíciles debates, los grupos políticos de este último han conseguido alcanzar un compromiso aceptable para los gobiernos.

 

El sector terciario representa casi dos terceras partes de la economía europea. Sin embargo, para sacar partido de este mercado, era necesario hacerlo más competitivo y abierto. La propuesta de Directiva relativa a los servicios, tal y como la presentó la Comisión Europea a principios de 2004, suscitó tanta polémica que llegó a influir en el «no» francés a la Constitución. Se discutía principalmente el «principio del país de origen», que habría permitido a los prestatarios de servicios operar en otro Estado miembro conforme a las condiciones aplicables en sus países de origen. En el Parlamento Europeo –al igual que entre la población europea– unos temían que se abriese la puerta a una competencia malsana entre Estados miembros y al «dúmping social», mientras que otros insistían en la necesidad de facilitar la libre circulación de los trabajadores y de mejorar la competitividad del sector. Aunque los representantes de los Estados miembros se encontraban profundamente divididos en el Consejo, los diputados consiguieron superar sus propias divergencias, para conseguir, finalmente, una Directiva que permitirá una mayor apertura del mercado interior de servicios a la competencia transfronteriza, sin dejar de preservar el modelo social europeo.

 

El Parlamento Europeo restablece el equilibrio entre economía y derechos sociales

En la Eurocámara, al menos diez comisiones parlamentarias estudiaron diferentes soluciones en el transcurso de un año y medio, con el fin de dotar al texto de un enfoque más consensuado. Este debate, en ocasiones agitado, culminó en febrero de 2006 con un acuerdo entre los dos grupos políticos más importantes del PE, el PPE-DE y el PSE. 

 

Tras su primera aprobación en el Pleno, el texto precisaba de manera explícita que la Directiva no afectaría en modo alguno al Derecho laboral de los Estados miembros, ni a las condiciones de trabajo o de empleo y a las relaciones contractuales entre empleador y empleado (independientemente de que estas últimas tuvieran como fundamento la normativa laboral o los convenios colectivos). Este compromiso fue aceptado luego en sus aspectos esenciales por los Estados miembros y ratificado por el PE en segunda lectura, por una gran mayoría, en noviembre de 2006. El Grupo GUE/NGL, los Verdes/ALE y los diputados franceses del PSE votaron en contra de la Directiva.

 

 

Es de esperar que la Directiva, que se deberá aplicar en toda la UE a partir del 28 de diciembre de 2009 a más tardar, facilite de un modo significativo el establecimiento y la actividad profesional de los prestatarios de servicios en otro Estado miembro. Por ejemplo, a partir de ese momento, una empresa que desee gestionar un hotel en otro país de la UE ya no tendrá que tratar con varias autoridades distintas (nacionales, regionales o locales) sino con una sola, que actuará como «ventanilla única» para la totalidad de los trámites administrativos.

 

La Directiva prohíbe explícitamente las restricciones a la libre prestación de servicios. Por lo tanto, resultará más sencillo que antes prestar servicios, de modo temporal, en otro país de la UE. Por ejemplo, ya no se podrá exigir a un guía de montaña que resida en el territorio del país en el que desee ejercer, de modo temporal, su profesión. Sin embargo, el prestatario temporal deberá someterse a la normativa laboral y social del Estado en el que trabaje. Por otra parte, la Directiva no afectará ni al Derecho laboral ni a los derechos colectivos de los que disfrutaban los trabajadores de los Estados miembros.

 

 

Algunos servicios han quedado excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Se trata, especialmente, de los servicios no económicos de interés general, de determinados servicios sociales o de aquellos que ya están cubiertos por una normativa sectorial (servicios audiovisuales, financieros o de transporte). Por lo que respecta a los servicios de interés general, el Tratado de Lisboa (en curso de ratificación) aporta algunas respuestas, sobre todo habida cuenta que reconoce el carácter específico de los mismos. Sin embargo, algunos parlamentarios lamentan la decisión de la Comisión Europea de no presentar ninguna propuesta al respecto. Por lo tanto, esta cuestión queda abierta.

 

Por lo que respecta a los servicios sanitarios, que tampoco cubre la Directiva, el Parlamento Europeo trabaja actualmente sobre la propuesta de la Comisión Europea de julio de 2008 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. El objetivo es facilitar el reembolso de las prestaciones médicas efectuadas en otro Estado miembro. El reto reside, también en este caso, en lograr un equilibrio entre los intereses sociales y del mercado, por un lado, y por el otro, las competencias comunitarias y nacionales.

 

 

Según la ponente, Evelyne Gebhardt (PSE, Alemania), el trabajo del PE consiguió «una fusión entre los intereses de los trabajadores y consumidores y los de la economía. Hemos logrado, con este texto, hacer una contribución real para situar más a las personas en el centro de la política». «A veces, cuando hablamos de conceptos como el mercado interior, nos olvidamos de que estamos comprometiendo a los ciudadanos en el meollo de lo que ocurre y en nuestra labor política en esta Cámara». Por su parte, Malcolm Harbour (PPE-DE, Reino Unido) añadió que «esta Directiva versa sobre la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos en la Unión Europea y sobre el fomento del crecimiento y el dinamismo de la economía».

 

La diputada liberal finlandesa Anneli Jäätteenmäki declaró que «los servicios son una fuente fundamental de crecimiento y de empleo en la UE. Durante el periodo 1997-2002, alrededor del 96 % de los nuevos puestos de trabajo se crearon en el sector de los servicios. Por tanto, es importante suprimir las barreras innecesarias al crecimiento a escala nacional. La Directiva de servicios es un paso en la dirección correcta».

 

Sin embargo, Heide Rühle (Verdes/ALE, Alemania) apuntó que «esta falta de claridad se refiere a la definición y exclusión de los servicios en general y de los servicios de interés económico general en particular; las cuestiones fundamentales que esgrimieron los que se oponían a la Constitución para reclamar el voto del “no” en el referendo francés». Por su parte, el eurodiputado francés Francis Wurtz (GUE/NGL) objetó que la Directiva «supedita la preservación del Derecho laboral en los Estados miembros al respeto del Derecho comunitario, una fórmula vaga que remite a las normas de la competencia». La delegación francesa del PSE votó asimismo en contra de la Directiva, dado que, como manifestó Harlem Decir, «no todos los servicios de interés económico general se habían excluido de su ámbito de aplicación» y la Directiva «no establecía claramente el principio del país de destino».

 

Aun así, el diputado de UEN Adam Bielan (Polonia) manifestó que, en su opinión, «esas dificultades las crean deliberadamente países que temen la competencia de empresarios de otros Estados y quieren proteger sus propios mercados a cualquier precio. Normalmente, esto perjudica al consumidor, al que se ofrecen servicios que son más caros y de menor calidad». También el responsable del Grupo IND/DEM, Jens-Peter Bonde (Dinamarca), manifestó que se trata de una «Directiva para abogados y jueces. Serán los jueces de Luxemburgo quienes determinarán lo que se ha decidido. Las normas son muy poco claras». El británico Nigel Farage, del mismo grupo político, votó en contra y dio como motivo que el mercado único solo genera «regulación, coste y oportunidades perdidas».

 

 

La revisión de la Directiva de 2003 sobre la jornada laboral se inició en 2004 con el objetivo de reconsiderar las excepciones permitidas y tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los servicios de guardia, en particular en el caso de los médicos. El Parlamento Europeo se pronunció en primera lectura en 2005, pero el tema fue bloqueado posteriormente por los Estados miembros en el Consejo. 

 

Después de tres años de debates, el Consejo alcanzó una posición común en junio de 2008 (con el voto en contra de España y Grecia, además de la abstención de Bélgica, Chipre, Malta, Portugal y Hungría). En diciembre de 2008, el Parlamento Europeo, que en esta cuestión decide en pie de igualdad con los Estados miembros, reafirmó su posición de la primera lectura y rechazó este compromiso que habría permitido a los países superar el máximo anual de las 48 horas semanales.

 

 

En la primera lectura la Eurocámara se opuso a la cláusula de no participación que el Reino Unido obtuvo en 1993 y que le permitía superar el límite de 48 horas semanales. Dicha cláusula de no participación, denominada "opt-out", en la actualidad no se aplica sólo en el Reino Unido, sino también en otros Estados miembros. El compromiso negociado entre los gobiernos de la UE permitía excepciones al máximo de 48 horas, de forma que los trabajadores pudiesen acogerse a la cláusula de no participación. Para los empleados que optasen por la excepción, el compromiso preveía un límite de 60 ó 65 horas semanales, calculadas como media sobre un periodo de 3 meses.

 

 

El 17 de diciembre de 2008, el Parlamento Europeo apoyó de nuevo, con 421 votos a favor, 273 en contra y 11 abstenciones, suprimir el "opt-out" en un plazo de tres años tras la entrada en vigor de la directiva. Los diputados consideraron que la posibilidad de calcular la media de 48 horas de trabajo semanal sobre un periodo de referencia de un año supone suficiente flexibilidad para los empresarios en la organización del tiempo de trabajo.

 

De hecho, fue precisamente el Parlamento el que propuso en primera lectura ampliar el periodo de referencia de los cuatro meses actuales a un año, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la protección de la salud de los trabajadores y una organización flexible del trabajo.

 

 

Durante la votación en segunda lectura, más de 500 diputados exigieron que se considere la totalidad de los servicios de guardia como parte de la jornada laboral, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Consejo, por su parte, había sugerido diferenciar entre el tiempo de guardia "activo", durante el cual el trabajador tiene la obligación de estar disponible en su lugar de trabajo para ejercer sus funciones a petición del empleador; y el servicio de guardia "inactivo" –no considerado tiempo de trabajo- en el que el empleado está de guardia pero no ha sido llamado para ejercer sus funciones.

 

 

Por otro lado, el Parlamento modificó el texto del Consejo con el fin de mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar. Los diputados también exigieron que los empleadores informen con suficiente antelación a los trabajadores de cualquier cambio en sus horarios. En este sentido, los trabajadores tendrían derecho a solicitar la modificación de sus horarios de trabajo, mientras que los empleadores estarían obligados a tomar en consideración su solicitud.

 

Por lo que respecta a los periodos de descanso, la norma general es que cuando no se puedan disfrutar los periodos normales de descanso, se deberá conceder a los trabajadores periodos de descanso compensatorios. El Parlamento pidió reforzar esta disposición y subrayó que los periodos de descanso compensatorio se deben conceder siempre después de los periodos de trabajo.

 

La Eurocámara también abogó por clarificar la situación de los trabajadores que tienen más de un contrato -contratos múltiples-: según los eurodiputados, la jornada laboral ha de definirse como la suma del tiempo de trabajo de todos los contratos.

 

 

Debido a la falta de acuerdo entre la Eurocámara y el Consejo en segunda lectura, la revisión de la directiva fue objeto de un proceso de conciliación iniciado el pasado 17 de marzo.

 

Tras seis semanas de negociaciones, el Parlamento y el Consejo no lograron alcanzar un acuerdo en tres aspectos cruciales de la directiva: la cláusula de excepción u "opt-out", que el Parlamento quiere hacer "excepcional y temporal", los tiempos de guardia y la cuestión de los trabajadores vinculados por más de un contrato.

 

Las sentencias del Tribunal de Justicia han concluido que el tiempo de guardia debe considerarse tiempo de trabajo, algo que ha sido muy difícil de aplicar en algunos Estados miembros. Por ello, se espera una nueva propuesta de la Comisión Europea, especialmente para buscar una solución a los periodos de guardia.