Por el acceso de la población gitana al mercado laboral

La comisión de Empleo y Asuntos Sociales insiste en que para lograr mejorar las condiciones de vida de la población gitana es necesario asegurar su acceso a la educación y a los puestos de trabajo en igualdad de condiciones.

 

Además, pide a la Comisión que aliente a las autoridades nacionales a poner fin a la práctica discriminatoria de expulsar a los ocupantes de poblados de chabolas romaníes, desarrollando en cambio proyectos concretos de vivienda (§69). También considera que la Comisión debería identificar objetivos específicos con vistas a eliminar la discriminación y estigmatización de los romaníes y el sambenito delictivo de dichas comunidades (§25).

 

El texto reclama que, en todas las acciones de la UE y de los Estados miembros que afecten en particular a los gitanos, participen las partes interesadas como instancias de toma de decisiones, de modo que se respeten su capacidad y su responsabilidad de organizarse a sí mismos (§2).

 

 

El texto invita a los Estados miembros a que ajusten los programas de formación profesional a las necesidades de los mercados laborales locales y a que proporcionen incentivos a los patronos que contratan a personal no cualificado (incluidos los romaníes) ofreciéndoles formación y experiencia práctica en el lugar de trabajo (§12). Defiende que, para reintegrar a los trabajadores gitanos, es preferible subvencionar puestos de trabajo y no el desempleo a largo plazo (§36).

 

Los parlamentarios apoyan la propuesta de la UE de incrementar el número de romaníes en la función pública, pero recuerdan que para ello es necesario que los gobiernos apliquen políticas de personal y de formación de mano de obra que lo promuevan y que realicen esfuerzos especiales para facilitar la aceptación social de ese principio (28).

 

Observan que la gran mayoría de licenciados gitanos no vuelve a sus comunidades después de salir de la universidad y recomienda un paquete de programas global que motive a los romaníes graduados a volver a su comunidad y desempeñar un empleo en interés de la misma.

 

 

La ponente del informe, Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS (PSE, Hungría) sostiene que los sistemas educativos son selectivos y destaca la necesidad de políticas educativas focalizadas para llegar a las familias romaníes y estimular su participación activa (§4).

 

Solicita a la UE que ayude a los romaníes a aumentar sus cualificaciones como asunto prioritario (§6). También insta a los Estados miembros a que garanticen que las jóvenes romaníes tengan acceso en términos de igualdad a una educación de calidad y a que introduzcan incentivos (por ejemplo, oportunidades de desarrollo profesional) para atraer a profesores altamente cualificados hacia escuelas situadas en zonas social y económicamente más desfavorecidas (§6).

 

El documento critica la sobrerrepresentación de niños romaníes en las escuelas especiales, asignados a esas escuelas sin que exista justificación para ello. Indica que obligar a niños que han sido ilegalmente clasificados como deficientes mentales a asistir a escuelas especiales es discriminatorio y constituye una grave violación de su derecho fundamental a una educación de calidad (§45).

 

 

Los diputados urgen a los Gobiernos de los Estados miembros a mejorar la independencia económica de las mujeres romaníes promoviendo el empleo autónomo, el acceso a microcréditos y estimulando una economía de servicios en el seno de sus propias aglomeraciones (§20). Piden a los Gobiernos de los Estados miembros que elaboren sistemas de incentivos, por ejemplo, a través de ventajas fiscales, para las empresas que emplean a mujeres gitanas (§21).

 

El informe anima a los Estados miembros a establecer medidas destinadas a prevenir la discriminación a la que se enfrentan las mujeres romaníes, a fin de mejorar su situación socioeconómica y asegurar su acceso a servicios sanitarios, de guardería y de educación de alta calidad, como condiciones previas para el empleo.