Michael Cashman: «Vigilante al servicio de la transparencia»

 

Creo que ha habido progresos. Cuando abordarmos el asunto por primera vez, en 1999, había en nosotros lo que yo describiría como reticencias institucionales y culturales. Se creía que el acceso público a los documentos ralentizaría el funcionamiento de las instituciones y lo haría menos eficaz y, en cierto modo, la vigilancia a la que iban a quedar expuestas causaba más preocupación que otra cosa. Creo poder afirmar que el proceso democrático se refuerza con la vigilancia ejercida por los ciudadanos, sus representantes, las ONG o los informadores.

 

Este Reglamento dispone que todos los documentos deben ser accesibles y que, cuando no lo sean, las razones para ello deben estar claras. En este sentido me he convertido en una mezcla de observador y vigilante ferroviario. Incluso sé qué artículos tienen que invocar las autoridades para denegar el acceso a un documento. Si ese es el caso, pues, tienen que decir por qué, no basta con que invoquen motivos de «seguridad nacional». La confidencialidad no debe usarse nunca como pretexto para no entregar un documento.

 

Pero todavía nos queda mucho por hacer, aunque facilitar el acceso a los documentos siga estando entre los objetivos principales. Si usted es periodista o representante de un grupo de interés ya sabrá cómo moverse por el laberinto; si no lo es, es importante que vaya a Internet, porque nosotros insistimos en que los documentos deben ser accesibles por línea, a pesar de la carga administrativa que ello pueda suponer. Debería haber un registro común, una única puerta de entrada con un rótulo que dijera «Unión Europea - Acceso a los documentos» y a la que cualquiera pudiese ir para teclear una solicitud.

 

 

Como todos los derechos, si uno no sabe que el derecho de acceso existe no puede ampararse en él. Las organizaciones de consumidores y ciudadanos lo saben y se dedican a difundir información sobre el acceso a los documentos. Con el Tratado de Lisboa las cosas cambian mucho. El Tratado aumenta la transparencia, acerca las instituciones al ciudadano y acerca el ciudadano a las instituciones.

 

Según el Tratado de Lisboa, los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Pero a menos que uno pueda averiguar cómo funciona la Unión y cómo puede cada uno de nosotros involucrarse en esa vida democrática por medio de sus eurodiputados o de las ONG, no podrá formar parte de quienes contribuyen de manera efectiva a posibilitar o impulsar ese proceso: uno se convertirá en espectador pasivo. Por eso es tan importante el derecho a participar.

 

 

Principalmente porque los ciudadanos se sienten faltos de vinculación con ella y porque están expuestos a una propaganda eurófoba que afirma que las cosas se hacen en su nombre, pero sin pedir siquiera su opinión.

 

Con el Tratado de Lisboa en vigor tiene que haber acceso a los órdenes del día, las decisiones y las actas. Cuando lo haya, los ciudadanos de Finlandia, el Reino Unido, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, del país que sea verán que las cosas no las impone Bruselas, sino que las acuerdan sus gobiernos en el Consejo. Y verán cómo han votado esos gobiernos.

 

Liosboa también obliga a los parlamentos nacionales a vigilar. Ahora pueden interpelar a sus ministros del interior, o de protección del consumidor, y decirles «Así votó usted en el Consejo», y los ciudadanos podrá pedir cuentas a las instituciones en sus elecciones nacionales.

 

También ha habido diversos escándalos por mal uso de los presupuestos o de los fondos agrícolas y acusaciones de uso indebido de recursos contra diputados al Parlamento Europeo. Cuanto más abiertos nos mantengamos, cuanto más material pongamos en línea y cuanto más fácil sea el acceso que demos a él, tantas más personas verán que aquellos casos, cuando se dan, son la excepción y no la regla.

 

 

Hemos pedido que se acepten distintas recomendaciones. La Comisión presentó una revisión que, a mi modo de ver, decepcionó a todos los grupos políticos. Muchos ven en ella un paso atrás en algunos de los derechos que se reconocían en el Reglamento original.

 

¿Que si hay reticencias en algunas instituciones? Pues sí. Sinceramente, me parece que los Estados miembros no eran conscientes de los poderes que cedían en mayo de 2001, cuando acordaron adoptar el Reglamento 1049/2001. Ahora quieren recuperar algunos de esos derechos. Creo que la Comisión quiere hacer lo propio con la documentación sobre asuntos de competencia y afirma que algunos expedientes deben mantenerse completamente fuera del dominio público.