El camino recorrido hasta que ayer quedara aprobada la nueva Comisión en la Eurocámara ha sido largo: han pasado ocho meses desde las elecciones europeas, cinco desde la reelección del Presidente del colegio de comisarios, José Manuel Barroso, el pasado 16 de septiembre, y dos meses y medio desde que se publicara la lista oficial de candidatos.

 

La razón de esta tardanza estriba en la complejidad del procedimiento, que se inicia con la presentación de una lista de candidatos por parte de los Estados miembros y continúa con cuestionarios escritos a los comisarios designados, audiencias de cada uno de ellos en la Eurocámara, elección del Presidente del colegio de comisarios... sin olvidar aspectos como la experiencia del candidato, su color político o su nacionalidad.

 

 

El período de audiencias en el Parlamento Europeo podría resumirse a través de sus cifras, números que ofrecen una panorámica de este momento clave en la vida política comunitaria:

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura mediática de las audiencias de los comisarios designados en en Parlamento Europeo también puede resumirse en datos:

 

 

 

 

 

 

 

Además, el desarrollo y cobertura de las audiencias supuso todo un reto técnico para la propia Eurocámara:

 

 

 

 

Encontrará todos los detalles sobre el proceso en la página web especial sobre las audiencias, a la que puede acceder a través del primero de los siguientes enlaces:

 

Ocho de cada diez transacciones financieras que se realizan en 208 países del mundo pasan a través de la empresa SWIFT. Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos recurrió a SWIFT para rastrear transacciones bancarias, sobre la base de un programa de su departamento de Estado para el seguimiento de la financiación del terrorismo.

 

A lo largo de 2009, SWIFT estableció en Suiza un centro específico de almacenamiento de sus datos europeos; hasta ese momento, todo se concentraba en un servidor estadounidense. El cambio hizo necesaria la negociación de un nuevo acuerdo entre la Comisión y el Consejo, por un lado, y Estados Unidos, por otro.

 

 

Sin embargo, los eurodiputados consideran imprescindible que este tipo de datos sólo sean consultados en el marco de actuaciones antiterroristas, y subrayan la necesidad de encontrar el equilibrio entre la seguridad y el respeto de las libertades fundamentales. Además, lamentan que no se consultara al Parlamento Europeo sobre el acuerdo, y que éste fuera ratificado tan sólo un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que hace obligatoria la entrada en escena de la Eurocámara.

 

Por ello, la resolución por la que el Parlamento Europeo rechazó el acuerdo pide a la Comisión y el Consejo que den inicio a las negociaciones para un acuerdo a largo plazo siguiendo el procedimiento fijado por Lisboa, y de acuerdo con la Carta Europea de Derechos Humanos, de carácter vinculante desde la entrada en vigor del Tratado.

 

"La posición mayoritaria en el Parlamento Europeo es que el texto que nos envió el Consejo no logra equilibrar seguridad y protección de las libertades civiles y derechos fundamentales", declaró el Presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, tras la votación del acuerdo en pleno.

 

 

Para la ponente del informe parlamentario sobre la materia, la eurodiputada liberal holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert, "las normas sobre transferencia y almacenamiento de datos previstas en el acuerdo provisional  no eran proporcionales al grado de seguridad que supuestamente iban a proporcionar". En su opinión, "el intercambio y utilización de datos en la lucha contra el terrorismo es, y seguirá siendo, necesario, pero los ciudadanos europeos deben poder tener confianza tanto en su seguridad como en la privacidad de sus datos bancarios". "El Consejo no ha actuado con la suficiente firmeza", agrega.

 

El Parlamento Europeo debatió en pleno el acuerdo el pasado 10 de febrero, y lo sometió a votación al día siguiente. Durante el debate, el popular austriaco Ernst Strasser remarcó que el objetivo de todos "es asegurar la seguridad, pero en pie de igualdad con la protección de datos y de las libertades civiles". A su vez, el socialista alemán Martin Schulz aseveró que "los gobiernos europeos cometieron un error con la firma de este acuerdo".

 

La comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, adelantó la presentación en el más breve plazo posible de un nuevo calendario para la negociación de un acuerdo satisfactorio.

 

El presupuesto de 2010 fue el último que se acordó siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Niza. A partir de ahora, con el Tratado de Lisboa ya en vigor, el Parlamento decidirá, junto al Consejo, el conjunto del presupuesto. Hasta este momento, la Eurocámara no tenía la última palabra en relación a los llamados "gastos obligatorios", entre los que se encuentran los relativos a agricultura o acuerdos internacionales. Es más, con el Tratado de Lisboa desaparece la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios.

 

Además, Lisboa simplifica el proceso de toma de decisiones y convierte la planificación presupuestaria a ago plazo, o "perspectivas presupuestarias", en legalmente vinculantes.

 

Esta previsto que la Eurocámara dé luz verde al acuerdo alcanzado el pasado 21 de junio en Madrid por la Comisión, el Consejo y los negociadores del Parlamento durante la próxima sesión plenaria, que se celebra entre el 5 y el 8 de julio en Estrasburgo (Francia).

 

 

"El Parlamento Europeo tendrá más poderes presupuestarios; en este sentido hemos conseguido un poco más de lo que esperábamos", declaró el pasado 28 de junio Elmar Brok, popular alemán y miembro de la delegación parlamentaria encargada de negociar el texto. Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, Brok hizo hincapié en que el objetivo de la Eurocámara es crear un servicio eficaz.

 

Tanto la parte presupuestaria y operacional del Servicio Exterior como la administrativa estarán bajo el control del Parlamento Europeo, gracias al procedimiento de aprobación de gestión, en el que la Eurocámara da su visto bueno a las cuentas comunitarias.  

 

 

"Ahora contamos con un Servicio de Acción Exterior más amplio y ambicioso, que dispondrá de entre 6.000 y 7.000 diplomáticos y funcionarios", aclaró el liberal belga Guy Verhofstadt, que también formó parte de la delegación parlamentaria sobre el tema.

 

Además, el enfoque comunitario prevalecerá sobre el interés de los Estados miembros. Así, al menos el sesenta por ciento de la plantilla del cuerpo diplomático deberán ser funcionarios europeos, mientras que el resto podrán ser diplomáticos de los Estados miembros.

 

La cooperación de la Alta Representante y máxima responsable de este servicio Catherine Ashton con los comisarios de Ampliación, Desarrollo y Ayuda Humanitaria también ayudará a que se impongan los intereses comunitarios globales y no los de cada Estado miembro.

 

 

El socialista italiano Roberto Gualtieri aseguró que el nuevo servicio responderá ante el Parlamento Europeo por sus decisiones políticas.

 

Otra de las condiciones que el Parlamento ha logrado añadir al acuerdo es la garantía de que parte de la estructura del Servicio de Acción Exterior se dedicará a la promoción de los derechos humos, la gestión de la crisis y la construcción de la paz.