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Acta literal de los debates
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Jueves 20 de noviembre de 2003 - Estrasburgo Edición DO
1. Paquete de subvenciones (programas de acción comunitarios de promoción)
 2. Comunicación de la Presidencia
 3. Bienvenida
 4. Votaciones
 5. Redes y Puntos de información europeos
 6. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 50 del Reglamento PE)
 7. Sri Lanka
 8. Aceh
 9. Viet Nam: Libertad religiosa
 10. Interrupción del periodo de sesiones
 ANEXO


  

PRESIDENCIA DEL SR. PROVAN
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.00 horas)

 
  
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  Perry, Roy (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento deseo informar al Parlamento de que en el período parcial de sesiones de septiembre este Parlamento aprobó un informe sobre las peticiones de Lloyd’s, en el que se fijaba un plazo hasta el 15 de noviembre para que la Comisión facilitase información al Parlamento sobre su reglamentación de Lloyd´s of London entre 1978 y 2001. Tengo que señalar que hasta el 15 de noviembre no se había recibido tal comunicación de la Comisión. En mi calidad de ponente, no tengo conocimiento de que el Parlamento haya recibido alguna comunicación, aunque los servicios del Sr. Bolkestein me aseguran que esta carta ya se encuentra en el correo. Espero que se reciba en su momento, pero no se ha cumplido el plazo.

Plantearé esta cuestión por escrito, pues aquí tan solo quería que constara en acta.

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Señor Presidente, se cumplen ahora 14 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. Por desgracia, nuestras economías siguen funcionando de forma que son incapaces de tener en cuenta las necesidades de los niños. Sigue existiendo el trabajo infantil, también en Portugal, donde se calcula que más del 4% de los niños trabajan en diferentes sectores, debido a la precaria situación económica de muchas familias. Acogemos con satisfacción las importantes iniciativas que condenan tales prácticas y protegen los derechos de la infancia, en particular la lucha mundial contra el trabajo infantil. Por tanto, insto a todo el mundo, señor Presidente, Señorías, a asumir un mayor compromiso para garantizar que la sonrisa de un niño signifique la esperanza en un mundo más justo, en el que no exista el trabajo infantil.

 
  
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  El Presidente. Tomamos nota de sus observaciones, señora Figueiredo.

 
1. Paquete de subvenciones (programas de acción comunitarios de promoción)
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, procede el debate conjunto sobre tres programas de acción comunitarios:

- el informe (A5-0384/2003) del Sr. Sacrédeus, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para los organismos que promueven la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y algunas regiones del mundo no industrializadas (COM(2003) 280 - C5-0350/2003 2003/0110(CNS))

- el informe (A5-0368/2003) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa (civic participation) (COM(2003) 276 - C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) y

- el informe (A5-0396/2003) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres (COM(2003) 279 - C5-0261/2003 2003/0109(COD)).

 
  
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  Kinnock, Neil, Comisión. (EN) Señor Presidente, como este es un debate conjunto, la mala noticia es que mi intervención será larga, pero la buena noticia es que seré lo más breve posible, aunque sin dejar de responder a las cuestiones de detalle que han sido planteadas sor Sus Señorías en el curso de sus actividades, que reflejan la ardua e intensa labor que han llevado a cabo.

Cómo bien sabe esta Cámara, las tres Instituciones europeas colaboraron para lograr un nuevo Reglamento financiero en 2002, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2003. Este Reglamento establece, entre otras cosas, un marco definido para las subvenciones mediante las cuales prestamos asistencia a un gran número de organizaciones europeas en el diálogo con los ciudadanos europeos, y dispone igualmente que cada decisión financiera debe contar con un fundamento jurídico que la justifique.

Dicho requisito reviste especial importancia en el caso de las subvenciones financiadas con cargo a líneas cuya partida dentro de la estructura presupuestaria –la denominada Parte A del presupuesto– implica que pueden ser asimiladas a gastos administrativos y, por consiguiente, ser desembolsadas sin un fundamento jurídico claro. La modificación de la estructura presupuestaria que se introdujo con el nuevo Reglamento financiero ha puesto fin a esta asimilación con los gastos administrativos, lo que significa que ahora estas subvenciones requieren un fundamento jurídico.

Y fue esta nueva obligación la que hizo que la Comisión presentara en mayo de 2003 siete propuestas de nuevos fundamentos jurídicos. Dichas propuestas iban acompañadas de una Comunicación de la Sra. Schreyer, en la que se destacaba el contexto común y se presentaban soluciones idénticas para problemas comunes.

La Comisión acoge con agrado del informe del Sr. Sacrédeus y aprecia la prioridad que los ponentes y el Parlamento han concedido a la tramitación de su propuesta. Con el dictamen del Parlamento, ahora la decisión podrá entrar en vigor en 2004 y, tras la publicación de una convocatoria de propuestas, se procederá a la selección de los beneficiarios para las subvenciones del año próximo. El objetivo acordado entre el Parlamento y el Consejo durante el procedimiento de conciliación del 16 de julio consistía en la entrada en vigor en 2004 de los fundamentos jurídicos para las subvenciones que no contaban con esta cobertura.

El fundamento jurídico presentado hoy, junto con las otras seis propuestas relativas a las subvenciones, resulta importante porque es consecuencia directa de las innovaciones que el nuevo Reglamento financiero ha introducido en materia de subvenciones, y se arraiga firmemente en los principios básicos de transparencia e igualdad de trato para los beneficiarios potenciales. La mayoría de las enmiendas que propone la resolución del Parlamento son aceptables para la Comisión y respetan el espíritu de la propuesta de esta última. Sin embargo, la Comisión considera oportuno limitar el importe de las subvenciones a un 70% de los gastos subvencionables, en lugar del 80%. De forma similar, la Comisión estima que es preferible una tasa de regresividad del 10% anual a una tasa del 2,5%. Entendemos que estos dos requisitos constituyen salvaguardias que garantizarán la sostenibilidad y estimularán a los beneficiarios a buscar otras fuentes de ingresos complementarias.

Un punto que debo mencionar es la necesidad de garantizar la coherencia entre la propuesta de Decisión del Consejo y el presupuesto. En el anteproyecto de presupuesto, la Comisión proponía una línea presupuestaria para reunir los importes que, en el presupuesto de 2003, se distribuían a través de cuatro líneas del capítulo A 30.

El futuro fundamento jurídico para esta línea única, como exige el Reglamento financiero, es la propuesta de Decisión que hoy presentamos ante esta Cámara. Esta Decisión dispone que la selección de beneficiarios se llevará a cabo tras una convocatoria de propuestas que respete los principios de transparencia e igualdad de trato. En su primera lectura, el Parlamento reemplazó esta línea única por cinco líneas. El título de cada línea es el nombre de una organización. Existe una incompatibilidad evidente entre el futuro fundamento jurídico y la división de la línea presupuestaria de este modo. La Comisión espera que el presupuesto aprobado corresponderá a la propuesta del APP, lo que nos permitirá ejecutar la propuesta y los créditos en pleno cumplimiento del Derecho comunitario definido por el Reglamento financiero que aprobaron esta Cámara y el Consejo.

Paso ahora al informe de la Sra. Rühle sobre la propuesta de programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa. Agradezco a la Sra. Rühle que haya reconocido la urgencia de esta cuestión y que haya procurado su rápida aprobación por parte de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Esta labor ha sido sumamente útil.

La propuesta que la Comisión presentada ante esta Cámara pretende asegurar una transición armoniosa entre el sistema anterior y las nuevas disposiciones, así como la continuidad de las actividades que reciben ayudas. Nos hemos esforzado por elaborar un texto que, en gran parte, amplía los procedimientos de aplicación de 2003, al tiempo que incorpora los requisitos del nuevo Reglamento financiero por lo que se refiere a la buena gestión financiera de los fondos públicos.

Por lo tanto, esta propuesta de fundamento jurídico debe considerarse un ajuste técnico. No obstante, existe una gran tentación, por lo demás comprensible, de aprovechar esta oportunidad para introducir innovaciones y proponer mejoras. Como siempre, la creatividad del Parlamento resulta inmensamente útil. Y sin embargo, puede encerrar riesgos, sobre todo si dichos añadidos ponen en peligro la posterior aprobación de la propuesta por parte del Consejo. Por ello, la propuesta de la Comisión fue formulada en lo que podemos considerar términos moderados, con el objetivo fundamental de dar continuidad a lo que ya se ha alcanzado y de establecer una estructura jurídica que sea coherente con el nuevo Reglamento financiero.

Por esa razón invito a sus Señorías a que no se aparten demasiado de las propuestas de la Comisión y a que hagan todo lo posible para que este fundamento jurídico se apruebe lo antes posible.

Asimismo, en el caso del fundamento jurídico para la participación ciudadana activa, el margen de maniobra es incluso más reducido porque se requiere unanimidad en el Consejo.

Di deseamos completar este procedimiento lo antes posible debemos explorar todas las vías que conduzcan a una solución de compromiso. De hecho, a partir del 1 de enero de 2004, de no haberse adoptado este fundamento jurídico, simplemente no podremos prestar ayuda financiera a todas las organizaciones que participan activamente en la promoción de la ciudadanía europea. Este hecho nos parecería lamentable, como sin duda también lo sería para el Parlamento.

Ahora esbozaré la posición de la Comisión en relación con las enmiendas recogidas en el informe de la Sra. Rühle. La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 1, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 13 y 31, que clarifican de forma útil el texto. Si bien la Comisión recuerda que es necesario aplicar el nuevo Reglamento financiero, no se opone a la enmienda 45 sobre la simplificación de los procedimientos administrativos.

Huelga decir que la Comisión impondrá a los beneficiarios de subvenciones europeas la obligación de hacer una publicidad adecuada al respecto. Si bien estamos plenamente de acuerdo con el Parlamento en este punto señalado en la enmienda 48, consideramos que sería más oportuno que esta obligación figurara en los acuerdos firmados con los beneficiarios. Otro tanto podemos decir de la enmienda 49 sobre la difusión y disponibilidad de los resultados. La Comisión está de acuerdo con la enmienda 47, que destaca la necesidad de llevar a cabo intercambios de puntos de vista periódicos con los beneficiarios.

La Comisión puede aceptar parte de la enmienda 25. Puesto que esta enmienda no modifica el fondo de la propuesta de la Comisión, podemos aceptar que la propuesta señale que los créditos presupuestarios programados a partir de 2006 sean objeto de un acuerdo de la autoridad presupuestaria sobre las perspectivas financieras a partir de 2006. Sin embargo, la Comisión está dispuesta a aceptar la misma duración para las siete propuestas que forman el paquete hasta 2006 si con ello contribuye a llegar a una fórmula de compromiso para todas las propuestas con el fin de adoptarlas en tiempo útil para la ejecución del presupuesto de 2004.

En vista de que esta propuesta debe considerarse conjuntamente con otras propuestas de este paquete, las enmiendas sobre «asignaciones» y la posibilidad de crear una agencia ejecutiva deberán resolverse en un marco más amplio.

De esta enmienda, la Comisión no puede aceptar una referencia al importe total asignado al programa, ya que no es coherente con los procedimientos legislativos contemplados en el procedimiento de consulta.

Asimismo la Comisión puede aceptar parte de la enmienda 28. No nos oponemos al envío de informes sobre la ejecución del programa, pero no podemos aceptar que el contenido del Anexo se transfiera al artículo 8 bis, pues dicha transferencia no coincidiría con el formato habitual de los textos jurídicos. Lo mismo podemos decir de las enmiendas 20, 21, 22, 29 y 30, que la Comisión no acepta.

La Comisión comprende el parecer del Parlamento consistente en concentrarse en la posible ampliación del ámbito de aplicación y de los objetivos de esta propuesta. Sin embargo, tenemos intención de garantizar la continuidad de las actividades que ya han recibido anteriormente ayudas de la Comisión, por lo que tenemos que rechazar las enmiendas 14, 40, 41, 42 y 43, con el fin de que el Consejo llegue a una posición unánime sobre nuestra propuesta.

No aceptamos las enmiendas 6 y 33, relativas al Movimiento Europeo, así como las enmiendas 32, 34, 35, 36 y 37, que introducen nuevas organizaciones en la lista de beneficiarios. A fin de garantizar la continuidad de la financiación asignada actualmente, la Comisión no estima oportuno iniciar un debate sobre la lista de organizaciones que figura en la Parte 1.

De conformidad con el Reglamento financiero, tenemos intención de publicar una convocatoria de propuestas en la que podrán participar todas las organizaciones que operan en este ámbito. Sin embargo, para facilitar la transición entre el sistema de «asignación» al sistema basado en convocatorias de propuestas, y teniendo en cuenta el tiempo que queda antes de que este programa entre en vigor, consideramos que resulta más conveniente aplicar el modelo de asignaciones en 2004 y publicar una convocatoria pública de propuestas a partir de 2005.

De este modo se alcanzaría un compromiso razonable, ya que resultaría técnicamente imposible, con arreglo al Reglamento financiero, publicar una convocatoria de propuestas tras la adopción de este fundamento jurídico que seguiría permitiendo la financiación a partir de 2004. A resultas de ello, la Comisión puede aceptar, en principio, la aplicación de un sistema de «asignaciones». Sin embargo, consideramos que este planteamiento debería limitarse a 2004 y que las normas de operación deberían figurar en el Anexo y no en el texto del programa.

Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar, por razones de orden técnico, la parte de la enmienda 23 que hace referencia al Grupo 1.

La parte de esta enmienda que hace referencia al Grupo 2 y persigue la inclusión de organizaciones que tienen una perspectiva diferente de las políticas de la Unión es considerada superflua y, por ende, no puede ser aceptada. La última parte de esta enmienda no se corresponde con el formato habitual de los textos jurídicas y tampoco se acepta.

En relación con la posible participación de una agencia ejecutiva para gestionar parte del programa, en particular la gestión del gran número de proyectos de hermanamiento de poblaciones que prevé el programa, la Comisión hace hincapié en que dicho enfoque se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

De hecho, la Comisión tiene previsto crear dicha agencia ejecutiva en el ámbito de la educación y la cultura. En función de las conclusiones a que llegue el estudio de rentabilidad que está elaborando un consultor externo, la Comisión podría proponer que dicha agencia participara parcialmente en la gestión de este programa. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión presentará esta propuesta al Comité de Agencias Ejecutivas del Consejo. Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar en este momento la enmienda 46.

La Comisión rechaza las enmiendas 2, 8, 10, 17, 19, 24 y 50 por considerarlas superfluas, ya que estos temas se detallan suficientemente en el texto actual o son objeto de otros textos. No aceptamos la referencia al pleno empleo que figura en la enmienda 3 por considerarla excesivamente ambiciosa. La enmienda 5 que se refiere al proyecto de Constitución resulta prematura, pues dicho proyecto aún puede ser modificado.

Consideramos que la propuesta de realizar evaluaciones periódicas de las organizaciones que figuran en la Parte 1, a que hace referencia la enmienda 38, resultaría demasiado engorrosa, ya que estas organizaciones figuran como beneficiarios durante todo el programa. Por consiguiente, la modificación de esta lista requiere una nueva Decisión del Consejo.

La enmienda 39 es inaceptable por ser contraria a la misma esencia del programa de acción que pretende fomentar las redes europeas. Asimismo rechazamos la enmienda 40 relativa a los medios de comunicación, porque puede poner en peligro las solicitudes de las organizaciones de base.

La Comisión rechaza la enmienda 44 que constituye una interferencia inadmisible en las competencias de ejecución de la Comisión. La propuesta de informar a los Parlamentos nacionales, que figura en la enmienda 27, no resulta oportuna, y la Comisión considera que cualquier evaluación del programa debería basarse en un período de referencia de dos años, por lo cual no acepta la enmienda 26.

La enmienda 51, que fue presentada tras la adopción del informe de la Sra. Rühle en la comisión parlamentaria, es inaceptable para la Comisión, ya que no garantiza que los programas puedan ejecutarse antes de que se adopte el fundamento jurídico.

En conclusión y en relación con esta respuesta, de las 51 enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión acepta 14 en su totalidad, 2 parcialmente y rechaza 35.

Invito a esta Cámara a que haga todo lo posible para no descarrilar la ayuda que concede la Unión Europea a la creación de una ciudadanía europea. Si el sistema debe volver a entrar en funcionamiento a principios de 2004, es decisivo llegar en esta fase del procedimiento a un acuerdo, como estoy seguro que comprenden sus Señorías.

Agradezco la atención que me ha prestado esta Cámara. Y me gustaría hacer unos cuantos comentarios antes de concluir. Se refieren a la Decisión del Consejo por la que se establece un programa comunitario para promover las organizaciones activas en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres a escala europea.

En primer lugar, me gustaría felicitar a la ponente, Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por su labor y lo logrado en este expediente, que ha sido considerable en todos los aspectos.

Me complacen los avance ya logrados tanto en el Consejo como en el Parlamento en relación con este instrumento fundamental que esta destinado a establecer el fundamento jurídico para poder seguir financiando a las organizaciones que promueven a escala europea la igualdad entre hombres y mujeres.

Acojo favorablemente la mayoría de las 20 enmiendas que figuran en el informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, que fue aprobado el 3 de noviembre de 2003 por la Comisión de Derechos de la Mujer, ya que aportan una mayor precisión y claridad a este instrumento jurídico fundamental. Sin embargo, la Comisión no es favorable a algunas enmiendas relacionadas con algunos aspectos de la duración del programa y su evaluación.

La Comisión propuso una duración de dos años –2004 y 2005– debido a que incluía este tema en las reflexiones generales sobre el futuro de la estrategia en materia de igualdad a partir de 2005. Por ello, la Comisión no puede aceptar la extensión de la duración de este programa hasta 2008, como se propone en la enmienda 8. A resultas de ello, la Comisión no acepta las enmiendas 6 y 7 sobre regresividad, la enmienda 9 sobre el aumento del marco financiero, ni la enmienda 10 sobre el acuerdo de la autoridad presupuestaria después de 2006.

Por lo que se refiere a la evaluación del programa por parte de la Comisión, el Reglamento financiero ya establece el sólido marco necesario para ella. La enmienda 11, que propone que esta evaluación se base en un informe externo, resulta en consecuencia innecesaria y parece desproporcionada para las reducidas dotaciones de este programa y su duración.

La Comisión no puede aceptar la enmienda 19 por considerar que es preferible que los temas tengan un carácter general y no tan concreto.

Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 20 porque vulnerará el papel de la Comisión a la hora de ejecutar el programa.

La adopción de este instrumento jurídico en un período tan breve reviste gran importancia a fin de no interrumpir la asistencia financiera que la Comunidad presta a estas organizaciones y, en particular, al Lobby Europeo de Mujeres.

En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y rechaza las enmiendas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 20 por los motivos que acabo de exponer.

Agradezco a esta Cámara la paciencia que ha mostrado durante esta intervención más bien prolongada.

 
  
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  Sacrédeus (PPE-DE), ponente. (SV) Señor Presidente, señor Comisario Kinnock, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, ni la vida ni el mundo se acaban en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Por eso hay que reforzar el diálogo entre civilizaciones y culturas. Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento financiero, se necesita una ley fundamental o un nuevo fundamento jurídico para las medidas subvencionadas con cargo al antiguo capítulo A-30 del presupuesto y a determinadas líneas B. En este contexto, la Comisión ha presentado un total de siete propuestas que definen nuevos programas de acción.

Un diálogo entre culturas y civilizaciones resulta, ahora más que nunca, de vital importancia para garantizar la paz y la estabilidad en el mundo. Esta es la contribución y el complemento especial que yo, en calidad de ponente, quiero aportar al informe sobre el establecimiento de un programa de acción comunitario para la creación de organismos que promuevan la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y determinadas regiones no industrializadas del mundo, un informe aprobado por unanimidad el 4 de noviembre de 2003 por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa.

El centro, instituto o red especializado en el análisis de las relaciones entre la Unión Europea y determinadas regiones contribuye a promover el diálogo entre culturas y civilizaciones. Se trata de un diálogo fundamental y absolutamente crucial en este planeta y en este mundo, y constituye nuestra responsabilidad común gestionarlo y velar por su integridad. El diálogo entre culturas y civilizaciones tiene que fomentar el valor generalmente aplicable y universal de las libertades y derechos humanos y la defensa de la dignidad humana. El concepto del ser humano sobre el que en última instancia se sustenta la Unión Europea consiste en que todas las personas tienen un valor igual, único e inviolable. Esta base común de valores que poseemos y este enfoque compartido de los seres humanos tienen que servir asimismo de garantía del respeto de las diferentes culturas y civilizaciones.

El objetivo general de este programa debe ser apoyar las actividades de estos organismos. Según la propuesta de la Comisión, las actividades deberán consistir en cumplir el programa de trabajo anual de un centro, instituto o red. Las actividades apoyadas han de contribuir a incrementar la comprensión y el diálogo entre la Unión Europea, las regiones cubiertas por los Reglamentos ALA, MEDA, TACIS y CARDS y los países candidatos a la adhesión. En este caso también, el Parlamento Europeo desea añadir algo a efectos de que las actividades tengan asimismo –y lo recalco– que contribuir a reforzar la asociación desde el punto de vista social, cultural y humano y los puntos de encuentro.

Queremos igualmente ampliar la duración del programa hasta el 31 de diciembre de 2008. La publicación del informe de evaluación de la Comisión tendrá que posponerse por tanto hasta el 31 de diciembre de 2007, y los créditos posteriores al año 2006 quedan supeditados a un acuerdo de las autoridades presupuestarias sobre la perspectiva financiera más allá de 2006.

Para conseguir el objetivo de reforzar el conocimiento y el entendimiento mutuos, los organismos con derecho a subvención tienen que estar profundamente familiarizados con las características culturales, históricas, socioeconómicas y religiosas de las regiones afectadas. Esto lo he querido resaltar en el informe.

Dichas actividades deben contribuir tanto a la cooperación política como al desarrollo de una genuina asociación entre los pueblos. La UE ya proporciona ayuda financiera y técnica a otras partes del mundo. En el Consejo de Ministros, los Gobiernos de los Estados miembros dijeron que daban gran importancia a estas actividades y expresaron su deseo de incrementar el conocimiento mutuo por parte de la UE y los asociados receptores de ayudas, así como por encontrar un fundamento jurídico dentro de la UE para hacerlo.

El diálogo y la ayuda tienen que apoyarse en organismos y organizaciones especializadas en las relaciones entre la UE y las regiones afectadas. Como ejemplos de las actividades de dichos organismos cabe citar los estudios y análisis sobre la política de la UE, junto a seminarios, debates en mesas redondas y publicaciones. Ahora ya existe una serie de organismos y asociaciones dedicadas a la cooperación y el diálogo regionales. Por eso, cada vez adquiere mayor importancia garantizar que estas actividades estén coordinadas con el fin de evitar una duplicación de esfuerzos.

Ni la vida ni el mundo se acaban en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. Por eso hay que reforzar el diálogo entre civilizaciones y culturas.

 
  
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  Rühle (Verts/ALE), ponente.(DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, agradezco la buena cooperación a lo largo de las últimas semanas; quiero dar las gracias especialmente al secretariado de nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por su apoyo, sin el cual mi informe no habría estado terminado a tiempo. Como ya ha expresado el señor Comisario, estamos trabajando con un calendario muy ajustado, ya que las siguientes subvenciones de muchas instituciones europeas, y el apoyo a organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sindicatos e instituciones educativas durante el próximo ejercicio financiero no se puede garantizar sin la aprobación de una disposición legal.

A raíz de la implantación de la presupuestación basada en actividades, de acuerdo con el nuevo Reglamento financiero, estas instituciones requieren un fundamento jurídico. Aun cuando los pagos de estas instituciones han estado cubiertos en el pasado por la línea A 30, en el futuro no podrán ser librados con cargo al capitulo administrativo del presupuesto de la Comisión. Se necesita un fundamento jurídico para garantizar que se puedan efectuar los pagos. Ese es el trasfondo puramente técnico de mi informe, y por supuesto coincido plenamente con la Comisión en que la adaptación es objeto de una gran preocupación primordial. Agradezco al señor Comisario su amplio reconocimiento de mi informe, aunque no obstante quiero contradecirle en un punto. Opinamos que una adaptación técnica no sería suficiente. La Unión Europea tiene por delante grandes retos, el primero de ellos la ampliación el 1 de mayo de 2004, y la escasa participación en los referendos de los países en vías de adhesión ha venido a reforzar mi idea de que es preciso un mayor número de iniciativas si se desea impulsar la integración europea.

El segundo reto lo constituye el debate sobre la nueva Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales, que nos plantea asimismo nuevos desafíos, y por último, aunque no por ello sea menos importante, está la armonización del ámbito jurídico europeo, con respecto al cual solo mencionaré el debate acerca de la orden de detención europea. Mi objetivo ha consistido, así pues, en ayudar a reducir la carencia democrática y a desarrollar una imagen coherente del planteamiento de la ciudadanía europea y de la participación ciudadana, y ese ha sido el hilo conductor general del informe.

Lamento sobre todo el hecho de que la Comisión no haya mencionado, ni vaya a apoyar, mi enmienda 35, ya que considero muy necesario que comencemos a cooperar mejor con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que pretende estructurar la jurisprudencia constitucional. Existe una necesidad imperiosa de ampliar la base de datos con el fin de proporcionarnos un mejor acceso a la jurisprudencia en el derecho constitucional europeo. Considero asimismo muy importante apoyar el sitio web «Agora», desarrollando con ello un foro virtual en el que los legisladores, a escala nacional y europea, pueden formular consultas entre sí. Lo mismo cabe decir de la red para la formación y perfeccionamiento de jueces y fiscales. Si vamos a hablar de una orden de detención europea, los jueces y fiscales necesitan con urgencia un mayor conocimiento de la legislación europea. A lo largo y ancho de Europa precisamos una interacción mejor entre jueces y fiscales.

Aun cuando el informe de la Comisión constituye el trabajo ambicioso que yo esperaba, constato también deficiencias en la forma de estructurarlo. Son estas las que nos han llevado a prestar especial atención a la simplificación de los procedimientos, a la reducción de la burocracia y al acceso fácil para el cliente a las ayudas económicas europeas. Una propuesta consiste, por tanto, en un procedimiento en dos etapas, lo cual significa que primero se estudiarían los aspectos puramente formales, para examinar el contenido en una segunda fase. Eso simplificaría el análisis general y agilizaría las decisiones para las organizaciones no gubernamentales en cuestión.

Queremos también mayor transparencia en la forma en que Europa presta apoyo. Si una organización no gubernamental es receptora de subvenciones por parte de Europa, deberá ponerlo de manifiesto. Es necesario garantizar el acceso público a los resultados de su labor. Como observación final, quiero abordar la cuestión de las asignaciones, que ha sido objeto de gran controversia en esta Cámara. En la primera versión de mi informe abogaba por la supresión de las asignaciones, pero me vi obligada a aceptar el hecho de que el Parlamento tenía un visión diferente. He llegado a compartir la opinión de muchos diputados de que hemos de mantener un diálogo serio con la Comisión, que se producirá después de 2004. Aunque apruebe el ofrecimiento de mantener las asignaciones después de 2004, ¿cómo se va a poner en práctica en 2005 –por poner un ejemplo– la convocatoria de propuestas en relación con los Puntos de Información y en otros ámbitos?

Hay muchos interrogantes al respecto y me gustaría mantener un diálogo con la Comisión sobre este punto. Ello me ha llevado a no retirar la enmienda, que prefería sometiéramos hoy a votación. Pienso asimismo que hay que reconsiderar a fondo el asunto de la agencia ejecutiva y sus objetivos.

 
  
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  Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE), ponente. (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar expresando tanto nuestra satisfacción por la propuesta de la Comisión que establece el programa en cuestión, como nuestra reivindicación, si se me permite llamarla así, porque los esfuerzos por reunir los medios para subvencionar una serie de organizaciones de mujeres europeas con cargo al presupuesto, tuvieron su origen en nuestro Grupo político. Así, para nosotros el objetivo del programa actual ha de consistir en la posibilidad de que el Lobby Europeo de Mujeres prosiga su labor y, al mismo tiempo, en la facilidad de que otras organizaciones de mujeres funcionen y desarrollen actividades integradas dentro del contexto general de la igualdad entre hombres y mujeres.

Por eso abogamos en nuestra enmiendas por que las subvenciones no se asignen a acciones especiales, que no pueden garantizar la permanencia o la vida normal de los programas ni la viabilidad de las organizaciones, sino a la financiación del funcionamiento, como en el caso del Lobby Europeo de Mujeres. Además, no deberíamos olvidar que las acciones especiales y específicas, tal como contempla la propuesta de la Comisión, se pueden subvencionar en el contexto de otros programas o en el marco de las políticas comunitarias con las prioridades anuales –salario igual, conciliación de trabajo y vida familiar, participación en la toma de decisiones, modificación de estereotipos– todos los años que exista este mecanismo para las organizaciones de mujeres.

En lo que respecta al periodo de aplicación del programa, comparto su opinión, señor Comisario, de que debería tener vigencia hasta 2006, precisamente porque no podemos predecir ahora las necesidades, sobre todo cuando se haya producido la adhesión de los nuevos países. Además, se trata de un programa piloto y necesitamos constatar cómo evoluciona. Podemos proseguir ampliándolo tras la evaluación.

En cuanto a la aplicación de la degresividad gradual del 2,5% a partir del tercer año de la aplicación del programa, realmente no alcanzo a comprender la lógica de los ponentes que han planteado esta enmienda. La Comisión Europea exime de forma expresa a todas las organizaciones de mujeres en este programa de tal reducción gradual sobre la base de las disposiciones del Reglamento financiero. ¿Por qué habríamos de aplicarla, particularmente a cualquier organización de mujeres distinta del Lobby Europeo de Mujeres? Sobre todo en un momento en que el Lobby Europeo de Mujeres tiene otras prioridades dentro del contexto de la financiación. Es un trato discriminatorio para las organizaciones, que ni siquiera se sustenta sobre la base del Reglamento.

Igualmente consideramos discriminatoria la propuesta aprobada por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades con vistas a diferenciar el porcentaje de financiación para las organizaciones de mujeres. No podemos pedir una cofinanciación del 90% para una organización como el Lobby, que goza de un trato preferente, según he manifestado, tal como la financiación de operaciones sin convocar manifestaciones de interés, y reclamar el 80% para otras organizaciones que no gozan de una financiación permanente y que se seleccionan sobre la base de las convocatorias de manifestaciones de interés.

En cuanto a nuestras enmiendas relacionadas con el traspaso del Lobby Europeo de Mujeres de los artículos al anexo, es debido a razones técnicas por sugerencia del Consejo, precisamente porque creemos que es necesario que intentemos lograr un formato uniforme para todos los programas comunitarios que financian actividades de organizaciones no gubernamentales. Y el objetivo concreto de nuestras enmiendas es aproximarnos a un acuerdo final.

Con nuestras enmiendas tratamos, señor Comisario, de cumplir las normas comunitarias, sobre todo para acelerar la aplicación inmediata del programa, un programa que, no obstante, no limita la acción de las organizaciones de mujeres a ámbitos o grupos específicos ni la abocan a filosofías concretas.

Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la sociedad está evolucionando. Las normas están cambiando, las aspiraciones de las mujeres se están haciendo incesantemente más ricas y más amplias. Nos corresponde a nosotras demostrar que somos capaces de administrar esta riqueza y de proporcionar a nuestra sociedad y, lo que es más importante, al papel de las mujeres, la oportunidad de expresar su pluralismo.

 
  
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  Dührkop Dührkop (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, hoy vamos a votar otros tres informes del paquete de siete. Todos tienen por finalidad dar una base legal a las distintas subvenciones de las antiguas líneas llamadas A-30, y el próximo lunes 24 de noviembre tendremos la reunión de conciliación con el Consejo, en la que intentaremos lograr un consenso que nos permita aprobar el conjunto de estas propuestas antes de finales de este año, para que puedan ser ejecutables en 2004. Precisamente el problema más grave al que nos enfrentamos ahora mismo, es lograr que los créditos destinados a estas subvenciones puedan ser ejecutados en el próximo año.

Por ello, me dirijo a la Comisión Europea que, en su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, al referirse a las propuestas, hablaba de medidas transitorias en el caso de que los actos de base no estuvieran aprobados antes de finales de este año.

Parece ser que la medida transitoria en cuestión consiste en alargar el plazo de aprobación hasta finales de enero de 2004, lo que -la verdad- no resuelve el problema, porque tanto la Comisaria Schreyer como la Comisaria Reding han sido muy explícitas al decir que, si no se han aprobado las bases legales antes de finales de enero, los créditos no se podrán ejecutar.

Por ello, quiero recordar a la Comisión sus propias palabras y cito textualmente: "En caso de no lograrse este objetivo, la Comisión propondrá, a su debido tiempo, medidas excepcionales transitorias que permitan asignar las subvenciones en 2004 a la espera de la adopción de los actos de base".

Está claro que alargar el plazo hasta finales de enero de 2004 no es ninguna medida transitoria, ya que no permite ejecutar si no se han aprobado estos actos de base. El Parlamento se ha empeñado en trabajar muy deprisa para llegar a tiempo, pero no sabemos lo que va a pasar en el procedimiento de conciliación y, si fuera un fracaso, la Comisión tiene la obligación de cumplir con su palabra y buscar una solución -y repito sus propias palabras- para "asignar las subvenciones en 2004 a la espera de la adopción de los actos de base".

Por lo que se refiere a la conciliación del 24 de noviembre, los temas fundamentales para negociar van a ser, en primer lugar, la dotación financiera de cada programa, la duración de los mismos y la aplicación de la degresividad -a la que ya se ha aludido aquí antes- pero, sobre todo, el asunto de la aplicación de la preasignación en lo que llamamos earmarking que, sin duda, señor Comisario, será el principal escollo. Por ello, me extenderé algo más en este punto.

La preasignación se refiere a la propuesta de cultura y de ciudadanía, y el Parlamento quiere mantener su derecho a esta prerrogativa, y así lo va a defender ante el Consejo. Quiero decir, una vez más, que yo nunca he estado a favor de la preasignación, pero, como la Sra. Rühle, tengo que reconocer que, últimamente y sobre todo gracias a la actitud de la Comisión, estoy empezando a cambiar de opinión, porque, cuando veo la falta de disposición de la Comisión para encontrar una solución para la ejecutabilidad de las subvenciones en 2004, cuando veo la actitud de la Comisión para la ejecutabilidad de los proyectos piloto y las acciones preparatorias adoptadas por el Parlamento en su primera lectura, empiezo a hacerme muchas preguntas, señor Comisario, y si la Comisión no hace más que poner trabas a todas las iniciativas de este Parlamento en el presupuesto, no le queda más remedio que luchar con más ahínco para defender sus prerrogativas. Y que no me diga la Comisión que sus propuestas ya prevén la preasignación; la Comisión está totalmente convencida y sabe que, en cualquier caso, el escollo lo íbamos a tener con el Consejo.

Señor Kinnock, siento mucho que la Comisión se convierta hoy en el blanco de mis interpelaciones, pero he visto con sorpresa e irritación que la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 18 de noviembre, es decir, anteayer, la convocatoria de propuestas para 2004 para las organizaciones que promueven la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y algunas regiones del mundo no industrializado, es decir, el informe Sacrédeus, que vamos a votar hoy a partir de las doce.

Me parece realmente grave que la Comisión se haya permitido publicar esta convocatoria cuando ni el Parlamento ha aprobado todavía su posición y, por supuesto, el Consejo tampoco ha adoptado su decisión. Es decir, que en estos momentos, no hay base legal para esta convocatoria. Puede ser que, con ello, la Comisión haya querido agilizar los trámites para facilitar la ejecución de 2004 pero, sinceramente, creo que se ha extralimitado.

De todas formas, con todos los problemas que todavía tenemos que resolver el lunes 24, espero, señor Presidente, que el Parlamento y el Consejo sepan negociar todo esto con éxito.

 
  
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  Ojeda Sanz (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, como ponente de opinión de este informe he de reconocer que coincido, en muchos de los aspectos subrayados por la ponente de fondo, la Sra. Rühle.

El nuevo Reglamento financiero, aprobado el año pasado, prevé en el párrafo segundo del artículo 49 que, salvo en lo que se refiere a las prerrogativas institucionales los proyectos piloto, las acciones preparatorias y los créditos de funcionamiento de cada institución, todos los demás gastos operacionales necesitarán de un acto de base para su ejecución. Esto implica, como ya se ha señalado, proponer fundamentos jurídicos para las subvenciones que actualmente se encuentran en la parte A, que es el caso del informe que nos ocupa.

Ninguno de los presentes se extrañará si digo que el trabajo de preparación de este informe ha sido particularmente delicado, por hallarse en juego los intereses económicos de muchos organismos cuya labor es promover una ciudadanía europea activa.

Esta propuesta incluye diez líneas presupuestarias que no voy a repetir y cuyo objetivo es estimular a las entidades definidas en las diferentes líneas presupuestarias para que contribuyan a la promoción de una ciudadanía activa y participativa. Este es el objetivo común de estas subvenciones, es decir, potenciar el papel de estas organizaciones y promover las acciones que a su vez refuerzan el mensaje europeo.

El aspecto más controvertido, sin duda, como aquí se ha dicho, ha sido el earmarking, al que algunos Estados miembros se oponen. Pero nosotros representamos el interés de los ciudadanos y este informe, junto con otro por el que se establece un programa de acción comunitaria para la promoción de organismos activos a escala europea en los ámbitos de cultura, juventud, educación y formación, son de capital importancia para la credibilidad de la Unión Europea, y a través de ellos es posible transmitir el mensaje fundamental de nuestro trabajo, que es el de construir Europa haciendo partícipe al ciudadano.

Por ello, solicito al Consejo y a la Comisión que, al amparo de la nueva legislación, actúen en beneficio de este interés, eliminando barreras de procedimiento demasiado complejas.

No olvidemos, para finalizar, que, como decía Salvador de Madariaga, Europa existirá cuando exista en la conciencia de todos sus ciudadanos.

 
  
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  Coelho (PPE-DE). (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, felicito a todos los ponentes de los informes que estamos debatiendo hoy, sobre todo al Sr. Sacrédeus y la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, aunque quiero aprovechar este turno de palabra en el debate conjunto sobre el paquete de subvenciones para comentar el informe de la Sra. Rühle y la creación de un programa de acción de la Comunidad para la promoción de la ciudadanía europea activa. Felicito a la Sra. Rühle por su labor y en líneas generales apoyamos sus propuestas. Le doy las gracias por la buena predisposición que ha demostrado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores para aceptar las enmiendas que he presentado, junto con los Sres. Hernández Mollar y Marcelino Oreja. Coincido con la ponente cuando insiste en que hay que clarificar y subrayar el hecho de que el objetivo principal del programa radica en reducir el déficit democrático. Algunos de los informes aprobados por este Parlamento refrendan claramente la necesidad de fortalecer y enfatizar la idea de la ciudadanía europea que, a juzgar por los niveles de participación en las elecciones a este Parlamento, exige ser promocionada con carácter de urgencia.

También estoy de acuerdo con la necesidad de proporcionar una mayor visibilidad al compromiso en pro de la transparencia. Las organizaciones que reciban subvenciones tienen que manifestar claramente que lo han hecho y citar además los importes, tanto en las publicaciones que promuevan como en los sitios web de su propiedad o con los que colaboran. Tenemos que abogar por la difusión de los resultados de estos programas: la utilización del dinero de los contribuyentes europeos implica en contrapartida una evaluación de los beneficios prácticos de las acciones financiadas.

Me adhiero a la opinión de la ponente y del orador anterior, el Sr. Ojeda Sanz, cuando solicitan una simplificación de los procedimientos burocráticos. Deben quedar reducidos al mínimo imprescindible. Señor Comisario, la Comisión debe garantizar que los pagos se efectúen puntualmente. Los retrasos injustificables a la hora de transferir los fondos comprometen a menudo la efectividad de las acciones, perjudican la imagen de la Unión Europea y crean dificultades para las organizaciones que, de buena fe, trabajan junto con nosotros en la difusión de este ideal.

Este programa procura fortalecer los lazos de la ciudadanía europea, estimulando la participación ciudadana y democrática y aumentando la percepción del ideal europeo y el funcionamiento de sus instituciones. No existe ninguna duda en cuanto a la necesidad de promover la ciudadanía activa, tanto mediante el apoyo a las organizaciones que trabajan en este campo como a través de la promoción de las acciones con dicha finalidad. Por tanto, se trata de un intento por conseguir un acercamiento de los ciudadanos de la Unión Europea, implicándoles en un diálogo directo o indirecto con la Unión y sus instituciones.

Coincido asimismo en la necesidad de adoptar medidas excepcionales y provisionales para asegurar la subvención y puesta en práctica de acciones durante 2004. Por todas estas razones, habida cuenta de las enmiendas que hemos presentado, vamos a votar a favor de este informe.

 
  
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  De Keyser (PSE).(FR) Señor Presidente, el informe Sacrédeus, tal como fue presentado en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, fue aprobado por unanimidad sin enmiendas. Mi Grupo acogió con sumo agrado este informe, que habría puesto fin a la vergonzosa falta de transparencia con la que se han concedido subvenciones a diversos organismos de todo el mundo durante muchos años. Mientras tanto, sin embargo, el Parlamento se ha pronunciado de nuevo, en el marco del procedimiento presupuestario 2004, a favor de asignar fondos a diversos organismos que son muy queridos para algunos diputados de esta Cámara. Personalmente, deploro esta actitud.

Esta situación nos obliga ahora a aceptar enmiendas presentadas por el Sr. Salafranca, que no tienen nada que ver con el espíritu del informe inicial de mi colega el Sr. Sacrédeus. Dicho esto, confiamos en la sabiduría del Consejo para que tome la decisión correcta a fin de asegurar la transparencia de los futuros presupuestos de la Unión Europea. Tenemos que garantizar una verdadera competencia entre los organismos regionales y encontrar a los que mejor pueden contribuir a propagar conocimientos sobre la Unión Europea.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. PUERTA
Vicepresidente

 
  
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  Dybkjær (ELDR). (DA) Señor Presidente, en términos puramente formales, los tres informes que estamos debatiendo hoy afectan al tema del fundamento jurídico. En consecuencia, la actitud general ha sido que no entraba en discusión ni el presupuesto ni su contenido. Más bien se trataba de la necesidad de fijar el fundamento jurídico.

Es evidente que hay que fijar el fundamento jurídico. En el caso de dos de los informes, eso se consigue con ayuda del artículo 308, lo cual demuestra en cierta forma la importancia de dicho artículo. Estamos obligados a contar con un artículo así para el caso de que de repente se plantee una cuestión que, por ejemplo, exija ser corregida. Por otra parte, no hay que abusar de dicho artículo, como tal vez se haya tendido a hacer.

Sin embargo, los informes son en realidad mucho más que una cuestión de fijar formalmente el fundamento jurídico. Verdaderamente se trata de una cuestión que tiene un carácter tremendamente político: en primer lugar, una lucha de poder entre las instituciones de la UE y, en segundo lugar, nuestras relaciones con los ciudadanos de la democracia europea en el interior y el exterior de Europa.

Mucho es lo que se ha hablado acerca del primer asunto. Pero en cualquier caso, quiero formular una observación de índole general, a saber, que resulta sorprendente que el programa de las mujeres sea el más breve. Discúlpenme, pero no creo que la Comisión haya dado una explicación especialmente válida, ya que todo lo que se ha dicho acerca de los países candidatos puede manifestarse con toda justicia acerca de los tres programas. Por consiguiente, mantengo la postura de que, mientras continúa el trabajo, se reflexione acerca de por qué razón las mujeres, como siempre, tienen que estar en la posición más vulnerable. He de manifestar que esa es la actitud, tal como yo la percibo.

En cuanto al segundo asunto, quiero decir que procedo de un país que es miembro de la UE desde 1972. Periódicamente hemos sondeado la opinión pública acerca de la UE y hemos celebrado bastantes referendos, y sabemos que si no tomamos medidas para que la gente esté implicada de manera más activa en la UE, tanto en términos de democracia interna como en relación con otros países, entonces el proyecto no prosperará a la larga. Será algo que quede al margen del entendimiento de la gente, y corremos el peligro de que acaben mostrando muy poca predisposición hacia el proyecto. Por tanto, resulta enormemente importante que nos pongamos a trabajar en involucrar a la gente en esta labor.

Estoy un poco sorprendida de que se haya otorgado concretamente a las mujeres el programa más breve. Me atrevo a manifestar de nuevo que la experiencia de mi propio país demuestra que son las mujeres las más escépticas ante el proyecto. Puede existir un sinnúmero de razones para ello, pero no es algo en que pueda entrar en detalle ahora, ya que no dispongo de tiempo. Pero justo por esa razón, es increíblemente importante que las organizaciones de mujeres también dispongan de una situación estable en la que trabajar, de manera que no tengan que invertir todo su tiempo en buscar el dinero para su actividad.

Formularé algunos comentarios acerca de los distintos informes. El primero de ellos hace referencia, como ha subrayado el ponente en el propio informe, a un tema de notable importancia, el de las relaciones de la UE con otros países, y podemos constatar en el día a día que cada vez resulta más importante aumentar esta comprensión del hecho de que existen culturas distintas a la cultura aludida específicamente y que es la más difundida en Europa. En ese contexto, simplemente me pregunto si este programa permitiría realmente a los países candidatos adherirse sobre la base de tales criterios. Me gustaría pedirle al Comisario responsable que lo analice, pues sabemos que los países candidatos utilizan básicamente sus ayudas al desarrollo para favorecer a los países vecinos, en lugar de otros más distantes. Tal vez no haya demasiados aspectos básicos sobre los que trabajar en los países candidatos cuando se trata de las relaciones con terceros países.

El segundo informe afecta al asunto de la ciudadanía, al que ya he hecho referencia. Sin embargo, quiero subrayar que es algo que hay que fomentar continuamente, a fin de garantizar que no solo se conceda la oportunidad de participar en esta labor a las ONG, sino al público en general. De esa manera podemos incrementar el conocimiento de las cosas buenas que ofrece la UE. Dentro de ese contexto resulta de enorme importancia que no solo estén involucradas las organizaciones tradicionales, sino también aquellas que cuentan con iniciativas culturales muy amplias. Creo que es una de las formas de lograr que sucedan las cosas.

Por último, el tema del programa para las mujeres. He cooperado constructivamente hasta cierto punto con la ponente antes de la publicación de este informe, pero existe un desacuerdo notorio en la comisión. Así pues, hay una serie de personas que vamos a votar de hecho a favor de ampliar el programa y a favor de otras diversas enmiendas que había oído fueron rechazadas por la Comisión, pero para las que, no obstante, esperamos conseguir una mayoría.

 
  
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  Fraisse (GUE/NGL).(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sin querer entrar en polémicas con nuestro ponente, haré una precisión: para mí, los lobbies europeos son una excelente herramienta de información y coordinación sobre una serie de problemas que se plantean en los países de la Unión Europea. Deseo, pues, rendir homenaje al trabajo de estos lobbies.

No obstante, como no quiero entrar en polémica con respecto a esta cuestión, comenzaré por subrayar lo siguiente: al margen de la utilidad del Lobby Europeo de Mujeres, si algunos diputados –y en este punto me sumo a la oradora que me ha precedido– piden la prolongación del programa a favor de las mujeres, es porque saben, por haber dialogado con las asociaciones, que su problema principal es su modo de funcionar. Para funcionar correctamente, cualquier asociación ha de saber adónde va y ha de saber organizarse. Insisto en que es importante no financiar tal o cual acto de las asociaciones o grupos de asociaciones, sino, por el contrario, que debemos utilizar nuestros fondos para asegurar que estas asociaciones operen en buenas condiciones. Añadiré que todo lo que se refiere a la apertura a los nuevos Estados miembros y a terceros países tiene también una importancia fundamental en este contexto.

Cuando repaso mi experiencia de los últimos cuatro años como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer, me doy cuenta de que hemos ampliado mucho el campo de nuestras preocupaciones. Esta es otra dimensión fundamental. Hemos penetrado en nuevos ámbitos no solo con los informes que hemos redactado por nuestra propia iniciativa, sino también porque, como dice la Carta de los Derechos Fundamentales, la cuestión de los derechos de la mujer se plantea en todos los ámbitos de actividad. He visto tratar informes sobre la salud de las mujeres, sobre la mujer y el deporte, sobre la sociedad de la información y sobre la violencia contra las mujeres. Todos esos informes demuestran que debemos interesarnos por la evolución de la financiación de las asociaciones, puesto que cada uno de estos nuevos ámbitos en que nos centramos también evolucionan.

Por ello, y es mi último punto, que planteo sobre todo al Sr. Comisario, estoy absolutamente extrañada de que la Comisión Europea no haya aceptado la propuesta de la Sra. Diamantopoulou a favor de una directiva de aplicación del artículo 13 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Ámsterdam. La Directiva relativa al racismo se aprobó hace tres años sobre la base del artículo 13. La Directiva relativa a la discriminación contra las mujeres acaba de verse socavada justo cuando estamos ampliando nuestros horizontes. No comprendo que la Comisión Europea pueda ser tan reticente, particularmente con respecto a los medios de comunicación, un sector en el que sin duda necesitamos a las asociaciones y su apoyo para luchar contra todas las formas de discriminación.

 
  
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  Boumediene-Thiery (Verts/ALE).(FR) Señor Presidente, como sabe, son muchos los sondeos de opinión que demuestran hasta qué punto está lejos Europa de los ciudadanos y cuánto queda por hacer para acercarla a ellos.

Hay iniciativas comunitarias encaminadas a promover la ciudadanía europea, pero desde luego siguen siendo insuficientes. La decisión de crear, por un período de cinco años, un programa de subvenciones destinado a promover la ciudadanía europea es una buena cosa. Promover la idea de la ciudadanía europea para que los ciudadanos se apropien de Europa y dotarse de los medios para conseguirlo es, desde luego, la finalidad de esta propuesta, destinada a reforzar la legitimidad democrática de la Unión y mejorar su transparencia.

Para ello debemos simplificar también todos los procedimientos con miras a asegurar que un máximo de asociaciones puedan beneficiarse de esta herramienta. Además, observamos una jerarquización entre las organizaciones que, siento decirlo, no siempre está justificada. La Comisión Europea debería definir unos criterios objetivos para financiar el funcionamiento y las actividades de las distintas ONG, en particular las que intervienen directamente sobre el terreno para dar vida a nuestros valores de solidaridad. No olvidemos que gracias a ellas la cohesión social se mantiene en las zonas socialmente desfavorecidas de Europa, donde reinan la exclusión y la discriminación. ¿Cómo podemos hacer creer a los jóvenes que Europa es una realidad, y darles confianza, si esa Europa no lucha de forma concreta contra las discriminaciones?

Se ha oído decir a gente que conoce el terreno que la Comisión mantiene unas relaciones privilegiadas con determinadas asociaciones. Si esta afirmación fuese cierta, la situación sería inaceptable. Por otra parte, si se hace hincapié en la dimensión social, y damos las gracias por ello a la ponente, no podemos pasar por alto una dimensión política, indispensable para reducir el déficit democrático actual.

Entonces, ¿de qué ciudadanía hablamos? El informe precisa que la ciudadanía de la Unión completa y amplía la ciudadanía nacional al reconocer derechos comunes. Se deriva de la necesidad experimentada por los miembros de esta Comunidad de compartir valores democráticos comunes en el proceso de construcción de la Unión.

¿Podremos hablar aún durante mucho tiempo de una construcción de Europa que excluye de 15 a 18 millones de residentes de Europa que son nacionales de países terceros? Por su participación activa en la integración europea, no son menos ciudadanos de Europa que cualquier otro, y sus asociaciones y ONG también participan activamente en el esfuerzo por promover Europa.

Es cierto que queremos una Europa de los ciudadanos, una Europa verdaderamente democrática y solidaria. Para ello debemos innovar y mejorar la ciudadanía europea. Ahora que tenemos la libre circulación de los capitales, mercancías y personas, huelga decir que las personas deben poder asumir su responsabilidad y ejercer sus derechos cualquiera que sea el país europeo en que hayan decidido residir. Europa no puede aceptar una jerarquización de los ciudadanos en que unos son más iguales que otros. Todos los que comparten el mismo espacio europeo deben poder disfrutar de la igualdad de derechos en el país en que viven habitualmente.

Para ello, debemos fundar una ciudadanía europea sobre la residencia y no ya sobre la nacionalidad. Demasiado a menudo, en Europa, nacionalidad y ciudadanía son indisociables. A este respecto, los países en vías de adhesión pueden aportarnos una experiencia interesante pues, para ellos, el concepto de ciudadanía es diferente del de nacionalidad. Deseamos que nuestra vieja Europa se inspire en este nuevo aliento para dotar a Europa de una nueva ciudadanía, basada en la residencia.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN). (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos llegado a pensar que la ciudadanía europea ha quedado consolidada merced a una serie de acontecimientos, tales como la implantación del euro o la abolición de las fronteras interiores de la Comunidad. En situaciones como estas, constatamos cómo la existencia de la ciudadanía europea puede complementar la ciudadanía nacional. Sin embargo, existen ámbitos en los que resulta más difícil apreciar este logro. Las estructuras creadas por la Comunidad con la intención de promover esta ciudadanía europea perciben subvenciones comunitarias, y tal vez hayan desarrollado alguna labor, pero no llegan a la mayoría de los ciudadanos. La falta de conocimiento de la labor realizada en las distintas instituciones es enorme, pero debido a la falta de transparencia, a la burocracia y al abismo perceptible entre los ciudadanos de Europa y las instituciones que se supone les representan y las creadas para atenderles, no existe un conocimiento real de lo que está ocurriendo.

Recientemente nos hemos visto sorprendidos por los resultados de unos sondeos que demuestran la completa ignorancia por parte de los ciudadanos europeos acerca de los trabajos de la Convención, a pesar de los notables recursos que se han invertido en informar de ellos. Hace dos años, yo fui ponente para el euro, un servicio comunitario de extrema importancia, vital para la movilidad y la promoción del empleo transfronterizo, y tome conciencia de la vasta carencia de conocimiento entre el público acerca del euro. Dos años después, aun cuando este fue uno de los campos señalados estratégicamente en la resolución que aprobamos, apuntando la necesidad de una notable campaña para aumentar el conocimiento, la situación sigue siendo más o menos la misma, debido a los fallos de la Comisión y a la falta de interés por parte de los Estados miembros.

Por consiguiente, es crucial que tomemos medidas. Por otra parte, hay que exigir una mayor transparencia a las organizaciones que reciben fondos comunitarios. Coincido con la Sra. Rühle en lo que respecta a la necesidad de que se hagan públicas las inversiones que realiza la Unión Europea para informar a los ciudadanos y promover la ciudadanía, concretamente en los sitios web de las organizaciones que se benefician de estas subvenciones. Es una forma de disipar la idea de que Europa solo existe para los eurócratas y que se encuentra muy alejada de los ciudadanos, haciéndoles saber que esta Europa trabaja para todos nosotros directamente en lo cotidiano, y ofreciendo además a los ciudadanos una participación real en el plano social y político.

Las instituciones de la Comunidad no son del todo inocentes y pueden mejorar su rendimiento simplificando los procedimientos de presentación de solicitudes de fondos comunitarios asignados para la promoción ciudadana, favoreciendo una acceso sencillo a los documentos a través de sistemas fácilmente accesibles, reforzando las estructuras intermedias entre instituciones y ciudadanos, prestando realmente oído y mostrándose auténticamente abiertas. Además, este es el momento oportuno para alentar la participación ciudadana en la construcción de la Unión Europea. La Conferencia Intergubernamental está elaborando el nuevo Tratado con aspiraciones constitucionales que tendrá repercusiones enormes para el futuro de la ciudadanía de Europa. En consecuencia, lanzo un desafío universal: promover la auténtica ciudadanía europea ahora y obligar a todos los Estados miembros a que celebren referendos sobre este nuevo Tratado, como ya han decidido hacerlo muchos de ellos. Hay que celebrar en todos los Estados miembros consultas acerca del futuro Tratado. De esta forma, seremos capaces de contribuir al auténtico ejercicio de la ciudadanía europea activa. Carece de sentido decirles a nuestros conciudadanos que también somos ciudadanos europeos, y pasarnos la vida diciéndoles que guarden silencio. No es correcto, habiéndonos concedido la ciudadanía europea en Maastricht, que nos empeñemos en que no se hable de este tema imponiendo un implacable voto de silencio a las personas. No podemos aceptar la idea de que la ciudadanía europea goza de buena salud mientras los ciudadanos no cometan el pecado de solicitar permiso para hablar. Asumamos, pues, un compromiso con la ciudadanía europea activa.

 
  
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  Berthu (NI).(FR) Señor Presidente, el programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa oculta, bajo un nombre pomposo, una indigna operación de regularización de subvenciones ilegales que concede la Comisión a sus amigos.

En efecto, desde hace muchos años se venían concediendo subvenciones a asociaciones dotadas de una supuesta «misión europea», sin ningún fundamento jurídico y a menudo disimuladas en la parte A del presupuesto, es decir, vinculadas, con ayuda de la contabilidad creativa, a los gastos administrativos de la Comisión. Cada año protestábamos contra esas subvenciones concedidas selectivamente a organizaciones encargadas de promover la Europa federal: la Asociación Jean Monnet, el Movimiento Europeo Internacional, diversos institutos de reflexión federalistas, etc.; todos los años nos negábamos a votar a favor, todos los años eran prorrogadas por una aplastante mayoría de esta Asamblea. Ahora bien, a raíz de las observaciones –¡oh, cuán justificadas!– del Tribunal de Cuentas, el nuevo Reglamento financiero que entró en vigor en 2002 obliga a encontrar un fundamento jurídico, que por supuesto no tienen. De ahí la propuesta de la Comisión, que se presenta hoy y que está concebida para proporcionar dicho fundamento a algunos de esos gastos, agrupados en un denominado «programa de promoción de la ciudadanía europea activa». Este modo de proceder, muy revelador de los usos y costumbres comunitarios, y los comentarios que suscita podrían llenar varios libros. Yo me limitaré a evocar seis de esos comentarios.

Primero: incluso si se les diera hoy un fundamento jurídico, ¿qué haríamos con las subvenciones ya abonadas en el pasado sin fundamento jurídico? Segundo, es totalmente artificial montar un programa de acción definiendo unos objetivos con arreglo a los cuales se evaluarán las solicitudes de subvención, cuando sabemos muy bien por anticipado qué asociaciones serán finalmente seleccionadas. Tercero, las asociaciones subvencionadas tienen una finalidad europea, al menos tal como la define la Comisión. Las demás son, por definición, antieuropeas. ¿Cuándo hará acto de presencia el Consejo en este asunto, ya sea para suprimir todas estas subvenciones, ya sea para repartirlas equitativamente entre las distintas concepciones de Europa? Cuarto, las instituciones europeas están tratando paralelamente de establecer un sistema para la financiación con dinero público de los autodenominados partidos políticos europeos. ¿No creen que, sumando unas subvenciones a otras, el contribuyente va a acabar saturado de este desbarajuste? Quinto, la lista de asociaciones subvencionables mencionadas en el informe demuestra que se han mezclado organizaciones muy diferentes, que a menudo no tienen nada que ver con la ciudadanía europea, como el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados. Encima, como todo es tan fácil, el Parlamento Europeo no ha podido resistirse a añadir otras con sus enmiendas. De paso, me pregunto también por la Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que una asociación de altos magistrados que se considera juzgan con total independencia pueda recibir dinero para promover la ciudadanía europea activa? Sexto y último, el único fundamento jurídico que se ha podido encontrar para este programa es el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ese pérfido artículo cuya supresión hemos reclamado a menudo porque marca unos límites elásticos a las competencias europeas. El informe presentado hoy no va a hacernos cambiar de opinión. Ahora bien, después de todo, este artículo exige la unanimidad en el Consejo. Entonces, formulo la siguiente pregunta: ¿habrá un solo Gobierno en el Consejo que sea honesto y diga no a este programa amañado, que además contiene en su principio un aspecto totalitario, puesto que la ciudadanía europea, estimados colegas, debe sentirse espontáneamente, por afecto a Europa, a la Unión Europea y a sus logros. No se fabrica a golpe de subvenciones.

 
  
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  Lulling (PPE-DE).(FR) Señor Presidente, la Comisión ha presentado una iniciativa feliz a este Parlamento en el marco de un procedimiento de codecisión, una iniciativa que debe conducir a la adopción de una Decisión que establezca un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres.

Por haber presidido durante diez años una organización de este tipo, como es el Centro Europeo del Consejo Internacional de las Mujeres, con organizaciones afiliadas en la Unión Europea, en los nuevos Estados miembros, en Bulgaria, en Rumania, en Turquía, en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y también en otros países, estoy más capacitada para apreciar en su justo valor este programa destinado a las numerosas organizaciones femeninas que trabajan a escala europea en este ámbito, y que podrán beneficiarse así de una subvención en el marco de un crédito cuyo importe propuesto asciende a 2,222 millones de euros. La Comisión de Presupuestos ha propuesto, por su parte, 5,5 millones de euros de 2004 a 2008. No es una cantidad enorme, pero las organizaciones femeninas, ya sean nacionales o europeas, están acostumbradas a vivir y funcionar con presupuestos pequeños.

Por esa razón celebro esta iniciativa, en especial porque pone término por fin a una situación de monopolio en materia de subvenciones operativas de la que se beneficia desde su creación el Lobby Europeo de Mujeres. Por haber sido una de las militantes femeninas que idearon y crearon el Lobby, en mi calidad de Presidenta de la organización europea que acabo de mencionar, el CECIF, y ser actualmente Presidenta de una organización nacional adherida al Lobby, no se me puede acusar de perjudicar al Lobby, cuyo trabajo aprecio.

La Comisión ha entendido bien que en este ámbito como en todos los demás, los monopolios son malos. Pero por desgracia no ha llegado hasta el final de su razonamiento, porque el texto que nos propone sigue manteniendo privilegios para el Lobby en el nuevo marco. No quiero perjudicar la subvención operativa del Lobby, que está asegurada, pero otras organizaciones activas a escala europea en la lucha contra todas las discriminaciones, en particular las basadas en el sexo, deben poder gozar de un apoyo financiero en el marco del crédito anteriormente citado, en forma de subvenciones de funcionamiento tendentes a garantizar la continuidad de sus acciones.

Con buen juicio, la ponente había enmendado la propuesta de Decisión de la Comisión Europea. Por desgracia, en la Comisión de Derechos de la Mujer, el sectarismo de izquierdas prevaleció de nuevo sobre la igualdad de trato y de oportunidades de todas las organizaciones femeninas afectadas. Esto es lamentable. Y como el proyecto de informe ha sido completamente desnaturalizado, la Sra. Kratsa y otros miembros de mi Grupo han votado en contra. Si nuestros esfuerzos por restablecer el equilibrio entre el Lobby y las demás organizaciones femeninas fracasan, votaré de nuevo en contra, al mismo tiempo que seguiré ayudando a preparar el terreno para la segunda lectura.

 
  
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  Hazan (PSE).(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar antes de nada a la ponente, la Sra. Rühle, por el trabajo realizado con este informe que, creo, complementa de forma útil los trabajos de la Comisión Europea.

Sabemos que la ciudadanía de la Unión debe permitir una participación cada vez mayor de los ciudadanos de los Estados miembros en el proyecto común de construcción europea. Por desgracia, nos vemos obligados a constatar que la plena materialización de esta ciudadanía tropieza aún hoy con numerosos obstáculos. Por esta razón, el informe Rühle, en sus aspectos técnicos, es de hecho un informe totalmente político, ya que permite apoyar a los organismos que trabajan en el ámbito de la ciudadanía europea activa.

Es absolutamente necesario que los ciudadanos estén mejor informados acerca de lo que hace la Unión Europea en el contexto de la armonización de políticas y en el futuro contexto de la ampliación. Es necesario asimismo mejorar la promoción de las iniciativas en curso. Así sucede, por ejemplo, con los Puntos de Información europeos, que funcionan en red de forma satisfactoria. Tengo que decir aquí solemnemente que el Parlamento Europeo ha intentado poner remedio a las amenazas financieras que pesan sobre los Puntos de Información y que hay que encontrar rápidamente una solución. Creo que está a punto de lograrse, pero no hay nada totalmente seguro.

El concepto de ciudadanía europea debe declinarse, pues, en todas sus dimensiones: política, administrativa, judicial, social o económica. Por consiguiente, debemos seguir trabajando para eliminar los obstáculos que todavía impiden –y todavía los hay– a los ciudadanos sacar partido de sus derechos como ciudadanos europeos.

En 2000, la Carta de los Derechos Fundamentales situó por fin al ciudadano en el centro de la construcción europea, como ya se ha dicho. Su integración en el proyecto de Constitución europea representa un paso más en esta dirección. Ya era hora, porque, a escala europea, como también a escala nacional o local, ¿cómo se puede pensar en hacer política de un modo que no sea situando al ciudadano en el centro de toda reflexión, de toda acción social y de todo proyecto de sociedad? Es imperativo hacer del ciudadano un actor y no ya un mero espectador pasivo, como todavía sucede demasiado a menudo.

Evidentemente, va a ser aún más difícil comunicarse con los ciudadanos europeos a partir del momento en que seamos cerca de 500 millones de habitantes, en vez de los 370 millones actuales, pero precisamente es nuestro deber hacerlo y utilizar todas las disposiciones que hagan posible esta comunicación y permitan mejorarla.

Terminaré recordando que uno de los aspectos destacados del informe se refiere precisamente a la falta de información, que tiene como resultado el bajo nivel de conciencia de la ciudadanía europea. A este respecto, recordemos con pesar la tasa de participación en las elecciones europeas, con una media inferior al 50%, lo cual es chocante. Por tanto, es más necesario que nunca, en vísperas de la cita de junio de 2004, reforzar por todos los medios posibles la política de la Unión Europea en materia de información y comunicación. El desafío es realmente grande: se trata de la construcción de una verdadera Europa política, una verdadera Europa de los ciudadanos.

 
  
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  Schmidt, Olle (ELDR). (SV) Señor Presidente, señor Comisario, quiero comenzar dando las gracias a los ponentes por su labor constructiva. Empezaré por el informe Kratsa-Tsagaropoulou.

Tal como afirma la Sra. Dybkjær, resulta evidentemente sintomático que el programa de igualdad entre hombres y mujeres sea el menos amplio, pero a eso ya estamos bastante acostumbrados, señor Kinnock.

La igualdad entre hombres y mujeres empieza en el hogar. El reto liberal en términos de igualdad de género consiste en garantizar que se conceda a las mujeres más poder sobre su propia vida. Incluso yo, como liberal, puedo afirmar que es cuestión de identificar las estructuras que plantean obstáculos a la concesión de las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres. Estoy seguro de que usted, señor Kinnock, conoce especialmente bien este terreno.

La igualdad entre mujeres y hombres ha sido, por supuesto, uno de los principios básicos de la UE desde el Tratado de Roma. Ese principio se reforzó en el Tratado de Ámsterdam y ha ido adquiriendo gradualmente mayor relevancia. Por tanto, queda claro que acogemos con especial beneplácito este programa de acción y el fundamento jurídico que proporcionan a las organizaciones de mujeres las oportunidades financieras para realizar una labor mejor.

Considero importante dejar constancia también de que las actividades que desempeña el Lobby Europeo de Mujeres, que fue fundado por la Sra. Lulling, que está representado actualmente en quince Estados miembros y que cuenta con más de 3 000 miembros, deben tener prioridad y merecen nuestro apoyo hoy en esta Cámara. La Sra. Kratsa-Tsagaropoulou ha hablado en esta Cámara de otras organizaciones que no están incluidas en el Lobby Europeo de Mujeres, pero sí lo están en el programa de acción. Coincido con la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou en cuanto a la importancia de la diversidad y de contar con organizaciones en todos los niveles, pero yo afirmaría que el programa de acción está pensado para apoyar tanto el Lobby Europeo de Mujeres como a otras organizaciones.

Quiero decirle al Sr. Kinnock que para la UE también resulta importante garantizar que las organizaciones dedicadas a la igualdad entre mujeres y hombres reciban un trato igual y obtengan ayuda financiera durante un periodo superior a los dos años que usted propone. Un programa de ayuda de dos años no proporciona seguridad financiera a ninguna organización. Otra de las razones para apoyar el programa de acción, que abarca hasta 2008, radica en que tenemos que ser capaces de garantizar que las organizaciones en nuestros nuevos Estados miembros también tengan de la oportunidad de recabar ayuda en el contexto de este programa. Considero importante añadir y subrayar que debería proporcionar seguridad más a largo plazo.

El Sr. Sacrédeus, que lamentablemente parece haber abandonado la Cámara, ha realizado un buen trabajo en relación con el programa abordado en su informe. El programa debe ayudarnos y existe para que las personas en los diferentes países, regiones y partes del mundo que cooperan puedan conocerse mejor entre ellas. En calidad de liberal, refrendo total y absolutamente este trabajo.

De todas formas, quiero formular tres deseos basados en la experiencia, de los que creo debemos tomar nota. La ayuda tiene que ser sencilla de administrar y de solicitar; tiene que ser poco burocrática; y tiene que concederse sin demora. Sabemos que son muchos los que se muestran reacios a solicitar ayuda de la UE y dentro del contexto financiero que tenemos, ya que existe un sinfín de burocracia y tal vez sea demasiado tarde cuando se abone finalmente el dinero. No debe darse el caso de que, por culpa de estos programas financieros destinados en parte a hacernos un poco más europeos, la Unión Europea se asocie al papeleo, la burocracia y la tardanza, que es precisamente con lo que se la asocia. Esto no debe ocurrir, y espero, señor Kinnock, que en su labor continuada asegure que se nos conceda más ayuda y que exista un mayor acceso a estos programas de acción y al dinero, para que resulten útiles.

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en primer lugar quiero subrayar la necesidad de transparencia, información y simplificación en el terreno de las subvenciones comunitarias. En segundo lugar, deseo resaltar la importancia de un programa de acción comunitario para promover las organizaciones activas a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, en actividades tan importantes como la integración de la perspectiva de género en la educación, el deporte, la sanidad, la protección social, la cooperación con asociaciones de mujeres en terceros países, sin renegar de la importante labor del Lobby Europeo de Mujeres. Quiero reseñar también la necesidad de un número mayor de acciones para combatir la violencia, ya que supone un obstáculo para la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de las mujeres.

Por último, lamento que las subvenciones para estas acciones sigan siendo tan limitadas, lo cual pone de manifiesto una falta continuada de respeto por la labor emprendida para promover la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en numerosos terrenos. Me gustaría que se nos dieran garantías ahora de que los programas van a prorrogarse hasta 2008, ya que tenemos que comprometernos a continuar este trabajo tan extremadamente importante de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

 
  
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  Bastos (PPE-DE). (PT) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, quiero comenzar felicitando a los ponentes, el Sr. Sacrédeus, la Sra. Rühle y específicamente la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, sobre cuyo informe deseo hablar. Hemos de tener siempre presente que el objetivo del programa en cuestión consiste en apoyar las organizaciones de mujeres cuya misión primordial es promover, controlar y divulgar las acciones comunitarias concebidas para mujeres, con el propósito de lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Las enmiendas presentadas en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades han alterado la naturaleza del informe y, lo que es peor, lo han desviado del objetivo global. En consecuencia, los miembros de esa comisión pertenecientes al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos, incluida la ponente, han votado en contra de ellas. Por tanto, he de felicitar a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por la coherencia y constancia del trabajo que ha llevado a término y que puede apreciarse en las enmiendas presentadas para someter a votación en esta sesión plenaria.

En realidad, lo que está en juego son temas esenciales; en primer lugar, la referencia al Lobby Europeo de Mujeres en el texto anexo y que no está en la parte dispositiva; en segundo lugar, la idea de conceder subvenciones a las necesidades operativas de las organizaciones y no a acciones específicas; en tercer lugar, las tasas de cofinanciación y degresividad tienen que ser idénticas para el Lobby Europeo de Mujeres y para otras organizaciones que operan a escala europea. No vamos a negar ciertamente el papel fundamental del Lobby Europeo de Mujeres, pero también es preciso reconocer la labor de otras organizaciones que comparten estos objetivos y que realizan sus propias actividades sin recibir ayuda financiera. En consecuencia, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todas estas organizaciones, sus nombres solo deben aparecer en el anexo. Además, este programa debe asignar subvenciones operativas a organizaciones que actúen a escala europea en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. El programa no pretende subvencionar determinadas acciones que pudieran recibir ayudas en el contexto de otros programas. Este punto ha de quedar totalmente claro.

Por último, en contra de las propuestas de la Comisión, es preciso adoptar criterios uniformes para las diversas organizaciones en lo referente a la cofinanciación y la degresividad.

 
  
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  Valenciano Martínez-Orozco (PSE). (ES) Señor Presidente, quisiera saludar la iniciativa de la Comisión de establecer este programa de acción comunitario y también quisiera felicitar a este Parlamento, que en muy poco tiempo ha tenido que estudiar y elaborar sus enmiendas, por su trabajo.

Con mi intervención quiero defender el papel fundamental de las organizaciones de mujeres en la promoción de la política de igualdad de oportunidades en el ámbito de la Unión Europea. Sin ellas, sin las organizaciones de mujeres, habría sido muy difícil desarrollar y extender los avances en favor de los derechos de las mujeres. También habría sido muy difícil tener un diagnóstico de cuál es la situación real de las mujeres en los distintos países de la Unión Europea. Los avances del movimiento de mujeres tienen su raíz en el sólido trabajo hecho por sus organizaciones.

Las organizaciones de mujeres tienen, además, la capacidad de proponer soluciones muy pegadas al terreno y, por lo tanto, muy eficaces. Por ello, establecer un programa comunitario para apoyar y promover estas organizaciones me parece fundamental. Hay muchas organizaciones de mujeres, cada una con su especificidad y su importancia, y todas ellas con un trabajo a sus espaldas enormemente respetable y muy interesante. Pero el problema es que no todas las organizaciones son iguales y el igualitarismo, en este caso, puede producir situaciones de clara injusticia.

El Lobby Europeo de Mujeres es una gran organización compuesta por muchas otras. Es decir, el Lobby Europeo de Mujeres es un gran paraguas bajo el cual se encuentran miles de organizaciones de mujeres, cientos y miles de mujeres que trabajan día a día en favor de los derechos de las mujeres.

No se puede comparar un paraguas de organizaciones con organizaciones que trabajan individualmente. Por eso, desde el principio, la Comisión plantea un tratamiento diferente para el Lobby Europeo de Mujeres y para el resto de las organizaciones. Y mi Grupo, desde luego, apoya ese criterio. ¿Por qué? Porque aquellas que venimos del movimiento de mujeres sabemos que atomizar el movimiento, que desagregarlo, disgregarlo, pulverizarlo es ineficaz, que lo interesante es trabajar unidas, porque unidas somos más fuertes. Dividir los recursos no sirve absolutamente para nada, excepto para debilitar precisamente al movimiento de mujeres. Y, por eso, defendiendo y apoyando a todas y cada una de las organizaciones de mujeres que trabajan en pro de la igualdad, no debemos tratar igual a aquellos que son desiguales.

 
  
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  Bordes (GUE/NGL).(FR) Señor Presidente, votaremos a favor del informe Kratsa porque apoyamos el objetivo que propone, a saber, la creación de un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, incluso si tenemos dudas sobre su alcance.

¿Cómo no estar de acuerdo con la enmienda 13: participación de las mujeres en el proceso decisorio; lucha contra todas las formas de violencia de que son objeto las mujeres; los estereotipos basados en el sexo; las discriminaciones en el lugar del trabajo; integración de la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas de educación, deporte, sanidad y protección social? ¿Pero cómo no observar al mismo tiempo que las propias instituciones europeas dan mal ejemplo? ¿Por qué no intervienen para que cese, en todos los países de la Unión, esa forma de violencia contra las mujeres que consiste en prohibirles elegir si quieren tener un hijo o no? ¿Cómo podrían influir las instituciones europeas en el esfuerzo de lucha contra la discriminación de las mujeres en las empresas cuando se prohíben a sí mismas adoptar disposiciones coercitivas contra los empresarios, tanto en este ámbito como en otros? ¿Cómo garantizar la igualdad, no en los discursos sino en la realidad, entre los hombres y las mujeres, si no se construyen guarderías, jardines de infancia, escuelas maternales en número suficiente, cosa que la política de austeridad preconizada por las instituciones europeas y por los Estados nacionales hace cada vez más difícil.

Así pues, si bien voto a favor del informe, porque algunas ayudas aportadas a las organizaciones de mujeres valen más que nada, observo que las instituciones europeas eluden su responsabilidad en este ámbito, pues se preocupan más de la competencia, del beneficio y del capital que de la vida de los seres humanos.

 
  
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  Scallon (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, me gustaría apoyar la cuestión planteada por la ponente, la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, y aplaudo la iniciativa avanzada por la Comisión consistente en establecer un instrumento básico para financiar y promover las organizaciones que actúan en el ámbito de la igualdad entre los hombres y las mujeres a escala europea.

Como ya se ha dicho, muchas organizaciones pueden acogerse a esta financiación. No podemos permitir que en Europa existan personas más iguales que otras. Debemos votar a favor de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero también entre el Lobby Europeo de Mujeres (European Women's Lobby – EWL) y otras asociaciones de mujeres.

No existe igualdad de trato cuando una organización puede recibir financiación sin necesidad de presentar una propuesta a la Comisión, y al mismo tiempo otras deben competir contra un gran número de propuestas válidas. No hay igualdad de trato si existe una enorme diferencia entre la financiación que recibe una organización y la concedida a otras organizaciones de mujeres.

Sabemos que una buena parte del presupuesto del EWL se destina a la coordinación y la investigación, pero esta organización no ofrece ayudas financieras a las asociaciones que la integran. De hecho, estas organizaciones pagan por formar parte del EWL y carecen de ayudas financieras permanentes. Esto constituye una discriminación contra las organizaciones que realizan una valiosa labor y que necesitan ayudas a escala europea para hacer oír su voz, y no permite apreciar plenamente la gran calidad de sus trabajos.

Me gustaría señalar que cuando acababa de ser elegida en 1999, no tenía ni idea de qué era el EWL ni por quién estaba formado. Algunas organizaciones de mujeres alemanas y españolas se pusieron en contacto conmigo y me pidieron que abogara por una financiación equitativa en su nombre. Estas organizaciones no recibían financiación de la Unión Europea y no podían recibirla a menos que formaran parte del EWL, organización que reivindica ser la única voz de las mujeres en toda Europa.

No quiero menospreciar la labor del EWL –tiene una finalidad legítima y el derecho a recibir financiación–, sino que simplemente propongo que se conceda financiación a otras organizaciones de mujeres, que consideran que el EWL no habla en su nombre.

En esta Cámara están presentes muchos partidos y en ocasiones la gente cree que su voz se oirá mejor en un lado de ella que en otra. En esta propuesta no deberían mencionarse organizaciones concretas. Estas deberían figurar en el Anexo y no deberían concederse subvenciones a acciones específicas que pueden financiarse a través de otros programas. Esta posición coincide con la adoptada por el Consejo.

 
  
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  Gröner (PSE).(DE) Señor Presidente, me dispongo a hablar en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sobre el tema del programa concebido para apoyar a las organizaciones de mujeres y que ha sustituido a la partida presupuestaria que antiguamente financiaba solamente el Lobby Europeo de Mujeres, que es la organización que acoge unas 3 000 organizaciones de mujeres en Europa, incluidas las asambleas nacionales de mujeres, tales como el Deutscher Frauenrat, que cuenta con unos 11 millones de miembros individuales en Alemania, que van desde grupos parroquiales hasta organismos autónomos, pasando por asociaciones políticas de mujeres y sindicatos. El Lobby Europeo de Mujeres ha protagonizado importantes campañas, como la de una mayor implicación de las mujeres en las elecciones europeas, ha promovido un debate sobre la Constitución y supervisa la ampliación prestando especial atención a las cuestiones de igualdad de oportunidades.

Lo que propugna ahora el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos es desmantelar esta línea. Queremos garantizar la calidad. Queremos que las mujeres tengan voz propia, en vez de participar en un coro de muchas voces. A diferencia de la ponente, mi Grupo desea convertirlo desde el principio en prioritario y garantizar la acción en beneficio de Europa en el terreno de la igualdad de oportunidades. Por consiguiente, vamos a rechazar la mayoría de las enmiendas de la ponente a favor de las presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

Los socialdemócratas entendemos que la Sra. Dührkop Dührkop también ha presentado una propuesta muy sensata para las subvenciones, totalmente en línea con el Reglamento presupuestario, que garantiza la dotación de subvenciones hasta el año 2008, inclusive, con una dotación de 5,5 millones de euros. Esto ofrece a las organizaciones de mujeres la seguridad que necesitan para planificar el futuro y nos ahorra otro laborioso proceso legislativo una vez transcurridos los dos años. El acuerdo de cofinanciación, con un 20% para las organizaciones de mujeres, a excepción del Lobby Europeo de Mujeres, que recibe un 10%, excluida la degresividad, constituye una solución aceptable para todos los partidos.

Cuando se produzca la ampliación, queremos que las organizaciones de Europa Central y Oriental también queden incluidas y queremos que se fijen unas prioridades. En consecuencia, se ha propuesto en la enmienda 13 –en la que se ha deslizado un error de traducción que pondré en conocimiento del servicio– que se articule mejor la vida profesional y la vida familiar. Queremos alentar a las mujeres a que desempeñen su papel en el proceso de toma de decisiones; queremos que este programa, y las organizaciones, apoyen la lucha contra todas las formas de violencia. Queremos apoyar además la lucha contra los estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo basados en el sexo, sobre todo en el lugar de trabajo y en materia de retribución, y acogemos con beneplácito el estímulo a la cooperación con las mujeres de terceros países, recogido por ejemplo en la enmienda 14.

La Presidencia italiana del Consejo ha intentado en el último minuto presionarnos para que secundáramos las propuestas de la ponente. Tanto mi Grupo como yo esperamos una mayoría en esta Cámara, no estamos dispuestos a alentar la fragmentación de la voz de las mujeres. Queremos unidad más que polifonía.

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, jamás he tenido hasta ahora el honor de hablar durante tres largos minutos en esta maravillosa Cámara. Gracias por esta cortesía y este regalo, que aprecio especialmente porque voy a hablar de mujeres.

Es un asunto que me fascina, señor Presidente; me fascina porque creo firmemente que a la lucha de las mujeres se le debe conceder al menos la misma importancia que a los hombres y que el hecho de considerarlas iguales a ellos es justo y sacrosanto, y es necesario poner todo el empeño para conseguir este objetivo. Por eso quiero agradecer a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou su compromiso al presentar un informe sobre este documento de la Comisión.

Sin embargo, deseo formular una pregunta: ¿es suficiente el dinero destinado a este fin? Según un proverbio italiano, quien calla, otorga. Usted guarda silencio, señor Presidente, pero pienso que coincide conmigo en que no es suficiente. He calculado que, cada año, con este programa para las mujeres se gastan al día cinco milésimas de euro –no cinco euros, sino cinco milésimas de euro– por cada mujer: es una cantidad muy pequeña. Miren alrededor: ¿cuál es el progreso que han realizado las mujeres en la vida política, en el trabajo, en la vida social? En la vida política, señor Presidente, ¿cuántas mujeres ocupan el cargo de Vicepresidentas o Presidentas en el Parlamento Europeo? ¿Cuántas mujeres han sido Presidentas de la Comisión Europea? Ninguna, señor Kinnock, ni en el pasado ni en el presente; esperemos que las cosas cambien en el futuro. En la política, las mujeres electas suponen una minoría increíblemente reducida.

Ahora, las contribuciones realizadas por los programas para mujeres se van a distribuir de manera democrática, no en la forma que ha sido criticada tan claramente por la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou y otros oradores que me han precedido. Espero sinceramente que ayuden a las mujeres a tomar conciencia de su potencial y capacidad para asumir un papel protagonista en los diferentes estamentos políticos, con independencia de su afiliación política: da lo mismo que ocupe el poder la derecha o la izquierda. Las mujeres han de tener también poder político, además de gobernar nuestros hogares.

 
  
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  Prets (PSE). (DE) Señor Presidente, señor Comisario, la presentación más o menos simultánea de estos siete programas de acción por parte de la Comisión ha creado la impresión que tienen que ser adaptados y armonizados entre sí, pero me gustaría subrayar que abordan temas bastantes distintos, por lo que en nada beneficia al propósito de los programas intentar hacerlos confluir. Es algo que vengo diciendo en relación con cada uno de los informes que tienen que ver con los programas de acción, pero como la Comisión se ha demorado muchísimo en la presentación de los informes al Parlamento, las organizaciones afectadas –incluidos los programas culturales y educativos y, por supuesto, los programas de mujeres– corren ahora el peligro de recibir su dinero correspondiente a 2004 con un retraso notable o que el programa no pueda ejecutase en absoluto –como usted ha expuesto anteriormente– si este tema no queda resuelto en diciembre. Eso es, por supuesto, muy desfavorable y pienso que es un momento muy inoportuno para que usted lance una acción importante de este tipo.

En cuanto al asunto de la etapa transitoria que usted propone en los documentos, quisiera preguntarle qué sugiere hacer si no hay una resolución para finales de diciembre. Necesitamos una etapa transitoria en el caso de que no esté listo el fundamento jurídico en la fecha prevista. Usted ha rechazado treinta y cinco enmiendas y ha apelado al sentido de la responsabilidad del Parlamento, diciéndonos que deberíamos hacer concesiones para que los programas puedan ponerse en práctica. Cuando rechaza treinta y cinco enmiendas de un total de más de cincuenta, no puede decirse que la Comisión tenga demasiado sentido de la responsabilidad ni espíritu conciliador. Eso significa que todavía tendrán que celebrarse algunas negociaciones aquí.

En referencia específica a los programas de mujeres, quiero unir mi voz a lo que han expresado mis colegas diputadas. El Lobby Europeo de Mujeres es una organización que se centra en la política de igualdad de oportunidades y se afana en ella con determinación, y pone de manifiesto su fortaleza aunando a muchas organizaciones. No entiendo por qué se intenta erosionar esta fortaleza poniéndola en pie de igualdad con otras muchas organizaciones. Por tanto, apoyo la condición especial del Lobby de Mujeres y recalco que debería conservarlo.

Por último, quiero abordar el tema de la ampliación y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a que se tengan especialmente en cuenta las condiciones financieras de la misma, ya que diez Estados miembros más significan que tenemos que hacer mucha más labor en los temas de las mujeres, y un simple vistazo al número de estas en las listas explica a las claras a lo que nos estamos refiriendo. Es en este aspecto donde tenemos que trabajar con mayor ahínco y por ello necesitamos más subvenciones. No pueden ser válidas las mismas condiciones financieras para 25 Estados miembros que para 15.

 
  
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  Korhola (PPE-DE).(FI) Señor Presidente, quiero referirme al informe de mi colega, el Sr. Sacrédeus, y empezar dándole las gracias por el excelente trabajo que ha realizado en su propuesta. Las enmiendas planteadas en el informe vendrán a facilitar tanto el apoyo a proyectos que tienen importancia para la Unión Europea como su seguimiento.

La propuesta de la Comisión solo define vagamente quiénes se verán afectados y un número bastante considerable de posibles países destinatarios no son en absoluto no industrializados. A mi juicio resulta importante que este proyecto se aplique específicamente a aquellos países y sus regiones interiores que de otra forma pudieran ser más difíciles de alcanzar y con los cuales la Unión Europea puede decirse que tiene una necesidad inminente de desarrollar una comprensión y cooperación mutuas.

Lo que considero un problema concreto es que los acuerdos de cooperación establecidos con países no industrializados pueden centrarse fácilmente solo en promover el desarrollo económico. En esta situación deberíamos recordar que mejorar las condiciones sociales tiene un valor incuestionable para la cooperación internacional y también un efecto claro, si bien indirecto, sobre la forma en que promueve el desarrollo económico.

Por esta razón creo que resulta esencial en el informe resaltar la importancia del diálogo entre la Comisión y el Parlamento antes de lanzar una convocatoria de propuestas. Solo así puede asegurarse el Parlamento de ejercer el control sobre la forma de asignar los recursos y puede además apoyar planes de desarrollo humano. Las decisiones adoptadas por la Comisión en relación con las prioridades se sustentan sólidamente sobre los valores de la Unión Europea, y es muy importante que el Parlamento, que a los ojos de los ciudadanos representa a la Unión, pueda influir en tales decisiones.

 
  
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  Hieronymi (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, los temas abordados en estos tres informes pueden parecer a primera vista de naturaleza técnica. El nuevo Reglamento financiero exige fundamentos jurídicos específicos, pero como ya han expuesto otros muchos oradores –y quiero dar expresamente las gracias por ello a los ponentes–, este nuevo fundamento jurídico conlleva de hecho graves consecuencias prácticas para los distintos ámbitos en cuestión.

Me estoy refiriendo sobre todo al informe sobre la participación ciudadana activa. Continuamente estamos hablando de facilitar a los ciudadanos más información acerca del proceso europeo y hacer que se impliquen más en él, pero ahora quiero dejar meridianamente claro que eso entraña un peligro de que nosotros, en aras del nuevo fundamento jurídico y del Reglamento financiero, tiremos al niño con el agua de la bañera, y de que el año que viene estemos lamentándonos de que se nos plantean más problemas con la información pública durante el año de las elecciones europeas de los que jamás hemos tenido antes. Por eso hago un llamamiento con tintes de urgencia, sobre todo a la Comisión y al Consejo, para que tengan más cuenta cómo vota el Parlamento sobre estos temas, sobre todo en lo referente al procedimiento de conciliación el lunes próximo.

Permítanme citar solo dos ejemplos: el primero son los Puntos de Información, a los que acertadamente ha hecho alusión la Sra. Rühle, y yo respaldo firmemente la enmienda que ha presentado. Desborda totalmente mi capacidad de comprensión cómo se niega la Comisión a respaldar esta enmienda. Todos ustedes son conscientes de que, en nuestros países de origen, los Puntos de Información sirven de puntos de contacto con fines de información sobre Europa y las instituciones europeas. ¿Pueden imaginar cómo iban a cumplir su cometido los Puntos de Información de sus países si se vieran restringidos por una convocatoria de propuestas?

Esta inseguridad financiera y este respaldo institucional insuficiente se traducen en que los Puntos de Información no podrán, en el futuro, desempeñar su función. Eso es lo que la Comisión nos está planteando en este informe y por ello quiero llamar enérgicamente su atención sobre este peligro. Lo mismo es válido para los hermanamientos de ciudades, de los que todos ustedes, en sus comarcas, reciben apoyo en su trabajo. También en este caso, el proceso burocrático asociado a este nuevo fundamento jurídico puede poner en peligro la continuidad del trabajo realizado.

Y por ello, permítanme terminar reiterando mi llamamiento a la Comisión y al Consejo. Les insto a asumir la votación del Parlamento y llegar a compromisos equitativos que garanticen, en lugar de hacer peligrar, la información pública en el futuro.

 
  
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  Kinnock, Neil, Comisión. (EN) Señor Presidente, me gustaría responder brevemente a este debate conjunto, en primer lugar para dar las gracias a los diputados, ponentes y demás participantes en los debates de esta mañana, y también para manifestar mi agradecimiento por el gran empeño que han puesto en los temas incluidos en este debate conjunto. En segundo lugar me gustaría dejar clara la posición de la Comisión sobre diversos puntos relacionados con los tres informes y, en tercer lugar, para responder a varias cuestiones que se han planteado aquí.

En relación con el informe del Sr. Sacrédeus, me gustaría decir que comparto el énfasis que pone en el diálogo entre culturas y civilizaciones para contribuir a la paz y el entendimiento. Recuerdo la respuesta que dio Abba Eban cuando le preguntaron por qué siempre intentaba entablar conversaciones con sus enemigos. Y respondió que lo hacía porque sus amigos ya estaban de acuerdo con él. Esta es una máxima que es válida para los asuntos internacionales. Y estoy seguro de que el Sr. Sacrédeus está de acuerdo. De hecho, no es una mala definición de la relación que en ocasiones sería deseable entre el Parlamento y la Comisión.

Asimismo me gustaría añadir, en respuesta al Sr. Sacrédeus, que según entiendo se han presentado otras cuatro enmiendas que no recibieron el apoyo del ponente ni fueron propuestas por él. De ser aprobadas, estas enmiendas, a saber, la 16, 17, 18 y 19, modificarían radicalmente la propuesta de la Comisión, con el resultado de que se podrían conceder ayudas sin una convocatoria de propuestas, con lo que se socavarían los principios de transparencia e igualdad de trato, por no hablar de los principios de orden de este Parlamento, algo que siempre resulta deseable, pero que no siempre resulta fácil cuando entra gente.

Concretamente, en respuesta a los comentarios hechos por la Sra. Dührkop Dührkop sobre la publicación de la convocatoria de propuestas en el Diario Oficial de ayer, debo informar a su Señoría que la Comisión tuvo que publicarla para cumplir los plazos contemplados en el Reglamento financiero, que establece que las solicitudes de ayudas al funcionamiento deben presentarse a más tardar el 31 de diciembre. Entiendo que su posición es muy sólida por lo que se refiere al fundamento jurídico de esta medida. Si su Señoría no tiene tiempo para participar en el presente debate, espero que podrá abordar esta cuestión con las autoridades competentes de la Comisión para obtener una explicación clara.

En relación con el informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, tengo que añadir que, en aras de la coherencia, la Comisión debe rechazar las siguientes enmiendas. 21, 23, 25, 27, 31 y 32.

Por lo que se refiere al informe Rühle, me temo que un gremlin se coló en la lista que recibimos y tengo que decir que la Comisión rechaza igualmente la enmienda 18. Y sobre todo responderé a la Sra. Rühle que el motivo por el que la Comisión rechaza las enmiendas 35, 36 y 37 es que estas pondrían en peligro la rápida adopción de la propuesta debido a que esta debe ser aprobada por el Consejo por unanimidad. Estoy seguro de que su Señoría está de acuerdo con la Comisión en que los retrasos deben evitarse siempre que sea posible.

Además, se produciría inevitablemente un prolongado debate sobre los beneficiarios que deberían figurar en la lista. En vista de que esta propuesta reviste esencialmente un carácter técnico, la Comisión está obligada a garantizar la continuidad de la financiación de las actividades en curso, que carecen a ojos vista de un fundamento jurídico. Cualquier ampliación del ámbito de aplicación de esta propuesta puede poner en peligro dicho objetivo, que la Sra. Rühle seguramente comparte.

Sin embargo, la Comisión comprende la lógica en que se basa la enmienda y podría tener en cuenta la enmienda 35 al elaborar una propuesta de prórroga para este programa. Sé que la Sra. Rühle aprovechará la oportunidad que le brinda este hecho.

A la Sra. Prets, quien junto con otros muchos oradores ha hecho una valiosa contribución a este debate, le diré que hemos acordado con el Consejo que podríamos añadir una cláusula en el fundamento jurídico para permitir la aplicación retroactiva de la financiación de ayudas al funcionamiento de los beneficiarios a partir de enero de 2004.

La cuestión de la asignación, que han mencionado varios diputados esta mañana, se debatió en el diálogo tripartito de la semana pasada. El Consejo propuso que los beneficiarios figuren en una lista adjunta a cada programa en 2004.

A partir de 2005 se publicará la convocatoria de propuestas en la que podrán participar todas las organizaciones. La Comisión ha decidido hacer suya esta propuesta como fórmula de compromiso realista. Esta debe considerarse en el marco del esfuerzo general para encontrar soluciones para las siete propuestas.

La Comisión ya aceptó un compromiso en relación con la duración de los programas, en el que propusimos limitarlos hasta el final de 2006.

 
  
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  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. COX
Presidente

 

2. Comunicación de la Presidencia
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  El Presidente. Lamento informar a esta Cámara que esta mañana se ha producido una serie de explosiones en Estambul. En ellas se han visto afectados diversos objetivos británicos, entre ellos el Consulado del Reino Unido. Las informaciones recibidas indican que al menos cinco personas han muerto, más de 100 han resultado heridas y algunos miembros del personal han desaparecido.

En nombre del Parlamento Europeo deseo expresar mi profundo pésame y condolencias a las víctimas y a sus familiares, nuestra solidaridad con las autoridades turcas para que lleguen a la raíz de este problema y hagan frente a los terroristas, y nuestra solidaridad con la población de Estambul, una ciudad que tradicionalmente ha sido lugar de coexistencia pacífica, pero que lamentablemente se ha convertido en uno de los frentes de una campaña de terror.

Ruego guardemos un minuto de silencio por las víctimas.

(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. PODESTÀ
Vicepresidente

El Presidente. – Tiene la palabra el Sr. Bowis.

 
  
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  Bowis (PPE-DE).(EN) Sr. Presidente, en nombre de los diputados británicos a este Parlamento, quiero agradecer al Presidente del Parlamento, a través de usted, sus palabras de condolencia, y trasladar mi pésame a mis compañeros de partido y a los diputados de todos los partidos de mi país que forman parte de esta Cámara por lo que ha sucedido en Estambul. Creemos que ha habido unas 107 víctimas; se sabe que cuatro han muerto y que cuatro diplomáticos británicos siguen desaparecidos. Esta es una atrocidad que consterna a toda esta Cámara y a la Unión Europea. Manifestamos nuestro pesar, desde luego, a todas las personas afectadas, ya sean británicos, turcos o de otras nacionalidades europeas. Agradezco al Presidente del Parlamento su muestras de pesar.

(Aplausos)

 
  
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  El Presidente. Señor Bowis, me encargaré de informar a la Presidencia acerca del contenido de su intervención. Quiero asimismo hacer extensiva mi condolencia a usted y a sus colegas diputados británicos. Lamentablemente estamos en una época en la que son muchos los países que se ven afectados por esta terrible oleada de terrorismo.

 

3. Bienvenida
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  El Presidente. Señorías, en nombre propio y en el de todos ustedes, quiero dar la bienvenida a los diputados de la delegación parlamentaria kirguisa que se encuentran en la tribuna oficial y que participan en la cuarta reunión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria Unión Europea–República de Kirguistán, que se celebra en Estrasburgo, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra institución. Esta delegación está compuesta por cuatro diputados, al frente de la cual se encuentra el Sr. Sooronbay Jeenbekov, Vicepresidente del Parlamento kirguís.

(Aplausos)

Acogemos con satisfacción el desarrollo continuado de las relaciones entre nuestros Parlamentos, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Kirguistán en 1999, así como el progreso logrado por este país en la lucha contra la pobreza y la consolidación de un Estado democrático.

Estoy seguro de que las tareas de esta cuarta Comisión de Cooperación Parlamentaria constituirán un paso nuevo e importante en el fortalecimiento de la cooperación entre las dos partes, inspiradas por los mismos valores democráticos y que atribuyen una gran importancia a las normas del Estado de derecho.

(Aplausos)

 
  
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  Muscardini (UEN). (IT) Señor Presidente, teniendo en cuenta que en la Resolución Común de la cumbre UE-Rusia, las versiones no son compatibles por cuanto contienen traducciones diferentes: la versión oficial es la inglesa, que dice «Presidente del Consejo Europeo», mientras que las versiones francesa y portuguesa dicen «Presidente italiano del Consejo» y, dado que las demás versiones pudieran contener el mismo error y que –huelga decirlo las dos definiciones convierten las disposiciones a continuación del párrafo mencionado en carentes de sentido, quiero preguntar si, antes de proceder a la votación, sería posible homogeneizar todas las versiones o, de lo contrario, si es posible posponer la votación sobre esta resolución para la siguiente período parcial de sesiones en Bruselas.

 
  
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  El Presidente. Como ha dicho usted, señora Muscardini, el texto inglés es el correcto. Se procederá a informar a los servicios competentes de la cuestión y le puedo asegurar que podrá disponer del texto en todos los idiomas antes de la votación.

 
  
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  Muscardini (UEN). (IT) Señor Presidente, solo me gustaría saber qué versión se va a entregar a la prensa. ¿La correcta? ¿O tiene ya la prensa la errónea? ¡No podemos seguir haciendo política nacional desde el hemiciclo del Parlamento Europeo!

 
  
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  El Presidente. Señora Muscardini, no conozco la respuesta a su pregunta. Si desea usted iniciar un procedimiento de investigación formal, puede hacerlo.

A continuación procedemos a la votación.

 

4. Votaciones
  

Propuesta de la Conferencia de Presidentes relativa al nombramiento de miembros de una comisión temporal para reforzar la seguridad marítima.

(El Parlamento aprueba la propuesta)

Solicitud de consulta del Comité Económico y Social sobre la dimensión social de la cultura (artículo 52)

(El Parlamento aprueba la solicitud)

Procedimiento simplificado

Informe (A5-0398/2003) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) [2003/2180(INI)]

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0364/2003) de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación relativo al texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios [PE-CONS 3670/2003 C5-0461/2003 2001/0047(COD)]

Antes de la votación:

 
  
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  Imbeni (PSE). (IT) Señor Presidente, en el origen de este voto se encuentra un decisión mía: para algunos puede suponer un mérito, para otros un fallo. El problema radica en que la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación se hallaba dividida en dos: siete estaban a favor y siete en contra. Mi elección podría haber sido política –seguir a pies juntillas la postura de mi Grupo– y, en tal caso, el procedimiento legislativo se habría traducido en una ausencia de acción, es decir, no habría habido directiva. Sin embargo, he fundamentado mi decisión sobre una necesidad institucional: estando la delegación dividida por la mitad, he considerado que, en calidad de presidente, la decisión debería remitirse de nuevo al pleno y he contestado negativamente a la pregunta: «¿Es válido que un procedimiento legislativo se traduzca en el rechazo de una medida por un margen tan estrecho cuando la delegación se halla dividida por la mitad?» Es mejor que la decisión sea adoptada de forma transparente por el Parlamento. Es posible que esta decisión –que ha sido, se lo puedo asegurar, una decisión difícil y ardua de adoptar– sea equivocada, pero he querido exponerles las razones por las que he actuado de esta manera. Quiero añadir, señor Presidente, que en coherencia con el voto institucional, hoy me abstendré.

Por último, quiero agradecer a la delegación del Parlamento Europeo su labor, llena de pasión y sensatez, en el Comité de Conciliación.

(Aplausos)

 
  
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  Jarzembowski (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, únicamente en calidad de ponente quiero dar las gracias al Vicepresidente, el Sr. Imbeni. Hemos trabajado juntos muy bien. Existen diferencias de opinión en cuanto si el resultado es muy bueno o muy malo, pero le estoy agradecido al Vicepresidente. Juntos hemos intentado sacar lo mejor para el Parlamento.

 
  
  

(El Parlamento rechaza el texto conjunto)

Informe (A5-0396/2003) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres [COM(2003) 279 C5-0261/2003 2003/0109(COD)]

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0390/2003) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, relativo al apoyo a la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y a la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina (OAR) [COM(2003) 389 C5-0325/2003 2003/0143(CNS)]

Antes de la votación:

 
  
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  Swoboda (PSE), ponente.(DE) Señor Presidente, a la vista de la declaración de la Comisión de ayer por la tarde, que se mostró muy proclive a acceder a los planteamiento del Parlamento en esta materia, quiero recomendar también que se celebre una votación completa, inclusive sobre la propuesta legislativa.

 
  
  

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0384/2003) del Sr. Sacrédeus, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para los organismos que promueven la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y algunas regiones del mundo no industrializadas [COM(2003) 280 C5-0350/2003 2003/0110(CNS)]

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0368/2003) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa (civic participation) [COM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)]

Antes de la votación:

 
  
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  Pack (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, con la aquiescencia de la ponente, la Sra. Rühle, solicito que se incluya la red de Casas de Europa entre las actividades a subvencionar.

(Aplausos)

 
  
  

(El Parlamento da su conformidad a la presentación de la enmienda oral)

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0371/2003) de la Sra. Frahm, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes [COM(2003) 331 C5-0315/2003 2003/0118(CNS)]

Antes de la votación:

 
  
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  Frahm (GUE/NGL), ponente. (DA) Señor Presidente, con estas propuestas queremos que se pongan en práctica dos acuerdos internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes, denominados también COP. La expresión designa un amplio abanico de sustancias muy perniciosas que se encuentran en todas partes. Incluso se han detectado en la sangre de la Comisaria Wallström. Con eso quiero decir que están en todos nosotros y que afectan al medio ambiente y a nuestra salud, incluso en concentraciones muy pequeñas. Los acuerdos internacionales a que nos vamos a referir se han adoptado para garantizar la abolición gradual de algunas de las sustancias más venenosas del mundo con medidas encaminadas a su eliminación y controles sobre su utilización, importación y exportación, así como sobre las emisiones procedentes de ellas.

Quiero hacer un par de comentarios sobre el fundamento jurídico de la propuesta original de la Comisión, que recomendaba los dos artículos 95 y 175. Dado que el propio Convenio de Estocolmo hace referencia al medio ambiente y a la salud pública, el punto de partida ha de ser el medio ambiente, y por tanto nosotros hemos optado por apostar a favor de la utilización del artículo 175, a saber, el relativo al medio ambiente.

Quiero resaltar asimismo que los dos acuerdos de carácter obligatorio significan que tenemos que eliminar completamente estas sustancias venenosas. Eso significa que hemos de proceder sobre la base del enfoque de cautela. Tenemos que garantizar que el procedimiento para incluir nuevos COP en la lista de sustancias proscritas sea lo menos complicado posible. Hemos de asegurar que nos ceñimos a las existencias actuales sobre la base del principio de «quien contamina, paga». Tenemos que garantizar que no producimos de forma inadvertida contaminantes orgánicos persistentes mediante la incineración de residuos. Eso significa que en Europa hemos de reducir el volumen de residuos, en parte mediante la clasificación y en parte, por medio del reciclado. Por último, hemos de asegurar que los países en vías de desarrollo se encuentran en situación de cumplir estos acuerdos, que también incluyen, por ejemplo, el DDT. Significa que tenemos que estar dispuestos a garantizar la investigación, y el desarrollo, de nuevas sustancias que puedan ser utilizadas y que no posean efectos nocivos. Quiero recomendarles el voto a favor de la propuesta y deseo darles las gracias por su cooperación constructiva, así como a mis colegas diputados por su colaboración firme y altamente constructiva.

 
  
  

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0372/2003) de la Sra. Frahm, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración por la Comunidad Europea del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes [COM(2003) 332 – C5-0318/2003 – 2003/0117(CNS)]

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Propuesta de resolución (B5-0482/2003) sobre las disposiciones financieras del proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa

(El Parlamento aprueba la resolución)

Propuesta de resolución común(1) sobre Euromed

(El Parlamento aprueba la resolución común)

Propuesta de resolución común(2) sobre la Cumbre UE–Rusia

(El Parlamento aprueba la resolución común)

Informe (A5-0378/2003) de la Sra. Napoletano, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa" – (COM(2003) 104 2003/2018(INI))

Sobre la enmienda 10:

 
  
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  Napoletano (PSE), ponente. (IT) Después de las palabras «neighbourhood policy» es necesario añadir las palabras «is not least». Creo que todos estamos de acuerdo en ello.

 
  
  

(El Parlamento da su conformidad a la presentación de la enmienda oral)

(El Parlamento aprueba la resolución)

Propuesta de resolución común(3) sobre la dimensión septentrional

(El Parlamento aprueba la resolución común)

Segundo informe (A5-0370/2003) del Sr. Queiró, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Defensa europea - Cuestiones industriales y de mercado - Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa" [COM(2003) 113 2003/2096(INI)]

Sobre la enmienda 2:

 
  
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  Swoboda (PSE).(EN) Sr. Presidente, me gustaría proponer una enmienda oral a la enmienda 2 para que rece así: '... la mejora de la cooperación e interoperabilidad que son las prioridades en el ámbito de la defensa europea...».

 
  
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  Queiró (UEN), (PT) Señor Presidente, simplemente quiero decir que, como ponente, me opongo a esta enmienda oral, ya que el mismo Grupo ha presentado esta enmienda al considerando b) del informe. Deseo manifestar que cualquiera de estas enmiendas modifica el sentido del considerando b) original, que obtuvo una mayoría de votos en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y que, por consiguiente, continúa mereciendo mi apoyo como ponente. Me estoy refiriendo aquí a la formulación original del considerando b).

 
  
  

(Al haberse levantado más de 32 diputados, la enmienda oral no ha sido tomada en consideración)

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0397/2003) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el proceso de estabilización y asociación para la Europa del Sudeste - Segundo informe anual [COM(2003) 139 2003/2094(INI)]

(El Parlamento aprueba la resolución)

EXPLICACIONES DE VOTO

 
  
  

- Informe Coelho (A5-0398/2003)

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito (PT) Coincidimos en términos generales con las críticas realizadas a la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo sobre SIS II en lo relativo a sus consecuencias para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos (protección de los datos e intimidad) y al uso creciente del SIS como instrumento para la cooperación policial, dentro de un contexto supranacional cada vez mayor si los controles apropiados.

Nuestras principales razones para rechazar esta propuesta son:

la ampliación del SIS II a nuevos ámbitos y funciones, permitiendo el acceso de usuarios no identificados, posiblemente incluso operadores privados;

una amalgama confusa y opaca, de la cual emerge un planteamiento (ultra)federalista exagerado y acelerado: por ejemplo, la perspectiva de creación de un «sistema de información de la UE» único y centralizado, un auténtico «Gran Hermano»;

un enfoque peligroso para la cooperación con terceros países, sobre todo con los Estados Unidos y su «guerra contra el terrorismo»;

una protección de datos insuficiente y mal definida.

Lo que es más urgente por el momento es mantener el sistema estrictamente dentro de los límites para los que fue creado, denegando el acceso a la información a terceros países, garantizando que los organismos nacionales protegen sus datos, de acuerdo con las disposiciones nacionales que rigen en cada Estado, y planteando un debate sobre el sistema, introduciendo una moratoria.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). He votado a favor, aunque temo que algunas de las líneas propuestas para reformar el actual modelo de gestión del Sistema de Información Schengen (SIS) puedan redundar en un control excesivo –que vendría a limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos– o en excesos por parte de las actividades de este Sistema. Creo que una solución podría consistir en una propuesta de creación de una agencia europea dirigida por un consejo de administración compuesto por representantes de las instituciones europeas y los Estados miembros, y financiada totalmente con cargo al presupuesto de la UE y sometido al control del Parlamento Europeo. Ello nos proporcionaría un equilibrio mucho mayor entre la seguridad y la libertad de movimientos de personas y bienes, favoreciendo asimismo los controles realizados por los Estados en sus propias fronteras.

Conscientes de la nueva situación que ha surgido a partir del 11 de septiembre de 2001, hay que garantizar el buen uso de nuestros mecanismos para gestionar y compartir la información, sobre todo las nuevas tecnologías, al fin de controlar nuestras fronteras. Un tema de especial preocupación lo constituye la agilización de los instrumentos de seguridad colectiva a que se refiere esta propuesta. A este respecto, confío en que el acceso de un número mayor de autoridades a los datos del SIS sea moderado y riguroso y estoy convencido de que únicamente podrán acceder los organismos claramente indicados (Europol, Eurojust y las autoridades policiales) y que la justificación para tal acceso será objetiva y documentada, además...

(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.)

 
  
  

- Informe Jarzembowski (A5-0364)

 
  
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  Beysen (NI).(NL) Señor Presidente, desde el punto de vista formal, el tema de la autoasistencia fue el que más atrajo la atención durante el debate sobre la Directiva sobre al acceso al mercado de los servicios portuarios. Esto está justificado, ya que es el que puede tener un mayor impacto social. Durante el proceso, sin embargo, hemos perdido de vista el hecho de que el asunto de la autoasistencia no se puede considerar separadamente de la política de autorizaciones, ya que los Estados miembros pueden someter la autoasistencia a una autorización previa. Es lamentable que hayamos perdido la oportunidad de comunitarizar la política de autorizaciones. Ahora se cierne una nueva batalla competitiva entre los puertos que impongan unos criterios más estrictos y aquellos con otros más permisivos, lo mismo que ocurre a la hora de emitir autorizaciones.

 
  
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  Berthu (NI), por escrito. – (FR) El proyecto de Directiva sobre al acceso al mercado de los servicios portuarios, objeto del informe Jarzembowski, pretendía crear un marco jurídico transparente para los servicios comerciales prestados a título oneroso a los usuarios de los puertos marítimos, y a abrirlos a la competencia.

El objetivo era excelente, y debía permitir hacer los puertos franceses más competitivos.

Sin embargo, el texto tenía poco en cuenta las cuestiones de seguridad y control, que normalmente son prerrogativa del poder público. En particular, no habrían debido entrar en su ámbito de aplicación los servicios de practicaje.

La última versión del texto, tal como resultó del Comité de Conciliación, introducía algunas mejoras al respecto: las autoridades competentes podían limitar estas actividades a un único prestatario por razones de seguridad, y se suprimía la limitación del período de autorización. Por último, los Estados miembros podían decidir reservarse o no el ejercicio del derecho de autorización obligatoria.

A pesar de estas modificaciones, la Directiva seguía siendo insatisfactoria. Personalmente, me he abstenido. Ha sido rechazada por una exigua mayoría.

 
  
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  Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Nos hemos pronunciado ya en dos ocasiones sobre el proyecto de Directiva tendente a liberalizar la prestación de los servicios portuarios en los puertos de la Unión (manipulación de cargas, servicios a los pasajeros, pilotaje, praticaje, remolcado).

Están en juego intereses colosales: intereses económicos y financieros, pero sobre todo intereses sociales y humanos.

Desde nuestra primera votación sobre este expediente, hace ya tres años casi día por día, los socialistas franceses han luchado por salvaguardar el carácter de servicio público de los servicios portuarios.

Al cabo de varias batallas de enmiendas, obtuvimos resultados significativos que permitieron, en particular, excluir los servicios de pilotaje y practicaje del ámbito de la Directiva.

No habiendo podido obtener el mismo éxito con la manipulación de cargas (servicio que prestan los estibadores), nos opusimos ya en segunda lectura (el 11 de marzo de 2003) a un texto que se inscribe en el marco de una política de liberalización a ultranza de todos los medios de transporte europeos.

Hoy, el texto sobre el cual debemos pronunciarnos, tal como ha resultado de la conciliación entre Parlamento y Comisión, representa un retroceso muy claro en todos los puntos por los cuales hemos luchado.

En su estado actual, este texto es inaceptable.

(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT). Acogemos con satisfacción el rechazo de la Directiva sobre los puertos. Este resultado pone fin a una intensa lucha por parte de los sindicatos del sector –que gozaba de nuestro apoyo y el de nuestro Grupo político–, como bien ha podido apreciarse a la vista de las enormes manifestaciones frente al Parlamento Europeo en marzo de este año y en Barcelona y Rotterdam, en septiembre, o incluso esta misma semana, con una petición refrendada por más de 16 000 firmas de trabajadores, además de las huelgas, manifestaciones y demás acciones. Todos los sindicatos del sector se oponían tanto a esta Directiva como al acuerdo alcanzado en la reunión de conciliación entre el Consejo y el Parlamento, que ahora ha quedado rechazado.

Este constituía un elemento más de un paquete global comprendido en la denominada «Estrategia de Lisboa», que pretende agilizar el proceso de las liberalizaciones y de la apertura de los mercados en diferentes sectores, desde los servicios postales hasta los portuarios. Ello no solo representa un ataque colosal contra el sector público, sino que pone en duda el propio concepto de servicio público. El acuerdo que acaba de ser rechazado fomentaría, al introducir el principio de la autoasistencia, el dúmping social y la degradación progresiva de las condiciones salariales y laborales de los estibadores. El acuerdo no reconocía el carácter de servicio público de los servicios portuarios, y dejaba todo supeditado a las leyes del mercado y la primacía de la competencia. Ni siquiera aceptaba el sistema de autorización previa para los prestadores de servicios.

 
  
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  Lang (NI), por escrito. – (FR) Desde hace meses, Bruselas y los Gobiernos se han mostrado indiferentes a la suerte de los trabajadores de los servicios portuarios europeos, en particular de los estibadores de los puertos franceses.

En efecto, estos últimos son los que pagarán más caro esta miserable ofensiva ultraliberal, antinacional y antisocial lanzada contra una profesión injustamente estigmatizada. Las supuestas «garantías» introducidas en materia de autoasistencia no engañan a nadie: este dispositivo, querido y preparado por el potente lobby de los armadores, planifica la próxima desaparición del personal de estiba portuario.

Más exactamente, la Directiva felizmente rechazada hoy habría abierto la puerta de par en par a la contratación masiva de mano de obra extranjera de origen extracomunitario, mano de obra barata destinada a sustituir a los hombres y mujeres que, gracias a su profesionalidad y desvelo, garantizan la competitividad de nuestros puertos.

Con la complicidad de Gobiernos cada vez más antinacionales (y en particular las autoridades francesas), Bruselas impone brutalmente su ideología euromundialista de mercados abiertos, con su corolario, la preferencia a la contratación de mano de obra extranjera.

El Front National, preocupado por defender los intereses de los trabajadores franceses primero, recuerda enérgicamente su oposición a este instrumento legislativo escandaloso.

Los diputados del Front National han votado, pues, en contra del informe Jarzembowski.

 
  
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  Martinez (NI), por escrito. – (FR) La Comisión Europea prosigue sus esfuerzos por construir de una zona mundial de libre comercio desbocado en la que los trabajadores de los Estados del Sur, cuya única ventaja competitiva es su pobreza, son utilizados en contra de los trabajadores del hemisferio Norte.

Esta estrategia de regresión, que ha herido ya a las mujeres y los hombres de las industrias textil, del cuero, de la siderurgia, del carbón o de la electrónica, por no hablar del campo, se aplica hoy al sector de los servicios. Siempre en nombre del ultraliberalismo planetario. He aquí por qué Bruselas ataca los servicios portuarios, la carga y descarga, a los pilotos y a los estibadores. Sin preocuparse por la seguridad y desmantelando las conquistas sociales de un siglo de luchas, los ideólogos del eurofederalismo y los talibanes del libre comercio quieren embarcar mano de obra inmigrada de Asia y del Tercer Mundo en sus buques mercantes, a menudo bajo pabellón de conveniencia, para efectuar en los puertos de Sète a Burdeos o de Marsella a Dunkerque, Le Havre o Anvers, todos los trabajos y servicios en lugar de los trabajadores nacionales.

Yo, que represento a la ciudad de Sète en el Parlamento Europeo, y el movimiento dirigido por Jean-Marie Le Pen, tenemos que decir no a esta política de negreros del libre comercio planetario que es el azote de las naciones.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). Acojo con beneplácito el resultado alcanzado en la conciliación y he declarado por escrito mi voto a favor.

En el transcurso de este proceso complejo, el texto ha variado notablemente, desde una versión que era muy negativa en aspectos esenciales, hasta otra que plantea soluciones equilibradas que han de traducirse en unas reglas más claras y más transparentes sobre el acceso del mercado de servicios portuarios. Para quienes deseen acceder a este mercado, naturalmente.

La polémica «autoasistencia» quedaría restringida a la operación por la propia tripulación del barco y en coordinación con el operador portuario competente. En el caso del practicaje, se dejaría a los Estados miembros suficiente margen para someter a la necesaria autorización las normas y cualificaciones exigentes. Por último, se respetaría el amplio marco del principio de subsidiariedad. Todos y cada uno de los puertos o sistemas portuarios estaría obligado a proporcionar información acerca de sus propias relaciones financieras, evitándose así distorsiones de la competencia.

Creo, por tanto, que se ha tratado de un resultado positivo, naturalmente dentro de lo que era posible, dada la composición de los intereses en cuestión y la controversia que ha suscitado el tema.

Lamento que la conciliación haya sido rechazada por un margen estrecho. Me temo que retrocederemos a la situación más desfavorable de este proceso, retardando muchos años el desarrollo portuario. Estoy igualmente sorprendido de que, en la votación final, más de una docena de dispositivos de voto –todos ellos pertenecientes a diputados que iban a votar a favor– dejaran de funcionar por alguna extraña razón y que, a pesar de sus quejas inmediatas, el Presidente no repitiera la votación.

 
  
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  Souchet (NI), por escrito. – (FR) Los diputados del Mouvement Pour la France aprueban el objetivo de transparencia en materia de acceso al mercado de los servicios portuarios. Las empresas del sector deben disfrutar de plena igualdad de trato.

Sin embargo, defendemos a ultranza la seguridad de nuestros puertos. A falta de normas suficientemente estrictas y de criterios de selección suficientemente rigurosos, algunas operaciones esenciales desde este punto de vista, en particular de autoasistencia y de pilotaje, podrían ser confiadas por armadores poco escrupulosos a personal de tripulación mal formado y mal pagado, transformando así nuestros puertos en auténticos puertos de conveniencia.

Porque nos oponemos absolutamente a esta deriva, hemos votado en contra de las medidas propuestas por el Comité de Conciliación, que pueden favorecer la desorganización de servicios directamente ligados a la seguridad de nuestros puertos. Consideramos, en particular, que los servicios de pilotaje constituyen un servicio público de seguridad marítima que no depende de medidas destinadas a organizar servicios portuarios de valor comercial.

Justo un año después del naufragio del Prestige, condenamos sin paliativos la actitud común de la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que abre la vía a una relajación inoportuna del esfuerzo de gestión del riesgo en nuestros puertos.

 
  
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  Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Por una mayoría de 229 votos a favor y 209 votos en contra, hemos rechazado el informe Jarzembowski, que introducía el riesgo de que se produjeran catástrofes del tipo del Erika, el Tricolor o el Prestige, que hasta ahora solo han ocurrido en alta mar, en el interior de los puertos europeos. Aplaudo el rechazo de esta Directiva.

En efecto, esta Directiva proponía ni más ni menos que generalizar los puertos de conveniencia y el dúmping social en detrimento de la seguridad, de los trabajadores y del medio ambiente. Autorizaba el empleo de mano de obra sin experiencia, no formada y precaria para la manipulación de su propia carga. Habría puesto en peligro las condiciones laborales de los trabajadores de los puertos, y especialmente las de los estibadores. Lo mismo ocurría con las demás profesiones, como los pilotos, los remolcadores y los prácticos, poniendo en peligro la calidad y la independencia del servicio prestado. Los estibadores nos habían advertido de los peligros de esta Directiva con varias huelgas a escala europea. En el lapso de una semana, una petición europea recogió más de 20 000 firmas en contra de la liberalización, fiel reflejo de la preocupación de todo el sector. Nosotros, los políticos, debemos seguir escuchando a estos profesionales y crear a escala europea unos servicios portuarios públicos, que es el único modo de garantizar la seguridad, la regularidad, la calidad, las conquistas sociales y el respeto del medio ambiente. Deseamos que esta derrota de los defensores del liberalismo sea definitiva, y no una mera tregua.

 
  
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  Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) Sí a la liberalización, pero en buenas condiciones.

Estoy a favor de la apertura a la competencia de los servicios portuarios, pero en condiciones de seguridad satisfactorias.

He optado por abstenerme sobre el compromiso resultante de la conciliación porque el resultado de las negociaciones institucionales no se corresponde con el trabajo realizado durante más de dos años. Si se hubiera aprobado el texto tal como está, la apertura a la competencia se efectuaría en unas condiciones muy lejanas de la realidad portuaria y, lo que es más grave, en detrimento de la seguridad marítima.

En cuanto a la cuestión de la autoasistencia, habría habido que adoptar una reglamentación que garantizara que será practicada por personas cualificadas para cada una de las prestaciones efectuadas, cosa que la redacción actual no prevé.

Estoy a favor de la apertura a la competencia progresiva y estoy convencida de sus consecuencias económicas positivas, pero todo esto hay que prepararlo como es debido. Como representante electa de una ciudad costera, considero que la redacción del texto no se ajusta a la realidad sobre el terreno. Hay que preparar ese cambio radical en la vida portuaria de otro modo; lo ideal es que cada servicio portuario sea objeto de una reglamentación específica y no englobada, como ocurre en esta última propuesta, en un paquete «cajón de sastre». Espero que las futuras propuestas de la Comisión se basen en este enfoque alternativo.

 
  
  

- Informe Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0396/2003)

 
  
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  Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Señor Presidente, quiero manifestar que la mayoría de mi Grupo político se ha abstenido o ha votado en contra el informe, dado que el resultado final no era el que deseábamos como continuación del empeño en favor de un plan de acción comunitario para las organizaciones de mujeres en el ámbito de la igualdad.

La propuesta del pleno no es la que queríamos. Deseamos que exista una igualdad de distribución y una igualdad de derechos entre las organizaciones de mujeres. Reconocemos que el papel y la labor del Lobby Europeo de Mujeres debe salvaguardarse pero, al mismo tiempo, es necesario conceder a otras organizaciones la oportunidad de disfrutar de un programa de acción viable. Eso no se desprendía de la propuesta del Parlamento; al contrario, el Parlamento sostiene que debe existir un trato discriminatorio entre organizaciones y que aquellas que no pertenezcan al Lobby Europeo de Mujeres, deben estar encuadradas en una «segunda categoría».

Esa no es nuestra propuesta, razón por la cual no aprobamos el resultado final. Consideramos que este programa representa una oportunidad para demostrar que creemos en el pluralismo y en la diversidad de metas y de intereses de las organizaciones de mujeres, así como de proporcionarles la oportunidad, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, de manifestar toda su riqueza. Creemos que constituye un apoyo fundamental para nuestra democracia y nuestro Grupo político continuará trabajando en esta dirección.

 
  
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  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE), por escrito. (SV) El principio de subsidiariedad es importante para nosotros. Queremos ver una UE limitada y eficiente abordando los problemas transfronterizos. En la medida en que la igualdad es un tema político, creemos que es un ámbito de responsabilidad para los Estados miembros. En consecuencia, no deseamos que la UE utilice su presupuesto para repartir subvenciones a organizaciones preocupadas de la igualdad de géneros.

Por tanto, nos hemos abstenido a la hora de votar este tema.

 
  
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  Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Felicito a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por su excelente informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, que respaldo plenamente, sobre todo en lo concerniente a la necesidad de que este programa garantice que las diferentes organizaciones de mujeres emprendan acciones de alta calidad que se prolonguen el tiempo que precisen para alcanzar su objetivo.

Quiero subrayar asimismo que la puesta en práctica de este programa no debe provocar recortes en otros programas o subvenciones para la ejecución de temas prioritarios anuales fijados por la Unión en este terreno, tales como la igualdad de salarios, la participación en la toma de decisiones y la articulación de vida profesional y vida familiar.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) He votado a favor de las enmiendas de la ponente encaminadas a mejorar significativamente el texto de la Comisión.

Condeno la existencia de mecanismos que atribuyen un carácter único, que crean situaciones de privilegio y de discriminación que violan los propios derechos fundamentales, concretamente los consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, ya que estos mecanismos imponen condiciones a, o incluso van en contra de, los principios básicos de las estructuras sociales. A este hecho han aludido diversas organizaciones de mujeres que trabajan en este campo a escala europea y que se siente discriminadas. En concreto, resaltaría la enmienda 4, con la esperanza de que el texto final de la Decisión progrese abiertamente en esta dirección. Todas las disposiciones que privilegian al Lobby Europeo de Mujeres sobre otras organizaciones son políticamente injustas y legalmente discutibles. Coincido sobre todo con la intervención de la Sra. Lulling durante el debate. No puedo estar más a favor de que se concedan subvenciones a las organizaciones de mujeres, pero al igual que en todos los demás sectores, tenemos que garantizar y promover la pluralidad de intereses específicos y de una visión específica de las mujeres.

A la luz de las votaciones en la comisión especializada, me he visto obligado a votar en contra del informe en la votación global y esperaré a la segunda lectura.

 
  
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  Sacrédeus (PPE-DE), por escrito. (SV) He votado en contra del informe en su conjunto y he respaldado así a la ponente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou. Sigue existiendo un trato injusto a la hora de distribuir las ayudas financieras entre aquellas organizaciones que forman parte del Lobby Europeo de Mujeres y las que han optado por no adherirse a esta organización paraguas.

Aun cuando, gracias a la acción de los demócrata-cristianos, no siga existiendo la situación de monopolio, el Parlamento Europeo y la Comisión quieren seguir discriminando contra las organizaciones de mujeres fuera del Lobby Europeo de Mujeres, imponiendo ciertos requisitos especiales de adhesión y aprobando solo dichas actividades cuando son realizadas por organizaciones que combaten los abusos contra las mujeres.

Lo encuentro injusto y difícil de comprender, y recomiendo un trato justo y equitativo.

 
  
  

- Informe Swoboda (A5-0390/2003)

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Al igual que el ponente, considero que transferir al primer pilar de las actividades de la Unión la financiación de los costes administrativos relacionados con la actividad del Coordinador Especial para la Europa Sudoriental y su oficina debería realizarse «respetando las competencias de cada institución y debe facilitar el refuerzo del acompañamiento y control político de las actividades del Pacto de Estabilidad por parte de las instituciones europeas con el fin de asegurar su complementariedad con el proceso de estabilización y asociación».

Dentro de este contexto, y dada la importancia de la tarea, respaldo la propuesta de que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa debe disponer de la oportunidad de celebrar una audiencia sobre la persona nombrada por la Comisión y debe tener la opción de ratificar o rechazar dicho nombramiento.

La finalidad de las enmiendas propuestas es, por consiguiente, garantizar la participación del Parlamento Europeo en este proceso de toma de decisiones relativo al nombramiento del Coordinador Especial, así como establecer un límite para la duración del mandato de la persona nombrada.

Considero interesante la propuesta del ponente en cuanto a que el «Pacto de Estabilidad para la Europa Sudoriental» pueda convertirse en una tarea permanente de la Unión Europea, con la subsiguiente creación de nuevas estructuras administrativas permanentes, aun cuando la idoneidad, proporcionalidad y viabilidad de esta propuesta haya que evaluarlas a la luz de los objetivos planteados.

He votado a favor.

 
  
  

- Informe Sacrédeus (A5-0384/2003)

 
  
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  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE), por escrito. (SV) En el Partido Moderado siempre hemos defendido el parecer de que las organizaciones sin ánimo de lucro son más eficaces que las organizaciones estatales a la hora de combatir la indigencia y las privaciones en el mundo no industrializado. Por regla general, los fondos asignados se aprovechan mejor mediante tales acuerdos.

Naturalmente, este mismo razonamiento resulta válido para la labor de desarrollo y la cooperación recíproca con países en vías de desarrollo por parte de la UE. Por tanto, hemos votado a favor del informe. No obstante, las organizaciones perceptoras de ayuda de la UE tienen que ser seleccionadas de forma objetiva y sin prejuicios.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). He votado a favor del informe porque creo que las enmiendas presentadas por el ponente mejorar la redacción de la propuesta de la Comisión, al introducir criterio que son factibles, racionales y, al mismo tiempo, humanos. Aunque por una parte existe un intento de evitar la duplicación de los gastos y por mejorar la coordinación de las actividades a fin de prevenir una pérdida de esfuerzos y de inversiones, por la otra el informe se preocupa especialmente de garantizar que a la dignidad de la persona humana –que está tan desatendida en las regiones menos desarrolladas– se le presta el respeto que merece, así como el conocimiento y comprensión recíprocos, unos factores que deberían regir todas las políticas de la Unión dirigidas a terceros países y Estados.

Estoy de acuerdo con la afirmación del ponente en cuanto a que el diálogo entre culturas y civilizaciones tiene que desempeñar ahora, más que nunca, un papel vital para asegurar la paz y la estabilidad en el mundo. Lo mismo resulta válido para el respecto universal por los derechos humanos.

Quiero resaltar la cobertura geográfica del programa, ya que debería facilitar un diálogo más estrecho con los países de África y Latinoamérica (los países ALA), los países de la asociación euromediterránea (países MEDA), los países de la antigua URSS (países TACIS), los países de la antigua Yugoslavia (países CARDS) y los países candidatos a la adhesión.

 
  
  

- Informe Rühle (A5-0368/2003)

 
  
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  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE), por escrito. (SV) El gran reto a que se enfrenta ahora la UE es el de generar el entendimiento nacional para las medidas transfronterizas y la cooperación europea, nacido del convencimiento de que un enfoque nacional no basta cuando se trata de todos y cada uno de los temas. Tiene que existir un planteamiento integrado para la cuestión europea, que se produzca a escala europea y dentro de los partidos nacionales y la sociedad civil, y el tema tiene que ser, por encima de todo, parte integrante de la conciencia política de los europeos. Si la percepción de los ciudadanos es que los políticos y los administradores elaboran material de tipo propagandístico, esto puede resultar contraproducente para la idea de Europa. Por el contrario, hay que crear comprensión con respecto a aquellos temas a los que los ciudadanos se enfrentan en sus vidas cotidianas y que consideran imposibles de resolver sobre la base desde una perspectiva nacional. Siempre existe el peligro de la arbitrariedad a la hora de asignar y distribuir este tipo de ayuda pública. Por tanto, hemos optado por abstenernos a la hora de votar este tema.

 
  
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  Marques (PPE-DE), (PT). (PT) Felicito a la Sra. Rühle por el informe que ha elaborado sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa, al que otorgo mi voto, concretamente por la necesidad de apoyar a las organizaciones que trabajan en el ámbito de promover la ciudadanía europea activa.

Quiero resaltar asimismo que no basta con desarrollar el concepto de ciudadanía desde un punto de vista jurídico para ejercer los derechos otorgados por el acervo comunitario. Los ciudadanos deben estar involucrados en el desarrollo del proyecto europeo y hay que aproximarlos a la realidad europea. La consecución de este objetivo va a requerir específicamente difundir, de forma exhaustiva y eficaz, los valores y objetivos de la Unión, utilizando los medios de comunicación, por ejemplo, y haciendo participar a los ciudadanos de la Comunidad en discusiones y debates sobre la integración europea, confiando en el efecto multiplicador de dar a conocer sus opiniones.

Quiero también resaltar que la promoción la ciudadanía activa debe realizarse para la totalidad de los ciudadanos de la Unión, sin olvidar en ningún caso a aquellos que viven en regiones alejadas del centro de Europa, en concreto los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). He respaldado este informe, aunque pienso que el problema muchas veces es otro y que tiene fundamentalmente una naturaleza política más amplia.

Ya he formulado algunas observaciones acerca de los aspectos técnicos durante mi intervención en el debate en la sesión plenaria. No obstante, quiero criticar el flagrante favoritismo en el proceso de identificar organizaciones que se han de beneficiar del generoso apoyo financiero de la Comunidad, que al margen de ser discriminatorio y contrario a un entendimiento correcto de los derechos fundamentales, es totalmente contraproducente. Ese tipo de planteamiento confunde a los ciudadanos y aumenta su desconfianza en vez de acercarlos. El exiguo interés por parte de los ciudadanos europeos respecto de los asuntos europeos pone claramente de manifiesto la necesidad urgente de adaptar algunas variables y de revisar las políticas y las actitudes de fondo.

 
  
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  Vairinhos (PSE), (PT) El concepto de «ciudadanía europea» no debe constituir un argumento exclusivamente jurídico. Hay que fomentar el diálogo entre los ciudadanos y las instituciones europeas y hay que fortalecer las estructuras intermedias que enlazan a los ciudadanos con la Unión Europea y sus instituciones: «medios de comunicación, Parlamentos nacionales, etc.». Para tal fin yo subrayo le necesidad de continuar apoyando los esquemas de «hermanamientos» de ciudades entre los diferentes pueblos de la Unión, dado el importante papel que desempeñan en la promoción de la identidad ciudadana y la comprensión mutua entre los pueblos de Europa. Resulta importante garantizar la dotación de subvenciones suficientes y sostenibles para apoyar los hermanamientos.

 
  
  

- Informe Frahm (A5-0372/2003)

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). Como ya he manifestado en otras tantas ocasiones, apoyo las medidas que realizan una contribución eficaz y activa a elevar los patrones de calidad medioambiental. Esta propuesta busca proteger la salud humana y el entorno de los contaminantes orgánicos persistentes (COP), que son sustancias químicas que permanecen en el medio ambiente, se acumulan en los organismos vivos por medio de la red trófica –una compleja interacción en red de las cadenas alimentarias– y en consecuencia corren el riesgo de tener efectos nocivos y particularmente prolongados sobre la salud humana y el medio ambiente. Estos contaminantes son transportados muy lejos de su origen, traspasan las fronteras internacionales y pueden afectar, incluso, a regiones en las que jamás han sido utilizados o producidos.

Estas propuestas plantean la integración de estos dos acuerdos internacionales en el marco jurídico de la Comunidad. En lo que respecta a la Convención de Estocolmo, sobre la base de su refrendo por parte de la Unión Europea y todos sus Estados miembros el 22 de mayo de 2001.

Esto merece mi total apoyo.

 
  
  

- D (B5-0482/2003)

 
  
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  Corbett (PSE).(EN) Sr. Presidente, en nombre de mi Grupo me gustaría destacar que apoyamos con mucha firmeza esta resolución. En la Conferencia Intergubernamental, varios Gobiernos ya han presentado numerosas enmiendas al proyecto de Constitución. Esto acarrea el peligro de que el proyecto de Constitución resulte confuso, a medida que cada Gobierno lo despoja de pequeños pasajes al oponerse a distintos puntos.

Aparte de eso, los Consejos sectoriales –las distintas formaciones del Consejo integradas por Ministros de los respectivos ramos– presentan de repente nuevas propuestas en plena Conferencia Intergubernamental. Estas propuestas se refieren a los ramos concretos de estos Ministros y no adoptan una visión de conjunto. Estas propuestas pretenden, por vez primera, reducir las competencias presupuestarias de este Parlamento en relación con la situación actual. Consideramos que este hecho constituye una manera de proceder alarmante e inaceptable. Estas posiciones no fueron adoptadas por ningún Gobierno, ni al principio ni al final de la Convención, ni al principio de la Conferencia Intergubernamental. El hecho de que los Ministros sectoriales presenten de buenas a primeras, en plena Conferencia Intergubernamental, nuevas cuestiones que ni siquiera formaban parte de las presentadas por sus Gobiernos para ser debatidas en la Conferencia Intergubernamental, supone una nueva amenaza y un nuevo peligro. Por ello todo mi Grupo ha apoyado con tanto vigor la resolución que acabamos de aprobar.

 
  
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  Berthu (NI), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo está indignado con la iniciativa de los Ministros de Hacienda nacionales, que han pedido a la Conferencia Intergubernamental que revise en profundidad las disposiciones presupuestarias del proyecto de Constitución europea. En efecto, considera que los Ministros quieren menoscabar sus poderes y restablecer los de los Estados miembros.

De hecho, habría que estar indignado más bien con el proyecto de Convención, que, teledirigido por las instituciones europeas, ha conseguido introducir en los artículos relativos a las finanzas de la Unión un fortísimo aumento de los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo, tendente a darle las mismas competencias que a un Parlamento nacional, salvo para recaudar impuestos; es más, ha encargado al Consejo que legisle sobre las «modalidades» relativas a los recursos propios de la Unión, abriendo así las puertas a un futuro desarrollo a favor del establecimiento de poderes de recaudación fiscal.

En la medida en que son los Estados miembros los que financian a la Unión –una norma excelente–, es normal que tengan la última palabra sobre el presupuesto, o al menos sobre el marco financiero plurianual. De no ser así, el Parlamento Europeo sería libre de votar gastos acordes con su concepción expansiva de sus propias competencias.

En consecuencia, la iniciativa de los Ministros de Hacienda nos parece justificada, y nos hemos negado a votar a favor de la Resolución del Parlamento Europeo.

 
  
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  Evans, Jonathan y Stenmarck (PPE-DE), por escrito. (EN) Los diputados conservadores y del Partido Moderado consideran que la decisión acerca de las perspectivas financieras debe ser tomada por los Estados por unanimidad y que el Parlamento Europeo no debe participar en ese proceso.

Sin embargo, estimamos que una vez establecidas las perspectivas financieras el Parlamento Europeo y el Consejo deben estar en pie de igualdad a la hora de decidir la forma en que debe gastarse el dinero.

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL), (PT) Hemos rechazado esta tentativa de imponer un pseudoproceso constitucional para legitimar el documento de la Convención y estamos en desacuerdo con el apoyo manifestado a las disposiciones financieras que establece. Estas disposiciones pretenden provocar un cambio notable de fondo en relación con el Tratado existente, incluyendo la perspectiva financiera y la aprobación presupuestaria en la denominada «Constitución». En otras palabras, desean transformar el acuerdo interinstitucional actual y dotar de carácter constitucional a la perspectiva financiera, erigiendo una barrera mayor, no solo para su revisión o modificación, sino condicionando la aprobación del presupuesto anual al límite superior de la perspectiva financiera, como se desprende claramente de la lectura del apartado 5 del artículo 52 y el apartado 3 del artículo 54, así como de las disposiciones del artículo III–308.

Siempre hemos abogado por unas perspectivas financieras que salvaguarden el principio de la cohesión económica y social en una UE ampliada y no debemos olvidar que el presupuesto actual es el más bajo desde 1987, en términos relativos, o dicho de otra forma, menos del 1% de la RNB de la Comunidad, lo cual obliga a una revisión de las perspectivas financieras.

En cuanto a la enmienda relativa al referendo sobre los resultados de la CIG, quiero decir que nuestro voto a favor del referendo es inequívoco y deja claro que estamos en contra de un referendo europeo o uno que se celebre el mismo día que las elecciones europeas, y que exigimos que se respeten las leyes constitucionales de los Estados miembros.

 
  
  

- Euromed (B5-0471/2003)

 
  
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  Alyssandrakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La política de la UE respecto de los demás países del Mediterráneo se está haciendo cada vez más agresiva. Su finalidad básica consiste en convertir estos países en sus satélites, penetrar en sus mercados y explotar sus gentes y su riqueza.

Concretamente, la UE está demandando el alineamiento en temas de «terrorismo», cooperación judicial y policial, incluso la participación en sus actuaciones dentro del marco de política exterior y política de defensa, ofreciendo adiestramiento para el personal político y militar necesario. Al mismo tiempo está exigiendo privatización y liberalización, incluso en el sector de servicios, mientras promete inversiones solo en el sector privado. Y por si todo eso no fuera suficiente, está intentando sacar adelante acuerdos para la expulsión de inmigrantes.

En estas circunstancias, suena ridículo hablar de diálogo entre civilizaciones y nos preguntamos a qué finalidad ha de servir la conferencia parlamentaria propuesta.

La resolución del Parlamento Europeo sigue esta línea y, al tiempo que imparte lecciones acerca de los derechos humanos, no dice ni una palabra acerca de su flagrante violación en Turquía o acerca de la ocupación de Chipre, mientras que se despacha el tema de Palestina en la forma acostumbrada de acomodarse en la barrera entre el verdugo y la víctima. Resulta más que evidente que el desarrollo del Mediterráneo no sobrevendrá a través de la cooperación con la UE.

Esa es la razón por la que los diputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la resolución.

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Se habla aquí de relanzar la cooperación euromediterránea. Los pueblos que viven alrededor del Mediterráneo no han necesitado una votación del Parlamento Europeo para tejer relaciones entre sí desde tiempos inmemoriales. Durante milenios, el Mediterráneo no ha sido un obstáculo, sino un vínculo entre los pueblos.

Pero es significativo que, en este siglo XXI, en el que existen medios materiales para que la humanidad forme una sola comunidad unida y fraternal, la sociedad avance hacia atrás. Cuando, gracias a los medios de transporte modernos, el Mediterráneo no es ya, por así decir, una barrera física, lo rodeamos de alambradas jurídicas y materiales. Los que viven al sur del Mediterráneo, del Marruecos gobernado por «nuestro amigo, el rey», de la Argelia gobernada por la doble dictadura de los militares y los fundamentalistas islámicos, y de Túnez, que solo la diplomacia francesa considera democrática, tienen cada vez más dificultades simplemente para venir a Francia, cuando existen mil lazos entre estos pueblos del sur y del norte del Mediterráneo.

Entonces, para poder hablar de «cooperación euromediterránea», lo mínimo sería permitir a los nacionales del Magreb que viven en Francia vivir en este país dignamente, como seres humanos del siglo XXI, con o sin papeles. Habría que concederles todos los derechos civiles, en particular el derecho de voto y la libertad de circular por toda la Unión Europea.

En lugar de abrir un poquito las fronteras entre los países de Europa para cerrarlas todavía más hacia el exterior, Europa debe ser una Europa abierta, que comparta sus medios con los pueblos de los países que durante tanto tiempo ha expoliado, colonizado y explotado.

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL), (PT) La resolución contiene puntos con los que estoy de acuerdo, concretamente el objetivo de establecer una «auténtica cooperación equitativa» en el Mediterráneo, el apoyo a «las fuerzas que operan en Israel y Palestina en favor de una solución justa al conflicto», «su oposición a la práctica de la pena de muerte» y fijar una moratoria o el compromiso activo de la UE para «alcanzar una solución al conflicto del Sahara Occidental».

Tengo que recalcar, no obstante, que entre otros aspectos:

la resolución aboga por una «política de apertura económica y de liberalización interna en los países socios» y alienta «la generalización de procesos de cooperación Sur-Sur como único medio para llegar a una zona de libre comercio», que es el auténtico dogma del capitalismo neoliberal;

defiende la política represiva actual de la UE en materia de inmigración, cuando sugiere como medida prioritaria «fomentar los esfuerzos en materia de readmisión en los países de origen y de tránsito» y rechaza enmiendas presentadas por mi Grupo condenando la reciente creación de «charters europeos» para expulsar a los extranjeros. Recordemos que tales acciones están prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos;

la resolución no critica la política del Gobierno israelí de ocupar Palestina y reprimir al pueblo palestino.

De ahí mi voto en contra.

 
  
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  Queiró (UEN), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución sobre Euromed porque creo que también deberíamos mirar hacia el Sur, donde el Mediterráneo, África del Norte y el Oriente Próximo entrañan la máxima importancia para la Unión Europea y no solo por razones de geografía. Nuestra asociación política y estratégica tiene que ir, por tanto, decididamente más allá del plano económico y financiero e intentar salvar el abismo que existe entre los niveles de vida actuales en las diferentes partes del Mediterráneo.

Contribuir a la privatización de las economías, al apoyo de las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, que ayudan a estabilizar la inmigración en los países de origen, y contribuir a eliminar el analfabetismo, aceptando la educación como uno de los factores más importantes para el desarrollo, y aumentar la cooperación en el ámbito de la justicia, la lucha contra la droga, el delito organizado y el terrorismo, constituyen prioridades clave que se suman al diálogo entre culturas y civilizaciones.

Por consiguiente, queda mucho por hacer, comenzando por la institucionalización de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. Espero, pues, que la Conferencia Ministerial de Nápoles sea un éxito.

 
  
  

- Cumbre UE/Rusia (B5-0479/2003)

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) En esta propuesta de Resolución común, hay sus más y sus menos. Hay algunas protestas contra la guerra de Putin en Chechenia, pero también autofelicitaciones por los progresos en el buen entendimiento en materia de cooperación policial, por no hablar de la esperanza de que continúe «el progreso realizado en Rusia para crear un clima propicio al desarrollo del comercio y la inversión por parte de empresas rusas y extranjeras».

Hemos votado a favor de las enmiendas que protestan contra la guerra en Chechenia y nos hemos abstenido sobre el resto de la Resolución.

Hay que destacar que, mientras el Parlamento Europeo se dispone a expresarse en contra de «las violaciones de los derechos humanos en Chechenia», los Jefes de Estado europeos, de Berlusconi a Chirac, se pelean por recibir a Putin. Es cierto que «Dios los cría y ellos se juntan» y que los Estados de los grandes países occidentales tienen en su cuenta tantas y más guerras de opresión que Rusia.

 
  
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  Queiró (UEN), por escrito. - (PT). Rusia es indudablemente un país de notable importancia estratégica, no solo en cuanto al desarrollo de los valores democráticos, sino también de la mejora del Espacio Económico Europeo Común. Sin embargo, no debemos permitir que nuestra visión de Rusia como país asociado o incluso aliado nos impida abordar verdaderamente cualquier problema potencial allí. Sin pretender, ni por un momento, cuestionar la integridad territorial o la soberanía de Rusia, el hecho es que existen varios asuntos ante los que no podemos hacer la vista gorda. Nuestra preocupación por la crisis actual en Chechenia, con la llegada constante de informes acerca de graves violaciones de los derechos humanos, nos obliga a mantenerlo como un tema especial en el orden del día de Europa y solicitar a las autoridades rusas que reabran negociaciones con todas las partes implicadas, a fin de encontrar una solución política al conflicto. Aunque este tema no estaba contemplado en las conclusiones de la Cumbre UE–Rusia más reciente, su inclusión en la propuesta del Parlamento Europeo ha decidido mi voto a favor, ya que el párrafo criticando a la Presidencia italiana, que podría haber decantado mi voto en el sentido contrario, se ha votado por separado, y en consecuencia he tenido la oportunidad de manifestar mi oposición al mismo.

 
  
  

- Informe Napoletano (A5-0378/2003)

 
  
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  Patakis (GUE/NGL) , por escrito. – (EL) La comunicación de la Comisión hace suya y pormenoriza la doctrina Solana presentada en la cumbre de Salónica, fijando las prioridades para la política exterior de la Unión.

A raíz de la ampliación, dentro del marco de la competencia con los Estados Unidos por dividir en dos el planeta, la UE está tratando de controlar a sus nuevos vecinos del Este y el Sur. Los textos hablan, temerariamente, de crear un «círculo de cooperación» al tiempo que reflejan una coacción directa o indirecta y el palo va detrás de la zanahoria. Por ejemplo, para las regiones de Transdniéster y de Moldova, que se consideran focos de inestabilidad, se ha estudiado la posibilidad de enviar incluso fuerzas militares, mientras que a Ucrania se le ofrece la zanahoria de convertirse en aspirante a la adhesión en la Unión Europea al fin de detener su incorporación a la KEK.

También se plantea la posibilidad de crear una Zona de Libre Comercio, siempre y cuando liberalicen sus mercados y se adhieran al mercado único de la UE, o dicho en otras palabras, una vez que se haya autorizado a los monopolios de Europa Occidental a irrumpir y saquear sus economías.

En lo concerniente a la seguridad de las fronteras, la posición de la UE se puede resumir como sigue: vallas electrificadas para inmigrantes y «terroristas», puertas abiertas para el comercio.

Votamos en contra del informe porque respalda el refuerzo del intervencionismo político y militar de la Unión Europa, aboga en contra del derecho de toda pueblo a elegir su propio camino hacia el desarrollo social y económico y añade nuevas amenazas para la paz.

 
  
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  Queiró (UEN), por escrito. (PT) Con la ampliación venidera, los futuros Estados miembros de la Unión Europea entrarán en contacto con países que, aunque comparten diversas estrategias y asociaciones con la UE, no poseen ningún vínculo institucional de carácter comunitario con la Unión. Así las cosas, la estabilidad y seguridad de todo el continente europeo depende del desarrollo de mejores relaciones entre todos sus Estados: las de la Unión Europea con sus nuevos vecinos, por una parte, y las de estos nuevos vecinos entre sí, por otra. Por tanto, una política de buenas relaciones mutuas entre vecinos no solo resulta deseable, sino vital.

Dado que no existen planes para el futuro previsible en cuanto a nuevas ampliaciones, a pesar de las enormes expectativas de muchos de los nuevos países vecinos, y toda vez que la ampliación es un proceso políticamente autónomo, el objetivo debe consistir en crear una estrategia inclusiva en cuanto a las relaciones con los Estados limítrofes con la Unión ampliada que por ahora no dispone de un encuadre adecuado y que, por consiguiente, es el encuadre que estamos planteando ahora. Como ha explicado la ponente, el objetivo consiste en avanzar más allá del planteamiento de relaciones bilaterales entre la Unión Europea y cada uno de los países en cuestión, favoreciendo las relaciones con todos estos países en su conjunto, y al mismo tiempo alentando a todos estos países a desarrollar unas relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas entre ellos.

Por consiguiente, he votado a favor del informe.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). Desde hace muchos años, Europa se ha promocionado como un crisol de muchas culturas diferentes, cuya constante mescolanza ha producido un impacto en todo el mundo. Europa ha crecido, se ha desarrollado y, por último, se ha fusionado como resultado de sus fecundas relaciones con pueblos y culturas de todo el mundo, comenzando obviamente por sus vecinos más allegados. En consecuencia, considero esta Comunicación de la Comisión Europea de la máxima importancia, ya que constituye una prueba del cumplimiento de una misión y una responsabilidad históricas y me complace enormemente poder constatarlo.

Estoy de acuerdo con la idea de crear zonas de cooperación, tal como propone el informe, que incluyan políticas dedicadas a los derechos humanos, la democracia, la sociedad civil, la educación, la investigación la cultura, la circulación de personas, la cooperación judicial, la lucha contra el terrorismo, la prevención de conflictos, la circulación de mercancías, los servicios y el capital, el empleo, las infraestructuras y las redes de información y comunicación. En consecuencia, se han de establecer las condiciones generales que nos permitan progresivamente compartir los valores y principios comunes y, por supuesto, el bienestar y el progreso con todos los países implicados.

Por tanto, he votado a favor.

 
  
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  Sacrédeus (PPE-DE), por escrito. (SV) Estoy encantado de que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y ahora el Parlamento en su conjunto, hayan aprobado el apartado 15 con su formulación positiva de las posibilidades futuras de los Estados europeos, concretamente de Ucrania, para convertirse en miembros de la UE. Originalmente era una enmienda que presenté en la Comisión.

Me complace igualmente el hecho de que el Parlamento haya aprobado mi enmienda 21, apoyada en su totalidad por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos y que condena abiertamente a «quienes utilizan la violencia en nombre de la religión».

Resulta especialmente importante expresar tales repulsas en estos tiempos de ataques terroristas islámicos, como el reciente de hoy contra el consulado británico en Estambul y el ataque durante el fin de semana contra dos sinagogas judías en esa misma ciudad.

 
  
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  Schleicher (PPE-DE), por escrito. (DE) La Comisión ha presentado oportunamente la comunicación sobre «Una Europa más amplia» y ha puesto en claro el modo de configurar las relaciones con sus «nuevos vecinos» a raíz de la ampliación de 2004. Resulta lamentable que la región del Cáucaso meridional no esté incluida, aunque vayamos a tener fronteras exteriores inmediatas con ella una vez que Rumania adquiera la condición de miembro.

No solo tenemos conocimiento de lo explosiva que es la situación en estos países por las imágenes televisadas de las manifestaciones postelectorales en Georgia o de la confusión reinante en Azerbaiyán, también después de la celebración de elecciones. Cuando por parte de la Comisión Europea se está recalcando continuamente que Europa tiene una presencia mayor, que ejerce una influencia mayor y que proporciona un apoyo financiero superior de los que se conocen generalmente, resulta tanto más sorprendente que esta región no se mencione ni una sola vez en un documento tan importante sobre las relaciones futuras de la Unión Europea con sus vecinos del Este.

Por eso estoy doblemente agradecida a la ponente, la Sra. Napoletano, y a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por haber subsanado estas deficiencias y hacer, en su excelente informe, mención explícita a la región del Cáucaso meridional. Espero sinceramente que la Comisión se tome en serio las peticiones del Parlamento.

 
  
  

- Informe Queiró (A5-0370/2003)

 
  
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  McKenna (Verts/ALE).(EN) Sr. Presidente, mi Grupo ha votado en contra de este informe por considerar que esta cuestión ha sido impuesta y promovida por la industria de armamentos. El ponente se ofendió cuando lo dije, pero en realidad basta con echar un vistazo al informe y a las conclusiones de Salónica para ver que es la industria europea del armamento la que marca el paso y que todos los demás le siguen. De lo que se trata es de crear una industria europea de armamentos que pueda competir a escala internacional. Se trata de canalizar nuestros preciosos recursos dedicados a la investigación para producir armas que provocarán conflictos en otras partes del mundo.

La política espacial de la Unión Europea, por ejemplo, está muy orientada a las aplicaciones de seguridad y defensa, como las señales. Resulta evidente a todas luces que, en el fondo, se trata de promover y apoyar la industria de armamentos. El director general de la segunda empresa aeroespacial y de defensa del mundo –EADS– se lamentaba de que los Estados Unidos invierten seis veces más que Europa en la investigación armamentística y de que, mientras los presupuestos de investigación siguen creciendo en los Estados Unidos, los europeos se mantienen en el mismo nivel. Esto merece un aplauso, y no una crítica. Debemos canalizar nuestros recursos hacia cosas que redunden en mayor beneficio para la humanidad.

Este señor señala asimismo que nuestra industria de defensa ya sufre una grave desventaja competitiva, pero ha llegado el momento de que esta industria se dé cuenta de que debe dejar de producir armas que provocan desórdenes en el mundo para comenzar a producir algo que contribuya a la mejora de la sociedad y no a su destrucción.

Cualquier persona que ponga en duda que estas medidas responden a los intereses de la industria de armamentos tan solo tiene que ver lo que hemos votado aquí en este día y lo que decidió el Consejo. Esto está fuera de toda discusión. Resulta evidente que esto se hace a instancias de la industria de armamentos. Y también el informe del ponente deja claro que es así. Esto es inadmisible. Consideramos que es un uso incorrecto de los recursos.

 
  
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  Alyssandrakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El informe que hemos examinado es un monumento a la retórica belicista que pone de manifiesto las auténticas intenciones de la UE de compartir el papel de policía universal con los Estados Unidos, al tiempo que se le asignan miles de millones al complejo militar-industrial.

El texto lamenta sin ningún rubor la disminución de pedidos de equipo militar tras la final de la Guerra Fría. Se muestra preocupado por «las reiteradas negativas de numerosos Estados europeos a aumentar los gastos de defensa», que «podrá poner en peligro la cohesión de la OTAN», que «no solo sigue siendo una garantía fundamental para la estabilidad y la seguridad del espacio euroatlántico, sino también un marco fundamental para el desarrollo de operaciones de coalición». Por tanto aboga por el desarrollo de una «industria europea de equipo de defensa competitiva y viable» para cumplir la decisión adoptada en el Consejo de Salónica, el informe Solana y la Constitución Europea, que obliga a todo el mundo a mejorar sus capacidades militares.

Sea esta decisión la respuesta de la UE a todos aquellos que decepcionan al mundo afirmando que la UE es el guardián de la paz mundial y que el objetivo de la política de defensa común consiste en salvaguardar la seguridad. Para ellos, paz significa guerra y seguridad significa represión.

Huelga decir que los diputados del Partido Comunista de Grecia condenan a los belicistas y han votado en contra del informe.

 
  
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  Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT). Apoyo el informe elaborado por mi compatriota y amigo Luís Queiró, porque estoy de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas que nos permitan establecer condiciones favorables para desarrollar una industria europea de equipamiento de defensa competitiva y viable.

Se puede y se debe encontrar ahorros y valor añadido en el campo de la defensa, a través de la cooperación que impliquen relaciones de «interdependencia industrial y tecnológica» que contribuyan a que se gestione mejor el gasto público en materia de defensa y se eviten las duplicaciones. No es razonable que se prolongue la situación existente en todos los Estados miembros de la Unión Europea, cuando su gasto en defensa asciende al 50% de lo que invierten los Estados Unidos a fin de obtener el equivalente de solo el 10% del potencial militar de dicho país, que es un aliado nuestro.

La insuficiencia de los medios habilitados por el conjunto de países de la UE no es deseable ni para Europa ni para nuestros aliados en la OTAN. Además, cabe hacer referencia a las crecientes responsabilidades en cuanto a gestionar crisis civiles y militares que recaen sobre la UE bajo la PESD.

 
  
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  Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) La Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa coinciden ampliamente en lo referente a un papel militar más significativo en el mundo para una Europa unida, es decir, intervención más allá de sus propias fronteras. Dicho papel deberá estar respaldado por una industria de armamento que fabrique productos normalizados. Los Estados miembros deberán invertir más dinero en ella. Este informe incluso se atreve a ir un poco más lejos abogando por una integración mayor de la UE y la OTAN, solicitando que el dinero procedente de los Fondos Estructurales –que se concibieron para el desarrollo regional– subvencione los programas de armamento y proponiendo que el comercio de armas europeo no siga estando frenado por controles nacionales. Lo digo con espanto, en parte porque la combinación propuesta de una sólida industria armamentística europea y la libre competencia de mercado se traducirá en que los países dejarán de querer seguir dependiendo de la necesidad variable de los ejércitos europeos en cuanto a nuevo armamento. Por tanto, se buscarán nuevos mercados fuera de la UE. Un ejemplo reciente de lo dicho lo constituye las exportaciones de armas belgas a Nepal, que permiten al ejército nepalés cometer asesinatos preventivos de agricultores indigentes que en algún momento futuro pudieran estar en situación de ofrecer resistencia armada. Aun cuando se opte por conceder al empleo y la economía máxima prioridad respecto de todo lo demás, existen formas mejores de invertir nuestros ingresos fiscales.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Comparto la posición del ponente acerca de la política comunitaria en materia de equipos de defensa y le felicito por el equilibrio que ha logrado encontrar en un campo de evidente importancia y sensibilidad, y que a menudo constituye el telón de fondo de las discrepancias más profundas.

Creo que el planteamiento aprobado, que es el de cooperación, no de competencia, entre la OTAN y la Unión Europea en lo referente a sus respectivas funciones es una forma de enfocar de manera realista y nítida el esfuerzo de defensa común que, desde 1949, ha venido dando sus frutos. Es además una forma de respetar a los Estados miembros que no se avergüenzan de conceder un lugar preferente y una importancia a las relaciones transatlánticas y que desean valorar la Alianza Atlántica, en lugar de destruirla.

El fortalecimiento y racionalización de la industria europea de equipos de defensa con el ánimo de crear un mercado europeo competitivo para dichos equipos es un objetivo que podría justificarse sobre la base de la necesidad de racionalizar su financiación, de armonizar las normas de equipamiento, de ejercer un control político y parlamentario y de establecer investigación y desarrollo, siempre que en la práctica se mantenga una auténtica competitividad en el campo de la defensa y la seguridad y siempre que luchemos contra el centralismo operativo y la concentración industrial, que inevitablemente favorecerían a los países con los mejores equipos de defensa y tecnologías.

Por consiguiente, este informe nos permite ofrecer a los Estados miembros un encuadre sólido para el debate que, al tiempo que tiene en cuenta los diferentes intereses de los Estados miembros en la PESD...

(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.)

 
  
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  Sacrédeus (PPE-DE), por escrito. (SV) El talante general de la propuesta de la Comisión es constructivo. La UE tiene que mejorar la coordinación de la producción del equipos de defensa entre los Estados miembros. Los contribuyentes obtendrían un mayor rendimiento de sus impuestos.

Sin embargo, no me he visto capaz de respaldar el apartado 12, que afirma que «se creen programas comunitarios de ayuda al reequipamiento de la defensa», todo ello en un contexto relativo a las fronteras exteriores de la UE. Por el momento, la UE no es una unión en materia de defensa y por tanto no debe describirse tampoco como tal.

El Parlamento propone igualmente que el aumento de los pedidos de equipamiento militar resulta necesario para «la promoción de un mundo más seguro». El terrorismo internacional y otros delitos a escala mundial constituyen ciertamente una amplia amenaza para las democracias occidentales y para la dignidad humana. Sin embargo, por definición no hay que combatir este mal por medios militares en todas las situaciones, razón por la que he votado en contra del considerando G.

La coordinación de la producción e investigación entre los Estados miembros de la UE en materia de equipamiento de defensa conducirá, es de esperar, a una mayor eficiencia y una mejor gestión de los recursos. Todo ello puede desembocar de hecho en la posibilidad de reducir las asignaciones militares, sin debilitar la capacidad militar. El criterio del Parlamento, por el contrario, es que las dotaciones deben aumentarse.

 
  
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  Theorin (PSE), por escrito. (SV) Es necesario que haya cierta coordinación dentro de la UE en la utilización de los recursos en el ámbito de la capacidad militar, y esa es una tarea que apoyamos. Sin embargo, lo que no podemos respaldar es un incremento del gasto y de la inversión en el ámbito de la defensa. Soy contraria asimismo a la idea de los programas de apoyo comunitario para el reequipamiento de defensa. Eso es algo que no considero que entre dentro del marco de competencias de la UE.

No consideramos que un órgano común en el terreno de la defensa constituya un problema en principio, pero presupone que se entable una cooperación a escala intergubernamental. Los temas de defensa son, y deben ser, asuntos reservados exclusivamente a la decisión de los Parlamentos nacionales.

 
  
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  Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El informe Queiró defiende una Europa totalmente opuesta a los valores que yo defiendo. «Insiste en la necesidad de que la UE se dote de capacidades militares que garanticen la credibilidad de los objetivos de su política exterior y de su política de defensa», afirmando que «el éxito de este proceso estriba en el compromiso de los Estados miembros de invertir en gastos militares a largo plazo». «Manifiesta su convicción de que la OTAN no solo sigue siendo una garantía fundamental para la estabilidad y la seguridad del espacio euroatlántico, sino también un marco fundamental para el desarrollo de operaciones de coalición». Defiende «el desarrollo de una industria europea de equipos de defensa competitiva y viable», y concluye que hay que promover «programas comunitarios de ayuda al reequipamiento de la defensa». Todo esto es un vibrante alegato a favor de un militarismo europeo que defienda los intereses de los traficantes de armas. Por mi parte, rechazo la competición militar con cualquier «bloque» que sea. Quiero promover la paz en el mundo, que conduce a la mejora de las condiciones de vida. Los que justifican el aumento de los gastos militares no hacen nada por satisfacer las necesidades sociales, sino que su preocupación fundamental son los intereses de sus accionistas. Por ello, he votado en contra de este informe.

 
  
  

- Informe Lagendijk (A5-0397/2003)

 
  
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  Meijer (GUE/NGL), (NL) En los Balcanes Occidentales, en el territorio de la antigua Yugoslavia, existen todavía multitud de problemas sin resolver en cuanto a las relaciones entre los pueblos que viven allí. La injerencia exterior en las guerras ha contribuido a esta situación. La coacción por medios militares sin poder de persuasión no constituye la clave para un futuro democrático. Sigue habiendo tropas extranjeras estacionadas en Bosnia y Herzegovina, Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Se continúa posponiendo hasta fecha venidera la condición administrativa para la República de Serbia en el norte de Bosnia, para los territorios poblados por croatas en las franjas del sudoeste de Bosnia, para Kosovo y para el noroeste de Macedonia de habla albanesa. Hay que encontrar, y de forma rápida, soluciones duraderas que cuenten con auténtico apoyo entre los habitantes. La admisión en la UE de ciertas zonas de los Balcanes, mientras su futuro administrativo sigue siendo objeto de litigio, podría sumir a toda la UE en unas guerras civiles y en la represión de las mismas. Aunque no suscribo el planteamiento del ponente, el Sr. Lagendijk, sobre los aspectos militares, creo que los puntos fuertes de este informe radican en su oposición a la ofensiva contra la Corte Penal Internacional por parte de los Estados Unidos, sus demandas a favor de la igualdad de derechos de los romaníes y su crítica respecto del humillante régimen de visados. Apoyo asimismo su llamamiento en pro de un acuerdo rápido sobre la condición permanente de Kosovo sobre la base de una amplia autonomía o de la independencia. A diferencia de quienes dentro de mi Grupo se abstienen a causa de Kosovo, yo apoyo este informe.

 
  
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  Patakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La UE, después de haber desmembrado Yugoslavia en connivencia con los norteamericanos, está chantajeando de forma burda a los países que surgieron y que son totalmente dependientes de la ayuda exterior, países que padecen un protectorado miserable. Aunque fueron ellos los que crearon el políticamente oportuno Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, están exigiendo que los organismos en estos países desempeñen el papel de autoridades de orden público y arresten y entreguen a otros «criminales de guerra». El informe propugna no firmar ningún acuerdo con los Estados Unidos que socave la Corte Penal Internacional, si bien la UE defiende la ampliación de las relaciones transatlánticas y actualmente está negociando con los Estados Unidos en cómo y cuándo va a reemplazar a este país cada vez que retiran de los Balcanes alguna división militar con el fin de enfrentarla contra algún otro pueblo.

¿Por qué este interés constante por parte de la UE? «Los países del proceso de estabilización y asociación», como se les denomina, «se han convertido en la prueba más difícil para una política exterior y de seguridad común madura y eficaz», afirma cínicamente la exposición de motivos. En otras palabras, los países de los Balcanes Occidentales son simplemente un laboratorio de ensayos para la aplicación de la PESC. ¡Un laboratorio construido sobre el cadáver de Yugoslavia!

Esa es la razón por la que los diputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra del informe.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT). El 16 de junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica aprobó el calendario para los Balcanes Occidentales y, algunos días más tarde, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, de los futuros Estados miembros y de los países del proceso de estabilización y asociación emitieron una declaración conjunta sobre las previsiones para dicho proceso y para la adhesión de estos países a la Unión Europea.

Este informe recoge las posiciones expuestas en tales iniciativas y su elemento clave es la perspectiva de la adhesión futura de los países de la Europa del Sudeste. Tiene igualmente por finalidad presentar unas directrices claras para los países que participan en el proceso de estabilización y asociación en cuanto a la mejor forma de abordar los desafíos específicos de cada uno de estos países, en su intento por aproximarse a la Unión Europea y dentro del contexto de las negociaciones que tienen entabladas con las instituciones europeas.

En un momento en el que se están presentando los criterios a estos Estados y se están fijando las normas, haríamos bien en recomendar a los Estados miembros que muestren la misma humildad y la misma capacidad para aceptar las críticas sobre los asuntos que plantean y recapacitar detenidamente sobre ellas, sobre todo en relación con la protección de la vida humana y la puesta en práctica de políticas activas contra la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos, armas y drogas.

El proceso de estabilización y asociación que se ha propuesto podría constituir una ambiciosa estrategia de adhesión, por lo que ha merecido mi voto a favor.

 
  
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  Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El informe Lagendijk apoya el sentido de la Declaración conjunta de Salónica de junio de 2003: «una de las principales prioridades de la Unión Europea es la preparación de los países de la Europa Sudoriental para su integración futura en las estructuras europeas». El proceso de estabilización y de asociación se considera una etapa decisiva en esta perspectiva.

Por mi parte, no tengo ninguna idea «cerrada» sobre la construcción europea. Pero nos vemos inmersos aquí en la hipocresía: ¿Debe Bosnia y Herzegovina «asumir responsabilidades en relación con su propio desarrollo y apoyarse en menor medida en la comunidad internacional»? Esperamos el balance de los efectos perversos, sociales e institucionales, de un protectorado que se eterniza y produce un «síndrome de dependencia», como lo denominan los investigadores bosnios independientes. Por otra parte, ¿cómo hablar de «neutralidad» cuando las intervenciones económicas, políticas y militares de la UE han incitado sucesivamente a Montenegro y después a Kosovo a tender hacia la independencia para urgirles después a que renunciaran a ella? El primer desafío es poner fin a los protectorados. Esto requiere, teniendo en cuenta la opinión de las sociedades afectadas, un balance crítico del Parlamento Europeo sobre las decisiones y responsabilidades de la UE y de la OTAN. No es el enfoque empleado en este informe, y por ello me he abstenido.

 
  
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  El Presidente. Con esto concluye la votación.

(La sesión, suspendida a las 13.15, se reanuda a las 15.05 horas)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente(4)

 
  

(1) Presentada por los diputados Fiori y Morillon en nombre del Grupo PPE-DE, Napoletano en nombre del Grupo PSE, Vallvé en nombre del Grupo ELDR, Flautre y Frassoni en nombre del Grupo Verts/ALE y Muscardini y Queiró en nombre del Grupo UEN, que sustituye las propuestas de resolución B5-0471/2003, B5-0475/2003, B5-0481/2003, B5-0484/2003 y B5-0489/2003 por un nuevo texto.
(2) Presentada por los diputados Suominen, Oostlander y Posselt en nombre del Grupo PPE-DE, Barón Crespo, Paasilinna y Fava en nombre del Grupo PSE, Andreasen, Väyrynen y Thors en nombre del Grupo ELDR, Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE y Markov en nombre del Grupo GUE/NGL, que sustituye las propuestas de resolución B5-0479/2003, B5-0483/2003, B5-0485/2003, B5-0486/2003, B5-0487/2003 y B5-0488/2003 por un nuevo texto.
(3) Presentada por los diputados Suominen y Oostlander en nombre del Grupo PPE-DE, Paasilinna, Myller e Iivari en nombre del Grupo PSE, Vÿrynen en nombre del Grupo ELDR, Wuori y Staes en nombre del Grupo Verts/ALE, Seppänen, Frahm y Eriksson en nombre del Grupo GUE/NGL y Camre en nombre del Grupo UEN, que sustituye las propuestas de resolución B5-0472/2003, B5-0473/2003, B5-0474/2003, B5-0477/2003 y B5-0480/2003 por un nuevo texto.
(4) Aprobación del Acta de la sesión anterior: Cf. Acta.


5. Redes y Puntos de información europeos
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0413/2003) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la situación actual de las redes europeas de información y de los Puntos de Información europea.

 
  
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  Prets (PSE).(DE) Señor Presidente, señor Comisario, nuestra Comisión ha formulado esta pregunta porque nuestros diputados, los ciudadanos y los responsables de los Puntos de Información europeos se han enterado de que la Comisión escribió a los Puntos de Información en septiembre de 2003, informándoles de que, con efectos a partir del 1 de enero de 2004, fecha de inicio del año electoral, iba a cancelar el pago de las subvenciones a estas agencias de información, tan importantes para el público. Esta medida significa el cierre de unos 270 Puntos de Información, cada uno de los cuales recibe aproximadamente 20 000 euros al año de ayuda a su labor, pero no afecta, en principio, a otros puntos de información afiliados a otras estructuras institucionales más amplias, tales como los Parlamentos nacionales o regionales.

Quisiera comenzar señalando que la Comisión no ha considerado necesario informar al Parlamento acerca de este asunto, ni por escrito ni en el ámbito del Grupo de información interinstitucional que, como usted sabe, está compuesto por los Presidentes de las Comisiones del Parlamento y los Comisarios responsables de la política de información y comunicación. ¡Dejo a su criterio juzgar la calidad de nuestras relaciones interinstitucionales! En esta ocasión, sin embargo, no estamos abordando un simple problema financiero, como sucede a menudo al tratar los programas o proyectos en otros ámbitos políticos. Más bien es cuestión de una interpretación estricta del nuevo Reglamento Financiero y de las graves consecuencias –para nosotros y para la Comisión– que se derivan de una aplicación tan rigurosa de este acto jurídico.

Somos muy conscientes de que el nuevo Reglamento Financiero que hemos aprobado en esta Cámara no permite subvenciones operativas, pero de todas formas hay que encontrar una solución a este grave problema, de manera que los Puntos de Información afectados puedan continuar trabajando a lo largo de 2004 y puedan seguir informando al público acerca de las actividades de la Unión Europea y del trabajo que realizamos día a día.

La Comisión debería tener presente que las elecciones europeas, aun cuando a menudo se las describe como una cuestión propia del Parlamento, no solo son eso; son más bien un proceso de participación pública activa en el que también debería intervenir la Comisión. Los Info-Points y los Carrefours contribuyen de forma notable a la política de información y comunicación de la Unión Europea, y no se debería subestimar su importancia, sobre todo en un momento en el que la ampliación es inminente y a la vista de las campañas de información constantes y cada vez más necesarias.

Tenemos prácticamente encima las elecciones europeas y la firma de la nueva Constitución de la UE, que, al margen de la información continuada acerca de lo que ocurre en la UE, exigen una atención especial. Estas oficinas de información, que se dirigen principalmente a la población local y a la gente que vive en las regiones, resultan indispensables, por lo que me gustaría plantearle tres preguntas, al tiempo que le pido una respuesta con la mayor urgencia. ¿Qué acciones va a llevar a cabo la Comisión para garantizar que las redes europeas de información y los Puntos de Información puedan seguir desarrollando sin trabas su valioso trabajo en un año en que se van a celebrar las elecciones europeas y se va a producir la ampliación de la UE? ¿Con qué medios piensa garantizar la Comisión la obtención de financiación en el futuro para ese trabajo? ¿Cuándo va a adoptar la Comisión una decisión sobre las disposiciones para la financiación en el futuro?

 
  
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  Kinnock, Comisión. (EN) Lamento que no se haya informado al Parlamento. Esta cuestión no forma parte de mis competencias, pero se me ha informado que no se hizo intencionadamente, y no me gustaría que provocara un deterioro en la indispensable cooperación entre nuestras instituciones. Reconocemos la dureza de las reacciones, sobre todo en vista de que la labor del sistema y de los centros de información reviste una importancia evidente, no solo para los miembros de esta Cámara, sino también para cualquier persona que trate de comprender a la Unión Europea, lo que hace y defiende.

Su Señoría ha dejado claro que, al igual que muchos otros diputados, no está de acuerdo con la decisión del Consejo de cancelar a partir del año próximo las ayudas al funcionamiento que concedía hasta ahora a las redes y puntos de información. Por ello quiero clarificar exactamente a qué centros de información nos referimos, quiero explicar el carácter, las dimensiones y el impacto de las subvenciones que les concede la Comisión, e informar a su Señoría y a esta Cámara de las medidas más recientes adoptadas en respuesta a su pregunta y las numerosas preguntas y protestas que, sobre esta cuestión, han formulado los diputados de esta Cámara y otras personas.

Actualmente existen más de mil puntos de contacto de base y redes de información al público, supervisados por la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión. Se encuentran alojados en lo que se conoce como «estructuras de acogida», que generalmente son autoridades nacionales, regionales o locales, ONG o universidades. Entre estos centros hay 126 Carrefours de información y promoción rural; 140 Puntos de Información sobre Europa (Info-Points Europe, IPE) situados en zonas urbanas de la Unión; casi 800 Centros Europeos de Documentación (European Documentation Centres, EDC) ubicados por lo general en instituciones de enseñanza superior en todo el mundo, y una red de 500 expertos en uno o más ámbitos de las políticas de la Unión Europea que actúan en forma de conferencia o como portavoces públicos, conocidos con el nombre de «Team Europe».

Todos estos puntos de información al público reciben servicios de asistencia en especie de la Comisión. Los principales tipos de ayuda son la documentación pública gratuita y la publicación de alrededor de 3 millones de ejemplares anuales y asistencia especializada a través de un centro de asistencia dedicado a tal fin con un coste de 1,5 millones de euros al año; formación gratuita para el personal de los centros por un total de 800 días-persona al año; el acceso a una intranet interactiva, y un programa de intercambio para el personal de estos centros, con más de 3 000 días-persona anuales.

Estos servicios están destinados a ayudar a estos centros a que suministren a sus corresponsales respuestas rápidas y actuales a sus preguntas sobre las políticas, programas y posibilidades de financiación que ofrece la UE. Estos centros no corren peligro. Desde hace mucho, la intención de la Comisión es no solo mantener dicha asistencia técnica, sino incluso aumentarla.

Entretanto cabe señalar, a fin de evitar malentendidos, que tan solo 266 estructuras de acogida de los primeros dos tipos de puntos de contacto y redes –los IPE y los Carrefour– han recibido de la Comisión ayudas para su funcionamiento desde que la DG de Prensa comenzó a supervisarlos en 2001. Estas ayudas se elevan a unos 20 000 euros al año, es decir, un total de 5,4 millones de euros. En la mayoría de los casos, el dinero concedido a las estructuras de acogida se ha completado con contribuciones de mayor cuantía procedentes de recursos nacionales.

Como bien sabe esta Cámara, el Reglamento financiero que entró en vigor el 1 de enero de 2003 ya no permite que se concedan directamente ayudas al funcionamiento de organismos externos sin una convocatoria de propuestas o el establecimiento de una base jurídica para estos gastos.

Yo añadiría que, en su informe de actividades de 2002, el Director General de la DG de Prensa se sintió obligado a introducir una reserva acerca de la gestión de los puntos de contacto, ya que no era posible garantizar, con los recursos que tenía a su disposición, un seguimiento y control adecuados de un número relativamente elevado de pequeñas ayudas. Estos recelos fueron refrendados por los resultados obtenidos recientemente por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, el cual recomendó, en primer lugar, la elaboración de nuevos métodos de trabajo y prácticas de control; en segundo lugar, la introducción de herramientas de gestión más adecuadas, y en tercer lugar, la mejora de la calidad de los acuerdos y de la estructura de los gastos financiados.

Por consiguiente, la Comisión confirma que la propuesta que adoptó el 29 de septiembre de 2003 para poner fin a las ayudas a partir de 2004 cumple plenamente el Reglamento financiero y sus disposiciones de ejecución. Por lo tanto, era lo correcto en términos jurídicos y a efectos prácticos.

La Comisión reconoce, desde luego, que la decisión provocó duras reacciones y propuestas de parte de muchos coordinadores de los puntos nacionales, de varios Estados miembros y de varios diputados al Parlamento. Comprendemos sus razones, pero también intentamos ajustarnos a la letra y el espíritu de la legislación de la Unión Europea.

Aparte de la enmienda al anteproyecto de presupuesto para 2004 que presentó en esta Cámara y de asignar a la reserva los créditos correspondientes a los tres títulos presupuestarios relacionados con las actividades de la DG de Prensa, la Comisión recibió el mandato de intentar llegar a una solución de compromiso que, en la medida de lo posible, cumpliera las exigencias de continuidad de funcionamiento formuladas por el Parlamento, y garantizara al mismo tiempo el seguimiento y control financieros.

La Comisión es consciente de la gran importancia política que reviste el año próximo y, en respuesta a la pregunta de su Señoría, desea hacer las siguientes observaciones.

En primer lugar, en nuestra reunión del 11 de noviembre de 2003, la Comisión señaló que debíamos abordar una vez más la cuestión de las ayudas concedidas a las entidades de acogida con el fin de adoptar una decisión definitiva a la vista de los resultados del diálogo tripartito sobre el presupuesto del 13 de noviembre.

En segundo lugar, a fin de mantener el sistema actual durante 2004, sería necesaria una Decisión de la Comisión que estableciese una excepción a la disposición del Reglamento financiero que exige que las convocatorias de propuestas sean objeto de disposiciones adecuadas en materia de seguimiento y control adaptadas a los resultados del análisis de riesgo, y vayan respaldadas por una declaración política conjunta de las tres instituciones. Esta solución podría justificarse únicamente durante un año, pero podría brindar una especie de puente que garantizara la continuidad por la que aboga su Señoría.

Esta propuesta de solución fue examinada posteriormente en el marco del diálogo tripartito sobre el presupuesto y ahora será presentada para su aprobación en la reunión del Comité de Conciliación que tendrá lugar el 24 de noviembre de 2003.

En respuesta a la tercer pregunta de su Señoría diré que la Comisión ha dado instrucciones a la DG de Prensa para que elabore propuestas que garanticen la debida disponibilidad de información completa para los ciudadanos de la Unión de 25 Estados miembros. Estas propuestas, que figurarán en una comunicación que esperamos presentar antes de Navidad, se basará en la comunicación de julio de 2002 sobre la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea, y tendrá en cuenta los cuatro principios contemplados en esta comunicación para la gestión de los puntos de contacto: una imagen de marca más homogénea, una serie de centros y redes de información más racionalizados y descentralizados, una mayor colaboración con las autoridades de los Estados miembros y una mayor cooperación interinstitucional.

Los centros de información ejercen una función de puente sumamente importante entre el mecanismo de elaboración de políticas de la Unión Europea y los ciudadanos ante los que todos somos responsables. Por ello, la Comisión hará todo lo que esté a su alcance para que sigan prestando esta ayuda a los centros repartidos por toda la Unión, característica que sin duda constituye uno de los factores que les otorga su máximo valor.

 
  
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  Bayona de Perogordo (PPE-DE). (ES) Señor Presidente, señor Kinnock, le agradezco que esté aquí para responder a una pregunta como esta y coincidirá conmigo en que algunas medidas tienen la virtud de concitar la unanimidad, aunque se trate de una unanimidad de rechazo, como es el caso. No encontrará en la Cámara a nadie dispuesto a defender la supresión, usted mismo no lo hace y la Comisión no lo hace en absoluto, vuelvo a decirlo.

Estamos ante una situación peculiar, que es curiosa, porque en un ambiente de previsiones presupuestarias, como el que tenemos en este momento, con una conciliación en puertas para el lunes próximo, estamos asistiendo a la historia de una imprevisión presupuestaria, es decir, un Reglamento, que entra en vigor el 1 de enero de 2003 y que no ha merecido la atención de ningún órgano de la Comisión hasta la comunicación del 29 de septiembre en la que se daba por zanjado el tema de las subvenciones para los centros de información.

No insistiré en la importancia de los centros de información, pues el propio Sr. Kinnock lo ha señalado -en palabras suyas, se trata de un elemento trascendental-, esta mañana en el debate conjunto lo han puesto de manifiesto las Sras. Rühle y Hieronymi, lo acaba de subrayar nuestra colega Prets, y creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Asimismo, el Parlamento Europeo lo ha resaltado en diversas ocasiones, como en el informe sobre la política de información y comunicación que tuve el honor de exponer ante esta Cámara.

En ese informe señalaba cómo los centros de información eran útiles para llegar a todos los rincones de la Unión Europea y cómo podían ser puntos de encuentro e instrumentos útiles para la labor de los parlamentarios en sus respectivas circunscripciones. La enmienda 42 del informe Rühle, a la cual se ha opuesto la Comisión esta mañana, también destacaba la importancia de estos centros de información. Los efectos que tiene la supresión también han sido destacados por el Sr. Kinnock, en el sentido de que 270 pueden verse privados de subvención y unos mil se verían, en cualquier caso, afectados. Por eso, me parece importante la medida de encontrar una norma transitoria, como la de mantener una especie de phasing-out de estas subvenciones durante el año 2004.

Asimismo, quisiera analizar una cierta contradicción existente entre la postura de la Comisión Europea en el Grupo interinstitucional de información y su actitud con respecto a los centros de información. El 23 de septiembre de este año, asistimos a una reunión del Grupo interinstitucional de información y comprobamos de nuevo el entusiasmo del Comisario Vitorino respecto a la necesidad de arbitrar estas medidas y de coordinar las acciones de todos los instrumentos de cara a los tres retos fundamentales que teníamos: la ampliación, la nueva Constitución y las elecciones europeas. Seis días después, se hacía pública la comunicación que debatimos.

Es difícil creer que no había conocimiento de la misma y que no podía haber sido de objeto de comentario en el Grupo interinstitucional de información. El Sr. Vidal-Quadras, presidente de ese grupo de información, lo destacó en una carta dirigida personalmente al Comisario Vitorino. Por consiguiente, creo que se plantea legítimamente la duda de a qué debemos atender más, a la belleza de sus discursos o a la contundencia de sus acciones, y creemos que una y otra deberían ser coherentes.

Ante la necesaria búsqueda de una base jurídica para las convocatorias de ofertas de participación, sugeriría a la Comisión que introdujera tres principios.

En primer lugar, la simplificación del procedimiento -los centros de información son unidades reducidas, no son multinacionales que pueden destinar una unidad a rellenar los miles de formularios para obtener subvenciones o fondos comunitarios-; en segundo lugar, atendería a la profesionalización del personal de estos centros de información, convirtiéndolos en verdaderos profesionales de la información y comunicación, y no simplemente en personales auxiliares que entregan folletos -como ha dicho el Sr. Kinnock-; y, en tercer lugar, el criterio de proporcionalidad para dotar de medios dignos una política esencial como es la de la información y comunicación para el futuro de la Unión Europea.

 
  
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  Zrihen (PSE).(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate es muy importante porque, de hecho, plantea la cuestión fundamental de la coherencia entre los distintos instrumentos de la Unión Europea. Muestra claramente que podemos idear las políticas más innovadoras que, cuando la máquina presupuestaria se pone en marcha, es tuerta.

Tal como ha destacado la Sra. Bayona de Perogordo, nuestra evaluación de todos nosotros, ya que existe una impresionante unanimidad sobre este punto, es que debemos compensar el déficit democrático que entre los ciudadanos y nosotros. De forma secundaria, observo que habría que compensar también el déficit de comunicación e información internas.

Yo soy producto de la educación para adultos y estoy convencida de que el saber y la información son los primeros instrumentos de una ciudadanía activa y responsable, así que no puedo sino celebrar el excelente trabajo realizado por los Puntos de Información europeos. Son pedagógicos, son innovadores, tienen una notable capacidad de iniciativa, nos permiten, sobre todo, divulgar el conocimiento de Europa y multiplicar los mensajes de esta a los ciudadanos de todas las edades, de todos los lugares, de todas las culturas, con una proximidad que no podemos igualar y que otras instituciones no consiguen igualar.

Por otra parte, quisiera señalar también que esto es posible porque aportamos una contribución financiera. De hecho, pedimos a otros poderes que lleven a cabo en nuestro lugar esta tarea de comunicación. Esos otros poderes son poderes locales sensibles a la cuestión europea, cierto, pero que, si no redoblamos nuestros esfuerzos, podrían recentrarse en su misión primaria y abandonar quizás este aspecto vital.

Si la ayuda que se nos va a garantizar para 2004 nos dejara tiempo para idear modalidades de colaboración que permitiesen mantener este dispositivo, pienso que esto sería eficaz. Además, ello nos permitiría, porque los demás socios tienen también contingencias presupuestarias, seguir movilizándonos y elaborar perspectivas para los años siguientes. Sería insensato abandonar estas propuestas, a riesgo de perder en transparencia y, por tanto, en democracia europea. En cuando a las soluciones, creo que son sencillas: simplificación administrativa, respeto del trabajo y, cosa que quizás también sea necesaria, una auditoría.

 
  
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  André-Léonard (ELDR).(FR) Señor Presidente, la decisión notificada a finales de septiembre por la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea sobre el cese de las subvenciones operativas a los Info-Points (IPE) y los Carrefours europeos sigue suscitando una honda decepción y una profunda extrañeza entre los responsables y el personal de los IPE. El cese de las subvenciones operativas en el año 2004 cuenta también entre sus víctimas a los ciudadanos de la Unión Europea.

Seamos francos: en un momento en que Europa tiene enormes dificultades para acercarse al ciudadano y darse a conocer, se abre de nuevo una brecha indiscutible. Por ejemplo, el cierre de los Carrefours europeos representa una gran pérdida por lo que se refiere a la información difundida en las regiones más rurales. Las estructuras descentralizadas constituyen una baza indispensable y, ante el inmenso trabajo de comunicación que hay que realizar, deben mantenerse, incluso financiarse en mayor medida para que puedan desempeñar plenamente su función.

En un momento en que Europa vive un giro importante en su historia, enriquecida por una próxima ampliación y una próxima Constitución, sería inaceptable poner fin a la ayuda indispensable y vital a los Puntos de Información. En este contexto, debemos aunar todas nuestras fuerzas para encontrar una solución equitativa, porque todos resultamos afectados. Los Puntos de Información son y deben seguir siendo una de las herramientas de comunicación comunitarias. Su actividad y los esfuerzos desarrollados por estas estructuras han demostrado la eficacia de su acción. Los Puntos de Información siempre han orientado sus esfuerzos en el sentido de la misión que se les había confiado, en este caso la de interfaz de una plataforma dinámica. Cercanos a los ciudadanos, han permitido mantener el tejido social europeo. Por tanto, ¿podemos permanecer sordos y mudos ante las expectativas de los ciudadanos, que tienen una necesidad constante de estar informados de las actividades interinstitucionales?

Consciente de esta necesidad y convencida del importante papel desempeñado por estas estructuras, pido a la Comisión que revise su decisión y permita a las redes europeas de información seguir desempeñando la misión que les hemos confiado, y que es más necesaria que nunca. Para responder al Comisario, al que agradezco su presencia, diré que tanto mejor si existen otros centros de documentación y foros que cuentan con el apoyo de la Comisión, pero no es menos cierto que el déficit de información es muy real y que el público no lo aprecia. Si es necesario un fundamento jurídico –y puedo comprenderlo–, que se establezca uno. Pero hace falta un tiempo mínimo para resolver este tipo de problema y no cuatro meses, señor Comisario. Parece demasiado poco y los procedimientos de la Comisión, muy poco corteses. Esperemos, pues, que la propuesta de diálogo a tres bandas encuentre un eco favorable.

 
  
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  Dhaene (Verts/ALE). (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta, puesto que yo también opino que la supresión de los Puntos de Información provinciales supondrían una pérdida de imagen de la Unión Europea.

En primer lugar, estos centros de información están muy próximos a los ciudadanos, cosa que se puede entender de forma literal. Los centros de información están presentes físicamente en las provincias. La proximidad de los centros garantiza a quienes buscan información, que no tengan que desplazarse un largo trecho, ahorrándoles tiempo y dinero. Creo que este es un triunfo en manos de la UE y una forma de ser amable con el cliente.

En segundo lugar, el Parlamento Europeo ya ha expresado su opinión acerca de la estrategia de la Unión Europea en materia de información y comunicación, y al hacerlo, ha manifestado su deseo de acercar lo más posible la comunicación al ciudadano. En su propuesta de resolución, expone su deseo de invertir más en una red de información en perfecto funcionamiento, incluyendo los Puntos de Información. La palabra es «invertir», no «suprimir». Cito: «El Parlamento Europeo ... considera que existe la necesidad de introducir medidas de ajuste administrativo, estructuración y formación del personal, dirigidas al funcionamiento eficaz de las oficinas externas y la red de centros de información ..., que podrían ser utilizados también por los diputados en sus respectivas circunscripciones».

Cuando hablamos de acercar la Unión Europea a los ciudadanos y salvar el abismo respecto de ellos –porque ciertos estudios ponen de manifiesto que ese abismo existe realmente–, una mayor inversión en los Puntos de Información forma parte de la solución. Quiero hacer, por tanto, un llamamiento a que no suprimamos en ningún caso estos Puntos de Información, sino que, al contrario, mejoremos su funcionamiento, sobre todo ahora, a la luz de la celebración de las elecciones y de la ampliación durante el año 2004. No tenemos que realizar ningún ahorro a costa de la promoción de la Unión Europea, una Unión que aporta paz, seguridad y prosperidad a los Estados miembros.

 
  
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  Perry (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, lamento que sea el Comisario Kinnock el que reciba directamente las críticas, porque no lo considero personalmente responsable, ni mucho menos, de la situación en la que nos encontramos.

Voy a formular algunas preguntas sencillas, cuyas respuestas todos conocemos y en las que todos estamos de acuerdo. ¿Necesita el ciudadano europeo medio más información sobre la Unión Europea? Sí. ¿Se requiere información en los Estados miembros a escala local y no tanto en Bruselas? Sí. ¿Contribuyen los Puntos de Información a satisfacer esta necesidad? Sí. En vista de que en el año que viene se producirá la ampliación y se adoptará la nueva Constitución, ¿no resultará más necesario dar información que en tiempos normales? Sí. ¿Ha establecido la Comisión la organización y prioridades correctas en materia de política de información? Cabe dudarlo.

Desde luego, los gastos deben cumplir los requisitos legales y, si se requiere un fundamento jurídico, hay que encontrarlo. Contamos con juristas precisamente para que verifiquen estas cuestiones oportunamente, nos asesoren si surgen problemas y nos indiquen una solución. Ya teníamos conocimiento de este problema en enero, y la solución de la Comisión consistió en enviar a los Puntos de Información una carta a finales de septiembre. No es suficiente. Después de todo, la cuantía de estos gastos es realmente nimia. Y se ha asignado durante muchos años.

Si la Comisión pone en duda la necesidad de tener Puntos de Información y de un programa de información más eficaz, me gustaría destacar aquí algunas estadísticas procedentes de sondeos recientes. El 90% de los españoles nunca han oído hablar de la Convención. El 31% de los alemanes nunca han oído hablar de la Comisión, y el 25% de los británicos ni siquiera saben que el Reino Unido es miembro de la Unión Europea; en cambio, un 7% creen que los Estados Unidos ¡sí lo son!

La lengua inglesa es rica en expresiones. Permítanme tratar de encontrar algunas que se ajustan a esta situación. «The tail is wagging the dog» (el rabo menea al perro). Al parecer, de tantos árboles la Comisión no puede ver el bosque. Los expertos deberían estar a mano, no en el tejado. Podría seguir con expresiones vulgares sobre cervecerías y las fiestas que se organizan en ellas. Este no es un grave problema jurídico, sino un problema técnico. Si la Comisión contase con prioridades claras y aceptadas y pudiese ver el bosque a pesar de los árboles, esta tarde no estaríamos teniendo este debate.

Acojo con agrado la declaración del Comisario Kinnock, pero él sabe, al igual que nosotros, que llega demasiado tarde y realmente no habría sido necesaria. Tristemente, este es otro gol en propia puerta de la Comisión. Espero que la carta que se enviará a los Puntos de Información incluya una disculpa.

 
  
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  Guy-Quint (PSE).(FR) Señor Presidente, señor Comisario, no insistiré en la importancia de las redes y los Puntos de Información. Creo que todos nosotros, la Comisión y el Parlamento, estamos de acuerdo.

Volveré sobre un aspecto un poco más presupuestario. En efecto, el otro aspecto es el Reglamento financiero, el nuevo Reglamento financiero. Y también a este respecto, diré que estamos todos de acuerdo. Hemos trabajado juntos, el Parlamento lo ha votado, está aceptado. No hay más que ponerlo en práctica. Y todos estamos de acuerdo en respetar los procedimientos del Reglamento financiero, entre otros los que permiten una verdadera transparencia en la ejecución del presupuesto. Además, si hemos comprendido bien, se han dado a la Comisión todos los recursos ad hoc para esta ejecución. Creo, señor Kinnock, que es algo esencial en este asunto, pero también para el futuro.

Pero también hace falta, a efectos de la ejecución del presupuesto, que las sumas lleguen puntualmente. Se habla en la industria del «justo a tiempo», y ahí está el problema. Hoy nos encontramos en una situación en que la Comisión no ha anticipado lo suficiente y, en vez de venir a vernos y explicarnos que quizás había un disfuncionamiento o nuevas dificultades, ha esperado a que nos alertaran los ciudadanos y las redes, y por tanto a que estemos muy preocupados.

No solo es que la Comisión haya tardado en advertirnos, sino sobre todo, señor Kinnock, que ha habido algunas ocultaciones. En efecto, cuando se nos dice que «varias estructuras han aceptado no recibir dinero», yo digo que no estoy de acuerdo. Varias estructuras han aceptado que se pongan medios materiales a su disposición, pero nunca han dicho que no necesitaran dinero. Es un modo de proceder que encuentro un tanto desagradable a la vista de la necesidad de que seamos lo más sinceros posible en nuestro trabajo en común.

Hoy tenemos que encontrar una solución para 2004 y creo que la encontraremos el lunes. En todo caso, lo espero, para que pueda prorrogarse en 2005. Pero lo que hace falta ahora es que la Comisión nos asegure que podrá aplicar, sin fallos y a tiempo para garantizar el funcionamiento de los Puntos de Información, la solución que estoy segura vamos a encontrar. Es esencial, lo hemos dicho, porque Europa no puede soportar ningún quebranto democrático más. Europa puede seguir funcionando administrativamente, pero sin los ciudadanos no lo hará por mucho tiempo, y los Puntos de Información son uno de los intermediarios esenciales para que tengamos al fin una Europa de los ciudadanos.

 
  
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  Ebner (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Rocard, que ahora se encuentra ausente, por plantear esta cuestión en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Señor Comisario, a menudo ocurre, como ya ha dicho el Sr. Perry, que se critica a la persona equivocada. Así pues, no existe un fundamento jurídico, no creo que exista tampoco ninguna voluntad política o, si la hay, al menos es deficiente. Y si falta la voluntad política, entonces lo que ocurre –como ha sucedido en este caso– es que la gente intenta solucionar parcialmente el problema durante un breve periodo transitorio, sin proporcionar un arreglo adecuado para el futuro.

Nosotros, políticos dedicados a Europa, sabemos por experiencia que los políticos nacionales tienen una tendencia muy pronunciada a descargar sus propios defectos, errores e incapacidades sobre Bruselas y soltar improperios contra ella. Resulta muy sencillo de hacer, tiene una buena acogida y por regla general no corren ningún riesgo de reclamación. Creo que las agencias de información en la Unión Europea contrarrestan este tipo de tendencia.

Ellos saben la forma en que los medios de comunicación cuentan las cosas, y no solo en su propio país. La información acerca de la Unión Europea es deficiente también en otros países; es necesario contrarrestarla allí también y estos Puntos de Información y oficinas, que están en condiciones de suministrar información objetiva, son las oficinas que trabajan a favor de Europa.

Si se van a suprimir gradualmente los Puntos de Información, lo mismo que los Carrefours, y ahora se nos dice que existe la posibilidad de un periodo transitorio de un año o incluso más, entonces eso no hace nada por contrarrestar esta tendencia. No se trata de que precisemos uno o dos años más porque vayamos a celebrar elecciones el año que viene, ¡es que necesitamos una solución para el futuro! Señor Comisario, estoy profundamente convencido de que si hablamos en términos –como hemos hecho varias veces hoy– de aunar nuestras fuerzas, entonces tenemos que tener en cuenta también la necesidad de enlazar las oficinas del Parlamento y de la Comisión en los Estados miembros con los Info-Points y los Carrefours, a fin de reforzar nuestra presencia en el territorio en cuestión. Tenemos que embarcarnos en una expansión general de los servicios de información y tenemos que modificar nuestras prioridades. Es una cuestión de imperiosa necesidad involucrar a los círculos de voluntarios de los Estados miembros en estas oficinas de información y procurar una mejor cooperación con los organismos y entidades locales, buscando una mayor eficiencia y unas mejores condiciones financieras.

 
  
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  Paasilinna (PSE).(FI) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sucede que el señor Comisario se ha salvado con este excelente discurso inicial, diciendo lo que realmente queríamos oír. Evidentemente es la forma de actuar de un Comisario inteligente y experto, pero muchas gracias, señor Kinnock, por lo que acaba de manifestar.

Sin embargo, en esa fecha, el 29 de septiembre, en que la Dirección General de Prensa y Comunicación remitió una carta a todos los Puntos de Información, fue como si se hubiera lanzado un bloque de hielo en el agua de la bañera. Sacudió el barco y cundió el pánico entre la gente. Es evidente que no se puede actuar de esa manera y la prueba de ello somos todos nosotros aquí.

Estos Puntos de Información han sido instituidos en los últimos años y la Comisión ha efectuado el excelente comentario en cuanto que tales centros tenían una contribución extremadamente valiosa que hacer, ya que atesoraban una experiencia notable y podían actuar de forma flexible y con gran proximidad a la sociedad civil y la población, y de que constituían una herramienta esencial para la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea, representando a la UE sobre el terreno. Excelente. Usted mismo ha dado muestra de ello en representación de la Comisión, y creo que en el futuro también garantizará que existan Puntos de Información sobre el terreno.

Ya se ha mencionado aquí que la necesidad de información va en aumento. El impacto de la ampliación creará una necesidad continua de información en todos los Estados miembros. Los ciudadanos tienen que estar informados acerca de los resultados de la Conferencia Intergubernamental, en otras palabras, del Tratado Constitucional. Se trata de un documento de más de 300 páginas, que hasta ahora han leído menos del 2% de los ciudadanos de la Unión. Las elecciones parlamentarias y, concretamente, el intento de potenciar el interés de las personas por participar en ellas son, desde luego, tareas ingentes, que afortunadamente pueden soportar los Puntos de Información.

Es necesario mejorar las normas de supervisión. Si se trata de que algunos Puntos de Información funcionan de forma ligeramente dudosa, me gustaría que el señor Comisario lo comentara, pero evidentemente no se puede permitir que eso afecte a la totalidad de la red, aquellas secciones que han actuado de modo correcto.

Apoyo decididamente la idea de que la Comisión busque el año que viene una solución mejor, más operativa y más sencilla de controlar. La necesidad de información crece a medida que es mayor el número de asuntos que se deciden aquí, en el punto central de Europa, y por ello respaldo al señor Comisario en sus reformas.

 
  
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  Santini (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, quiero agradecer a los diputados que han formulado esta pregunta oral en la Cámara, aunque la encuentro demasiado suave y vaga dada la gravedad y complejidad del tema planteado. Las propias respuestas que ha dado el Comisario Kinnock –que de hecho han sido demasiado prudentes, casi avergonzadas– confirman que la inestabilidad que estamos denunciando es real y que los problemas son verdaderos. Además, el 9 de octubre de 2003 ya presentamos una pregunta escrita. Fui el primero en estampar mi nombre en ella, pero la firmaron 48 diputados de todos los Grupos políticos. Esta pregunta hacía referencia, de una forma mucho más detallada y específica, a las preocupaciones de quienes trabajan –alguno desde hace muchos años– en los Centros de Información, los Info-Points y los Carrefours, todos los puntos de información europeos. Dado que todavía no hemos recibido una respuesta por escrito –al menos yo no he visto ninguna–, me voy a tomar ahora la libertad de repasar rápidamente los puntos de esta pregunta.

Comenzaba recalcando cómo el Parlamento Europeo, exactamente igual a como lo está haciendo hoy, ha llamado a menudo la atención sobre la importancia, en lo que concierne a la política de información y comunicación, de estas redes creadas en más o menos la totalidad de los Estados miembros. La Comisión también expresó una opinión similar, concretamente en dos documentos oficiales: la comunicación 354 de 2001 y la comunicación 350 de 2002, que finalizaba más o menos con las mismas palabras, afirmando que los Info-Points, los Centros de Información y los Carrefours constituyen un patrimonio inapreciable debido a su experiencia, flexibilidad y proximidad inmediata a los representantes de la sociedad civil y a los ciudadanos.

Incluso el Sr. Prodi alabó explícitamente estas instituciones en una respuesta dada a otra pregunta el 27 de septiembre de 2002. Cuando menos dijo que la percepción de las medidas propuestas y de los proyectos llevados a la práctica por la Unión Europea está aumentando gracias a las redes de información. Por eso estamos aún más perplejos y apenados al leer la carta de 29 de septiembre de 2003, en la que la DG Prensa, en contra de todas estas buenas promesas, notificaba a las estructuras nacionales que acogen a estas redes que la renovación del acuerdo para 2004 ya no incluiría el derecho a subvención, si bien para el futuro, la Comisión estudiará –son palabras textuales– nuevas formas de cooperación. Como ha mencionado el Comisario Kinnock, todo esto se debe a la entrada en vigor, el 1 de enero de 2003, de los Reglamentos financieros 1605 y 2342.

Se trata de una situación nueva y carente de precedentes, que coloca un interrogante sobre la propia supervivencia de estas redes y, en cualquier caso, reduce drásticamente la capacidad de diálogo con los ciudadanos, precisamente en un momento en el que, por el contrario, debería incrementarse dicho diálogo. Existe una acuciante necesidad, señor Comisario, una sed infinita de conocimiento –como han manifestado otros diputados, incluso de los bancos opuestos– en este momento, en el que nos acercamos a las elecciones europeas, en el que la Constitución europea está tomando forma y en que la ampliación se va a producir en breve, lo cual se traducirá sin duda en una acentuación de dicha necesidad de información.

No obstante, quiero recalcar la necesidad de una respuesta inmediata a los interrogantes contenidos en la pregunta escrita. ¿Qué piensa hacer la Comisión para actuar con prontitud, por ejemplo, para dotar de personalidad jurídica a los Carrefours y los Puntos de Información mediante la aplicación de los artículos 54, 55 y 185 del Reglamento del Consejo 1605 de 2002? Pero por encima de todo, es preciso proporcionar una respuesta inmediata para 2004: no basta con decir «ofrecemos garantías para el próximo año, pero después no sabemos». Al pronunciar estas palabras estoy pensando, sobre todo, en las zonas más desfavorecidas, en los Carrefours rurales, especialmente en las zonas montañosas, que a menudo constituyen la única e insustituible fuente de información y una señal de que la Institución europea se halla próxima a la gente, concretamente en estas zonas desfavorecidas.

 
  
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  Korhola (PPE-DE).(FI) Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Rocard por plantear este importante asunto. Los Puntos de Información Europa en los Estados miembros constituyen un canal natural y simple para que le llegue al público información sobre la Unión Europea. Es algo que desde luego ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, pero considero que debo repetirlo. Como canal de comunicación tal vez no sean insustituibles y su labor no depende totalmente del apoyo de la Comisión. Pero a pesar de todo son enormemente importantes.

En mi país, lo mejor de los Puntos de Información Europa es que se encuentran donde está la gente. Si la UE se percibe a una distancia tremenda, al menos no es culpa de ellos. Al contrario, son los propios Puntos de Información los que hacen la situación más llevadera. Los Carrefours de la UE se encuentran en zonas rurales y los Puntos de Información Europa en las bibliotecas regionales. Resulta muy fácil para la gente buscar la información deseada y así lo hacen. Por ejemplo, en Finlandia la gente busca todos los días información acerca del proyecto de Constitución europea en estos lugares.

A nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, a menudo nos consulta el público sobre diferentes asuntos. Pero dado que nosotros nos dedicamos sobre todo a la legislación, mi propio trabajo se ha visto indudablemente simplificado por el hecho de que en muchos casos puedo remitir a la gente que pregunta a los servicios de los Puntos de Información.

La participación ha sido escasa en anteriores elecciones al Parlamento Europeo. La última vez en Finlandia fue ligeramente superior al 31%. Es más, muchos ciudadanos de la Unión Europea piensan que la nueva Constitución es una fuerza motriz de una Unión de corte federalista y que la administración de la Unión se va alejando progresivamente del estamento popular. Tenemos que ser capaces de acallar esos temores, aumentando el volumen de información significativa que suministramos.

En consecuencia, no considero acertado reducir o anunciar la intención de reducir la comunicación directa con los ciudadanos de Europa. Es absolutamente vital que las elecciones europeas lleguen hasta los ciudadanos a través de la implicación en la votación por parte de los medios de comunicación públicos, así como de los propios órganos de comunicación de la Unión. El efecto combinado de todo esto será conseguir apoyo para la idea de que los ciudadanos experimenten su propia elección y su propia Unión, y lanzar la idea de una Unión Europea humana que está sujeta al influjo de sus ciudadanos.

 
  
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  Kinnock, Comisión. (EN) Señor Presidente, responderé brevemente y, espero, con agudeza a las cuestiones planteadas por algunas de sus Señorías.

Durante este debate se ha dicho que la Comisión es descortés, que nuestras acciones son improvisadas, poco prácticas y se adoptan con retraso. Me parece que la Comisión ofrece un blanco fácil para las quejas de la gente, sobre todo cuando haya motivos para creer que algunos problemas han surgido debido a omisiones accidentales, no malintencionadas. Me gustaría simplemente subrayar que hay personas que critican a la Comisión cada vez que asoma una duda sobre nuestro cumplimiento de la legislación de la Unión. Esa es una crítica política que debemos afrontar. Sin embargo, resulta difícil de encajar cuando intentamos hacer que se respete la ley y, por ello, somos castigados por nuestra inflexibilidad y mal funcionamiento.

Sé que esta Cámara –y sin duda las personas que asisten a este debate– comprenden estos problemas. En aras de la plena claridad sobre este tema, cosa que no se ha llegado a ver en todas las intervenciones, repito: si tomamos, por ejemplo, la propuesta del Sr. Bayona de Perogordo, consistente en adoptar un enfoque transitorio, simplemente diría que hemos hecho algo mucho mejor que adoptar un enfoque transitorio. No proponemos la publicación de convocatorias de propuestas. Tenemos una solución provisional que consiste, como ya he dicho, en una excepción para 2004, aunque, por supuesto, necesitaremos la comprensión y el consentimiento del Consejo.

La supervivencia de los Puntos de Información no depende de nosotros. En la mayoría de los casos e incluso con la propuesta original de poner fin a las ayudas, la Comisión se ofreció a seguir prestando asistencia técnica en 2005 a aquellos puntos de contacto que la deseen.

Espero que nadie salga de este debate pensando que abandonamos a su suerte de forma desconsiderada y descortés a estas fuentes de información o a las personas que prestan este servicio. Seguro que no lo haremos.

Por último, permítanme volver a los comentarios del Sr. Perry, expresados con su habitual delicadeza y encanto, y con más solidez aún porque están envueltos en seda y untados de jabón perfumado. Podría haber citado algunos otros tópicos, pero solo son tópicos porque dicen la verdad. Se ha dejado en el tintero las expresiones «keep off the grass» (prohibido pisar el césped) y «a miss is as good as a mile» (por un clavo se pierde una herradura). Sin embargo, en el presente caso habría sido totalmente legítimo y lo entiendo perfectamente.

Todo este asunto ha sido una auténtica lección sobre la gestión de las necesidades transitorias que se plantean automáticamente cuando introducimos cambios muy necesarios pero repentinos en nuestras relaciones de gestión y financiación. Espero que las lecciones que hemos aprendido sirvan de algo. Igualmente espero que los mecanismos provisionales que ha propuesto la Comisión merezcan la aprobación de esta Cámara.

 
  
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  El Presidente. El debate queda cerrado.

 

6. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 50 del Reglamento PE)
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho.

 

7. Sri Lanka
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:

- (B5-0490/2003) de los diputados John Walls Cushnahan, Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Philip Charles Bradbourn y Bernd Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Sri Lanka

- (B5-0492/2003) de los diputados Margrietus J. van den Berg y Maria Carrilho, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Sri Lanka;

- (B5-0495/2003) del Sr. Gerard Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre la amenaza al proceso de paz en Sri Lanka;

- (B5-0498/2003) del Sr. Ole Andreasen, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación política en Sri Lanka;

- (B5-0505/2003) de los diputados Reinhold Messner y Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el proceso de paz en Sri Lanka;

- (B5-0510/2003) del Sr. Luigi Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Sri Lanka.

 
  
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  Cushnahan (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, cualquier persona que haya tenido el privilegio de visitar Sri Lanka se habrá visto profundamente conmovido por la calidez y generosidad de sus habitantes.

Esto explica por qué hubo tanta buena fe y apoyo para las audaces medidas adoptadas por el actual Primer Ministro, Ranil Wickremesinghe y los LTTE al poner en marcha un proceso de paz para poner fin al terrible conflicto en el que han perdido la vida 65 000 personas, muchos miles han quedado lisiados y se han inflingido daños indecibles a la economía y, de hecho, a la calidad de vida del pueblo de Sri Lanka.

En el mes de junio de 2003, la comunidad internacional prometió en Tokio una ayuda de 4 500 millones de USD para apoyar el proceso de paz. Por ello resulta trágico que se haya producido una crisis institucional entre la Presidenta y el Primer Ministro, que amenaza con hacer descarrilar el proceso de paz.

Lamento profundamente las medidas adoptadas por la Presidenta Chandrika Kumaratunga. Me gustaría pedirle que hiciese una pausa para reflexionar sobre sus consecuencias. Y lo hago porque soy consciente de que, a pesar de las tragedias personales que ha sufrido a manos de los LTTE, puso en marcha acciones valientes que allanaron el camino para la actual iniciativa de paz. Ya en 1997 invitó al Gobierno noruego a que se implicara. En 2000 presentó un proyecto de constitución que recogía propuestas para establecer una autonomía. Creo que la historia reconocerá su contribución si las negociaciones actuales conducen a una paz duradera.

La colaboración entre Gobierno y oposición en los Parlamentos británico e irlandés ha sido una pieza fundamental para la prosecución del proceso de paz irlandés, sobre todo cuando han surgido problemas. Por ello es igualmente importante una colaboración similar en su homólogo de Sri Lanka.

Con sus actos de este día, el Parlamento Europeo envía una vez más un mensaje de buena fe a Sri Lanka y expresa su deseo de que el Presidente y el Primer Ministro trabajen juntos por el interés nacional. Seguimos estando dispuestos a ayudarles a buscar una paz permanente para su hermoso país.

 
  
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  André-Léonard (ELDR).(FR) Señor Presidente, la crisis política actual que afecta a Sri Lanka tiene enormes repercusiones sobre el proceso de paz y sobre el futuro económico del país.

Las divergencias políticas y la rivalidad que enfrentan a la Presidenta de Sri Lanka y su Primer Ministro amenazan la estabilidad y la prosperidad de la isla. En efecto, la semana pasada, tres Ministros dimitieron de sus funciones, el Parlamento fue suspendido y se declaró el estado de emergencia. Este conflicto personal tiene su origen en la actitud ante los separatistas tamiles. La Sra. Chandrika Kumaratunga quiere suspender las negociaciones de paz con los separatistas, mientas que el Primer Ministro desea, por el contrario, mantenerlas. Es imperativo llegar a un entendimiento para mitigar la crisis de confianza que cunde en la población, muy cansada ya del conflicto con los separatistas tamiles desde hace más de 20 años.

El pueblo de Sri Lanka sufre y ha sufrido enormemente por los actos de terrorismo perpetrados en su territorio y por el clima de inseguridad resultante. Por ello, aspira a la paz en su isla y a un futuro estable. Estos son hechos que deben tener en cuenta las autoridades de Sri Lanka. Cuando los habitantes se alegraban por los avances en el proceso de paz con los separatistas tamiles, la inestabilidad provocada por la Presidenta hunde al país en una profunda crisis de confianza, tanto desde el punto de vista político como desde el económico. En el ámbito político, la marcha de los negociadores noruegos, que desempeñaban un papel clave en las negociaciones de paz entre los separatistas tamiles y el Gobierno de Sri Lanka, es totalmente lamentable. Desde el punto de vista económico, en el sector textil, por ejemplo, muchos comerciantes se quejan de muchas anulaciones de pedidos. Tampoco otro sector que es asimismo un motor económico para el país, el turismo, se libra por desgracia de esta tormenta. En efecto, las agencias de viajes informan de una serie de cancelaciones.

Muchos habitantes de Sri Lanka piensan que esta grave situación está directamente relacionada con la actitud de la Presidenta, que se niega a proseguir las negociaciones de paz. Ante este clima de hostilidad, pedimos a las autoridades de Sri Lanka que resuelvan lo antes posible los litigios que las enfrentan para ofrecer al fin a su pueblo la estabilidad y la seguridad que merece.

 
  
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  Rod (Verts/ALE).(FR) Señor Presidente, el conflicto que enfrenta al Gobierno de Sri Lanka y los Tigres tamiles dura ya 30 años y ha causado decenas de miles de muertos. Tras la suspensión de las negociaciones en abril, la reanudación del diálogo a finales del mes de octubre con el Primer Ministro Ranil Wickremesinghe representaba un gran paso adelante hacia la paz. Se habían realizado avances significativos en términos institucionales para la resolución del conflicto.

Pero el golpe de Estado legal perpetrado por la Presidenta Chandrika Kumaratunga ha provocado un inmenso salto atrás, al interrumpir las negociaciones. La proclamación del estado de excepción, la concentración de los puestos más importantes del Estado –Ministerios de Interior, Defensa e Información– en manos de la Presidenta, la intervención del Ejército, la suspensión de las actividades parlamentarias: todos estos hechos testimonian que la situación se ha agravado. Y puede empeorar rápidamente, llegando incluso a la reanudación de la guerra y una nueva convocatoria de elecciones de resultados inciertos.

Las acusaciones de la Presidencia contra el Gobierno y la puesta en peligro del alto el fuego son muy preocupantes. Apoyamos los esfuerzos del Primer Ministro en su voluntad de diálogo. La Presidenta debe reanudar el contacto con este último lo antes posible, a fin de encontrar una solución constitucional. Paralelamente, es necesario ampliar la cooperación a todos los líderes políticos y a todos los grupos de intereses.

Sea como fuere, el cese inmediato del estado de emergencia es una condición necesaria para la reanudación del proceso de paz. En esta perspectiva, apoyamos plenamente al Gobierno noruego en su misión mediadora y deseamos que reanude sus esfuerzos lo antes posible. La situación es especialmente preocupante por lo que se refiere a la salvaguardia de los derechos humanos. El régimen de excepción no debe provocar un aumento de los atentados a las libertades fundamentales. Estamos especialmente preocupados por el riesgo de recrudecimiento de las intervenciones policiales y militares, y sobre todo por el riesgo de torturas o tratos inhumanos. Pedimos, para terminar, que el estado de excepción no frene la distribución de la ayuda concedida por la Conferencia de donantes en el mes de mayo. Porque somos conscientes de que el proceso de paz no puede progresar mientras no se apacigüen las relaciones internas, llamamos al levantamiento, lo antes posible, del estado de excepción.

 
  
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  Meijer (GUE/NGL). (NL) Señor Presidente, Sri Lanka tiene tres grupos de población de orígenes diferentes. Además de la mayoría cingalesa, los tamiles –que están relacionados con los habitantes del sur de la India– predominan en el noreste, mientras que los descendientes de los europeos de los tiempos coloniales viven en la capital, Colombo, y sus alrededores. A raíz de la independencia, la izquierda y la derecha dentro de la mayoría étnica han estado enfrentados ferozmente entre sí. Los dos partidos se han alternado en el Gobierno y entretanto han perdido gran parte de su prestigio político. Se han ido superando mutuamente en su aversión a las minorías. Los votos cingaleses se pueden conquistar proclamando que los tamiles se tienen que ir a la India y que hay que erradicar las influencias culturales europeas. Solo tras una guerra de secesión larga y desesperada ha surgido un Gobierno dispuesto a hablar seriamente con el movimiento de resistencia tamil, que quiere un Estado propio. La ayuda noruega ha desempañado un papel imprescindible en este proceso.

Es el ansia de gloria de la Presidenta, que pertenece a un partido cuyos orígenes encuentro en sí mismos más gratos que los del partido gobernante, lo que ahora amenaza con echar todo por tierra otra vez. Europa tiene que enviar una señal clara de que es ineludible un acuerdo de paz duradero y que la reanudación de la guerra devastadora es inaceptable. Sin una solución duradera para el noreste, el país sufrirá una fractura y los ciudadanos quedarán desarraigados. Cualquier pretensión que pueda tener la mayoría étnica, o la Presidenta, acerca de que las cosas pueden continuar sin una solución a este problema, solo conducirá a una repetición de los desastres de las últimas décadas. Por tal razón, el mundo exterior debería dejar lo más claro posible que se trata de una situación inaceptable y que precisa de verdad una solución pacífica.

(Aplausos)

 
  
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  Mann, Thomas (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, en febrero de 2001, una delegación de la SAARC –la Asociación para la Cooperación Regional del Asia Meridional– viajó a Sri Lanka; yo, en calidad de vicepresidente, formaba parte de ella. Nos reunimos con el antiguo jefe de la oposición, que ahora es el Jefe de Gobierno. Hablamos con budistas, hindúes y cristianos, incluido el obispo Joseph, que desempeñaba el papel de intermediario. Volamos en helicóptero a Jaffna, vimos los pueblos que habían sido destruidos y las manifestaciones de personas que deseaban volver a casa.

La guerra civil había durado veinte años, se había cobrado más de 60 000 muertos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos nos dijeron que «la guerra es una institución». Un año después, sin embargo, se produjo un cese de las hostilidades, un triunfo para la misión de paz noruega, cuya labor siempre ha contado con nuestro apoyo. Está perfectamente justificado que pongan fin a sus trabajos en respuesta a la crisis de fabricación casera, de la que es responsable la Presidenta Chandrika Kumaratunga. Fue ella quien se hizo cargo de tres ministerios gubernamentales, ella quien disolvió el Parlamento elegido democráticamente y declaró sin más el estado de emergencia en el país. Acusó al Primer Ministro de hacer demasiadas concesiones a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil.

Aunque ambos rivales, reunidos en Colombo, acordaron hace dos días crear una comisión para fijar las reglas sobre cuya base podrían cooperar en el futuro, no parece que el conflicto haya quedado resuelto. Para que eso ocurra es necesario llegar a un acuerdo que permita que el desarrollo inicial favorable tenga continuidad. Esto lo sabe muy bien mi grupo de visitantes. Ha disminuido notablemente el número de víctimas de la violencia. Las condiciones de seguridad han mejorado en muchas partes del país. Aumenta el número de personas que se reúnen a ambos lados de la línea de demarcación, que anteriormente se hallaba herméticamente sellada.

También en términos económicos existen signos alentadores. El crecimiento este año ronda el 5%. Cabe esperar un incremento de las ayudas por parte de la comunidad internacional por importe de 4,5 millones de USD en ayudas para la reconstrucción, en virtud de la Conferencia de Tokio, a la que acaba de hacer referencia el Sr. Rod. De todas formas, esto depende de que se plasme pronto un tratado de paz.

También supone un progreso que los representantes de los LTTE hayan aceptado, por primera vez, una elecciones libres en el norte. Deseamos al pueblo de Sri Lanka que acaben pronto las rencillas privadas en bien de la paz.

 
  
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  De Keyser (PSE).(FR) Señor Presidente, Sri Lanka se encuentra en una situación de cohabitación, con una Presidenta y un Primer Ministro que pertenecen a dos formaciones políticas competidoras. Desde hace 20 años, cada formación política en el poder trata de lograr la paz con los Tigres tamiles y, siempre, la oposición hace fracasar el proceso de paz.

Así, cuando el actual Primer Ministro estaba en la oposición, hizo fracasar el proyecto de la Presidenta de conceder más autonomía a los tamiles en el noreste del país, donde son mayoritarios. Desde que es Primer Ministro ha dado grandes pasos en la negociación con el LTTE, con la ayuda de la mediación noruega, consiguiendo finalmente un alto el fuego que dura ya varios meses y que ha cambiado la vida de la población al mismo tiempo que permite sin duda un despegue económico limitado.

Por primera vez desde la existencia del movimiento, los independentistas tamiles acababan de publicar propuestas concretas de reparto del poder en una región que, si bien sería autogestionada por los tamiles, seguiría formando parte de Sri Lanka. Estas propuestas eran negociables, pero la Presidenta asumió la grave responsabilidad de cortar este proceso de paz aprovechando el viaje a los Estados Unidos del Primer Ministro y utilizando sus prerrogativas constitucionales. Así, disolvió el Parlamento y convocó a los Ministros de Defensa, Interior e Información para destituirlos.

Esta era la situación hasta hace unos días. Hoy, el Parlamento reanuda sus actividades y la Presidenta vuelve a negociar con el Primer Ministro, por ello creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Incluso se ha creado una comisión de conciliación entre las dos ramas del poder ejecutivo. En nuestro Grupo creemos de veras que el Parlamento Europeo debe alentar claramente a los responsables políticos de Sri Lanka a encontrar una solución a la crisis política, pero también y sobre todo una solución constitucional que permita un acuerdo duradero con los tamiles, y expresamos todo nuestro apoyo a la mediación noruega en sus esfuerzos por encarrilar de nuevo el proceso de paz.

 
  
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  Kinnock , Comisión. – (EN) Quiero dar las gracias al Sr. Cushnahan por plantear esta cuestión, junto con otros miembros de esta Cámara, los cuales se interesan muy de cerca por los asuntos de Sri Lanka.

La Comisión ha seguido muy de cerca los acontecimientos de Sri Lanka y siente una profunda preocupación por el grave revés que ha sufrido el proceso de paz debido a los hechos recientes, entre ellos el despliegue de tropas en la capital y la decisión de poner las carteras de Defensa, Interior y Comunicaciones bajo la autoridad de la Presidenta.

La Presidencia del Consejo y la Comisión han emitido una declaración conjunta con Noruega, Estados Unidos y Japón, en la que expresan su preocupación de que los recientes acontecimientos ocurridos en Sri Lanka pueden poner en peligro el espíritu de cohabitación entre la Presidenta y el Gobierno, que ha sido fundamental para mantener el impulso del proceso de paz.

La Presidencia y la Comisión instaron a los dos principales partidos a que sigan colaborando para apoyar una solución política negociada a este largo conflicto.

El Comisario Patten ha llamado por teléfono en repetidas ocasiones al Primer Ministro de Sri Lanka, el Sr. Wickremesinghe, para alentarle a que encuentre una manera de regresar a una cohabitación constructiva y funcional con la Presidenta Kumaratunga. La Comisión continuará sus esfuerzos con la esperanza de poder reducir las tensiones. La Comisión está coordinando todas sus acciones con Noruega, país que actúa de facilitador del proceso de paz, así como con los demás países de la copresidencia. Lógicamente, la Comisión está diariamente en contacto con su Delegación en Colombo a fin de mantenerse al día de la evolución de los acontecimientos.

El Comisario Patten visitará Sri Lanka los días 25 y 26 de noviembre de 2003, como estaba previsto. Esta visita le permitirá hacerse una idea de primera mano de la situación y deliberar sobre todas las cuestiones de importancia con todas las partes implicadas, y volverá a recalcar y reforzar los puntos de vista de la Comisión –y sin duda de esta Cámara–, que ya han sido trasladados a todas las partes del conflicto.

La Comisión colabora de forma coordinada con el Consejo. Acogemos con agrado la resolución de este Parlamento que insta a la Presidenta y al Gobierno de Sri Lanka a retornar a la cohabitación que imperaba desde las últimas elecciones generales celebradas en ese país.

La Sra. De Keyser hablaba de la esperanza de una incipiente restauración de relaciones normales. Esta es una esperanza que compartimos y deseamos reforzar.

 
  
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  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates.

 

8. Aceh
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:

- (B5-0491/2003) de los diputados Margrietus J. van den Berg y Linda McAvan, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh;

- (B5-0496/2003) de la Sra. Ulla Margrethe Sandbæk, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Aceh;

- (B5-0497/2003) del Sr. Ole Andreasen, en nombre del Grupo ELDR, sobre Indonesia/Aceh;

- (B5-0501/2003) de los diputados John Bowis, Charles Tannock y Bernd Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh;

- (B5-0507/2003) de los diputados Matti Wuori, Nelly Maes y Patricia McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh;

- (B5-0508/2003) del Sr. Giuseppe Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Indonesia/Aceh.

 
  
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  McAvan (PSE).(EN) Señor Presidente, este debate se celebra en un momento muy oportuno de la historia de Indonesia en vista de la grave situación reinante en la provincia de Aceh.

La decisión adoptada por las autoridades indonesias de prorrogar la ley marcial y de llevar a cabo una ofensiva militar resulta profundamente lamentable y se han producido duras acciones militares. Unos 45 000 soldados han sido enviados a esta provincia para luchar contra 5 000 rebeldes. Como sucede siempre en estas situaciones, es la población civil la que paga un alto precio, pues se sabe que se han producido trastornos en el suministro de alimentos y se han destruido infraestructuras y escuelas. Según las informaciones recibidas, decenas de miles de civiles han abandonado sus hogares.

Estas cifras son, por supuesto, tan solo estimaciones, ya que las autoridades indonesias no permiten que los observadores sigan la situación. Es necesario poner fin a este estado de cosas. No tiene sentido alguno que el Gobierno indonesio se queje de que la comunidad internacional, los Estados Unidos, la UE y Japón, presenten una resolución en la que expresan su preocupación, si a su vez no están dispuestos a dejar entrar observadores internacionales y a dejar que las organizaciones de ayuda humanitaria presten asistencia a la población civil. Nuestra resolución conjunta avanza una serie de exigencias al Gobierno indonesio y espero realmente que este escuche y tenga en cuenta dichas preocupaciones.

Es de vital importancia que las dos partes regresen a la mesa de negociaciones lo antes posible. Una y otra vez escuchamos que la acción militar es la respuesta, que será una acción militar breve y, una vez terminada, todo se arreglará. Hemos oído ese argumento muy menudo, pero también muy a menudo hemos quedado defraudados. Muy a menudo hemos visto el alto precio pagado en vidas humanas. Así pues, ambas partes, el GAM y el Gobierno indonesio, deben volver a la mesa de negociaciones, dejar de combatir y reanudar las conversaciones.

Agradezco a la Comisión lo que ya está haciendo en relación con Indonesia, sobre todo al Comisario Patten, quien siempre ha abordado las cuestiones relacionadas con Aceh cuando se lo hemos pedido. Espero que el Consejo y la Comisión harán todo lo que esté a su alcance para ayudar a que Indonesia regrese a la mesa de negociaciones con el GAM y para que dichas conversaciones comiencen lo antes posible. Esta es una cuestión urgente y agradezco a mis homólogos de este Parlamento que hayan aceptado que celebráramos hoy este debate y que hayan apoyado esta resolución.

 
  
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  Sandbæk (EDD). (DA) Señor Presidente, cuando la Presidenta Megawati todavía era candidata a la Presidencia, manifestó que la opresión económica, social y política de la población de Aceh era el origen de su descontento y el motivo de los desórdenes. Además les imploró que no tiñera la tierra ni una sola gota de sangre de sus gentes. Actualmente, Aceh se halla en estado de emergencia. Se están produciendo violentas operaciones militares y la gente está siendo desterrada, asesinada o violada. No existe ningún acceso a la provincia y la ayuda de emergencia está siendo proporcionada, en contra de todas las normas internacionales, por los militares.

La preocupación por la población de Aceh no hace sino aumentar por varias razones. En mayo, el mensaje era que los insurgentes serían derrotados en plazo breve. Tras una ofensiva de seis meses, el 40% de la gente está viviendo por debajo de la línea de pobreza. Ahora se ha ampliado el estado de emergencia y el Gobierno ha comenzado a hablar de una guerra duradera, quizás de otros diez años.

La situación en Aceh es complicada por naturaleza, al abarcar visiones políticas diametralmente opuestas, una competencia por los recursos de gas y de petróleo y una población a la que, durante mucho tiempo, se le ha negado la autonomía prometida durante la guerra de independencia. El apoyo a los separatistas no puede ser aplastado, ni ahora ni en el futuro, por las operaciones militares. Al contrario, las violentas infracciones de los derechos humanos por parte de los militares se traducirán en un apoyo aún mayor para los insurgentes. Me temo que las fuerzas armadas de ambos bandos piensan que pueden escapar impunes de sus fechorías en el caso de que los observadores independientes no dispongan de acceso a Aceh. Especialmente preocupantes resultan los últimos rumores de que también está actuando ahora en Aceh un grupo militar sospechoso de haber cometido abusos sistemáticos contra los derechos humanos en Timor Oriental en 1999, junto con un grupo de soldados del ejército indonesio acusados, convictos o sospechosos de graves delitos contra los derechos humanos.

Ese es uno de los signos de mayor preocupación para el Gobierno indonesio. Por consiguiente, es sumamente importante que se dé, tanto a escala internacional como durante las conversaciones de la UE con la Sra. Megawati, la máxima prioridad al acceso a Aceh.

 
  
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  André-Léonard (ELDR).(FR) Señor Presidente, en Aceh, en el extremo norte de la isla de Sumatra, desde la instauración de la ley marcial el pasado 19 de mayo tras la ruptura del alto el fuego firmado algunos meses antes, no han dejado de aumentar las detenciones arbitrarias de civiles por parte de militares y policías. La situación es muy preocupante y el clima de violencia que arrasa en la provincia puede poner en marcha de nuevo una espiral diabólica. Desde finales del mes de mayo, los militares indonesios han detenido o matado a cerca de dos mil personas sospechosas de pertenecer al grupo rebelde GAM, un movimiento que reivindica la autonomía de Aceh.

Ante esta espiral de violencia, pedimos al Gobierno indonesio y al movimiento independentista que reanuden las negociaciones para la aplicación de un acuerdo de cese de las hostilidades. Hay que proteger a las poblaciones amenazadas, e Indonesia debe reanudar rápidamente un auténtico diálogo a fin de poner fin a estos combates inútiles, que provocan grandes injusticias y son una puerta abierta a la muerte de inocentes y a la pobreza.

En Aceh, donde las fuerzas de seguridad están muy presentes y asesinan con total impunidad desde hace muchos años, el clima se deteriora de un día para otro y debilita la confianza de los habitantes de la provincia. La pasividad del Gobierno indonesio ante los miles de casos de violación registrados en Aceh, la mayoría de los cuales han sido cometidos por sus propias fuerzas de seguridad en el marco de las operaciones de represión de la insurrección en los últimos años, ha alimentado el resentimiento de la población y creado unas condiciones favorables para el fortalecimiento de una oposición violenta. La esperanza de una paz duradera en Aceh solo se hará realidad si se toman medidas para proteger a la población civil contra las violaciones de los derechos humanos. Por ello, llamamos hoy a las autoridades indonesias, pero también a los países de la ASEAN, al Consejo y a la Comisión a asegurar que Yakarta haga todo lo posible por apaciguar la situación en la región y condene firmemente los flagrantes atentados cometidos contra los derechos humanos.

Para terminar, consideramos que el GAM también deberá prestar su cooperación a las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos imputadas a sus miembros.

 
  
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  Bowis (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, en mi opinión este no es debate sobre los derechos y agravios del pueblo de Aceh que lucha por su independencia, ni una crítica del derecho de Indonesia a intervenir para mantener la ley y el orden, siempre que, lógicamente, ese país no permita que sus fuerzas cometan violaciones de los derechos humanos. Es un debate sobre una creciente crisis humanitaria.

Como sabemos, la mayoría de los 4,2 millones de habitantes de Aceh viven fuera de las dos ciudades principales. Se ha interrumpido el suministro de alimentos, agua, electricidad y comunicaciones a esta población. La atención sanitaria y la educación se han vuelto imposibles. Quinientas escuelas han sido quemadas, miles de personas han huido de sus hogares y el gobernador Puteh ha afirmado que el desempleo y la pobreza han alcanzado niveles alarmantes.

Estamos preocupados por los derechos humanos, y me gustaría plantear dos cuestiones. La primera es el hecho de que 77 jefes de comunidad han sido sustituidos por militares, y la segunda es que en Aceh actúan personas como el mayor general Damiri, el general de brigada Suratman y otros militares que han sido condenados por cometer delitos contra la humanidad en Timor Oriental. Estas personas están de servicio en Aceh.

Kofi Annan ha hecho un llamamiento a Indonesia para que permita el acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos. Y tiene razón. A este acceso se opone el Decreto Presidencial 43/2003, en el que se dispone que las organizaciones internacionales y no gubernamentales no podrán realizar actividades contrarias a los objetivos del estado de emergencia militar. Se trata de una disposición comodín que agrava la crisis humanitaria. No podemos aceptar que toda la ayuda se canalice a través de las autoridades indonesias ni que la actividad de las ONG se limite a Banda Aceh.

Por último, pedimos a Indonesia que investigue urgentemente la desaparición del Sr. Abdussalam Deli, defensor de los derechos humanos, y el asesinato de su compañero, el Sr. Raja Ismail. Espero que la Comisión y el Consejo nos presten ayuda en este sentido.

 
  
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  Rod (Verts/ALE).(FR) Señor Presidente, en la provincia de Atjeh (Aceh) el conflicto dura ya 27 años y ha causado miles de muertos. La situación se ha deteriorado desde la ruptura el pasado mes de mayo del frágil acuerdo alcanzado para el cese de hostilidades, con la instauración por el Gobierno indonesio del estado de emergencia y el cierre de la provincia.

La aplicación de la ley marcial mereció una primera Resolución de este Parlamento en junio. En ella denunciábamos la falta de libertad de la población y de libertad de prensa, y expresábamos nuestra preocupación por el recrudecimiento de la violencia, los asesinatos diarios y la multiplicación de las detenciones y desapariciones.

Esta condena no fue suficiente, porque la ley marcial acaba de ser prorrogada por seis meses. Consideramos esta decisión inaceptable. Pero nuestra preocupación principal es el cierre de la región y la imposibilidad de acceder a la población, en particular a las víctimas del conflicto, porque, cuando hay un estado de emergencia, los militares son los que gestionan la región y canalizan la ayuda humanitaria. Pedimos al Gobierno indonesio que respete el Derecho de guerra internacional y permita el acceso a las organizaciones humanitarias, para que puedan socorrer a los refugiados, a las personas desplazadas y a los prisioneros.

Estamos preocupados también por la radicalización del conflicto y la marginación de militantes de la sociedad civil, cuando se necesitan voces críticas moderadas para avanzar hacia la paz y la reconstrucción.

Con la esperanza de restaurar este diálogo, organicé a principios de octubre, en nombre del grupo de derechos humanos de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, un intercambio de puntos de vista sobre la crítica situación que se vive en Atjeh y en Papuasia. Por desgracia, la negativa del Gobierno indonesio a sentarse frente a los movimientos separatistas y a los representantes de la sociedad civil nos impidió avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto.

Tenemos que constatar lamentablemente que la caída de la dictadura de Suharto y el retorno de la democracia a Indonesia no han venido acompañados de una mejora significativa de los derechos humanos. En realidad, el Ejército sigue en el poder. Las libertades civiles, sindicales y de expresión siguen siendo pisoteadas. Al parecer, el drama de Timor Oriental no ha servido de ejemplo al Gobierno frente a las reivindicaciones autonomistas que surgen en Borneo, las Molucas, Atjeh o Papuasia. Sin duda, el ascenso de los fundamentalismos y la multiplicación de los atentados terroristas que ocupan las primeras páginas de la prensa internacional son extremadamente preocupantes. Pero, en nombre del mantenimiento de la unidad nacional y de la lucha contra el terrorismo, lejos de los medios de comunicación, las libertades siguen siendo pisoteadas a diario y una represión feroz asola Atjeh, pero también Papuasia.

Aunque no apoyamos las rebeliones armadas, llamamos al Gobierno indonesio a que entable un diálogo con los combatientes a fin de construir la paz, y llamamos a la Unión Europea a que promueva el proceso de reconciliación.

 
  
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  Meijer (GUE/NGL). (NL) Señor Presidente, en el transcurso de un debate anterior, el 5 de junio, manifesté que las fronteras en el mundo en vías de desarrollo son en gran medida producto de la administración colonial europea. En este caso, ahora estamos presenciando el resultado de la conquista de Aceh por parte de los Países Bajos hace un siglo o más. Los pueblos que han quedado asimilados a vecinos grandes y poderosos corren el riesgo de convertirse definitivamente en ciudadanos de segunda o tercera categoría, sin acceso a las posiciones directivas, sin la posibilidad de una participación política activa y sin poder disponer de sus recursos naturales. Estos pueblos solo se pueden proteger mediante un alto grado de autogobierno o la secesión. Cuantos más ejércitos se desplieguen para prevenir tal secesión por medio del terror, más odiosos se hacen y más difícil resulta la reconciliación entre los pueblos gobernantes y los demás. Así es como se forma el caldo de cultivo para estos movimientos secesionistas.

En Indonesia, el Gobierno decadente está buscando popularidad entre los habitantes de Java haciendo gala de que está tratando con mano dura a otros grupos de la población y concediendo rienda suelta al ejército. Es una situación comparable a la de Sri Lanka que hemos debatido en un punto anterior del orden del día. La Presidenta necesita esta guerra para mantenerse en el poder. Las negociaciones se alternan con enérgicas intervenciones militares. Algunos refugiados de Aceh me han relatado lo desesperada que se ha hecho la situación. Cualquiera que haya estado presente en las conversaciones de paz en Japón ya no puede entrar sin contratiempos en Indonesia. En Timor Oriental fuimos testigos de las consecuencias devastadoras de este tipo de política por parte de un Presidente anterior.

Europa no se debe conformar con la desesperada situación actual y no debe anteponer las relaciones comerciales con Indonesia, en concreto los suministros de armas que se reanudaron en 2001, a los derechos humanos. Se trata de una situación alarmante y tiene que conducir a que garanticemos un sitio para la autonomía y la emancipación de los pueblos de Indonesia y que no se produzca ninguna victoria militar, opresión o desarraigo de estos pueblos.

(Aplausos)

 
  
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  Kinnock, Comisión. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar la gratitud de la Comisión a la Sra. McAvan por abordar esta cuestión y también a los demás miembros de esta Cámara que se interesan constantemente y conocen de cerca la situación de Aceh.

La situación en esta provincia es, claro está, motivo de preocupación para la Comisión, y en una declaración conjunta, la Presidencia de la Unión y la Comisión, en su calidad de copresidentes de la Conferencia de Tokio sobre paz y reconstrucción en Aceh, manifestaron su inquietud por la prórroga del estado de emergencia militar en dicha provincia. Asimismo expresamos la esperanza de que dicho estado finalice lo antes posible.

La Comisión intenta que el Gobierno de Indonesia suspenda la ley marcial lo antes posible y, entre tanto, le ha recalcado la necesidad de llevar a cabo sus actividades de forma que estas tengan el menor efecto posible sobre el bienestar del pueblo de Aceh. En este proceso siempre incluimos referencias a la ayuda humanitaria, al restablecimiento de las instituciones civiles y al respeto del derecho.

Asimismo, la Comisión exige transparencia en la situación imperante en Aceh y sigue pidiendo, al igual que sus Señorías, que los organismos internacionales y las organizaciones de ayuda humanitaria tengan acceso a Aceh.

Aunque la Comisión reitera su defensa de la integridad territorial de Indonesia, asimismo está firmemente convencida de que el conflicto de Aceh solo puede ser resuelto por medios políticos. A pesar de las dificultades para obtener información fiable y verificable, nuestra Delegación en Yakarta sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en la provincia, en coordinación con las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Indonesia.

Lamenta que las autoridades indonesias hayan cancelado en el último momento una visita a Aceh, planeada recientemente, de los consejeros políticos de varias embajadas. La Comisión seguirá muy de cerca la situación y continuará repitiendo a las autoridades indonesias que deben volver a la mesa de negociaciones lo antes posible y, entretanto, permitir que los organismos dedicados a la ayuda humanitaria actúen en Aceh sin obstáculos.

El interés demostrado por esta Cámara habla a favor de la causa de la decencia y la humanidad, sobre todo por la manera en que sus Señorías han ilustrado su preocupación y sus argumentos haciendo referencia al sufrimiento real que se ha impuesto al pueblo de Aceh.

 
  
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  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates.

 

9. Viet Nam: Libertad religiosa
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:

- (B5-0493/2003) del Sr. Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre las libertades religiosas en Viet Nam;

- (B5-0494/2003) del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la libertad religiosa en Viet Nam;

- (B5-0499/2003) de la Sra. Anne André-Léonard, en nombre del Grupo ELDR, sobre la ausencia de libertad religiosa en Viet Nam;

- (B5-0502/2003) de los diputados Hartmut Nassauer, Bernd Posselt y Thomas Mann, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la libertad religiosa en Viet Nam;

- (B5-0503/2003) de la Sra. Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN, sobre la libertad religiosa en Viet Nam;

- (B5-0506/2003) de los diputados Patricia McKenna, Marie Anne Isler Béguin y Monica Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la ausencia de libertad religiosa en Viet Nam y la eliminación deliberada de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam;

- (B5-0509/2003) del Sr. Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Viet Nam.

 
  
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  Belder (EDD). (NL) Señor Presidente, quiero formular una petición urgente, como hice en mayo, para que se preste atención y se emprenda alguna acción por parte de la Comisión y del Consejo en relación con la ausencia de derechos de la población protestante indígena de los altiplanos centrales de Viet Nam. La reunión de mañana de la comisión mixta UE-Viet Nam en Bruselas constituye la gran oportunidad para ello. Ayer mismo por la tarde tuve un contacto telefónico directo con Hanoi, del que se desprendía una información de fondo tremendamente sombría. El Gobierno vietnamita está llevando una enérgica campaña por televisión contra los montagnard protestantes. Se les tilda de «separatistas» y de constituir un «perjuicio social»: al menos, así es como las autoridades de Hanoi interpretan las continuas protestas de estas minorías étnicas contra la abolición irremisible de sus derechos sociales y económicos –simplemente, expolio– y la discriminación y persecución religiosa por parte de la etnia vietnamita, los kinh, que se consideran a si mismos superiores. Dicho sea de paso, este mismo Gobierno está impidiendo el paso de los extranjeros a los altiplanos centrales. Incluso las ONG locales, respaldadas por organizaciones extranjeras que contribuyen a su financiación, denuncian que pronto se verán obligadas a interrumpir su ayuda a los pueblos indígenas.

Ante este cuadro tan deprimente, pido que tanto la Comisión como el Consejo demuestren su capacidad de actuación. Al fin y al cabo, invierten grandes cantidades de dinero en proyectos del sector público vietnamita, así que no estaría de más que garantizaran que esa ayuda también beneficia a las minorías étnicas oprimidas en los altiplanos centrales. Hagan un llamamiento a las organizaciones de cofinanciación extranjeras para este fin. Aboguen firmemente en favor de la apertura de los altiplanos centrales a los observadores extranjeros. Exijan el cumplimiento del principio constitucional de la libertad religiosa sobre la base de los compromisos internacionales que Hanoi ha suscrito.

Entretanto, a pesar de toda la opresión, el número de protestantes en los altiplanos centrales crece incuestionablemente. Ese es un aspecto interesante de reflexión por parte de la Unión Europea y Viet Nam en la reunión de mañana.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

 
  
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  André-Léonard (ELDR).(FR) Señor Presidente, los acontecimientos recientes en Viet Nam ilustran, una vez más, la represión de que son víctimas los monjes de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam, la IBUV. Las autoridades vietnamitas han impuesto a once bonzos disidentes de la IBUV el régimen de arresto domiciliario durante dos años, entre ellos al Patriarca de la Iglesia Budista, el venerable Thich Huyen Quang, que ha pasado ya 21 años en prisión. Esta represión se producía a raíz de la primera asamblea extraordinaria de la IBUV desde su prohibición en 1981 por las autoridades comunistas.

La IBUV, una religión importante en Viet Nam, fundada hace decenios, todavía no está legalizada. El Gobierno de Hanoi ha justificado las detenciones aduciendo violaciones de la legislación en materia de seguridad nacional. En efecto, la ley vietnamita permite a las autoridades locales someter a personas a detención administrativa durante 6 a 24 meses, sin juicio, por atentado a la seguridad nacional. En realidad, con este comportamiento, las autoridades vietnamitas contradicen sus grandilocuentes declaraciones a favor de las reformas y de la democracia. Permítanme recordar que la libertad religiosa es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo de cooperación Unión Europea/Viet Nam se basa precisamente en el respeto fundamental de los derechos humanos.

Esta política de represión, no solo contra los monjes de la Iglesia Budista Unificada, sino también contra los budistas de la Iglesia Hoa Hao, contra la Iglesia católica, contra los Montagnards cristianos, debe cesar. Todas estas religiones están prohibidas y no gozan de estatuto legal. Viet Nam es un país multiétnico, multicultural y multirreligioso. Esta diversidad es una riqueza que no hay que dilapidar. El régimen de Hanoi debe dar muestras de buena voluntad y proceder a una serie de reformas concretas, empezando por las que garantizan plena libertad religiosa, e iniciar así un proceso real de democratización. Así, podremos confiar de nuevo en él.

 
  
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  Mann, Thomas (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, en Viet Nam existe un claro abismo entre lo que se dice que ocurre y los que realmente sucede en lo referente a la libertad de culto religioso. La libertad de creer en una religión, o de no creer en ninguna, está garantizada. Eso es lo que proclama la Constitución vietnamita; eso es a lo que el país se ha comprometido en una serie de acuerdos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la realidad es algo distinta. Los feligreses, sacerdotes, monjes y dignatarios religiosos eminentes son objeto de acoso, persecución y encarcelamiento. Se deniega el reconocimiento estatal a comunidades religiosas como los cristianos montagnard o los budistas Hoa Hao. La Iglesia Budista Unificada de Viet Nam fue prohibida en 1975; su Patriarca estuvo encarcelado durante 21 años y no fue liberado hasta 1998 a consecuencia de la presión internacional. Su encuentro con el Primer Ministro en abril de este año despertó grandes esperanzas, pero a raíz de estas conversaciones, las autoridades redoblaron sus actuaciones contra los seguidores de este iglesia y las de otras religiones.

En octubre, el Patriarca y su asistente quedaron sometidos a arresto domiciliario y muchos de sus seguidores fueron sentenciados a penas de cárcel de dos años. La cooperación entre la Unión Europea y Viet Nam se fundamenta en la ausencia de cualquier tipo de restricción al ejercicio de los derechos humanos, tal como se dice en nuestro acuerdo de cooperación de 1985. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos condena firmemente los recientes actos de represión. Si el Gobierno de Hanoi no quiere poner en peligro su cooperación con la UE, es necesario que legalice todas las iglesias y que ponga en libertad a todas las personas encarceladas por sus creencias religiosas. Instamos al Consejo y a la Comisión a utilizar todos los medios diplomáticos para hacer realidad la libertad religiosa en Viet Nam.

Le ruego, señor Comisario Kinnock, que use su influencia personal para hacer de este asunto el tema central de la reunión de mañana en Bruselas entre los representantes de Hanoi y los de la Comisión de la UE en la comisión mixta UE-Viet Nam. Creemos que el Parlamento tiene que enviar una delegación a Viet Nam para examinar la situación sobre el terreno y mantener conversaciones con los responsables de todas las religiones.

(Aplausos)

 
  
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  Korhola (PPE-DE).(FI) Señor Presidente, la libertad religiosa constituye un indicador importante del respeto de los derechos humanos: una especie de prueba de tornasol de los derechos humanos. Si la situación de los derechos humanos de un país es deficiente, lo más probable es que se detecte en primer lugar entre los grupos religiosos. En este entorno podemos constatar si los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión, y a la libertad de culto de una religión se respetan o no.

La situación en Viet Nam reclama la atención de la comunidad internacional. La UE tiene que enviar un mensaje claro de que la discriminación, por ejemplo contra la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam, las congregaciones protestantes y los grupos disidentes, ha de cesar Los miembros de estas comunidades, que practican una religión pacífica, han sufrido privación de libertad y arrestos domiciliarios. Además, la comunidad minoritaria cristiana, que originalmente habitaba en las montañas, ha sido perseguida, arrestada y encarcelada continuamente por parte del Gobierno vietnamita.

Una condición necesaria para la cooperación económica entre la UE y la República comunista de Viet Nam ha sido el respeto de los derechos fundamentales y los principios de la democracia. Al violar estos principios, Viet Nam se viola y se daña a si mismo, y la UE tiene que dejar ahora esto bien claro.

Es deplorable que cualquier crítica contra el partido comunista vietnamita se considere automáticamente una amenaza al propio Estado. La práctica de derechos fundamentales, como expresar la propia opinión, puede incluso interpretarse a voluntad como espionaje sobre la base de cierta legislación de seguridad nacional. Desde el punto de vista de los derechos humanos también resulta preocupante que los individuos acusados sean considerados culpables antes de la celebración del juicio, y que los juicios, casi sin excepción, se declaren secretos.

Un Estado de derecho necesita leyes claras y precisas que garanticen igualdad y seguridad legal para todo el mundo. En ningún caso puede construirse un Estado de derecho con leyes que permitan la discriminación racial, religiosa o política.

 
  
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  Casaca (PSE). (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar por recordar que no hace mucho tiempo, seis meses para ser exactos, nos reunimos aquí, en esta Cámara, para analizar la situación de los derechos humanos en Viet Nam. También deseo recordarles que existía una cierta esperanza de que la reunión que se celebró en abril, a la que ya ha hecho alusión el Sr. Mann, entre los dirigentes del Estado vietnamita y el Patriarca de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam pudiera propiciar una mayor comprensión de la libertad religiosa por parte del Estado.

Hoy tenemos que aceptar abiertamente que, por desgracia, esta esperanza carecía en gran medida de fundamento. La situación no solo no ha mejorado, sino que en realidad ha empeorado desde todo punto de vista. El Patriarca budista se halla en arresto domiciliario y, lo que es peor, las pagodas pertenecientes a la iglesia budista han sido clausuradas, en una ofensa flagrante contra el principio más importante de la iglesia budista. Simultáneamente, el ritmo de sentencias de muerte dictadas y de ejecuciones llevadas a efecto por el régimen ha aumentado y ya duplica con creces el registrado en 2002.

Dada la situación, quiero reiterar lo que se ha dicho aquí y pedir a la Comisión que haga oír en Viet Nam, clara y fuerte, nuestra voz, la voz de la Unión Europea, a fin de garantizar el respeto de la libertad religiosa y los principios de los derechos humanos universales.

 
  
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  Dupuis (NI). (IT) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, antes de nada quiero dar la bienvenida al Sr. Vo Van Âi, presidente del comité para la democracia en Viet Nam, que se encuentra en la tribuna oficial con la Sra. Volkner, vicepresidenta de esa misma organización. Considero –y el Sr. Casaca lo ha manifestado– que el Parlamento está cansado de tener que volver sobre el asunto de Viet Nam, está harto de mentiras y promesas por parte del Gobierno de Hanoi y no creo que podamos continuar en esta situación. El Congreso de los Estados Unidos aprobó ayer una resolución muy parecida a la que vamos a someter a votación dentro de unos instantes y tengo la sensación de que es una demostración más de agotamiento desde el otro lado del Atlántico. El asunto está en manos de la Comisión. Somos bastante conscientes de que existen problemas en la Comisión, en la que un Estado llamado «la cuna de los derechos humanos» cultiva una especie de nostalgia imperialista, está muy atento a la venta de los Airbus y alimenta opiniones antinorteamericanas bastante excéntricas Se trata de un hecho constatado que conviene clarificar. Lamento decir que el Consejo y los Estados miembros se encuentran a menudo ausentes de esta Cámara.

Queda el asunto de la Comisión: mañana se reúne el Comité mixto –la Comisión y las autoridades de Hanoi– y con ese motivo, la Comisión, que cuenta con un programa que asigna decenas de millones de euros de ayuda a la reforma jurídica en Viet Nam, deberá plantear el asunto de la situación legal de la Iglesia Budista Unificada y de otras iglesias. La Comisión debería hacer comprender a las autoridades de Hanoi que en caso de no producirse ningún progreso en este ámbito concreto procederá a suspender de inmediato la ayuda para la cooperación. Creo que sin un gesto enérgico por parte de la Comisión durante la reunión de mañana, esta enésima resolución del Parlamento resultará inútil. Espero del Comisario Kinnock una respuesta muy concreta sobre el planteamiento que mañana va a adoptar la Comisión en Bruselas.

 
  
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  Posselt (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, hace unos minutos, en el salón Robert Schuman hemos entregado a Otto von Habsburg y a Raymond Barre el premio franco-alemán Paneuropa, y hemos recordado cómo durante diez años, bajo la presidencia de Otto von Habsburg, esta Cámara aprovechó los debates de urgencia como este para luchar por una Europa más grande, por la libertad en Europa Central y Oriental y por los derechos humanos al otro lado del Telón de Acero. Ya entonces había muchas personas que nos decían que la labor que estábamos realizando no tenía ningún viso de prosperar, que carecía de sentido y que lo que estábamos haciendo no conduciría a ninguna parte. Hoy contamos entre nosotros con observadores de diferentes países –el Sr. Landsbergis también ha estado en la ceremonia de antes– que nos pueden confirmar cómo debates parecidos al que estamos celebrando hoy modificaron las condiciones reales bajo las que se hallaban encarcelados como prisioneros políticos y que, sobre todo, les insuflaron esperanza en términos políticos. Hoy, de nuevo, estamos ante las puertas de la ampliación de la Unión Europea.

Quiera que eso nos proporcione valor a la hora de debatir sobre Viet Nam. Es un asunto que hemos discutido con frecuencia y, por desgracia, las personas mencionadas en la resolución –algunas de ellas, importantes dirigentes religiosos– continúan todavía en prisión, los defensores de los derechos humanos siguen siendo reprimidos y se esclaviza a los pueblos. No obstante, hemos de admitir que llegará el día en que los aires de libertad barrerán Viet Nam. Nosotros en este Parlamento Europeo no debemos dejar de movilizarnos por los derechos humanos y por la libertad religiosa, aun cuando haya gente que nos digan que es poco realista y pretendan que hablemos de negocios.

Tenemos la enorme responsabilidad de estar a la altura de nuestra tradición y de nuestra reputación como Parlamento Europeo. Apelamos a la Comisión y al Consejo para que no fallen en estos momentos. Viet Nam es un socio importante, tanto en términos políticos como económicos. Como país, ha sufrido tremendamente con las guerras, la intervención de países extranjeros, europeos, norteamericanos y rusos soviéticos. Al igual que Alemania, ha sido un país dividido, padeció un régimen comunista y sufre sus efectos hasta la fecha, pero logrará convertirse en un socio para la Unión Europea solo cuando se convierta, no únicamente en un mero factor económico, sino en un Estado de derecho libre, en una democracia en la que reine la libertad de credo y de conciencia, y pedimos que, mañana en Bruselas, se haga uso de toda la energía, sin reserva alguna, para que llegue a convertirse en eso.

(Aplausos)

 
  
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  Kinnock, Comisión. (EN) Agradezco al Sr. Belder y a sus compañeros que hayan planteado el tema de Viet Nam en esta Cámara en un momento tan oportuno. Asimismo me hago eco de lo que ha dicho el Sr. Posselt en el sentido de que nadie en esta Cámara ni en ningún otro lugar deja de comprender la gran importancia que tiene que personas libres en instituciones libres manifiesten sus preocupaciones por aquellos que no son libres y sufren por mantener o afirmar sus propias opiniones y convicciones. Todos los presentes en esta Cámara, incluido yo mismo, han tenido encuentros con personas que han sufrido profundamente a causa de sus convicciones y por resistir a la opresión. Oírles decir que, incluso en los momentos más difíciles, en las prisiones más inexpugnables y en las peores condiciones, los mensajes del exterior siempre les habían levantado el ánimo, constituye una gran inspiración.

El admirado filósofo socialista Aneurin Bevan dijo que para proteger cada libertad es necesario añadirle otra. Así pues, cuando luchamos a favor de la libertad en Viet Nam, también luchamos para garantizar nuestras propias libertades y las de todos los pueblos del mundo. Siempre resulta alentador ver el entusiasmo y la energía que los miembros de esta Cámara consagran a esa causa.

La Comisión cuenta con una política general para con Viet Nam, que esta Cámara ya conoce. Consiste en estimular y apoyar los avances en materia de derechos humanos y democratización, y en plantear nuestra inquietud cuando se producen abusos o la situación se deteriora de forma evidente. La Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros de la Unión Europea en el seguimiento de la evolución de la situación de los derechos humanos en Viet Nam y participa en todos los planteamientos avanzados por la troika de la UE al Gobierno vietnamita en materia de derechos humanos.

Puedo asegurar a sus Señorías que la Comisión y los Estados miembros han instando en repetidas ocasiones al Gobierno de Viet Nam a respetar las libertades políticas y religiosas, y a reforzar las libertades económicas y sociales.

El artículo 1 del Acuerdo de cooperación entre la Comisión Europea y Viet Nam de 1995 establece que el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos constituye el fundamento de nuestra cooperación. Como informamos al Parlamento el 15 de mayo, esta disposición permite a la Comisión deliberar con Viet Nam sobre derechos humanos, por ejemplo, en las reuniones de la Comisión Mixta creada por el citado acuerdo.

Desde la reunión celebrada hace seis meses, la Comisión ha propuesto reforzar aún más el diálogo entre la UE y el Gobierno vietnamita sobre derechos humanos, a la vista de la experiencia del diálogo que la UE mantiene con otros países. Dicha propuesta, que ha sido aceptada por la parte vietnamita, pretende estimular y apoyar el compromiso sostenido del Gobierno vietnamita en materia de derechos humanos. Hasta ahora se ha llegado un acuerdo sobre el diálogo, que abarcará todas las instancias con competencias en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, entre ellas el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina del Primer Ministro. Y si bien la Comisión advierte de que no cabe esperar cambios radicales, esperamos que se produzcan pasos cada vez más firmes para responder a nuestras preocupaciones.

El diálogo con Viet Nam en materia de derechos humanos tiene lugar a dos niveles distintos pero complementarios: el Diálogo UE-Viet Nam sobre derechos humanos entre las misiones de la troika de la UE en Hanoi y el Gobierno, que se reunirá el 26 de noviembre, y la Comisión Mixta CE-Viet Nam, que se reunirá mañana.

También queremos señalar que el Parlamento vietnamita, la Asamblea Nacional, ha manifestado su interés por entablar un diálogo constructivo con esta Cámara sobre estos temas y otros. No corresponde a la Comisión proponer al Parlamento cuál debe ser su respuesta, pero sé que aprovechará con entusiasmo esta oportunidad.

En relación con la situación de la libertad religiosa en Viet Nam, la Constitución de ese país –como nos acaba de recordar el Sr. Mann– consagra la libertad de religión como una de las libertades fundamentales de la república. Sin embargo, algunas leyes limitan –y algunos dirían que contradicen– esta libertad. Esperamos que se relajen estas restricciones y hemos comunicado explicita y repetidamente esta cuestión a las autoridades vietnamitas.

Como ha señalado el Sr. Belder, se han recibido informaciones que hablan de un creciente acoso contra algunos cristianos –en especial los cristianos montañeses y de etnia hmong– desde las insurrecciones que tuvieron lugar en las tierras altas centrales en 2001. Supuestamente, las autoridades locales han intentado obligar a los montañeses a renunciar a sus creencias más arraigadas. Si echaran un vistazo a la historia, verían lo inútil que han resultado tales esfuerzos a lo largo de los siglos.

El Parlamento sabe que algunos dirigentes y miembros de la no reconocida Iglesia Budista Unificada de Viet Nam han vuelto a ser detenidos. La Comisión Europea y los Estados miembros han expresado la inquietud que les causan estos acontecimientos, y han pedido al Gobierno vietnamita que reanude el dialogo que inició este año entre la IBUV e importantes miembros de la administración del país, entre ellos el Primer Ministro, para restablecer la esperanza de una solución que puedan aceptar todas las partes.

Terminaré haciendo hincapié en que la Comisión considera que el interés de Viet Nam reside en seguir haciendo avances constantes y rápidos en el marco del programa de reformas de este país, de forma que la administración aprenda a tratar con un espectro más amplio de opiniones y aprecie el valor de dar acomodo a la disidencia. Estos elementos esenciales de la liberación aún deben afianzarse en Viet Nam.

 
  
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  Dupuis (NI).(FR) Señor Presidente, creo que hay un equívoco. No lo entendemos. No hay progreso, sino un claro retroceso en Viet Nam. La cuestión es sencilla: ¿está dispuesta la Comisión a introducir mañana, como «condicionante» de las negociaciones con Viet Nam, la cuestión de la concesión de un estatuto legal a las iglesias no reconocidas? No hay libertad religiosa en Viet Nam. Así que hay que dar un paso. Ahora bien, ustedes alientan la ausencia de reformas a golpe de millones de euros procedentes de los contribuyentes europeos. No se puede seguir así. O bien se da el dinero para las reformas y estas se aplican, o bien no se da. Pienso que esta es la cuestión a la que la Comisión debe responder.

 
  
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  Kinnock , Comisión. (EN) Señor Presidente, responderé muy brevemente. Sé que al Sr. Dupuis le apasiona, con toda razón, esta cuestión. Simplemente le diré, sin suavizar en absoluto la actitud de la Comisión, que al intentar que se protejan los derechos humanos y se avance hacia una mayor democracia no siempre resulta conveniente imponer pruebas de papel tornasol. Comprendo sin duda los argumentos directos y francos para establecer dichas pruebas. Lo que tenemos que evaluar es si servirán para alcanzar el objetivo principal, a saber, que se produzcan avances en los ámbitos que todos deseamos.

Entretanto, el dinero de los contribuyentes europeos se dedica al desarrollo y la cooperación en Viet Nam. Por ello, si no se prestara esta ayuda, se vería arruinada la vida de muchas personas, e incluso se vería amenazada. Por consiguiente, aunque entiendo los argumentos a favor de la imposición de condiciones y en muchos casos los llevaría a su conclusión lógica, la Comisión no puede estar segura de que este planteamiento, en las actuales circunstancias, produciría el resultado deseado por los miembros de este Parlamento y por la Comisión. Esta cuestión requiere una evaluación muy cautelosa. Debemos seguir ejerciéndola de la forma que ya conoce esta Cámara.

 
  
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  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

A continuación se procede a la votación.(1)

 
  

(1) Resultados de la votación de las enmiendas en relación con las propuesta de resolución sobre derechos humanos, democracia y el Estado de derecho: cf. Acta.


10. Interrupción del periodo de sesiones
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  El Presidente. Con esto se ha agotado el orden del día.(1)

Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 17.00 horas)

 
  

(1) Cambios al orden del día – Comprobación de las acreditaciones – Composición de las comisiones: cf. Acta.


ANEXO
PREGUNTAS AL CONSEJO
Pregunta nº 13 formulada por Bernd Posselt (H-0664/03)
 Asunto: Libertad de religión en Bosnia y Herzegovina
 

¿Cómo enjuicia el Consejo la evolución de la tolerancia religiosa y de la libertad de religión en Bosnia y Herzegovina y en sus dos Entidades, sobre todo por lo que respecta al estatuto jurídico de las iglesias y comunidades religiosas? ¿Cómo valora el Consejo en este contexto el papel desempeñado por el Representante Especial, Lord Ashdown?

 
  
 

(IT) La libertad religiosa está consagrada en la Constitución de Bosnia y Herzegovina, que a su vez forma parte de los acuerdos de paz de Dayton-París. El Alto Representante ha asumido el compromiso de aplicar el acuerdo de paz y el Consejo apoya sus esfuerzos en este sentido.

 

Pregunta nº 14 formulada por Miquel Mayol i Raynal (H-0665/03)
 Asunto: Clausura periódico en lengua vascuence Egunkaria
 

El periódico en lengua eusquérica Euskaldunon Egunkaria sigue cerrado. Por el momento no se han probado los vínculos entre el periódico y la banda terrorista ETA. En los últimos tiempos se ha producido además una acusación de fraude fiscal. En este sentido la Diputación de Gipuzkoa, entidad tributaria competente en el territorio vasco de Gipuzkoa –sede del periódico– ha elaborado un informe donde no observa delito fiscal alguno. Pese a ello las autoridades judiciales españolas prosiguen en su empeño de criminalizar las actuaciones de Euskaldunon Egunkaria. Por el momento siguen presos tres miembros del equipo de dirección y de personal de este rotativo vasco. Hace dos semanas a título de ejemplo 9 miembros de Euskaldunon Egunkaria fueron encarcelados para ser posteriormente liberados cinco de ellos sin cargos aparentes ni fianza alguna, incluido el propio abogado de los encausados.

¿Considera ahora el Consejo que el Estado español ha violado principios inviolables del ordenamiento jurídico europeo?

¿Estima el Consejo que se ha vulnerado el principio jurídico de la presunción de inocencia?

¿Considera el Consejo que con la excusa de una banda criminal como es Eta el gobierno de España se ensaña con los intereses de la cultura vasca?

 
  
 

(FR) El Consejo recuerda a su Señoría que no puede pronunciarse sobre los procedimientos judiciales en curso en un Estado miembro.

En cualquier caso, el Consejo se remite a su respuesta a la pregunta escrita E-0800/03, en la que señala que, si bien el artículo del Tratado UE establece que el mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interior son competencia de los Estados miembros, la lucha contra el terrorismo es un interés común de la Unión; asimismo destaca la legislación en materia de terrorismo que ha aprobado la Unión; recuerda los principios en que se basa la Unión recogidos en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado UE, y reitera su apoyo a los Estados miembros en su lucha contra el terrorismo en el marco del respeto del Estado de Derecho.

 

Pregunta nº 15 formulada por Glyn Ford (H-0667/03)
 Asunto: Legalidad del cierre de la frontera entre Gibraltar y España debido a un virus en el crucero Aurora
 

En la vista de lo que parece una reacción exagerada por parte de España a un brote menor de un virus estomacal que es común a toda la UE, incluida España, ¿podría indicar el Consejo qué piensa hacer para que, por lo menos, se vuelva a abrir la frontera de España con Gibraltar y se permita de esta manera la libre circulación de personas tal como se establece en los Tratados entre Gibraltar y España?

 
  
 

(EN) El Consejo recalca que en el apartado 5 del artículo 152 del Tratado se establece que la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública deberá respetar plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.

No obstante, mediante la Decisión n° 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 1998 por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad se creó una red comunitaria para promover la cooperación y coordinación entre los Estados miembros, con ayuda de la Comisión, a fin de mejorar la prevención y el control en la Comunidad, entre otras cosas, de dichas enfermedades transmisibles a través de los alimentos, el agua y/o de origen medioambiental.

El Consejo comunica a su Señoría que la frontera entre España y Gibraltar ha vuelto a ser abierta.

 

Pregunta nº 16 formulada por Christos Zacharakis (H-0669/03)
 Asunto: Vulneraciones del proceso democrático en las elecciones municipales de Albania
 

Transcurrida una semana desde la terminación de las elecciones municipales en Albania, la Comisión Electoral Central ha decidido repetir las elecciones el 16 de noviembre de 2003 en cuatro circunscripciones electorales (las localidades de Pilur, Dhërmi, Qeparo y Himarë), alegando irregularidades durante el proceso electoral del 12 de octubre de 2003, a pesar de que las irregularidades alegadas ocurrieron en dos de los cuatro casos, tras la validación de los resultados definitivos.

Como consecuencia, se provoca una inquietud razonable porque dicha actuación pueda perseguir la inversión de los resultados de las elecciones municipales, que fueron favorables en un 65 % al candidato del Partido de la Unión por los Derechos Humanos frente al candidato oponente del Partido Socialista.

Dicha inquietud se agrava ante el procesamiento penal de cinco ciudadanos albaneses de origen griego que participaron en las elecciones, bajo la acusación de realizar propaganda antialbanesa y exaltar símbolos extranjeros. ¿Qué acciones se propone emprender el Consejo, en particular en el marco del Proceso de Estabilización y Asociación de la Europa Sudoriental con la Unión Europea, de modo que se garantice el respeto del proceso democrático durante la repetición de las elecciones municipales en Himarë el 16 de noviembre de 2003?

 
  
 

(IT) En las conclusiones de la reunión del Consejo de Relaciones Exteriores celebrada el 29 de septiembre de 2003 en Bruselas, el Consejo «hizo hincapié en que la celebración en correctas condiciones de las elecciones locales del mes de octubre forma parte del proceso de aproximación de Albania a la UE». Por consiguiente, las autoridades albanesas son perfectamente conscientes de la importancia que la Unión Europea concede a la necesidad de garantizar un proceso electoral plenamente democrático en las elecciones que tuvieron lugar el 12 de octubre en Albania.

Las elecciones locales del 12 de octubre de 2003 en Albania, así como la aplicación del Nuevo Código Electoral y la labor del Comité Electoral, han sido seguidas por la Misión de Observación Electoral de la OIDDH de la OSCE en la que participan observadores de numerosos Estados miembros de la UE. Las conclusiones preliminares indicaron que las elecciones se celebraron en un mejor entorno político y constituyeron un nuevo avance para cumplir los compromisos y normas internacionales en materia de elecciones democráticas, si bien también se observaron algunas deficiencias (por ejemplo, en el censo de votantes). El Consejo está a la espera de la evaluación final de la Misión de Observación Electoral de la OIDDH de la OSCE, incluidas las circunstancias de la repetición de las elecciones en algunos colegios electorales.

 

Pregunta nº 17 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0671/03)
 Asunto: El horror de la mayor tragedia de pateras y cadáveres en la costa sur española, frontera andaluza de la UE
 

La trágica lista de jóvenes, víctimas del naufragio de una patera de inmigrantes marroquíes frente a la costa de Rota (Cádiz), continúa creciendo y al día de hoy son ya 35 los cadáveres putrefactos que ha ido devolviendo la mar.

En la embarcación viajaban medio centenar de inmigrantes, de los cuales sólo cinco pudieron alcanzar la costa a nado tras volcar la lancha neumática. En lo que va de año, la inmigración irregular que llega a las costas españolas de las comunidades de Canarias y Andalucía en patera ha crecido un 18%. La Guardia Civil ha localizado desde enero a más de 16 000 inmigrantes que llegaron en casi 800 embarcaciones.

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo contra este horrible tráfico mortal de seres humanos?

 
  
 

(IT) Se señala a la atención de su Señoría que en repetidas ocasiones el Consejo ha dado una respuesta muy detallada a preguntas análogas que se le formularon a raíz de acontecimientos tan trágicos como los que se mencionan (véanse, por ejemplo, las respuestas a las preguntas H-0537/03 y P-2948/02). El Consejo confirma que presta la mayor atención a este fenómeno, a cuyas trágicas consecuencias, como observa su Señoría, hay que hacer frente con toda determinación. La repetición de estas tragedias confirma la pertinencia de la estrategia del Consejo, como tuvo ocasión de exponer ante esta Asamblea.

Al respecto, cabe señalar que en su última reunión, celebrada los días 16 y 17 de octubre en Bruselas, el Consejo Europeo reafirmó el compromiso de la Unión Europea de continuar la estrategia para prevenir y controlar la inmigración ilegal (véanse en particular los puntos 30 a 33 de las Conclusiones y, por lo que respecta a la gestión de las fronteras comunes, los puntos 25 a 29).

 

Pregunta nº 18 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0677/03)
 Asunto: Espionaje en los edificios del Consejo
 

En la primavera del 2003, distintos medios de comunicación informaron sobre actos de espionaje en los edificios del Consejo. Entre otros, se hacía referencia a escuchas en las salas de las delegaciones de Alemania y Francia. Según estas informaciones, los equipos descubiertos eran muy sofisticados y se especuló sobre el hecho de que sólo los servicios de información de un escaso número de países dispone de ese grado de competencia de tipo técnico. Según estas informaciones, podrían haberse registrado actos de espionaje de esta naturaleza desde la construcción de los edificios a mediados de la década de los 90.

¿Qué resultados puede presentar el Consejo tras las investigaciones realizadas a raíz del descubrimiento de los actos de espionaje en los edificios del Consejo?

 
  
 

(IT) Tras el descubrimiento de una serie de dispositivos de escucha en el edificio Justus Lipsius en el mes de marzo de 2003, la Secretaría General del Consejo inició una investigación interna para determinar el carácter y alcance de la interceptación de líneas telefónicas.

Como ya se señalaba en la respuesta a la pregunta E-1177/03 el 27 de junio de este año, tras esta investigación interna preliminar y la adopción de medidas en contra de este fenómeno, el Consejo decidió el 14 de abril autorizar al Subsecretario General a que entablase una demanda penal contra personas desconocidas con arreglo al Código Penal belga. La denuncia correspondiente se presentó el 15 de abril. El Consejo ha facilitado a las autoridades judiciales belgas toda la información en su poder y les presta plena asistencia para realizar su investigación.

Puesto que este asunto es ahora objeto de una investigación judicial formal y se encuentra sub judice, no corresponde al Consejo hacer comentarios al respecto.

 

Pregunta nº 19 formulada por Brian Crowley (H-0680/03)
 Asunto: Restablecer las subvenciones para los Carrefours UE y los Info Points Europe
 

Sin duda el Consejo es consciente de las importantes actividades de información desarrolladas por los 138 Carrefours europeos y los 144 Info Points Europe que cubren, por ejemplo, la ampliación, la nueva Constitución y las elecciones al Parlamento Europeo.

¿Está informado el Consejo de que recientemente la Comisión ha cancelado los contratos con estas organizaciones y sólo les ofrece a cambio un contrato que no incluye la subvención de funcionamiento anual de 20 000 euros y que ello tendrá como resultado la supresión de numerosos puntos de información y, en muchos casos, el final de la colaboración? ¿Puede comprometerse el Consejo a contribuir a que sean prorrogadas las subvenciones para 2004 y se encuentre una solución viable y mutuamente beneficiosa para el futuro?

 
  
 

(IT) El Consejo es consciente de la importancia de facilitar al público información sobre las actividades de la UE al nivel más próximo posible a los usuarios y de una manera que se corresponda con sus necesidades. Por ello reconoce el papel fundamental que desempeñan los centros de información, sobre todo los Centros de Información y Promoción Rural y los Puntos de Información Europeos.

El 23 de octubre del año en curso, la Comisión comunicó a los miembros del Grupo de Trabajo de Información del Consejo las condiciones en las que, a finales de septiembre, la Comisión había anunciado a las entidades que operan los centros de información que las ayudas al funcionamiento de estos centros se suprimirían a partir de 2004 con arreglo al Reglamento financiero.

En esta reunión, los representantes de la Comisión pudieron comprobar la gran inquietud que despertó esta medida en el Consejo. Asimismo tomaron nota de que el Consejo deseaba ser informado en tiempo útil de cualquier decisión que la Comisión adoptase en este ámbito.

El Consejo comunica a su Señoría que la Comisión trató esta cuestión en su reunión semanal celebrada el 12 de diciembre e informó al Consejo durante la reunión del Grupo de Trabajo del Consejo del 14 de noviembre.

El Consejo comparte la preocupación de la Comisión en lo relativo a la observancia del Reglamento financiero y espera, en este contexto, que la Comisión encuentre una solución satisfactoria para las necesidades de información del público. Asimismo, el Consejo desea subrayar que las obligaciones administrativas de las entidades que operan los centros de información no deben ser subestimadas, pues estos centros dependen a su vez no solo de asociaciones profesionales, sino también de autoridades nacionales, regionales y locales.

 

Pregunta nº 20 formulada por Liam Hyland (H-0682/03)
 Asunto: Plan de acción para las personas con discapacidades
 

Mediante el plan de acción para las personas con discapacidades 2004-2010 que la Comisión presentó a finales de octubre de 2003, la Comisión espera desarrollar acciones concretas y mejorar la integración económica y social de las personas con discapacidades.

¿Cuál es la respuesta del Consejo a este plan de acción, particularmente en lo que respecta a las cuestiones relativas al empleo y a la igualdad de oportunidades?

 
  
 

(EN) En respuesta a la pregunta de su Señoría, el Consejo confirma que la Comunicación de la Comisión en la que se recoge el Plan de acción relativo a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades tan solo ha sido presentada hace poco, lo que explica que el Consejo aún no haya adoptado una posición al respecto.

Sin embargo, deseo señalar que el Consejo ya ha enviado una firme señal política respecto a la necesidad de promover el empleo y la integración de las personas con discapacidades. En su Resolución de 15 de julio de este año, el Consejo hizo un llamamiento especial a los Estados miembros para que prosiguieran con sus esfuerzos para eliminar los obstáculos que impiden la integración y participación en el mercado laboral de las personas con discapacidades, mediante la adopción de medidas en materia de igualdad de oportunidades y la mejora de la integración y participación a todos los niveles del sistema educativo y de formación profesional. Asimismo, el Consejo pidió a los Estados miembros que prestaran atención a los problemas que sufren las mujeres con discapacidades a fin de garantizar la igualdad de trato para éstas.

El Consejo desea igualmente comunicar a su Señoría que, en el marco del seguimiento del Año Europeo de las Personas con Discapacidad, el Grupo de Trabajo competente del Consejo está elaborando una serie de conclusiones que presentará al Consejo de Empleo de los días 1 y 2 de diciembre. Estas conclusiones harán referencia, lógicamente, al Plan de acción de la Comisión que se recoge en la Comunicación de 30 de octubre.

 

Pregunta nº 21 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0684/03)
 Asunto: Año Europeo de la Educación a través del Deporte (2004)
 

Como bien sabe el Consejo, el año 2004 será el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. En opinión del Consejo, ¿cuáles deberían ser los principales objetivos de dicho Año? ¿Considera que la relación entre el deporte y la salud debería ser un objetivo conexo del Año? ¿En qué sentido desearía el Consejo que se resaltase el papel de la educación por el deporte entre los jóvenes?

 
  
 

(EN) En relación con el papel de la educación a través del deporte para los jóvenes, el Consejo debe señalar que esta es una cuestión que compete en primer lugar a las autoridades nacionales. De hecho, el Año Europeo de la Educación a través del Deporte debía considerarse, entre otras cosas, un medio mediante el cual la Comunidad puede prestar apoyo y reforzar las acciones emprendidas en los Estados miembros para sensibilizar al público sobre el valor educativo del deporte.

Los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del Deporte de 2004 que el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron en el mes de febrero de este año figuran con claridad en el artículo 2 de la Decisión. En ella se hace hincapié en el papel que debe desempeñar el deporte como medio, y no como fin, en los contextos educativos, ya sean formales o informales. El lazo que existe entre el deporte y la salud es evidente y se reconoce en el preámbulo, pero cabe señalar que, aparte de las directrices que se recogen en el Anexo de dicha Decisión, no corresponde al Consejo ni al Parlamento establecer el contexto de las medidas que deban tomarse.

 

Pregunta nº 22 formulada por James (Jim) Fitzsimons (H-0686/03)
 Asunto: Protección de los usuarios del ciberespacio contra el fraude
 

La Comisión Europea anunció recientemente que el Centro Común de Investigación de la UE había desarrollado un nuevo sistema de protección de los derechos de los usuarios de la informática ("usuarios del ciberespacio") contra el fraude al realizar compras por Internet con tarjetas de crédito. Ahora, la Comisión desea avanzar en los resultados a través de una red de investigación y de una fundación.

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeña el sector de la tecnología en Irlanda, ¿piensa el Consejo considerar la posibilidad de establecer en Irlanda esta red de investigación y la fundación proyectada, y podrá asegurar que los beneficiarios de las nuevas investigaciones no sean únicamente instituciones, sino también particulares?

 
  
 

(EN) Como sabe su Señoría, la legislación comunitaria ya establece un marco determinado para la protección de los derechos de los consumidores al realizar compras en Internet. Dentro de dicho marco se encuentran las Directivas sobre venta por correo, comercio electrónico, contratos de consumo y protección de datos, así como las Decisiones para la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago no metálicos y las formas graves de delincuencia internacional. Además, el Consejo y el Parlamento Europeo están estudiando, mediante el procedimiento de codecisión, la propuesta de la Comisión para crear la Red Europea y la Agencia de Seguridad de la Información, las cuales contribuirán a una mayor «ciberseguridad».

Por lo que se refiere al desarrollo tecnológico en este ámbito, su Señoría debería tener en cuenta que los programas marco de investigación de la Comunidad Europea apoyan las actividades, entre ellas las realizadas por el Centro Común de Investigación, destinadas, entre otros objetivos, a proteger los derechos y la vida privada de los ciudadanos, incluso en el ámbito de la «ciberseguridad», algunos de cuyos resultados han sido mencionados por su Señoría. La Comisión se encarga de la ejecución de estos programas y normalmente corresponde a los participantes en los distintos proyectos de investigación explotar los resultados obtenidos. El Consejo no ha recibido propuestas de la Comisión acerca del posible seguimiento de estos trabajos de investigación. Si la Comisión presenta tales propuestas, durante el examen de éstas sin duda se tendrán en cuenta los aspectos a que hace referencia su Señoría. Por lo tanto, recomendamos a su Señoría que pida a la Comisión cualquier información complementaria sobre esta cuestión.

Sobre la pregunta concreta acerca de la ubicación de la futura red de investigación y de la Fundación propuesta, las autoridades competentes aún no han tomado una decisión al respecto.

 

Pregunta nº 23 formulada por Astrid Thors (H-0689/03)
 Asunto: Etiquetado de las bebidas alcohólicas
 

La Directiva sobre etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (2000/13/CE(1)), establece, entre otras cosas, la obligación de indicar los ingredientes de los productos alimenticios en el etiquetado de estos productos. Sin embargo, las disposiciones relativas a las bebidas alcohólicas difieren de las aplicables a otros productos alimenticios. La Comisión presentó en 1997 una propuesta con el objetivo de determinar el procedimiento para la adopción de disposiciones relativas a la indicación de los ingredientes de determinadas bebidas alcohólicas en el etiquetado de éstas, habida cuenta de que los principios generales que establece la Directiva 2000/13/CE no pueden aplicarse a estos productos debido a las características específicas de los mismos.

La propuesta no se debatió en el Consejo hasta que la Presidencia danesa la incluyó en la agenda de un grupo de trabajo en 2002 y una mayoría de Estados miembros acordó que había llegado el momento de regular el ámbito de las bebidas alcohólicas.

¿Cuándo prevé el Consejo incluir este asunto en su agenda? ¿Considera el Consejo que la propuesta de la Comisión ofrece una base suficiente y sólida para la adopción de nuevas disposiciones relativas al etiquetado de las bebidas alcohólicas?

 
  
 

(IT) Como señala con toda razón su Señoría, la Comisión presentó en 1997 una propuesta concreta sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas, que tenía por finalidad modificar la actual Directiva sobre el etiquetado de los alimentos (79/112/CE). Después de que el Parlamento Europeo emitiese su dictamen sobre esta propuesta en febrero de 1999, la Comisión remitió al Consejo una propuesta modificada en el mes de julio de 1999.

El Consejo debatió efectivamente este texto en una reunión de un grupo de trabajo a finales de 2002, con el fin de conocer la situación y en vista de los numerosos acontecimientos que habían tenido lugar desde la presentación de la propuesta, tanto en el marco de la legislación nacional y comunitaria, como en los mercados.

La Comisión se comprometió, de acuerdo con los resultados de esta reunión, a informar y consultar a todas las partes interesadas (productores, consumidores y expertos de los Estados miembros) y a continuar sus reflexiones sobre la forma en que deberá proceder teniendo en cuenta estos contactos.

En este contexto cabe recordar que la Directiva por la que se modifica la Directiva 2000/13/CE en lo referente a la indicación de la presencia de ingredientes alergénicos en los productos alimenticios (adoptada el 10 de noviembre de 2003), establece que la presencia de determinadas sustancias alergénicas debe figurar en las etiquetas de las bebidas alcohólicas.

 
 

(1) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

 

Pregunta nº 24 formulada por Pedro Marset Campos (H-0693/03)
 Asunto: Situación en Iraq
 

La actual situación en Iraq demuestra que la presencia de las tropas norteamericanas es un factor de desestabilización, violencia y dificultad para la recuperación democrática de la actividad política, económica y social del país.

¿No estima el Consejo que se debería plantear, por parte de la Unión Europea, una iniciativa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que fuese la ONU la única garante de la seguridad en el país, con sus propios medios y efectivos, de una transición hacia la democracia y de la recuperación del gobierno de sus instituciones por parte del pueblo iraquí?

 
  
 

(IT) El Consejo Europeo observa que un papel fuerte y fundamental de las Naciones Unidas es indispensable para concluir con éxito la reconstrucción política y económica del Iraq. Al respecto, el Consejo manifiesta su apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, y a su Representante especial para el Iraq, Ramiro da Silva.

No obstante, la idea de que la Unión Europea tenga que proponer una iniciativa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sentido de que la Organización sea la única garante de la seguridad, de la transición hacia la democracia y de la transferencia de responsabilidades políticas al pueblo iraquí, no parece realista por los siguientes motivos:

- en primer lugar, la Unión Europea como tal no es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- en segundo lugar, quedó entendido desde el principio que no era intención del Secretario General de las Naciones Unidas que la Organización asumiera este papel;

- en tercer lugar, como sabe su Señoría, recientemente las propias Naciones Unidas se retiraron del Iraq, con carácter temporal, debido a las condiciones de seguridad.

 

Pregunta nº 25 formulada por Niall Andrews (H-0696/03)
 Asunto: Desarrollo de un nuevo Fondo Europeo para los Refugiados
 

Estando previsto que el período de funcionamiento del primer Fondo Europeo para los Refugiados finalice el 31 de diciembre de 2004, ¿puede indicar el Consejo cuáles son sus prioridades con respecto a un nuevo fondo después de 2004?

 
  
 

(EN) El Fondo Europeo para los Refugiados fue creado mediante la Decisión 2000/596/CE del Consejo.(1) El artículo 25 de dicha Decisión establece que el Consejo la revisará sobre la base de una propuesta de la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2004. El Consejo está a la espera de recibir la propuesta de la Comisión.

 
 

(1) DO L 252, de 6.10.2000, p. 12

 

Pregunta nº 26 formulada por Paulo Casaca (H-0699/03)
 Asunto: Remisión de multas por exceder las cantidades de referencia para la producción de leche
 

El Consejo Europeo de Bruselas del mes de octubre aprobó, según el apartado 38 de sus conclusiones, la prórroga del mecanismo de una cuota específica complementaria para la producción de leche en las Azores, correspondiente al consumo interno de leche y productos lácteos, aprobado por el Consejo Europeo de Niza de 2000, revocando así la decisión del Consejo de Agricultura por la que se había reducido en 23 000 toneladas dicha producción.

No obstante, de la lectura de dicho apartado se desprende que la cuota lechera atribuida a las Azores no aumentó un solo litro, puesto que la suma de la cuota general y la cuota específica sigue siendo idénticas, y tampoco se perdonó un solo euro de multa, a pesar de las declaraciones del Gobierno portugués y de la prensa en el sentido de que habían aumentado las posibilidades de producción y se habían perdonado las multas.

Los productores lecheros de las Azores han comprobado con gran sorpresa e incredulidad que las multas ya pagadas no serán objeto de remisión y que no están autorizados a producir ni un litro más que en el pasado.

¿Decidirá el Consejo perdonar las multas a los productores de leche de las Azores y devolverles el dinero que les fue cobrado en la última campaña?

¿Piensa aumentar la cantidad global de producción lechera en las Azores, en particular, actualizando las estimaciones relativas al consumo interno de leche y productos lácteos?

 
  
 

(IT) En el marco del acuerdo político alcanzado sobre la reforma de la PAC, el Consejo de Agricultura y Pesca, en una reunión celebrada el pasado mes de junio en Luxemburgo, decidió prorrogar el régimen de cuotas lecheras hasta la campaña 2004/2005. En este contexto, la cuota asignada a las islas Azores aumentará en 50 000 toneladas a partir de la campaña 2005/2006, aumento que implica que la producción podrá alcanzar un total de 500 000 toneladas.

Para facilitar la transición gradual a esta cuota en esta región ultraperiférica, la Comisión presentó al Consejo una propuesta el 16 de octubre de 2003, en la que ampliaba la exención del régimen de multas aplicable al sector lechero. Esta exención facilitará que el sector lechero se adapte a la cuota complementaria acordada en un plazo determinado.

En su reunión celebrada en Bruselas en el mes de octubre de 2003 a la que se refiere su Señoría, el Consejo Europeo se felicitó de esta propuesta e invitó al Consejo a que la examinase lo antes posible.

El Consejo de Agricultura y Pesca adoptará la propuesta en su reunión del mes de diciembre de 2003, tras recibir el dictamen del Parlamento Europeo.

 

Pregunta nº 27 formulada por Ioannis Souladakis (H-0702/03)
 Asunto: Reducción del IVA de los restaurantes
 

La reducción del IVA de las empresas de restauración (restaurantes, etc.) es de importancia vital para un gran número de pequeñas y medianas empresas que, si bien soportan la fuerte competencia de las cadenas de comida rápida (fast food), logran combinar calidad y protección de la tradición culinaria.

¿Está examinando el Consejo Europeo de modo favorable la pertinente reducción del IVA?

¿Se espera promover dicha reducción por procedimientos rápidos, sin retrasos onerosos que den lugar a presiones adicionales sobre las empresas afectadas?

¿Está estudiando el Consejo Europeo el establecimiento de una certificación referida al respeto de la tradición, la higiene y el medio ambiente como criterio para la inclusión de las empresas de restauración en la reducción del IVA?

¿Se propone el Consejo Europeo excluir las cadenas de comida rápida de la pertinente reducción del IVA?

 
  
 

(IT) 1. El Consejo y sus órganos están examinando la propuesta de la Comisión sobre los tipos reducidos del IVA, que, como sabe su Señoría, permite a los Estados miembros aplicar tipos reducidos de IVA al sector de la hostelería.

2. En esta fase del debate, las deliberaciones celebradas en el Consejo no han arrojado una línea general sobre estos tipos reducidos del IVA.

3. Por consiguiente, el Consejo no está en condición de responder a las preguntas formuladas por su Señoría.

4. El Consejo desea asegurar a su Señoría que, a la espera del dictamen del Parlamento Europeo y sin prejuzgar dicho dictamen, está haciendo todo lo posible para avanzar rápidamente en este asunto.

 

Pregunta nº 28 formulada por Elisabeth Schroedter (H-0706/03)
 Asunto: Extracción de petróleo por Rusia en el Mar Báltico en las proximidades de la Península de Curonia (yacimiento de petróleo D6)
 

Antes de que finalice el año 2003, la empresa petrolífera rusa LUKoil comenzará a extraer petróleo a 22 kilómetros escasos de la Península de Curonia, declarada Patrimonio de la Humanidad y próximamente zona NATURA 2000. En el año 2000, el BERD concedió a LUKoil un préstamo de 150 millones de dólares norteamericanos, lo que permitió a esta empresa reanudar el proyecto. Rusia no ha realizado una evaluación de impacto ambiental transparente a nivel internacional, aunque la plataforma petrolífera se encuentra a sólo 6 kilómetros de la frontera con Lituania, supone un peligro para la Península de Curonia y los convenios internacionales exigen que se lleve a cabo una evaluación de este tipo.

¿Qué acuerdos concretos se han alcanzado en la Cumbre UE-Rusia celebrada en Roma con respecto a la realización de una evaluación de impacto ambiental internacional y la retirada progresiva de los petroleros de casco único? ¿Qué medidas se adoptarán en relación con la contaminación con partículas de la Península de Curonia? ¿Considera el Consejo que está garantizada la seguridad el proyecto desde el punto de vista medioambiental?

¿Tiene la UE intención de utilizar su mayoría en el Consejo de administración del BERD para suspender el apoyo a la empresa LUKoil hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental, tal y como se recoge en el Convenio de Helsinki?

 
  
 

(IT) Una de las prioridades de la Unión Europea para la cumbre UE-Federación Rusa que se celebró en Roma el 6 de noviembre de 2003 era intensificar la cooperación con Rusia en el ámbito del medio ambiente.

La Declaración Conjunta de la 12ª Cumbre UE-Rusia celebrada en Roma el 6 de noviembre de 2003, señala en su punto 10: «Reconocemos nuestra responsabilidad de hacer frente conjuntamente y en el marco de las organizaciones, instrumentos y foros internacionales competentes a los problemas medioambientales comunes y a las preocupaciones que compartimos en relación con el cambio climático y la seguridad del transporte.»

Aunque en la Cumbre no se hizo referencia concretamente al proyecto de LUKoil, ni a las ayudas del BERD, ni a ninguna evaluación de impacto medioambiental de este proyecto, la UE planteó la necesidad de reforzar la cooperación en materia de seguridad marítima. La Comisión ya ha anunciado su intención de aprovechar las próximas reuniones, incluso a nivel técnico, para invitar a la autoridades rusas a que intensifiquen su cooperación con los países ribereños del Mar Báltico, en particular con Lituania, en lo relativo a cuestiones medioambientales y de gestión medioambiental del Mar Báltico. En particular, la Comisión anunció que pedirá a Rusia que acepte un calendario más breve para eliminar el uso de petroleros de un solo casco y el cese inmediato del uso de dichos buques para el transporte de petróleo pesado.

La Federación Rusa reconoció que estas preocupaciones son uno de los problemas medioambientales a los que la UE y Rusia deben hacer frente conjuntamente.

En relación con el proyecto concreto mencionado por su Señoría, el Consejo tiene conocimiento de los contactos entre las partes interesadas en el marco del Convenio de Helsinki sobre la protección del medio marino de la zona del mar Báltico. El Concejo presta especial atención a que cualquier proyecto de este tipo presente condiciones medioambientales satisfactorias, pero no está en condiciones de hacer comentarios sobre la aprobación de las ayudas del BERD al proyecto de LUKoil y sobre los procedimientos que deban seguirse en dicho contexto, ya que estas cuestiones que son competencia del Consejo de Dirección del BERD. En general, las normas del BERD conceden mucha importancia a los criterios medioambientales.

 

Pregunta nº 29 formulada por Ioannis Patakis (H-0708/03)
 Asunto: Los Juegos Olímpicos de Atenas como pretexto para poner en práctica planes de supresión y restricción de las libertades democráticas
 

Según diversas publicaciones, la comisión especial formada por los dirigentes policiales de los Estados miembros de la UE, que se reunió en Roma, decidió que las autoridades y redes policiales de países europeos y terceros países intervengan y participen de manera activa en cuestiones de seguridad de los Juegos Olímpicos de 2004, promoviendo de este modo el establecimiento de una "red paneuropea de seguridad" autónoma. Para que esta "empresa" sea eficaz, se considera necesario eludir todo lo previsto en términos legislativos en las relaciones con terceros países y se estudia el acceso rápido de los servicios secretos de terceros países a las bases de datos de Europol, en aplicación del reciente acuerdo antiterrorista concluido con los Estados Unidos.

¿Puede indicar el Consejo si es cierta esta información, qué entidades, instituciones, etc. han solicitado la aplicación de las medidas citadas y si los Juegos Olímpicos de Atenas constituirán el pretexto para poner en práctica los planes de vigilancia de los ciudadanos y de supresión y restricción de las libertades democráticas decididos hasta la fecha?

 
  
 

(IT) El Consejo recuerda a su Señoría el marco en el que se lleva a cabo la lucha contra el terrorismo dentro de la Unión, en particular en relación con el respeto de los derechos fundamentales.

Los Estados miembros están deliberando acerca de la lucha contra el terrorismo internacional durante los principales eventos deportivos. En Atenas se celebró un seminario sobre este tema los días 10 y 11 de abril de 2003.

Se ha informado al Consejo que el grupo de trabajo de Jefes de Policía ya había decidido, con ocasión de su 7ª reunión celebrada en Creta los días 19 y 20 de mayo de 2003, elaborar un Manual de Seguridad específico para desarrollar una cooperación policial directa durante los Juegos Olímpicos y que se centrará en el carácter específico de las amenazas. En la reunión del Task Force de Jefes de Policía de los días 6 y 7 de octubre en Roma se debatió la redacción de este Manual de Seguridad.

Además, en el marco de este grupo de trabajo se acordó que los Estados miembros deberán crear un equipo multinacional ad hoc con la participación de Europol al que se encargará la identificación precoz de las amenazas más concretas y de las fuentes de organizaciones terroristas.

Para preparar los trabajos de este trabajo multinacional, en el otoño se reunirán en Atenas expertos de los Estados miembros, incluyendo los países candidatos, representantes de Europol, así como expertos de terceros países bajo la responsabilidad de la Policía griega.

 

Pregunta nº 30 formulada por Efstratios Korakas (H-0710/03)
 Asunto: Reacciones ante los recientes sondeos del "Eurobarómetro"
 

Según el "Eurobarómetro", un porcentaje muy elevado de ciudadanos europeos manifiesta su oposición a la política de los Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo y en general, y estiman que estos dos países constituyen los principales factores de riesgo para la paz mundial. Los resultados de estos sondeos, que reflejan la desaprobación enérgica y masiva de los pueblos de Europa a la guerra en el Iraq y a la actitud de Israel en Oriente Próximo, se consideran en declaraciones de representantes de la UE como inaceptables e inesperados.

¿No considera el Consejo que, en vez de manifestar su sorpresa por los resultados del sondeo y desautorizar a los ciudadanos de la UE, y en vez de alinearse con la posición beligerante de los Estados Unidos, debería escucharse el sentir del pueblo y responder a su petición de paz y respeto por la independencia nacional y la soberanía popular, tomando las iniciativas pertinentes?

 
  
 

(IT) El sondeo de opinión del Eurobarómetro al que se refiere su Señoría se realizó por encargo de la Comisión Europea, la cual ya ha comentado sus resultados. El Consejo no ha comentado en concreto este sondeo de opinión.

La posición de la Unión Europea acerca del Proceso de Paz de Oriente Próximo ha sido expresada claramente en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre de 2003.

 

Pregunta nº 31 formulada por Konstantinos Alyssandrakis (H-0712/03)
 Asunto: Inclusión de datos biométricos en los documentos de viaje de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE
 

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior ha decidido incluir datos biométricos en los documentos de viaje de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE, así como en los visados y en los permisos de residencia concedidos a nacionales de terceros países. Dichos datos respetarán el acuerdo celebrado con los Estados Unidos y estarán a disposición de los servicios competentes de este país.

¿Podría indicar el Consejo cuáles son los datos biométricos que se propone incluir en dichos documentos, en qué medida el registro de estos datos es contrario a la legislación de los Estados miembros en vigor y viola el secreto de los datos personales y de la vida privada del ciudadano, así como de qué modo se va a garantizar que estos datos no se utilicen para fines distintos de los previstos una vez que, entre otras cosas, se pongan a disposición de terceros países sin las garantías necesarias?

 
  
 

(IT) El Consejo Europeo de Salónica pidió a la Comisión que elaborara propuestas pertinentes sobre la inclusión de los identificadores biométricos o datos biométricos en los visados y permisos de residencia para ciudadanos de terceros países y pasaporte de los ciudadanos de la UE, comenzando por los visados.

La Comisión ha presentado dos propuestas relativas a los formatos uniformes de los visados y permisos de residencia para ciudadanos de terceros países, que están siendo debatidas en los órganos competentes del Consejo.

Todavía no se ha adoptado una decisión definitiva sobre los identificadores biométricos que deban elegirse, pero se seguirán las recomendaciones de la OACI.

A los datos personales que deben procesarse en el marco de los formatos uniformes para los visados y permisos de residencia deberá aplicarse la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(1).

El Consejo destaca que las propuestas establecen que en los formatos uniformes para visados y permisos de residencia solo se almacenará la información contemplada en las propuestas respectivas y que dichas propuestas no contemplan el intercambio de información con terceros países.

 
 

(1) DO L 281, de 23.11.1995, p. 31.

 

Pregunta nº 32 formulada por Antonios Trakatellis (H-0713/03)
 Asunto: Elecciones en la zona ocupada de Chipre y concesión en masa de la nacionalidad
 

Teniendo en cuenta la concesión en masa de la denominada nacionalidad a más de 54 000 colonos, llevada a cabo por el pseudoestado del Sr. Denktash en la zona ocupada de Chipre con vistas a las elecciones del mes de diciembre -y al parecer el número de casos aumenta continuamente-, ¿cuál es la posición del Consejo y qué medidas considera oportunas para prevenir estos hechos que repercuten en la autenticidad de las próximas elecciones, cuyo resultado tendrá también importantes repercusiones para la integración de aquella parte de la isla en la que no es posible aplicar el acervo comunitario en la actualidad?

 
  
 

(IT) A menos de seis meses de la adhesión de Chipre a la UE el 1 de mayo de 2004, existe una necesidad clara y urgente de crear condiciones favorables para reanudar el proceso de Naciones Unidas sobre la base del Plan Annan.

En vista de este hecho, el Consejo ha estado examinando medios para contribuir a garantizar la transparencia y equidad de las próximas elecciones en la parte norte de Chipre, dadas las razonables perspectivas electorales de la coalición de partidos de la oposición que parecen ser los más dispuestos a reanudar las negociaciones.

Asimismo se ha destacado en varias ocasiones ante las partes interesadas, por última vez durante la reunión de la troika ministerial con el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Sr. Gul, la necesidad de que dichas elecciones se celebren en libertad y con transparencia. Desde esta perspectiva cabe recordar igualmente que en la parte norte de la isla existen medios para recurrir contra los casos mencionados en la pregunta, y que varios de tales recursos ya han sido considerados admisibles.

 

PREGUNTAS A LA COMISIÓN
Pregunta nº 50 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0675/03)
 Asunto: Proyecto de Constitución para el Afganistán
 

El 3 de noviembre de 2003, la Comisión Constitucional del Afganistán presentó al Presidente Hamid Karzai un proyecto de Constitución para la creación de una república islámica democrática. Dicho proyecto, que consta de 160 artículos, hace referencia a los derechos humanos fundamentales, los derechos individuales, la religión y el Islam, el sistema de gobierno (presidencial), etc.

¿Podría indicar la Comisión qué opinión le merece el texto en cuestión y si considera que mediante el mismo se consolida la protección de los derechos humanos fundamentales y, en especial, la protección de los derechos de la mujer en el país citado?

¿Cree la Comisión que constituirá una garantía para la época postalibán y conducirá el país a un funcionamiento y desarrollo normales y armónicos? En el caso de que la Comisión no esté satisfecha, ¿piensa reaccionar? ¿De qué modo?

 
  
 

(EN) La Comisión se felicita de la esperada publicación del proyecto de Constitución para Afganistán, que se hizo público el 3 de noviembre de 2003.

La Comisión señala que el proyecto de Constitución será objeto de un debate del que se congratula ante la Loya Jirga Constitucional cuyo inicio está previsto para el 10 de diciembre. A continuación, la Loya Jirga Constitucional deliberará acerca del proyecto y se espera que adopte una nueva Constitución para Afganistán antes de que termine 2003. Este sería otro paso importante en la aplicación del Acuerdo de Bonn que conducirá en última instancia al establecimiento en Afganistán de un Gobierno de amplia base, sensible a las cuestiones de género, multiétnico y plenamente representativo, como se acordó en Bonn.

La Comisión espera que la Loya Jirga Constitucional apruebe la Constitución que respeta la Carta de Naciones Unidas, los tratados y convenios internacionales firmados por Afganistán y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se establece en el artículo 7 del proyecto de Constitución.

 

Pregunta nº 51 formulada por Dana Rosemary Scallon (H-0676/03)
 Asunto: Desarrollo: APV
 

Por lo que se refiere a los países en desarrollo en la línea 21 02 07 02 (VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis), ¿qué servicios ofrece el programa de APV (asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH)? ¿Qué organizaciones están llevando a cabo el programa?

 
  
 

(EN) Antes de que finalice este año se publicará una convocatoria de propuestas para seleccionar y financiar, entre otras cosas, iniciativas destinadas a mejorar las pautas para obtener atención médica, acceder a los servicios de prevención y atención médica y la cobertura de servicios esenciales, sobre todo para las personas más pobres y vulnerables, como iniciativas encaminadas a incrementar el asesoramiento y los análisis voluntarios y las tasas de detección de adultos y niños infectados por el VIH.

El asesoramiento y análisis voluntario de VIH, denominado igualmente asesoramiento y análisis confidencial del VIH, es el proceso mediante el cual una persona recibe asesoramiento para tomar una decisión informada sobre si desea someterse a un análisis de VIH. Esta decisión debe ser totalmente libre y la persona debe contar con garantías de que este proceso será confidencial. El asesoramiento sobre VIH se ha definido como «un diálogo confidencial entre una persona y la persona que lo atiende para que la primera pueda soportar la tensión y tomar decisiones personales en materia de VIH/sida». El proceso de asesoramiento incluye una evaluación del riesgo personal de transmisión del VIH y consejos sobre prevención. «Los objetivos del asesoramiento sobre VIH son la prevención de la transmisión del virus y el apoyo emocional a aquellas personas que deseen considerar la posibilidad de someterse a un análisis de VIH, tanto para ayudarle a tomar una decisión sobre el análisis, como para prestarle apoyo y facilitar la toma de decisiones tras el análisis.»

Las organizaciones (solicitantes) se seleccionarán a través de la convocatoria de propuestas. Los criterios de elegibilidad son los contemplados en el Reglamento.

 

Pregunta nº 52 formulada por Brian Crowley (H-0681/03)
 Asunto: Derechos humanos y alternativa política en Etiopía
 

Etiopía es uno de los principales receptores de ayuda entre los países ACP y se le han concedido fondos para las instituciones y los procesos democráticos.

¿Cuál es la respuesta de la Comisión a los informes que indican que en el este de Etiopía la población de Ogaden, vulnerable y hambrienta, ha sido atacada recientemente por fuerzas gubernamentales y que las organizaciones de derechos humanos están expresando su preocupación por las tensiones y por el clima político, no viable para la promoción de movimientos ni de una dirección política alternativa en Etiopía? ¿Piensa la Comisión tener en cuenta estos factores antes de liberar nuevos fondos para este país?

 
  
 

(EN) La región somalí de Etiopía denominada Ogaden es desde hace mucho una región turbulenta y carece de seguridad por dos razones principales: la primera es que la vecina República de Somalia no es un Estado, y la segunda es la presencia de pequeños grupos de guerrilleros armados que luchan a favor de la independencia de esta región de Etiopía. Los destacamentos militares gubernamentales son atacados con frecuencia y se producen bajas en ambas partes. La Comisión no tiene conocimiento de que las fuerzas armadas etíopes hayan atacado deliberadamente a su propia población en Ogaden.

Hasta ahora, ninguna ONG u otra organización defensora de los derechos humanos ha acudido a la Comisión para hacerle parte de sus preocupaciones por la atmósfera política que se vive en ese país. Cabe señalar que el Gobierno decidió mantener la celebración de elecciones en la región somalí en los próximos meses. Estas serían las primeras elecciones que se celebran en esa región en los últimos siete años.

La Comisión sigue con gran atención la situación de los derechos humanos y de la democracia en Etiopía en el marco del Diálogo Político acordado en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. Hasta ahora no se han observado motivos para posponer el desembolso de las ayudas al desarrollo.

 

Pregunta nº 53 formulada por James (Jim) Fitzsimons (H-0687/03)
 Asunto: Lucha contra las minas antipersonal
 

La Comisión acaba de adoptar su programa de trabajo anual de 2003 referente a las minas antipersonal con un presupuesto de 18 150 000 euros para la financiación de operaciones en el Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, la República Democrática del Congo, Eritrea, Guinea-Bissau, el Iraq, Laos, Mozambique, Birmania/Myanmar, Sri Lanka y el Sudán.

¿Puede comunicar la Comisión si en estos y otros países se ha progresado con éxito en la ejecución de operaciones contra las minas antipersonal y si en lo sucesivo tiene previsto prestar ayuda a operaciones contra las minas antipersonal en países que no figuran entre los seleccionados en 2003?

 
  
 

(EN) El Programa anual de trabajo de la lucha contra las minas antipersona de 2003 se basa en las prioridades que figuran en la Estrategia de acción contra las minas de la CE y la Programación Indicativa Plurianual 2002-2004.

El Programa anual de trabajo de 2004 financia acciones para la eliminación de minas antipersona en diez países, seis de los cuales no figuraban en el programa de 2003 (Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Somalia, Georgia/Abjazia, Ecuador/Perú, Tayikistán/Kirguistán).

La Programación Indicativa Plurianual y los Programas anuales de trabajo se publican en el sitio de la Comisión en Internet.

Actualmente, la Comisión está elaborando la Programación Indicativa Plurianual para el período 2005-2007. Durante dicho período, la Comunidad Europea concederá ayudas a los países afectados por las minas en todo el mundo sobre la base de una serie de criterios establecidos en la estrategia correspondiente.

La Comisión tiene intención de llevar a cabo una evaluación general de sus proyectos en este ámbito financiados a través de este instrumento en 2004. Dicha evaluación se ajusta a lo establecido en el Reglamento relativo a las minas antipersona que prevé la realización de una evaluación cada tres años a partir de su entrada en vigor.

 

Pregunta nº 54 formulada por Malcolm Harbour (H-0701/03)
 Asunto: Precios del café en el mundo
 

En el contexto de sus labores en relación con los desafíos a los que se enfrentan los productores mundiales de productos básicos, ¿podría confirmar la Comisión que está concediendo la máxima prioridad a las medidas destinadas a regenerar el sector del café? ¿Podría confirmar la Comisión que está dispuesta a defender normas mínimas de calidad aplicables a las importaciones de café similares a las recogidas en la legislación que se encuentra en fase de estudio en los EE.UU.?

 
  
 

(EN) La Comisión es plenamente consciente de la importancia que tiene el sector del café para los países en desarrollo y concede una alta prioridad a este sector en sus trabajos sobre productos agrícolas. Entre las actividades de la Comisión se encuentran las ayudas al Sistema de Gestión de Riesgos de los Productos Básicos, la promoción de la producción calidad y del consumo de café a través de la Organización Internacional del Café, la prevención de la formación de moho y algunas actividades de desarrollo en determinados países, por ejemplo, Etiopía.

Durante el año pasado, la Comisión dedicó un tiempo considerable a analizar los sectores de productos agrícolas básicos, entre ellos el café, y publicó un documento analítico sobre los problemas de los sectores de los productos básicos y las estrategias que podrían aplicarse.

En su calidad de miembro de la Organización Internacional del Café, la Comunidad apoya y favorece las medidas en materia de calidad adoptadas por esta organización. Desgraciadamente, los Estados Unidos no son miembros de la Organización Internacional del Café, pero ahora intentan establecer normas nacionales comparables en materia de importación.

 

Pregunta nº 55 formulada por John Hume (H-0705/03)
 Asunto: Acontecimientos políticos en Sri Lanka
 

En vista de los acontecimientos políticos que se han producido recientemente en Sri Lanka, ¿qué medidas ha adoptado la Comisión para fomentar la supervivencia del proceso de paz en ese país?

 
  
 

(EN) La Comisión ha seguido muy de cerca los acontecimientos sucedidos en Sri Lanka y siente una profunda preocupación por el grave revés que ha sufrido el proceso de paz debido a los recientes acontecimientos ocurridos en Sri Lanka, entre ellos el despliegue de tropas en la capital y la decisión de poner las carteras de Defensa, Interior y Comunicaciones bajo la autoridad de la Presidenta.

En su calidad de copresidentes junto con Noruega, los Estados Unidos y Japón, la Presidencia y la Comisión han emitido una declaración conjunta en la que expresan nuestra preocupación porque los recientes acontecimientos ocurridos en Sri Lanka puedan poner en peligro el espíritu de cohabitación entre la Presidenta y el Gobierno de Sri Lanka, que ha demostrado ser crucial para que el proceso de paz siga avanzando. Asimismo, la Presidencia y la Comisión instaron a los dos principales partidos a que sigan colaborando para apoyar una solución política negociada.

Además, el Miembro de la Comisión responsable de las Relaciones Exteriores se ha mantenido en contacto telefónico con el Primer Ministro de Sri Lanka, Sr. Wickremesinghe, para encontrar una forma para regresar a la cohabitación con la Presidenta. La Comisión continuará enviando señales positivas con la esperanza de poder reducir las tensiones. La Comisión coordina todas sus acciones con Noruega, país facilitador del proceso de paz, así como con los demás países de la copresidencia. Además, la Comisión se mantiene diariamente en contacto con su Delegación en Colombo para estar al día de la situación.

El Comisario responsable de Relaciones Exteriores visitará Sri Lanka del 25 al 26 de noviembre de 2003, como estaba previsto. Esta visita le permitirá obtener una impresión de primera mano sobre la situación reinante en Sri Lanka y le ofrecerá la posibilidad de deliberar sobre dicha situación con todas las partes implicadas.

La CE colabora con el Consejo para coordinar sus acciones.

 

Pregunta nº 56 formulada por Elisabeth Schroedter (H-0707/03)
 Asunto: Extracción de petróleo por Rusia en el Mar Báltico en las proximidades de la Península de Curonia (yacimiento de petróleo D6)
 

Antes de que finalice el año 2003, la empresa petrolífera rusa LUKoil comenzará a extraer petróleo a 22 kilómetros escasos de la Península de Curonia, declarada Patrimonio de la Humanidad y próximamente zona NATURA 2000. En el año 2000, el BERD concedió a LUKoil un préstamo de 150 millones de dólares norteamericanos, lo que permitió a esta empresa reanudar el proyecto. Rusia no ha realizado una evaluación de impacto ambiental transparente a nivel internacional, aunque la plataforma petrolífera se encuentra a sólo 6 kilómetros de la frontera con Lituania, supone un peligro para la Península de Curonia y los convenios internacionales exigen que se lleve a cabo una evaluación de este tipo.

¿Qué acuerdos concretos se han alcanzado en la Cumbre UE-Rusia celebrada en Roma con respecto a la realización de una evaluación de impacto ambiental internacional y la retirada progresiva de los petroleros de casco único? ¿Qué medidas se adoptarán en relación con la contaminación con partículas de la Península de Curonia? ¿Considera la Comisión que está garantizada la seguridad del proyecto desde el punto de vista medioambiental?

¿Tiene la UE intención de utilizar su mayoría en el Consejo de administración del BERD para suspender el apoyo a la empresa LUKoil hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental, tal y como se recoge en el Convenio de Helsinki?

 
  
 

(EN) La Comisión comparte la creciente aprehensión causada por las intenciones rusas de iniciar la prospección de petróleo en el delicado medio ambiente de la Península de Curonia en el Mar Báltico sin haber efectuado una evaluación de impacto medioambiental para dar cumplimiento a las normas internacionales.

Si bien durante la reciente Cumbre UE-Federación Rusa de Roma se plantearon cuestiones medioambientales, no se llegó a un acuerdo sobre la perforación de pozos petroleros en el Báltico.

Desde hace algún tiempo, la Comisión insta a Rusia para que adopte un calendario acelerado para la eliminación del uso de petroleros monocasco y el cese inmediato de dichos petroleros para el transporte de petróleos pesados, de acuerdo con las disposiciones adoptadas en la Unión (Reglamento 1726/2003, de 22 de julio de 2003, que entró en vigor el 21 de octubre de 2003). Al ser parte del acervo comunitario, este Reglamento se aplicará a los puertos, terminales marítimas y zonas marítimas bajo jurisdicción de Lituania a partir de la fecha de la adhesión de este país a la Unión (1 de mayor de 2004). A petición del Consejo de Ministros de Transportes de la UE, los 15 Estados miembros presentaron una propuesta formal en tal sentido ante la Organización Marítima Internacional (OMI), que será debatida una vez más en la próxima reunión del mes de diciembre del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino (CPMAM).

La Comisión estima que la extracción de petróleo por parte de Rusia en el Mar Báltico plantea problemas que deben debatirse directamente con la Federación Rusa. Por consiguiente, la Comisión aunará esfuerzos con los actuales y futuros Estados miembros a fin de convencer a la parte rusa de que, en aras de la seguridad de todos los Estados ribereños del Mar Báltico, incluida Rusia, debería llevarse a cabo una evaluación de impacto medioambiental de acuerdo con la normativa internacional y deberían preverse todas las medidas cautelares de emergencia necesarias.

En 2000, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) concedió un préstamo de 150 millones de euros a LUKoil como capital de explotación a medio plazo. Hasta donde sabe la Comisión, no existe relación entre este préstamo y el proyecto de la Península de Curonia (que requiere una financiación a largo plazo). Además, la dirección del BERD informó a la Comisión de que actualmente el Banco no tiene previsto financiar otros proyectos de LUKoil.

 

Pregunta nº 57 formulada por Eija-Riitta Anneli Korhola (H-0717/03)
 Asunto: Ámbito de acción del G8 y medidas antiterroristas
 

En el momento de su creación, el G8 (en aquellos momentos G7) era un grupo de tamaño modesto: sólo asistían tres representantes por país que se reunían durante dos días sin grandes preparativos. En la actualidad, el G8 constituye un encuentro simbólico de los dirigentes de cada Estado, una institución simbólica.

En opinión de la Comisión, ¿cuáles serán las tareas del G8 en el futuro?

¿Considera justificado utilizar el G8 para, por ejemplo mediante los grupos de trabajo creados por él, llevar a cabo actividades internacionales de lucha contra el terrorismo y hacer que, de este modo, la guerra contra el terrorismo sea más equilibrada y tenga más frentes?

 
  
 

(EN) Como señala su Señoría, el G8 no es una institución ni una organización internacional y no tiene una base jurídica. El G8 no adopta decisiones vinculantes y carece de un Reglamento interno y de una secretaría permanente. Cada uno de los países miembros del G8 ocupa la Presidencia rotatoria durante un año civil. El país que ocupa la Presidencia organiza la cumbre y propone el orden del día, y organiza asimismo una serie de reuniones preparatorias, como sucedió en el caso de Francia y la cumbre de Evián de 2003.

Sin embargo, la cumbre es algo más que una reunión simbólica, y el G8 puede desempeñar un papel real e importante. La cumbre de 1996 celebrada en Lyon puso en marcha la primera iniciativa a favor de los países pobres altamente endeudados (PPAE), en tanto que en la de Evián en 2003, los dirigentes de este grupo abordaron los desafíos de promover el crecimiento, incrementar el desarrollo sostenible y mejorar la seguridad.

En relación con la pregunta concreta de su Señoría sobre el papel que podría desempeñar el G8 en materia de terrorismo, su Señoría debería saber que el G8 ya desempeña un papel activo en ese ámbito. A través de sus Grupos de Roma y Lyon (responsables de las cuestiones relacionadas con el terrorismo y la delincuencia organizada, respectivamente) y los correspondientes subgrupos de expertos, ha realizado una importante contribución al desarrollo del pensamiento internacional sobre terrorismo y delincuencia organizada. Por ejemplo el G8 ha participado activamente en la elaboración de 12 convenios sectoriales de Naciones Unidas para luchar contra el terrorismo, y ha pedido la ratificación y aplicación a escala mundial de dichos instrumentos. Un acontecimiento clave reciente fue la creación, en el marco de la cumbre de Evián, del Grupo de Acción Antiterrorista (Counter-Terrorism Action Group - CTAG). En dicho grupo se reúnen los miembros del G8 con el Comité Antiterrorista de Naciones Unidas para coordinar mejor la asistencia internacional en materia de lucha antiterrorista.

 

Pregunta nº 58 formulada por Bill Newton Dunn (H-0633/03)
 Asunto: Descenso de las tasas de natalidad en la Unión
 

Probablemente, el mayor problema económico a largo plazo a que se enfrenta la Unión es el descenso de las tasas de natalidad. ¿Qué medidas propone la Comisión para que los Estados miembros procuren invertir ese descenso, que podría tener consecuencias catastróficas?

 
  
 

(EN) La Comisión comparte las preocupaciones manifestadas por su Señoría en lo referente a la importante cuestión de las bajas tasas de natalidad. Los demógrafos consideran que esta cuestión es sumamente compleja. Si observamos el debate sobre esta política en los últimos 20 años, veremos que no existe una solución única para este problema.

En el plano europeo es importante destacar que toda una serie de políticas relacionadas con la fertilidad –como las políticas en materia familiar y de protección de menores– son competencia nacional, y la Unión Europea carece de base jurídica para desarrollar y llevar a cabo iniciativas en estos ámbitos.

Sin embargo, las políticas europeas de empleo y asuntos sociales influyen sobre las familias y, por consiguiente, la Comisión presta especial atención a adoptar políticas favorables para las familias, en ámbitos tales como el empleo y la atención infantil. Más concretamente, la Estrategia Europea de Empleo –de acuerdo con las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona (2002)– aborda el problema de la conciliación entre la vida laboral y la familiar. Las directrices de la Estrategia Europea de Empleo de 2003 obligan a los Estados miembros a «eliminar los obstáculos para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y a esforzarse, teniendo en cuenta la demanda de guarderías infantiles y de acuerdo con la normativa nacional de protección de menores, a ofrecer guarderías de aquí a 2010 al menos al 90% de los niños entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33% de los niños de menos de tres años de edad».

La Comisión sigue la evolución de la situación demográfica en el marco de su Informe anual sobre la situación social.

 

Pregunta nº 59 formulada por Alexandros Alavanos (H-0634/03)
 Asunto: Aplicación de la Directiva 1999/70/CE en Grecia
 

En la respuesta de la Comisión a mi pregunta P-2301/03, relativa a la aplicación en Grecia de la Directiva 1999/70/CE(1), se indica que en lo que se refiere a la transposición de la Directiva al Derecho nacional griego, tras un primer examen del Decreto Presidencial 81/2003, parece que podrían existir problemas de conformidad. Sin embargo, al responder a otra pregunta anterior (H-0293/03(2)) sobre la aplicación en Grecia de la Directiva 1999/70/CE y los abusos de los contratos de trabajo de duración determinada, la Comisaria competente, Sra. Dimantopoulou, hizo referencia al Decreto Presidencial 81/2003, en virtud del cual se transpone al Derecho griego la Directiva en cuestión, declaró que los servicios de la Comisión estaban examinando dicho Decreto y que antes del verano podrían facilitar una evaluación.

Teniendo en cuenta que este retraso es la causa de un drama humano para unos 250.000 contratados griegos y que el Gobierno griego lo aprovecha para perpetuar la situación, se pregunta a la Comisión si ha realizado la evaluación del mencionado Decreto Presidencial.

 
  
 

(EN) La Comisión se ha puesto en contacto con Grecia, así como con otros Estados miembros, a fin de obtener una explicación de determinadas medidas adoptadas en aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada(3). En particular, es la transposición de la cláusula 5 del acuerdo marco de la Directiva –Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva– la que parece provocar dificultades.

Esperamos que estos problemas puedan resolverse mediante la cooperación con las autoridades nacionales. De no ser así, la Comisión considerará la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado.

 
 

(1) DO L 175 de 10.7.1999, p.43.
(2) Respuesta oral del 3.6.2003.
(3) DO L 175, de 10.7.1999.

 

Pregunta nº 60 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0636/03)
 Asunto: Negociación de un posible acuerdo UE-MERCOSUR
 

Hace un par de meses la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo con Chile y hará unos dos años aproximadamente lo hizo con México. Ambos acuerdos han resultado altamente satisfactorios para las respectivas partes intervinientes y en los dos casos se considera que han ido más lejos, que han superado las disposiciones y normas de la propia Organización Mundial del Comercio. Han sido acuerdos que podemos denominar como OMC + (plus).

Sin embargo, en el proceso de negociación de la UE con MERCOSUR se dice que estas conversaciones presentan dificultades debido a que la última reunión de la OMC en Cancún ha finalizado sin ningún tipo de consenso, que al no haber referencia de la OMC no se puede avanzar en el diálogo negociador.

¿Puede indicar la Comisión en qué medida puede ser una limitación la falta de referencia de la OMC para el caso de MERCOSUR, cuando sus disposiciones vigentes en los momentos en que se negociaron los acuerdos con México y Chile no supusieron obstáculo para llegar a pactos que superaban las citadas disposiciones de la OMC? ¿No se puede negociar con MERCOSUR sobre la base de las referencias de los acuerdos con México y Chile o sobre la base de las disposiciones de la OMC vigentes cuando se concretaron estos acuerdos?

 
  
 

(EN) La Comisión presentó el pasado 1 de octubre su propuesta complementaria de revisión de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte(1). La propuesta incluye nuevos proyectos prioritarios que vienen a añadirse a los catorce proyectos de la lista de Essen ya acordados en 1994, así como a los proyectos propuestos por la Comisión en 2001 y respaldados por el Parlamento Europeo. La lista de los proyectos considerados prioritarios por la Comisión comprende un total de 26 proyectos pendientes de realización de aquí al año 2020.

La línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Valencia, así como el corredor del Mediterráneo, forman parte del proyecto 19 («Interoperabilidad de la red ferroviaria de gran velocidad de la Península Ibérica»). El orden de los proyectos de esta lista no responde, con todo, a una clasificación según prioridades ya que todos ellos son prioritarios para la Comisión y deberán ejecutarse a medida que vayan madurando. En este sentido, la Comisión informa a su Señoría de que en las próximas semanas se prevé que el Fondo de Cohesión otorgue cofinanciación a diversas obras del tramo Xàtiva-Valencia, incluido en el corredor de alta velocidad Madrid-Albacete-Valencia. Las primeras intervenciones comunitarias para este gran proyecto, que datan de 1997, asumieron el 50% de los costes totales y se referían únicamente a los estudios necesarios anteriores al inicio de las obras. Los estudios para la línea de alta velocidad Madrid – Castilla la Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia se financiarán en un 36% hasta 2006, para un coste total estimado de 104,2 millones de euros, antes de procederse al inicio de las obras y al objeto de llevar a buen puerto el proyecto.

La fecha prevista para la finalización de las obras de todos los nuevos proyectos varía según el grado de madurez de cada uno de ellos. En un marco muy general, corresponde a las autoridades nacionales tomar las decisiones adecuadas para la conclusión de los proyectos. En este sentido, la Comisión constata que determinados Estados miembros –entre los cuales España– han establecido calendarios ambiciosos. Por lo que respecta al proyecto citado por su Señoría, las noticias de la Comisión son que su ejecución concluirá en 2010. Respetando el principio de subsidiariedad, la Comisión ha incluido en su propuesta del 1 de octubre diversos instrumentos destinados a facilitar la puesta en marcha de los proyectos, como por ejemplo una declaración de interés europeo para los proyectos prioritarios, una coordinación reforzada con la asistencia de un coordinador europeo por proyecto o grupo de proyectos, y un aumento de la aportación máxima del presupuesto de la Red Transeuropea de Transporte hasta un 30% para los proyectos transfronterizos. Además, todos los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte en España reúnen en principio los requisitos necesarios para el apoyo comunitario a través del Fondo de Cohesión y, en su caso, también del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 
 

(1) COM (2003) 564

 

Pregunta nº 61 formulada por Avril Doyle (H-0638/03)
 Asunto: Ampliación de las normas comunitarias de etiquetado de la carne de vacuno al sector de la hostelería
 

Si bien Irlanda exporta un 83% de la producción de carne de vacuno, al mismo tiempo, importa al año 5 500 toneladas de carne de vacuno procedente de terceros países, es decir, un 6% del mercado nacional total, principalmente para las empresas de hostelería. La carne de vacuno procedente de esos países se somete a controles para asegurarse una licencia de exportación de la UE, que en teoría son tan estrictos como en la UE.

Los agricultores y la industria de transformación de carne en Irlanda están sometidos a requisitos de rastreabilidad y etiquetado muy estrictos en virtud del sistema de seguridad alimentaria "de la granja a la mesa", la industria de hostelería, incluidos hoteles y restaurantes, representa un amplio porcentaje (hasta un 30%, según Bord Bia) del consumo de carne de vacuno en Irlanda, y la reglamentación comunitaria relativa al etiquetado de la carne de vacuno por parte de los comerciantes de carne de vacuno que operan en la UE no incluye los hoteles y restaurantes.

Teniendo en cuenta lo mencionado, ¿podría la Comisión explicar esta extraña exención de las normas vigentes e indicar si tiene propuestas para ampliar las normas comunitarias de rastreabilidad y etiquetado al sector de la hostelería en interés de la seguridad del consumidor y de la cadena alimentaria?

 
  
 

(FR) En 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (CE) 1760/2000, cuya principal finalidad es garantizar la plena rastreabilidad del ganado vacuno, desde su nacimiento hasta el consumidor final, e informar a los consumidores sobre su origen, que se define como el país (o países) de nacimiento, crianza y sacrificio de los animales de los que procede la carne.

Por consiguiente, toda la carne fresca de vacuno comercializada en la Comunidad debe estar etiquetada de conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento, independientemente de que esté destinada a su venta al por menor o al suministro del sector de la hostelería. Este requisito se aplica igualmente a la carne de vacuno procedente de terceros países.

Sin embargo, los operadores del sector privado o colectivo de la hostelería no están obligados a mostrar el origen de la carne de vacuno que sirven a los consumidores.

El Reglamento se aplica, de hecho, exclusivamente a la carne fresca de vacuno y no a la carne de vacuno que ha sido preparada por una empresa de hostelería o ha sido enlatada o transformada en platos preparados por la industria alimentaria.

Sin embargo, los hosteleros ya pueden indicar voluntariamente el origen de la carne de vacuno. En tal caso, dicha información debe presentarse de tal forma que no confunda a los consumidores acerca del origen real de la carne que se les sirve.

Los organismos oficiales pueden verificarlo fácilmente en los restaurantes mediante la etiqueta que indica el origen, que debe aparecer en la carne de vacuno suministrada a dichos restaurantes.

Por último, «la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe y, si ha lugar, propuestas apropiadas relativas a la ampliación del ámbito de aplicación del presente Reglamento a los productos transformados que contengan carne de vacuno y productos a base de carne de vacuno...», incluyendo aquellos elaborados por el sector de la hostelería.

 

Pregunta nº 62 formulada por Jillian Evans (H-0639/03)
 Asunto: Utilización de primates no humanos en experimentos científicos
 

¿Qué considera la Comisión como normas básicas de bienestar animal que deben aplicarse cuando se usan primates en la investigación, y qué esfuerzos está llevando a cabo para que se apliquen dichas normas?

Muchos ciudadanos de la UE desean de hecho que se ponga fin a la utilización de primates no humanos en la investigación científica y, en diciembre de 2002, en su Resolución (A5-0387/2002) sobre la Directiva 86/609/CEE(1) del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (2001/2259(INI)) elaborada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, el Parlamento Europeo incluía la siguiente declaración:

"Considera que la necesidad de utilizar de manera continuada primates no humanos para investigación y experimentación debería evaluarse desde un punto de vista crítico a la luz de los conocimientos científicos, con la intención de reducir e incluso acabar con su utilización;"

¿Podría la Comisión indicar qué progresos se han realizado en la reducción y la eliminación del uso de primates en la investigación científica?

 
  
 

(EN) Todos los experimentos con animales efectuados en la Unión, incluyendo aquellos que utilizan primates no humanos, deben cumplir lo dispuesto en la Directiva 86/609/CEE del Consejo de 24 de noviembre de 1986 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. Esta Directiva debía transponerse a derecho nacional en noviembre de 1989.

La Directiva pretende mejorar los controles sobre el uso de animales de laboratorio, establecer normas mínimas en materia de alojamiento y atención, y abordar en términos generales la formación del personal que manipula animales y supervisa los experimentos. Asimismo tiene por finalidad sustituir, en la medida de lo posible, los métodos de ensayo con animales por métodos que no los utilicen, así como promover el desarrollo y validación de métodos alternativos. En aquellos casos en que sea necesario utilizar animales, la Directiva pretende que sea únicamente la cantidad mínima, y que el sufrimiento de los animales se reduzca al mínimo necesario para obtener el resultado científico previsto, es decir, no causar sufrimientos que puedan evitarse.

Puesto que el fundamento de la Directiva tiene más de 15 años de antigüedad, algunas de sus disposiciones deben revisarse a la vista de los datos científicos más recientes. Para mejorar esta situación, la Comisión ya ha comenzado la revisión de la Directiva. En 2002, la Comisión pidió al Comité Científico de Sanidad y Bienestar Animal (CCSBA) que elaborara un informe específico sobre el bienestar de los primates no humanos utilizados en experimentos. Este informe fue adoptado en diciembre de 2002 y se encuentra disponible en el sitio Europa de Internet(2). Este informe se utilizará durante la próxima revisión de la Directiva.

Asimismo, la Comisión está mejorando de otras maneras el bienestar de los animales utilizados en la investigación. De conformidad con el Plan de acción «Ciencia y Sociedad», publicado en diciembre de 2001, la Comisión:

- promoverá la creación de redes de comités de bienestar animal para intercambiar información y desarrollar las mejores prácticas para la revisión de los experimentos con animales desde una perspectiva ética,

- fomentará la formación de científicos sobre cuestiones de bienestar animal y sensibilizará a los investigadores acerca de los principios de sustitución, reducción y refinamiento.

Al contribuir a la revisión de la legislación en materia de bienestar animal y promover el uso de métodos alternativos en los ensayos e investigaciones, el Centro Europeo de Validación de Métodos Alternativos del CCI apoya en sentido más general la mejora de las normas y la reducción del uso de animales.

En las investigaciones financiadas por la Comisión dentro de los programas marcos de IDT, los solicitantes deben describir los procedimientos adoptados para dar cumplimiento a los principios de sustitución, reducción y refinamiento y proteger el bienestar de los animales. Los solicitantes encuentran una orientación detallada al respecto en el punto 7 de la «Información crucial para los solicitantes del Sexto Programa Marco que hayan encontrado problemas éticos en la lista de comprobación de la Guía para los Candidatos»(3). La Decisión del Consejo relativa al Sexto Programa Marco (Decisión nº 834/2002/CE) especifica, en el marco de este programa, que el uso de primates no humanos debe sustituirse por alternativas en la medida de lo posible.

Las propuestas relativas a cuestiones delicadas, como el uso de primates no humanos, son objeto de una revisión ética sistemática. Esta revisión ética permite, entre otras cosas, que todas las investigaciones con animales se realicen de conformidad con la Directiva 86/609/CEE y que los principios de sustitución, reducción y refinamiento se apliquen plenamente a las propuestas de proyectos. Además, los participantes en proyectos de investigación deben solicitar la autorización de las autoridades nacionales competentes antes de comenzar las actividades de investigación.

A fin de fomentar la reducción y sustitución de animales en la investigación, la Comisión apoya la investigación dedicada específicamente a desarrollar alternativas in vitro a los ensayos con animales. Dentro del Quinto Programa Marco se financiaron 43 proyectos de este tipo con una contribución comunitaria de aproximadamente 65 millones de euros.

 
 

(1) DO L 358 de 18.12.1986, p. 1.
(2) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out83_en.pdf
(3) http://europa.eu.int/comm/research/science-society/ethics/rules_en.html

 

Pregunta nº 63 formulada por Anna Karamanou (H-0646/03)
 Asunto: Juicio contra mujeres que se manifestaron en favor del diálogo en Bingöl (Turquía)
 

El 7 de noviembre de 2003, se celebrará en Turquía el juicio contra 125 mujeres que se manifestaron en protesta por la violencia y los enfrentamientos que tienen lugar entre el Gobierno turco y la población kurda del país así como en favor de iniciar el diálogo y buscar una solución pacífica a las diferencias. Las mujeres, representantes de 39 ONG de toda Turquía, ya se habían manifestado en el pasado en Estambul, Adana y Ankara, donde además habían presentado a las autoridades una resolución al respecto. La manifestación de Bingöl no tuvo el mismo final pacífico, ya que las mujeres fueron insultadas y detenidas bajo la acusación de haber infringido la ley sobre manifestaciones.

¿Qué medidas se propone tomar la Comisión y de qué modo piensa obligar al citado país candidato a la adhesión a que respete las libertades fundamentales y los derechos humanos de las mujeres?

 
  
 

(EN) La Comisión tiene conocimiento del juicio de las mujeres que se manifestaban a favor del diálogo en Bingöl que menciona su Señoría.

Según la información de que dispone la Comisión, las manifestaciones de la Iniciativa de Paz, en las que participaron mujeres que representan a 39 ONG, tuvieron lugar en las provincias de Adana, Mersin, Diyarbakir, Ankara, Batman, Van, Bolu, Elazığ y Estambul. No fue sino hasta que esta iniciativa llegó a Bingöl cuando las mujeres tuvieron problemas con las autoridades.

Estas mujeres, todas las cuales han sido liberadas a la espera del resultado del juicio, son acusadas de infringir la Ley nº 2911 que regula las reuniones y manifestaciones.

La primera audiencia del juicio tuvo lugar el 7 de noviembre de 2003 en el Tribunal Penal de Bingöl. Durante las vistas, que duraron varias horas, se tomó declaración a varias de las acusadas. Las audiencias se reanudarán el 23 de enero de 2004.

Desde una óptica más general, la Comisión conoce los problemas con que se encuentran las ONG turcas en materia de libertad de asociación y reunión. La Comisión seguirá de muy cerca el desarrollo de este juicio, así como la evolución de las libertades fundamentales, entre ellas las cuestiones de género, en Turquía. El informe periódico publicado el 5 de noviembre de 2003 refleja la evaluación que la Comisión hace actualmente de esta situación.

 

Pregunta nº 64 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0651/03)
 Asunto: Vigilancia de las fronteras exteriores de la UE
 

De conformidad con la propuesta del Gobierno sueco "Aduanas del futuro", 430 personas perderán su trabajo en el sector aduanero de Suecia. Se suspenderá por completo toda la actividad de la administración aduanera, entre otros lugares, en Idre en Dalecarlia cerca de la frontera con Noruega así como en las ciudades portuarias de Västerås y Köping cerca de Mälaren al oeste de Estocolmo, estos dos últimos lugares con un gran volumen de tránsito con destino y procedente de lugares no pertenecientes a la zona Schengen. Ya ahora no existe prácticamente actividad aduanera en la terminal de transbordadores de Nynäshamn al sur de Estocolmo. Con una reducción tan importante de la vigilancia en Suecia de las fronteras exteriores de la UE se corre el riesgo de un aumento del tráfico de estupefacientes y armas así como de la inmigración ilegal en toda la UE.

¿Considera la Comisión que, a pesar de estas reducciones, Suecia cumple con sus obligaciones en lo que respecta al cumplimiento del Acuerdo de Schengen y el mantenimiento de las fronteras exteriores de la Unión? ¿Es conforme la reducción por parte del Gobierno sueco de la actividad de las administraciones aduaneras y sirve de ejemplo de lo que la Comisión desea que hagan otros países responsables de las fronteras exteriores de la Unión?

 
  
 

(EN) La pregunta de su Señoría aborda una serie de cuestiones relacionadas con la libre circulación de mercancías y personas.

En materia aduanera es cierto que Noruega debe ser considerado un país tercero. Por consiguiente, la frontera entre Suecia y Noruega es una frontera exterior de la Unión Aduanera de la UE. Sin embargo, cada Estado miembro puede determinar libremente los lugares en que desea que se efectúen las formalidades aduaneras, siempre que garantice una protección adecuada de los intereses de la Comunidad.

Por lo que se refiere a los controles destinados a detectar y prevenir el tráfico transfronterizo de mercancías prohibidas o restringidas en las fronteras exteriores de la Unión, la Comisión estima que debe existir una protección homogénea en todos los puntos de entrada y salida de la UE. Sin embargo, la manera en que los Estados miembros emplean sus recursos para efectuar estos controles forma parte de las competencias nacionales.

Por lo que respecta a las personas, la frontera terrestre entre Suecia y Noruega debe considerarse una frontera interior en el sentido del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. La aplicación de este Convenio se deriva del Tratado de adhesión de 19 de diciembre de 1996, por el cual Suecia pasó a ser miembro del Acuerdo de cooperación y asociación con el Acuerdo de Schengen, celebrado el 18 de mayo de 1999 entre Noruega e Islandia, por una parte, y el Consejo de la Unión Europea, por la otra.

La decisión de abolir finalmente los controles fronterizos de personas a partir del 25 de marzo de 2001 entre los países escandinavos, entre ellos Suecia, y entre éstos y el resto de los países signatarios del Acuerdo de Schengen fue adoptada después de llevar a cabo una serie de evaluaciones sobre el grado de preparación para aplicar el acervo de Schengen.

En relación con los flujos de personas a través de los puertos que su Señoría menciona en su pregunta (Västeräs y Köping a orillas del lago Mälaren, al oeste de Estocolmo, y la terminal de transbordadores de Nynäshamm, al sur de esta misma ciudad), la situación es la siguiente: Si una persona viaja de Suecia a otro Estado signatario del Acuerdo de Schengen en un transbordador de línea regular que conecte exclusivamente puertos situados en los territorios de los Estados signatarios de dicho Acuerdo y no haga parada en ningún otro puerto fuera de dichos territorios, no se realizará control alguno, ya que esta conexión constituye un cruce de una frontera interior. Todos los demás desplazamientos se consideran un cruce de frontera exterior y en ellos deben realizarse los controles correspondientes. Las evaluaciones realizadas por el Comité Permanente de Evaluación de Schengen verificaron la conformidad con estos principios antes de la supresión de los controles en las fronteras internas.

 

Pregunta nº 65 formulada por Christos Folias (H-0653/03)
 Asunto: Reforma de la OCM del tabaco
 

En el sector del tabaco, la Comisión (COM(2003)0554/final) propone una disociación gradual de la actual prima por tabaco vinculada a la producción, lo que conducirá al abandono de la producción en este sector.

¿Ha calculado con exactitud la Comisión las repercusiones totales de su propuesta en las economías locales de producción de tabaco en las regiones griegas en general, en algunas de las cuales el tabaco puede considerarse un monocultivo, así como en el sector de la transformación? En caso afirmativo, ¿cuál es la solución alternativa que propone la Comisión para hacer frente a este tipo de repercusiones, como, por ejemplo, el desempleo?

Además, teniendo en cuenta que no deben reducirse más las subvenciones a los productores de tabaco, ¿con qué cantidad puede contribuir el crédito público para reducir el impacto social de la propuesta en cuestión?

 
  
 

(EN) La Comisión examinó detenidamente, en su evaluación ampliada de impacto, los efectos de las tres opciones disponibles cuando el Consejo pidió a la Comisión que procediera a la reforma del sector del tabaco siguiendo las mismas líneas empleadas en la primera reforma de la PAC.

La opción del desacoplamiento es la mejor solución –sobre todo para Grecia– ya que la mayoría de las explotaciones de tabaco de Grecia son de pequeño tamaño y los agricultores que tenían cuotas inferiores a 3,5 toneladas en el período de referencia recibirán en el futuro las mismas ayudas que recibían durante el período de referencia.

Los agricultores que tenían cuotas mayores sufrirán una reducción de las ayudas, pero dicha reducción se trasladará a un fondo de reestructuración y estos recursos permanecerán en el Estado miembro en que se hayan cobrado.

Gracias al desacoplamiento de las ayudas, los agricultores tendrán la libertad de producir lo que quieran y seguramente algunos elegirán el cultivo de otros productos, pero esperamos que muchos agricultores continúen produciendo tabaco, ya que es el producto que conocen. Asimismo, el número de agricultores que decidan continuar con la producción de tabaco dependerá del nivel de los precios que ofrezca la industria procesadora.

El fondo de reestructuración financiará las ayudas concedidas a los productores de tabaco que decidan dedicarse a otros cultivos o a otras actividades económicas, y también financiará las mejoras de las infraestructuras en las regiones tabacaleras.

La Comisión considera que el desacoplamiento progresivo, junto con la creación de un fondo especial de reestructuración, constituye la mejor política para el sector del tabaco en el futuro.

 

Pregunta nº 66 formulada por María Sornosa Martínez (H-0654/03)
 Asunto: Tramo del AVE Madrid-Valencia
 

En visita oficial a la Comunidad Valenciana, la Comisaria de Transportes, Loyola De Palacio, anunció la agilización de la construcción del tramo del AVE Madrid-Valencia para el 2007, adelantándolo así en la lista de prioridades presentada por la misma Comisaria para garantizar la interconexión de la red europea en el 2010. Pocos días después, el Ministro español de Fomento rectificaba las palabras de la Comisaria y aseguraba que no había ninguna previsión que hiciera posible la anticipación de la llegada del AVE a Valencia, con lo cual, el Gobierno español consideraba como válido el primer calendario (2010) y devolvía este tramo del AVE al número 19 de la lista de las prioridades de la Comisión, donde estaba previsto anteriormente y de manera conjunta a la adaptación de la vía al corredor mediterráneo.

¿Sigue sosteniendo la Comisión las declaraciones de De Palacio sobre el adelantamiento del tramo Madrid-Valencia al año 2007? En caso afirmativo, ¿puede especificar la Comisión de qué manera, con qué medios y bajo qué previsión presupuestaria piensa llevar adelante dicho proyecto?

 
  
 

(FR) La Comisión presentó el pasado 1 de octubre su propuesta complementaria de revisión de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte(1). La propuesta incluye nuevos proyectos prioritarios que vienen a añadirse a los catorce proyectos de la lista de Essen ya acordados en 1994, así como a los proyectos propuestos por la Comisión en 2001 y respaldados por el Parlamento Europeo. La lista de los proyectos considerados prioritarios por la Comisión comprende un total de 26 proyectos pendientes de realización de aquí al año 2020.

La línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Valencia, así como el corredor del Mediterráneo, forman parte del proyecto 19 («Interoperabilidad de la red ferroviaria de gran velocidad de la Península Ibérica»). El orden de los proyectos de esta lista no responde, con todo, a una clasificación según prioridades ya que todos ellos son prioritarios para la Comisión y deberán ejecutarse a medida que vayan madurando. En este sentido, la Comisión informa a su Señoría de que en las próximas semanas se prevé que el Fondo de Cohesión otorgue cofinanciación a diversas obras del tramo Xàtiva-Valencia, incluido en el corredor de alta velocidad Madrid–Albacete–Valencia. Las primeras intervenciones comunitarias para este gran proyecto, que datan de 1997, asumieron el 50% de los costes totales y se referían únicamente a los estudios necesarios anteriores al inicio de las obras. Los estudios para la línea de alta velocidad Madrid – Castilla la Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia se financiarán en un 36% hasta 2006, para un coste total estimado de 104,2 millones de euros, antes de procederse al inicio de las obras y al objeto de llevar a buen puerto el proyecto.

La fecha prevista para la finalización de las obras de todos los nuevos proyectos varía según el grado de madurez de cada uno de ellos. En un marco muy general, corresponde a las autoridades nacionales tomar las decisiones adecuadas para la conclusión de los proyectos. En este sentido, la Comisión constata que determinados Estados miembros –entre los cuales España– han establecido calendarios ambiciosos. Por lo que respecta al proyecto citado por su Señoría, las noticias de la Comisión son que su ejecución concluirá en 2010. Respetando el principio de subsidiariedad, la Comisión ha incluido en su propuesta del 1 de octubre diversos instrumentos destinados a facilitar la puesta en marcha de los proyectos, como por ejemplo una declaración de interés europeo para los proyectos prioritarios, una coordinación reforzada con la asistencia de un coordinador europeo por proyecto o grupo de proyectos, y un aumento de la aportación máxima del presupuesto de la Red Transeuropea de Transporte hasta un 30% para los proyectos transfronterizos. Además, todos los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte en España reúnen en principio los requisitos necesarios para el apoyo comunitario a través del Fondo de Cohesión y, en su caso, también del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 
 

(1) COM (2003) 564

 

Pregunta nº 67 formulada por Caroline F. Jackson (H-0655/03)
 Asunto: Requisitos de la Directiva 96/48/EC del Consejo
 

Se me ha informado de que la empresa británica Network Rail afirma estar obligada, de acuerdo con la Directiva 96/48/EC(1) del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, a introducir una nueva red de comunicaciones basada en el sistema GSM-R que requiere el montaje de más de 2 000 postes de 33 metros de altura. Teniendo en cuenta los requisitos de esta Directiva, ¿considera la Comisión que esta afirmación es cierta o que la Directiva permite la utilización de otras tecnologías?

 
  
 

(EN) Para explotar de forma segura y rentable una red ferroviaria que permita prestar servicios de calidad a los usuarios del transporte es necesaria una gestión eficiente de toda la información operativa y comercial pertinente. El sistema de telecomunicaciones desempeña un importante papel en este contexto. Independientemente de la tecnología seleccionada, cualquier sistema de telecomunicaciones requiere, para poder funcionar, la instalación de estaciones base y de las antenas correspondientes a lo largo de las líneas ferroviarias. La densidad de estas estaciones base, así como la dimensión de sus antenas depende tanto de la topografía del terreno como de las exigencias planteadas a la calidad de los servicios que deba prestar dicho sistema de comunicaciones. Además, el equilibrio entre el número de estaciones base y la altura de las antenas es igualmente una consideración que se sustenta en el diseño de cada instalación operativa.

Por último, la lógica que incorpora la Directiva 96/48/CE del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad parte de la integración de los sistemas ferroviarios nacionales para permitir la construcción de líneas férreas que satisfagan mejor la necesidad de mantener la competitividad en los mercados del transporte cada vez más internacionalizados. Este objetivo estratégico absoluto requiere la selección de una tecnología de telecomunicaciones de referencia que sea capaz de garantizar la continuidad de los servicios transfronterizos de comunicación. La adopción de la norma GSM fue realizada por el propio sector ferroviaria por considerarla la mejor solución para satisfacer los requisitos planteados y por permitir cosechar los beneficios económicos de una tecnología de telecomunicaciones que se encuentra en continua expansión en todo el mundo.

Esta solución fue debatida y confirmada en el Comité creado en virtud del artículo 21 de la Directiva 96/48/CE y finalmente adoptada mediante la Decisión 2002/731/CE de la Comisión, de 30 de mayo de 2002.

 
 

(1) DO L 235 de 17.9.1996, p. 6.

 

Pregunta nº 68 formulada por Othmar Karas (H-0656/03)
 Asunto: Servicios de interés general y principio de subsidiariedad
 

¿Qué opina la Comisión sobre las reservas formuladas en relación con el párrafo añadido en el proyecto de Constitución en el ámbito de los servicios de interés económico general (artículo III-6)? ¿Está ese párrafo en contradicción con el principio de subsidiariedad? ¿Qué propuestas tiene la Comisión para garantizar que la configuración de tales servicios siga siendo competencia de los Estados miembros o, en su caso, de sus corporaciones municipales y regionales competentes en la materia? ¿Qué tiene que suceder, en opinión de la Comisión, para que las excepciones respecto del derecho de competencia en el ámbito de las actividades de interés general puedan formularse de tal manera que los servicios de interés económico general puedan seguir actuando como parte del modelo social europeo? ¿Qué tiene que suceder, en opinión de la Comisión, para que también en el futuro sean los Estados miembros los que decidan cuál es el ámbito de los servicios de interés económico general?

 
  
 

(EN) El 21 de mayo de 2003, la Comisión adoptó un Libro verde sobre los servicios de interés general (COM(2003)270, de 21.5.2003), mediante el cual se inició una amplia consulta sobre el papel que debe desempeñar la Unión para que los consumidores y las empresas europeas puedan gozar de servicios de interés general de alta calidad. Este Libro Verde presenta cuestiones para su comentario público que comprenden los temas a que hace referencia la pregunta de su Señoría. El Libro Verde plantea, entre otras cosas, si deben concederse a la Unión nuevas competencias en el ámbito de los servicios de interés general y si son necesarios nuevos instrumentos o acuerdos.

Actualmente, la Comisión está analizando los comentarios recibidos durante esta consulta pública(1). Asimismo se encuentra a la espera de las posibles respuestas al Libro Verde por parte del Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social europeo. Por ello, en este momento sería prematuro que la Comisión se pronunciase sobre la posible base jurídica, como la propuesta actualmente en el Artículo 6 de la Parte III del proyecto de Constitución o sobre cualquier medida conexa.

 
 

(1) Los comentarios para cuya publicación se ha recibido autorización figuran en el sitio de la Comisión en: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/services_general_interest/index_en.htm

 

Pregunta nº 69 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0658/03)
 Asunto: Productores de tomates
 

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para compensar a los productores de la Unión Europea por los daños resultantes del incremento de los contingentes de importación de tomates procedentes de Marruecos?

 
  
 

(FR) La Comisión no comparte la opinión de su Señoría sobre los supuestos efectos altamente negativos que el proyecto de acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos tendría para los productores de tomate españoles, por lo que a priori no considera necesario prever compensaciones, como sugiere su Señoría.

Cierto es que Marruecos es un actor importante en el mercado del tomate de invierno. Con todo, no representa más que el 13% del total del mercado en el período octubre-marzo. España, por el contrario, representa un 47% y el Benelux un 30%. Y por otra parte, también debe señalarse que España produjo 3,88 millones de toneladas de tomate en 2002, cuando esta cifra era de 2,67 millones en 1991 (lo que supone un aumento del 45% en once años), y que las exportaciones españolas hacia el mercado comunitario ascendieron a 446 000 toneladas en 1993 y a 817 000 toneladas en 2002 (lo que supone un aumento del 83% en nueve años).

El rasgo que caracteriza esencialmente a estos últimos años es el notable desarrollo de la producción y de las exportaciones españolas, desarrollo que no se ha visto obstaculizado por el acuerdo anterior, que también había sido calificado de «catastrófico» por los productores españoles.

Queda entendido que la Comisión seguirá de cerca la situación y no dejará de formular, si procede, las propuestas pertinentes.

 

Pregunta nº 70 formulada por Per Gahrton (H-0659/03)
 Asunto: Participación de Suecia en la tercera fase de la UEM
 

Como se sabe, los electores de Suecia votaron por gran mayoría "no" a la participación de Suecia en la tercera fase de la UEM y la sustitución de la corona por el euro como moneda nacional. En comentarios al respecto, la Comisión ha afirmado que Suecia no tiene derecho a no introducir el euro y a no participar a la tercera fase de la UEM. Teniendo esto en cuenta, ¿podría la Comisión explicar exactamente al Parlamento su opinión al respecto? Después de todo, la Comisión no puede pretender pasar por alto una decisión adoptada democráticamente por los electores suecos. ¿Piensa la Comisión tomar represalias contra los electores suecos o cuáles son sus intenciones?

 
  
 

(EN) El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Monetaria Europea, que implica en última instancia una moneda única, es uno de los objetivos de la Unión. A este respecto, Suecia se adhirió a la Comunidad Europea sin una cláusula de exclusión, como las aplicables a Dinamarca y el Reino Unido. En la actualidad, Suecia tiene la condición de «Estado miembro con una excepción».

La adopción del euro por parte de los Estados miembros con una excepción requiere en particular el cumplimiento de los criterios de convergencia que se recogen en el Tratado CE y en el Protocolo sobre dichos criterios. La Comisión (y el Banco Central Europeo (BCE)) supervisan el cumplimiento de dichos criterios mediante la publicación de un informe de convergencia bienal. El Consejo decide, a propuesta de la Comisión, si un Estado miembro con una excepción cumple las condiciones necesarias contempladas en estos criterios. Si se cumplen las condiciones necesarias, el Consejo abole la excepción del Estado miembro de que se trate.

En su último informe de convergencia sobre Suecia, publicado en 2002, la Comisión concluía que este país aún no cumplía algunos de los criterios de convergencia y, por consiguiente, no propuso al Consejo la modificación de la condición de Suecia en tanto que «Estado miembro con una excepción».

 

Pregunta nº 71 formulada por Carlos Lage (H-0662/03)
 Asunto: Transporte de alta velocidad España - Portugal
 

La Comisión Europea, recuperando el espíritu del Libro Blanco sobre Crecimiento y Empleo de 1993, y en el contexto de la atonía de las economías de la UE, propone una iniciativa destinada a impulsar la reactivación del crecimiento y ha seleccionado, según la información de que se dispone, 29 proyectos de inversión, centrados en los ámbitos de las redes transeuropeas y la investigación científica.

He sabido que de esos 29 proyectos, 13 se consideran prioritarios, casi todos en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias. Se da el caso de que todos esos proyectos contemplan la reestructuración de las redes europeas de la Europa Central y Oriental y dejan de lado a la Península Ibérica.

¿Por qué motivos entre las prioridades de la Comisión no figura el importante proyecto de tren de alta velocidad España - Portugal, a la vista de que no existe otra alternativa para unir por ferrocarril el territorio portugués y, en particular, las aglomeraciones urbanas de Oporto y Lisboa, a las redes transeuropeas?

¿Cuál es la estrategia de la Comisión y cuáles son los criterios que sigue?

 
  
 

(FR) El de octubre de 2003, la Comisión presentó su propuesta modificada para revisar las directrices comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte(1). Esta propuesta contempla nuevos proyectos prioritarios que se han agregado a los catorce proyectos que figuraban en la lista adoptada en Essen en 1994 y a los proyectos que la Comisión propuso en 2001 y que recibieron el apoyo del Parlamento Europeo. Estos proyectos fueron seleccionados mediante criterios estrictos que figuran igualmente en el texto de la propuesta. La lista de proyectos que la Comisión considera prioritarios recoge un total de veintiséis proyectos que deberán realizarse de aquí a 2020.

La línea de alta velocidad entre Lisboa/Oporto y Madrid ha sido propuesta como una extensión del proyecto nº 3 «Líneas ferroviarias de alta velocidad, Europa Sudoccidental». Además toda la red ferroviaria de alta velocidad para la península Ibérica (proyecto nº 19) figura como proyecto prioritario. Por lo tanto, la Comisión la considera un enlace prioritario en el macro de su propuesta.

Entre los proyectos considerados prioritarios se encuentran igualmente el eje ferroviario de transporte de mercancías Sines-Madrid-París (proyecto nº 16), que incluye la línea ferroviaria Sines–Badajoz. Todos estos proyectos ferroviarios ayudarán a unir Portugal con el resto de la red transeuropea.

Asimismo, Portugal tendrá oportunidad de beneficiarse de las posibilidades que ofrece las Autopistas del Mar, en particular su dimensión atlántica, las cuales han sido incluidas con carácter de proyecto prioritario (proyecto nº 21) en la propuesta de la Comisión.

Asimismo, como parte de la Iniciativa Europea de Crecimiento puesta en marcha por el Presidente de la Comisión, el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre invitó a la Comisión, al BEI y a los grupos competentes del Consejo a elaborar un «programa urgente» que contemple una lista de proyectos en la Unión ampliada, sin afectar las prioridades establecidas en la propuesta de la Comisión. Este «programa urgente» que la Comisión adoptó el 11 de noviembre(2), no cuestiona las prioridades ya definidas por la Comisión, sino que, por el contrario, constituye una iniciativa para acelerar la entrada en servicio de algunas secciones ya terminadas y de secciones transfronterizas a fin de generar un efecto de palanca sobre todos los proyectos, todos los cuales son prioritarios. Entre los proyectos incluidos en este programa se encuentran las líneas ferroviarias de alta velocidad Lisboa–Madrid y Vigo–Oporto, así como las Autopistas del Mar, proyectos todos que influyen directamente sobre Portugal. La Comisión presentará sus propuestas para el programa urgente en un informe sobre la Iniciativa Europea de Crecimiento dirigido al Consejo Europeo del mes de diciembre.

 
 

(1) COM(2003)564
(2) COM (2003) ….

 

Pregunta nº 72 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0663/03)
 Asunto: Previsiones de pagos con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión para Grecia en 2003
 

¿Puede indicar la Comisión cuáles son las previsiones de las autoridades griegas acerca de los pagos con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión para 2003, cuáles son las previsiones de la Comisión para estos mismos pagos a finales de año y qué diferencia existe entre ambas?

 
  
 

(FR) De conformidad con el apartado 7 del artículo 32 del Reglamento 1260/99, en el mes de abril de 2003, la Autoridad de Pago remitió a la Comisión las previsiones de pagos para 2003 de los Fondos Estructurales de Cohesión III (en millones de euros):

Previsiones de la Autoridad de Pago

FEDER: 2 358

FSE: 569

FEOGA: 306

IFOP: 32

Fondo de Cohesión: 450

La ejecución de los pagos con cargo a los Fondos Estructurales está avanzando. La Comisión no puede avanzar previsiones precisas acerca de los pagos que se efectuarán de aquí a fin de año. Estos dependerán de las solicitudes y de los datos facilitados a la Comisión por las autoridades griegas y de la forma en que dichas solicitudes sean tramitadas dentro de la Comisión.

A principios de año, la Comisión facilitará a su Señoría información detallada sobre la ejecución del presupuesto de los FEC III en 2003.

 

Pregunta nº 73 formulada por Glyn Ford (H-0668/03)
 Asunto: Legalidad del cierre de la frontera entre Gibraltar y España debido a un virus en el crucero Aurora
 

En la vista de lo que parece una reacción exagerada por parte de España a un brote menor de un virus estomacal que es común a toda la UE, incluida España, ¿podría indicar la Comisión qué piensa hacer para que, por lo menos, se vuelva a abrir la frontera de España con Gibraltar y se permita de esta manera la libre circulación de personas tal como se establece en los Tratados entre Gibraltar y España?

 
  
 

(EN) La legislación comunitaria vigente permite adoptar medidas para limitar la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad, por motivos de orden, seguridad y salud públicos en virtud de la Directiva 64/221, de 25 de febrero de 1964. Esta Directiva se refiere a todas las medidas relativas a la entrada en el territorio, expedición o renovación de permisos de residencia, o expulsión del territorio adoptadas por los Estados miembros por motivos de orden, seguridad o salud públicos.

En relación con las cuestiones concretas que plantea su Señoría, la Comisión señala que la situación se resolvió el mismo día, de acuerdo con las explicaciones facilitadas por las autoridades británicas.

 

Pregunta nº 74 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0672/03)
 Asunto: El horror de la mayor tragedia de pateras y cadáveres en la costa sur española, frontera andaluza de la UE
 

La trágica lista de jóvenes, víctimas del naufragio de una patera de inmigrantes marroquíes frente a la costa de Rota (Cádiz), continúa creciendo y al día de hoy son ya 35 los cadáveres putrefactos que ha ido devolviendo la mar.

En la embarcación viajaban medio centenar de inmigrantes, de los cuales sólo cinco pudieron alcanzar la costa a nado tras volcar la lancha neumática. En lo que va de año, la inmigración irregular que llega a las costas españolas de las comunidades de Canarias y Andalucía en patera ha crecido un 18%. La Guardia Civil ha localizado desde enero a más de 16 000 inmigrantes que llegaron en casi 800 embarcaciones.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión contra este horrible tráfico mortal de seres humanos?

 
  
 

(EN) Lamentablemente continúa la llegada de inmigrantes ilegales por mar, utilizando barcos inadecuados para la navegación marítima, lo que una vez más ha dado origen a una grave tragedia humana.

Como se afirmaba en la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas E-3112/02 de Charles Tannock, P-0291/03 de Giuseppe Pisicchio, E-2133/03 de Mario Borghezio y E-2347/03 de Camilo Nogueira Román, la inmigración ilegal por mar es objeto de reflexión detallada y constante por parte de la Comisión y el desarrollo de un marco de política comunitaria sigue avanzando.

Además de los tres planes de acción –uno sobre la inmigración ilegal específicamente, otro sobre la gestión integrada de las fronteras y el tercero sobre la política de retorno(1)– que definen la acción de la UE y contienen un calendario para las medidas conjuntas destinadas a la lucha contra la inmigración ilegal, los Consejos Europeos celebrados en Salónica, los días 19-20 de junio de 2003, y en Bruselas, los días 16-17 de octubre de ese mismo año, aportaron nuevas directrices políticas en este ámbito.

En julio de 2003 se presentó a los Estados miembros el estudio de viabilidad relativo a la mejora de los controles en las fronteras exteriores marítimas realizado por el gabinete CIVIPOL a raíz de la solicitud del Consejo JAI celebrado el 28 de febrero de 2002. Este estudio contiene un análisis completo de las medidas legislativas y operativas que se han de adoptar o modificar con el fin de mejorar los controles y la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores para luchar concretamente contra la inmigración clandestina por vía marítima.

La Comisión convocó una reunión con los expertos de los Estados miembros en esta materia con objeto de examinar las diversas recomendaciones incluidas en el informe y, entre otras cosas, establecer determinadas prioridades entre las acciones que en él se proponen. Ello ha permitido asimismo contribuir a la elaboración del programa de trabajo preparado por la Presidencia a este respecto (tras la solicitud del Consejo Europeo en este sentido) y que está sometido a debate en la actualidad.

La Comisión se felicita asimismo por la creación de dos centros de fronteras marítimas a raíz de la decisión adoptada por la instancia competente del Consejo.

En este contextos, se ha de señalar que la Comisión acaba de proponer la creación de una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores(2). Esta Agencia asistirá asimismo a los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación comunitaria en los sectores del control y la vigilancia de las fronteras marítimas. Está previsto transformar los centros de fronteras marítimas antes mencionados así como otros centros más informales para las fronteras terrestres y aeropuertos en una estructura comunitaria en la que pasarán a ser ramas especializadas u oficinas locales de la Agencia. Ésta no tendrá atribuciones ejecutivas, por lo que la realización de los controles y la vigilancia en las fronteras continuará siendo una tarea dentro de la soberanía de las autoridades de los Estados miembros.

 
 

(1) Véase la situación actual en COM(2003) 323 de 3.6.2003.
(2) Véase COM(2003) 687 de 11.11.2003.

 

Pregunta nº 75 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0678/03)
 Asunto: Libertad de religión para el Jefe del Estado de Suecia
 

En el Título II del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa elaborado por la Convención Europea se señala que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia de los ritos". Hoy por hoy, una de las Leyes Fundamentales de Suecia no permite al Jefe de Estado de Suecia, el Rey Carlos Gustavo XVI, escoger libremente su religión.

En caso de que el artículo relativo a la libertad de religión recogido en el citado Proyecto de Tratado sea adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno, ¿considera la Comisión que, entonces, el Jefe del Estado de Suecia tendrá la posibilidad de escoger libremente su religión?

 
  
 

(FR) La disposición a la que hacer referencia su Señoría es el apartado 1 del artículo 10 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, que se recoge textualmente en el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, elaborado por la Convención. El artículo 51 de la Carta, que figura en el artículo 51 de la Parte II del proyecto de Constitución, establece que las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión».

La Comisión no estima que las disposiciones constitucionales de un Estado miembro sobre la condición de un Jefe de Estado de un Estado miembro puedan considerarse una aplicación del Derecho de la Unión. Como se contempla, en términos más generales, en el artículo 5 de la Parte I del proyecto de Constitución, la Unión «respetará la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos». Por consiguiente, la adopción del proyecto de Constitución no debería modificar en modo alguno la condición constitucional del Rey de Suecia.

La Comisión desea destacar ante su Señoría que el apartado 1 del artículo 10 de la Carta repite textualmente el apartado 1 del artículo 9 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que Suecia ratificó, en su calidad de miembro del Consejo de Europa, el 4 de febrero de 1952.

 

Pregunta nº 76 formulada por Astrid Thors (H-0679/03)
 Asunto: Etiquetado de bebidas alcohólicas
 

La Directiva sobre etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (2000/13/CE(1)), establece, entre otras cosas, la obligación de indicar los ingredientes de los productos alimenticios en el etiquetado de estos productos. Sin embargo, las disposiciones relativas a las bebidas alcohólicas difieren de las aplicables a otros productos alimenticios. La Comisión presentó en 1997 una propuesta con el objetivo de determinar el procedimiento para la adopción de disposiciones relativas a la indicación de los ingredientes de determinadas bebidas alcohólicas en el etiquetado de éstas, habida cuenta de que los principios generales que establece la Directiva 2000/13/CE no pueden aplicarse a estos productos debido a las características específicas de los mismos.

El Consejo debatió el asunto en un grupo de trabajo en 2002 y una mayoría de Estados miembros se manifestó a favor de regular este ámbito, pendiente de regulación desde hace demasiado tiempo, y a favor de que la indicación de los ingredientes de los productos que contienen las bebidas alcohólicas esté más en consonancia con las disposiciones generales sobre etiquetado establecidas en la Directiva que lo que lo que propone la Comisión.

¿Prevé la Comisión presentar una nueva propuesta en materia de etiquetado de bebidas alcohólicas?

 
  
 

(EN) La Comisión agradece a su Señoría su pregunta sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas.

Las bebidas alcohólicas, al igual que todos los alimentos, están reguladas por la Directiva 2000/13/CE relativa al etiquetado de los productos alimenticios, la cual contempla la mención de los ingredientes. Sin embargo, las normas relativas a la mención de los ingredientes en las etiquetas, que figuran en el artículo 6 de dicha Directiva, no son aplicables a las bebidas alcohólicas, pues se deberían adoptar normas específicas para estos productos, con arreglo al apartado 3 del artículo 6. Sin embargo, dichas normas todavía no han sido aprobadas.

La Comisión ha presentado tres propuestas que contemplaban dichas normas específicas. No fue posible llegar a un acuerdo sobre las propuestas primera y segunda, y la última, adoptada en 1997 y modificada en 1999 tras su primera lectura en el Parlamento Europeo, no ha sido debatida por el Consejo, excepto en la reunión de un grupo de trabajo en diciembre de 2002 bajo la Presidencia danesa, como señalan con toda razón sus Señorías.

En esta reunión, la mayoría de las Delegaciones se mostró favorable a mencionar en las etiquetas los ingredientes de las bebidas alcohólicas, pero existían puntos de vista divergentes acerca de la manera de hacerlo. Desde esa reunión no se ha avanzado en el Consejo sobre este expediente, y la Comisión está estudiando diversas opciones para hacer avanzar esta cuestión, ya que sigue considerando que la falta de mención de los ingredientes en las etiquetas de las bebidas alcohólicas carece de justificación.

Como sabe este Parlamento, la Comisión se ha comprometido a proceder a una revisión exhaustiva de la legislación sobre etiquetado de los productos alimenticios con miras a modernizarla y, posiblemente, a simplificarla. Si la propuesta sobre bebidas alcohólicas no ha avanzado en el Consejo para cuando la Comisión concluya dicha revisión, obviamente incluirá la mención de los ingredientes en las etiquetas de las bebidas alcohólicas en las propuestas que presentará a la vista de dicha revisión general.

 
 

(1) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

 

Pregunta nº 77 formulada por Liam Hyland (H-0683/03)
 Asunto: Fomento de los sectores textil y de la confección en Irlanda
 

Los sectores textil y de la confección europeos se enfrentan a unos enormes desafíos derivados de diferentes factores tales como la ampliación, la supresión de las cuotas a la importación a partir del 1 de enero de 2005 y la mayor apertura al comercio en el marco de la Ronda de Desarrollo de Doha de la OMC. A la vista de esos desafíos la Comisión tiene la intención de consultar a todas las partes interesadas acerca de posibles medidas de fomento de la competitividad de los sectores textil y de la confección de la UE.

¿Qué garantías va a dar la Comisión de que va a consultar a las partes interesadas en Irlanda acerca de futuras medidas para los sectores textil y de la confección, y de que va a prestar especial atención a las necesidades que tienen las PYME en materia de financiación?

 
  
 

(EN) El 29 de octubre de 2003, la Comisión adoptó una Comunicación sobre «El futuro del sector textil y de la confección en la Unión Europea ampliada» (COM (2003) 649 final). En esta comunicación, la Comisión invita a todas las partes interesadas a presentar sus comentarios sobre los temas planteados.

Estos temas abarcan un amplio espectro de políticas e instrumentos que influyen sobre el sector europeo del textil y la confección, destinados a establecer un marco favorable para dicho sector. La Comunicación se centra especialmente en la forma en que este sector puede adaptarse mejor a los desafíos competitivos actuales y, en particular, a la supresión de las restricciones cuantitativas a las importaciones que entrarán en vigor el 1 de enero de 2005, a la ampliación y a los procesos resultantes de reestructuración y modernización. En particular, la Comunicación destaca las políticas en materia de investigación, innovación, tecnologías de la información y la comunicación, formación, empleo, medio ambiente, productos químicos, protección de los consumidores, responsabilidad social de las empresas, derechos de propiedad intelectual, competencia, desarrollo regional y comercio que deberían incrementar la competitividad de esta industria.

Todas las partes interesadas, incluyendo lógicamente las irlandesas, han sido invitadas a enviar sus comentarios a la Comisión, de preferencia por correo electrónico a la dirección , siguiendo el procedimiento que figura en la siguiente página en Internet:

.

Además, la Comisión tiene intención de crear un grupo sectorial de alto nivel para fomentar el debate y presentar recomendaciones sobre las iniciativas que puedan facilitar el ajuste del sector del textil y la confección a los grandes desafíos a los que debe hacer frente. Se invitará a participar en este grupo a representantes de las asociaciones industriales europeas.

Se mantendrá informadas a las instituciones europeas y a los Estados miembros sobre los trabajos de este grupo y sobre la aplicación de las conclusiones de la comunicación de la Comisión.

La Comisión considera que, de esta manera, ha establecido un amplio foro de información y consulta que permite a todas las partes interesadas de la Unión ampliada presentar sus puntos de vista.

Su Señoría se pregunta qué atención prestará la Comisión a las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME). La dimensión constituida por las pequeñas y medianas empresas es uno de los principales factores que impulsan la política industrial, y una mayor participación de dichas empresas en los programas e instrumentos de la Unión constituye un importante objetivo político.

Acerca de los aspectos financieros, la Comisión desea subrayar que los instrumentos financieros del Programa Plurianual en favor de la Empresa y el Espíritu Empresarial (2001-2005) ofrecen apoyo y ayudas para financiar las pequeñas y medianas empresas. Estos instrumentos son gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que es el brazo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dedicado a la financiación de riesgo. Además, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destina una parte significativa de su presupuesto al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (hasta 1,5 millones de PYME recibieron ayudas durante el período 1994-1999).

El Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa ofrece avales para programas de garantía y entidades financieras de los sectores público y privado que realizan préstamos a las PYME. Este fondo incluye garantías para microcréditos, garantías para capital y garantías para préstamos destinados a financiar equipos informáticos, software y formación. El Fondo de Garantía para la PYME ha beneficiado a más de 125 000 PYME de una amplia gama de sectores desde 1998.

El último importe anual de estos instrumentos financieros indica que con una dotación presupuestaria de 155,7 millones de euros para la UE, los intermediarios financieros han podido garantizar préstamos a las PYME por un valor de 9.020 millones de euros. Lo que quiere decir que el fondo de garantía ha permitido la concesión de préstamos a las PYME por un equivalente de 58 veces su dotación presupuestaria.

Por lo que se refiere a las partes interesadas, las empresas deben explorar todos los programas de financiación disponibles en los Estados miembros y en la Unión. Los cambios financieros exigen asimismo una mayor flexibilidad de parte de las PYME. Estas deben mostrarse más abiertas y transparentes al facilitar información a los bancos y entidades financieras. En algunas formas de financiación, los proveedores de capitales desean participar en el proceso decisorio de la empresa. Las empresas deben integrar en sus estrategias estos importantes cambios de las conductas empresariales.

 

Pregunta nº 78 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0685/03)
 Asunto: Prohibición del correo electrónico no solicitado ("spam")
 

A partir de finales de octubre de 2003, todos los Estados miembros deberán cumplir las nuevas normas comunitarias relativas al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Únicamente se permitirá la publicidad comercial por correo electrónico ("spam") cuando el abonado haya expresado previamente su deseo de recibir tales mensajes.

¿Podría indicar la Comisión cómo cree que puede asegurarse el cumplimiento efectivo de esas normas, en particular en beneficio de los jóvenes, y cómo puede evitarse el envío de correo electrónico no solicitado desde el exterior de la Unión Europea?

 
  
 

(EN) Su Señoría pregunta cómo pretende la Comisión aplicar el nuevo régimen de aceptación de comercio electrónico no solicitado (o spam), entre otras cosas, en interés de los jóvenes, y cómo evitar el spam que se «genera» fuera de la UE.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas de la UE prohibe el envío de mensajes de correo electrónico sin consentimiento previo, salvo en un número limitado de casos. La Comisión presionará a los Estados miembros para que apliquen de forma efectiva esta Directiva.

Sin embargo, la legislación solo es parte de la solución. En una próxima comunicación, la Comunicación definirá una serie de medidas dirigidas a los Estados miembros, la industria y los consumidores a fin de complementar la legislación y hacer que la opción para recibir dicho correo resulte tan eficaz como sea posible. Entre estas medidas se encuentra la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros, la cooperación internacional, medidas voluntarias por parte de la industria, soluciones técnicas –por ejemplo, filtros y seguridad– y sensibilización de los consumidores.

La cooperación internacional es crucial, y la Comisión colabora activamente con otros países, tanto a nivel bilateral como multilateral, para resolver este problema. Por sí solo, nadie podrá resolverlo. El éxito dependerá de que todas las partes interesadas desempeñen el papel que les corresponde.

 

Pregunta nº 79 formulada por Bárbara Dührkop Dührkop (H-0688/03)
 Asunto: Incumplimiento por parte del Gobierno español de la Directiva 92/50/CEE en la contratación pública de los estudios ambientales de las transferencias del Ebro
 

El Comisario Bolkestein, en su respuesta del pasado 21 de octubre a la pregunta del diputado de Roo (H-0563/03) sobre contratación pública de los estudios ambientales de las transferencias del Ebro, confirma que la sociedad Trasagua es de derecho público y que por lo tanto el Gobierno español incumplió la Directiva 92/50/CEE(1) sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios al no haber publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la contratación realizada por Trasagua en agosto de 2002 de dichos estudios ambientales.

Aunque el Gobierno español, a través de su Secretario de Estado de Aguas, reconoce en una carta a la Comisión que ha habido tal incumplimiento y se compromete a publicar las futuras contrataciones de Trasagua:

¿Qué consecuencias se derivan del incumplimiento por parte de España de la Directiva 92/50/CEE en este asunto? ¿No cree la Comisión que la contratación de los estudios medioambientales de las transferencias del río Ebro debe ser declarada nula al no cumplir los requisitos de la Directiva 92/50/CEE?

 
  
 

(EN) En su respuesta a la pregunta oral H-563/03 del Sr. De Roo durante el turno de preguntas del período parcial de sesiones de octubre de 2003, el Miembro de la Comisión responsable para el Mercado Interior indicó que, en su carta de 19 de junio de 2003, el Secretario de Estado español de Aguas y Costas reconoció una infracción de la legislación comunitaria en la adjudicación por parte de Trasagua de los contratos para los estudios de impacto ambiental. No obstante, precisó que, desde agosto de 2002 y con carácter voluntario, Trasagua publicó sus anuncios en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. También señaló que los contratos que no se habían publicado en el Diario Oficial representan únicamente un 5% de todos los contratos adjudicados por Trasagua, pero que los anuncios se publicaron de todos modos en los diarios españoles. Además, los contratos se adjudicaron algún tiempo antes de que la Comisión tuviera conocimiento de los mismos a través de las quejas que se le presentaron. Visto lo que antecede, y visto que las autoridades españolas se han comprometido a que, en adelante, Trasagua cumplirá con lo establecido en la legislación comunitaria; vista en particular la prueba recibida por la Comisión de que más tarde Trasagua publicó los contratos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, la Comisión no consideró oportuno, en esta fase, iniciar un procedimiento de infracción en el caso específico de Trasagua. Estimó que era preferible iniciar un procedimiento de infracción en lo relativo a la totalidad de los aspectos de la legislación española que han dado origen a este asunto. Entretanto, las autoridades españolas anunciaron que se comprometen a modificar dicha legislación, a aplicar la noción de «organismo de Derecho público» con arreglo a las directivas relativas a los contratos públicos. La Comisión se congratula por ello y colaborará con las autoridades españolas con el fin de que estas reformas se lleven a cabo rápidamente y de conformidad con la legislación comunitaria.

 
 

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

 

Pregunta nº 81 formulada por Arlette Laguiller (H-0691/03)
 Asunto: Evitar los despidos en Merck Santé
 

La sociedad Merck Santé, filial francesa del grupo Merck KGaA, que en Alemania ha recibido fondos públicos con autorización de la Comisión Europea, da empleo a 975 personas en la región de Lyon. La dirección de esta sociedad ha decidido suspender su actividad de producción de aquí a mediados de 2006 (supresión de 160 empleos) y su actividad de investigación y desarrollo de aquí a finales de 2004 (supresión de 160 empleos), con repercusiones en otros lugares (500 personas afectadas). Según la dirección del grupo, el objetivo es aumentar la productividad y la competitividad. Ahora bien, entre 1998 y 2001, el resultado de la actividad farmacéutica de la filial francesa representó, por término medio, más del 40% del resultado operativo del conjunto del grupo Merck KGaA. La autora de la pregunta considera que deben prohibirse estos despidos amenazando a los propietarios con requisar sus beneficios para garantizar los salarios de los trabajadores amenazados.

¿Considera la Comisión que el objetivo de pleno empleo en Europa fijado para 2010 alcanzará permitiendo que las empresas obtengan beneficios considerables y continúen sacrificando la vida de los trabajadores y de sus familias?

 
  
 

(EN) La Comisión no tiene competencias para evitar que las empresas adopten decisiones en materia de gestión. Sin embargo, recuerda que la Unión Europea ha desarrollado a lo largo de los años una amplia política para hacer frente a las consecuencias sociales de la reestructuración de empresas. Uno de los resultados de esa política en curso es que cada operación de reestructuración debe ir precedida de un proceso de información y consulta de los representantes del personal con el fin de evitar o atenuar su impacto social, de conformidad con las Directivas comunitarias sobre «despidos colectivos»(1), «traspaso de empresas»(2), «comités de empresa europeos»(3) y, desde marzo de 2005, sobre «información y consulta»(4).

Todas estas Directivas, salvo la última, han sido debidamente transpuestas a la legislación nacional correspondiente. A su vez, la Directiva sobre información y consulta deberá aplicarse a más tardar el 23 de marzo de 2005. Por lo tanto, en la presente fase corresponde a las autoridades nacionales garantizar el pleno ejercicio de los derechos contemplados en ella.

Desde una perspectiva más general, la Comisión aboga por que, durante la reestructuración, las empresas siempre tengan en cuenta los efectos que dichas decisiones pueden tener sobre su personal, así como sobre el contexto social y regional. La Comisión ha subrayado esta recomendación en su Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible(5).

Además, la Comisión invitó a los interlocutores sociales europeos a entablar un diálogo sobre la previsión y gestión de los cambios con la finalidad de aplicar un enfoque dinámico a los aspectos sociales de la reestructuración de las empresas. Los interlocutores sociales comunicaron recientemente a la Comisión que han elaborado conjuntamente una serie de orientaciones de referencia que deberían servir de guía para las empresas y sus trabajadores durante la reestructuración. La Comisión espera sinceramente que dichos resultados, así como los trabajos que se lleven a cabo en este ámbito, contribuyan a difundir por toda Europa buenas prácticas en materia de reestructuración empresarial, ayudando así a las empresas y sus trabajadores a abordar correctamente la dimensión social de este fenómeno.

 
 

(1) Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (esta Directiva consolida las Directivas 75/129/CEE y 92/56/CEE.) - DO L 225, de 12.8.1998.
(2) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad - DO L 82, de 22.3.2001.
(3) Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria - DO L 254, de 30.9.1994.
(4) Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea – DO L 80, de 23.3.2002.
(5) COM(2002) 347 final.

 

Pregunta nº 82 formulada por Antonios Trakatellis (H-0692/03)
 Asunto: Infracción de la legislación ambiental por una planta de tratamiento de residuos tóxicos en la zona de Larymna (provincia de Ftiótide)
 

Sobre la base de la respuesta obtenida a una pregunta de este diputado (P-2724/03) referente a la violación de la legislación comunitaria por la instalación de una planta de tratamiento (térmico) de residuos tóxicos en la zona de Larymna (provincia de Ftiótide), se hizo público un expediente dirigido a la Dirección General competente de la Comisión que contenía datos sobre dicha violación.

Dado que tales instalaciones de eliminación de residuos peligrosos inciden en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE(1) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE(2) del Consejo de 3 de marzo de 1997, ¿qué medidas se propone tomar la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, para que se aplique correctamente la citada Directiva en Grecia, así como para que se protejan el medio ambiente y la salud pública frente a la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos emprendida en una zona habitada? ¿Qué gestiones ha realizado la Comisión ante las autoridades griegas en relación con la infracción de las disposiciones sobre la necesidad de someter el proyecto a la evaluación de sus repercusiones ambientales, con arreglo al artículo 4 de la citada Directiva, y la posibilidad de que las autoridades y el público expresen su opinión acerca del proyecto así como la puesta a disposición del público de la solicitud de autorización y las informaciones recogidas, con arreglo al artículo 6 de la citada misma? ¿Puede financiarse con recursos comunitarios un proyecto que vulnere la legislación ambiental comunitaria? ¿Se han financiado quizá en el pasado estudios sobre el proyecto en cuestión a través de los fondos comunitarios?

 
  
 

(FR) De conformidad con el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 85/337/CEE(3) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE(4), los proyectos que figuran en la lista del Anexo I, como en este caso una planta de incineración de residuos tóxicos (punto 9 del Anexo I), están sujetos a un procedimiento de autorización y a una evaluación de impacto medioambiental.

Según la información que su Señoría transmitió a la Comisión, una empresa pretende establecer una planta de este tipo en Larymna. Sin embargo, dicha intención no se ha visto confirmada por el inicio de un procedimiento de autorización o de una evaluación de impacto medioambiental. Si esta empresa desea construir dichas instalaciones, deberá seguir los procedimientos contemplados en la Directiva 85/337/CEE. En vista de lo antes expuesto, la Comisión no considera posible en este momento determinar si se ha producido una infracción de la Directiva 85/337/CEE.

La Comisión no dispone de información sobre la cofinanciación de este proyecto. El proyecto no se encuentra entre los proyectos cofinanciados (o propuestos para ser cofinanciados) por el Fondo de Cohesión, y no forma parte del Programa Operativo «Medio ambiente» 2000–2006 (FEDER).

Asimismo, los Servicios de la Comisión no han recibido información acerca de proyectos, en particular de inversión privada, que se encuentren en la fase de propuesta para recibir cofinanciación del FEDER. Los Servicios de la Comisión tienen conocimiento de los proyectos una vez que su cofinanciación se ha decidido a nivel nacional y que los inversores y las autoridades nacionales competentes han firmado los acuerdos correspondientes.

No obstante, la Comisión siempre tiene la posibilidad de pedir a las autoridades competentes que retiren del Programa Operativo cualquier proyecto que no cumpla la legislación.

 
 

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
(2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
(3) DO L 175, de 5.7.1991, p. 40.
(4) DO L 73, de 14.03.1997, p. 5.

 

Pregunta nº 83 formulada por Pernille Frahm (H-0695/03)
 Asunto: Introducción en Alemania de un pago en depósito para las latas que infringe las normas de la UE en materia de medio ambiente y de competencia
 

Se ha constatado en reiteradas ocasiones que Alemania no respeta las nuevas disposiciones en materia de armonización de sistemas de depósito, lo que suscita preocupación en el ámbito del medio ambiente y de la competencia. Los clientes escandinavos pueden evitar el pago del depósito en Alemania si firman un documento denominado "declaración de exportación" en cuyo caso las bebidas no pueden consumirse en Alemania. La finalidad de la declaración es mantener el comercio transfronterizo, lo que es bueno para la economía alemana pero nocivo para el medio ambiente danés.

Teniendo esto en cuenta, ¿considera la Comisión que el sistema alemán de depósito es compatible con las disposiciones europeas, especialmente en materia de competencia y de medio ambiente, y puede indicar la Comisión si este asunto será incluido en el escrito de emplazamiento que la Comisión ha decidido dirigir a Alemania?

 
  
 

(EN) El hecho de que un sistema de depósito y devolución de un Estado miembro no exija depósito por las latas exportadas a otro Estado miembro y que dichas latas se conviertan en residuos en este último, no es en sí mismo contrario a la legislación comunitaria.

Según esta última y en particular la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases(1), cada Estado miembro es responsable de los residuos producidos dentro de sus fronteras, incluyendo los residuos procedentes de productos importados. Por consiguiente, con arreglo a la legislación comunitaria, un Estado miembro no es responsable por los envases exportados a otro Estado miembro en el que dichos envases se convierten en residuos.

La Comisión sigue muy de cerca la aplicación de los sistemas nacionales de depósito y devolución de los Estados miembros y puede evaluar su compatibilidad con la legislación comunitaria, incluyendo las disposiciones del Tratado CE en materia de competencia y mercado interior. A la vista de la información disponible, actualmente no existen elementos que muestren que se haya infringido la Directiva antes mencionada o disposiciones del Tratado CE en el caso concreto a que hace referencia su Señoría en su pregunta. Por lo tanto, la Comisión no tiene intención de incluir este caso en su carta de notificación formal a Alemania.

 
 

(1) Diario Oficial L 365, de 31.12.1994, p.10-23.

 

Pregunta nº 84 formulada por Niall Andrews (H-0697/03)
 Asunto: Seguridad vial e iniciativa "Noche sin accidentes"
 

¿Ha evaluado la Comisión los resultados de la primera "Noche europea sin accidentes", que cofinancia, que debía celebrarse el 25 de octubre de 2003 con la participación de tres asociaciones de jóvenes de Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos y planea extender esta iniciativa a otros países?

 
  
 

(FR) Tres organizaciones juveniles, a saber, Responsible Young Drivers, Team Alert y «La Route des Jeunes» organizaron recientemente la primera iniciativa denominada «Noche europea sin accidentes» en Bélgica, Dinamarca, Francia y los Países Bajos con el apoyo de la Comisión. El objetivo de esta operación era reducir del número de jóvenes muertos en las carreteras durante la noche del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre, sobre todo de aquellos que salían de las discotecas. En la iniciativa participaron más de 500 voluntarios y 80 discotecas.

Según la información disponible hasta ahora se alcanzó el nivel de movilización deseado por los organizadores. Los jóvenes acogieron favorablemente esta iniciativa. Desgraciadamente se produjo un accidente mortal en Bélgica, si bien el número de jóvenes implicados en accidentes de carretera fue inferior a la media.

Por consiguiente, el resultado en general es positivo y la Comisión desea manifestar su agradecimiento y estímulo a las organizaciones, voluntarios y gran cantidad de jóvenes que participaron en la operación.

Los organizadores han manifestado su intención de repetir esta iniciativa en 2004 y de extenderla a otros cuatro países mediante acuerdos de patrocinio. La Comisión tienen la intención de reunirse con ellos tan pronto como se conozcan los resultados definitivos de la primera «Noche europea sin accidentes», a fin de deliberar sobre el posible apoyo a esta iniciativa.

 

Pregunta nº 85 formulada por Paulo Casaca (H-0700/03)
 Asunto: Estudio independiente sobre variedades interespecíficas
 

En su respuesta a mi pregunta E-0816/03, la Comisión me informó de que el estudio independiente sobre variedades interespecíficas estaría finalizado antes del 30 de junio de 2003 y que lo recibiría en cuanto estuviera disponible.

Dado que hasta la fecha no he recibido ninguna copia de dicho documento, ¿puede decir la Comisión cuándo dará cumplimiento al compromiso contraído y cuándo piensa presentar su informe sobre el estudio de que se trata?

 
  
 

(EN) En julio de 2003, la Comisión recibió la versión definitiva del estudio sobre el uso de variedades específicas de viñas para la producción de vinos de calidad en determinadas regiones.

La Comisión está redactando un informe al Parlamento y el Consejo, basado en este estudio, que estará listo en el mes de diciembre de 2003.

Cuando estos dos documentos estén listos el mes próximo, la Comisión los transmitirá a su Señoría.

 

Pregunta nº 86 formulada por Ioannis Souladakis (H-0703/03)
 Asunto: Reducción del IVA de los restaurantes
 

La reducción del IVA de las empresas de restauración (restaurantes, etc.) es de importancia vital para un gran número de pequeñas y medianas empresas que, si bien soportan la fuerte competencia de las cadenas de comida rápida (fast food), logran combinar calidad y defensa de la tradición culinaria.

¿Tiene la Comisión la intención de examinar de modo favorable la pertinente reducción del IVA?

¿Está estudiando la Comisión el establecimiento de una certificación referida al respeto de la tradición, la higiene y el medio ambiente como criterio para la inclusión de las empresas de restauración en la reducción del IVA?

¿Tiene la Comisión la intención de excluir a las cadenas de comida rápida de la reducción del IVA?

 
  
 

(FR) El 23 de julio de 2003, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre los tipos reducidos del IVA. La principal finalidad de dicha propuesta es mejorar el mercado interior, sobre todo mediante la simplificación del IVA y una aplicación más uniforme de este impuesto. Por ello, la Comisión decidió concentrarse en las incongruencias que presenta el régimen vigente en materia de tipos impositivos a fin de hacer avances considerables en esta vía.

Como consecuencia de una exención transitoria, los servicios de hostelería gozan actualmente de un tipo reducido de IVA en ocho Estados miembros, en tanto que la legislación comunitaria prohibe a los otros siete Estados miembros la introducción de un tipo reducido. Por lo tanto, la Comisión propone que los servicios de hostelería figuren en la nueva lista de bienes y servicios a los que podrán aplicarse tipos reducidos.

Corresponde al Consejo decidir, por unanimidad y a la vista del dictamen del Parlamento Europeo, el futuro ámbito de aplicación de los tipos reducidos de IVA.

La Comisión no contempla la introducción de una certificación ni excluir las cadenas de comida rápida del tipo reducido del IVA. Corresponde a los Estados miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que serán los que decidirán aplicar un tipo reducido al sector hostelero, precisar su ámbito de aplicación.

Por último, la Comisión desea recordar a su Señoría que los tipos reducidos son optativos, por lo que cada Estado miembro está facultado a decidir si aplica o no un tipo reducido a los productos y servicios que figuran en la lista restrictiva del Anexo H de la Sexta Directiva sobre el IVA.

 

Pregunta nº 87 formulada por Ioannis Patakis (H-0709/03)
 Asunto: Peligro de una reducción considerable de las superficies forestales en Grecia
 

El Gobierno griego está preparando una reglamentación que supondrá una reducción considerable de los bosques y de los terrenos públicos mediante la desclasificación de una serie de superficies forestales, lo que dejará estos terrenos en manos de usurpadores y mafiosos. Este acto refuerza la impunidad que existe en la política del suelo. La construcción cada vez más anárquica va a tener unos efectos particularmente negativos en el medio ambiente de los grandes centros urbanos y de las islas. Cabe destacar que esta reglamentación llega antes de que se haya completado el catastro nacional, lo que permitirá la utilización abusiva de importantes superficies y el enriquecimiento de los avispados.

¿Conoce la Comisión esta disposición? ¿La considera conforme a la legislación comunitaria en materia de protección de los bosques y del medio ambiente y, en caso negativo, qué medidas piensa tomar?

 
  
 

(EN) La Comisión aún no ha sido oficialmente infamada sobre este proyecto de Ley forestal griega. Además, dicha Ley se encuentra actualmente en la fase de proyecto y no ha sido adoptada por el Parlamento griego. En vista de que el procedimiento legislativo de adopción todavía está en curso, la Comisión no está en condiciones de evaluar los posibles efectos de la futura ley.

La Comisión recuerda a su Señoría que ya presentó sus comentarios sobre los posibles efectos sobre el medio ambiente del nuevo proyecto de Ley forestal griega en su respuesta a la Pregunta Escrita P-3090/03 formulada por el Sr. Antonios Trakatellis.

En general, la Comisión desea destacar que:

- La política forestal es competencia de los Estados miembros.

- La Estrategia Forestal de la UE no incluye una definición de bosque.

- El uso de los bosques en los Estados miembros puede estar sujeto a las limitaciones impuestas por la legislación comunitaria en materia medioambiental, como la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de impacto medioambiental, la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats naturales y la Directiva marco 2000/60/CEE del agua.

 

Pregunta nº 88 formulada por Efstratios Korakas (H-0711/03)
 Asunto: Violación de los derechos sociales y cívicos en Letonia y Estonia
 

Con un 45% y un 35% respectivamente de su población formada por rusoparlantes, Letonia y Estonia violan flagrantemente los derechos humanos elementales. Así, entre otras cosas, estos países privan prácticamente a los rusoparlantes de la posibilidad de adquirir la nacionalidad del país en el que han nacido ellos mismos o sus padres, o en el que residen desde hace varias décadas, pese a que es algo que todos desean. Estos países privan también a estas personas del derecho a participar en los asuntos políticos de su país. Para ello, utilizan como medio y pretexto exámenes especializados, humillantes y particularmente difíciles, que giran en torno al conocimiento de la lengua, la constitución y la historia tal y como la conciben los dirigentes. Los partidos comunistas están prohibidos en los Estados Báltico y sus miembros son perseguidos judicialmente con todo tipo de acusaciones prefabricadas. A causa de este tipo de acusaciones, y gracias una ley votada mucho tiempo después de su detención, están en la cárcel desde hace diez años los dirigentes del partido comunista de Lituania Mykolas Burokevicius y Juozas Kuolelis. En Estonia está prohibido presentarse a las elecciones (incluidas las elecciones europeas) con una coalición de partidos, y para crear un partido es necesario contar con mil firmas.

¿Está de acuerdo la Comisión con estos hechos? ¿Los considera compatibles con las proclamaciones sobre el respeto de los derechos sociales y cívicos, independientemente de la opinión personal del Sr. Verheugen, y, en caso negativo, cuál va a ser su reacción?

 
  
 

(EN) Como la Comisión ya ha respondido a algunas preguntas anteriores y lo ha manifestado en sus informes periódicos sobre los preparativos para la adhesión a la UE realizados en cada uno de los países mencionados por su Señoría. Estonia, Letonia y Lituania cumplen los criterios políticos para la adhesión a la UE.

Entre estos criterios se encuentran la celebración de elecciones libres y equitativas, así como el respeto de los derechos humanos y de las minorías. Esta opinión ha sido refrendada por los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo en el marco del proceso de ampliación y es compartida por las organizaciones internacionales competentes. En particular, se considera que la legislación nacional de estos futuros Estados miembros de la UE en materia de concesión de nacionalidad, elecciones y libre asociación es conforme a las normas aceptadas a escala internacional.

 

Pregunta nº 89 formulada por Myrsini Zorba (H-0714/03)
 Asunto: Parte de los Fondos Estructurales destinada a cultura
 

En marzo de este año pregunté a la DG Cult cuál es la parte de los Fondos Estructurales que se destina a cultura. La respuesta fue que esa parte se evalúa entre 600 y 1 000 millones de euros para el período 2000-2006. Teniendo en cuenta que esta cifra supera varias veces el presupuesto real para el Programa "Cultura 2000", reviste la mayor importancia contar con información más concreta sobre todos los Estados miembros, incluidos los países adherentes.

¿Puede comunicarnos los datos más recientes relativos a los Fondos Estructurales destinados a cultura en los Estados miembros individuales e informarnos sobre los programas culturales llevados a cabo en este marco?

 
  
 

(FR) La Comisión está elaborando una comunicación sobre la dimensión cultural de los Fondos estructurales que adoptará en enero de 2004 a más tardar.

Esta comunicación se basará en la información facilitada por los Estados miembros sobre los Fondos Estructurales utilizados para la cultura durante el período 1994-1999. Cabe señalar que las previsiones presentadas por algunos Estados miembros para el período 2000-2006 figurarán igualmente en esta comunicación.

Por lo que respecta a los países candidatos, la Comisión señala a su Señoría que actualmente no dispone de esta información.

 

Pregunta nº 90 formulada por Paul Rübig (H-0715/03)
 Asunto: Distorsiones de la competencia en la República Checa
 

Desde hace ya bastante tiempo se dificulta sino se imposibilita el libre acceso de los competidores a las licitaciones o a los contratos para traviesas ferroviarias en la República Checa mediante la adjudicación de la gran mayoría de los contratos en este sector a seis grandes empresas constructoras checas que se han agrupado en una sociedad de consultoría. De la misma forma, la concesión sin justificación de subvenciones públicas por la República Checa a un único fabricante en el sector de los artículos de oficina distorsiona también la competencia en este segmento del mercado.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión, en particular con vistas a la adhesión de la República Checa a la UE el 1 de mayo de 2004, para en el futuro impedir las distorsiones de la competencia y garantizar la libre competencia en los dos sectores descritos a modo de ejemplo así como de manera general en el mercado checo?

 
  
 

(EN) La Comisión no dispone de información concreta que le permita confirmar las observaciones de su Señoría en el sentido de que, en la actualidad, en la República Checa se imponen restricciones para la participación en las licitaciones públicas de vías férreas o distorsiones en el mercado de los artículos de papelería debido a la concesión de ayudas públicas.

Sin embargo, la Comisión confirma que la Ley de contratación pública checa recoge una cláusula de preferencia nacional y que, debido a dicha cláusula, los proveedores extranjeros pueden tener problemas para obtener contratos públicos. Por consiguiente, la Comisión ha indicado en varias ocasiones a la República Checa que la nueva Ley sobre contratación pública debe establecer la igualdad de acceso para las empresas comunitarias mediante la abolición de la cláusula de preferencia nacional y la aplicación de todas las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública. Si bien la Cámara de Diputados checa acaba de aprobar una nueva Ley sobre contratación pública que pretende la plena aplicación de las Directivas en esta materia, el proceso legislativo aún no ha concluido, pues esta ley debe ser aprobada por el Senado y firmada por el Presidente de la República. La Oficina de Protección de la Competencia Económica checa se encarga de supervisar que los contratos públicos se adjudiquen de conformidad con la Ley sobre contratación pública.

La Oficina de Protección de la Competencia Económica será igualmente la autoridad encargada, hasta la adhesión, de supervisar la concesión de ayudas públicas. La Comisión ha señalado a este respecto que la parte checa debe realizar mayores esfuerzos para garantizar una aplicación plenamente satisfactoria de la ley.

A partir de la fecha de adhesión de la República Checa a la UE, la Comisión Europea, en su calidad de «guardiana de los Tratados», actuará en el marco de sus competencias para garantizar la aplicación del acervo comunitario cada vez que observe indicios de infracción de la legislación comunitaria.

 

Pregunta nº 91 formulada por Karin Riis-Jørgensen (H-0716/03)
 Asunto: Impuesto sobre el carbón importado de China
 

Cuando la Comisión decidió cargar un impuesto de 32,60 euros por tonelada al carbón procedente de China, justificó esta decisión en el argumento de que la subida del precio del carbón provocada por dicho impuesto sería tan sólo del 5,6 % (Decisión 2730/2000/CECA de la Comisión(1)). Pregunté entonces si esta Decisión redundaba en interés de la Comunidad (H-0868/00(2)). En la respuesta a mis preguntas, la Comisión me garantizó que la repercusión del impuesto en la industria usuaria sería limitada. Sin embargo, desde la introducción del impuesto los precios del carbón han aumentado en un 50 % y siguen aumentando. El impuesto ha perjudicado aparentemente a la competitividad de la industria europea usuaria, que es la de las fundiciones y del material de aislamiento, y ha dejado el mercado abierto a los productores chinos.

Considerando esto, ¿sigue pensando la Comisión que el mantenimiento del impuesto redunda en interés de la Comunidad? En segundo lugar, ¿modificará la Comisión su Decisión, teniendo en cuenta el cambio espectacular que ha sufrido el argumento en el que se basó la decisión original?

 
  
 

(EN) En el mes de diciembre de 2000 se impuso un derecho antidúmping definitivo de 32,6 euros por tonelada a las importaciones de piezas de carbón de coque de un diámetro superior a 80 mm originario de China.

En diciembre de 2002, la Comisión inició una revisión provisional a petición de la industria comunitaria que alegaba que el dúmping había continuado e incluso había aumentado, por lo que las medidas en vigor no resultaban suficientes para contrarrestar los daños provocados por dicho dúmping.

La Comisión llevó a cabo una investigación, pero a la hora de adoptar una decisión recibió informaciones que señalaban la supuesta escasez de carbón chino en el mercado comunitario, así como de cambios en la situación del mercado, sobre todo cambios de precios. Al considerar que estos argumentos eran serios, la Comisión acaba de finalizar a una investigación complementaria, en la que pedía información a todas las partes interesadas.

A resultas de ello, la Comisión está considerando la posibilidad de revocar o suspender estas medidas.

 
 

(1) DO L de 15.12.2000, p. 30.
(2) Respuesta oral de 13.12.2000.

 
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