El Presidente. Procedemos al debate del informe de Evelyne Gebhardt, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (COM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD))(A6-0409/2005).

El Parlamento es plenamente consciente de la importancia de este debate.

  Evelyne Gebhardt (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Bartenstein, señor Barroso, Señorías, hoy llegamos a la ronda final del proyecto legislativo más importante de la Unión Europea después de la Constitución, y no nos hemos dado prisa en llegar hasta aquí. Podría hablar de los esfuerzos de los últimos meses y de las montañas de papel que hemos tenido que sortear, pero tardaría horas en hacerlo.

Por tanto, me limitaré a unas cuantas observaciones básicas que no serán del agrado de todo el mundo, pero tengo que decir, señor Presidente, que son importantes para mí.

Los servicios tienen que ser tan móviles como las mercancías y el dinero, así que, tras una larga espera, hay que acoger con satisfacción la elaboración del proyecto de Directiva de servicios de la Comisión.

Pero es lamentable que se haya dado la impresión de que este proyecto pretende favorecer los intereses de los 15 «antiguos» Estados miembros en detrimento de los de los diez «nuevos» que se adhirieron en mayo de 2004. La razón por la que entrecomillo las palabras «antiguos» y «nuevos» es que todos los miembros de nuestra comunidad de Estados tienen los mismos derechos y responsabilidades independientemente del tiempo que hace que pertenecen a ella.

La Unión Europea existe para fomentar el bienestar de sus 470 millones de ciudadanos sobre la base de la igualdad; no existe para servir a la valoración de las acciones o a los intereses de los liberalizadores de dientes afilados y de sus mecanismos de mercado.

Creo que es fundamental que la política y la legislación tengan en cuenta a los ciudadanos por encima de todo. Nuestra principal preocupación tiene que ser los trabajadores y sus familias en lugar de las grandes empresas y sus mercados, y también hemos de pensar en las pequeñas empresas y los artesanos, que no deben ser pisoteados.

Por estas razones, la Cámara tenía que mejorar el proyecto de la Comisión, y hemos realizado progresos considerables a pesar de las diferencias ideológicas entre nosotros. Confío en que el voto en la sesión plenaria nos permita tomar las últimas medidas cruciales.

El producto final tiene que ser una directiva no burocrática y que beneficie a los trabajadores, de los cuales depende la capacidad de Europa para competir. Dicha directiva tiene que respetar las idiosincrasias de los Estados miembros y evitar el peligro de una espiral descendiente en las condiciones de trabajo y en los salarios, en la calidad y en la protección de los consumidores y del medio ambiente.

En primer lugar, tenemos que abandonar el principio del país de origen con todos sus efectos devastadores.

He propuesto una solución sencilla: una empresa que ofrece sus servicios en un Estado miembro debe poder ofrecerlos también en cualquier otro, siempre y cuando las normas y leyes del país de destino sean aplicables al contrato. La simplicidad de este procedimiento refleja nuestra experiencia en la vida real; por ejemplo, un permiso de conducir alemán me permite conducir en Inglaterra, pero no puedo conducir por la derecha.

Así pues, se proporciona libre movimiento de servicios y se garantiza la competencia justa.

Mi segunda propuesta es que esa libertad de movimiento se aplique solo a los servicios comerciales y que todos los demás queden fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Europa no puede verse obligada a conceder libertad de movimiento a la versión moderna de la esclavitud que realizan las agencias de trabajo temporal.

También tenemos que garantizar que los servicios de interés general –en el sentido amplio de la palabra– no se vean afectados, protegiendo el autogobierno municipal y el deseo de los ciudadanos de gestionar sus propios asuntos en todos los ámbitos, desde el suministro de agua hasta las guarderías.

El Parlamento podrá aprobar la Directiva de servicios si se realizan los ajustes necesarios a la propuesta original de la Comisión.

Hemos trabajado en el proyecto original en detalle y lo hemos vuelto del revés; al hacerlo, hemos frustrado la creación de un esquema de creación de empleo para los abogados que hubiera estado fuera del alcance de las pequeñas empresas.

En mi opinión, este complicado instrumento legislativo podría resultar más claro y sencillo, pero una empresa tan compleja también requiere la fortaleza de alcanzar compromisos.

Tengo la impresión de que la Comisión valora el trabajo constructivo de la Cámara y no se aferra a la versión antigua que tanta indignación ha provocado en los Estados miembros. Las voces combinadas de los sindicatos, las asociaciones de artesanos, los municipios y todas las demás partes interesadas han tenido un efecto poderoso y visible.

Hemos llegado a una parte delicada. Podemos promulgar una ley que no nos venga impuesta ni por la Comisión ni por el Consejo. Si lo hacemos, habremos dado a los servicios en la Unión Europea la libertad de circulación que necesitan y, al mismo tiempo, se habrá dado un gran paso hacia una Europa social; garantizaremos los derechos de los trabajadores y protegeremos la calidad y el medioambiente. Con dicho resultado, esta Cámara podría enorgullecerse de haber servido a los intereses de los 470 millones de ciudadanos de nuestra Comunidad.

Teniendo esto en cuenta, quiero volver a dar las gracias a mis colegas de todos los Grupos por su cooperación constructiva. Creo que en los debates finales que aún nos esperan esta tarde, esta noche y mañana encontraremos las soluciones adecuadas que nos permitan obtener una amplia mayoría en esta Cámara, que obligue a la Comisión y al Consejo a emprender el camino que el Parlamento ha trazado.

(Grandes aplausos)

  Martin Bartenstein , Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Comisario McCreevy, señora Gebhardt, Señorías, como acaba de decir la señora Gebhardt, en febrero de 2004 la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre servicios en el mercado único europeo. La idea era que su aplicación nos acercara a los objetivos de Lisboa. En noviembre de 2004, el informe del grupo de expertos de alto nivel presidido por Wim Kok –quien fue nombrado por la Comisión para preparar una revisión intermedia de la estrategia de Lisboa– pedía que se creara un mercado europeo de servicios, lo que supondría una gran oportunidad de más crecimiento en Europa. Desde un punto de vista económico, sabemos que Europa necesita un esfuerzo de crecimiento: el crecimiento y el empleo que se deriva de él son objetivos prioritarios para todos nosotros.

En sus primeros diez años de existencia, el mercado interior europeo ha conseguido algunos éxitos considerables, sobre todo la creación de 2,5 millones de nuevos empleos. Precisamente por eso tenemos que atar todos los cabos sueltos, pero las cargas administrativas y legales que la Comisión ha impuesto a los proveedores de servicios nos han demostrado que los mercados de servicios europeos están muy fragmentados, lo que implica altos precios innecesarios, consumidores que salen perdiendo a causa de la competencia insuficiente y oportunidades perdidas de aumentar el crecimiento y la creación de empleo.

La propuesta a la que ya he hecho referencia fue presentada por la Comisión Prodi, y el Comisario responsable era Frits Bolkestein. Desde febrero de 2004 ha sido objeto de debates muy profundos en el grupo de trabajo relevante del Consejo. En el contexto del debate público ha sido objeto de fuertes críticas, algunas de las cuales están justificadas. Algunas personas también la han usado de forma injustificada para sembrar la ansiedad.

Cabe decir que la directiva es bastante clara sobre lo que pretende, y hay un apoyo amplio del principio que la sustenta: una mayor liberalización de los servicios y la eliminación sistemática de las barreras injustificadas a los proveedores de servicios.

Ha llegado el momento de que la Comisión revise la forma en que se conseguirá, y el voto en la Cámara será esencial para ello. La intención es que la consecución del mercado interior de servicios resulte beneficiosa para los ciudadanos europeos, para los consumidores y para las empresas y que no permita que el modelo social europeo se vea socavado o puesto en peligro.

Los ciudadanos europeos tienen derecho a un mercado interior de servicios que esté a salvo del dúmping salarial o del dúmping social. Para ello, la Directiva de servicios tendrá que ser neutral en términos de la legislación laboral; también tendrá que haber normas claras que garanticen que la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no se vea comprometida, sobre todo respecto de las opciones de supervisión.

También tiene que quedar fuera de toda duda que esta Directiva de servicios no compromete a los servicios de interés general en términos de calidad, de prestación universal y de asequibilidad. La señora Gebhardt ya ha mencionado la necesidad de todo ello.

La Presidencia del Consejo tiene ahora los ojos puestos en la Cámara, mientras la Presidencia y el Consejo en general esperan el resultado de la primera lectura con gran interés y, si se alcanza una gran mayoría, esto será útil en términos de la evolución del proyecto en el seno del Consejo. Teniendo esto en cuenta, también acogemos con satisfacción las iniciativas y esfuerzos de los dos grandes Grupos de la Cámara por alcanzar un consenso mediante un buen compromiso, en especial en los puntos controvertidos, lo cual han realizado con éxito.

En cuanto la Cámara haya votado pasado mañana, es decir el 16 de febrero, la Comisión tendrá que desempeñar un papel activo en el procedimiento de codecisión. La Presidencia, en estrecha colaboración con la Cámara, pero por supuesto también con la Comisión, exigirá una directiva equitativa que tenga en cuenta los recelos que se han expresado sobre la propuesta actual, al tiempo que cree la base jurídica para un mercado interior de los servicios que haga el mejor uso posible de nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo. Se nos ha informado que según dos estudios, uno de Copenhague y otro de Viena, existe la posibilidad de que la Directiva de servicios resulte en la creación de unos 600 000 empleos.

La Presidencia también acoge con satisfacción el anuncio del señor Barroso en Viena en el sentido de que al voto en la sesión plenaria le seguirá muy pronto, y a tiempo para el Consejo Europeo de marzo, una propuesta sobre los puntos esenciales para un acuerdo político. La Presidencia austriaca los debatirá en profundidad e irá más allá, e insisto en que lo hará con la total implicación de los agentes sociales.

Tenemos la oportunidad de maximizar nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo mediante un mercado interior de servicios, al tiempo que aumentamos la confianza de los ciudadanos en una Europa social. Ese tiene que ser nuestro objetivo.

(Grandes aplausos)

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señor Bartenstein, señora Gebhardt, Señorías, esta semana representa una etapa crucial para la Directiva relativa a los servicios, para la plena realización del mercado interior, para nuestra estrategia de crecimiento y empleo en Europa. Por ello me encanta que el Parlamento Europeo esté dispuesto a pronunciarse sobre esta propuesta y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos europeos. Me permito dar las gracias especialmente a la señora Gebhardt y a todos los diputados directamente implicados, en particular a los ponentes alternativos, que en los últimos meses han realizado un trabajo admirable que ha hecho posible que alcanzáramos la fase a que hemos llegado hoy.

El debate de hoy y la votación que tendrá lugar el jueves representan un momento importante para el futuro de la Unión Europea y esto, permítanme decírselo, más allá incluso del tema tan importante de los servicios en el mercado interior. Nadie duda de que tenemos aún mucho que hacer para que nuestras economías puedan materializar plenamente las libertades fundamentales previstas en el Tratado y sacar provecho de ellas. Dentro de un momento, el Comisario McCreevy les recordará los progresos realizados en este terreno.

Pero quisiera destacar ahora un aspecto muy importante, que va mucho más allá de la dimensión puramente económica: ¿es capaz o no la Unión Europea ampliada de 25 Estados miembros de encontrar, de común acuerdo, soluciones adecuadas para afrontar problemas extremadamente difíciles y delicados? Añadiré a esto: ¿para afrontar, sobre todo, los problemas considerados más delicados por la opinión pública? Para ser aún más claro: estoy convencido –y es también la opinión de la Comisión– de la conveniencia de construir un consenso fuerte en el Parlamento en torno a esta directiva; un consenso fuerte que después permita, así lo esperamos, llegar a un acuerdo en el Consejo y crear las condiciones para una convergencia entre las tres instituciones. Confío en que el Parlamento logre materializar esta semana el gran sentido de la responsabilidad que ha demostrado a lo largo de todo este proceso.

Como saben –y en esto tenemos que ser francos–, esta directiva, presentada en enero de 2004 por la Comisión de mi predecesor, el señor Prodi, suscitó a partir de un momento dado vivas preocupaciones en algunos medios de los Estados miembros y, en general, entre la opinión pública europea. Algunas críticas, aunque basadas en temores legítimos relacionados con la protección de las conquistas sociales, se debieron en ocasiones a auténticos malentendidos. Pero esas críticas también alimentaron polémicas totalmente ajenas a la directiva en sí.

La Comisión que presido y yo mismo siempre hemos dejado muy claro que queremos un verdadero mercado interior de los servicios. Queremos un mercado que funcione y aporte valor añadido a nuestra economía. Ahora queremos traducir en hechos los principios de las cuatro libertades que nos legaron los padres fundadores de Europa. Y queremos responder también a las legítimas preocupaciones que se han expresado.

El resultado será, pues, si les parece bien, Señorías, el fruto de un compromiso. Por definición, necesitamos un compromiso, un compromiso que preserve y respete los principios del Tratado y que se inscriba en nuestro programa de crecimiento y empleo. En este sentido, la Comisión está dispuesta a apoyar y recoger, en el marco de su propuesta revisada, todos los elementos que representen un paso adelante en la vía de la realización de un auténtico mercado interior de los servicios, y que obtengan una amplia mayoría en su Asamblea.

Al término de un debate de casi dos años, ya es hora de dejar atrás las discrepancias, de construir puentes, de crear las condiciones para un acuerdo. Es hora de demostrar a nuestros conciudadanos que la Unión de 25 Estados miembros funciona, que es consciente de su destino común y que sabe lograr resultados en interés de todos. Se trata ahora de discernir qué es realista y realizable en esta fase.

Tras un año difícil en 2005 estamos ahora recuperando la confianza en la Unión Europea. Debemos trabajar en torno a soluciones pragmáticas para responder a los problemas reales de nuestros conciudadanos. Si la primera lectura en sesión plenaria de la Directiva de servicios conduce el jueves a un voto que reconcilie las exigencias de competitividad y nuestras preocupaciones sociales, será una victoria, no solo para ustedes, Señorías, para el Parlamento Europeo, sino también para toda la Unión.

Señorías, no duden de nuestras ambiciones para Europa. Y a este respecto, debemos ser claros por lo que se refiere a la cuestión económica. ¿Es aceptable tener veinte millones de desempleados en la Unión Europea? ¿Hace falta un argumento de más peso para justificar nuestra iniciativa? ¿No es esta una de las razones principales de la falta de confianza en la Unión? Hoy, los dos principales sectores que pueden crear puestos de trabajo en Europa son los servicios y las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, debemos dar prioridad a esos sectores: la creación de un verdadero mercado de los servicios y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

(Aplausos de la derecha)

Es a ellos ante todo a quienes beneficiará la directiva. Aunque solo sea una primera etapa, no veo que exista estrategia más social que la que crea puestos de trabajo de calidad.

Antes de pasar la palabra al señor McCreevy, con su permiso, señor Presidente, quiero desearles a todos un debate fructífero, constructivo y positivo. Trabajemos juntos para dotarnos de una Directiva de servicios que, de forma equilibrada, traduzca nuestra ambición para Europa: una Europa ampliada, una Europa más moderna y competitiva, una Europa basada en las cuatro libertades fundamentales que nos legaron los padres fundadores.

(Aplausos del centro y de la derecha)

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, desde que vio la luz hace dos años, esta propuesta ha copado los titulares. Tanto sus defensores como sus detractores la consideran un símbolo. En el curso de toda la controversia suscitada, que se centró en un número relativamente reducido de cuestiones, era fácil olvidar que hay otros muchos ámbitos en los que, en mi opinión, existe un amplio consenso y en los que se reconocen los beneficios de la propuesta.

En primer lugar, gracias a la simplificación administrativa, será más fácil establecer un negocio en la UE. Esto constituye un impulso crucial para el espíritu empresarial y un elemento vital del fomento del crecimiento y de la creación de puestos de trabajo. Los prestadores de servicios podrán obtener información y cumplimentar los trámites administrativos a través de puntos de contacto únicos en cualquier Estado miembro; de este modo se simplifican, se aceleran y se reducen los costes del proceso de autorización sin necesidad de tener que tratar con autoridades de distintos niveles.

También será posible realizar estos procedimientos por vía electrónica, de modo que las empresas ahorrarán tiempo y dinero y evitarán incurrir en costes considerables derivados de las visitas personales –a menudo repetidas– para realizar las formalidades necesarias ante las autoridades pertinentes.

En segundo lugar, será bueno para los consumidores. Mejorar su confianza es un componente fundamental que permitirá estimular las posibilidades que les ofrece el mercado interior. Dispondrán fácilmente de información clave sobre empresas y sobre los servicios que prestan y, de esta forma, podrán tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de adquirir servicios. Se establecen con claridad los derechos de los consumidores y se pide la eliminación de cualquier discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de establecimiento.

En tercer lugar, los Estados miembros tendrán que cooperar desde el punto de vista administrativo para garantizar que las empresas están sometidas a un control adecuado y eficaz en toda la UE, al tiempo que se trata de evitar la duplicación de los controles. Esta obligación jurídica se verá respaldada en la práctica por un sistema electrónico que permitirá a las autoridades intercambiar información de forma directa y eficaz. Estas, entre muchas otras en el proyecto de Directiva, son disposiciones que aportarán ventajas significativas, tanto para las empresas como para los consumidores, y sé que sus Señorías siempre lo han tenido en cuenta.

Al valorar las enmiendas aprobadas en la opinión de la comisión competente y el resto de enmiendas presentadas, la Comisión adopta una posición muy constructiva y positiva. En particular, tenemos intención de aceptar e incorporar en nuestra propuesta revisada las enmiendas que consideramos que son apoyadas por una amplia mayoría de esta Cámara.

La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo con el objetivo de aclarar y mejorar la propuesta inicial de la Comisión. Estas se refieren principalmente a la simplificación administrativa, al establecimiento y a la cooperación administrativa.

La Comisión acoge asimismo con agrado, en términos generales, muchas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en relación con los servicios de interés general. Esta es una cuestión sensible que ha dividido las opiniones a lo largo de todo el debate y queda claro, a mi juicio, que la votación en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha permitido avanzar mucho a este respecto. Por otro lado, creo que los servicios de interés económico general deberían permanecer dentro del ámbito de aplicación de la propuesta, mientras que la exclusión de otros sectores debería limitarse estrictamente.

Los textos de compromiso que he visto, si se aprueban, nos ofrecerán una buena base para elaborar nuestra propuesta modificada. No obstante, debemos dejar claro cómo abordaremos las posibles exclusiones de la propuesta. Si el Parlamento vota a favor de suprimir los artículos 24 y 25 de la propuesta, relativos al desplazamiento de trabajadores, entonces la Comisión formulará orientaciones para hacer frente a cualquier carga administrativa indebida que pueda obstaculizar las oportunidades de las empresas para aprovechar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Esto se puede hacer con relativa rapidez. Existe una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que hay que cumplir.

Igualmente, si los servicios sanitarios quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, esto no nos exime de la necesidad de abordar la creciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia con respecto a la movilidad de los pacientes. Por tanto, será necesario que la Comisión presente una propuesta separada que trate esta cuestión.

Los textos de compromiso también reconocen la libertad que los prestadores de servicios deberían tener para acceder a los mercados en los demás Estados miembros y para ejercer en ellos sus actividades. Acojo con satisfacción el hecho de que se reconozca la obligación de suprimir toda una serie de barreras que obstaculizan la prestación de estos servicios, aunque, por supuesto, se permitirán determinadas restricciones por motivos bien fundados de política pública.

Es importante destacar que cualquier enmienda que aceptemos debe cumplir el objetivo de que esta Directiva suponga un paso hacia la creación de un mercado interior de servicios. Como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene que asumir la responsabilidad de garantizar que el resultado sea compatible con las libertades fundamentales establecidas en ellos y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Asimismo, las restricciones que los Estados miembros puedan aplicar a los prestadores de servicios de otros Estados miembros deben juzgarse a la luz de los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Esto hay que tenerlo en cuenta, en particular a la hora de examinar las modificaciones que se voten en relación con el artículo 16 y la libre prestación de servicios.

Estoy seguro de que la mayoría de los diputados estarán de acuerdo en que esta es la única forma en que podemos garantizar que se mantenga el valor añadido real de esta propuesta, que facilitará la prestación de servicios transfronteriza y, al mismo tiempo, garantizará la salvaguardia de los criterios legítimos de política pública. Este es el equilibrio por el que todos estamos trabajando. Me parece que es la esencia de las enmiendas de transacción al artículo 16.

Puedo confirmarles que, tras la votación del jueves, la Comisión presentará una propuesta revisada con vistas a facilitar una posición común tan pronto como sea posible, esperemos que antes de finales de abril. Siempre que haya un consenso amplio en esta Cámara sobre las enmiendas que deben introducirse, la Comisión, en virtud de lo que he dicho antes, basará sus propuestas modificadas en dichas enmiendas.

Mientras tanto, espero ansioso el debate de hoy y, por último, al resultado de la votación del jueves. El Parlamento tiene una verdadera oportunidad para demostrar que, después de dos años de trabajo, puede sentar las bases para el avance consensuado de una propuesta importante, aunque muy controvertida. Se trata de un reto que creo que muchos diputados al Parlamento Europeo desean afrontar. Les insto a que sigan trabajando a favor del consenso que, en mi opinión, está a su alcance. Ustedes pueden producir una Directiva de servicios mejor que libere el enorme potencial económico del sector de los servicios. Esta es la base sobre las que nos juzgarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los desempleados europeos que esperan beneficiarse de ella.

(Aplausos)

  El Presidente. – Comunico al Pleno que al exterior de este edificio se está desarrollando en estos momentos una enorme manifestación. La policía de la ciudad de Estrasburgo evalúa en 30 000 el número de personas concentradas entre el Palacio de Exposiciones y la Plaza de la República.

Quiero señalar el carácter pacífico de esta manifestación.

(Aplausos)

Me informan de que se desarrolla en muy buen ambiente con música en vivo y toda una serie de atracciones. El acceso al Parlamento ha sido libre hasta las tres de la tarde. Estoy seguro de que la masiva presencia de los ciudadanos europeos en las puertas de nuestro Parlamento será un poderoso estímulo para que hagamos nuestro trabajo con responsabilidad.

(Aplausos)

  Hans-Gert Poettering, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, nuestro Grupo acoge con satisfacción la manifestación, porque demuestra que, por fin, los ciudadanos de Europa se están dando cuenta del poder de esta Cámara. Pero he de decir que tengo mis dudas sobre si las preocupaciones de los manifestantes están justificadas, porque se están manifestando en contra de algo que ya no es objeto de debate, pero en esencia es una buena señal que se celebre la manifestación.

El Consejo Europeo de marzo de 2000 en Lisboa intentó que la Unión Europea fuera más competitiva. Se concluyó que el sector de los servicios era uno de los más importantes para nuestra economía, pero que Europa no estaba usando todo su potencial. Desde 1958, la libertad de prestación de servicios ha sido una de las cuatro libertades que los padres fundadores han consagrado en el Tratado, pero –en contraste con la circulación de mercancías y capital y la movilidad personal– siempre se ha descuidado, y la razón es que en este terreno los Estados miembros no han aplicado plenamente el Tratado y han dejado que el Tribunal de Justicia dicte las normas por medio de resoluciones en torno a casos individuales.

La intención de la Directiva de servicios es que todo eso cambie. La Directiva es la esencia de la Estrategia de Lisboa. Permitirá que los prestadores de servicios europeos sean más competitivos; ayudará a crear empleos en este sector y dará a los consumidores y a los clientes comerciales mayor libertad de elección. Pero hay que decir que la directiva es, en primer lugar, el resultado de una decisión política, la decisión a favor de la clara aplicación del Tratado. Es la piedra de toque para la Comisión y para los Estados miembros; también demuestra que en esta Cámara nos tomamos muy en serio la Estrategia de Lisboa. La propuesta presentada por la Comisión era ambiciosa; algunas partes eran cuestionables, otras se quedaban cortas, y ha sido objeto de críticas, algunas de las cuales estaban justificadas y muchas otras no. Lo que se conoce como Directiva Bolkestein ha dado lugar a expresiones de inquietud sobre las consecuencias de la globalización, de la ampliación de la UE, sobre la presión de una mayor competencia y recelos en torno a las realidades económicas en general.

(Aplausos)

Incluso en esta Cámara se tenían ideas equivocadas que se hicieron evidentes en los intentos de bloquear la Directiva o de facilitar que los Estados miembros levantaran barreras en el mercado interior. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ofreció algunas mejoras sustanciales a la propuesta de la Comisión, y estoy muy agradecido a nuestro ponente, el señor Harbour, y a todos los diputados de nuestro Grupo, de otros Grupos y también a la ponente, la señora Gebhardt, por todo el trabajo que han realizado. Nuestro Grupo prácticamente ha vuelto a escribir la Directiva, y el documento que tenemos ante nosotros hoy es el resultado de esos esfuerzos, en los que demostramos nuestra voluntad de alcanzar los compromisos necesarios. Si bien deseamos alcanzar un amplio acuerdo en esta Directiva, no queremos un compromiso a cualquier precio. Lo que queremos es que la posibilidad de establecerse en más de un Estado miembro y la prestación de servicios más allá de las fronteras nacionales mejoren sustancialmente y sean mucho más sencillas.

No queremos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo se transponga al pie de la letra, junto con todos sus imponderables y las circunstancias específicas de los casos individuales. Lo que queremos es que las empresas y las autoridades de los Estados miembros tengan más seguridad jurídica; queremos que los Estados miembros cooperen más para luchar contra el trabajo temporal ilegal y el falso autoempleo. Pero, sobre todo, queremos una Directiva con normas claras y justas que establezcan de una vez por todas un mercado interior de servicios, un mercado interior en que todos los prestadores de servicios, en particular las pequeñas y medianas empresas, y también todos los consumidores puedan realmente participar. Queremos una Directiva que nos permita competir en el ámbito internacional, que garantice la rápida integración de los nuevos Estados miembros en el mercado interior, una Directiva que nos permita hacer el mejor uso posible de todo nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo, al tiempo que seguimos siendo fieles a los principios de la economía social de mercado.

En la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo queremos ver un acuerdo político basado en el resultado de la votación de esta Cámara. Tiene que incluir los puntos que se hayan apoyado en dicha votación. Antes de que acabe este año –quizá, señor Presidente en ejercicio del Consejo, incluso bajo la primera mitad de su mandato– podremos aprobar el componente legislativo más importante de la Estrategia de Lisboa.

Cada día que perdemos significa menos competitividad, menos mercado interior y, por tanto, menos empleo y menos crecimiento. Tenemos que demostrar a los ciudadanos de la Unión Europea que nos tomamos en serio sus preocupaciones y miedos. Pero también tenemos que darles el liderazgo que restablezca su esperanza y confianza y dar un futuro a nuestro gran proyecto europeo. La Unión Europea es nuestro proyecto compartido, y como tal debemos defenderlo y llevarlo al futuro.

(Aplausos)

  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, comenzaré expresando mi agradecimiento a nuestra colega, la señora Gebhardt, cuyo calvario, que ha durado semanas, espero que acabe felizmente el jueves. También quiero expresar mi gratitud al señor Harbour, quien seguro que recuerda semanas aún más duras y a quien le deseo un final igualmente feliz. Volviendo a mi propio Grupo, también deseo dar las gracias a la señora Van Lancker, quien ha contribuido a nuestro trabajo en circunstancias muy difíciles.

Esta directiva es el proyecto más controvertido y polémico de los últimos años, y con razón, porque trata de la cuestión del modelo social que queremos en Europa, ni más ni menos, y nosotros habremos de responder a dicha cuestión esta misma semana. Para los socialdemócratas europeos está claro que todos los avances económicos y técnicos que podemos considerar un éxito en la segunda mitad del siglo XX vinieron de la mano de un aumento de los salarios, una mayor seguridad social, más derechos ambientales y mayor protección de los consumidores. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de nuestro modelo social. Frits Bolkestein intentó generar crecimiento basándose en el supuesto de menos salarios, menos seguridad social, menos normas ambientales y menos protección de los consumidores, y esto es lo que vamos a parar hoy. A partir de hoy, se acabó «Bolkestein». Esta es la primera buena noticia del debate de hoy.

(Aplausos)

El segundo punto que tiene que desempeñar un papel crucial en nuestro debate es que Europa no permitirá que la dividan. Tanto en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos como en nuestro propio Grupo ha quedado claro que hemos luchado contra el intento de dividirnos inherente a la Directiva Bolkestein. La filosofía de Bolkestein era que aquellos que ganan menos y tienen normas menos estrictas deberían tener acceso libre al mercado para conseguir un ajuste a la baja allí donde los salarios sean más altos y las normas más estrictas. Hubo un intento de enfrentar a los nuevos Estados miembros con los antiguos, a la Vieja Europa con la Nueva Europa. En esta Cámara podemos demostrar que ese intento ha fracasado. En mi propio Grupo, así como en el del PPE-DE, delegaciones de los viejos y los nuevos Estados miembros están trabajando juntas para solucionar este problema. Es otra buena noticia.

(Aplausos)

Hay un tercer mensaje sobre el que no debemos formarnos ideas falsas: muchos han intentado usar esta Directiva de servicios para fomentar sus propios intereses y crear un mercado interior europeo a imagen de su propia mentalidad liberal-purista. Estoy bastante seguro de que lo que he descrito es lo que quería el señor Bolkestein. He tenido la impresión de que, durante un tiempo, esto es lo que también quería el Comisario McCreevy, pero en vista de la relación de fuerzas efectiva, de la que tendrá constancia escrita el jueves, ha entrado en razón.

Así pues, hemos escuchado con gran interés que ustedes –Señor Barroso y señor McCreevy– querían basar sus acciones futuras en el resultado de las deliberaciones de la Cámara, porque está claro que se está formando una amplia mayoría a favor de una nueva Directiva de servicios, una directiva basada en la idea de que hay que garantizar el acceso libre al mercado siempre y cuando los servicios estén sometidos a las leyes del país en el que se prestan. La consecuencia de todo ello es que los derechos en relación con la seguridad social, los salarios, el medio ambiente y los consumidores se mantendrán, que los servicios se prestarán sobre esa base, y esto es precisamente lo que hemos conseguido. Por así decirlo, hemos dado la vuelta a «Bolkestein» para que tome el rumbo correcto, y con esto ha quedado desbaratado el embate de los que querían lo contrario.

Para decirlo con claridad, esto significa –y hablo en nombre de mi Grupo– que los que quieren cambiar el modelo social europeo o destruirlo se encontrarán con la oposición firme de los socialistas europeos. También es positivo que se encuentren con la oposición firme de una buena parte del movimiento social-cristiano europeo, y nos alegramos de ello.

(Murmullos de disconformidad)

Oímos ruidos de disconformidad, pero puedo decirle al señor Langen que las minorías del PPE-DE suelen expresar su opinión con franqueza. ¡Eso lo sabemos muy bien!

Pero hay un mensaje subyacente a lo que estamos debatiendo hoy aquí y a lo que decidiremos el jueves, un mensaje para las instituciones; el señor Bartenstein lo ha recibido, y también el señor Barroso. Ambos han entendido –y permítanme subrayar que es positivo que lo hayan hecho– que, independientemente de las decisiones fundamentales que intentan tomar, decisiones que determinarán la dirección futura de la Unión Europea, no se puede ningunear al Parlamento Europeo.

Al igual que el Consejo ha fracasado en su intento de colarnos una Comisión que no queríamos, también fracasará con sus poco acertadas perspectivas financieras. El Consejo ha tenido que tomar nota del hecho de que fue el Parlamento quien aprobó una política sobre productos químicos adecuada y equilibrada. Fue el Parlamento quien mantuvo el debate sobre la ampliación dentro de la racionalidad y no permitió que se precipitara, y, en esta ocasión, es el Parlamento quien está demostrando a las otras dos instituciones que es posible hacer lo que el último Presidente de mi país, Johannes Rau, pedía en casi todas sus intervenciones, a saber, ser el protector del hombre de a pie en un mundo liberalizado.

Las grandes multinacionales pueden defenderse en la competencia global, pero los ciudadanos ordinarios –los trabajadores de los puertos y las fábricas, los camioneros en sus vehículos, los trabajadores de correos o los ferroviarios, los artesanos en sus talleres y las enfermeras en los hospitales– necesitan protección en esta lucha por el llamado modelo social europeo. No les respalda ningún patrimonio; necesitan que alguien defienda sus derechos en una Europa liberalizada, y ese alguien es el Parlamento Europeo, y esperamos que el jueves lo haga por amplia mayoría.

  Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, puedo asegurar a la Cámara que Frits Bolkestein está vivo y coleando y por eso Martin Schulz parece tan mustio estos días.

Este Parlamento tiene que elegir. Siguiendo el camino de la reforma se encuentra una Unión dinámica y competitiva que crea puestos de trabajo y ofrece oportunidades a sus ciudadanos. Siguiendo el camino del proteccionismo encontramos ganancias a corto plazo para algunos y pérdidas a largo plazo para todos, especialmente para nuestros 20 millones de desempleados.

(Aplausos)

El 70 % de la economía y de la mano de obra de Europa dependen de la buena salud del sector de los servicios, un sector que está siendo lentamente asfixiado por una estúpida maraña de reglamentaciones.

La señora Gebhardt dice que pensemos en las pequeñas empresas. Y como pensamos en ellas estamos a favor del principio del país de origen. El 90 % de las empresas de servicios son PYME y el principio del país de origen les permite evaluar un mercado extranjero para luego probarlo. Envían gente para estudiar el mercado. Luego comercian para probarlo antes de establecer una oficina o una filial. Eliminando el principio del país de origen se reducen a la mitad los efectos que esta medida tiene sobre el crecimiento.

Los demócratas y liberales estamos a favor de buscar un compromiso, pero un compromiso entre políticas que se excluyen mutuamente no es un compromiso. Lo llamamos el «bloqueo de Berlín». Esta directiva no abre la puerta al dúmping social. Si tienen alguna duda, el señor Schulz y el señor Rasmussen deberían leer la Directiva de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores. Sigue estando en vigor. En cambio, el proyecto que tenemos ante nosotros transforma principios como la libre circulación de productos, servicios, capitales y personas en una realidad para 450 millones de habitantes. Estos son los principios fundadores de nuestra Unión que simplemente no son compatibles con una ciudadanía de segunda clase para nuestros nuevos Estados miembros.

Sin lugar a dudas, tendremos que tomar decisiones difíciles, pero nuestra tarea no es proteger a un sector en detrimento de otro, sino que consiste en legislar en aras del interés de la economía europea en su conjunto. Si podemos crear un mercado único de servicios para que compita con nuestro mercado único de bienes, podremos aumentar el PIB casi un 2 % y crear hasta 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Esto es lo que Frits Bolkestein quería para Europa. Permitir a los Estados miembros que justifiquen barreras a la prestación de servicios con argumentos de política social y protección del consumidor supondría clavar una estaca en el corazón de esta propuesta. Sin embargo, ahora no estaríamos contemplando un proyecto legislativo mutilado si el señor Barroso y sus Comisarios hubieran defendido su proyecto de directiva en lugar de luchar contra molinos de viento.

Señor Comisario McCreevy, ¿cree usted que la presión ejercida por su gabinete sobre este Parlamento la semana pasada ha beneficiado al mercado único de Europa? ¿Sabe que el apartado 3 de la enmienda de transacción 293 es contrario a la jurisprudencia del TJE y a las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de servicios? Espero, señor Comisario McCreevy, que conteste a este punto en su respuesta. No, en lugar de indicarnos el camino, esta Comisión se esconde tras las sombras de la opinión pública y tras la vacilación de los Estados miembros.

Más productividad, más empleos, salarios más altos, empresas más fuertes: todo esto está al alcance de nuestra mano y, por ese motivo, insto a la Cámara a que vote a favor de un mercado dinámico para el empleo y los servicios.

(Grandes aplausos del centro y la derecha)

  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero decir tres cosas. Primero, ninguna medida legislativa europea había polarizado nunca tanto a las sociedades europeas, así que la ponente, la señora Gebhardt, tiene el mérito de haber conseguido restar fuerza al proyecto de la Comisión. Pero tengo que decir –y esto me lleva al tercer punto– que se ha hecho en detrimento de la claridad y la seguridad jurídica de esta directiva marco. Si quieren saber por qué, echen una ojeada al material que ha tenido que trabajar, porque el proyecto de la Comisión es opaco y casi incomprensible, todo lo contrario a «legislar mejor». Las cosas como son.

(Aplausos)

Es una pena que esta Cámara no haya podido centrarse en lo que era fundamental y viable. Nadie discute que necesitamos una directiva marco europea. La prestación de servicios más allá de las fronteras comporta muchos problemas que no pueden resolverse a través de los tribunales de justicia, como se hacía antiguamente, sino que los tienen que resolver quienes tienen autoridad para aprobar la legislación europea, es decir, el Parlamento y el Consejo. La amenaza intrínseca en lo que tenemos ante nosotros es que dichos problemas volverán a acabar sobre la mesa de los jueces.

Hay alternativas claras y sencillas que reducen la burocracia que comporta la prestación de servicios a través de las fronteras. Nuestra propuesta, que el ponente ha apoyado durante bastante tiempo, es esencialmente bipartita e implica, por una parte, que esta directiva se limite a los servicios comerciales, respetando la legislación vigente. Los denominados servicios de interés general –y permítanme decir, en interés del Comisario McCreevy, que me refiero a los servicios que benefician a todos y redundan en interés económico de todos– tienen que describirse y tratarse en otra directiva, porque no tienen cabida en la que nos ocupa.

En lugar de una demarcación tan clara, en este momento tenemos un catálogo de excepciones individuales. Aún no incluye todo: no incluye la educación; la posición de los servicios sociales todavía tiene que resolverse, así como la de la construcción de viviendas sociales. Algunos servicios están completamente excluidos; otros –como los grandes servicios prestados por redes– solo parcialmente. El conjunto equivale a un mosaico de normas y reglamentos individuales, lo que dificulta una perspectiva del conjunto y carece de transparencia y seguridad jurídica, sobre la cual todos han dicho algo hoy. Sobre todo, la necesitan las pequeñas y medianas empresas, porque de lo contrario no invertirán, y los consumidores no comprarán sus productos.

Nuestra propuesta tiene que ver con el artículo 16, el principio del país de origen, que constituye la manzana de la discordia. También se le podría haber dado una alternativa sencilla en forma de apertura del mercado de servicios basada en el principio del país de origen para la UE en su conjunto, pero con la condición de que los servicios se prestaran de conformidad con las leyes y normas locales. En lugar de eso, la Gran Coalición propone una normativa que se abstiene de nombrar el principio del país de origen y en su lugar abre mercados ilegalizando ciertas restricciones locales. Pero esto también conduce a cuestiones no resueltas, con falta de claridad y seguridad en torno al significado de la ley y da la última palabra a los tribunales. No podemos apoyar este proyecto de directiva. No fomenta la confianza en la capacidad de Europa para hacer sus propias leyes, y de ese modo, esta Cámara se está perjudicando a sí misma.

(Aplausos)

  Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, señor Barroso, señor Bartenstein, habríamos podido conmemorar el día de San Valentín debatiendo un tema más romántico que la Directiva Bolkestein. Pero así las cosas, ¿qué observaciones puede hacer el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el último refrito de este proyecto de directiva tan emblemático?

En primer lugar, por fuerza hemos de constatar con placer que las excepcionales movilizaciones sociales y políticas contra esta directiva que se han desarrollado durante más de un año han dado un primer resultado: hemos puesto a la defensiva a los partidarios de la directiva. Después, como acaba de destacar el señor McCreevy, portavoz de la Comisión y sucesor del señor Bolkestein, hemos de ser realistas: ha habido referendos en Francia y en los Países Bajos. O también, como ha precisado John Marks, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, el éxito del «no» ha «cambiado el paisaje europeo, [porque] después de eso todo el mundo comprendió que había que situar los asuntos sociales en el centro de las políticas europeas». Por esta razón, no ponemos mala cara a los cambios que se han introducido a lo largo de las distintas negociaciones en torno a la directiva en la Comisión.

La cuestión que se plantea es si la directiva así modificada se ha convertido en una buena directiva, si ha cambiado su contenido esencial. En resumen, si, como afirman algunos, los trabajadores pueden estar tranquilos por lo que respecta al futuro de sus derechos sociales. Nuestra respuesta es por desgracia «no», y los que afirman lo contrario asumen a mi entender una grave responsabilidad. En primer lugar, subestiman gravemente los efectos del actual acervo comunitario en que se inscribiría esta directiva, si es aprobada. Más allá de los propios Tratados, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia Europeo, a la que el Comisario McCreevy acaba de referirse de modo insistente y muy significativo, protege sistemáticamente a las empresas prestatarias de servicios que siguen el principio del país de origen y continúa alzándose en contra de las normas del país de acogida, acusadas de obstaculizar las actividades de esas empresas.

Ante semejante secuestro de soberanía, pienso que hay que organizar una verdadera contraofensiva si queremos poner freno a la máquina de nivelar las conquistas sociales a la baja. Al renunciar a una referencia explícita al principio del país de destino, el compromiso alcanzado entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se mantiene abierto, por el contrario, al acoso de la Comisión y del Tribunal.

Por otra parte, los partidarios de este compromiso sobrestiman mucho, en mi opinión, el alcance de las garantías sociales que dicen haber introducido en el proyecto de directiva. En efecto, bastará que una empresa establecida en un país dotado de normas sociales menos rigurosas ofrezca sus servicios en la Unión a través de trabajadores denominados «autónomos» para que el país de acogida pierda todo derecho a imponerle el respeto de las normas locales. Otro ejemplo: se dice que las disposiciones sobre el desplazamiento de trabajadores ahora integradas en el proyecto de directiva permiten garantizar a los trabajadores de otros Estados miembros el respeto de la duración máxima de la jornada laboral. ¡Bonita cosa! Les recuerdo que la duración máxima de la semana laboral es de 48 horas en la UE y hasta de 65 horas en algunos países.

Se considera que esas mismas disposiciones garantizan el respeto de los convenios colectivos. De hecho, no hay nada menos seguro. Se trata de una zona gris del Derecho comunitario, como reconoció recientemente el portavoz de la Dirección General de «Mercado Interior y Servicios» de la Comisión. En un contexto tan precario, hay que descartar toda ambigüedad, toda vacilación, todo margen de interpretación para la Comisión y el Tribunal. El mensaje que hay que transmitirles es claro: tenemos que rechazar la directiva en la votación de este jueves y, si no lo conseguimos ahora, este seguirá siendo nuestro objetivo a lo largo de todo el proceso.

Entre tanto, mi Grupo trabajará al menos por que se incluya explícitamente en la directiva la primacía de las normas del país de destino y se limite cuanto sea posible el ámbito de aplicación de este texto, en particular excluyendo de él todos los servicios públicos. Del Atlántico al Báltico, de Laponia al Peloponeso, decimos sí a la igualdad, sí a la solidaridad, sí a la promoción de los derechos de cada una y cada uno, y por tanto no a la Directiva Bolkestein. Con este espíritu me uno a usted, señor Presidente, para desear una calurosa bienvenida en Estrasburgo a las decenas de miles de trabajadores que han venido a defender sus derechos y la idea de una Europa en la que puedan reconocerse de nuevo.

(Aplausos del Grupo GUE/NGL)

  Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, qué bien recuerdo la declaración de la Agenda de Lisboa en esta misma Cámara. Íbamos a convertirnos en la economía más dinámica y vibrante del mundo, con pleno empleo. Bien, aquí estamos, a mitad de camino, y ¿qué tenemos? Veinte millones de personas en paro y, en la zona del euro, índices de crecimiento desesperadamente bajos y una caída absoluta de la inversión directa extranjera. Vamos dando tumbos en un desierto económico y, como los soldados de la Legión Extranjera Francesa en Beau Geste, de repente hemos tenido una visión: la Directiva de servicios. Nos dará un mercado libre, una economía liberal y la solución a todos nuestros males. Por desgracia, naturalmente, es un espejismo, porque nada nunca es lo que parece en la Unión Europea. Esta creencia de que más legislación mejorará la situación siempre es errónea.

Cuando hablábamos en 1999 de la creación de un mercado único de servicios financieros, todos mis amigos del mundo real de la City de Londres dijeron: «Nigel, os habéis equivocado». Estoy acostumbrado a que la gente me diga que me he equivocado. Pero, siete años después, ¿qué ha ocurrido? Tenemos un plan de acción de servicios financieros, se han aplicado 42 nuevas directivas y la carga sobre los servicios financieros es más pesada que antes. Todos los días hay empresas que se marchan a Suiza y a las Bermudas y lo mismo ocurrirá con la Directiva de servicios.

La aplicación de esta directiva variará de país a país. La Comisión dirá que necesitamos más medidas de armonización para que funcione. La carga sobre las empresas aumentará y, lo peor de todo, será el Tribunal de Justicia Europeo quien pueda legislar y decidir sobre todo esto. Esta directiva representa otra cesión masiva de poder de los Estados miembros a estas instituciones fallidas. Ya no podrán dirigir sus propias economías. Votaremos «no».

(Aplausos del Grupo IND/DEM)

  Adam Jerzy Bielan, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, uno de los objetivos fundamentales de los padres fundadores de la Comunidad Económica Europea era la creación de un mercado interior en el que imperara la libre circulación de personas, mercancías, capital y servicios.

Han pasado cincuenta años y este objetivo aún no se ha alcanzado. En el sector de los servicios, cualquier actividad más allá del mercado nacional aún se considera una prestación de servicios en el extranjero y no dentro de una única entidad, la Unión Europea. Los miles de disposiciones existentes y los permisos necesarios son un obstáculo para el desarrollo del sector de servicios europeo. Quiero recordar a la Cámara que el sector de los servicios representa el 70 % del PIB de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia Europeo ha resuelto en repetidas ocasiones a favor del derecho de los prestadores de servicios a beneficiarse de su libertad como empresarios y de la libre circulación de los servicios que prestan en otros Estados miembros. Hay muchos indicadores fiables de que la plena aplicación de la directiva propuesta conducirá a la creación de 600 000 empleos en la Unión Europea y también reducirá en más de un 50 % las barreras existentes a la prestación de servicios. Además, habrá una reducción en el coste de los servicios que contempla la directiva, lo que beneficiará tanto a los consumidores como a las empresas que hagan uso de los servicios. Los consumidores europeos, las empresas y los Gobiernos también se beneficiarán a resultas de un aumento de la productividad, mayor empleo y salarios más altos.

Esta sesión parlamentaria nos brindará la oportunidad de demostrar qué tipo de europeos somos. Confío en que demostremos valor, responsabilidad y sabiduría. Abogo por el compromiso, un enfoque que esta Cámara ha adoptado desde hace mucho tiempo. Pero no puedo aceptar una situación en la que, a pesar del difícil compromiso alcanzado y consagrado en el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, algunos Grupos políticos responsables vuelvan a correr el peligro de sucumbir al chantaje y al fraude. Después de todo, ¿cómo describir si no la aprobación de más restricciones al ámbito de aplicación de la directiva y la eliminación del principio fundamental del país de origen?

También espero que la Cámara rechace la eliminación de las disposiciones que prohíben las barreras ilegales para la prestación de servicios por parte de los trabajadores desplazados en el extranjero. Estas barreras no afectan a los ciudadanos de países específicos sino que limitan la libertad y la movilidad de todos los europeos, de los consumidores y de los empresarios.

Concluyo con un llamamiento al señor Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y al Comisario McCreevy para que prosigan sus esfuerzos por alcanzar un verdadero mercado libre y el desarrollo económico de Europa. Eso es lo que también esperan de nosotros los ciudadanos europeos.

  Marine Le Pen (NI). – (FR) Señor Presidente, Señorías, igual que sucedió con el mandato quinquenal y con el tipo reducido de IVA para los restauradores, Jacques Chirac habrá mentido por tercera vez con la Directiva Bolkestein. No fue retirada en marzo de 2005 como había prometido, solo se aplazó el tiempo necesario para el referendo sobre la Constitución Europea. Hoy vuelve al Parlamento Europeo, un año después, enmendada y modificada, es cierto, pero igual de polémica.

A juzgar por el gran número de enmiendas presentadas, 404, no se puede decir que se haya alcanzado el consenso tan buscado por la ponente de la Directiva de servicios, la señora Gebhardt. Nos dicen que se ha alcanzado un acuerdo in extremis entre los dos principales Grupos del Parlamento Europeo para retirar el principio del país de origen, principal escollo de la directiva. No es así en absoluto, puesto que ese compromiso solamente ha sido firmado por los representantes de los Grupos, pero no ha sido sometido a los propios Grupos. Es una extraña idea de la democracia representativa transmitida con la connivencia de los medios de comunicación.

No nos dejemos impresionar por esos falsos rumores y atengámonos al texto del informe. Es un informe complejo, poco claro, ambiguo, contradictorio y, lo que es más, peligroso. No solo los servicios de interés económico general, es decir, los servicios de mercado públicos, siguen figurando en el informe, con algunas excepciones, sino que han desaparecido algunas salvaguardias. En aras de la simplificación, el régimen de autorización previa se ha suprimido y se ha sustituido por el muy burocrático sistema de ventanilla única europea.

De hecho, Bolkestein no es más que un títere de la OMC, cuyo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios impondrá el principio del país de origen a los Estados, muy contentos de subirse al carro ginebrino. El riesgo de dúmping social no está descartado, desde el momento en que la Comisión Europea puede apoyarse en una mayoría de Estados liberales deseosos de beneficiarse de sus ventajas comparativas.

Como todas nuestras competencias se han transferido a Bruselas, en especial en materia de competencia, no debería sorprendernos que arremetan contra nuestros servicios públicos, se opongan a nuestros colegios profesionales y se haga caso omiso de nuestras peculiaridades. El nuevo orden mundial no soporta las resistencias nacionales. Todo debe uniformizarse por ley o por la fuerza del mercado; a falta de tiempo, el mercado se encargará de destruir los elementos más preciados de nuestra industria, nuestro comercio, nuestra artesanía y nuestras profesiones literales, antes de atacar nuestros servicios sanitarios y de enseñanza y nuestra cultura. Eso es contra lo que luchamos.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario. – (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario quiero decir que fue un placer que la ponente tuviera en cuenta todas las cuestiones que planteamos.

Todos en esta Asamblea saben cuánto tiempo se ha dedicado a esta directiva. A juzgar por las enmiendas de transacción presentadas por el Grupo del PPE-DE y el Grupo del PSE, en el mes pasado se ha notado bastante el espíritu de San Valentín. Es una vergüenza que esos compromisos se alejen tanto del texto aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, tras algunos heroicos esfuerzos del señor Harbour, el ponente alternativo.

Personalmente creo que a veces las concesiones son necesarias, pero no estos compromisos, no ahora en una Europa donde es verdaderamente necesaria la reforma económica. El Presidente Barroso, como comunista reformado, sabe que a menudo en política casi todo del ruido procede de los extremos políticos. Muy a menudo es la izquierda la que chilla más. De hecho, unas 30 000 personas se manifiestan hoy en Estrasburgo con la intención de proteger los mercados en los que operan. Aunque eso pueda hacer que se sientan más cómodos a corto plazo, no les ayuda en sus perspectivas de empleo a largo plazo. Se han olvidado de los 20 millones de personas que actualmente están en paro en todo nuestro continente.

Si no liberalizamos, si no mantenemos el principio del país de origen, en el futuro muchas otras personas se sumarán a esos 20 millones y muchas otras seguirán estancadas. Como era de esperar, señor Presidente, siendo conservador no suelo estar de acuerdo con mi Primer Ministro, el señor Blair. Sin embargo, estoy de acuerdo con su Gobierno cuando dice que esta directiva ya está muy aguada. Me pregunto si los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo están de acuerdo.

Es un reto para esta Asamblea que votando a favor de las enmiendas aprobadas en la Comisión del Mercado Interior establezca una directiva que permita a Europa recorrer el camino de la liberalización y no solo hablar de ella, y que cree nuevos puestos de trabajo y no se limite a proteger la situación actual.

  Pervenche Berès (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (FR) Señor Presidente, debo el privilegio de intervenir en este debate a un resultado desafortunado de la discusión del informe de la señora Wagenknecht en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Al final, tras la votación en comisión, ella retiró su nombre del informe.

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, nuestra ponente de opinión, la señora Wagenknecht, quiso proponer el rechazo de la directiva porque el artículo 16 estipula el principio del país de origen, que no es compatible con el principio de subsidiariedad, pone en peligro los servicios de interés general y puede comportar un dúmping fiscal, social y ambiental, poniendo en peligro los fundamentos mismos del modelo social europeo.

Nuestra ponente propuso también oponerse al principio del país de origen y a la llamada Directiva «Bolkestein», que de ahora en adelante deberíamos llamar «Directiva McCreevy», puesto que ponía en competencia 25 sistemas jurídicos, generaba inseguridad jurídica y podía conducir a una competencia desleal entre las empresas, que no estarían ya sujetas a las mismas condiciones.

Por desgracia, con su voto, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no la siguió. Por lo que respecta en particular al principio del país de origen, nuestra comisión pensó que debía ser la norma, aunque probablemente esto será rebatido en el Pleno. No obstante, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios consideró que debían excluirse cierto número de servicios, en la medida en que son objeto de reglamentaciones específicas que figuran en otros instrumentos comunitarios. Se trataba en particular de los servicios financieros. El riesgo de incoherencia de semejante base de exclusión quedó felizmente descartado por la votación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

Espero que suceda lo mismo en el Pleno. No es menos cierto que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios descartamos asimismo la liberalización de los servicios de interés económico general, la privatización de las entidades públicas que prestan servicios y defendimos la idea de que esta directiva no debe atentar contra las normas comunitarias que rigen la competencia y las ayudas estatales.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. – (NL) Señor Presidente, en este momento hay más de 30 000 manifestantes fuera de este edificio. Han venido para manifestarse en contra de la Directiva de servicios. Y no es la primera vez que los ciudadanos de Europa nos hacen saber que no están a favor de esta propuesta de liberalización.

Si bien soy consciente de que muchos de los diputados presentes probablemente apoyarán la directiva, no es la primera vez que esta Cámara se muestra totalmente incapaz de representar a la opinión pública europea. Un ejemplo es el fracaso de la Constitución Europea.

Se ha dicho mucho sobre el famoso compromiso entre los dos grandes Grupos. Es típico que un tema importante como este sea tan a menudo objeto de intrigas. Esto es indigno de una democracia.

También es un compromiso cobarde porque, en lugar de tomar una decisión política clara, se está pasando la responsabilidad a los tribunales. Aunque la propuesta original de Bolkestein era inaceptable en todos los aspectos, al menos era clara. Con este compromiso, el Parlamento solo está demostrando su falta de poder político y pronto los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente sufrirán esa falta de poder.

En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria todo ha sido muy diferente, ya que una amplia mayoría ha tenido el valor político de rechazar la propuesta original, el principio del país de origen y la socavación de los servicios públicos y las estructuras sociales. Es una pena que los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor hayan demostrado menos sentido común en su votación. Espero que el jueves esta Cámara demuestre tener mucho más sentido común.

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. – (DE) Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta semana es bastante crucial para la credibilidad de la Unión Europea y de esta Cámara en particular.

Se están haciendo peticiones a los responsables políticos europeos y a esta Cámara, y tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cumplirlas. Continuamente afirmamos nuestro deseo de reducir el desempleo masivo, pero solo seremos creíbles si hacemos algo por las personas que no tienen trabajo, y podemos hacerlo ahora.

Esta semana votaremos sobre la directiva de servicios que, si se aplica, será capaz de crear 600 000 nuevos empleos en Europa, siempre y cuando se apruebe en la misma forma que se aprobó en mi Comisión de Industria o en la Comisión de Mercado Interior. El compromiso ha tenido en cuenta las críticas justificadas a la propuesta original de la Comisión, al tiempo que garantiza una nueva inyección de dinamismo en el mercado de los servicios de la UE.

La Comisión de Industria ha aceptado mi opinión y solo seis miembros han votado en contra, pero el intento de alcanzar el compromiso que hoy tenemos ante nosotros, el resultado del regateo entre los dos grandes Grupos da fe de su desprecio por las comisiones especializadas y el laborioso trabajo que han realizado. En el análisis final, el denominador común es tan pequeño que no justifica los esfuerzos de los últimos años.

Este compromiso no solo constituye un ataque al principio del mercado interior, al que debemos nuestra prosperidad e integración, sino también una bofetada a los nuevos Estados miembros, que han quedado prácticamente excluidos de las negociaciones.

La votación sobre la Directiva de servicios nos da la oportunidad de contribuir a la estrategia de Lisboa en el ámbito europeo, porque sabemos que los Estados miembros están haciendo un esfuerzo por hacer lo que prometieron, y esta Cámara irá a la deriva si no consigue enviar un mensaje claro sobre la necesidad de nuevos empleos.

A los sindicatos, que siguen difundiendo mentiras y miedo, no les importan estos argumentos. Hoy veremos a 30 000 sindicalistas bien organizados intentando impedir la creación de 600 000 nuevos empleos. Algunos están aquí para intentar conservar lo que ya tienen. Ahora tenemos la oportunidad de afirmar de manera clara nuestro deseo de que Europa sea un lugar mejor para hacer negocios. Aprovechémosla.

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. – (FR) Señor Presidente, en 1957 los seis países fundadores de la Comunidad Económica Europea se comprometieron a realizar un gran mercado en el que circularían libremente las personas, las mercancías, el capital y los servicios. Casi 50 años más tarde, solo queda por aplicar la libre circulación de los servicios.

La propuesta de Directiva relativa a los servicios, que se inscribe en el proceso de reformas económicas lanzado por el Consejo Europeo de Lisboa para hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en 2010, representa, tal como se nos propone hoy, un importante paso adelante político para la Unión Europea. Durante 18 meses, el Parlamento Europeo se ha esforzado por reescribir la propuesta inicial de la Comisión a fin de llegar a una versión profundamente modificada. Se trata de una versión equilibrada cuyo objetivo es conciliar la eficacia económica mediante la apertura del mercado de servicios y la justicia social mediante la preservación de las conquistas sociales que protegen a los ciudadanos de la UE. Esta versión reconoce también el carácter específico de determinados servicios, en particular los servicios culturales y audiovisuales, que son portadores de identidad y valor y, en este sentido, no pueden considerarse bienes de consumo o servicios comerciales como los demás.

Además, los servicios audiovisuales son objeto ya de un enfoque sectorial a escala comunitaria a través de la Directiva de «Televisión sin fronteras». Esta última responde a los objetivos fijados por la Directiva de servicios, es decir, garantiza la libre prestación de servicios al mismo tiempo que permite perseguir otros objetivos, como la promoción de contenidos europeos, el respeto de la diversidad cultural y el fomento del pluralismo de los programas. Teniendo en cuenta estos principios, la Comisión de Cultura y Educación, seguida por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, se ha pronunciado, por una amplia mayoría, a favor de la inclusión de una cláusula de reserva cultural y la exclusión de los servicios audiovisuales del ámbito de aplicación de la directiva.

En efecto, es esencial que la Directiva de «Televisión sin fronteras», hoy en curso de revisión, siga siendo el único texto de referencia en la materia. Pero es igualmente necesario que vea la luz una Directiva de servicios para que podamos crear un verdadero mercado interior de los servicios en la Unión Europea.

Para concluir, quiero felicitar a la señora Gebhardt por la calidad de su informe, pero también al señor Harbour, a la señora Thyssen, al señor Toubon y al señor Karas por su gran esfuerzo por elaborar un texto a favor del cual votaremos con mucho gusto el jueves.

  Kurt Lechner (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (DE) Señor Presidente, Señorías, solo dispongo de dos minutos, pero son suficientes para subrayar algunos puntos importantes. Tras el debate público, uno podría tener la impresión de que la libertad de prestar servicios es algo que se había inventado esta directiva, pero de hecho tiene la fuerza de la ley. El problema es que es una ley que muchos países no cumplen; en su lugar, han levantado barreras y usan todo tipo de artimañas para frustrarla. Todo lo que hay que hacer es eliminar ese proteccionismo, ya que de eso tratan todas esas artimañas, y esta directiva nos proporciona los medios legales adecuados para hacerlo.

La integración política y económica de Europa en el sector de los servicios, que representa el 70 % del PIB, será beneficiosa para todos. Pero no es crucial para los grandes actores globales o en términos de valor accionista, y sobre este punto quiero hacer referencia a lo que ha dicho el Presidente Barroso y el señor Watson. Los grandes actores globales no necesitan la directiva, porque tienen filiales y agencias en todas partes a través de las cuales ofrecen sus servicios, pero sin duda es crucial para las pequeñas y medianas empresas. También beneficia a los particulares en forma de más elección y libertad, en especial a los trabajadores, porque generará más empleo, y el empleo es la mejor forma de política social.

Algunos están usando a un Comisario que ya no está aquí para defenderse como pretexto para evocar términos como mercado libre liberal, mercado libre radical y neoliberal, lo cual no conduce a ningún sitio y es alarmista. Lo que importa es el texto, porque con él se harán avances importantes. A mí también me hubiera gustado que las votaciones en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y en la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la que hoy represento, hubieran aprobado menos derogaciones.

Pero hay algunas cosas que me parecen decisivas. En primer lugar, no se está haciendo nada para empeorar la situación actual. En segundo lugar, el progreso es una certeza absoluta; la única cuestión es que tal vez no sea suficiente. En tercer lugar, no se está impidiendo a nadie que tome medidas más tarde, cuando haya llegado la hora. Es muy posible que esa hora llegue antes de lo que imaginamos.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (ES) Señor Presidente, no hay nada malo en querer reducir las barreras injustificadas a la libre circulación de servicios en el marco de un mercado único, siempre y cuando se haga de forma responsable, garantizando que ello no menoscaba los derechos sociales y ambientales, y avanzando hacia una armonización a escala europea de la legislación de servicios.

Pero, tal y como está planteada, esta propuesta de directiva plantea numerosos riesgos, muchos de los cuales ya se han evocado. En mi condición de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, voy a referirme específicamente a aquéllos relacionados con la dimensión de género.

Los riesgos para las mujeres tienen que ver básicamente con la creación de empleo femenino y con sus condiciones laborales, así como con su condición de consumidoras de servicios.

En primer lugar, la puesta en marcha de la directiva en sus términos actuales conllevaría, sin duda, efectos negativos sobre el empleo femenino, especialmente, en los sectores con mano de obra mayoritariamente femenina. Lo que se necesita hoy, y se ha dicho en varias ocasiones, es mayor inversión en formación y, por tanto, un incremento del gasto público y no, como plantea esta directiva, simplemente mayor competencia.

Por lo demás, es preocupante que la Comisión no haya llevado a cabo un análisis del impacto social y laboral, sobre todo, teniendo en cuenta los efectos que hemos visto en otras liberalizaciones anteriores, las cuales han conllevado la destrucción de numerosos puestos de trabajo y en muchas ocasiones han erosionado también la cohesión social.

Por otro lado, la liberalización de los servicios sanitarios y sociales podría conducir a un deterioro del bienestar social y de la cobertura en cuidados sanitarios en favor de seguros privados, lo que afectaría sobre todo a las mujeres en tanto que principales consumidoras de estos servicios.

Por último, la aplicación del principio del país de origen, tantas veces mencionado, a proveedores de servicios, podría provocar abusos y manipulaciones ya que en los ámbitos que no están armonizados a escala europea, que son la mayoría, este principio permitiría la coexistencia de varios regímenes nacionales y permitiría también la yuxtaposición, en su caso, de veinticinco reglamentaciones nacionales, lo cual repercutiría en que las consumidoras no supieran a quién y cuándo reclamar.

  Marcin Libicki (UEN), ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. – (PL) Señor Presidente, la Comisión de Peticiones ha apoyado el proyecto inicial de la Directiva de servicios. Acogimos con satisfacción incluso la propuesta anterior del Comisario Bolkenstein. Estoy obligado a recordárselo a la Cámara. En el transcurso de nuestras conversaciones y deliberaciones sobre el tema en la Comisión de Peticiones también hemos afirmado que, en nuestra opinión, la integración europea está basada en lo que suscribimos, es decir, las cuatro libertades fundamentales. Dichas libertades tenían que representar una nueva oportunidad para Europa. Tenían que hacer posible el éxito de la Estrategia de Lisboa.

Queríamos que la integración europea fuera una realidad. Estamos totalmente a favor, pero solo en lo que respecta a lo que suscribimos. Y lo que suscribimos era básicamente la integración económica europea. Nos entristece escuchar que algunos Estados miembros no están contribuyendo a la integración. Quiero señalar que nosotros no rechazamos el Tratado Constitucional y no queremos limitar la economía europea.

Estoy preocupado por la idea de alcanzar un compromiso y pasar por alto las diferencias de opinión. Eso engañaría a la opinión pública europea. Los ciudadanos tienen que saber que, al igual que la opinión está dividida fuera, también lo está en esta Cámara. No queremos crear la impresión de que nadie quiere libertad económica y que nadie quiere ayudar a que Europa se convierta en la principal fuerza motora y no en una de las muchas fuerzas motoras del éxito europeo. Me ha entristecido escuchar referencias al dumping social en la Cámara. No es coherente con una economía normal y sana. No me sorprende que los manifestantes de hoy estén tan contentos, porque parece que van a tener éxito. Conseguirán el tipo de éxito que los sindicalistas bien pagados siempre consiguen.

  Anne van Lancker (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (NL) Señor Comisario, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la señora Gebhardt por el duro trabajo que ha realizado hasta la fecha. Le tengo un gran respeto. También quiero dar las gracias a los diputados de los demás Grupos. Creo que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado en las últimas semanas. No se ha debatido nada a puerta cerrada; se ha celebrado un debate abierto.

También estoy en deuda con los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. En efecto, vamos a enviar un mensaje contundente, porque esta Cámara tiene ahora una gran responsabilidad. Tenemos que demostrar que es posible crear un mercado interior de servicios en un intento de desarrollar plenamente nuestro modelo social. Por ello tenemos que votar a favor de una directiva que cierre el paso al dúmping social. Esto también recuerda a uno de los mensajes que ha enviado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Creo que los ciudadanos de Estrasburgo pueden estar de acuerdo con esos mensajes, y también la mayoría de nuestros colegas diputados.

En primer lugar, creo que hay suficiente material sobre la mesa, como el cumplimiento de la legislación laboral, la protección social, los convenios colectivos y las relaciones laborales, incluidas las acciones colectivas, que la Cámara puede incorporar para ofrecer garantías absolutas.

En segundo lugar, mi comisión ha dicho que la Directiva de servicios no debe socavar de ninguna manera las disposiciones sociales europeas existentes. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, en particular, es una cuestión delicada a este respecto. Muy a menudo, se considera que la Directiva de servicios es una carta blanca para la eliminación progresiva de las condiciones laborales de los trabajadores y el recorte de salarios, y en algunos países –de hecho, en un buen número de ellos– últimamente se ha informado de incidentes derivados de prácticas fraudulentas. Hemos visto ejemplos como Laval en Suecia, Struik Foods en Bélgica e Irish Ferries, pero hay muchos más.

Estas prácticas son sencillamente ilegales, pero como la Directiva de servicios amenaza con dificultar todavía más la inspección, es importante que aclaremos que los artículos 24 y 25 están eliminados mientras que la Directiva de servicios permanece plenamente en vigor.

Pero este no es el final. En efecto, señor McCreevy, tendremos que tomar medidas para que los empresarios de buena fe tengan un mejor acceso a la información y las medidas antiburocráticas. Sin embargo, señor Comisario, también necesitamos tomar medidas para garantizar que la legislación sobre el desplazamiento de trabajadores, que en teoría es buena, se cumpla. Es demasiado fácil eludir esta legislación y hay demasiados ejemplos de mal uso de la misma.

En tercer lugar, mi comisión ha dicho que hay que hacer algo con respecto al ámbito de aplicación de esta directiva. Es positivo que ya haya un consenso para eliminar los servicios sociales, los servicios sanitarios, las agencias de trabajo temporal y los servicios de seguridad de esta directiva, porque trabajan de una forma completamente diferente. De hecho, mi comisión opina que tienen que excluirse todos los servicios de interés económico general, por la sencilla razón de que no tienen una razón de ser comercial, sino que la principal intención es dar un servicio de interés general, o dicho de otro modo, garantizar los derechos humanos básicos. Creo que sería positivo que se eliminaran de la directiva.

Seré breve respecto del principio del país de origen. Según la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, este principio es inaceptable. Creo que el compromiso que está sobre la mesa es bueno, porque permite que los países donde se presta el servicio sigan tomando medidas legislativas en beneficio del interés general.

Para concluir, espero que el jueves esta Cámara pueda enviar un mensaje contundente –en forma de un nuevo texto revisado– a la Comisión y al Consejo sobre el ajuste social radical al documento original de la Comisión que este Parlamento Europeo apoya, porque solo entonces podremos convencer a los ciudadanos de que lo que esta Cámara ha elaborado no es un permiso para el dúmping social.

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, hace ya más de dos años que empecé a trabajar en torno a esta directiva y desde el principio he estado convencido de que sus objetivos y la ambición de abordar las barreras al mercado interior de los servicios han sido totalmente correctos. ¿Por qué se ha tardado dos años? Al final de la anterior legislatura ya estaba lista; hemos visto algunas de las cuestiones planteadas en las numerosas intervenciones de hoy, que, en muchos casos, han exagerado los problemas pero han minimizado las oportunidades.

Después de la altisonante retórica que hemos podido escuchar hoy en torno a cuestiones como el dúmping social y otros, que nunca he creído que surgirían de esta directiva, es muy importante que no olvidemos las oportunidades, así que voy a hablar un poco sobre ellas esta noche.

En primer lugar, quiero agradecer en particular a todos los diputados de mi Grupo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor que han trabajado incansablemente conmigo para reformular este texto. Calculo que tres cuartas partes de todas las enmiendas al texto sobre las que votaremos el jueves proceden de nuestro Grupo. En particular, toda la idea de una cláusula central llamada «libertad de prestación de servicios» la desarrollamos nosotros en la fase previa a la votación de la comisión. Esta cláusula formará la base del compromiso que quiero recomendar esta tarde a todos mis colegas. También quiero dar las gracias a los colegas del Grupo ALDE y del Grupo UEN que nos ayudaron a obtener un resultado muy importante en la comisión el pasado mes de noviembre.

Es uno de los temas que más debate y controversia han suscitado en los dos últimos años. Este será el último debate de este ciclo, pero estoy seguro de que tendremos muchos más. En el centro del debate ha estado la señora Gebhardt, una ponente trabajadora y decidida. Aunque no esté escuchándome –creo que está ocupada con su lista de votación–, quiero rendir homenaje a ella y a la manera muy cortés y meticulosa de dirigir nuestro trabajo en torno a una propuesta muy complicada y difícil.

He dicho que quiero examinar el efecto del conjunto de la directiva, porque deberíamos pensar en particular en las pequeñas y medianas empresas, que se frustran constantemente por su incapacidad para acceder en estos momentos al mercado interior. Hay toda una serie de disposiciones en esta propuesta –no menos de 81 disposiciones sobre los Estados miembros– para abordar estos tipos de barreras, porque las empresas quieren poder entrar en los mercados; quieren poder empezar sin barreras innecesarias y burocráticas; quieren poder enviar a sus expertos a otros países. Pero también quieren saber que no estarán sujetas a restricciones desproporcionadas e innecesarias, y esto incluye exigirles que cumplan conjuntos de reglas por duplicado y obtengan autorizaciones que ya han conseguido en sus propios países. No creo que esto sea razonable. Los tribunales europeos no creen que sea razonable y que esto esté recogido en este compromiso. Si ese es el devastador principio del país de origen, entonces, ¿de qué hemos estado discutiendo todo este tiempo? Está en la jurisdicción del Tribunal de Justicia. Mi lectura de este compromiso es que no está en modo alguno rebajado y debemos asegurarnos de que no quede rebajado cuando lleguemos a la votación.

Se ha mencionado el papel de la Comisión. Si el Comisario McCreevy también me escuchara –cada vez que me dirijo a alguien, ese alguien está hablando–, le diría que como Comisario tiene una responsabilidad crucial en ese sentido. No quiero que se limite a elaborar una propuesta basada palabra por palabra en este texto. Tenemos que trabajar más en torno a ella, porque es necesario que beneficie a las empresas, de lo contrario no tiene ningún sentido. Creo que podemos hacerlo.

Para concluir, quiero decir al señor Bartenstein –y todavía llevo mi corbata austriaca, porque le dije que la llevaría mientras vislumbráramos un acuerdo claro– que aún puede conseguir que esto se ponga sobre el tapete de la cumbre económica de marzo si pone en ello todo su empeño.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DE LA SRA. ROTH-BEHRENDT
Vicepresidenta

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Señora Presidenta, rara vez un proyecto de directiva habrá suscitado tantas pasiones. Bolkestein se ha convertido en el Salvador para unos y el Anticristo para otros. Pero, a juzgar por ciertos discursos, está claro que pocas personas han leído realmente el texto inicial. Muchos de los que se oponen no se han dado cuenta de que el Parlamento ha reescrito por completo la denominada propuesta «Bolkestein» y aun así siguen reclamando que rechacemos la directiva. Yo les pediría que no lo hagan. El Parlamento debe hacer su trabajo de legislador, si no el Tribunal de Justicia Europeo impondrá su jurisprudencia, cosa que podría ser peligrosa.

Actualmente están pendientes ante el Tribunal de Luxemburgo 53 asuntos relativos a la libre prestación de servicios. El Tribunal espera manifiestamente alguna aclaración por parte del legislador europeo. Si el Parlamento Europeo no hace su trabajo, el Tribunal hará el suyo. Pido que se vote a favor del compromiso establecido entre la señora Gebhardt y el señor Harbour, que abre el mercado interior de los servicios al mismo tiempo que evita la competencia salvaje y desleal y salvaguarda el derecho de cada Estado a defender de un modo no discriminatorio su modelo social y sus servicios públicos.

La propuesta Bolkestein fue torpe, intentó obviar el método comunitario de armonización progresiva con el principio del país de origen. Ahora bien, este principio no está consagrado en los Tratados, aun cuando se haya utilizado, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal, para favorecer la libre circulación de mercancías. Pero los servicios los prestan seres humanos, que deben estar protegidos contra el dúmping social. El principio del país de origen era un incentivo al menor postor reglamentario, pero el principio del país de acogida invita a un proteccionismo ciego y brutal. Hay que abolir el proteccionismo y los obstáculos al comercio que se han acumulado desde 1957, sobre todo en los Estados miembros fundadores.

El Tratado de Roma consagró el objetivo de la libre circulación de servicios. Estamos lejos de ello, aun cuando nuestros países se hayan convertido en lo esencial en economías de servicios. No todos los servicios son exportables. Los servicios públicos seguirán dependiendo de las autoridades públicas. Para los servicios públicos comerciales, los Estados tienen la facultad de definir qué entienden por servicios de interés económico general y regular su organización y financiación.

En algunos países se intenta deificar el concepto de servicio público sin preguntarse si los servicios públicos son realmente servicios al público. Es difícil aceptar que Francia, por ejemplo, intente preservar sus denominados mercados de servicios públicos cuando empresas públicas y privadas francesas están saqueando otros mercados. El equilibrio que se ha encontrado gracias al trabajo de la señora Gebhardt, el señor Harbour, la señora Lancker, la señora Thyssen y algunos otros garantiza el control por los Estados de los servicios a los ciudadanos, al mismo tiempo que se evitan las medidas discriminatorias.

Terminaré, señora Presidenta, diciendo que la aprobación de la directiva modificada hará caer la directiva Bolkestein en el olvido. Gracias a las nuevas facilidades, en particular las ventanillas únicas, el mercado interior de la Unión progresará.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señora Presidenta, Señorías, el debate sobre la Directiva de servicios ha suscitado fuertes emociones y aún no estamos completamente en calma.

En democracia se toman decisiones a través del debate, y a veces se trata de un largo debate. A resultas de los debates en el Parlamento Europeo se ha mejorado la propuesta de la Comisión; ahora es aceptable.

La directiva no ha quedado aguada con enmiendas: es una cuestión del funcionamiento de la democracia. Algunos dicen que los diputados al Parlamento Europeo tienen miedo de llevar a cabo reformas atrevidas y que tenemos miedo de sacar adelante la directiva original. En respuesta a eso quiero decir que no estamos trabajando en una torre de marfil. Tenemos en cuenta las preocupaciones legítimas cuando es necesario, y modificaremos la directiva si lo creemos oportuno. Escuchamos a la opinión pública, y así tiene que ser. Esto se llama democracia, que la Unión Europea afirma respetar y que incluso vende al mundo exterior.

Estoy dispuesto a apoyar propuestas razonables para llegar a un compromiso, porque es mejor tener alguna clase de armonía imprecisa que un gran desacuerdo. Pero estoy seguro de que podremos alcanzar un buen consenso respecto de esta cuestión. Será positivo para el mercado interior europeo. Por otra parte, tenemos que asegurarnos de que los Estados miembros no tengan libertad para impedir la circulación comercial de los servicios por motivos demasiado endebles.

Para concluir, quiero dar las gracias a la señora Gebhard y a todos los presentes, incluido el Comisario McCreevy.

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – (FR) Señora Presidenta, también yo quiero sumarme a la gratitud expresada por otros a la señora Gebhardt y la señora Van Lancker por su excelente labor, pero asimismo por la lealtad y el espíritu de cooperación que han mostrado tanto con mi Grupo como con los demás. Dicho esto, y tras haber escuchado la intervención del señor Harbour, después de la señora Gebhardt y la señora Van Lancker, no estoy realmente seguro de que el famoso texto común signifique lo mismo para todos, lo que me preocupa y me reafirma en la idea expresada por la señora Rühle de que quizás se trate de un compromiso que incremente la inseguridad jurídica en vez de reducirla.

Señor McCreevy, el señor Barroso ha hablado de un malentendido. Está claro que el malentendido se debe en especial al famoso principio del país de origen. Todos deseamos la creación de puestos de trabajo, pero no se crea empleo simplemente aumentando la competencia y bajando los precios con vistas a incrementar la demanda. La demanda aumenta cuando la gente –tanto los ciudadanos como los trabajadores– tiene confianza. Para que tengan confianza, es necesario que estén convencidos de la equidad de las reglas de competencia. Por esta razón, el principio del país de origen no solo no existe jurídicamente en los Tratados, sino que, a mi juicio, sería económicamente desastroso. No queremos una Unión de 25 en la que se desarrolle una competencia de «norma nacional contra norma nacional». Si queremos enviar señales políticas positivas a los nacionales de los nuevos Estados miembros, dotémonos de un presupuesto a la medida de la solidaridad que debemos demostrar; hagamos, como ha aconsejado la Comisión –y al decir esto me dirijo a la Presidencia del Consejo–, que todos los Estados miembros levanten las restricciones a la libre circulación de los trabajadores; hagamos que el 1 de mayo de 2006 sea efectivamente un 1 de mayo para todos los trabajadores de los 25 países de esta Unión Europea.

Por último, señor McCreevy, durante la legislatura anterior, una mayoría de miembros del Parlamento Europeo que se expresaron en el Pleno pidieron en dos ocasiones a la Comisión una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general –también llamados servicios públicos– para evitar que se vean sometidos a la jurisprudencia del Tribunal o sean objeto de excepciones con respecto al derecho de la competencia. ¿Qué le impide presentarnos esa propuesta? Hemos contraído ese compromiso electoral: tratar, en paralelo, una directiva marco sobre los servicios de interés general y una directiva sobre el mercado interior de los servicios. Al no presentar esta propuesta, usted, su actitud y su Comisión ocasionan un desequilibrio y generan o refuerzan la desconfianza que sienten una parte de los ciudadanos. Desde este punto de vista, usted no alienta la realización de una Unión de 25 en la que prevalezcan la solidaridad entre el Este y el Oeste y la igualdad de trato para todos los trabajadores.

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, siempre se cuentan las mismas mentiras para justificar las políticas neoliberales, que se crearán empleos y se fomentará el crecimiento, y hoy las hemos escuchado repetidamente. Pero, de hecho, la reconstrucción neoliberal de Europa durante los últimos quince años ha tenido el efecto contrario. Cada nueva ronda de medidas de liberalización efectivas ha dejado sin empleo a miles de personas y las ha sumido aún más en la pobreza. Cada abuso de los derechos de los trabajadores reduce su poder adquisitivo y, por tanto, impide el crecimiento. Están los que quieren un capitalismo a toda costa, y la directiva Bolkestein es uno de sus grandes proyectos; si se hace realidad, asistiremos a los albores de una Europa en la que imperen las fuerzas del mercado y el beneficio, en la que la calidad y las normas ambientales se degraden y la espiral descendiente de los salarios y la seguridad social se acelere de forma intolerable.

El endeble compromiso alcanzado por los conservadores y los socialdemócratas aún apunta en esa dirección; en ámbitos esenciales como el suministro de agua o la educación, aún está presente la filosofía de libre mercado de la directiva original. El principio del país de origen aún no ha sido enterrado –como ha quedado muy claro en las intervenciones de ambas partes–, sino que se ha dejado en manos del Tribunal de Justicia Europeo. Recordando las sentencias pasadas de ese tribunal, no es probable que los principales grupos de presión tengan problemas al respecto. No queremos una directiva Bolkestein; no queremos una Europa Bolkestein.

No queremos una Europa que use los conceptos de igualdad de oportunidades y de libertad de prestación de servicios como excusa para crear las mejores condiciones posibles para las grandes empresas y para permitirles maximizar sus beneficios a costa de los trabajadores y los consumidores. No queremos una Europa en la que los servicios básicos de interés general se conviertan en los juguetes de las fuerzas de mercado capitalistas. Tenemos que detener y cambiar la manía privatizadora. La resistencia a ese brutal proyecto neoliberal tiene que continuar.

Gracias a ese compromiso se están celebrando las protestas, y creo que no hemos llegado al final de esta historia. La lucha contra la directiva tiene que continuar hasta que…

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  Philippe de Villiers (IND/DEM). – (FR) Señor Presidente, Señorías, asistimos a la mascarada Bolkestein, que ha vuelto al Parlamento Europeo. Este compromiso, este disfraz, este engaño, es a la vez una mentira y un escándalo.

Una mentira porque quieren hacernos creer que la Directiva Bolkestein ha sido vaciada de su esencia, de su contenido. ¡Nada más falso! El principio del país de origen está ahí, de eso no cabe ninguna duda, con la libertad de prestación de servicios, en particular para los artesanos autónomos. El principio de prevalencia del Derecho nacional sobre el Derecho europeo está ausente, y hemos escuchado en varias ocasiones, a varios oradores, explicarnos que todo esto dependía del arbitraje del Tribunal de Justicia Europeo, cuya jurisprudencia ya conocemos. Es un escándalo.

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Gracias, señora Presidenta. Ahora, viendo las últimas enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, se diría que es una lástima que la Directiva relativa a los servicios no se aprobara antes de la última ampliación de la Unión Europea. Está claro que la opinión pública de los antiguos Estados miembros, a la que han hecho caso los dos Grupos políticos más grandes, percibe actualmente cualquier medida de liberalización del mercado como una amenaza, cuando en realidad el propósito de estas medidas es fortalecer la Unión Europea. Por ello, en primer lugar quiero rebatir la opinión errónea según la cual la liberalización del mercado de servicios solo beneficia al segmento inferior del mercado, a saber, los nuevos Estados miembros. En los sectores de servicios de alto valor añadido, como son los servicios financieros y de asesoría, este flujo ya es hoy en día mayor de los antiguos Estados miembros hacia los nuevos. El movimiento de los servicios tras la liberalización no es y no puede ser de sentido único. Así, por ejemplo, la proporción de antiguos Estados miembros en el valor añadido total del sector de la construcción de la Unión Europea representa el 95 %, mientras que el porcentaje es aún mayor en el ámbito de los servicios financieros, a saber, un 98 %. Por esta razón, los mercados de los nuevos Estados miembros ocuparán sin duda un lugar permanente en el sector de servicios de los antiguos Estados miembros, con su alto valor añadido y su gran capacidad y disponibilidad de capital. La aplicación del principio del país de origen a la prestación de servicios abriría el mercado interior de la Unión Europea a los prestadores de servicios más importantes de los Estados miembros, las pequeñas y medianas empresas. El hecho de mantener el principio del país de origen canalizaría una parte de la presión competitiva del mercado laboral a la esfera empresarial. Esto tendría consecuencias positivas para el desarrollo de la actividad empresarial en toda Europa. Los empleados que trabajasen fuera de su país mantendrían un vínculo estrecho con sus países de origen a través de sus empresas nacionales. Lo que interesa a los nuevos Estados miembros es la exportación de bienes y servicios y no la exportación de mano de obra. Uno de los argumentos que se esgrimen en contra del principio del país de origen es el temor de que se vean amenazados los niveles de vida en los antiguos Estados miembros, pero la supresión de este principio o su limitación significativa haría que la Directiva relativa a los servicios fuera ineficaz, y ello, sin lugar a dudas, erosionaría dichos niveles en el futuro.

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Señor Presidente, el texto inicial de la Directiva Bolkestein representaba una oportunidad para la Europa de los 25 y también para la Europa de los 15. Poco queda de aquel texto ahora. Los intereses nacionales han desbancado a los intereses europeos y el principio de solidaridad se ha visto barrido por el egoísmo del que han hecho gala algunos países. ¿No será la preocupación por las condiciones sociales una simple cortina de humo para ocultar la preocupación por los mercados nacionales? ¿Tiene algún valor el compromiso alcanzado por la derecha y la izquierda? ¿Merece nuestra confianza?

Durante el debate que tuvo lugar recientemente en Francia sobre la Constitución Europea salieron a la luz serios recelos acerca de la última ampliación de la Unión. A pesar de ello, se iniciaron las negociaciones con Turquía. Los nuevos Estados miembros no suponen una amenaza para la Unión.

En su forma inicial, la Directiva relativa a los servicios era una oportunidad para corregir el desequilibrio provocado por las injustas condiciones de adhesión impuestas a los nuevos Estados miembros. Sus ciudadanos no tienen derecho a trabajar en otra parte de la Unión y las subvenciones agrícolas son muy bajas. Al mismo tiempo, supermercados extranjeros y otras empresas, principalmente francesas, están cosechando beneficios récord en Polonia. Contratan a personas que trabajan hasta las 10 de la noche, domingos incluidos, por una quinta parte del salario normal, y prácticamente no pagan ningún impuesto a las arcas del Gobierno polaco.

El señor Schulz, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, puede dormir tranquilo. Nuestros países saben mejor que nadie lo que es bueno para ellos. Ese programa ambicioso parece estar muerto y enterrado, aunque estaba en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Teníamos la opción de viajar hacia una Europa mejor en tren expreso o en bicicleta y elegimos la bicicleta.

Hoy es el día de San Valentín, pero no hay muchas muestras de amor entre los Estados miembros de la vieja y la nueva Unión.

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, desde el preciso momento en que vio la luz esta Directiva relativa a los servicios, los demócrata-cristianos flamencos se situaron entre los que la consideraban sumamente polémica. Su ámbito de aplicación era demasiado amplio para nuestro gusto y la tendencia a desregular demasiado fuerte. No se respetaba lo suficiente la devolución de poderes a los Estados miembros y la propuesta resultaba demasiado ambigua en muchas cuestiones. Todo ello dio lugar a que se extendiera el temor acerca de las consecuencias que podría tener esta Directiva, temor que se ha utilizado y del que se ha abusado, convirtiéndose progresivamente en el símbolo del abismo entre las instituciones y la opinión pública.

Por otra parte, siempre supimos que el mercado interior de servicios es una necesidad y puede cambiar realmente nuestro grado de prosperidad. Si este Parlamento desea asumir una parte de la responsabilidad con respecto a la estrategia de crecimiento y empleo, una buena Directiva relativa a los servicios es nuestro instrumento por excelencia. La posibilidad de crear 600 000 puestos de trabajo no es algo que se pueda ignorar sin más.

Esa es la razón por la cual no hemos votado nunca en contra y nos hemos mostrado desde el principio a favor de su revisión, y hasta el momento hemos logrado nuestro objetivo. Cualquiera que haya leído los textos y que los haya examinado en su contexto puede atestiguarlo.

Con la votación realizada en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, los diputados y diputadas al Parlamento Europeo hemos orientado el debate. Hemos demostrado que la propuesta se puede modificar de forma que permita lograr el objetivo de reducir la burocracia y suprimir los obstáculos irresponsables a la libre circulación, sin que ello afecte a la protección social.

Estoy muy orgullosa del resultado que ha alcanzado nuestro Grupo, bajo la dirección del señor Harbour en la citada comisión. Conseguimos introducir muchas de nuestras enmiendas con la ayuda del Grupo Unión por la Europa de las Naciones y del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Esta fue inequívocamente la base para proseguir con la labor de persuasión y atar cabos sueltos en las negociaciones de las últimas semanas.

Quiero dar las gracias a todos los diputados, incluidos los del Grupo socialdemócrata, por su aportación, puesto que todos hemos puesto nuestro granito de arena para garantizar que tengamos ante nosotros un buen paquete de medidas.

No debemos quedarnos ahora atascados con la letra pequeña. Es inevitable que tengamos puntos de vista divergentes en algunas cuestiones. Después de todo, las sensibilidades son diferentes en cada partido y en cada Estado miembro. En lugar de mirar a la izquierda o a la derecha, deberíamos mirar el conjunto de medidas que tenemos ante nosotros, medidas que nos ayudarán mucho en nuestro anhelo común de mayor crecimiento y mayor empleo.

Conseguir una mayoría aplastante en la votación del jueves también contribuirá a cerrar una triple brecha: la brecha que hay entre las instituciones y la opinión pública, la brecha que se ha abierto –seamos lo bastante magnánimos para reconocerlo– entre los antiguos y los nuevos Estados miembros y también la brecha que existe entre la teoría del Tratado y las dificultades de hecho que han obstaculizado el desarrollo del mercado de servicios durante demasiado tiempo.

Esperamos con impaciencia las propuestas que ha anunciado la Comisión y espero que consigamos nuestro objetivo el jueves.

  Richard Falbr (PSE). – (CS) Señora Presidenta, Señorías, este debate confirma las pasiones que ha levantado el proyecto de Directiva relativa los servicios en el mercado interior. Tanto los que se oponen como los que apoyan la propuesta han esgrimido argumentos en algunos casos un tanto sospechosos. Ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones que la libre circulación de servicios, que constituye uno de los cuatro pilares del mercado único interior de la Unión Europea, no se está llevando a la práctica. Esta situación prevalece desde hace ya tiempo y el hecho de que estemos intentando cambiarla justo después de una ampliación sustancial de la Unión Europea es una mera coincidencia, que en sí misma es uno de los factores que han motivado la reacción emocional.

Si se aprueban los cambios acordados, los sindicalistas que están manifestándose frente a este edificio pueden descansar tranquilos. Sus temores de que se exporte mano de obra barata para prestar servicios no se materializarán. Como antiguo sindicalista, me alegro de que haya sindicalistas de los nuevos Estados miembros entre los manifestantes. Mucha gente se pregunta por qué. La respuesta es porque se solidarizan con los sindicalistas de los antiguos Estados miembros y porque la ampliación de la Unión Europea seguirá adelante. Lo que algunos quizá consideran irrelevante ahora puede parecer muy distinto cuando haya pasado otro año. La cuestión es saber si la directiva que debate el Parlamento será buena o mala. La cuestión más amplia es saber si, tras el aluvión de enmiendas, la directiva puede parecer tan incomprensible que sea mejor rechazarla. Si aprobamos la directiva con las enmiendas acordadas, daremos mucho trabajo a los juristas de todos nuestros países. En mi opinión, las instituciones europeas, como en muchas otras ocasiones, no elaboran directivas suficientemente claras y concisas para poder comprobar después sin dificultad si están se aplican y ejecutan correctamente. No me sorprende que la comunidad empresarial muestre tanto interés por la suerte de esta directiva. Las empresas del sector de los servicios, en particular de los servicios públicos, no sufren la presión competitiva que vemos en la industria.

A mi juicio hay que suprimir de la directiva la disposición controvertida en virtud de la cual los Estados miembros pueden exigir que se cumplan requisitos adicionales en materia de política social o de protección del consumidor. No quiero que se distorsione la protección del consumidor y se convierta en proteccionismo. En la actualidad se manifiestan muchas opiniones en torno al tópico de la desconfianza que sienten los antiguos Estados miembros hacia los nuevos. Demos un paso adelante eliminando uno de los elementos de esta disputa y votemos a favor de la directiva, siempre que se apliquen los compromisos que hemos alcanzado.

  La Presidenta. Señor de Villiers, quiero informar de que hemos tenido un problema con el tiempo. Usted debería tener un minuto y medio y, sin embargo, solo se le ha asignado un minuto. Esto ha sido un error y no podemos aclarar de dónde procede. No obstante, cuando doy la palabra a alguien siempre indico de cuánto tiempo dispone. En el futuro agradecería que, en caso de discrepancia, lo diga de inmediato. Ahora le concederé un minuto para intervenir, porque es imposible hablar coherentemente en los 30 segundos que le quedan.

  Philippe de Villiers (IND/DEM). – (FR) Señora Presidenta, evidentemente me parece muy lamentable que el azar haya querido que este error se haya deslizado en el momento en que debía intervenir uno de los principales portavoces franceses del «no» en el referendo. Por tanto, me ha quitados la palabra; puede usted protestar.

El pueblo francés dijo «no» el 29 de mayo de 2005, «no» a la Directiva Bolkestein. Y me parece lamentable que se me quite la palabra, amputando un tercio de mi tiempo de intervención, justo cuando estoy diciendo que la Directiva Bolkestein fue expulsada sin ceremonias por el sufragio universal de una patada en el trasero dada por el pueblo francés, y he aquí que vuelve al Parlamento Europeo. Se trata pura y simplemente, para el pueblo francés, que va a ver esta noche las imágenes en todas las televisiones, de una provocación, porque el pueblo francés escuchó a Jacques Chirac, el Presidente de la República, decir el pasado mes de mayo que «Bolkestein se acabó». No se acabó, ¡esto es una provocación!

  Bernard Lehideux (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, Señorías, como miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, los diputados de la Unión para la Democracia Francesa somos, por supuesto, fervientes defensores de la libre circulación de servicios. Es necesario, es una verdadera necesidad, poner fin a las prácticas discriminatorias y proteccionistas de los Estados miembros y, por consiguiente, estamos a favor de una Directiva relativa a los servicios que se elabore aquí y no a través de la jurisprudencia del Tribunal.

Pero exigimos que se encuentre un equilibrio entre esta libertad favorable al desarrollo económico de Europa y el respeto del Derecho laboral, la protección del medio ambiente y la protección de los consumidores.

Es cierto que habríamos preferido una auténtica armonización al texto torpe e imprudente que se nos ha propuesto. Todos aquí habríamos debido saber que este proyecto provocaría el rechazo masivo y justificado de la opinión pública europea. En el punto en que estamos ya, habríamos podido evitar este golpe añadido a la imagen de la construcción europea.

Debo decir, señora Presidenta, que la falta de juicio político de la Comisión solo es equiparable a la de las autoridades gubernamentales francesas, que resultaron ser un socio inesperado en esta serie de patinazos. Pero, para ir al fondo, quisiera celebrar los progresos que se han realizado en nuestros debates del Parlamento.

Señorías, podemos asegurar la protección del Derecho laboral suprimiendo los artículos 24 y 25. Podemos rechazar el principio del país de origen aprobando el compromiso del artículo 16, que se ha convertido en la enmienda «de transacción» 293, que por lo demás abre la vía a la armonización que tanto esperamos y deseamos.

Podemos, espero, conseguir la exclusión de los servicios sociales y los servicios económicos de interés general de esta directiva votando nuestras enmiendas. A lo largo de todo este proceso hemos apoyado a las ponentes, la señora Gebhardt y la señora Van Lancker, a quienes agradezco su capacidad de escuchar y su apertura de espíritu. Si el Parlamento sigue esta línea, cosa que deseamos, en la votación final podremos dar nuestro apoyo a este texto, porque habrá sido profundamente modificado.

  Jean Lambert (Verts/ALE). – (EN) Señora Presidenta, yo también quiero sumar mi voz a quienes han dado las gracias a la señora Gebhardt y a la señora Van Lancker por su notable labor en torno a este asunto. Al escuchar el debate de esta tarde he tenido la sensación de que la votación ya se ha celebrado, tal es la seguridad con la que se está hablando de lo que se ha aceptado y lo que no. Nada es definitivo hasta que votemos el jueves por la mañana.

No cabe ninguna duda de que era necesario reescribir esta directiva. Es una pena que lo esté haciendo el Parlamento; pedimos a la Comisión que la retirara de la mesa y la reescribiera, pero no lo haría. Tal y como han dicho otros, a muchos de los aquí presentes nos ha parecido que el comportamiento de la Comisión durante todo el debate sobre la directiva ha sido muy problemático. Hemos sido incapaces de aclarar las cosas; hemos sido incapaces de obtener respuestas a preguntas concretas; y ha habido una falta de respuesta pública a las enmiendas presentadas, sobre todo en nuestras reuniones de la comisión, así como una falta de evaluación efectiva del impacto social, que podría haber contribuido a aplacar los miedos en este sentido.

Es cierto que hay pocos puntos de desacuerdo, pero sin duda son importantes. Si nos fijamos en el contexto internacional, para algunos de nosotros se trata del AGCS, donde hemos oído ciertas cosas en relación con lo que hay realmente, en teoría, sobre la mesa, y después hemos oído hablar de posiciones de negociación entre bastidores que conducen a otra cosa.

Muchos de nosotros hemos tenido grandes problemas con toda la teoría del país de origen –no creo que sea un principio– y cómo, por ejemplo, podría encajar con la capacidad de los Estados miembros para establecer niveles más elevados, lo que también está permitido. De nuevo, muchas de nuestras preguntas sobre cómo primará en esto el interés público primordial no han sido totalmente contestadas.

Estoy de acuerdo en que la salud debería quedar fuera de esta directiva; no tendría que haber estado nunca en ella, en primer lugar, y muchos de nosotros esperamos que la Comisión lance pronto una propuesta sobre las cuestiones de la movilidad de los pacientes y no la movilidad de los servicios, el motivo por el que nunca debería haber estado en la directiva en primer lugar.

(Aplausos)

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hoy en Estrasburgo una enorme manifestación ha expresado, de forma clara y rotunda, la necesidad de otra Europa. Este deseo de otra Europa es lo contrario a la Directiva Bolkestein y no puede satisfacerse ni siquiera con el compromiso, que en ningún punto se acerca a la comprensión de esta necesidad. De hecho, lo que crea es un derecho predominante a la obtención de beneficios con los servicios como si fueran mercancías, convirtiendo en ley fundamental las normas del comercio y del GATS, en vez de los derechos y las mejores prácticas.

¿Quién decide qué es necesario, proporcionado y no discriminatorio? Esta directiva acabará por crear un gran número de controversias judiciales, lo que se ve agravado por el hecho de que el compromiso no excluye del ámbito de aplicación de la directiva los servicios públicos y los servicios ciudadanos, si bien sorprende que estén excluidas las profesiones y los servicios financieros y de seguros, es decir, los sectores poderosos. Los trabajadores autónomos quedan a merced del dúmping y es fácil imaginar qué ocurrirá. Queremos algo nuevo, y se nos vuelve a proponer lo viejo. Por este motivo, votaremos en contra de esta directiva y de este mal compromiso.

  Mario Borghezio (IND/DEM). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, estamos y siempre hemos estado en contra de la directiva, incluso en su versión modificada. En efecto, las enmiendas introducidas no eliminan del todo las graves consecuencias que puede tener en términos de dúmping social y, sobre todo, de debilitamiento del papel y los poderes de los organismos regionales.

Además, la propuesta general de eliminar las barreras a la entrada de los prestadores de servicios extranjeros puede reducir el nivel de calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, por ejemplo con respecto al suministro de alimentos biológicos en los comedores escolares y la emisión de licencias para determinados servicios. Después hay toda una serie de normativas que los Estados miembros y las autoridades locales han adoptado para proteger a los consumidores y los usuarios y a las que tendremos que renunciar definitivamente.

Además, este compromiso abre la puerta a un inmenso contencioso y no permitirá en absoluto desburocratizar y agilizar el mercado de los servicios. Baste pensar en todos los conflictos que se someterán al Tribunal de Justicia y, por tanto, en la jurisprudencia europea, un auténtico superderecho europeo que aplastará la normativa legal de los Estados y las normativas locales y territoriales. Por esta razón, decimos decididamente «no» a este intento de imponer, aunque sea subrepticiamente, el principio supuestamente rebajado en la directiva…

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, siento decirlo, pero con esta directiva el Parlamento Europeo se arriesga a crear un monstruo. Por desgracia, el objetivo de abolir las odiosas barreras burocráticas que yugulan efectivamente la libre circulación de servicios no se ha cumplido. Lo que queda de la directiva es una chapuza, fruto de la lógica del compromiso a ultranza, que une lo que no se puede unir, es decir, la liberalización salvaje y la defensa de los privilegios corporativos de determinadas categorías y sectores.

Hay que recordar que quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta directiva todos los sectores fuertes –las telecomunicaciones, los servicios bancarios y financieros, los seguros y los servicios jurídicos–, es decir, todos los sectores que han tenido la fuerza necesaria para quedar fuera de la directiva, mientras que esta se aplicará a todos los sectores débiles, los que necesitan más protección social y tienen menos capacidad para estar representados y ejercer presión.

De todos modos, quiero ver el vaso medio lleno. Constato que se ha eliminado con razón el principio del país de origen y esperamos que se excluyan del ámbito de aplicación todos los servicios de interés general.

Quisiera destacar dos contribuciones que hemos hecho al texto: en primer lugar, la obligación impuesta a la Comisión de presentar un informe al Parlamento Europeo sobre el estado de aplicación de la directiva, a fin de comprobar su correcta aplicación y verificar que esta no viole las normas de protección de los derechos de los trabajadores y consumidores y, en segundo lugar, la petición de instituir en cada Estado miembro un organismo supervisor nacional que elabore un informe anual y compruebe la aplicación de la directiva, para que esta no viole los derechos de los trabajadores y no genere prácticas de dúmping social. El organismo deberá vigilar que se apliquen a los trabajadores todas las disposiciones en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. En conclusión, pido que el organismo vigile...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señora Presidenta, en la tensión entre el acceso totalmente libre al mercado y la defensa del empleo nacional autóctono, no me arrepiento de considerar prioritaria la protección de los empleos locales. De ahí que el principio del país de origen, en particular en su forma original en la directiva propuesta, va a mi juicio demasiado lejos: sería injurioso para el empleo nacional permitir a los proveedores de servicios operar en el país anfitrión de su elección sin estar sujetos, a diferencia de los proveedores locales, a las mismas costosas restricciones legislativas en materia laboral, de consumo y medio ambiente. Así, los empresarios locales, los empleados y, en última instancia, los consumidores locales serían los perdedores. La competencia no solo debe ser libre: también ha de ser justa, y me parece que este principio se está pasando por alto.

Mi segunda objeción se refiere al alcance de esta directiva. No puedo aceptar que deba aplicarse a los servicios públicos básicos. Todo país tiene la obligación de prestar estos servicios y esa obligación no debería eludirse, como tampoco debería reducirse la calidad de dichos servicios, permitiendo que los presten empresas baratas carentes de escrúpulos. Los servicios comerciales son una cosa, pero los servicios públicos básicos, como las viviendas sociales y el bienestar, son otra cosa muy diferente, y no deberían ser el juguete de proveedores con ánimo de lucro. Por tanto, es una directiva que no puedo apoyar ni apoyaré.

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, durante algún tiempo todo parecía ir bien en lo que respecta a la Directiva de servicios. El Consejo está presente hoy, representado por el Ministro de Economía y Trabajo de un país donde la cooperación social funciona y donde la economía social de mercado es una realidad viva. La unidad entre los interlocutores sociales, la economía social de mercado y la compatibilidad del crecimiento económico y la competitividad con la seguridad en la esfera social son los principios en los que se han basado los diputados al Parlamento Europeo, durante las últimas semanas, para ponerse de acuerdo entre ellos y reescribir la Directiva Bolkestein.

Durante los últimos meses y semanas se han dicho y escrito muchas falsedades acerca de la Directiva de servicios y se ha intentado deliberadamente avivar ansiedades y prejuicios. Aún hoy hay quienes preferirían manifestarse antes que informar, salir a la calle en lugar de negociar y buscar la división en vez de soluciones políticas adecuadas.

Nosotros en esta Cámara hemos tomado otro camino, pero incluso aquí hay quienes desinforman sin haberse leído el texto. A la señora Wagenknecht debo decirle que esta directiva no trata de la liberalización o la privatización, y a nuestros amigos del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiero recordarles que la primera frase del artículo 16 dice: «Los Estados miembros garantizarán el libre acceso a los servicios y su libre prestación.»

Lo que realmente hace esta Directiva es suprimir la burocracia y la inseguridad jurídica. Genera crecimiento económico y empleo manteniendo a la vez la seguridad social. Toma como punto de partida la libre prestación de servicios y procede a regular dicha libertad. Toma como punto de partida la libre prestación de servicios y procede a regular dicha libertad.

Lo que hemos hecho al reescribir la propuesta de la Comisión y la resolución sobre el mercado interior, así como a través de las negociaciones entre los Grupos, es confeccionar una tarjeta de visita para el modelo europeo de economía social de mercado. No estamos oponiendo una cosa a la otra. También hemos escuchado a los ciudadanos y hemos asumido sus temores y preocupaciones en la labor que hemos llevado a cabo en esta Cámara.

Europa necesita esta Directiva de servicios. Esta traerá más crecimiento y más empleo, y beneficiará a trabajadores, a empresarios y a Europa. No existe ni una sola razón para rechazar esta directiva en la forma en que la someteremos a votación, y tampoco hoy existe ningún motivo para manifestarse en contra de esta Directiva en la forma en que la vamos a aprobar.

Los manifestantes también lo han reconocido, ya que, de los 35 000 que han venido a Estrasburgo, menos de 1 000 se han acercado al edificio del Parlamento. Ellos también saben que estamos trabajando a su favor.

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señora Presidenta, quisiera ante todo agradecerle sinceramente que haya dejado intervenir a tres austriacos justo antes de la pausa. Es un tributo a la Presidencia. En todo caso, así es como lo veo yo.

Señorías, señor McCreevy, el Presidente de la Comisión y el Ministro Bartenstein están en lo cierto cuando dicen que la votación del jueves será muy importante, tanto para el desarrollo del mercado de servicios y del mercado interior como para la cuestión de la ampliación. El hecho de que coincidan estos dos asuntos ha provocado sin duda un gran temor a que aumente la competencia y a que se apliquen recortes sociales. Nuestra crítica a la directiva en su forma actual se refería precisamente a que traerá estas consecuencias. Opino, no obstante, y debemos estar todos convencidos de ello, que nos hemos comprometido a que el mercado interior sea uno de los instrumentos de la Unión Europea, y debemos por tanto convertirlo progresivamente en realidad. También nos hemos comprometido con la ampliación. Esto significa asimismo permitir que los vecinos que se han unido a nosotros participen en ese mercado interior sin discriminación. Lo que debemos hacer con esta directiva es convertirla en realidad desde un punto de vista social.

Vengo de un país que linda con los países de la ampliación. Mucho de lo que quizás no haya ocurrido aún de manera formal ya es de hecho una realidad. Sé que los problemas existen, y sé que, si utilizo el término «dúmping social», algunos de los colegas de mi propio Grupo dirán que es discriminatorio. Sin embargo no estoy refiriéndome a los trabajadores. Estoy hablando de un número pequeño de empresas que utilizan mano de obra barata para practicar dúmping social. Debemos evitar por consiguiente que, por culpa de unos pocos, se cree una mala imagen del proceso de ampliación o del mercado interior, porque el mercado interior y la ampliación son una buena cosa en sí. Estoy convencido de que en esto hemos progresado.

Los periodistas nos preguntan hoy si esta directiva traerá algún beneficio. El artículo 16 es particularmente importante en su forma actual, puesto que enuncia con claridad lo que está permitido y lo que no está permitido. Estoy de acuerdo con la Comisión en que los elementos discriminatorios deben suprimirse, al igual que las disposiciones que resulten desproporcionadas o innecesarias para lograr los objetivos. Por otra parte, es importante dejar claro que esto no contribuye al dúmping social ni menoscaba los progresos realizados, ya que no se entendería que utilizáramos la ampliación o el mercado interior bloquear el progreso o deshacer lo conseguido. Teniendo todo esto en mente, es importante que seamos capaces de ejecutar mañana los acuerdos alcanzados hoy. Las manifestaciones han contribuido a llamar nuestra atención al respecto. Al fin y al cabo, no estaban en contra de una directiva, sino a favor de una mejor.

Si la Presidencia y la Comisión contribuyen a elaborar una directiva mejor, entonces podemos darnos realmente por satisfechos.

(Aplausos)

  Martin Bartenstein, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Señorías, estoy de acuerdo con ustedes y con el Comisario McCreevy en que estamos ahora ante una directiva mejor, una directiva que, espero, cosechará una amplia mayoría en primera lectura; y esto lo digo no solo porque he seguido el debate, sino por la labor realizada durante los últimos meses y semanas.

No sé si por simple coincidencia o gracias a la sabiduría de la Presidenta, me alegra poder intervenir como conciudadano de los dos oradores anteriores, el señor Karas y el señor Swoboda, no solo por ser conciudadanos, sino porque ambos han contribuido de modo considerable a alcanzar este acuerdo en las últimas semanas. Ya he expresado mi agradecimiento a la señora Gebhardt y quisiera dar las gracias a los dos así como por supuesto al señor Harbour y a otros muchos. Estoy seguro de que podrá usted llevar la corbata presidencial durante los próximos meses, señor Harbour, porque esta directiva seguirá siendo una buena directiva y abrirá el camino a una mayor libertad de prestación de servicios.

Era y es uno de los asuntos más controvertidos, sino el más controvertido, de los que ha tratado el Parlamento Europeo, y en todo caso uno de los más sustanciales si juzgo por el número de enmiendas presentadas. Con el programa REACH, que se puede equiparar en importancia, el Parlamento Europeo también realizó una excelente labor y realmente inició el camino hacia una directiva razonable sobre productos químicos. El Parlamento Europeo puede estar orgulloso de ello. Es importante que haya una amplia mayoría pasado mañana, no solo por una cuestión de principio, sino porque todos sabemos que hay una carta de seis Estados miembros a la Comisión, que aún quedan asuntos pendientes en la Comisión y que una amplia mayoría del Parlamento advertirá a la Comisión y al Consejo de que deben atenerse a su opinión al respecto.

En mi opinión y en la de la Presidencia, este texto de compromiso está muy logrado, ya que produce un valor añadido claro en el mercado interior de los servicios y liberaliza la prestación de los mismos, mientras que por otra rechaza de plano el dúmping social y salarial. Personalmente, no creo que la seguridad en materia social en Europa constituya un obstáculo a su competitividad y a su fuerza, sino que es precisamente una condición indispensable para que Europa sea todavía más competitiva.

Esta directiva posee asimismo un alto valor simbólico. Si bien, como ha señalado la señora Thyssen, esta directiva se erigió en los últimos meses en el símbolo de la brecha abierta entre Europa y sus instituciones por una parte y la opinión pública por otra –fue una lástima, pero eso es lo que ocurrió desafortunadamente–, también simboliza la capacidad de esta Europa para avanzar hacia un mayor crecimiento y empleo. En el plano político no tenemos tantas oportunidades de favorecer el crecimiento y el empleo. La Directiva relativa a los servicios es una de estas oportunidades.

Vista desde ese ángulo, es un símbolo importante en muchos aspectos, y vamos por buen camino. En los últimos meses he tenido la sensación de que todos los sectores interesados, incluidos los interlocutores sociales, es decir, todos los interesados responsables, quieren que se apruebe esta Directiva relativa a los servicios porque la necesitamos. Quisiera señalar que el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos ha afirmado que se trata de un buen compromiso que debería aprobarse. Muchos han dicho que se manifestarían hoy a favor de una directiva mejor. Si queremos dar vida a la Estrategia de Lisboa, si queremos demostrar a los ciudadanos que trabajamos a favor del crecimiento y el empleo, entonces necesitamos esta Directiva de servicios.

Nuestra Presidencia seguirá trabajando intensamente en las próximas semanas. Examinaremos los puntos de vista y la posición del Parlamento, presentaremos la propuesta a debate con los interlocutores sociales el 9 de marzo y en el Consejo de competencia el 13 de marzo, y la debatiremos en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo. Tan pronto como el señor McCreevy y la Comisión nos envíen, a finales de abril, la nueva propuesta revisada, que se basará en gran medida en la labor del Parlamento, haremos cuanto podamos para hacer avanzar que este expediente todo lo posible. Le prometo, como también prometo a todo el Parlamento, que nos tomamos muy en serio su posición y que la seguiremos en gran medida.

(Aplausos)

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Señora Presidenta, lamento profundamente que la Presidencia no pueda quedarse hasta el final, pues debemos fijar nuestras prioridades y es una pena que los integrantes de los Grupos más pequeños tengan que intervenir esta tarde sin la presencia de la Presidencia. Me siento muy decepcionado al respecto, y esto es en realidad la respuesta a todos los comentarios que se han hecho. Quería desahogarme al respecto en primer lugar.

También considero lamentable que los Grupos pequeños no participen en las negociaciones. El hecho de no invitarles es una forma de trabajar totalmente inaceptable. Me parece lamentable que ahora se pongan de acuerdo el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Si así van a ir las cosas en política, pienso que vamos por mal camino y que la democracia en Europa se está desgastando cada vez más. Estos son otros dos gritos del alma que necesitaba expresar.

El objetivo de esta directiva es fortalecer la economía europea, y ello no con el fin de competir unos con otros, sino de competir con el resto del mundo. Se trata de conseguir un equilibrio entre los intereses del consumidor y los intereses de las empresas y de colocar a nuestra economía en buen lugar frente al resto del mundo.

Espero que podamos alcanzar un compromiso aceptable de aquí al jueves por la mañana. De no ser así, me temo que estaremos cometiendo el mismo error que hicieron los egipcios en el momento cumbre de su civilización. Se dedicaron a proteger sus logros y dejaron de centrarse en preservar su prosperidad de cara al futuro, y todos sabemos lo que le ocurrió con la cultura egipcia. Por ese motivo…

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, me temo que voy a empañar este alarde de armonía y señalar que la Comisión ha hecho un mal servicio a la Unión Europea con la Directiva Bolkestein. Ni siquiera tiene la excusa de haber heredado la directiva, ya que no la retiró el pasado marzo. Bolkestein divide a Europa entre pobres y ricos, entre el este y el oeste. La Directiva Bolkestein es una propuesta con unos pocos ganadores y muchos perdedores. No es un paso adelante, sino un paso atrás en lo que respecta a la integración europea. Precisamos una directiva sobre el mercado de servicios donde no haya perdedores, que combine la libre prestación de servicios con el reconocimiento de los derechos sociales de cada Estado miembro y la protección de los trabajadores. Por otra parte, el principio del país de origen podría ocasionar una espiral a la baja para los derechos sociales en Europa.

Muchos ciudadanos de toda Europa, de Francia, Italia, Polonia y Alemania, están hoy en las calles de Estrasburgo para protestar contra la directiva. No están protestando contra la Unión Europea, están protestando contra la deriva de Europa hacia el neoliberalismo, contra la fragmentación de Europa. Disponemos ya de leyes europeas que establecen el principio de «salario igual por un trabajo igual en un empleo igual» en la legislación en materia de prestación transfronteriza de servicios. En esta legislación no hay perdedores. Y ahora se está menoscabando este principio.

¿Lo he entendido bien, señor Bolkestein? Si el Parlamento suprime los artículos 24 y 25 de la propuesta de la Comisión, ¿tiene usted intención de presentar una nueva propuesta? Esto significa, señor Bolkestein, digo, señor McCreevy –ha sido un lapsus, aunque quizás venga a cuento–, esto significa que tiene usted que socavar retrospectivamente la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. ¡No si podemos evitarlo, señor Comisario! Sus palabras demuestran que la presencia de tanta gente en las calles de Estrasburgo hoy tiene sobrados motivos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Nos oponemos de plano a esta propuesta de directiva destinada a liberalizar los servicios.

No podemos pasar por alto el hecho de que esta directiva es uno de los instrumentos más importantes, en realidad una de las piedras angulares de la llamada Estrategia de Lisboa, destinada a impulsar la liberalización y privatización de los servicios públicos y a fomentar el dúmping social y la competencia entre trabajadores en beneficio de grupos económicos y financieros.

Aunque la presión de la opinión pública, los movimientos sociales y las luchas de los trabajadores, incluida la manifestación de hoy, han permitido que se matizara la redacción original, el objetivo central sigue en pié. Por consiguiente, resulta crucial rechazar esta propuesta si queremos evitar que este tipo de legislación se cuele por la puerta de atrás. En aras de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos sociales, laborales, ambientales y del consumidor, es de vital importancia que se rechace esta propuesta, y así es como votaremos.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señora Presidenta, apoyo la esencia de la directiva, teniendo en cuenta las restricciones que han acordado los dos Grupos mayoritarios. De esa forma se respetan las normas laborales y ambientales que se aplican en los Estados miembros.

Es importante que la directiva contribuya a reducir la carga administrativa soportada por los prestadores de servicios que operan en otros Estados miembros.

Tenemos todos los motivos para pensar que el principio del país de origen va a desaparecer, cosa que acojo con satisfacción. Me pregunto no obstante si el Consejo y la Comisión pueden garantizar que los Estados miembros ofrezcan servicios acordes con los requisitos de la ética médica.

El tema del agua potable es igualmente problemático, por lo que conviene mantenerlo fuera del ámbito de aplicación de la directiva.

Lo mismo ocurre con la asistencia social y los servicios sociales. Los beneficiarios de esos servicios a menudo no se encuentran en condiciones de elegir a sus prestadores. Por consiguiente, podrían verse negativamente afectados los cuidados que reciben personas discapacitadas.

La directiva no contempla las condiciones laborales del personal temporal, ya que están reguladas por la Directiva relativa a trabajo temporal. En consecuencia, no hay razón por la que no deba aplicarse la directiva al sector del trabajo temporal.

La directiva debe tomar forma en su puesta en práctica. En este sentido, la calidad de su aplicación será decisiva.

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Eoin Ryan (UEN). – (EN) Señora Presidenta, durante mucho tiempo Europa ha estado dominada por la política del miedo: miedo a la globalización, a la inmigración y a una carrera a la baja. Sin embargo, en realidad el miedo es un miedo al cambio. Esto es tan cierto para Irlanda, como lo es para cada uno de los Estados miembros. En Irlanda estos temores no se han basado en análisis económicos concretos, sino en pruebas anecdóticas del cambio negativo que la Directiva de Servicios podría comportar.

Por supuesto, es vital que se protejan y no se socaven las normas y condiciones de los trabajadores; es preciso seguir garantizando que con el paso del tiempo no se debiliten en absoluto los avances logrados con respecto a los salarios y las condiciones de los trabajadores. Por tanto, es crucial que apoyemos un compromiso que garantice el control efectivo y el respeto de los derechos de los trabajadores manteniendo la finalidad original de la directiva.

No obstante, ninguna barrera puede protegernos de las fuerzas de la globalización. Europa necesita dar un paso seguro y unificado. El verdadero peligro para Europa no es el peligro de una carrera descendente, sino que reside en la necesidad que tiene Europa de asegurarse la victoria en esta carrera para permanecer en cabeza y de asegurarse de que no se hunda.

Si se obtiene un consenso viable en torno a esta directiva demostraremos a nuestros ciudadanos que la Unión Europea está comprometida y es capaz de competir a escala mundial. Habría que evitar que los mercados europeos sigan estancados económicamente. La mayoría de las reformas empiezan con buenas intenciones pero pueden perder su finalidad original en el Parlamento debido a las enmiendas. No podemos permitir que se produzca una situación en la que, tal y como se ha citado hoy a un economista, «la Directiva de Servicios podría terminar como un buen ejemplo de ‘muerte parlamentaria’».

Es esencial, como ha señalado el Comisario McCreevy, que establezcamos una Directiva de Servicios mejor, que liberará el enorme potencial económico del sector de los servicios en Europa.

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Señorías, estoy plenamente a favor de que el Parlamento Europeo apruebe la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior. Esto incluye las medidas clave del artículo 16, que dispone claramente que los prestadores de servicios estarán sujetos exclusivamente a las disposiciones nacionales de su Estado miembro. También apoyo la propuesta de la Comisión plasmada en los artículos 24 y 25, que facilitará enormemente la circulación de trabajadores dentro del mercado de la UE. Solo si aprobamos la directiva en esta forma podremos establecer cimientos firmes para la consecución de un mercado único en el sector de los servicios. Me referiré ahora al primer acuerdo sobre integración económica entre los Estados de la Unión, a saber, la Declaración de Messina, que ya tiene 50 años. Los gobernantes de entonces se fijaron el objetivo de crear un mercado común y la introducción gradual de la libre circulación de trabajadores.

Cito: «Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos creen firmemente que ha llegado el momento de dar un paso más hacia la unidad de Europa». Pensaban que dicho objetivo debía conseguirse en primer lugar dentro de la esfera económica y que una Europa unida debía desarrollar instituciones comunes, vincular gradualmente las economías nacionales, crear un mercado común y armonizar progresivamente las políticas sociales. Considero que dicho programa es esencial si queremos que Europa mantenga su posición y renueve su influencia y prestigio en el mundo, a la vez que siguen mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Aquí termina esta referencia a un texto de hace 50 años.

Señorías, hago un llamamiento, en especial a aquellos diputados de los Estados mencionados anteriormente, para que se mantengan fieles a los objetivos de sus predecesores políticos y no abandonen el ideal de una economía abierta. Actuando de otro modo nos arriesgamos a liberar de la lámpara el genio rojo y negro del populismo y el nacionalismo, que solo deparó tiranía y pobreza a este continente.

  La Presidenta. Se suspende el debate, que se reanudará a las 21.00 horas.

Pasamos ahora al Turno de preguntas y quiero agradecer al representante de la Presidencia del Consejo, el señor Winkler, su flexibilidad al permitirnos que hayamos sobrepasado un poco el tiempo previsto.

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente