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Procedimiento : 2004/2199(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A6-0019/2006

Debates :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Votaciones :

PV 15/03/2006 - 4.11
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2006)0091

Debates
Miércoles 15 de marzo de 2006 - Estrasburgo Edición DO

5. Explicaciones de voto
PV
  

Informe: Miguélez Ramos (A6-0035/2006)

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) Considero que la asociación entre la Comunidad Europea y los Estados Federados de Micronesia (EFM) sobre la pesca en aguas de los EFM debería firmarse de acuerdo con la propuesta de reglamento del Consejo.

El Pacífico Occidental es una de las zonas de pesca de atún más ricas del mundo y los estudios científicos han demostrado que el estado actual de las poblaciones permite que la pesca se extienda a terceros países.

El acuerdo prevé contrapartidas para ambas partes, y salvaguarda una política de pesca sostenible en los EFM.

Aunque he prestado mi apoyo a este acuerdo de pesca, quiero llamar la atención sobre las excesivas tasas para licencias de los palangreros, que constituyen una carga prohibitiva para algunos armadores.

 
  
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  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Somos muy críticos con los destructivos acuerdos de pesca que la UE firma con terceros países y por consiguiente lamentamos el hecho de que la UE haya optado por firmar acuerdos de pesca con nuevos países.

Una serie de informes ha arrojado luz sobre las consecuencias perjudiciales de tales acuerdos para las poblaciones costeras de los países que los firman. Estos acuerdos provocan la sobreexplotación de las aguas de pesca, lo cual afecta negativamente a las habitantes locales. Sin embargo, tanto la Comisión como la gran mayoría del Parlamento Europeo optan reiteradamente por ignorar estas críticas. Según una de las opiniones del Parlamento, los acuerdos de pesca en cuestión pueden tener además consecuencias perjudiciales para el medio ambiente.

Al tiempo que la UE recomienda incrementar los esfuerzos para la ayuda, los impuestos de los contribuyentes se utilizan para financiar acuerdos de pesca que van contra el desarrollo. No es una política consecuente ni creíble.

Creemos que los acuerdos de pesca deberían eliminarse poco a poco para finalmente cancelarlos. Los Estados miembros de la UE cuyos barcos operan en aguas de terceros países deberían hacerse cargo de los costes de los acuerdos. A continuación, estos mismos Estados miembros deberían decidir independientemente si han de financiar este gasto imponiendo, a su vez, cargas en relación con sus propios barcos de pesca

 
  
  

Informe: Braghetto (A6-0037/2006)

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) A la luz de la reforma de la política pesquera común, es sumamente importante actualizar el Reglamento nº 3690/93 de 20 de diciembre de 1993. La información sobre los barcos de pesca ha de compatibilizarse con las nuevas normas de gestión y conservación de los recursos a fin de garantizar el cumplimiento del principio fundamental de «gestión de esfuerzo pesquero».

Las enmiendas que se han propuesto, como la introducción del número de Registro de la Flota Pesquera Comunitaria y el escalonamiento de las artes utilizadas por los barcos, son elementos importantes que no se incluyen en el reglamento original.

La propuesta de la Comisión y las enmiendas presentadas por el ponente en este informe merecen mi apoyo.

 
  
  

Informe: Hazan (A6-0049/2006)

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Los Moderados hemos optado por votar a favor del actual informe, pero lamentamos que no se haya resaltado suficientemente la protección de los derechos fundamentales a escala de la UE y creemos que la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo debería ampliarse a los derechos fundamentales de las personas también en relación con cuestiones relativas a la seguridad interna.

 
  
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  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) Gracias al informe de iniciativa de la señora Hazan sobre la evaluación de la Orden de Detención Europea, podemos aumentar aún más la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos. El informe señala las mejoras que se han realizado. Sin embargo, quiero resaltar los problemas mencionados en el informe que aún constituyen obstáculos para garantizar la seguridad jurídica.

Es increíblemente importante para las personas arrestadas en relación con la Orden de Detención Europea que se les garantice la asistencia y la ayuda jurídica en forma de traducción e interpretación. Es responsabilidad de cada Estado miembro solucionar este importante problema que actualmente provoca violaciones de los derechos humanos.

 
  
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  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe demuestra que se están realizando esfuerzos para obtener una mayor cooperación en el ámbito del Derecho penal. Se pide al Consejo que prohíba a los Estados miembros reinstaurar un control sistemático de la doble incriminación, y que integre la Orden de Detención Europea en el primer pilar.

El informe revela grandes problemas a la hora de aplicar la Orden de Detención Europea. Los Estados miembros han demostrado claramente que quieren conservar partes del sistema de extradición tradicional.

Algunos países se han negado a aplicar la Orden de Detención Europea contra sus ciudadanos, alegando como motivo para no hacerlo la discriminación o la violación de los derechos fundamentales. Otros han mantenido o vuelto a introducir el control de la doble incriminación.

La Lista de Junio cree que estas son señales claras de que los Estados miembros están salvaguardando su soberanía en el ámbito del Derecho penal. Entre las medidas que pueden tomarse contra una persona, hay pocas que tengan efectos tan trascendentales como los procedimientos jurídicos o la exigencia de cumplir condena. Por ello, la seguridad jurídica ha de prevalecer sobre la simplificación y la eficacia que, según el informe, conllevará la Orden de Detención Europea.

La Lista de Junio rechaza el incremento del supranacionalismo y cree que es una cuestión que debe resolverse en cada país. Por consiguiente, hemos optado por votar en contra de este informe.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como señalamos en 2001, con el pretexto de luchar contra el terrorismo, la Comisión presentó propuestas que defendían la supranacionalización de aspectos cruciales de la justicia, pasando por alto la cooperación necesaria entre Estados miembros y los instrumentos jurídicos existentes como la extradición. Ello equivalía a un ataque contra la soberanía de los Estados miembros y su deber de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos.

En aquel momento dijimos que la Orden de Detención Europea, que tiene por objeto, entre otras cosas, eliminar el principio de doble incriminación, aunque de forma limitada, podría ser un caballo de Troya destinado a llevarnos más lejos por el camino supranacional.

El informe que tenemos ante nosotros confirma nuestras críticas. Considera como obstáculo la soberanía jurídica y hace referencia a la actual «interferencia» de las autoridades políticas en el proceso de extradición, incluso por motivos de respeto de los derechos humanos.

Es significativo que el Tribunal Constitucional alemán haya decidido anular la legislación de transposición de la Orden de Detención Europea y que, a la luz de esta decisión, diversos Estados miembros hayan vuelto a aplicar los instrumentos de extradición. La ponente critica estas decisiones y apoya la activación de las posibilidades de reordenación previstas en el artículo 42 del Tratado de la UE, integrando así la Orden de Detención Europea en el primer pilar.

 
  
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  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Al igual que las políticas de inmigración europeas, la orden de detención europea es muy peligrosa y está llena de consecuencias para todos. En efecto, contempla tanto las infracciones graves como las menores (terrorismo, robo, daños deliberados, comportamiento injurioso en reuniones, expresiones consideradas racistas y xenófobas, etc.) y, en todos los casos, los derechos de las personas están menos protegidos que con el procedimiento de extradición anterior, que permitía al poder político proceder a una extradición o rechazarla. Hoy, la orden de detención se ha convertido en un procedimiento exclusivamente judicial debido a la supresión de la fase administrativa y política, así como al control ejercido por las jurisdicciones administrativas.

La orden de detención se creó a toda prisa, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre, y en nombre de su preocupación por su imagen mediática y en vez de guiarse por la sabiduría y la responsabilidad, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no dudaron en liquidar las libertades individuales y los derechos de defensa.

Idealmente concebida por nuestros eurócratas como una baza para la defensa de los derechos fundamentales de la persona, la orden de detención europea surge hoy con su faz verdadera: una herramienta de represión totalitaria y potencialmente peligrosa para todos.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe, que intenta evaluar la orden de detención europea, su eficacia y los problemas que ha encontrado desde su adopción. El papel de la orden de detención europea a la hora de reforzar la cooperación judicial y la confianza mutua es sumamente innovador y mejora la capacidad de los Estados miembros para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo.

Coincido con la recomendación de que el Parlamento debería estar más implicado en la evaluación de la orden de detención europea y que es preciso garantizar los derechos fundamentales en el contexto de la orden de detención europea a fin de asegurar que los ciudadanos de la UE de diferentes Estados miembros no sufran discriminación alguna.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La Orden de Detención Europea es un eslabón más en la cadena de medidas para completar la red institucional para salvaguardar el poder del capital dentro del marco del «espacio de seguridad y justicia» unificador de Europa. Permite la extradición de nacionales de los Estados miembros y básicamente suprime el principio de doble incriminación y el mecanismo para que los dirigentes políticos decidan sobre la extradición de una persona, invirtiendo los principios básicos y las garantías de protección de los derechos individuales salvaguardados en virtud de la anterior legislación sobre extradición. Limita la soberanía nacional, en el sentido de que cuestiona el derecho de cada Estado miembro a ejercer jurisdicción penal sobre sus ciudadanos, al tiempo que menciona derechos y garantías personales básicas y constitucionalmente protegidas.

El informe pide incluso unos cambios más reaccionarios a la Orden de Detención Europea, al proponer que se amplíe la abolición de la doble incriminación, que se supriman todos los derechos de los responsables políticos a intervenir en la extradición de personas por motivos de política nacional y conveniencia, y que se suprima todo control judicial de la compatibilidad de la orden con los derechos fundamentales.

El Parlamento Europeo vuelve a utilizar «el terrorismo y el crimen organizado» como pretexto necesario, a fin de ofrecer una base más estable para una nueva manera de limitar los derechos y las libertades, que se utilizará contra la lucha popular y contra todos aquellos que se oponen al imperialismo y al sistema capitalista explotador.

 
  
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  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) Resulta bastante incomprensible que el informe Hazan, tal como ha sido aprobado hoy por una amplia mayoría de esta Cámara, demuestre tanto entusiasmo por la Orden de Detención Europea. Lo más cuestionable es que recomienda que no se obligue al juez que ejecute la orden «a verificar sistemáticamente la conformidad con los derechos fundamentales». En otros aspectos también procura eliminar el control por parte de los jueces. Esta decisión conduce a Europa un poco más lejos por el mal camino de la oposición a los derechos fundamentales. Si las decisiones –se tomen o no a través de los tribunales– tienen que ser reconocidas mutuamente cuando no existen normas uniformes, entonces los derechos fundamentales en la Unión Europea saldrán perdiendo. El hecho es que el acusado corre el riesgo de quedar destrozado en la maquinaria de sistemas de Derecho penal totalmente diferentes que hay en la Unión Europea.

En este informe no se menciona ni una sola vez el hecho de que los intentos de los Estados individuales –como Alemania– de incorporar la Orden de Detención Europea en su legislación han sido rechazados por sus tribunales constitucionales debido a su clara inconstitucionalidad. A pesar de ello, se sigue pidiendo a los Estados miembros que «adopten, en el plazo más breve posible, las medidas que se impongan para eliminar los posibles obstáculos constitucionales o jurídicos que pudieran existir en relación con la aplicación de la Orden de Detención Europea a sus nacionales». Esto significa ni más ni menos que se pide a los legisladores alemanes que violen su propia constitución a fin de permitir que se aplique la Orden de Detención Europea.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El aspecto positivo del análisis de la Orden de Detención Europea es que aborda uno de los mecanismos de cooperación judicial más importantes en la UE, en un momento en que tal cooperación es cada vez más necesaria y cada vez más difícil.

Tradicionalmente, las autoridades nacionales no han compartido con facilidad la información relacionada con la seguridad, y han tenido dificultades para cooperar en cuestiones judiciales. La Orden de Detención Europea va en contra de esta tendencia al imponer la cooperación, que es vital, tanto desde el punto de vista de una mayor seguridad –es la forma más eficaz de evitar que los criminales se beneficien de las ventajas de la libertad de circulación– como desde el punto de vista de una mayor seguridad jurídica, que es igualmente fundamental.

Dicho esto, es de lamentar que haya que recordar a los Estados miembros que deben «adoptar, en el plazo más breve posible, las medidas que se impongan para eliminar los posibles obstáculos constitucionales o jurídicos que pudieran existir en relación con la aplicación de la Orden de Detención Europea a sus nacionales». Asimismo queremos mencionar, con cierto orgullo, que Portugal fue uno de los primeros Estados miembros en transponer la decisión marco en cuestión.

 
  
  

Informe: Gräßle (A6-0057/2006)

 
  
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  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación sobre el informe Grässle sobre la reforma del Reglamento financiero porque considero que en vez de aumentar la responsabilidad de los gestores, lo que habría permitido una mayor flexibilidad y unas normas más claras, el Parlamento contribuye aún más a la complejidad y la burocracia. Nada de esto sirve para potenciar la eficacia de la acción comunitaria y no conduce a una mejor gestión de los fondos de la Unión.

No conozco ninguna otra entidad pública, ni sobre todo privada, en la que el 40 % de la plantilla participe en la gestión financiera y en el control de la dirección. La Unión tendrá pronto más auditores que auditados.

 
  
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  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) El Reglamento financiero es lo mismo que una constitución financiera. Por tanto, es importante. Debemos reformar este Reglamento, que bloquea la máquina burocrática europea porque es la referencia comparativa o la expresión de la proliferación patológica de la burocrática europea.

Si hacen falta voluminosos manuales para entender este Reglamento, si se necesita una «ventanilla de ayuda» para ayudar cada día a funcionarios perdidos en el laberinto de sus procedimientos, si las empresas, institutos, organizaciones, campesinos y ciudadanos no pueden beneficiarse de la totalidad de las subvenciones ni participar en todos los contratos, es simplemente porque el Reglamento financiero se asienta en el principio filosófico fundamental que atraviesa toda la construcción europea: el principio de la cortina de humo, que el financiero italiano Puviani denominaba en 1905 el principio de las ilusiones financieras, consistente en utilizar la complejidad para ocultar la verdad, la verdad europea en este caso.

 
  
  

Prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos mundiales – (RC-B6-0160/2006)

 
  
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  Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. (EN) Apoyo plenamente esta resolución y pido a la Federación de Fútbol y a los clubes de fútbol que ayuden a poner fin al tráfico de seres humanos y a la prostitución forzada, y eviten que los eventos deportivos internacionales provoquen un enorme aumento de este horrible tráfico.

Han de «mostrar la tarjeta roja a la prostitución forzada». Han de colaborar con los clubes para informar y educar al público en general, y a los aficionados e hinchas en particular, acerca de la gravedad del problema de la prostitución forzada y el tráfico de seres humanos.

Hasta 800 000 mujeres son víctimas del tráfico cada año, 100 000 de ellas en la Unión Europea. Se trata de una de las más graves violaciones de los derechos humanos en el mundo actual. El crimen organizado se está preparando para explotar la Copa del Mundo. Miles de pobres mujeres serán atraídas a Alemania bajo falsas promesas de trabajo, solo para ser obligadas a prostituirse y a llevar una vida miserable.

Debemos actuar a escala europea e implicar no solo a la policía y los políticos, sino también a la Federación de Fútbol, a los clubes y a los propios aficionados. Pido a todos los aficionados que asistan a la Copa del Mundo que estén alerta ante este escándalo e informen de cualquier sospecha de tráfico que puedan tener.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de esta resolución sobre la prostitución forzada que reconoce la realidad de la situación en Alemania y la necesidad de aprovechar la oportunidad brindada por la Copa del Mundo para condenar el tráfico de seres humanos y la prostitución. Sin embargo, siempre hemos mantenido que prostitución forzada no es el término adecuado, dado que sugiere que existe algo así como una prostitución voluntaria.

Por supuesto, la lucha contra la prostitución forzada y el tráfico de seres humanos son muy importantes, pero no hemos de olvidar que toda la prostitución es forzada, aunque no haya tráfico. Es el resultado de la pobreza, la exclusión social, el desempleo, el empleo precario y mal pagado, y la presión psicológica de la sociedad de consumo. Por ello, la prostitución es siempre un ataque contra los derechos humanos, un ataque contra la dignidad de las mujeres y equivale a esclavitud. Es vergonzoso que se intente comerciar con todo, incluso con el cuerpo femenino.

De ahí que luchemos por la inclusión social y por los derechos de todas las mujeres a la dignidad. Asimismo, condenamos todas las formas de tráfico de seres humanos y pedimos medidas eficaces para garantizar que todas las mujeres y todos los seres humanos tengan una vida digna.

 
  
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  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La distinción entre prostitución legal y forzada es una distinción artificial. También es hipócrita condenar la prostitución forzada porque estabiliza y amplía la prostitución legal.

Tanto si la prostitución es legal como forzada, lo que se vende es el cuerpo humano, como una mercancía sujeta a todas las reglas del mercado. El marco legislativo que regula las normas de higiene que han de cumplir las prostitutas registradas reconoce básicamente la prostitución como una profesión y gestiona el problema. Así pues, ante este fenómeno social en espiral, la prostitución se está legalizando como una profesión; en otras palabras, está siendo desvinculada de las causas sociales que la producen y reproducen (desempleo, pobreza, empobrecimiento y falta de prestaciones sociales). Es decir, se está ocultando y exonerando la putrefacción en el sistema explotador, y está rechazando sus responsabilidades y remitiendo el problema a la esfera individual.

La prostitución no puede considerarse una profesión o una elección libre, porque es incompatible con el valor y la dignidad del ser humano, es la forma más extrema de ataque contra los derechos humanos. La prostitución, si se denomina una profesión, pasa a la lista de orientación profesional, como una alternativa al desempleo que afecta a las mujeres jóvenes con tanta brutalidad. Al mismo tiempo, legaliza las inversiones en empresas en el mercado de la prostitución, establece la cultura pornográfica y promueve la prostitución de las jóvenes. Nos oponemos a todas las formas de prostitución.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado esta resolución, que, con motivo de los preparativos de la Copa del Mundo, intenta poner fin al increíble aumento de la demanda de servicios sexuales y ofrece protección a las mujeres explotadas que son víctimas de la delincuencia organizada.

La resolución hace hincapié en la necesidad de emprender una campaña integrada a escala europea y, por tanto, insta a los Estados miembros a que lancen y fomenten la campaña de la «tarjeta roja» en estrecha cooperación con ONG, las fuerzas de orden público, iglesias y servicios médicos.

Además de pretender informar a la opinión pública, la resolución insta al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas, incluidas la FIFA, la UEFA, la Federación Alemana de Fútbol, entre otras, así como a los deportistas en general a que apoyen la campaña de la «Tarjeta roja» y a que condenen rotundamente la trata de seres humanos y la prostitución forzada.

 
  
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  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Al votar a favor de esta resolución me preocupa que, en particular, la Copa del Mundo de la FIFA esté generando un aumento importante e inaceptable de la trata de mujeres. A la hora de hacer frente a estos fenómenos, y también en general, la Comisión, entre otros, debería asegurar que la prioridad sea la lucha contra las bandas que obligan a las mujeres a prostituirse, en lugar de optar por «medidas suaves» dirigidas a menudo contra mujeres vulnerables que se ven empujadas a la fuerza a la esclavitud sexual.

 
  
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  Jonas Sjöstedt y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (SV) Apoyamos la resolución porque creemos que es importante centrarse en medidas que reduzcan el número de víctimas de la trata de seres humanos con fines de esclavitud sexual. Sin embargo, opinamos que hay que ampliar la resolución para incluir el conjunto de la prostitución. El término «prostitución forzada» puede interpretarse como si existiese su antónimo, la prostitución voluntaria. Creemos que toda prostitución es forzada porque ninguna mujer decide prostituirse por su propia voluntad. Se ve forzada a ello por una o varias razones, como por ejemplo la pobreza y el desempleo. Pero sobre todo existen unos vínculos claros entre una mujer que opta por prostituirse y el abuso físico, psicológico o sexual previo.

 
  
  

IV Foro Mundial del Agua en Ciudad de México (16-22 de marzo de 2006) (RC-B6-0149/2006)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la Resolución común sobre el cuarto Foro Mundial del Agua, que se celebrará en México del 16 al 22 de marzo de 2006, porque considero que el agua será uno de los elementos clave del bienestar de nuestros conciudadanos y de la paz en el mundo. La Unión Europea no podía estar ausente del reto mundial que supone permitir a los seres humanos acceder al valioso recurso natural que es el agua. Tenemos la responsabilidad colectiva de supervisar esta cuestión, que afecta a los derechos fundamentales de los seres humanos, a los animales y a las plantas. Al mismo tiempo, me pregunto si no ha llegado el momento de estudiar si la Unión debería adoptar una amplia política europea del agua a fin de garantizar de forma sostenible y renovable un abastecimiento en calidad y cantidad suficientes a los ciudadanos de la UE, independientemente del lugar en que vivan en el territorio de la UE. Considero que la Comisión debería anticipar la presentación al Parlamento y al Consejo del informe previsto en el artículo 18-1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

 
  
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  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La naturaleza nos suministra agua gratis; el agua es de todos y todos deben poder acceder a ella. No puede ser una mercancía en beneficio del capital porque el acceso al agua es un derecho fundamental, íntimamente relacionado con la salud, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la calidad de vida.

Para que pueda haber una oferta universal de agua de buena calidad a un precio asequible, la gestión de los recursos hídricos tiene que ser competencia exclusiva del Estado.

El IV Foro Mundial del Agua en México se celebrará bajo los auspicios del Banco Mundial y su política de clase; dicho de otro modo, su política de privatización de los sistemas de abastecimiento de agua, lo que augura la falta de agua potable para las clases populares pobres y nuevos beneficios para el capital.

La UE fomenta una política de liberalización de los servicios en el marco de la Estrategia de Lisboa. Durante las negociaciones de la OMC se puso de acuerdo en torno a los servicios (GATS) con los demás centros imperialistas.

La privatización y destrucción de los bosques y los macizos montañosos, que constituyen importantes zonas de almacenamiento de agua, forma parte de la filosofía de la rentabilidad, que desprecia los derechos humanos básicos.

Los diputados por el Partido Comunista de Grecia expresamos nuestra oposición al IV Foro Mundial del Agua porque desprecia los derechos humanos básicos a favor de los beneficios. Instamos a las clases trabajadoras a luchar por desbaratar los bárbaros planes antipopulares de sus explotadores.

 
  
  

Informe: Cottigny (A6-0031/2006)

 
  
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  Andreas Mölzer (NI). (DE) Señor Presidente, cuando los dividendos y los beneficios aumentan, y con ellos los salarios de los directivos, los puestos de trabajo hacen lo contrario y disminuyen. En el conjunto de Europa se pierden tantos empleos en reestructuraciones como en quiebras. Se calcula que en los últimos años tan solo en Austria se han perdido entre 15 000 y 20 000 puestos de trabajo, que han ido a parar a los nuevos Estados miembros. La reestructuración es una panacea que permite a las empresas de hoy presentarse ante el mundo como modelos de gestión, al menos sobre el papel. Ha habido más reestructuraciones en los servicios públicos que en el sector privado, entre otras cosas en respuesta a las directrices de la UE.

Ahora nos estamos dando cuenta de que a menudo pagamos un precio elevado por las medidas económicas, en forma de pérdida de calidad, conocimientos, competencia, motivación del personal y potencial estratégico. A pesar de que el uso de las reestructuraciones en sustitución de una estrategia clara supone un gran riesgo, las directrices de privatización de la UE y el trato preferencial del turismo de subvenciones han fomentado esta tendencia. Es hora de que la UE asuma sus responsabilidades y se abstenga de realizar nuevas ampliaciones, a las que en parte pueden atribuirse estos cambios, y se preocupe más de la justicia social.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe relativo a las reestructuraciones y al empleo porque tenemos que demostrar continuamente a nuestros conciudadanos que la Unión Europea es fuente de soluciones en el marco de los grandes cambios económicos y sociales de hoy, y no la causa de los problemas.

La gravedad de los problemas económicos y sociales asociados a las reestructuraciones, en especial industriales, merece una política europea enérgica a fin de conciliar las necesarias mutaciones y la competitividad de la Unión. Celebro la propuesta de crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Era urgente poder conciliar, por una parte, las inevitables reestructuraciones industriales derivadas de los cambios económicos y, por otra, la protección de las principales víctimas, que son los trabajadores despedidos y las actividades económicas que dependen de los sectores reestructurados, en particular entre los subcontratistas. Por último, apoyo plenamente la idea de que la Unión Europea intervenga a favor de las regiones que, después de haber experimentado un proceso de reestructuración, tengan que integrarse en nuevas zonas económicas.

 
  
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  Jean Louis Cottigny (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre las reestructuraciones y el empleo, que propone recursos financieros, el refuerzo del papel de los interlocutores sociales y herramientas de análisis y anticipación de las reestructuraciones.

Las reestructuraciones de empresas tienen diversas causas, defensivas u ofensivas, pero siempre tienen los mismos efectos sobre los trabajadores, que son la variable de ajuste de las estrategias de los grupos industriales.

Que la Unión Europea se ocupe de este problema con el objetivo de anticipar las consecuencias de las reestructuraciones sobre los trabajadores es loable y necesario, pero la UE tiene el deber de establecer una política económica e industrial dinámica, preocupada por la preservación y la creación de puestos de trabajo para los ciudadanos europeos, así como por la cohesión social y territorial.

Lamento, pues, que la propia UE favorezca la competencia entre los Estados miembros permitiendo el dúmping social y fiscal.

 
  
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  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) Las reestructuraciones industriales son un fenómeno antiguo y permanente, generado por el progreso técnico y la mejora de la productividad. Con frecuencia son inevitables para garantizar el mantenimiento de la competitividad y, por tanto, del empleo a largo plazo. Siempre tienen un alto coste social, sobre todo en las regiones con industrias tradicionales en las que los trabajadores escasamente cualificados y no particularmente móviles tienen dificultades para cambiar de ocupación. Hay que mitigar por tanto sus consecuencias sociales.

Por esta razón he votado con absoluta convicción a favor del informe Cottigny sobre las reestructuraciones y el empleo. Deseo vivamente que sus propuestas sean recogidas por el Consejo y la Comisión y se conviertan en actos concretos. La Unión Europea debería adaptar sus respuestas, reforzar el papel de los interlocutores sociales y crear herramientas destinadas a anticipar con más acierto las reestructuraciones.

La mayor atención prestada a las PYME, la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización, el derecho a la formación a lo largo de toda la vida, etc. son otras tantas medidas que deberían demostrar a los ciudadanos que la Unión Europea está cerca de sus inquietudes y comparte su preocupación por una genuina cohesión social.

 
  
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  Lena Ek y Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. (SV) En el informe sobre reestructuración y empleo, el ponente, el señor Cottigny, adopta la misma desafortunada actitud que también se observa en el informe sobre la deslocalización en el contexto del desarrollo regional, sobre el que votamos ayer. Ayer votamos en contra de dicho proteccionismo económico y hoy haremos lo mismo. Una vez más, creemos firmemente que ni el Estado ni la UE tienen que decir a las empresas cómo llevar a cabo la reestructuración. Dicho esto, está claro que no podemos esconder la cabeza bajo el ala y pretender que la reestructuración y la deslocalización de las empresas no afectan en algunos casos a los habitantes y las circunstancias sociales básicas de la zona. Apoyamos la petición de un diálogo más estrecho entre los agentes sociales respecto de estas cuestiones, pero podemos evitar los efectos perjudiciales de la reestructuración y la deslocalización por otras vías que no consistan en impedir el desarrollo del sector privado. En su lugar, deberíamos invertir nuestra energía en mejorar las condiciones básicas para que las empresas puedan crear un mayor número de puestos de trabajo de duración indefinida.

 
  
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  Anne Ferreira (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre las reestructuraciones y el empleo, que propone recursos financieros, el refuerzo del papel de los interlocutores sociales y herramientas de análisis y anticipación de las reestructuraciones.

Las reestructuraciones de empresas tienen diversas causas, defensivas u ofensivas, pero siempre tienen los mismos efectos sobre los trabajadores, que son la variable de ajuste de las estrategias de los grupos industriales.

Que la Unión Europea se ocupe de este problema con el objetivo de anticipar las consecuencias de las reestructuraciones sobre los trabajadores es loable y necesario, pero la UE tiene el deber de establecer una política económica e industrial dinámica, preocupada por la preservación y la creación de puestos de trabajo para los ciudadanos europeos, así como por la cohesión social y territorial.

Lamento, pues, que la propia UE favorezca la competencia entre los Estados miembros permitiendo el dúmping social y fiscal.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Esta tarde estaré en la ciudad de Le Syndicat, en el departamento de los Vosgos, donde está teniendo lugar un suceso que simboliza las consecuencias de las políticas adoptadas por Bruselas.

El grupo SEB se propone cerrar una unidad de producción en esa ciudad porque no ha podido soportar la competencia de las importaciones baratas de China. Más de 400 trabajadores están en la estacada, por no hablar de los subcontratistas, que pierden a uno de sus principales clientes y también deberán efectuar despidos. Toda una cuenca de empleo en crisis. Sin embargo, el grupo SEB prospera. Sus beneficios aumentan. Se implanta en el extranjero, compra marcas... Pero cierra fábricas en Francia. No puede hacer otra cosa, porque se ve acorralado entre las exigencias burocráticas y financieras –procedentes directa o indirectamente de Europa– y la desbocada competencia mundial negociada por la UE. No fue SEB quien fijó las reglas del juego, sino Bruselas.

Hoy, para intentar atajar las consecuencias lógicas de las políticas de competencia europeas (reestructuraciones, deslocalizaciones, etc.), el informe Cottigny propone una lista de medidas burocráticas que no resolverán el problema, sino, al contrario, lo agravarán y acelerarán. Lo que hay que cambiar es toda la lógica, empezando por el culto a la «libre» competencia combinado con la multiplicación de las exigencias reglamentarias y fiscales. El mercado de trabajo saldría ganando con ello.

 
  
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  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Durante mucho tiempo, la UE ha tomado medidas políticas para hacer frente a la reestructuración en diferentes sectores. Este informe propone algunos cambios constructivos de esas medidas, por ejemplo los recursos desembolsados con cargo a los fondos comunitarios se controlarían de modo más eficiente y no se usarían para deslocalizarse dentro de la UE.

La actitud básica de la Lista de Junio es que las consecuencias de la deslocalización y la reestructuración son asunto de cada país. No creemos que la UE tenga que tomar medidas para garantizar que las empresas acepten responsabilizarse de dichas consecuencias. Las cuestiones importantes de este tipo deben decidirse en los Estados miembros.

El Parlamento Europeo desea, entre otras cosas:

– fijar los criterios que rijan las condiciones en que estará permitido llevar a cabo una reestructuración (con objeto de salvar puestos de trabajo y aumentar la competitividad y no solo, por ejemplo, para generar beneficios);

– crear un fondo especial de «ajuste al crecimiento»;

– que la UE acepte la responsabilidad sobre los «efectos ocultos» de la reestructuración, como las consecuencias para la salud de los trabajadores, los problemas psicológicos entre los trabajadores y el aumento de la mortalidad entre los que hayan sido despedidos;

– conseguir la participación igualitaria de los empleados para que puedan participar en las decisiones relativas a la reestructuración;

– y manifestar el desacuerdo con los Estados miembros que exigen la jubilación anticipada a los trabajadores a raíz de la reestructuración.

Sean cuales fueren las opiniones políticas en relación con dichas cuestiones, competen a cada país individualmente. Por consiguiente, hemos optado por votar en contra de este informe.

 
  
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  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) La «Estrategia» de Lisboa, que se supone debe depararnos un futuro radiante, será un vergonzoso fracaso, y no se salvará añadiendo algunos fondos de apoyo a los abandonados de un sector industrial que, en mi región de Nord-Pas-de-Calais, han visto sus puestos de trabajo destruidos por nada. Un sacrificio que no habrá permitido exportar el bienestar económico y social a otras partes del mundo.

No solo no necesitamos caridad, sino tampoco otro informe intervencionista más que pretende corregir los malos hábitos de la Comisión Europea. La destrucción de puestos de trabajo en Francia y en la Europa ampliada continuará, por muchas toneladas de papel que removamos, que no expresan más que nuestra impotencia y sumisión a las normas de la globalización desenfrenada y al enfoque ultraliberal de los celosos eurófilos. Europa está enferma también de un neomarxismo que quiere más intervencionismo estatal, que suma la burocracia europea a la burocracia nacional, ya caracterizada por sus cargas administrativas y por una aplastante insistencia en la fiscalidad.

Las fuerzas motrices de nuestra economía huyen para ser sustituidas por una inmigración masiva cuya aportación negativa representa una carga económica y social insoportable. Necesitamos el nacionalismo económico, el restablecimiento de las fronteras aduaneras y arancelarias, la preferencia comunitaria en Europa y la protección y la preferencia nacional en Francia.

 
  
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  Thomas Mann (PPE-DE), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe Cottigny después de que las enmiendas propuestas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que incorporaban propuestas que yo había hecho en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hubieran obtenido una mayoría suficiente. La reestructuración de las empresas tiene que verse bajo una luz más matizada.

Por una parte, la deslocalización de las empresas a lugares más baratos en el extranjero provoca un conflicto entre diferentes culturas empresariales, con la pérdida de los efectos sinérgicos que dicen que esto suele generar y el agravio que supone para los trabajadores, incluido el personal directivo. Por otra parte, la reestructuración es necesaria cuando las empresas necesitan responder a las demandas de los nuevos mercados, la proximidad de los clientes y la necesidad de aumentar su competitividad.

Para que los trabajadores de la UE estén más preparados para mejorar su movilidad hasta los niveles que les serán exigidos, necesitan apoyo suficiente mediante la formación continua y el reciclaje profesional y deben participar en programas de aprendizaje permanente. Las PYME tienen que beneficiarse al máximo de la ayuda a la reestructuración, que debe ajustarse a los objetivos de Lisboa. Con el fin de determinar si las ayudas son legales o no, tiene que ser más sencillo trazar los fondos hasta su origen y de este modo facilitar la recuperación de la ayuda obtenida indebidamente.

Puesto que los fondos estructurales de que disponemos en este momento son insuficientes, acojo con satisfacción la creación, para poner de manifiesto nuestra solidaridad, de un fondo especial de 500 millones de euros anuales para el reciclaje y la ayuda al cambio de empleo. No obstante, falta debatir sus criterios, porque se prevé que funcione solo en caso de deslocalizaciones a Estados que no forman parte de la UE y en los que una empresa despida a más de 1 000 trabajadores. La administración de este fondo no debe dar lugar a la creación de una nueva burocracia en la Comisión Europea o en el nivel de las autoridades nacionales.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el informe escrito en respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre reestructuración y empleo. El informe establece que las reestructuraciones no deben ser un sinónimo de retrocesos sociales, a condición de que estas se prevean y gestionen correctamente a través de la estrecha colaboración entre las empresas afectadas y los sindicatos, además de una formación adecuada de los trabajadores.

Pide que se preste apoyo a las PYME y propone que los programas financieros que se están debatiendo para 2007-2013 se orienten en mayor medida a la previsión y la gestión de las reestructuraciones. A fin de evitar el «turismo de subvenciones», el informe defiende que las empresas beneficiarias de ayudas procedentes de los fondos de la Unión que deslocalicen total o parcialmente sus actividades dentro de la Unión no puedan beneficiarse nuevamente de ayudas comunitarias durante un periodo determinado.

 
  
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  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Cottigny sobre reestructuración y empleo. He votado a favor de la segunda parte del apartado 9 sobre la dotación de un Fondo de Adaptación a la Globalización por parte de las empresas, ya que se trata de una donación voluntaria.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La globalización no es solo un proceso de aproximación, de acortamiento de las distancias y de maximización de la escala; también es un proceso de aceleración. En la actualidad, todo es cuestión de movimiento y todo se mueve con mayor rapidez. Por tanto, es comprensible que algunas personas muestren aprensión por la celeridad de los tiempos modernos. El final de un ciclo, el desmantelamiento de un modelo, la ruptura con el pasado; esto siempre es un momento de crisis. Evidentemente, es improbable que las víctimas de estos procesos crean en las virtudes de la «destrucción creativa». No obstante, esto es tan real como la propia destrucción.

Hago estos comentarios en respuesta al informe Cottigny sobre reestructuración y empleo, que peca precisamente de no sintonizar con la realidad. Las estructuras sociales, sobre todo las públicas, han de estar preparadas para encajar el golpe de las transformaciones que va a traer esta época de revolución económica. Después de todo, no podemos dar la espalda a los que han sido excluidos del progreso. Pero tampoco me parece deseable invertir el proceso totalmente. Nuestro objetivo consiste en procurar aprovechar este tiempo al máximo en beneficio de nuestras economías y de nuestros ciudadanos, y este es el proyecto en el que debemos centrar nuestros esfuerzos.

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) El informe es constructivo y arroja luz sobre muchos de los problemas derivados de una economía que se nutre de la especulación a corto plazo. Por esto he votado a favor de él. No obstante, el informe se refiere en términos positivos al fondo que la Comisión desea crear. Este fondo implicaría pagos directos a individuos y supondría el comienzo de un proceso mediante el que la UE asumiría el poder sobre la política social, lo que sería lamentable.

En toco caso, sería útil recurrir al capital privado para financiar una parte adecuada de este fondo. Voto en contra de nuevas directrices de la UE en materia de legislación laboral en relación con la reestructuración porque socavan el modelo sueco de convenios colectivos entre los agentes sociales.

 
  
  

Informe: Bauer (A6-0028/2006)

 
  
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  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Bauer sobre la protección social y la inclusión social y quisiera formular al Consejo Europeo, o sea, a los veinticinco Jefes de Gobierno, una pregunta a la que espero respondan: ¿por qué actualmente los jubilados perciben una pensión cada vez menor que resulta cada vez menos suficiente para sobrevivir?

Las reformas que los veinticinco Jefes de Gobierno están aplicando apuntan a conceder pensiones cada vez más bajas a los jubilados. En Italia, en 2050, los jóvenes se encontrarán con una pensión equivalente tan solo a un tercio de su último sueldo.

Quiero enviar esta grabación en DVD con mi voz a los veintisiete Jefes de Estado o de Gobierno y espero que digan claro qué quieren hacer. Quizás derogar la categoría de ciudadanos jubilados o asegurar la supervivencia de quienes han trabajado en el pasado pero ahora ya no pueden hacerlo por ser demasiado viejos.

 
  
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  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe contiene una larga lista de exhortaciones a los Estados miembros relativas a las medidas que deberían tomar para hacer frente a la pobreza relativa en los Estados miembros individuales. Sin duda, hay buenas razones para que los Estados miembros cooperen en cuestiones de este tipo, por ejemplo compartiendo experiencias y buenas prácticas de forma voluntaria.

No obstante, la integración social y la pobreza tienen que abordarse a escala nacional o a través de la cooperación voluntaria entre los Gobiernos de los Estados miembros. Es difícil ver el valor añadido o la competencia específica que aporta el Parlamento Europeo si nos dedicamos a emitir opiniones sobre estas y otras cuestiones similares.

El informe contiene propuestas para que:

– los Estados miembros aumenten las oportunidades de aprendizaje permanente (apartado 11);

– los Estados miembros faciliten el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad (apartado 24);

– los sistemas de pensiones de los Estados miembros se reformen para garantizar la justicia social en la medida de lo posible (apartado 44);

– las reformas de los sistemas de pensiones de los Estados miembros no graven aún más la carga fiscal del trabajo (apartado 45);

La Lista de Junio recomienda que este tipo de cuestiones importantes se resuelvan mediante debates nacionales, en los que los Estados miembros, independientemente o en cooperación voluntaria con otros agentes relevantes, usen los canales democráticos habituales para decidir sobre la legislación más apropiada y otras medidas oportunas. Por eso hemos votado en contra de este informe.

 
  
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  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) El informe de la Comisión Europea sobre la protección social y la inclusión social confirma que los Estados miembros están intensificando sus esfuerzos por combatir la pobreza y asegurar que los planes de pensiones garanticen ingresos suficientes a los pensionistas. Pero el informe señala que más de 68 millones de personas, el 15 % de la población de la UE, vivía en el umbral de la pobreza en 2002.

A pesar de las importantes mejoras estructurales en el mercado de trabajo de la UE, los niveles de empleo y de participación siguen siendo insuficientes. El desempleo sigue siendo elevado en varios Estados miembros, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y las mujeres. El informe afirma que la exclusión del mercado de trabajo tiene una dimensión nacional, pero también local y regional.

Apoyo plenamente el informe Bauer, que recomienda las medidas planteadas por la Comisión para ayudar a los Estados miembros a reconocer las dificultades a que se enfrentan las personas desfavorecidas y para apoyar su integración, fomentar la creación de empleo, la formación y el desarrollo profesional, la conciliación de la vida familiar y profesional y el derecho a un acceso equitativo a la atención sanitaria y a una vivienda digna, así como para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el presente informe, que se centra en varias prioridades políticas fundamentales, entre ellas el aumento de la participación en el mercado laboral; la modernización de los sistemas de protección social; la superación de las desventajas en materia educativa y de formación; la eliminación de la pobreza infantil; la garantía de una vivienda digna; la mejora de las viviendas y la superación de la falta de viviendas sociales para los grupos vulnerables; la mejora del acceso a servicios de calidad como la asistencia sanitaria y de larga duración, los servicios sociales y el transporte; la superación de la discriminación y el aumento de la integración de las minorías étnicas y de los inmigrantes.

 
  
  

Informe: Grech (A6-0058/2006)

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) En la votación final hemos decidido votar a favor de las directrices para el procedimiento presupuestario 2007, a pesar de que tenemos serias objeciones respecto de dos puntos.

Nos oponemos a la creación de un estatuto para los asistentes de los diputados, porque existe el peligro de que vivan en condiciones muy diferentes de las que tienen las personas con las que han de trabajar estrechamente en las circunscripciones. También hay un importante riesgo de que la profesión de asistente de los diputados se convierta en una carrera vitalicia.

Asimismo, nos oponemos a la creación de un Centro de Casas de Europa en Bruselas concebidas para llevar a cabo una política de información sobre la UE.

 
  
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  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe del señor Grech, que dista mucho de ser políticamente anodino.

Así, por ejemplo, en materia de política de información, si se aplica el principio general recogido en los apartados 17, 28 y 62 (reducción de las actividades que no aportan ningún valor añadido), creo que es preciso introducir cambios importantes. Todos los días recibimos folletos de información redactados por «especialistas». Estoy convencido de que, para inspirar confianza a los ciudadanos europeos, es mejor informarles a través de los medios de comunicación que les llegan habitualmente allí donde estén, que diseñar costosos folletos que no leerán o no entenderán.

Otro ámbito en el que deberían aplicarse los principios del informe es el de los «auxiliares de sesión». En materia de empleo, nuestra ponente aboga por contratar personal a largo plazo en vez de recurrir a agentes con contratos a plazo fijo. Si apoyamos este principio –como es mi caso–, ¿qué estatuto propondremos a finales de año a los 300 auxiliares de sesión cuyo contrato no podrá prorrogarse en su forma actual, tras la desaparición del fundamento jurídico previsto en el artículo 78 del «régimen aplicable a otros agentes»?

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Grech porque no estoy de acuerdo en que se ponga en entredicho el establecimiento de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y el establecimiento de Luxemburgo como lugar de trabajo.

 
  
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  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Grech. He votado a favor de ambas partes del artículo 47 porque considero que para 2009 los asistentes de los diputados deben contar con un estatuto.

 
  
  

Informe: Ó Neachtain (A6-0019/2006)

 
  
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  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Acogemos con satisfacción la introducción de métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente. Pero no estamos a favor de que la UE introduzca un sistema de apoyo y compensación para los pescadores profesionales afectados por los efectos negativos de dichos métodos. El informe no menciona ninguna cantidad específica de compensación. Tampoco explica de qué partida presupuestaria habría que sacar dicha compensación.

Estamos a favor de que los pescadores y sus representantes se impliquen en la fijación de medidas encaminadas a proteger el medio ambiente marino y recuperar las poblaciones de peces diezmadas (enmienda 1). Pero no estamos a favor de la propuesta de que la Comunidad subvencione las medidas de compensación a los pescadores (enmienda 2).

No aprobamos un nuevo gasto presupuestario en el seno de la UE y hemos decidido votar en contra de la totalidad de este informe.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Tras el debate anterior acogemos con satisfacción el apoyo del Comisario de Pesca, el señor Borg, a la enmienda que hemos presentado, que defiende que la descentralización y la cogestión son dos principios fundamentales tanto para garantizar la implicación de los pescadores y de sus asociaciones representativas en las medidas de protección del medio ambiente marino y la recuperación de las poblaciones de peces esquilmadas, como para garantizar la eficacia de dichas medidas, teniendo en cuenta que son los pescadores y sus asociaciones quienes aplicarán dichas medidas, ya que tienen un conocimiento de primera mano sobre el estado de los recursos y son los principales interesados en su preservación.

Destacamos igualmente su buena disposición a examinar la enmienda que hemos propuesto, que insta a la Comisión a proponer medidas socioeconómicas de compensación, con la garantía de financiación comunitaria, para los planes de recuperación de las poblaciones de peces esquilmadas.

La mayoría del Parlamento Europeo ha rechazado inexplicablemente estas propuestas, cosa que lamentamos.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Un sector pesquero sostenible basado en la última investigación científica y tecnológica es fundamental para alcanzar uno de los principales objetivos de la UE, a saber, la explotación de los recursos marinos vivos de tal modo que asegure unas condiciones económicas, ambientales y sociales sostenibles.

Esta Comunicación de la Comisión constituye un paso en la buena dirección porque desempeña un papel importante en la promoción de una gestión de la pesca ecológicamente sostenible.

Quiero reiterar la importancia de estas medidas para los pescadores; cualquier actividad económica que sea más respetuosa con el medio ambiente les beneficia porque les garantiza poblaciones de peces sanas. Puesto que estas medidas podrían tener un efecto socioeconómico importante a corto plazo, es necesario implicar a las partes interesadas en las reformas programadas y examinar maneras de compensar a los pescadores afectados negativamente, a corto y medio plazo, por una pesca respetuosa con el medio ambiente.

A la luz de los puntos mencionados, considero que el contenido de la comunicación contribuye de forma relevante y significativa a la construcción de un futuro positivo, tanto para las personas que se ganan la vida con la pesca como para la protección del medio ambiente.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) He votado, por supuesto, a favor de este informe, que fomenta unos métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente.

Hoy, la prioridad es conseguir una reducción de la intensidad de la actividad pesquera para permitir la recuperación de las poblaciones. El tema es delicado, lo sabemos, pero es urgente. En efecto, el 46 % de las 28 000 especies de peces censadas en el mundo están amenazadas. Además, el Programa de evaluación de los ecosistemas de las Naciones Unidas destaca que el 25 % de las especies comerciales están sobreexplotadas.

Evidentemente, hay que tener en cuenta los imperativos socioeconómicos y no penalizar al sector pesquero, sometido ya a demasiadas exigencias. La reducción de la actividad pesquera puede contemplarse si va asociada a compensaciones. Pero otras medidas pueden aportar resultados significativos, como la intensificación de la lucha contra la contaminación por los buques o la promoción de unos métodos de pesca sostenibles.

La sostenibilidad de los recursos pesqueros es un objetivo esencial, y en este sentido he orientado mi informe de opinión relativo a la Comunicación de la Comisión sobre un enfoque comunitario acerca de los sistemas de etiquetado ecológico de los productos pesqueros.

 
  
  

Preparativos para el Consejo Europeo/Estrategia de Lisboa (RC - B6-0161/2006)

 
  
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  Brian Crowley (UEN), por escrito. (EN) Respaldo el objetivo de modernizar la economía europea mediante la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Acepto que esta estrategia también debe ser considerada en el contexto más amplio de los requisitos del desarrollo sostenible y que es necesario que cubramos nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Sin duda, Europa dispone de recursos para mantener nuestras elevadas condiciones de vida, pero tenemos que actuar para liberarlos.

Me gustaría que constase en acta que aunque apoyo el objetivo general de la resolución del Parlamento sobre la Cumbre de primavera de 2006, no apoyo las enmiendas que manifiestan que la energía nuclear constituye una alternativa viable a la actual dependencia energética de Europa. Irlanda no apoya de ningún modo el uso de la energía nuclear.

 
  
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  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) Casi ha pasado un año desde el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, acordada por el Consejo Europeo de Primavera en marzo del año pasado.

En su Informe Intermedio Anual sobre la Estrategia de Lisboa publicado el 25 de enero en preparación del próximo Consejo Europeo de Primavera, la Comisión afirma que aunque reconoce los avances significativos realizados desde entonces, ahora la prioridad es generar resultados y ha llegado el momento de acelerar las reformas.

En este sentido, identifica cuatro ámbitos prioritarios de actuación, en los que los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE deben comprometerse a tomar las siguientes medidas concretas adicionales a escala nacional y europea: aumentar la inversión en educación e innovación; liberar el potencial de las empresas, especialmente de las PME; responder a los retos de la globalización y del envejecimiento de la población; e iniciar una política energética europea eficaz e integrada.

La propuesta de resolución planteada formula comentarios y sugerencias sobre los cuatro ámbitos de actuación prioritarios, que apoyo plenamente. Por eso he votado a favor.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque lamento que la resolución que hemos presentado haya sido rechazada, cabe señalar que cerca de 100 diputados han votado a favor (79) o se han abstenido (20), lo que supone más del doble del número de diputados de nuestro Grupo y más que el conjunto del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Ha sido igualmente significativo que un número aún mayor se haya negado a votar a favor de la resolución conjunta, que sin embargo ha sido aprobada por la mayoría.

La experiencia nos ha demostrado que el método de coordinación abierta previsto en la Estrategia de Lisboa no ha reducido la pobreza. A raíz de la Estrategia de Lisboa, las prioridades han sido la liberalización y la privatización de los sectores y los servicios públicos.

Dado que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, hay que fijarse más en sus causas. Por lo tanto, hay que tomar las medidas necesarias para promover la inclusión social desde una perspectiva multidisciplinaria.

Por eso defendemos la sustitución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un verdadero pacto de desarrollo y progreso, y la Estrategia de Lisboa por una verdadera estrategia de cohesión económica y social. A su vez, creemos que no hay que poner el acento en la propuesta de una directiva sobre la creación de un mercado interior de los servicios.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Apoyaré esta resolución, junto con mis colegas del Grupo socialista y la delegación laborista, pero quiero señalar una omisión fundamental en la sección sobre política energética, a saber, la energía maremotriz.

El calentamiento global nos aparta de la energía convencional, al tiempo que las preocupaciones en materia de seguridad suponen una amenaza para la energía nuclear. Las energías renovables, ya sea la energía solar, la eólica o los biocombustibles, difícilmente pueden colmar este vacío. La gran oportunidad que estamos dejando de lado es la energía maremotriz. Francia construyó una central en el estuario de La Ranche como ejemplo de esta tecnología; en el Reino Unido, tanto el estuario del Mersey, en menor medida, y el del Severn, a gran escala, son lugares adecuados. Solo el proyecto del Severn podría proporcionar casi el 10 % de las necesidades energéticas británicas. ¿Por qué estamos dejando de lado las «grandes» fuentes de energía renovables, mientras cubrimos nuestras colinas con molinos de viento y nuestros tejados con paneles solares?

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Por norma general, las resoluciones de este Parlamento sobre los preparativos de los Consejos Europeos consisten en una letanía de deseos a los Gobiernos y a la Comisión. Lo que tienen en común es que nunca señalan que las dificultades que experimentan nuestros países tienen su causa en la integración europea y siempre reclaman más intervenciones de Bruselas en las políticas de los Estados miembros. La salud no puede venir de la Europa de Bruselas, porque la mayoría de los problemas mencionados en este texto tienen su origen en ella.

Por ejemplo, nos encontramos hoy en un punto en el que los problemas debidos a la liberalización del mercado interior de la energía –que Bruselas deseaba y que estaba basada exclusivamente en el sacrosanto principio de competencia– llevan a los diputados a pedir una política energética común, incluso única, cuando este ámbito de intervención no existe en los Tratados y no figura en ellos por una buena razón: la oposición de los Gobiernos, conscientes de la importancia estratégica del sector y de sus intereses discrepantes.

La impresión general es que la integración europea, tal como está hoy, es un fin en sí misma y se autoalimenta de las consecuencias negativas de sus propios errores. Tenemos que poner fin a este círculo vicioso.

 
  
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  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) En esta resolución, el Parlamento Europeo se inmiscuye en ámbitos de los que tienen que ocuparse los Parlamentos de los Estados miembros para alcanzar los objetivos europeos de aumento del crecimiento y del empleo. La base de la Estrategia de Lisboa es que los Estados miembros apliquen lo que se haya acordado.

La Estrategia de Lisboa no debe usarse como argumento para pedir constantemente un aumento de la dotación del presupuesto de la UE. En su lugar, la Lista de Junio cree que la Estrategia de Lisboa ha de estar incluida en los presupuestos de los respectivos Estados miembros. El apartado 3 de la resolución afirma que hay que aumentar el presupuesto de la UE si queremos alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por eso hemos decidido votar en contra de la resolución.

La resolución contiene muchas propuestas positivas, pero está basada en unas perspectivas financieras que no apoyamos. La responsabilidad de la aplicación de la Estrategia de Lisboa reside en los Estados miembros; por eso es importante que no aumenten sus contribuciones a la UE. Por el contrario, deberían tener margen para ocuparse de las exigencias de la Estrategia de Lisboa.

Por tanto, hemos votado en contra de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lo que ocurrirá el 16 y 17 de marzo podría denominarse junta general de empresarios, y no es casualidad que esté prevista para justo antes del Consejo Europeo. Participará el Canciller austriaco y actual Presidente en ejercicio del Consejo, el Presidente de la Comisión y los Comisarios, junto con los peces gordos de las empresas, la industria, el medio ambiente, la investigación y los medios de comunicación, por no mencionar a los responsables gubernamentales de los llamados programas nacionales de reforma.

Los capitanes de la industria presentarán su lista de deseos, que pide la aplicación de las llamadas reformas estructurales, un eufemismo de la política de derechas cuyo significado real conocen muy bien los trabajadores: más trabajo precario, reducción de los salarios, aumento de la vida laboral y de la jornada laboral, retraso de la jubilación, desmantelamiento y posterior liberalización y privatización de los servicios públicos, con el acento puesto en la energía y las comunicaciones, la seguridad social, la salud y la educación y la investigación, lo que generará explotación, desempleo y pobreza.

La mayoría del Parlamento se ha unido para aprobar esta agenda, aunque nosotros hemos votado en contra.

 
  
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  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos plenamente todas las medidas de la Estrategia de Lisboa que mejoran verdaderamente la competitividad de las economías europeas. Para ello, es necesaria una verdadera reforma económica que genere más crecimiento, mercados de trabajo más flexibles y más empleo en todo el territorio de la UE.

Aunque apoyamos plenamente los esfuerzos del Presidente de la Comisión y de algunos Estados miembros por reducir las cargas que soportan las empresas y los impedimentos que obstaculizan la creación de empleo, nos preocupa el hecho de que algunas de las medidas descritas en la resolución puedan generar más costes para las empresas y resten valor a la prioridad primordial de dotar a Europa de más competitividad en el mercado mundial y, de este modo, reducir de forma significativa los niveles de empleo.

No podemos apoyar estas propuestas recogidas en la resolución, que supondrían elevar las perspectivas financieras por encima de lo acordado en el Consejo Europeo de diciembre de 2005.

Por estos y otros motivos, hemos decidido abstenernos en la votación sobre la resolución.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de resolución conjunta firmada e impulsada en el Parlamento Europeo por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa está encaminada a acelerar aún más las reestructuraciones capitalistas mediante el establecimiento de programas nacionales. El ataque del capital unificador de Europa se extiende y abarca todos los vínculos básicos, con la invasión de capital y la comercialización de la sanidad, la educación y la energía, el desmantelamiento de las relaciones laborales y la eliminación de los derechos adquiridos por las clases trabajadoras, con el nuevo ataque a sus derechos de seguro y de pensión.

La Estrategia de Lisboa también está basada en el Tratado de Maastricht y en las cuatro libertades (de capital, comercio, trabajadores y servicios) que Nueva Democracia, el Movimiento Socialista Panhelénico y Synaspismos apoyaron conjuntamente en nuestro país.

El Partido Comunista de Grecia ha advertido a la clase obrera y a los ciudadanos sobre los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Insta a la clase obrera a intensificar su lucha contra el bárbaro ataque del capital, a dirigir su lucha contra los monopolios y el imperialismo y a construir su alianza para el poder y la prosperidad del pueblo.

 
  
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  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) Es escandaloso que 20 años después del desastre de Chernóbil, dos tercios de los diputados sigan apoyando el uso de la energía nuclear votando a favor de la resolución sobre la Estrategia de Lisboa. La energía nuclear sigue siendo una tecnología de alto riesgo con consecuencias incalculables.

El aumento del uso de la energía nuclear viola los derechos fundamentales y agrava irreparablemente las condiciones de vida de las generaciones futuras. La extracción de uranio entraña la sobreexplotación masiva de la naturaleza y la contaminación radioactiva de las aguas subterráneas. El uranio también puede enriquecerse, lo que constituye un medio de producir material utilizable en armas nucleares. De hecho, no es posible separar el uso «civil» de la energía nuclear del militar. Incluso el funcionamiento normal de los reactores nucleares implica un estado permanente de riesgo a causa de la radiación de bajo nivel y el riesgo de contaminación de los ríos cuya agua se utiliza para enfriar.

Hay ejemplos repetidos de plantas de reprocesamiento que provocan contaminación radioactiva en grandes extensiones de tierra y de mar. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de resolver el problema de la gestión y almacenamiento de los residuos altamente radiactivos, que siguen aumentando y que seguirán emitiendo radiación al menos durante los próximos 10 000 años. Los 3 100 millones de euros que el séptimo programa marco de investigación ha destinado a la investigación nuclear (2007-2011) duplican la cantidad destinada por su predecesor. En lugar de invertir en tecnologías nucleares, la UE debería desarrollar formas de energía renovables. La única forma de garantizar la seguridad del suministro de energía a largo plazo es descentralizar el suministro de las fuentes de energía renovables.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la contribución del Consejo Europeo de Primavera 2006 a la Estrategia de Lisboa, porque acepto la mayoría de los puntos y las propuestas que formula. En particular, acojo con satisfacción las propuestas relativas a un enfoque exigente, competitivo e innovador de la economía europea, que establece un plan de trabajo para la reforma económica europea caracterizada por la consecución del mercado interior, la inversión en investigación y desarrollo y la solidaridad entre comunidades y generaciones.

Hay algunos puntos que creo que hace falta clarificar.

En mi opinión es lamentable que un año después del Consejo de Primavera de 2005, en muchos ámbitos seguimos más o menos donde estábamos, es decir, la libertad de prestación de servicios, la libertad de instalación de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, la profundización del mercado interior y la reforma de las prioridades presupuestarias. Estos puntos no justifican mi desacuerdo con la resolución, pero refuerzan mi decepción por la falta de compromiso con las reformas de la Unión Europea.

 
Última actualización: 29 de junio de 2006Aviso jurídico