Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2006/2137(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0272/2006

Textos presentados :

A6-0272/2006

Debates :

PV 11/10/2006 - 20
CRE 11/10/2006 - 20

Votaciones :

PV 12/10/2006 - 7.26
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2006)0418

Debates
Miércoles 11 de octubre de 2006 - Bruselas Edición DO

20. Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales (debate)
PV
MPphoto
 
 

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0272/2006) del señor Ehler, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el seguimiento del informe sobre la competencia en los servicios profesionales (2006/2137(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Christian Ehler (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al presentar un informe en septiembre del pasado año sobre los servicios profesionales bajo el título «Prosecución de la reforma», en realidad la Comisión ha ampliado el informe que ya había elaborado en 2004 acerca del tema de la competencia en los servicios profesionales. El Parlamento expresó sus opiniones al respecto sobre la base de los informes de 2001 y 2003. En marzo del presente año, la Comisión de Asuntos Jurídicos y esta Cámara, una vez más, expresaron su posición con respecto al sector específico de las profesiones jurídicas.

Lo que relaciona todos los debates públicos entre economistas y entre el Parlamento y la Comisión es un fenómeno importante: todos los que intervienen tienen opiniones extremadamente rotundas, aunque flaquean por lo que respecta a las cifras. Las cifras que forman la base de las investigaciones principalmente sectoriales o nacionales datan, en gran parte, de comienzos de los años noventa. Las investigaciones más recientes datan de comienzos de 2001. No obstante, lo que tienen en común todas las investigaciones es el hecho de que están limitadas a sectores específicos o a un territorio nacional, o que se apoyan precisamente en una base empírica que fundamentalmente se remonta a una época tan remota que apenas sirve para generalizar.

Desde un punto de vista racional, la importancia económica de los servicios no se puede exagerar. El 8 % del PIB europeo consiste en servicios empresariales, de los que al menos un tercio se pueden atribuir a servicios profesionales. A este respecto, y creo que el Parlamento también acoge esto con satisfacción en el contexto de la Agenda de Lisboa, está totalmente justificado el hecho de preguntarse qué contribución puede realizar este sector al crecimiento y al empleo en Europa. Nos parecía importante no solamente aprobar la Agenda de Lisboa a base de bonitos discursos, sino también implicarnos en este caso concreto en la cuestión de qué puede aportar la liberalización al crecimiento.

Habría que felicitar a la Comisión por haber puesto algo de orden en un debate que hasta la fecha, debo decir, ha estado descontrolado. Básicamente, la Comisión se ha planteado la siguiente consideración económica. En primer lugar, ha analizado seis profesiones: abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos y contables. Ha definido cinco restricciones sobre la competencia (precios fijos, precios recomendados, regulación de la competencia, regulación de la publicidad y toda la gama de requisitos de entrada, estructuras empresariales y prácticas multidisciplinares). La Comisión ha definido cuatro grandes categorías de consumidores a efectos comparativos –autoridades públicas, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas y consumidores particulares– y después ha reconocido que en este caso se aplican ciertos reglamentos especiales, dada la presencia de asimetrías en el ámbito de la transparencia del mercado, por lo que respecta a las externalidades, o sobre la cuestión de hasta qué punto se ofrece un bien público.

Acogemos con agrado esta racionalización. Permite que los debates sigan adelante y hace que resulte lógico que el Parlamento se posicione con respecto a este debate, en este momento. Por nuestra parte, hemos intentado, por un lado, prestar cierto apoyo, pero también, por otro, contribuir a la diferenciación por lo que respecta a este debate. En primer lugar, hay que insistir en que existe un amplio acuerdo con respecto al tema de la subsidiariedad. La difícil tarea de conseguir coordinación entre los Estados miembros sobre este tema corresponderá a la Comunidad Europea. Por otra parte, hemos pedido, y esto me parece sumamente importante, también a resultas del debate sobre la Directiva de servicios, que los objetivos de liberalización estén claramente definidos y que también se presenten pruebas empíricas. ¿Qué nivel de crecimiento se espera de qué liberalizaciones? ¿Cuál es el impacto deseado sobre el empleo? Esto también debe expresarse mediante cifras, dado que de lo contrario no contará con suficiente aceptación en los Estados miembros. Hemos insistido en que consideramos que la autogestión recibe la misma consideración que la regulación estatal. Hemos dicho que creemos que debemos diferenciar entre este sistema. A modo de ejemplo, debemos distinguir entre autoridades públicas, porque existe una diferencia si convoca concurso para la prestación de servicios profesionales una pequeña comunidad o un Estado nacional. Hemos dicho que a pesar de que reconocemos las condiciones geográficas y tradicionales, las consideramos regulaciones especiales, que no impiden la necesidad de un constante análisis en estos sectores con respecto a las oportunidades de liberalización y crecimiento que existen en ellos. Hemos dicho, en términos claros, que consideramos que las regulaciones especiales relativas a las prácticas multidiciplinarias y a la publicidad son discutibles. Hemos dicho que queremos distinguir claramente entre ciertas restricciones relativas a la competencia de acuerdo con categorías de consumidores y, finalmente, hemos dicho que, en el ámbito de la voluntad propia, acogemos, en efecto, con gran satisfacción el código de conducta voluntario para los servicios profesionales.

Lo esencial de la cuestión es que queremos volver a la Comisión diciéndole que acogemos con satisfacción estas observaciones. No obstante, también cabe declarar categóricamente que la racionalización, una mayor diferenciación en estos ámbitos, es necesaria. Solamente entonces se conseguirá la aceptación necesaria en los Estados nacionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al doctor Ehler y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por este informe. La Comisión acoge con satisfacción su apoyo al trabajo que hay que hacer en el sector. Su evaluación de la importancia de servicios profesionales para la economía de la Unión Europea es positiva y pertinente. La reforma por parte de los Estados miembros en este sector debe ser una parte integrante del cumplimiento de la Agenda de Lisboa y del programa «legislar mejor».

La Comisión respalda plenamente su petición de que trabajemos todos juntos de forma constructiva. También estamos de acuerdo en que es importante aprender de la experiencia de los Estados miembros que ya han emprendido acciones de modernización. Creemos que tienen razón al insistir en que los Estados miembros deben eliminar las restricciones especiales relativas a la publicidad y la estructura empresarial, además de garantizar un acceso justo e igualitario a las profesiones, incluida la eliminación de normas de acceso geográficas y demográficas.

Su petición de más pruebas económicas es legítima, pero no debemos olvidar que no estamos proponiendo que se armonice la regulación en las profesiones. Los Estados miembros continúan siendo libres de determinar soluciones normativas basándose en las circunstancias y necesidades nacionales. Por lo tanto, nuestra experiencia nos dice que la mejor manera de añadir valor pasa por comparaciones históricas e internacionales. Esa es la razón por la que hemos encargado otra investigación comparativa externa, para analizar el mercado de servicios inmobiliarios en la Unión Europea, es decir, la compraventa de bienes inmuebles. Ese estudio evaluará el efecto de la normativa profesional sobre la capacidad de elección del consumidor, el precio, la calidad y otros indicadores importantes, y, cuando sea posible, el efecto sobre los puestos de trabajo y el crecimiento.

Las autoridades nacionales también pueden desempeñar un importante papel en la evaluación del impacto de las reformas ya realizadas. Junto con las partes interesadas, como los organismos profesionales, están igualmente en condiciones de evaluar la situación actual de la regulación de las profesiones en sus países, explorar qué se puede modernizar y evaluar el impacto de las posibles reformas sobre el crecimiento y el empleo.

 
  
MPphoto
 
 

  Donata Gottardi, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, las profesiones componen representan uno de los ámbitos de excelencia en la prestación de servicios. En la mayoría de los países europeos, aunque no en todos ellos, la regulación básica se remonta a la codificación del derecho civil relativo a los contratos. Evidentemente esto se produce ante todo en países de derecho civil. Con el paso del tiempo, las profesiones se han convertido en la joya de la corona de la sociedad civil, pero a menudo también en un sector conservador y cerrado, arriesgándose a perder su destacada calidad para mantener sus privilegios. De este modo, en algunos países y en algunos sectores se ha creado una casta cerrada, a menudo inaccesible por simples méritos, basada cada vez más y con demasiada frecuencia exclusivamente en la línea hereditaria.

Se ha pedido al Parlamento Europeo que reflexione acerca de la cuestión de los servicios en el mercado interior y votará mañana el informe relativo a la competencia en los servicios profesionales. Por lo tanto, este año más que nunca se están sentando las bases para encontrar un equilibrio entre la apertura a la competencia, por una parte, y, de este modo, la liberalización del acceso, prestando particular atención a los jóvenes al finalizar su formación y, por otra, la salvaguardia de la calidad del servicio, entre otras cosas para proteger a los ciudadanos europeos. También se están sentando las bases para definir un marco jurídico de referencia, identificando escollos que conviene eliminar, principios que hay que respetar y procedimientos que hay que seguir para las comprobaciones de referencia; un marco jurídico en el que los Estados miembros sean libres de tomar decisiones, totalmente de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que también se ha mencionado anteriormente. El texto es el resultado del trabajo constructivo de los diversos Grupos políticos Quiero dar las gracias al ponente por su disposición práctica a discutir y aceptar la mayoría de las enmiendas, muchas de las cuales han sido presentadas por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

El Parlamento adopta una postura clara con respecto al sector de los servicios: quiere eliminar gradualmente los obstáculos y las barreras legales, no porque mantenga una actitud acrítica y escéptica que no puede tolerar la burocracia y pretenda desmantelar el sistema existente, sino para poder favorecer esa competencia positiva y apertura a la transparencia y la innovación que es una parte fundamental del crecimiento económico sostenible y de la protección del consumidor. La regulación y la autorregulación en el sector de los servicios profesionales debe seguir la línea de la Estrategia de Lisboa, en particular de la protección del interés general, y no debe provocar discriminación, particularmente discriminación basada en la raza, el origen étnico, la nacionalidad o el género.

Las propuestas incluidas en el informe suponen un cambio en esa dirección e incluyen: la promoción de códigos de conducta, con un papel decisivo asignado a todos los interesados, incluso a través de organizaciones representativas; la importancia del levantamiento de las prohibiciones de la publicidad, que se considera un auténtico servicio de información a los consumidores, en particular con respecto a la naturaleza y el coste de los servicios; apoyo al establecimiento de servicios interprofesionales y multidisciplinares, para fomentar la innovación y competitividad en un mundo cada vez más complejo; y concentración en la creación de unas condiciones que faciliten la transición de la educación universitaria a la práctica profesional.

Espero que apoyen la enmienda que presentamos al Parlamento pidiendo a los Estados miembros que supriman el sistema de tarifas mínimas o fijas y la prohibición sobre la negociación del pago dependiendo del resultado conseguido, cuando actúen como obstáculos para la calidad de los servicios y para la competencia. Creo que todavía queda mucho por hacer y que los Estados miembros deben mirarse a ellos mismos, para encontrar la mejor combinación posible de respeto por la tradición y desarrollo innovador de los servicios profesionales, un factor clave para el desarrollo del sistema productivo y la economía social de mercado que caracteriza a Europa en un mundo globalizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la conveniencia de reformar las profesiones en Europa se debate desde tiempos inmemoriales. Existen opiniones opuestas sobre este tema. Algunas personas, incluido el antiguo Comisario de la competencia, Mario Monti, siempre se han manifestado a favor de lo que califican de liberalización necesaria, dentro de un marco general de reforma orientada a la revitalización de la economía europea. No obstante, otros mantienen que el actual sistema garantiza a los ciudadanos un cierto nivel de calidad de servicio y que, por lo tanto, debería mantenerse.

Yo personalmente reconozco la importancia de los servicios profesionales como factores de impulso del crecimiento económico europeo y coincido con el ponente en la necesidad de iniciar un proceso de reforma del sector con vistas a liberalizar los servicios profesionales. Una regulación excesiva, tarifas rígidas, pocas organizaciones profesionales y todavía menos organizaciones multidisciplinares, además de restricciones en materia de publicidad, constituyen un obstáculo a la recuperación de la competitividad en Europa y a menudo no permiten garantizar un elevado nivel de calidad de los servicios.

Todo eso debe ser analizado también desde el punto de vista de la necesidad de prestar mayor atención a la protección de los ciudadanos. Los diputados al Parlamento Europeo representamos a los ciudadanos, que utilizan servicios profesionales. En muchas regiones, se suelen sacrificar los intereses de los usuarios en beneficio de las ventajas de la posición. Las situaciones de oligopolio, en las que a veces no sería estrictamente cierto hablar de monopolio, dan pie a unos precios más elevados para los servicios profesionales y un coste añadido que invariablemente se repercute en los consumidores. Asimismo, estoy de acuerdo con el ponente en que es conveniente prescindir de regulaciones especiales en el ámbito de la publicidad, con el fin de permitir a los profesionales informar a los usuarios de los servicios que ofrecen y de los precios correspondientes. Por otra parte, por supuesto creo que es necesario un esfuerzo regulador para reforzar la prohibición de la publicidad engañosa y crear instrumentos para la protección práctica de los consumidores o usuarios.

En conclusión, desde el punto de vista de la conciliación de la necesidad de una mayor competitividad en los servicios profesionales a través de la liberalización con la protección del consumidor, apoyo la loable propuesta del ponente sobre la adopción de códigos de conducta y la autorregulación. Por lo tanto, me gustaría felicitar al señor Ehler, una vez más, por su excelente trabajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, no es evidente que la competencia en las profesiones liberales deba ser ilimitada y eso queda una vez más demostrado por el informe del señor Ehler y también por la experiencia práctica. En los Países Bajos, por ejemplo, se han abolido los precios fijos de los servicios notariales, mientras que otras muchas normas han permanecido intactas. Esas normas son necesarias para garantizar la calidad. Hace poco, por ejemplo, se me planteó la cuestión de un pedagogo de educación especial que quería establecerse por su cuenta, sin pasar por el procedimiento de registro habitual en el Ministerio de Salud Pública. El Gobierno tenía razón al fijar requisitos adicionales de formación para el registro y la compensación, cosa que por supuesto es de vital importancia para los servicios de salud pública.

Los requisitos de registro de los diferentes grupos profesionales continúan siendo un obstáculo al establecimiento en una profesión liberal y existen, en cierta medida, razones justificadas para ello. La prestación de servicios profesionales no puede garantizarse si cualquiera puede establecerse en una profesión liberal sin ninguna restricción. La enmienda del ponente que pretende incluir esta sutil distinción en el informe es, por lo tanto, necesaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Señor Presidente, sería indudablemente positivo que se revisasen los códigos de conducta profesionales, en parte anticuados, para determinar su necesidad en el caso de las profesiones independientes. No obstante, en mi opinión, no se trata de desregular todos los sectores afectados de la misma manera, sin tener en cuenta de su diferente naturaleza. Se sabe que las profesiones independientes ofrecen servicios de alta calidad, que son de interés público. En mi opinión, no deberíamos realizar ningún experimento en este terreno. El hecho de que en Argentina y Francia, por ejemplo, se esté planteando la reintroducción de tarifas legales para los notarios, demuestra que la desregulación no es perfecta. Un fuerte incremento del número de abogados con una relajación simultánea del reglamento de honorarios ha hecho que en Alemania, por ejemplo, la asistencia letrada altamente cualificada se ofrezca a unos precios por hora desorbitados, mientras que en el extremo inferior del mercado muchos abogados trabajan a unos precios que están por los suelos. Sería paradójico que la Comisión pretendiese, por una parte, limitar los derechos laborales y, por otra, pedir que se elaboren códigos de conducta y la introducción de nuevos controles de calidad tras la abolición de medidas reguladoras.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Gracias, señor Presidente, por este estimulante debate. Me gustaría responder a dos de las cuestiones más importantes que se han planteado.

El señor Ehler ha pedido –con toda la razón– un análisis económico más profundo del impacto de los cambios sobre el empleo y el crecimiento. Con respecto a la evaluación del impacto económico de las reformas: como he mencionado, el hecho de que no existan planes para armonizar la normativa profesional en toda la Unión Europea hace que resulte muy difícil predecir el impacto con precisión.

Estamos a favor de la evaluación comparativa de las diferencias que han marcado los cambios reales sobre el terreno en los Estados miembros que ya han procedido a su introducción. Esa es la razón por la que pensamos que las autoridades nacionales tienen un papel fundamental que desempeñar, que están bien situadas para realizar esos análisis, pero también continuaremos estudiando qué más podríamos hacer para facilitar la creación de la base de demostración económica a escala de la UE.

Hablar de profesiones liberales, como la abogacía, exige cualidades y normas éticas estrictas. La Comisión acepta plenamente que las verdaderas normas éticas son fundamentales para garantizar la gobernanza y práctica en profesiones como la abogacía. A este respecto, debería aplicarse una norma, independientemente del destinatario de los servicios: fijar los precios o prohibir la publicidad no garantiza un alto nivel ético ni servicios de calidad. La calidad y el cumplimiento de normas éticas se garantizan y controlan mejor mediante requisitos de formación adecuados y mediante una supervisión efectiva por parte de los Estados o de organismos profesionales, inclusive unos procedimientos de reclamación efectivos para los clientes. Los códigos de conducta, aquí mencionados, también representan un paso positivo.

La Comisión apoya la eliminación de precios fijos y mínimos, así como el uso de tarifas basadas en resultados. No existen pruebas que sugieran que en los Estados miembros se ha producido un deterioro de la calidad ni de las normas éticas de los servicios jurídicos al eliminar los precios fijos y mínimos. A pesar de que la calidad tiene un precio, un precio fijo no garantiza por sí solo la calidad. La competencia de los precios con la posibilidad de recortar las tarifas mínimas fijas y el uso de tarifas de éxito mejorará, más bien, el acceso a la justicia.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

 
Última actualización: 5 de diciembre de 2006Aviso jurídico