PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

  El Presidente. − (IT) He recibido una petición del señor Hannan para una cuestión relativa a la interpretación del artículo 19 de nuestro Reglamento.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Señor Presidente, ayer el Presidente anunció una interpretación del artículo 19 del Reglamento que hace que esta Cámara incumpla claramente sus propias reglas. Con ella nos alejamos del Estado de derecho y damos poderes arbitrarios al Presidente para romper en pedazos nuestro Reglamento y proceder a su antojo. Eso es totalmente ilegal según nuestras propias reglas. Esta Cámara puede ser soberana, pero en cualquier caso tiene que respetar sus propias reglas.

Esa interpretación de la Comisión de Asuntos Constitucionales va a ser cuestionada hoy. Puede que se someta a votación en esta Cámara. Si votamos a favor de ella, colectivamente, estaremos votando a favor de abandonar las reglas por las que nos regimos. Me veo casi tentado a compararlo con el Ermächtigungsgesetz de 1933, pero creo que sería desproporcionado y posiblemente un poco grosero con nuestro Presidente, que es un demócrata comprometido y un hombre decente.

Permítanme, en cambio, citar al abuelo de la resistencia británica frente al totalitarismo, Edmund Burke. «Tienen que ser más que ciegos los no ven con qué regularidad constante del sistema, en este caso y en todos los casos, siguen adelante con su plan de destrucción total de cualquier poder independiente. ... Su voluntad es la ley, no sólo en su país, sino en todos los demás países. ... Han barrido hasta las mismas constituciones bajo las cuales actuaron las Legislaturas»

(El Presidente interrumpe al orador)

  El Presidente. − (IT) Gracias. He tomado nota de sus observaciones, pero con respecto a esta cuestión de interpretación del Reglamento, como saben, hay ya prevista una votación a las 11.00 horas, así que se procederá en esa dirección.

  El Presidente. − (IT) De conformidad con el orden del día, se procede al debate de:

- la pregunta oral formulada al Consejo por Jean-Marie Cavada, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, con relación al debate anual 2007 sobre los progresos realizados en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (artículos 2 y 39 del Tratado UE) (O-0005/2008 - B6-0006/2008), y

- la pregunta oral formulada al Consejo por Jean-Marie Cavada, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, con relación al debate anual 2007 sobre los progresos realizados en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (artículos 2 y 39 del Tratado UE) (O-0006/2008 - B6-0007/2008).

  Gérard Deprez, suplente del autor. − (FR) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, el debate que celebramos hoy tiene lugar, como saben, en un contexto que se caracteriza por dos elementos esenciales.

El primero de ellos –no necesito recordarlo– es lisa y llanamente el calendario. Siendo generosos, nos quedan como mucho 16 meses operativos antes de que concluya la actual legislatura del Parlamento Europeo. Esto significa que, con un plazo tan justo, necesitamos ponernos de acuerdo sobre los asuntos que queramos concluir juntos en el tiempo que nos queda. No podremos hacerlo todo, tendremos que elegir y atenernos a lo que hayamos elegido.

El segundo elemento, señor Presidente, es más significativo aún a nuestro entender. Se trata de la perspectiva de la entrada en vigor del nuevo Tratado, que, lo saben tan bien como nosotros, traerá consigo cambios estructurales de gran importancia en nuestro ámbito de competencias. Mencionaré en especial la supresión de la separación artificial entre las políticas del primer pilar y las del tercer pilar, lo que tendrá por efecto, en particular, introducir la codecisión y someter a un verdadero control judicial medidas que, hasta ahora, dependían en lo esencial de la voluntad del Consejo y no pertenecía al ámbito de competencias del Tribunal de Justicia Europeo.

Por ello, comprenderán nuestra impaciencia por que el nuevo Tratado entre en vigor lo antes posible, pues representa tanto un refuerzo del control democrático como una mejora de los derechos de los ciudadanos. Y comprenderán también, a la luz de estos dos criterios, que son –lo repito– el refuerzo del control democrático y la mejora de los derechos de los ciudadanos, nuestra reticencia de principio a tratar bajo el régimen de los Tratados actuales asuntos delicados que pronto podrían abordarse disfrutando de las disposiciones del nuevo Tratado.

Esta reticencia de principio es muy real. Es profunda y es ampliamente compartida por los distintos grupos políticos representados tanto en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior como en el marco más general de esta Cámara. Pero, por profunda que sea, esta reticencia es también, al menos en la fase actual, muy comedida. Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, no nos mueve la perversa intención de retrasar la aplicación de expedientes importantes que ya han alcanzado un grado de madurez y son de probada urgencia.

Todo lo contrario, estamos dispuestos a intentar llegar, a través de un auténtico diálogo, a una especie de acuerdo de caballeros que dé a cada una de las Instituciones las seguridades y garantías que considere necesarias. A nuestro entender, debería ser posible que nos pusiéramos de acuerdo, en un plazo muy breve, en torno a una especie de programa legislativo interinstitucional para el año 2008 y el primer semestre de 2009 que comprenda un número limitado de prioridades comunes en temas sensibles, vaya acompañado de compromisos recíprocos y nos permita disfrutar, sin anticiparlas, de las disposiciones positivas del nuevo Tratado.

El Parlamento ya indicó una posible vía para responder a esta petición con ocasión de la votación que tuvo lugar en la última sesión plenaria de Estrasburgo sobre la modificación del Estatuto de los funcionarios y las misiones de Europol. En efecto, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, el Parlamento adoptó por una aplastante mayoría de 537 votos una enmienda que estipula que la presente decisión será revisada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Cierto es que, a pesar de haber sido adoptada por una aplastante mayoría, esta enmienda unilateral no tiene fuerza vinculante. Pero se trata, como habrá comprendido, de una manifestación muy clara de nuestra voluntad política de abrir un debate y llegar a soluciones. Con este espíritu, nuestra comisión confirma tanto su determinación como su disponibilidad para un auténtico diálogo interinstitucional.

  Dragutin Mate, Presidente en ejercicio. − (SL) Me complace estar hoy aquí con ustedes y participar en este importante debate. La aplicación de las políticas en materia de justicia y asuntos de interior tiene una extrema importancia para nuestros ciudadanos. Con el desarrollo de nuestra sociedad y las tecnologías modernas, la seguridad se ha convertido también en una de las cuestiones más importantes. Creo que nosotros, como representantes del Consejo, la Comisión y el Parlamento, perseguimos los mismos fines: garantizar unas condiciones que favorezcan la cooperación entre los Estados miembros y que ofrezcan a nuestros ciudadanos un grado suficiente de seguridad.

Hace dos años empezamos a debatir dos instrumentos legislativos que supuestamente permitirían dar un paso gigante en la calidad de nuestra cooperación. El primero fue la decisión de crear Europol como una agencia europea, y el otro fue la incorporación del Tratado de Prüm a la legislación europea. Con el nuevo fundamento jurídico, Europol podrá responder más deprisa a los cambios en las tendencias del terrorismo y la delincuencia organizada y mejorará aún más su capacidad analítica y la posibilidad de ayudar a los Estados miembros. Así contribuirá firmemente a combatir con eficacia la delincuencia organizada y las organizaciones terroristas que operan en algunos Estados de la Unión Europea. La incorporación del Tratado de Prüm permitirá un intercambio más rápido de la información sobre ADN, huellas digitales y matriculación de vehículos contenida en las bases de datos nacionales.

Las dos anteriores Presidencias, Alemania y Portugal, han hecho todo lo posible por ayudar a que se aprueben esos dos instrumentos legislativos al final de nuestras tres Presidencias. Según el programa que presenté a sus colegas en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, pensamos alcanzar un consenso sobre estos dos instrumentos legislativos en junio de este año. Dada su importancia, no se justifica un retraso en su aprobación, sobre todo cuando ya han sido aprobados y armonizados por los Estados miembros y las tres instituciones al nivel actual. En cuanto a la legislación pendiente todavía de debate, la Presidencia está dispuesta a cooperar estrechamente con el Parlamento caso por caso y con un espíritu de responsabilidad conjunta para su aprobación. Por tanto, las dos instituciones compartirán la responsabilidad en materia de seguridad de los ciudadanos de la UE y en otros ámbitos.

El Consejo está actualmente debatiendo propuestas legislativas de aplicación general para combatir todas las formas de delincuencia organizada y de terrorismo. Esa legislación afecta sobre todo a los procedimientos de obtención e intercambio de datos y es igualmente aplicable a la cooperación dentro de Europol. Estamos debatiendo, asimismo, legislación relacionada con problemas concretos y actividades delictivas específicas.

Además de la propuesta de incorporar el Tratado de Prüm y la decisión sobre Europol, estamos ampliando actualmente las medidas para evitar la entrada de personas indeseables en el territorio de la Unión Europea. Yo mismo estoy participando en los esfuerzos por acelerar el desarrollo de la segunda generación del sistema de información Schengen. Nos estamos preparando para acelerar la aprobación de legislación que facilitará el uso del sistema de información de visados. En política exterior, estamos trabajando estrechamente con los países balcánicos occidentales y con Rusia para preparar evaluaciones regionales de las amenazas de la delincuencia organizada.

Este mes, el Consejo ha empezado a debatir la primera de dos propuestas de directivas sobre la inmigración legal. Después de la primera reunión de los grupos de trabajo, en la que se habló de los trabajadores altamente cualificados, la Presidencia pensó que existía un amplio consenso sobre la aplicación de la Directiva. Esperamos continuar con el debate y poder identificar las cuestiones políticas clave antes de que finalice nuestra Presidencia, para poder pasar el expediente a la Presidencia francesa y que ésta pueda proseguir el trabajo eficazmente.

El Parlamento y el Consejo llevan ya dos años debatiendo la propuesta de una Directiva sobre la repatriación de nacionales de terceros países que residen ilegalmente en la Unión Europea. El debate se centra en algunos aspectos muy concretos respecto a los cuales las instituciones tienen opiniones muy diferentes. La Presidencia seguirá haciendo todo lo posible para alcanzar un acuerdo con el Parlamento que permita aprobar la Directiva lo antes posible, preferiblemente en primera lectura. Sin embargo, tenemos que evitar que esta Directiva no empeore los procedimientos de repatriación ni reduzca, con ello, la eficacia de nuestras políticas en la lucha contra la migración ilegal.

Además de reforzar el diálogo con los países de origen y tránsito, el Consejo seguirá tratando de aplicar estrategias mundiales para resolver los problemas de la migración, insistiendo en la necesidad de la integración y de un equilibrio geográfico. Centraremos, por tanto, nuestra atención en el norte de África y en el sudeste de Europa.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, Señorías, saludo al Presidente del Consejo y agradezco la introducción que ha hecho el Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, señor Deprez.

Está claro que hoy no estamos debatiendo simplemente un balance de los resultados de 2007 que, en el ámbito que nos compete a nosotros, ha sido positivo, en mi opinión: hemos abierto las fronteras interiores a más de 400 millones de ciudadanos de la Unión Europea con la ampliación de Schengen; hemos creado y puesto en marcha la Agencia de los Derechos Fundamentales; hemos alcanzando un importantísimo acuerdo con el Parlamento sobre el Sistema de Información de Visados; hemos trabajado en cuestiones de inmigración, como recordaba el ministro esloveno, señor Mate, y de terrorismo.

Por darles una estadística, en 2007, las propuestas que han sido de mi competencia y que les he presentado a ustedes constituyen casi el 20 % de todas las iniciativas estratégicas de la Comisión Europea, lo que significa que este asunto ha tenido y sigue teniendo una importancia verdaderamente enorme. Hemos conseguido todo lo que estaba en el programa estratégico.

Hoy, en 2008, nos enfrentamos a un reto igual de importante. Como saben, la Comisión ha identificado 26 propuestas estratégicas para 2008, ocho de las cuales, o casi el 30 % de ellas, afectan al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Este año nos ocuparemos de las fronteras exteriores: en febrero se presentará un paquete de propuestas para reforzar la seguridad en nuestras fronteras exteriores, siguiendo las mismas líneas y utilizando los mismos criterios que para los sistemas de información Schengen y para lo relativo a los visados; haremos una evaluación completa de la Agencia Frontex, para que todos podamos aprender lecciones de cara al futuro también; haremos, espero, algunas propuestas progresistas y ambiciosas sobre justicia civil; estamos discutiendo con la Presidencia eslovena lo que se denomina la e-justicia (justicia electrónica), es decir, cómo mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia civil y penal mediante el uso de las más modernas tecnologías.

Por supuesto, nos seguiremos ocupando de la inmigración. La iniciativa del año pasado, respecto a la cual se consiguió un amplio consenso político, se tratará y desarrollará en el curso de este año. Este año habrá un plan de acción sobre el asilo, los solicitantes de asilo y el sistema europeo para el tratamiento de los refugiados; en julio y noviembre presentaremos dos propuestas completas.

Propondremos una estrategia europea para la prevención de la radicalización violenta, uno de los factores clave de la estrategia política para combatir el terrorismo; y eso sucederá en junio.

Pero creo que la cuestión política planteada por el señor Deprez merece una respuesta política, que le daré con mucho gusto. El 2008 es un año de transición; de transición al Tratado de Lisboa y su ratificación, con vistas a su entrada en vigor − algo que todos deseamos − en enero de 2009. Está claro, pues, que han de tenerse en cuenta las tres exigencias: por un lado, la de trabajar conjuntamente con el Parlamento para ayudar en esta transición, y por otro, la de no frenar iniciativas que ya pueden ponerse en marcha y respecto a las cuales existe consenso, y al mismo tiempo no anticipar lo que el Tratado de Lisboa dirá y hará cuando entre en vigor. Así que yo creo que hará falta un acuerdo político interinstitucional.

Está claro que eso podrá conseguirse sólo si el Consejo, la Comisión y el Parlamento se ponen de acuerdo sobre el método de trabajo, incluso antes de acordar las prioridades específicas. Si existe acuerdo político sobre el método de trabajo, podremos definir juntos las prioridades comunes, y las prioridades deben ser iniciativas que tengan un valor añadido inmediato para los ciudadanos, que atraigan un consenso suficiente y que consigan el equilibrio que nosotros deseamos entre los interés que están en juego: seguridad, garantía de seguridad a los ciudadanos y también defensa y protección de las libertades civiles; el habitual equilibrio político que nos plantea a todos un reto.

Creo que el mejor método de trabajo es el que hemos empezado a considerar con el Consejo: no trabajar en períodos de seis meses, sino reunir al trío de Presidencias, como han hecho la Presidencia actual y la anterior, para evaluar las iniciativas en un período de dieciocho meses en lugar de seis, porque está claro que si trabajamos sólo con iniciativas que tengan un horizonte temporal limitado, no tendremos la visión que creo que nos debe llevar, razonablemente, al menos hasta junio de 2009, porque la fecha de las elecciones europeas es, en mi opinión, la única fecha límite que nos debe importar.

Así que estoy dispuesto a iniciar un diálogo político con el Consejo y con el Parlamento para seleccionar entre las prioridades de 2008 y de 2009 las que podamos ofrecer a nuestros ciudadanos como respuesta inmediata, y las que requieran un análisis en mayor profundidad. Así es como creo que demostraremos, sin detrimento del Tratado, que cuando las instituciones trabajan juntas, avanzan más deprisa y consiguen mejores resultados políticos. Este es el camino que creo que todos podríamos recorrer juntos.

  Manfred Weber, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el debate de hoy se centra en la política interior europea, y creo que debemos hacer lo que el Vicepresidente de la Comisión, señor Frattini, acaba de hacer, que es echar una breve mirada hacia atrás. El año 2007 ha sido bueno para la política interior europea. La ampliación del espacio Schengen ha sido un gran éxito y podemos asegurar también a nuestros ciudadanos que el hecho de que todas las autoridades europeas en materia de investigación tengan acceso a un mismo sistema de bases de datos no reducirá la seguridad, sino que la aumentará.

No obstante, tenemos también que mirar al futuro, por supuesto. He leído aquí que el SIS II se ha sometido a debate en una reunión informal del Consejo en Eslovenia durante la Presidencia de este país. En mi opinión, el sistema central se está volviendo a dejar de lado una vez más. Aparentemente hay secciones de la Comisión preparadas, pero ahora se está creando un nuevo grupo político de Ministros de Interior especializados para que se ocupen del SIS II. Su objetivo con relación al SIS II es conseguir un verdadero progreso práctico en la lucha contra la delincuencia organizada y el crimen en Europa. Así pues, ¿por qué tenemos que seguir retrasándolo aquí? Me preocupa que después de la ampliación caigamos en un agujero negro debido a la satisfacción generalizada por el éxito de la ampliación. Debo decir que nosotros, en el Parlamento, realizamos una evaluación de los sistemas al cabo de seis meses y seguiremos insistiendo en que así se haga.

Un segundo aspecto práctico en el que pediría que se actúe es en la cuestión de la cooperación policial. Como saben, lamentablemente no todas las secciones del Tratado Prüm se han incorporado al Derecho comunitario pero, sobre todo, es que no se han aprobado algunas cuestiones esenciales de cooperación policial. Por tanto, aquí hace falta también un mayor progreso.

Estamos esperando las propuestas de la Comisión en materia de protección de las fronteras. Espero con interés las propuestas referentes a los sistemas de entrada y salida, porque será muy interesante saber cuántos se quedan permanentemente en Europa.

Una última observación: estamos a punto de tener un tratado nuevo. Quiero, por tanto, animar al Presidente de nuestra comisión, señor Deprez. Tenemos que ganar la confianza de los ciudadanos en este Tratado si queremos que las decisiones ya tomadas en el sector de la política interior salgan de la trastienda del Consejo y vean la intensa luz de este Pleno. Aquí, los ciudadanos verán cómo se toman las decisiones. Así pues, acepten por favor la mano que les tiende el Parlamento. Estamos dispuestos a cooperar.

  Claudio Fava, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, creo que puedo compartir con el Comisario Frattini el enfoque que ha dado al debate. Tenemos que mirar al futuro, tenemos que saber cómo podemos gestionar el tiempo que nos queda con sentido de la responsabilidad y con un compromiso compartido por todas las instituciones europeas.

Creemos que, después de años de debate sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, durante los cuales el Parlamento se ha mostrado crítico con el claro déficit democrático existente —una cuestión delicada para los derechos fundamentales de los ciudadanos— podemos acoger con satisfacción la firma del nuevo Tratado, que crea finalmente una dimensión europea en ese espacio y que confiere al Parlamento plenos poderes legislativos en materia de cooperación judicial, penal y policial, entre otros, y de políticas de entrada y residencia.

Por eso, mi Grupo cree también que, incluso durante la delicada fase de la ratificación, ninguna institución puede ignorar el hecho de que el marco ha cambiado por completo. Sabemos que no se puede anticipar la entrada en vigor del Tratado, pero creemos que sería un error político seguir trabajando en expedientes tan delicados, prescindiendo del marco democrático del Tratado de Lisboa.

Por esta razón, nuestro Grupo cree también en la necesidad de un compromiso conjunto del Parlamento, el Consejo y la Comisión para identificar los expedientes que puedan tener especial importancia, no para bloquear su tramitación, sino para garantizar que el Parlamento pueda ser consultado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y para integrarlos en el nuevo marco institucional. Pienso, sobre todo, en los importantes expedientes sobre los que hasta ahora sólo se nos ha consultado, como la propuesta de un sistema europeo de PNR, la propuesta de revisar la Decisión marco sobre terrorismo, la Directiva sobre la admisión de trabajadores altamente cualificados y la Directiva sobre un procedimiento armonizado para la admisión de trabajadores inmigrantes.

Unos segundos, señor Presidente, para expresar mi preocupación por lo que el Consejo ha dicho respecto a la Directiva sobre repatriación. Agradecemos la disponibilidad y la colaboración del Consejo, pero creemos que hay algunos puntos extremadamente delicados. Uno de ellos es que los 18 meses de retención no se consideren una mejora de la eficacia de esta Directiva, sino una medida opresora por la que una buena parte de este Parlamento seguirá manifestando su descontento.

  Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, estamos evaluando el progreso de la Unión Europa para convertirse en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Eso significa avanzar hacia una Europa en la que se defiendan los derechos civiles y se resuelvan cuestiones complejas de aplicación de la ley, como el terrorismo y la delincuencia internacional.

Pero, desafortunadamente, lo que hemos visto en los últimos diez años es la imposibilidad de conseguir el equilibrio adecuado entre seguridad, libertad y justicia y, en realidad, una definición bastante limitada de la seguridad.

Hay que mejorar la aplicación de las leyes y la defensa de las libertades civiles. Por ejemplo, el hecho de que no hayamos sido capaces —en diez años— de ponernos de acuerdo en una medida para defender los derechos mínimos de sospechosos y demandados es una verdadera mancha en el expediente.

El Abogado General Maduro, en un dictamen sobre las listas negras de terroristas —citando, creo, al Tribunal Supremo israelí— ha dicho: «Cuando rugen los cañones es cuando más necesitamos las leyes. No hay agujeros negros. La guerra contra el terrorismo es también la guerra de la Ley frente a los que se sublevan contra ella.»

Es una pena que el Consejo de Estados miembros no haya tenido eso en cuenta a la hora de considerar nuestro informe de la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos. No hemos recibido ninguna respuesta sustancial a dicho informe.

Coincido con el Comisario Frattini en que necesitamos un acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento respecto a la manera de avanzar en la transición de unos procedimientos intergubernamentales insatisfactorios en materia de justicia penal a la normalización de la toma de decisiones comunitarias. Eso va a exigir un cambio de cultura y de actitud, así como de procedimientos. Algunas de las medidas del tercer pilar que se están barajando, como la Decisión Prüm, la protección de datos, el régimen de precios y reembolsos de la UE, tienen un perfil bajo en cuanto materia de control democrático y las salvaguardias de las libertades civiles.

Se está invirtiendo mucho en proyectos tecnológicos, tanto para el intercambio de datos entre Estados miembros, como para la construcción de nuevas bases de datos comunitarias. Estoy totalmente a favor del uso compartido de datos, pero no soy partidaria de depender excesivamente de apaños tecnológicos rápidos. No olvidemos la vigilancia policial tradicional dirigida por los servicios de inteligencia; aunque sea más difícil que funcione entre fronteras, no debe quedar relegada a un segundo plano por la luz deslumbrante del atractivo de las bases de datos, porque estas plantean graves problemas de protección y seguridad de la información.

He pedido al Comisario Frattini que considere la elaboración de un libro verde sobre si nuestro sistema de seguridad de datos es adecuado, sobre todo después de las escandalosas pérdidas de datos ocurridas en el Reino Unido. Pero de momento ha declinado la petición. Espero que lo reconsidere.

¿Puede considerar también la necesidad de ese libro verde en vista de que hemos optado por el establecimiento de perfiles? El Comisario Frattini no lo reconoce, pero el Gobierno británico ha dicho con bastante claridad, «estamos estableciendo perfiles» Celebremos un debate sobre qué salvaguardias necesitamos.

Por último, sobre la exclusión del Reino Unido, creo que sus Señorías agradecerían —yo, desde luego, como diputado británico al Parlamento Europeo lo agradecería— tener alguna idea de cuál será la estrategia británica respecto al uso de la participación y la exclusión, porque creo que convendría dejar claro que el Reino Unido pretende realizar una contribución positiva en los asuntos de justicia e interior en los próximos años.

  Seán Ó Neachtain, en nombre del Grupo UEN. – (GA) Señor Presidente, el Gobierno irlandés desempeña una función activa y fundamental en la lucha contra la delincuencia internacional organizada en Europa. Las fuerzas policiales irlandesas prestan su apoyo a través de la Oficina Europea de Policía, Europol.

Con una población de 500 millones de habitantes, en lo que son ahora 27 países, es de vital importancia que las fronteras internacionales sirvan de protección frente a las actividades ilegales de los delincuentes. Para que esto sea posible, tiene que existir una cooperación estrecha y sólida entre policía, aduanas, fuerzas navales y servicios de inteligencia, que englobe a todos los Estados miembros.

Quiero insistir en que el Tratado de Reforma de Lisboa no afectará en absoluto a la neutralidad irlandesa. Irlanda es un país neutral, y las tropas irlandesas no pueden desplegarse en el extranjero salvo que las Naciones Unidas aprueben la resolución consiguiente y se obtenga el necesario consentimiento —por votación en el Dáil Éireann— del Gobierno irlandés.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, mi Grupo está de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho hoy aquí, sobre todo con el hincapié que se ha hecho en la necesidad de proteger los derechos fundamentales como el pilar fundamental de muchas de las decisiones que nos gustaría que se tomaran en lo que le queda de legislatura a este Parlamento.

Mi Grupo está también de acuerdo en que un acuerdo interinstitucional serviría para evitar el uso arbitrario de la codecisión que hemos visto en algunas ocasiones, su uso arbitrario a instancias del Consejo cuando muchos de nosotros pensábamos, en ausencia de unanimidad, que el Parlamento Europeo estaba siendo utilizado como coartada. Preferimos que este tipo de disposiciones se establezcan en el marco adecuado, y como parte de algo que no vaya a demorar cinco años una gran parte del progreso que deseamos que tenga lugar.

En cuanto a las cuestiones relativas a los derechos fundamentales, nos preocupa profundamente que una de las cuestiones que no parece haberse resuelto en el Consejo sea la cuestión de las garantías procesales.

Muchos en este Parlamento nos mostramos de acuerdo con la introducción de la orden europea de detención, pensando que iría seguida al poco tiempo por garantías procesales. Otros que eran evidentemente más escépticos dijeron que primero querían ver las garantías procesales y que luego considerarían una cooperación más estrecha entre los Estados miembros. Así que nos gustaría saber, por favor, para cuándo podemos esperar esas medidas, que son muy importantes para todos nuestros ciudadanos.

Compartimos también la preocupación expresada esta mañana sobre las cuestiones relativas a la protección de datos. Cada vez es más preocupante la falta de transparencia y, desde luego, cada vez es mayor la preocupación de los ciudadanos por la forma en que se están utilizando e intercambiando datos sin informar con claridad de lo que está sucediendo exactamente.

Me he quedado algo preocupada, por decirlo suavemente, al escuchar al Consejo hablar sobre las cuestiones relacionadas con la Directiva de repatriación, y decir que algunos Estados miembros no quieren que la repatriación se haga más difícil. Algunos de nosotros podemos pensar que eso significa que el Consejo no quiere que haya un procedimiento seguro y abierto que garantice los derechos de las personas, en lugar de simplemente, como en el caso de algunos Estados miembros, tratar de cumplir sus objetivos por medio de la repatriación.

Nosotros no queremos que la repatriación se haga necesariamente más difícil. Queremos que se convierta en un procedimiento más abierto que salvaguarde los derechos. Una de las cosas que me preocupan, por ejemplo, es el uso que algunos Estados miembros hacen de la prohibición automática de volver a entrar en el país. Compartimos también la preocupación por la duración de las detenciones.

Acojo con satisfacción la declaración que se ha hecho sobre la propuesta relativa a los inmigrantes altamente cualificados. Por fin vamos a tener una medida positiva en política de inmigración, una desviación de lo que algunos de nosotros vemos como una política de disuasión que la Unión ha seguido durante algún tiempo. Por fin lograremos un acuerdo sobre algo más positivo y abierto, aunque eso afecte sólo a una pequeña parte de las personas que llegan a la Unión Europea.

Agradecería algún comentario sobre lo que está sucediendo con las sanciones impuestas a las empresas. Por último, quisiera también una respuesta a la pregunta formulada tanto al Consejo como a la Comisión sobre el comentario relativo a la posición británica respecto a la reforma de los tratados.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, agradezco mucho la buena disposición de la Comisión y también del Consejo para llegar rápidamente a un acuerdo político interinstitucional, de cara a las nuevas transiciones que experimentaremos en los próximos meses. A partir de enero de 2009, este Parlamento podrá asumir un papel importante en materia de libertad, justicia y seguridad, sobre todo en cuanto a la necesidad de que los ciudadanos europeos puedan ejercer un control democrático sobre las decisiones tomadas dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea.

Pensamos que 2008 será un año de transición y, por tanto, durante el mismo habrá que identificar una serie de prioridades en materia de libertad, seguridad y justicia. Creo que tenemos que seguir avanzando en cuestiones que no tienen marcha atrás, asuntos en los que es necesario insistir. Pienso en la necesidad de instituir una política común sobre el asilo de aquí a 2010 y de acelerar al máximo el proceso que puede llevar a definirla; pienso también en la necesidad de presentar en breve un plan general para la inmigración legal, que no sólo facilite la admisión de inmigrantes cualificados o altamente cualificados, sino que abarque todas las admisiones a la Unión Europea; creo que tenemos que insistir también en la libertad de circulación de hombres y mujeres dentro del espacio Schengen, beneficiarnos de los resultados conseguidos en 2007 y tratar de sacar provecho de estos aspectos.

Creo que debemos tratar también en 2008 de evaluar algunas de las decisiones que ya se han tomado. Pienso, sobre todo, en dos cuestiones importantes. Creo que hace falta una evaluación real de la utilidad y la eficacia de la Agencia Frontex. Me parece que una evaluación objetiva podría llevarnos fácilmente a concluir que no se han conseguido los efectos que la gran mayoría de este Parlamento y los ciudadanos europeos habíamos esperado. Del mismo modo, creo que hace falta una evaluación de la enorme cantidad de bases de datos que tenemos a nuestra disposición. Con demasiada frecuencia, los intercambios de datos no sirven para nada y a veces se pierde información.

Concluyo, señor Presidente. Creo que probablemente debamos hacer también una evaluación final de la Directiva sobre repatriación. Me parece que hemos llegado a un punto sin retorno y probablemente debamos cambiar de estrategia: elaboremos un plan de acción y un plan para la inmigración legal, y luego sabremos cómo rechazar, expulsar y detener inmigrantes.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, las preguntas formuladas al Consejo exigen prestar una especial atención a lo sucedido con la Agencia Frontex. He pedido en repetidas ocasiones que se preste atención a esta cuestión. El debate de hoy es, por tanto, una buena oportunidad para manifestar una vez más nuestra preocupación por la Agencia Frontex. Coincido con las palabras del señor Catania en este sentido.

Algunos parlamentos nacionales han pedido a los gobiernos de los Estados miembros que proporcionen mano de obra y material para las actividades de la Agencia Frontex. Es evidente que los Estados miembros no están haciendo nada para participar en actividades operativas y, por eso, celebro que los Países Bajos haya decidido finalmente contribuir con una fragata. De ahí mi pregunta: ¿qué ocurrirá con la tripulación y con los emigrantes cuando se les haya recogido?

¿Puede decirnos el señor Presidente en ejercicio qué se hará con las personas interceptadas en alta mar? Recibimos informes continuos de la interceptación de barcos cargados de emigrantes; por regla general, lo primero que se hace es desembarcarles y prestarles asistencia. ¿Está obligado el Estado miembro al mando del buque de la marina a conceder asilo o a ocuparse de la recepción de las personas interceptadas en alta mar?

Por la reacción del Secretario de Estado de Justicia neerlandés esta semana, puede deducirse que sigue sin haber una respuesta clara a esta pregunta. Quisiera una mayor claridad en este sentido, porque no está bien que los Estados miembros que proporcionan material y mano de obra tengan que soportar todo el peso. Señor Presidente en ejercicio, si no puede darnos usted una respuesta a esta pregunta durante el debate de hoy, ¿lo hará por escrito?

Quiero ahora formular otra pregunta al Comisario Frattini. Es fácil para los ministros de justicia prometer que proporcionarán buques de la marina, por ejemplo; pero la aplicación de esa medida está en manos de los ministros de defensa que, con un poco de suerte, son incluso informados de las promesas que hacen los ministros de justicia. Está claro que eso da lugar a importantes problemas de coordinación.

Mi pregunta al Comisario Frattini es la siguiente: ¿qué pretenden hacer para evitar este tipo de problemas en el futuro? Después de todo, las promesas hechas hace mucho tiempo han tardado en mostrar indicios del más ligero efecto.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, con razón la necesidad de adoptar medidas de todo tipo para aumentar la seguridad de nuestros ciudadanos está debatiéndose ampliamente en este Hemiciclo. Me viene a la cabeza la Agencia Frontex. Pero no cerremos los ojos ante el hecho de que la propia Europa se ha convertido en un lugar mucho menos seguro precisamente por la política de fronteras abiertas que ha adoptado. Lo cierto es que esta política ha reforzado considerablemente el poder de la delincuencia organizada internacional sin que se hayan adoptado las medidas adecuadas para combatirla.

Y eso no es todo. Los ciudadanos europeos han sido también víctimas de los procesos de legalización de inmigrantes en situación irregular que algunos países han decidido emprender. Eso no reducirá, ni mucho menos, el vergonzoso tráfico de seres humanos. Pero el espacio de seguridad que estamos debatiendo aquí es también, lamentablemente, un espacio en el que los delincuentes, en especial los extremistas islámicos, tienen vía libre.

Las competencias fundamentales del Estado en este ámbito (por ejemplo, en materia de inmigración legal) se erosionan cada vez más. Es algo inaceptable. Los Estados miembros tienen que conservar el control total e incondicional de sus respectivos mercados de trabajo, y no se les tiene que imponer absolutamente ninguna restricción en la forma de conducir su política del mercado de trabajo.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, creo que el señor Deprez ha identificado correctamente el problema y el Vicepresidente, el señor Frattini, ha dado la solución de ese problema.

En puridad, estamos ante un año de transición, pero durante ese año de transición, al que hay que añadir seis meses más hasta el final de la legislatura, estamos en presencia de decisiones maduras que no se pueden abandonar. Así es que a mí me parece que el Acuerdo Interinstitucional es un acuerdo absolutamente necesario para poder armonizar las iniciativas maduras con la codecisión que tanto necesitamos y que tanto deseamos.

Por eso, señor Presidente, a mí me parece que la importancia de unas iniciativas como las que se sitúan en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia —tengamos en cuenta que, de las 26 propuestas estratégicas de la Comisión, un tercio pertenece al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia— nos hace incurrir en una enorme responsabilidad a la hora de afrontar los proyectos legislativos que tenemos en marcha.

Así es que la ya tantas veces reclamada evaluación de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores merece toda nuestra atención, como la merecen todos los problemas relativos a los fenómenos migratorios, tanto los que hacen referencia a la inmigración legal como los que hacen referencia a la inmigración ilegal.

La justicia civil y penal en favor de mejores prestaciones a los ciudadanos, un Europol, una agencia europea revisada en el nuevo marco del Tratado Constitucional —y no quiero olvidar, señor Presidente, la protección de datos en el tercer pilar—, todo esto merece que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sea armonizado en sus métodos y en sus tiempos.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, Internet es el nuevo campo de batalla. Según la Comisión y el Consejo, es un campo de batalla para luchar contra el terrorismo, y eso es algo que nosotros no cuestionamos. Pero para muchos de nosotros, Internet es también un campo de batalla para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por supuesto, todos sabemos que Internet es un medio que utilizan los terroristas, pero también millones de ciudadanos inocentes, para debatir. Debaten, entre otras cosas, sobre terrorismo y, sin justificarlo, tratan de entenderlo: algo que casi nunca hacemos aquí, por desgracia. Así que, sin restarle importancia a una iniciativa legislativa contra la circulación por Internet de propaganda a favor del terrorismo, ésta es una cuestión también muy delicada.

Señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tengo que decirles que esta iniciativa legislativa en su forma actual es algo problemática. No exige que una persona que reparta propaganda a favor del terrorismo lo haga intencionadamente... «y» que esa propaganda incite probablemente a cometer un atentado terrorista. En lugar de «y», su texto dice «o». En otras palabras, si un ciudadano trata de dar un sentido al terrorismo que se está cometiendo en otro lugar del mundo, corre el riesgo de acabar teniendo problemas sólo porque «alguien» crea que sus palabras han llevado a cometer un atentado terrorista: esa persona será acusada, aunque no haya querido incitar a cometer un atentado así. Eso es algo que tienen ustedes que corregir.

Quiero pedirles también que expliquen si se controlarán los contenidos de nuestros correos electrónicos. ¿Quién los controlará para que la policía pueda juzgar si esta nueva legislación que defienden ustedes se está o no respetando? Les recuerdo que, en el caso de la retención de datos de llamadas telefónicas, ustedes han afirmado repetidamente que no se vigilarán los contenidos de nuestros mensajes SMS ni de nuestras llamadas de teléfono. ¿Se vigilará el contenido de nuestros correos electrónicos como resultado de la medida que proponen ustedes?

Otra cuestión en la que quiero incidir es la iniciativa del sistema europeo de PNR. Amigos míos, nosotros no lo necesitamos. Al menos, no nos han explicado por qué lo deberíamos necesitar. Tenemos el sistema API; tenemos, como bien ha dicho el señor Frattini, el sistema VIS, un resultado positivo del acuerdo alcanzado entre nosotros; y tenemos Schengen: hoy sabemos muy bien, pues, quién viaja a dónde en el mundo, y quién viene a Europa.

Además, de los 27 países europeos, sólo 3 han adoptado ya medidas para la posible implantación del PNR. ¿Dónde está la presión para armonizar ya la legislación en materia de PNR?

¿Por qué proponen esta medida con tanto fanatismo, aunque los expertos europeos en protección de datos no estén de acuerdo con ella? ¿Por qué no se sientan y la discuten con el Parlamento, con quienes se ocupan de la lucha antiterrorista, pero que pueden estar igual o más preocupados por la protección de los derechos, como se nos acusa a veces de estar a nosotros?

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Señor Presidente, se puede afirmar que el Consejo y la Comisión no sólo están haciendo un mayor hincapié en el término «seguridad» en sus documentos, sino que también parecen preocuparse cada vez más por las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero nosotros, en Europa, podemos trabajar todo lo que queramos en el común Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia aunque los ordenamientos jurídicos de terceros países quieran entorpecer nuestra labor.

Creo que la Comisión, y especialmente los Estados miembros, deben vigilar cada vez más los efectos del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, por ejemplo, en los hogares de los ciudadanos europeos. La Comisión y el Consejo se van a encontrar con una pregunta que hemos formulado algunos de mis colegas y yo mismo sobre cómo es posible que se estén facilitando a las autoridades en materia de seguridad datos de transferencias postales desde los Estados Unidos, que a todos los efectos deberían utilizarse sólo para fines aduaneros.

La confidencialidad del correo es uno de los últimos bastiones que nos queda por defender. Espero que la Comisión, en colaboración con el Consejo, pueda resolver el problema de un enfoque global para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista de la libertad, la protección de los ciudadanos y la eliminación de los problemas que plantea la existencia de ordenamientos jurídicos en conflicto.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el subdirector del Corriere della Sera, Magdi Allam, que difícilmente puede ser acusado de racismo o islamofobia, ha planteado una cuestión de cierta gravedad: la gran mezquita de Roma, con sus imanes y todo lo que de ella depende —financiación y estipendio—, recibe financiación de las embajadas de algunos países islámicos.

¿Proporciona esto seguridad a Europa, a una de sus grandes capitales, frente al riesgo real de propagación de doctrinas islámicas extremistas? No lo creo. Pienso, más bien, que debe controlarse la divulgación de ideas islámicas fundamentalistas estrechamente vinculadas al terrorismo y que eso es algo que la Unión Europea debe vigilar muy de cerca.

Terrorismo: ¿cómo valorar la reciente opinión expresada por el Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo, Poiares Maduro, en el sentido de que el Reglamento (CE) nº 881/2002 relativo a la congelación de los activos de las organizaciones que figuran en la lista negra de miembros de al-Qaeda y los talibán es ilegal? Quiero recordar que este Reglamento no es más que la aplicación de la Resolución 1390 de Naciones Unidas, aprobada por toda la comunidad internacional en respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El mundo civilizado quiere defenderse de la amenaza del terrorismo: ¡no bajen nunca la guardia frente al peligro mortal del terrorismo islámico!

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Señorías, creo que no hemos hecho ningún progreso importante en materia de libertad, seguridad y justicia. Al contrario. Los gobiernos no están permitiendo a sus ciudadanos opinar sobre el Tratado de Lisboa con la celebración de referendos y, por eso, nos estamos alejando de la libertad.

¿Por qué no son libres los ciudadanos para decidir si quieren que disminuya la participación de su país en la toma de decisiones de la UE? ¿Por qué no son libres los ciudadanos para decidir si quieren poner fin a los vetos de sus gobiernos en los ámbitos de la migración, la energía y el transporte, así como el control sobre el Banco Central Europeo? ¿Por qué los ciudadanos de los Estados miembros, en especial de los más pequeños, no saben que prácticamente ni se cuestiona que puedan ocupar la presidencia por turnos del Consejo Europeo? De hecho, ¿alguien les ha dicho que dentro de seis años su país perderá incluso el derecho automático a tener un Comisario en la Comisión Europea? El Tratado de Reforma modifica profundamente los documentos principales de la Unión Europea. Si es aprobado sólo por los parlamentos nacionales, sin la celebración de referendos ni debates a escala nacional, la libertad se verá suplantada por una arrogancia ilimitada de los poderes establecidos. La Comisión Europea debe advertir esto a los gobiernos.

  Mihael Brejc (PPE-DE). – (SL) Antes de nada, quiero darles la gracias por las excelentes presentaciones que se han hecho de una cuestión tan complicada como la que se debate hoy.

Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar su atención sobre otra cuestión que no se ha tratado con claridad suficiente. Me refiero a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Todos los Estados miembros que están ahora encargados de las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea han dedicado grandes esfuerzos a garantizar debidamente la seguridad de esas fronteras, con el fin de protegerlas y crear una infraestructura adecuada que facilite la aplicación de las normas Schengen. Pero, al mismo tiempo, hemos sido testigos del deterioro de la vida en las poblaciones fronterizas. Quiero llamar su atención sobre el deterioro, sobre todo en las regiones menos desarrolladas, y quiero preguntar si el Consejo y la Comisión están pensando en adoptar alguna otra medida para mejorar la calidad de vida en las regiones fronterizas, evitando con ello su despoblamiento. Somos muy conscientes de que, si se despueblan, es decir, si se convierten en espacios no habitados, serán más difíciles de proteger.

Mi segunda pregunta es: en la reunión de la comisión, el Presidente del Consejo mencionó que la cooperación con los países balcánicos es también una de las tareas importantes en las que se está centrando el Consejo. En este sentido, me interesa especialmente saber si la aplicación de las normas Schengen y las medidas adoptadas para garantizar nuestra seguridad dificultarán la cooperación entre nuestras fuerzas policiales y las fuerzas policiales de los países balcánicos.

  Martine Roure (PSE). – (FR) Señor Presidente, nos encontramos en un momento decisivo para el Parlamento Europeo: el establecimiento de un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia, y la adopción del Tratado de Lisboa nos permite mejorar el control democrático y jurisdiccional. Por supuesto, quiero apoyar las peticiones de mis colegas en el sentido de encontrar, sobre la base de un acuerdo político interinstitucional, una lista de prioridades sobre las que podamos trabajar en codecisión anticipada.

En efecto, la plena participación del Parlamento Europeo no hará sino mejorar la calidad de las decisiones y, en ocasiones, como hemos visto ya, hará posible el acuerdo. Evidentemente, esto no puede hacerse sin la participación de los parlamentos nacionales en este debate. Y propongo que anticipemos también el papel reforzado que les confiere el nuevo Tratado.

Una de nuestras prioridades debe ser, por supuesto, la protección de los datos. No les sorprenderá que vuelva sobre ello. En efecto, como saben, hemos alentado la adopción de la decisión marco sobre la protección de los datos en el tercer pilar. Y, desde luego, nos satisface la nueva consulta al Parlamento Europeo sobre este tema. No obstante, nos preocupan sobremanera los mediocres resultados obtenidos en el Consejo sobre este texto, debido, justamente, a la norma de la unanimidad.

Dado que los pilares se suprimirán próximamente, y a fin de garantizar una auténtica protección de la privacidad de nuestros conciudadanos, ¿no creen que sería una solución modificar las directivas en vigor sobre la protección de los datos para que se apliquen también a la cooperación policial y judicial? Es tanto más importante garantizar un alto nivel de protección de los datos cuanto que éste debe regir asimismo la propuesta de crear un PNR europeo. Es un tema importante que les planteo y me gustaría mucho tener respuestas.

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Señor Presidente, antes de nada, quiero pedir total transparencia a la Comisión y al Consejo respecto a las negociaciones que se están manteniendo con los Estados Unidos sobre el sistema de protección de datos transatlántico. Parece ser que ahora —al final del proceso de negociación— la Comisión va a pedir al Consejo un mandato. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas.

En segundo lugar, el expediente del PNR está empezando a ser un caos. La necesidad del programa completo no está nada clara. El fundamento jurídico no está claro. Sigue sin haber un sistema para la protección de los datos personales en el tercer pilar. Pero no parece que eso haya impedido a los ministros de interior tomar una decisión sobre el programa europeo de PNR. Ni siquiera invitaron al representante del Parlamento Europeo, señor Deprez.

Me gustaría saber cómo puede ser que el Ministro de Justicia alemán haya declarado, al mismo tiempo, que un programa europeo de PNR sería contrario a la Ley Fundamental alemana. En mi opinión, este expediente no está ni mucho menos preparado; el Parlamento Europeo quisiera saber primero por qué es necesario ese programa.

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Señor Presidente, el acontecimiento más importante ocurrido en 2007 en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia ha sido claramente la ampliación del espacio Schengen. Hoy podemos decir que las expectativas de una circulación más fácil a través de las fronteras se ha topado bruscamente con la realidad.

La circulación a través de la frontera entre Polonia y Alemania que separa Sajonia de la Baja Silesia está planteando problemas como consecuencia de la ampliación del espacio Schengen. A algunas personas se les acusa arbitrariamente de dedicarse al tráfico de inmigrantes clandestinos, y la policía les retiene durante horas como si fueran delincuentes ordinarios. Estas acusaciones se están lanzando contra taxistas de la zona fronteriza. Incumpliendo la ley, se les pide que verifiquen los documentos de los pasajeros. Los vehículos con matrícula polaca son sometidos a registros que duran varias horas.

El Acuerdo Schengen se está aplicando en la frontera polaco-alemana de una manera que disuade a las personas de cruzar la frontera. Ese no era el objetivo del acuerdo y es preciso que la Unión Europea intervenga con urgencia.

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – (RO) Los esfuerzos de la Comisión y el Consejo por garantizar la libre circulación de las personas en toda Europa han dado sus frutos en diciembre de 2007 con la ampliación del espacio Schengen. En el ámbito de la migración ilegal, la legislación propuesta para establecer unas normas comunes de repatriación de inmigrantes ilegales procedentes de terceros países y aplicación de sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales, ayudará seguramente a combatir este fenómeno.

En cuanto a la migración legal, la Comisión ha iniciado medidas legales remitiendo al Parlamento una propuesta de legislación sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores muy cualificados y el procedimiento de permiso único para nacionales de terceros países.

Quiero llamar su atención sobre un tema que me parece de la máxima importancia: se siguen aplicando medidas transitorias impuestas por algunos Estados miembros para limitar la circulación de los trabajadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea. Me parece muy bien que se defienda una política única para regular la inmigración legal procedente de terceros países, pero no considero normal que se impongan restricciones a nacionales de la UE. No podemos hablar de un espacio de libertad si existen restricciones sobre la libertad de circulación de los trabajadores.

En mi opinión, es evidente que se deben aplicar las directivas sobre la migración legal procedente de terceros países, pero eliminando al mismo tiempo las restricciones impuestas a algunos Estados miembros. Eso puede hacerse gradualmente pidiendo a los Estados miembros que apliquen la Directiva sobre migración legal para revocar las restricciones laborales aplicables a nacionales de otros Estados miembros que se mencionan en la Directiva.

Es más, se debe aplicar el concepto de preferencia, de manera que los nacionales europeos tengan prioridad a la hora de atender las demandas del mercado de trabajo. Asimismo, creo que deben hacer distinciones entre países terceros, dando prioridad a los nacionales de países vecinos, sobre todo países incluidos en la política de vecindad. Espero que el diálogo entre el señor Frattini y el señor Deprez con el que se ha abierto este debate dé sus frutos y nos permita realizar una contribución positiva.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señor Presidente, el nacimiento del Tratado de Lisboa y la reforma de la Unión Europea están ocasionando cambios importantes en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, aunque esos cambios ya los esperaban los ciudadanos de la UE. En concreto, si este ámbito se somete a la competencia del Tribunal de Justicia europeo, tanto los países como las instituciones de la UE necesitarán una buena preparación. El Parlamento es consciente de ello y se está preparando también para acometer nuevas tareas y, en especial, para tomar la mayoría de las decisiones conjuntamente.

En este contexto, quiero preguntar al Consejo: ¿vamos a empezar a trabajar en una lista común de prioridades en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y, si la respuesta es afirmativa, cuándo? Sé que tanto el Consejo como la Comisión tienen programas. El Parlamento, a través de mi comisión, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sabe también lo que tiene que hacerse. Pero necesitamos actuar de manera conjunta, eficaz y transparente, así como elaborar una lista común de prioridades, por el bien de nuestros ciudadanos.

Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Presidencia portuguesa por la ampliación del espacio Schengen y, al mismo tiempo, solicitar una evaluación periódica del funcionamiento de este sistema. Transcurridas apenas unas semanas, hemos podido comprobar ya, además de sus excelentes ventajas, algunas de sus consecuencias negativas. Una de ellas es el coste prohibitivo de los visados para los ciudadanos de terceros países, sobre todo para los bielorrusos. El coste de un visado (60 euros) es un obstáculo que les impide visitar a sus vecinos de la UE; a nosotros nos dificulta también la puesta en práctica de nuestra política de vecindad, que al fin y al cabo está consagrada en el Tratado de Reforma.

Señor Comisario, hace falta algo más que la simple vigilancia; Señorías, esto tiene que cambiar.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Señor Presidente, yo quiero centrarme en algo que puede parecer menor, pero que ha empeorado seriamente a lo largo de 2007 y que afecta a millones de personas: la seguridad en los aeropuertos europeos.

La Comisión Europea y el Consejo han permitido y permiten que la prevención antiterrorista en los aeropuertos se gestione como si fuera política de transportes.

Se están limitando libertades y se están restringiendo derechos con procedimientos pensados para las normas logísticas y técnicas propias de los aviones y los trenes. Como resultado se está dejando al ciudadano sin garantías frente a abusos y se aprueban limitaciones de derechos sin examen de proporcionalidad ni valoración alguna de su eficacia. Hombres y mujeres tratados, a veces, como ganado en los puestos de control por agentes de seguridad que no conocen la norma que aplican ni sus excepciones, porque la norma ha sido declarada secreta.

Yo pido a la Comisión —y al señor Frattini en particular— que recupere su autoridad en esta materia; y al Consejo, que la examine con toda seriedad.

Hemos convertido los aeropuertos en zonas en estado de excepción donde no rigen la ley ni las garantías más básicas, sino sólo la autoridad policial sin ningún tipo de control.

  Roselyne Lefrançois (PSE). – (FR) Señor Presidente, me gustaría abordar tres cuestiones en las que tengo especial empeño. La primera se refiere a cómo vamos a plantearnos la fase previa a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, Al igual que todos mis colegas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, a escala interinstitucional, para anticipar las nuevas disposiciones aplicables a nuestro ámbito de competencias. En efecto, me parece la condición sine qua non para una colaboración eficaz y transparente. También las nuevas normas sobre el papel de los parlamentos nacionales deberían experimentarse ya este año. Por lo demás, como ponente sobre la decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo, me he comprometido a cooperar de forma estrecha y estructurada con estos últimos.

Por lo que respecta a la cuestión del terrorismo, una relación de los distintos textos ya adoptados mejoraría la legibilidad de sus respectivos ámbitos de aplicación y su interconexión. Además, si la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad de la Unión, la protección de las libertades fundamentales ha de serlo igualmente. Por ello, estaré extremadamente atenta, al trabajar sobre la decisión marco, a la claridad de las definiciones y los términos empleados, para eliminar cualquier posible riesgo de atentado a dichas libertades y, en particular, a la libertad de expresión.

Por último, quisiera decir unas palabras sobre nuestra acción futura en materia de inmigración. La principal preocupación de la Unión ha sido durante mucho tiempo dotarse de un auténtico arsenal legislativo para combatir la inmigración clandestina, sin que esta actitud de protección de las fronteras se haya visto equilibrada con una política de inmigración legal digna de tal nombre. Celebro, pues, las iniciativas adoptadas estos últimos años en este ámbito y espero que la voluntad política para apoyar una Europa de la acogida sea tan fuerte como lo ha sido para defender una Europa-fortaleza.

  El Presidente. − Entramos ahora en esta práctica que los ingleses llaman «catch the eye». De todos modos, como además soy Vicepresidente responsable para los temas del multilingüismo, voy a intentar hablar con los intérpretes —con mis amigos intérpretes y amigas intérpretes— para ver cómo se puede traducir esto de «catch the eye» en otros idiomas.

Vamos a decir por lo pronto que se trata de aquellos que desean hablan y a quienes el Presidente concede el uso de la palabra «a ojo». Pues «a ojo» doy la palabra al señor Cavada, que seguramente tiene mucho que decirnos en este tema.

  Jean-Marie Cavada (ALDE). – (FR) Señor Presidente, en primer lugar, les ruego me excusen por este cambio en el orden del día o, más exactamente, en el orden de prioridades: una avería en el tren de París a Bruselas ha estado a punto de sacarme de Europa, pero está solucionado ya, muchas gracias.

Todos los años debatimos los progresos realizados en la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero ese debate adquiere hoy una importancia muy especial, y por ello quisiera exponer los motivos que han llevado a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interiora a presentar estas dos preguntas orales, respectivamente al Consejo y a la Comisión, y a insistir a los representantes de dichas Instituciones para que den respuestas claras a las preguntas que les hacemos.

La importancia de este debate se debe a que, con la firma del Tratado de Lisboa el pasado mes de diciembre y su entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2009, las políticas relacionadas con los derechos fundamentales y la ampliación del espacio de libertad, seguridad y justicia experimentarán y deben experimentar cambios sustanciales, cambios que el Parlamento –como saben, Señorías– no ha cesado de anhelar desde hace varios años.

Entre ellos mencionaré el fin de la estructuración en pilares, que permite abordar a escala comunitaria la mayoría de los procedimientos del actual tercer pilar, la generalización de la votación por mayoría cualificada, la ampliación de la jurisdicción del Tribunal de Justicia y el refuerzo del papel del Parlamento como colegislador; por último, la Carta de los Derechos Fundamentales se hace vinculante.

Para aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece el nuevo Tratado, debemos preparar desde ahora una estrategia interinstitucional común con vistas a elaborar una lista de propuestas; dicha estrategia podría negociarse desde el punto de vista político en 2008 y adoptarse oficialmente durante el período de enero de 2008 a mayo de 2009.

Quisiera concluir, señor Presidente, diciendo que esta estrategia nos evitaría tener que modificar constantemente, a partir de la entrada en vigor del nuevo Tratado, propuestas que acaban de adoptarse y garantizaría asimismo el pleno control jurisdiccional del Tribunal de Justicia, así como la participación plena y verdadera del Parlamento en la definición de políticas que afectan al núcleo mismo de los derechos de los ciudadanos.

En cuanto a la pregunta que me ha planteado, voy a examinarla y reflexionar sobre ella e intentaré ayudarle en mi modesta manera.

  Dragutin Mate, Presidente en ejercicio. − (SL) Gracias por las preguntas que se han formulado hoy aquí. Por desgracia, no dispongo de tiempo suficiente para responder a todas ellas con mucho detalle, por lo que trataré de referirme a las más importantes. Primero responderé a la pregunta del señor Weber sobre el sistema SIS II.

Quiero decir muy claramente que nosotros, en el Consejo, creemos que es de máxima importancia garantizar la seguridad en la transferencia de «SIS I para todos» al sistema SIS II y no podemos permitir que se pierda ningún dato, ni que el funcionamiento del sistema se vea sometido a ningún tipo de amenaza. Por eso hemos optado por una transferencia gradual de un sistema al otro, lo cual, por supuesto, exige el desarrollo del convertidor. Por tanto, se alargará el tiempo necesario para poner en funcionamiento el sistema SIS II. Me parece que la decisión tomada es buena, porque garantizará la seguridad de los datos y, desde luego, la mejora de la calidad de los datos ofrecida por el nuevo sistema, teniendo este aspecto del sistema SIS II la máxima importancia.

Quiero referirme también a una pregunta formulada por algunos de ustedes sobre la cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Creo que esa cooperación tiene que ser estrecha en la mayoría de los casos. Naturalmente, necesitamos algún tipo de consenso político y de relación mutua para establecer y garantizar un nivel adecuado de seguridad y la protección de los derechos humanos. Necesitamos un enfoque válido y equilibrado, y ahí es donde el Parlamento Europeo tiene un papel muy importante. Difícilmente puedo imaginar cómo podríamos funcionar sin esta estrecha cooperación con el Parlamento.

Como es natural, debemos tener claro que el Tratado de Lisboa todavía no ha entrado en vigor. El proceso de ratificación está en marcha. Es un proceso bastante delicado, posiblemente más en unos países que en otros. Pero tenemos que trabajar y funcionar de una forma que no ponga en peligro el proceso de ratificación en ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Así pues, creo que sería conveniente, en este año que culminará con la aplicación del Tratado de Lisboa, que cooperemos mutuamente y que dividamos la legislación que estamos debatiendo en dos partes. Una parte consiste en la legislación que está a punto de concluirse y sobre la que tenemos el dictamen del Parlamento, o la legislación que está ya plenamente concluida o en las últimas etapas de su conclusión. La otra parte consiste en la legislación que se acaba de iniciar o que se iniciará en breve y para la que necesitaremos una cooperación estrecha y constante con el Parlamento. Creo que esa es la manera adecuada de cooperar para garantizar la debida seguridad y eficacia en nuestro método de funcionamiento, y para establecer los futuros procedimientos de trabajo.

Quiero hacer también una breve mención a la Directiva sobre repatriación y a la Agencia Frontex. Los debates técnicos y las negociaciones en torno a la Directiva sobre repatriación continuarán durante la Presidencia eslovena y hemos decidido mantener asimismo negociaciones políticas. Espero, por tanto, que consigamos el necesario y debido compromiso político. Sigo teniendo la esperanza de conseguir dicho compromiso y ya hemos mantenido contactos con el ponente, señor Weber, que me hacen pensar que las cosas están progresando de forma adecuada.

En cuanto a la Agencia Frontex, diré sólo que en la actualidad se está evaluando el trabajo realizado y que la Presidencia está preparando una reunión ministerial más detallada durante la conferencia que se celebrará a principios de marzo, en la que hablaremos de la Agencia Frontex y de su futuro, y evaluaremos el trabajo realizado hasta la fecha. Después de eso, podremos presentar al Parlamento un informe más detallado.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión − (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que en el debate de esta mañana se ha comprobado que las tres instituciones tienen voluntad de trabajar conjuntamente. Por consiguiente, no sólo es importante el método de trabajo, sino también el mérito. Así que el deseo expresado al principio por el señor Deprez —sobre el que yo diría que ha existido un amplio consenso, también por parte del Presidente del Consejo y por la mía— es el método de trabajo que debemos utilizar.

Como he dicho al principio, en el Consejo la idea de trabajar con un horizonte temporal no limitado a seis meses ha sido todo un éxito. Aquí debemos tratar de hacer lo mismo, porque creo que, por lo que han dicho algunos, han surgido otra serie de temas que son claramente una prioridad. Todos sabemos que no se puede frenar el trabajo orientado a la introducción de SIS II, la nueva generación del sistema SIS. Tenemos que seguir avanzando y, aparte de discutir sobre los plazos, lo que nos interesa es que el proceso de experimentación con este nuevo sistema esté demostrando que ofrece un verdadero valor añadido para la seguridad de nuestras fronteras exteriores.

En lugar de hablar de retrasos, quiero hablar de la necesidad de que los Estados miembros experimenten a fondo con el sistema para ver cómo funciona y cómo podría funcionar mejor, antes de proceder a su implantación. Los plazos que hemos discutido con la Presidencia, y que formalizaremos con el Consejo de Ministros de febrero dentro de unas semanas, demuestran nuestro compromiso con el valor añadido de la nueva generación del SIS, una prioridad manifiesta.

Muchos de ustedes han hablado de evaluar la eficacia de las medidas de seguridad, en particular, las antiterroristas. Eso es algo que el Parlamento pidió hace ya un año y con lo que yo estoy de acuerdo. Hoy tenemos un proceso en marcha. En diciembre, todos los Estados miembros recibieron un cuestionario detallado sobre los resultados conseguidos con las medidas antiterroristas que se están aplicando. Puedo decir, no sólo a la baronesa Ludford, sino a todos ustedes, que para mediados de abril podré dar a conocer los resultados completos de este análisis para los 27 Estados miembros. Éste es, en mi opinión, otro tema de debate prioritario y por el que este Parlamento ha mostrado siempre interés.

Algunos han hablado de garantías procesales. Como saben, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el particular, porque algunos Estados miembros han planteado problemas irresolubles, pero ahora la Presidencia eslovena ha hecho una propuesta que creo merece prioridad: el asunto de las sentencias en rebeldía. Es uno de los aspectos relacionados con las garantías procesales. No es todo lo que se somete a debate, pero es un aspecto muy importante: la armonización de la legislación sobre las sentencias en rebeldía —un asunto que creo que ha mencionado la señora Lambert— es un tema que debe recibir atención prioritaria en 2008.

Hemos mencionado ya la evaluación de la Agencia Frontex. El 13 de febrero publicaremos nuestra primera evaluación completa de la Agencia. Está claro que el documento de la Comisión se debatirá en el Consejo y en el Parlamento y constituirá la base de la acción, que yo calificaría también de prioritaria, en 2008: cómo ha funcionado la Agencia Frontex, cómo se puede mejorar y cómo podemos animar a los Estados miembros a una mayor participación.

Se ha hablado de terrorismo; muchas personas lo han mencionado. La propaganda terrorista en Internet y la radicalización violenta son temas ambos que serán objeto de iniciativas no legislativas. Ya hay previstas algunas medidas legislativas, habrá comunicaciones de la Comisión y es un tema que debe debatirse.

Agradezco mucho lo que la señora Roure ha dicho sobre el PNR. Este es un debate que continuará durante todo el año 2008. No creo que se vaya a aprobar el PNR europeo a finales de este año. No obstante, creo que nos deben guiar los criterios mencionados por la señora Roure, si no recuerdo mal: proporcionalidad en la recogida de esos datos y su valor añadido para la lucha antiterrorista, porque esto es lo que nos importa. Si el instrumento funciona, lo aprobaremos; si no funciona, lo adaptaremos o lo rechazaremos. Yo creo, personalmente, que sí que servirá, pero también creo que debemos discutirlo aquí. Otra cuestión es cómo proteger los datos recogidos y cómo sancionar a los que hagan un uso indebido de ellos. Son temas de debate, obviamente abiertos, que podemos abordar durante el año 2008.

Por último, la inmigración. Creo que debemos proseguir con el enfoque general de la inmigración, como se dijo en el Consejo Europeo de diciembre para, de cara a la futura Presidencia francesa, pensar en lo que pretende proponer el Gobierno francés como un pacto europeo sobre inmigración, y ya he dispuesto todo para garantizar que la Comisión esté plenamente disponible para trabajar sobre el asunto.

Por último, de nuevo, la política sobre asilo. El año 2008 será decisivo, puesto que 2010 es la fecha límite para crear un sistema europeo de asilo. En 2008 se presentará el plan de acción a la Comisión.

He puesto algunos ejemplos para demostrar que, con este espíritu, la propuesta del señor Deprez, que creo que debe tener una buena acogida, es la de reunir y definir en términos concretos lo que puede hacerse de inmediato, porque está ya preparado —y hay muchas cosas que podemos concluir durante la Presidencia eslovena— y las que podemos seguir debatiendo desde ahora hasta, pongamos, junio de 2009.

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Señor Presidente, observo con cierta sorpresa y lamento, primero, que el Consejo no haya respondido a ninguna pregunta sobre el registro de nombres de los pasajeros. Me pregunto si aceptaría responder por escrito a todas las preguntas que se han formulado aquí.

Segundo, constato —también con tristeza— que llevamos ya un año pidiendo información sobre el grupo de contactos de alto nivel y las negociaciones entre la Comisión y los estadounidenses en materia de protección de datos. Tampoco hemos recibido respuesta alguna. Llevan un año negociando y creo que es hora de que nos digan sobre qué están negociando. Me gustaría una respuesta por escrito.

  El Presidente. − Gracias, señora in 't Veld. Creo que tanto la Comisión como el Consejo han tomado nota de su intervención y estoy convencido de que van a proporcionar respuestas escritas a las peticiones que usted acaba de manifestar.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar durante el período parcial de sesiones de marzo.

  El Presidente. − El siguiente punto es el debate del informe de Armando França, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo sobre la mejora de la cooperación entre las unidades especiales de intervención de los Estados miembros de la Unión Europea en situaciones de crisis (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)) (A6-0507/2007).

  Armando França, ponente. – (PT) El rostro de la vieja Europa ha cambiado. Hoy, la Unión Europea, con 27 Estados miembros y casi 500 millones de habitantes, se enfrenta a desafíos complejos y estimulantes, que exigen de nosotros una visión más amplia del mundo y una actitud muy atenta a cuestiones como el mantenimiento de la paz, la seguridad, la estabilidad, la libertad y el ejercicio de la democracia. Como inmortalizó sabiamente Victor Hugo, hace falta saber qué parte del futuro puede ser introducida en el presente, como secreto del arte del buen gobierno. He aquí, por tanto, la dimensión y el gran desafío del presente informe —el desafío de la seguridad de las personas y de los bienes en el espacio de la UE—, una cuestión que está muy presente en la vida cotidiana de los europeos. Hablo concretamente de seguridad, hoy y mañana, todos los días, en las calles, en el trabajo, en el tiempo de ocio y en el hogar, en tierra, mar y aire. Es la seguridad de nuestro espacio común que, sin ser impuesta, garantiza y sustenta la libertad en una sociedad equilibrada.

La libertad es la piedra angular, el valor fundamental de la Unión; la seguridad es una herramienta al servicio del bienestar, proporciona estabilidad y salvaguarda la libertad. La libertad como valor y la seguridad como herramienta son esenciales para el proyecto europeo. La iniciativa de Austria, retomada por la Presidencia portuguesa y que motivó la Decisión del Consejo, prevé una mejora de la cooperación entre unidades especiales de intervención de la Unión Europea en situaciones de crisis. Es una iniciativa buena y necesaria. Complementa además el Tratado de Prüm, en el que se prevé la cooperación en caso de catástrofes naturales o accidentes graves. En mi informe se proponen 11 enmiendas a la propuesta de decisión que también establece un marco general mínimo de posibilidades de cooperación para casos de crisis causadas por el hombre, secuestro de aviones, atentados terroristas, etc., es decir, situaciones desencadenadas por el hombre que constituyan una amenaza física grave y directa para personas, bienes, infraestructuras o instituciones.

En la propuesta, la cooperación en materia de formación, preparación y acción de unidades especiales de intervención es siempre una posibilidad y el Estado miembro puede pedir o no cooperación, indicando qué tipo de asistencia requiere. Es importante decir que la eficacia y la prontitud de las intervenciones dependerán siempre del grado de preparación, coordinación, articulación y existencia de métodos uniformes en el modus operandi de las unidades de intervención, por lo que propongo, por un lado, la posibilidad de realizar formación y ejercicios conjuntos; por otro lado, que esa formación y esos ejercicios puedan ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea, en los términos establecidos en los artículos 30, 32 y 34 del Tratado de la Unión. Decir también que, a nuestro modo de ver, las reglas sobre la responsabilidad civil y penal aplicables en caso de operaciones conjuntas deben ser las mismas que las establecidas en la Decisión Prüm.

Señor Presidente, Señorías, esta Decisión del Consejo es muy importante. Es una solución común a problemas y amenazas comunes a los que se enfrentan todos los Estados miembros. Es una solución que valora la indispensable cooperación en la preparación y en la reacción a las crisis provocadas por la intervención humana, siempre imprevistas, pero siempre posibles. Finalmente, quiero recalcar y agradecer la cooperación institucional y la colaboración técnica que me ha sido prestada y destacar las enmiendas propuestas por el señor Díaz de Mera, el señor Demetriou y la señora Iotova, que han mejorado y enriquecido mi informe.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, he apoyado esta iniciativa austriaca, muy bien relanzada por la Presidencia portuguesa, desde el principio.

Creo firmemente en que la cooperación práctica y operativa entre las unidades especiales de intervención en la Unión Europea es muy importante para hacer frente a situaciones de crisis.

En primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, señor França, por el excelente trabajo que ha realizado con este informe, y también a toda la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior por las enmiendas tan útiles que están contenidas en el informe.

Acojo con satisfacción las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo y que tratan de mejorar la iniciativa. Quiero sólo mencionar las enmiendas para asegurar que no exista solapamiento con la Decisión Prüm o cuestiones relacionadas con la mejora de las disposiciones en materia de responsabilidad civil o con la redefinición y aclaración del término «situaciones de crisis», o una enmienda referida a la posibilidad de obtener financiación para proyectos comunes.

Debe recordarse que, en la actualidad, las unidades especiales de intervención actúan dentro la red Atlas. Realizan entrenamientos y prácticas conjuntamente y nosotros financiamos esos proyectos. Hemos financiado esas actividades con cargo a nuestro presupuesto desde 2006 y mi propuesta para 2008 es aumentar los fondos que destinamos a la red Atlas hasta 900 000 euros.

Para terminar, reitero mi apoyo a este informe y deseo encarecidamente que se tramite con rapidez y sea aprobado en breve por el Consejo.

  Mihael Brejc, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (SL) Esta decisión relativa a la cooperación entre unidades especiales de los Estados miembros para intervención en situaciones de crisis es uno de los muchos documentos que deben mejorar la preparación y la capacidad de los Estados miembros para responder debidamente ante situaciones de crisis, como atentados terroristas. La intervención en situaciones de crisis y en la lucha contra el terrorismo es una tarea compleja que exige una estrecha cooperación entre todos los Estados miembros.

Se ha hecho mucho hasta la fecha para establecer los fundamentos políticos y jurídicos y adoptar medidas preventivas prácticas. Sin embargo, no hemos abordado debidamente las causas y raíces del terrorismo. Por eso voy a repetir mi sugerencia de que el Consejo y la Comisión deben prestar más atención a las raíces y las causas del terrorismo. Los primeros pasos dados en el ámbito del intercambio de información han sido también buenos, pero no suficientes. Hasta el momento, la dificultad ha estribado en los importantes obstáculos formales que surgirían si un Estado miembro en situación de crisis, pongamos un atentado terrorista, pidiera ayuda a otro Estado miembro.

Para intervenir con más eficacia en situaciones de crisis, es necesario que las autoridades de los Estados miembros cooperen entre sí. Sobre todo, es necesario que sus unidades especiales se conozcan y cooperen mutuamente. Esta decisión da vía libre a la cooperación en el caso de producirse los más graves atentados terroristas; es decir, en situaciones reales de crisis. Permite a un Estado ofrecer ayuda, cuando se le pida, por medio de sus unidades especiales. Eso no supondrá ninguna amenaza contra la soberanía del otro Estado; será simplemente una ayuda. Esto es importante no sólo debido a las circunstancias en la práctica, sino también porque hace realidad uno de los valores fundamentales de la Unión Europea: la solidaridad. Mi Grupo apoya esta decisión y esperamos que reciba un voto masivo a su favor. Quiero agradecer al ponente, señor França, su excelente trabajo.

  Bogusław Rogalski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, en el debate de esta propuesta de resolución legislativa sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo sobre la mejora de la cooperación entre las unidades especiales de intervención de los Estados miembros de la Unión Europea en situaciones de crisis, hay que tener en cuenta que ningún Estado miembro, por sí solo, dispone de todos los medios, recursos y conocimientos técnicos necesarios para hacer frente eficazmente a todos los tipos de amenazas a gran escala o situaciones de crisis que pueden exigir una intervención especial. Por eso es de crucial importancia que todos los Estados miembros puedan solicitar ayuda a otro Estado miembro. Es una cuestión de particular importancia sobre todo en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la delincuencia transfronteriza, así como en el caso de catástrofes y accidentes graves.

Espero también, y esto hay que tenerlo en cuenta, que la enmienda del Parlamento introduzca una salvaguarda material contra la ampliación no autorizada de estas disposiciones simplificadas para la cooperación «por analogía» a las interacciones con las agencias de terceros países, con el fin de evitar abusos, por ejemplo, en intervenciones controvertidas y de forma que tales intervenciones no atenten contra los derechos de los Estados miembros.

  Athanasios Pafilis, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, la iniciativa austriaca y el informe de la Comisión tienen como finalidad seguir reforzando la cooperación entre las unidades especiales de intervención de los Estados miembros de la UE y la organización de operaciones conjuntas en cada Estado miembro, supuestamente para combatir atentados terroristas. Estas operaciones se prevén ya en el Tratado de Prüm, en virtud del cual las fuerzas policiales tendrán plena libertad para intervenir y realizar operaciones de persecución en el territorio de todos los Estados miembros, incluso con el uso de armas.

Desde hace varios años, la Unión Europea se ha convertido en un caldo de cultivo para la «histeria del terror», la inseguridad y el temor a un enemigo invisible. Los derechos humanos fundamentales y las libertades democráticas se están viendo recortados de forma drástica, supuestamente para combatir a ese enemigo.

¿Pero quien es, en realidad, el enemigo de la Unión Europea? Llevamos muchos años oyendo hablar de terrorismo; en realidad, la Unión Europea está tratando de escudar sus políticas y proteger su sistema económico y político frente a la oposición de los trabajadores. De hecho, el propio informe así lo reconoce. Todo lo que dice sobre terrorismo y otras cuestiones relacionadas es teórico: legaliza las intervenciones y las operaciones policiales conjuntas incluso, así dice, en el caso de que haya una mera sospecha de que se hayan cometido actividades delictivas, o una amenaza contra bienes personales o infraestructuras u organizaciones estatales, o delitos no especificados. Es precisamente este texto, de una vaguedad deliberada el que puede utilizarse para justificar una intervención; puede incluso suprimir las formas tradicionales de movilización o protesta popular, como, por ejemplo, la ocupación simbólica de vías y edificios públicos y la organización de huelgas a gran escala y piquetes.

Ése, creemos, es el propósito del informe, y por eso no estamos de acuerdo con él. Nos oponemos a él. Vamos a votar en contra de la iniciativa y del informe, y vamos a pedir a los ciudadanos que protejan sus derechos individuales y democráticos.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, los especialistas que realizan tareas con un alto riesgo de peligro realizan, indudablemente, una valiosa contribución a la seguridad: en eso estamos de acuerdo. También lo estamos en que la planificación y mejora de la cooperación es una ventaja en el caso de una amenaza terrorista. La situación actual es alarmante en algunos aspectos, debido a las tasas de criminalidad cada vez mayores. Se están cerrando comisarías y se están reduciendo las unidades especiales cuando nos vemos obligados a luchar contra cada vez más bandas criminales con menos escrúpulos que nunca y que se frotan las manos con satisfacción cada vez que se abre otra frontera. En tal situación, la UE sigue dificultando al máximo que ciudadanos responsables puedan protegerse a sí mismos con armas y ha contribuido, con sus equivocadas visiones multiculturales, a una sociedad multidelictiva con zonas a las que no se puede entrar y con una propensión a la violencia cada vez mayor.

Por supuesto, es importante que la preparación frente a un atentado terrorista no interfiera en la lucha contra la actividad delictiva. En mi opinión, debemos poner fin al sinsentido de desviar funcionarios de la policía a unidades terroristas y cerrar unidades especiales en pleno funcionamiento sólo para crear nuevas unidades especiales (contra bandas juveniles, por ejemplo).

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, al contrario que los anteriores oradores, acojo con satisfacción esta iniciativa y podría empezar diciendo: «Las cosas buenas llevan su tiempo». Esto es porque la iniciativa austriaca se remonta a una iniciativa de los Jefes de Estado o de Gobierno en 2004 y plantea la cuestión de cuál es la mejor forma de que todos los Estados miembros puedan recibir ayuda de unidades especiales en el caso de sufrir un atentado terrorista. Por consiguiente, no tiene nada que ver con la cuestión planteada por el anterior orador, como tampoco entiendo al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea /Izquierda Verde Nórdica, que se limita a rechazar este tipo de iniciativa de ayuda mutua mediante el uso de unidades especiales.

Sabemos que ningún Estado miembro puede, de hecho, estar permanentemente protegido contra todo tipo de eventualidades. Por lo tanto, con esta iniciativa el Parlamento ha tratado también de encontrar formas de proporcionar la mejor ayuda transfronteriza posible, sobre todo con la mayor rapidez posible en casos especiales de ese tipo y, en particular, en caso de atentados terroristas, secuestro de rehenes y piratería aérea.

Celebro, en concreto, las propuestas adicionales del Parlamento, porque hacen que sea más fácil decidir quién, por ejemplo, debe correr con los costes al final, es decir, el Estado miembro que solicita la ayuda, o decidir qué reglamentos deben aplicarse si los funcionarios de un Estado miembro actúan en otro Estado miembro. Se establecen también disposiciones en materia de responsabilidad. Celebro que haya cursos de formación conjuntos para combinar estas unidades especiales y así mejorar también su despliegue, en caso de ser necesarias. Doy la enhorabuena al ponente. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoyará esta iniciativa.

  El Presidente. − Sólo puedo conceder «a ojo» el uso de la palabra a los colegas que no hayan intervenido antes en el debate y no veo que ninguno de los que no han intervenido en el debate me haga la solicitud de tomar la palabra.

Me ha comunicado, por otra parte, el señor Frattini que no tiene intención de intervenir en nombre de la Comisión. Por lo tanto, damos la palabra al ponente, señor França, por dos minutos, para cerrar este debate.

  Armando França, ponente. – (PT) En primer lugar, quiero agradecer las referencias que se han hecho a mi trabajo, a mi informe y a los colegas de la comisión a la que pertenezco, al señor Frattini y a los restantes colegas que han manifestado su apoyo al informe, a la iniciativa de Austria y a la decisión tomada por el Consejo y la Presidencia portuguesa de seguir adelante con ella.

Quiero insistir en un aspecto que me parece muy importante. La seguridad, repito, la seguridad es una herramienta, no un valor en sí mismo; es un instrumento al servicio de la libertad y al servicio del ejercicio efectivo y positivo de los derechos fundamentales, especialmente de los ciudadanos de la UE. Y otro aspecto que me parece igual de importante es que esta decisión no va a favorecer cualquier intervención, como aquí se ha dicho. Esta decisión va a promover un aspecto fundamental de la construcción de la Unión Europea, que es la cooperación entre los Estados miembros, y va a promover también la cooperación en materia de formación y ejercicios conjuntos y, por tanto, en materia de prevención. Sólo cuando los Estados miembros se lo pidan unos a otros podrá haber una posibilidad de intervención ante situaciones de crisis que puedan surgir, y eso tendrá que ser evaluado, lógicamente, por los Estados miembros afectados.

Propongo también que se destinen ayudas con cargo al presupuesto de la UE, sobre todo para estimular y fomentar la cooperación en este terreno, así como ofrecer cierta ayuda económica a los Estados miembros que lo necesiten.

Por último, quiero decir que es importante que se implemente, que se ejecute y que se acelere esta decisión, porque la seguridad no pregunta ni el día ni la hora y todos los días pueden plantearse situaciones de crisis que amenacen nuestra seguridad y, por tanto, nuestra libertad en un Estado miembro de la UE, y que debiliten la confianza de los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea.

  El Presidente. − Señor França, enhorabuena por su excelente informe.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Marianne Mikko (PSE), por escrito. – Juntos, hemos trabajado para minimizar la necesidad de unidades especiales de intervención. Por buenas que sean las unidades y la cooperación entre ellas, sigue siendo mejor prevenir que curar.

Creo que la certidumbre de una respuesta coordinada y enérgica ayudará mucho a conseguir que los secuestradores, los terroristas o los delincuentes desesperados se lo piensen dos veces.

Eso significa que no debe haber obstáculos innecesarios, ni incentivos que comprometan nuestra seguridad en aras de unas normas de procedimiento.

Creo que es posible que la red actualmente prevista de acuerdos bilaterales atienda debidamente nuestras necesidades. Sólo los vecinos más cercanos pueden garantizar una reacción rápida, que casi siempre se acompaña de la necesidad de una intervención especial.

Por otra parte, en el caso de que varios Estados miembros sean atacados de forma simultánea, como puede ocurrir perfectamente con los ciberataques, necesitamos transparencia y una cierta coherencia en las medidas adoptadas en toda la Unión Europea.

Este informe es parte de una compleja ecuación, cuyo resultado puede cambiar cuando se disponga de más datos. No debemos considerar como definitiva la legislación actual. Tenemos que estar dispuestos a traducir esa cooperación en una política comunitaria.

Mis felicitaciones al ponente.

(Se suspende la sesión a las 10.50 horas y se reanuda a las 11.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. PÖTTERING
Presidente

  El Presidente. − Señorías, Martin Schulz hizo ayer un comentario a otro diputado —Hans-Peter Martin— aquí en esta Cámara con un contenido muy concreto. El Presidente no puede, por tanto, aceptar el contenido de esa declaración. Desapruebo y censuro el contenido de esa declaración.

  El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación, véase el Acta)

– Antes de la votación

  Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, hago uso de la palabra en virtud el artículo 170, apartado 4, del Reglamento para decir que esta propuesta que se nos está pidiendo que votemos da al Presidente de este Parlamento poderes tan arbitrarios y dictatoriales que nadie que crea en la democracia podrá siquiera considerarlos. Pero no está bien que se nos pida que la votemos, cuando los grupos políticos representados en este Parlamento ni siquiera han tenido tiempo de debatirla. Por eso pido que se aplace esta votación hasta el siguiente período parcial de sesiones en Estrasburgo, para que las personas puedan tener la oportunidad de entender las enormes consecuencias de esta votación si llega a aprobarse la propuesta.

  El Presidente. − Señor Farage, en primer lugar, usted tiene derecho a pedir que se aplace esta votación. Nadie está cuestionando ese derecho. Hemos debatido ayer brevemente el contenido de este punto, después de que el señor Hannan pidiera permiso para intervenir. Tengo que decirle muy claramente que el contenido de su intervención, en la que hace referencia a medidas dictatoriales, resulta inapropiada aquí. ¡Acepte la decisión por mayoría de este Parlamento, acepte la decisión por mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales! Aquí todo se hace correctamente, de acuerdo con la ley, y ustedes deben ser buenos demócratas y aceptarlo.

  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, en nuestro Grupo hemos debatido muy a fondo esta cuestión. Creemos que el Presidente debe consultar a la Cámara una vez más antes de tomar la decisión, sobre todo en cuanto a la forma de redactar la versión modificada, puesto que las acusaciones de una intervención autoritaria están totalmente injustificadas. ¡Ni mucho menos! No hay ninguna razón para utilizar las palabras que ha utilizado el último orador. Ruego, por tanto, que procedamos con la votación como usted ha propuesto.

  El Presidente. − Posiblemente me haya precipitado. Se ha presentado una propuesta formal. Un diputado puede hablar a favor de la propuesta y otro en contra. Hemos escuchado al orador que es contrario a la propuesta. Así que ahora puede hablar alguien que esté a su favor. Supongo que el señor Hannan desea apoyar al señor Farage. Por esa razón, él y sólo él tiene ahora el uso de la palabra. Proceda, por favor, señor Hannan.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Señor Presidente, una mayoría absoluta no es lo mismo que el Estado de derecho. Acepto que hay una minoría en esta Cámara a favor de un referéndum, y que hay una minoría en esta Cámara en contra de la ratificación del Tratado de Lisboa.

Pero aún así, esta Cámara tiene que seguir su propio manual de procedimientos. Y rechazar por aclamación popular nuestras normas de procedimiento es, de hecho, un acto de gobierno arbitrario y despótico. Únicamente por respeto hacia usted, señor Presidente, y por mi afecto personal hacia usted, lo que me impide relacionarlo con el Ermächtigungsgesetz de 1933, que fue votado también por una mayoría parlamentaria.

Pido a esta Cámara que no vote esta cuestión hasta que....

(Protestas)

  El Presidente. − Señor Hannan, creo que no debemos hacer esas comparaciones.

  Joseph Daul (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, he tenido paciencia durante días, durante semanas. Ahora bien, hay límites. En nuestro Grupo todavía no hemos tomado una decisión. Esta reflexión es intolerable. Adoptaremos sanciones internas en el Grupo, y quiero pedir la exclusión del señor Hannan de nuestro Grupo.

(Aplausos)

(El Parlamento rechaza la petición del señor Farage de aplazar la votación).

– Antes de la votación

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, intervengo simplemente para decir que mi Grupo se une a los grupos que han presentado la propuesta de resolución común y va a suscribirla.

– Antes de la votación sobre el apartado 6

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, lamento que mis enmiendas se estén presentando de esta forma especial por problema técnicos. Pido su apoyo para cambiar una palabra. Para que «posible uso militar» sea sustituido por «posible vínculo militar».

(El Parlamento acepta la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre el apartado 9

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, también en este caso es muy simple. Pido que se añada una palabra: «cooperación sincera».

(El Parlamento rechaza la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre la enmienda 9

  Paulo Casaca (PSE). – Señor Presidente, lamento anunciar a esta Cámara que el señor Zamel Bawi, cuya ejecución pedimos que se suspendiera, fue ejecutado a las 4.00 horas de la madrugada de ayer en la prisión de Karoon, en Ahwaz. Por lo tanto, voy a presentar una enmienda oral a la enmienda ya presentada del señor Salafranca Sánchez-Neyra, para la que espero obtener su aprobación. La enmienda oral hace referencia a esta ejecución y recuerda que uno de los presos condenados a muerte es un ciudadano europeo que fue secuestrado en Siria. Los otros dos son refugiados de ACNUR que ya habían obtenido asilo en Noruega.

La enmienda oral dice así: «Protesta vehementemente por la ejecución en Irán, el 30 de enero de 2008, a las cuatro de la mañana, hora local, del militante político ahwasi Zamel Bawi, decimonoveno militante ahwasi ejecutado en los últimos 12 meses, e insta al Gobierno iraní a que renuncie a ejecutar al ciudadano neerlandés y militante por los derechos humanos Faleh Abdulah al-Mansouri y a Rasoul Ali Mazrea y Said Saki, refugiados registrados por ACNUR, cuyo reasentamiento en Noruega está garantizado, así como a que les permita dirigirse al país del que son nacionales o que les acoge como refugiados». Luego continúa como antes: «exige, asimismo, la liberación de los periodistas kurdos condenados a muerte, Abdolvahed «Hiwa» Butimar y Adnan Hassanpur».

(El Parlamento acepta la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre el apartado 15

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, cuando se mencionan todas las formas de tortura, propongo que se añada «incluidas las ejecuciones extremadamente inhumanas» porque esas ejecuciones ocurren, sobre todo las ejecuciones con tortura.

(El Parlamento acepta la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre el apartado 17

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, mi propuesta se refiere al texto actual. El texto ya «pide que las minorías puedan ejercer todos los derechos sancionados por la Constitución iraní». Pero ni siquiera respetan los derechos sancionados por su propia Constitución. Por ello propongo que la última parte del texto empiece por «insta a las autoridades iraníes a que actúen constitucionalmente y supriman, de hecho y de derecho, todas las formas de discriminación». El resto no cambia. De esta forma, se les insta a actuar de acuerdo con su propia Constitución, que ahora no respetan.

(El Parlamento acepta la enmienda oral.)

− Antes de la votación sobre el apartado 19

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, estoy de acuerdo en retirar esta enmienda oral porque es complementaria del consenso que ya se ha logrado. El apartado 19 se refiere al caso omiso que han hecho el Consejo y la Comisión de la decisión del Tribunal Europeo. Ya se ha aprobado en una enmienda de transacción, así que estoy de acuerdo en que se retire.

– Antes de la votación sobre la enmienda 3

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, en una resolución de esta importancia política estamos convencidos de que es muy conveniente que exista en la Cámara el máximo apoyo y el mayor acuerdo posible.

Con este motivo, proponemos una enmienda oral que eliminaría de la enmienda original cualquier juicio de valor y la transformaría en una simple referencia a un hecho concreto, lo que podríamos llamar un «hecho relevante» en relación con el tema de la resolución, pero —repito— eliminando cualquier juicio de valor para poder conseguir el máximo apoyo en la Cámara.

La enmienda oral sustituiría el texto de la enmienda por el siguiente: «toma nota de la decisión del Tribunal Europeo de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2006.» Es decir, una simple mención, sin juicio de valor alguno, de un hecho relevante.

(El Parlamento acepta la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre el considerando C

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, me disculpo. Un problema técnico ha hecho que mis enmiendas aparezcan de esa forma tan especial. No soy un enfant terrible como para torturarles aquí.

Pero, en cualquier caso, ya que han aparecido, ahora tengo que explicarlas. Se trata del protocolo adicional que Irán debe poner en práctica en el plazo más breve posible. Mi propuesta es añadir «algo que todavía no ha hecho.»

(El Parlamento rechaza la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre el considerando H

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, en los ahorcamientos públicos se hace un uso muy desagradable de las grúas, sobre todo en los ahorcamientos con tortura. Por eso mi propuesta es añadir después de «frecuentemente mediante ahorcamiento público»: «con el uso de grúas suministradas por empresas occidentales.»

Eso no nos gusta. Supongo que a nadie le gusta.

(El Parlamento rechaza la enmienda oral.)

– Después del considerando R

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Señor Presidente, esta es una enmienda importante sobre la que quiero llamar la atención de la Cámara, porque nuestra propia gente y los ciudadanos de la UE se ven amenazados por algunas actividades.

Por eso pido que se añada un nuevo considerando: «considerando que algunos Estados miembros de la UE han participado en una acción internacional para consolidar la democracia en Iraq y defender a su pueblo de terroristas entrenados y suministrados también por potencias extranjeras, entre otras Irán, lo que significa que algunos funcionarios de Estados miembros de la UE —ciudadanos de la UE— están sufriendo daños personales y materiales como consecuencia de atentados terroristas de los que Irán no está desvinculado».

Les pido que apoyen mi propuesta.

(El Parlamento rechaza la enmienda oral.)

– Antes de la votación sobre la propuesta de resolución

  Godfrey Bloom (IND/DEM). – Señor Presidente, hago uso de la palabra en virtud del apartado artículo 151, apartado 13, para preguntar si tenemos legitimidad, en realidad, para votar sobre esto. Pude disfrutar de su compañía ayer por la tarde a las 17.00 horas, cuando la temperatura en su despacho era de 80 ºF. Todo este edificio tiene la calefacción demasiado fuerte. El edificio de Estrasburgo tiene la calefacción demasiado fuerte, y yo sugiero que pongamos primero orden en nuestra propia casa antes de empezar a votar sobre otras cosas.

  El Presidente. − Yo no he sentido tal calor. Quizá tuviera que ver con su estado interior.

– Antes de la votación de la enmienda 9

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Señor Presidente, quiero eliminar de la enmienda oral el término «prácticas tradicionales», es decir, las últimas dos palabras del apartado 9. Si lo desea, puedo leer el texto, que quedaría así: «Insta a la población romaní a que respete los derechos humanos, en particular de las mujeres y los niños, y a que se rechacen los matrimonios obligados.»

(El Parlamento acepta la enmienda oral.)

(La enmienda 9 es rechazada posteriormente.)

PRESIDE: GÉRARD ONESTA
Vicepresidente

Explicaciones de voto orales

- Interpretación del Reglamento (artículo 19, apartado 1)

  Richard Corbett (PSE). – Señor Presidente, me van a tener que disculpar porque estoy sin voz. Quiero decir que he votado a favor de esta interpretación y quiero decir también que la comparación del señor Hannan, aún pretendiendo que no la hace, de nuestra votación con el Ermächtigungsgesetz de Hitler de 1933 ha sido muy desafortunada.

Pero una comparación tan lamentable demuestra simplemente el estado mental de la persona que la hace. Sólo hemos confirmado, en virtud de nuestro Reglamento, que el artículo 19 del mismo confiere al Presidente del Parlamento poderes para poner fin al recurso excesivo a propuestas como las relativas a la observancia del Reglamento o a cuestiones de orden, etc., «cuando el Presidente esté convencido de que éstas tienen manifiestamente por objeto y van a surtir un efecto perturbador grave y prolongado de los procedimientos de la Asamblea o del ejercicio de los derechos de otros diputados».

Este no es un debate opresivo. Tenemos un tiempo suficiente para hacer uso de la palabra en los debates, que se reparte proporcionalmente entre todos los grupos en función de su tamaño. Ésta es una simple salvaguardia contra los que intenten perturbar el funcionamiento de la Cámara.

Los poderes conferidos a nuestro Presidente son mucho menores de los que existen en la mayoría de los parlamentos nacionales, si lo comparamos, por ejemplo, con el Presidente de la Cámara de los Comunes. Hacemos bien en adoptar esa medida de salvaguardia, y hago constar que el anterior dirigente del partido del señor Hannan, que es miembro de nuestra comisión, votó de hecho a favor de ella, así que su actitud es una vergüenza.

  El Presidente. – (FR) Señorías, la norma es la siguiente.

Una vez iniciadas las explicaciones de voto sobre un tema, en principio –digo bien, en principio– la Presidencia no acepta más oradores sobre ese tema, pero dada la sensibilidad del tema, les propongo hacer una excepción a la norma y conceder la palabra a todos los diputados que la han solicitado.

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, dado que la primera votación nominal sobre la modificación del Reglamento no ha quedado reflejada en nuestros documentos, se ha producido cierto error. Intervengo en nombre propio y en el de los señores Czarnecki y Libicki. Hemos votado a favor de la propuesta del señor Farage levantando la mano, y pensamos que la votación nominal se refería a eso, de ahí el error. Queremos, por tanto, corregirlo verbalmente. Al mismo tiempo, estamos registrando electrónicamente un cambio en nuestro voto a la contrapropuesta.

  Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Señor Presidente, lo mismo nos ha pasado a un grupo de varios diputados, que hemos votado en contra de nuestras convicciones; tendríamos que haber votado en contra de esta enmienda al Reglamento, que es una enmienda claramente antidemocrática; aquí, en el corazón de la Europa democrática, se está introduciendo una disposición que confiere poderes absolutos al Presidente del Parlamento. Esas soluciones de gran alcance no están presentes en ningún Parlamento democrático, por lo que queríamos votar en su contra, pero debido al error que ha mencionado el señor Piotrowski, hemos votado a favor. Me refiero a Bogdan Pêk, Dariusz Grabowski y Andrzej Zapałowski.

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, al igual que el anterior orador, yo también pido que se modifique mi voto sobre el Reglamento. He votado en contra de mis convicciones; por eso le pido que lo modifique. Estoy en contra de que se modifique el Reglamento.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero darle las gracias por la sabia interpretación que ha hecho de sus nuevos poderes, al permitirnos presentar explicaciones de voto aunque nuestro nombre no figurase para este informe. Quiero darle también las gracias por haber concedido al señor Corbett medio minuto más de tiempo para hacer un paréntesis político que, en realidad, no tenía nada que ver con el asunto tratado.

Hago uso de la palabra sólo para decir que realmente pienso que eso es una aberración de nuestro Reglamento, y que me preocupa mucho. Me he mantenido en comunicación con la Presidencia y espero que ésta respete las opiniones de la minoría de este Parlamento. El señor Corbett ha dicho que tuvimos la oportunidad de intervenir en los debates de esta Cámara, porque todos los grupos pueden hacer uso de la palabra. Desafortunadamente, como hemos visto hoy, a veces algunos grupos no son tan tolerantes como otros ante las opiniones diferentes. Es muy difícil poder hacer uso de la palabra cuando se trata de diputados que, dentro de un gran grupo, pueden tener una opinión minoritaria. Muchas gracias, de verdad, por habernos permitido hacer este comentario.

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señor Presidente, yo también me he equivocado. Creí que estábamos verificando la votación anterior. Estoy totalmente en contra de esta interpretación del artículo 19, que antepone los aspectos procesales a los principios y los derechos, sobre todo la libertad de expresión.

  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, muchas gracias por su buen criterio en esta cuestión y por haberme permitido intervenir para ofrecer mi explicación de voto.

Sabía perfectamente lo que estaba votando y he votado claramente en contra. Entiendo que algunos miembros de esta Cámara interpretan el Reglamento y entiendo que eso significa que en esto cumplimos el Reglamento.

Pero lo que yo quiero decir es que debemos cuidarnos siempre mucho de conferir poderes arbitrarios a un presidente. Estoy seguro de que el Presidente y los Vicepresidentes de este Parlamento utilizarán esos poderes con extrema precaución, y estoy seguro de que nosotros lo acogeremos con satisfacción. ¿Pero y los futuros presidentes? ¿Y los futuros presidentes que decidan interpretar este Reglamento a su antojo, para desaprobar y acallar opiniones disidentes?

Debemos tratar de evitar que esto se perciba como o se convierta en un terreno proclive a las dictaduras, y no a la diversidad de opiniones. Por eso les digo a todos que la prueba de fuego de una democracia es el trato que reciben las minorías, y si ese trato es bueno, entonces todos podremos estar de acuerdo en que hay una verdadera democracia.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, nunca hasta ahora había utilizado la palabra «dictatorial» para referirme a las instituciones europeas, pese a todo lo que las he criticado durante años. Creo y estoy convencido de que lo que se ha hecho posible hoy con esta concesión de poderes al Presidente, de increíble trascendencia, da vía libre al despotismo. No podemos suponer —y desde luego no en esta Cámara— que el Presidente vaya a actuar siempre de una manera objetiva y equilibrada. Como resultado de la decisión tomada aquí y en contra de la cual yo he votado, por supuesto, el Presidente tiene ahora unos poderes arbitrarios increíbles y este Parlamento podrá convertirse, por tanto, en un Parlamento arbitrario. ¡Los ciudadanos de Europa no se merecen esto! Creo que esta vez se ha llegado demasiado lejos y que ocasionará graves problemas democráticos.

- Informe Armando França (A6-0507/2007)

  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, me disculpo. Me he visto temporalmente retrasado por un colega. Estábamos hablando de democracia: un concepto muy importante que seguro que todos apoyamos en esta Cámara, aunque no siempre actuemos en consecuencia.

Entiendo las enmiendas a este informe en términos de cooperación entre las diferentes unidades especiales de intervención, pero tenemos que recordar que el informe es ya una enmienda a la Decisión Prüm. Los Conservadores británicos nos opusimos desde el principio a la Decisión Prüm. La razón de nuestra oposición fue que, en un principio, se trataba de un acuerdo de cooperación entre un número limitado de Estados miembros. Bajo la presidencia de uno de los Estados miembros, decidieron ampliar esa disposición sin la preceptiva consulta. Hasta el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos tuvo que manifestar su opinión al darse cuenta de que nadie le había consultado.

Nosotros, los Conservadores, estamos en contra del uso de unidades especiales de intervención en las fronteras y la aplicación de la Decisión Prüm, y no hemos votado a favor de las enmiendas a la misma.

- Informe Markus Ferber (A6-0505/2007)

  Jim Higgins (PPE-DE). – Señor Presidente, mis colegas irlandeses del PPE-DE apoyan plenamente la liberalización de los servicios postales en la Unión Europea, y hemos votado en consecuencia. Lo hacemos sabiendo que se garantiza un servicio universal a todos los ciudadanos de la Unión y que se han tomado medidas específicas para asegurar que las zonas rurales y escasamente pobladas sean atendidas por un número suficiente de oficinas de correos.

(GA) Señor Presidente, quiero insistir aquí también en que es importante tener servicios postales para las personas ciegas y con problemas de visión. Mis colegas irlandeses del PPE-DE y yo mismo pedimos a todos los Estados miembros que mantengan unos servicios postales de ámbito nacional cuando estos ya existan o creen tales servicios en países donde hasta ahora no han existido.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, hoy, después de muchos años, nuestras discusiones han llegado a un fin y hemos acordado proporcionar a todos los ciudadanos de la Unión Europea un mercado totalmente abierto de servicios postales. Se trata de un avance importante hacia un mercado único de servicios postales que no supondrá amenaza alguna para los servicios públicos. Celebro que hayamos conseguido un compromiso sensato, manteniendo, por ejemplo, los servicios de reparto en zonas remotas.

Además, la Directiva no impide a los Estados miembros mantener una serie de medidas excepcionales, como servicios postales gratuitos para personas con problemas de visión, aunque hoy el Parlamento ha rechazado un artículo específico en este sentido.

Los nuevos medios electrónicos de comunicación están teniendo una influencia fundamental en los cambios en la estructura de la demanda de servicios postales; la liberalización conseguirá, por tanto, una respuesta mejor y, sobre todo, más flexible a una mayor diversidad de servicios postales. Creo que con eso se conseguirán precios más bajos a cambio de unos servicios más eficientes, y debemos estar satisfechos con el compromiso logrado.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Señorías, lamento mucho que la enmienda 3, idéntica a la enmienda 18 y relativa a los servicios postales gratuitos para las personas ciegas o con problemas de visión, no se haya incorporado al informe Ferber. La ceguera o visión parcial es una discapacidad que imposibilita ver el mundo a través de los ojos. Sin embargo, creo que esas personas escucharán las 321 voces de los diputados que han votado con el corazón a favor de esta Directiva modificada. Puesto que la Directiva se ha aprobado en segunda lectura, creo que los Estados miembros resolverán este problema aplicando el principio de subsidiariedad, para satisfacción de las personas ciegas o con problemas de visión.

  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, antes de ser diputado al Parlamento Europeo, tenía un verdadero trabajo. Una de las cosas que hacía era asesorar a las empresas sobre los sectores recién liberalizados: el sector de las telecomunicaciones, el sector postal (en menor grado) y el sector de la energía. Lo que hemos visto con la liberalización de las telecomunicaciones es una explosión de las posibilidades de elección. Se ha producido una explosión de innovación. La competencia ha hecho que bajen los precios y que aumenten los consumidores y empresas en toda Europa, lo que ha tenido como resultado una mayor capacidad de innovación y más posibilidades de elección para todos los consumidores. Esperemos que, con esta Directiva, lo que ahora vemos en el sector de las comunicaciones sea el mismo tipo de disciplina de mercado que se aplicó al sector de las telecomunicaciones; que podamos disfrutar de la distribución de la riqueza, de la innovación y de mejores servicios en toda Europa; y que, al final, sean los consumidores los que salgan ganando.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero enlazar mis comentarios con la última parte de la intervención del señor Kamall, porque creo sinceramente que la liberalización del mercado de los servicios postales es el camino que debemos seguir para favorecer la innovación y aumentar las posibilidades de elección de los consumidores.

Pero tengo un problema importante con la definición de los servicios universales y su aplicación a los servicios rurales. A principios de esta semana, en mi propia circunscripción electoral en el Reino Unido, se anunció el cierre de siete oficinas de correos. El cierre ha tenido lugar después de una consulta masiva. Algunas de esas oficinas de correos eran rentables. Los informes de dicha consulta indicaron que casi el 100 % de las personas estaban a favor de mantener abiertas las oficinas de correos. Pero, precisamente por la definición del servicio requerido por el Gobierno, la consulta fue una farsa; todo el mundo fue ignorado. Los servicios rurales se verán diezmados en lugares como Staverton, Hellidon, Brington, Harlestone, y Milton Malsor, en mi propia circunscripción.

Por eso me preocupa mucho la incorporación de esta Directiva a la legislación nacional de los Estados miembros.

Propuesta de resolución: Situación en Irán (B6-0046/2008)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Sr. Presidente, desearía que constara en acta que quería votar la propuesta de resolución sobre Irán, pero no oí la interpretación correctamente en el momento de la votación nominal y, en la votación final, no pulsé el botón de votación.

- Propuesta de resolución: Resultados de la Conferencia sobre el cambio climático (Bali) (B6-0059/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, estoy convencida de que el ser humano tiene que reducir su repercusión negativa en el clima de este planeta. No sólo la Unión, sino todo el mundo, tiene que participar en el proceso de poner freno al cambio climático.

Por eso, con nuestra política de desarrollo tenemos que tratar de conseguir herramientas más eficientes y ofrecer ayuda a los países en desarrollo de forma que puedan adaptarse a las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es Ésta es una de las tareas importantes que nos esperan en el futuro, tareas que se recogen en la resolución de hoy sobre la Conferencia de Bali.

- Informe Fiona Hall (A6-0003/2008)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Señorías, permítanme decir que como propietario de una pequeña central hidroeléctrica, sé perfectamente lo que significa la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Lamentablemente, conozco muy bien también los problemas, a menudo artificiales, a los que se enfrentan los que quieren producir y distribuir este tipo de energía.

Soy también propietario de una antigua casa familiar. En 2001 emprendí con mi dinero una amplia reforma de esa casa para conseguir unos niveles mayores de eficiencia energética. Sé que un kilovatio ahorrado vale lo mismo que un kilovatio producido. Acojo con satisfacción el Plan de acción para la eficiencia energética y he votado a favor de él por muchas de las razones que se han expuesto aquí. Dicho esto, lamento que la Comisión Europea, así como muchos gobiernos de los Estados miembros, sean culpables de negligencia por no adoptar medidas de ahorro energético y subestimar continuamente su importancia estratégica y la necesidad de convertirlas en una prioridad política.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, acojo con satisfacción el Plan de acción para la eficiencia energética. En él se prevé ayuda económica para introducir lo antes posible tecnologías modernas que ayuden a salvar el medio ambiente. Contribuirá también a reducir nuestra dependencia de Oriente para el suministro energético.

El sistema de comercio de derechos de emisión es, no obstante, controvertido. Podría lograr sus fines si los distintos países de la Unión partieran del mismo punto. Pero las economías menos desarrolladas, como la checa, requieren condiciones especiales. Es también necesario ofrecer ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción. Ésta puede ser la forma más eficiente de invertir la tendencia porque, año tras año, el incremento del consumo de energía sigue siendo mayor que el ahorro conseguido con la aplicación de tecnologías de ahorro energético, y así seguirá siendo en el futuro.

La colaboración entre el sector público y el privado permitirá financiar la investigación y la aplicación práctica de tecnologías de ahorro energético, de conformidad con la Estrategia de Lisboa. El requisito de etiquetado de los aparatos con información relativa al consumo energético no tiene por qué convertirse en una carga burocrática para los fabricantes, ni orientar mal a los consumidores.

  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, al contrario que los oradores que me han precedido, yo no tengo mi propia central eléctrica, pero sí tengo una casa muy antigüa —una casa de 1840—, que es preciosa. Si alguna vez van a Londres, están invitados a tomar una taza de té. Pero lo que quiero decirles es que, con independencia de lo que uno piense sobre el cambio climático, creo que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de eficiencia energética.

Puede que no lo sepan, pero yo represento a Londres, la mejor ciudad del mundo, la capital del mejor país del mundo. Tenemos algunos bloques y edificios de oficinas que dejan encendidas las luces toda la noche. Eso es una señal de éxito, pero deben concienciarse de la necesidad de eficiencia energética.

Tenemos también algunos establecimientos en el sector de la hostelería —restaurantes y pubs— que recientemente, con la prohibición de fumar, se han visto obligados a utilizar calefactores de exterior para acomodar a los clientes que desean sentarse fuera y fumar un cigarrillo. Lo que me preocupa es que la prohibición del uso de calefactores de exterior, que contribuyen con menos del 0,1 % a las emisiones de CO2, es una medida totalmente desproporcionada. Así que situemos las cosas en su contexto. Todos necesitamos mejorar la eficiencia energética, pero busquemos soluciones que sean factibles.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, como todos en esta Cámara, conozco las estadísticas que se han dado a conocer y que demuestran que nosotros mismos podríamos ahorrar una tonelada de energía y una tonelada de problemas en el futuro si fuéramos más eficientes en nuestra manera de utilizar la energía.

No he podido votar este informe, porque se me olvidó hacer una declaración de intereses, de intereses económicos cuando menos. En el apartado 22, se pide la eliminación de los sistemas de costes fijos con arreglo a los cuales las personas compran energía, sea electricidad o sea gas. Yo mismo he contratado un sistema de costes fijos en el Reino Unido. Lo he contratado porque me resulta más fácil presupuestar mis facturas de electricidad, y millones de personas —generalmente las que menos recursos tienen— en el Reino Unido hacen exactamente lo mismo. Creo que restringir sus posibilidades de elección en este campo es una medida retrógrada.

Pienso también que debemos ser muy coherentes en lo que promulgamos en el pasado y nuestra forma de actuar. Hablamos de eficiencia energética y de ahorro de energía, pero seguimos teniendo dificultades comerciales con China, con la aplicación de un impuesto masivo a las bombillas de bajo consumo que se importan de ese país. Así que mostramos sin rubor dos caras, una cuando aprobamos este informe y otra cuando no actuamos frente a ese tipo de medidas.

- Informe Carl Schlyter (A6-0495/2007)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, hago uso de la palabra con relación a este informe para manifestar mi absoluto desdén por la política pesquera común y el desastre ecológico que está causando en mi país y en sus aguas circundantes.

Este informe tiene muchas cosas buenas, porque pretende reducir la cantidad de pescado que se desperdicia, que se captura y no se necesita, o para el que los pescadores no tienen cuota suficiente. Pero esto no resuelve de raíz el problema, ya que se trata de una política que merece ser tirada al cubo de la basura.

No conserva el pescado, no ayuda a los pescadores y, de hecho, muchos pescadores de mi país piensan que lo mejor sería deshacerse de ella. Hay muchos ejemplos en todo el mundo de políticas pesqueras que ayudan a la conservación y mantienen a los pescadores en sus puestos de trabajo haciendo lo que quieren hacer. Islandia tiene cuotas transferibles que son propiedad de los pescadores y de sus familias y que pueden transferirse de una generación a otra.

No estamos siendo suficientemente inteligentes o listos con esta política y debemos deshacernos de ella.

- Propuesta de resolución: Estrategia europea respecto a la comunidad romaní (B6-0050/2008)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Señor Presidente, los 12 millones de personas que constituyen el pueblo romaní y que están distribuidas por toda Europa tienen también un lugar en nuestra sociedad multicultural actual. Europa tiene que responder a los problemas, a menudo complejos, de la comunidad romaní. Por eso es necesario que propongamos un enfoque complejo para la búsqueda de una solución.

Puesto que creo firmemente que la educación y el posterior desarrollo profesional pueden romper el círculo vicioso de discriminación del pueblo romaní, he votado a favor de la propuesta de resolución. El programa EQUAL, centrado en ayudar a grupos marginados, ha demostrado tener una gran utilidad práctica. Es importante que apreciemos las actividades de las asociaciones y, en particular, el trabajo de la Obra Kolping, que ha establecido centros de consulta que ofrecen ayuda para buscar trabajo a desempleados de larga duración.

Existe el peligro de que estas importantes actividades puedan interrumpirse en Eslovaquia si se retrasa la refinanciación de actividades ya iniciadas. Pido que se retiren todos los obstáculos que pueden llevar a la insolvencia a asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales, haciendo imposible la ejecución de otros proyectos. Creo que la Comisión vigilará más atentamente las estrategias nacionales y armonizará, utilizando los mejores métodos, el progreso conjunto de los Estados miembros, en cooperación con organizaciones internacionales y la comunidad romaní.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra de la resolución, porque este texto tiene todas las características típicas de los textos aprobados aquí sobre discriminación. Tiene que existir una estrategia marco, tiene que existir un grupo de trabajo especial que coordine esa estrategia marco, tiene que preverse la necesidad de contratar a personal adicional, etc.

Ni que decir tiene que el pueblo romaní tiene que poder disfrutar de sus derechos fundamentales como ciudadanos de la UE y es intolerable que ocurra lo contrario, pero esta resolución es otro caso de intrusismo. Además, se debe instar al pueblo romaní a que asuma la responsabilidad que le corresponde, un aspecto que se ha pasado totalmente por alto aquí.

Las enmiendas presentadas por la señora Angelilli están justificadas. Problemas como los matrimonios obligados y la posición desfavorecida de las mujeres y los niños tienen que resolverse dentro de la propia comunidad romaní. Realmente no sirve de nada que sigamos atribuyendo a la discriminación todos sus problemas. Hay que pedirles también que asuman sus propias responsabilidades.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (El comienzo de la intervención es inaudible) Todos los Estados miembros se enfrentan a problemas relacionados con la comunidad romaní que no tienen una solución inmediata. Por eso no me gusta que la resolución, que es un documento articulado pero de naturaleza general, mencione sólo un ejemplo concreto: la República Checa y, más concretamente, el campo de concentración de Lety.

A pesar de ello, he votado a favor de la resolución general, pero tengo una objeción. Se insta a la Comisión a que ponga fin al engorde de cerdos en el antiguo campo de concentración romaní, una actividad que resulta poco adecuada —yo también pienso lo mismo—, y que ayude a construir un monumento conmemorativo digno. Quiero pedir asimismo a la Comisión que proporcione fondos suficientes para ayudar a la República Checa a resolver esta situación.

Puesto que el Parlamento Europeo menciona únicamente a la República Checa como un ejemplo concreto, creo que debe convertirse también en una prioridad para la Comisión Europea y sus recursos económicos.

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, la propuesta aprobada hoy es otro paso más, aunque todavía vacilante, hacia una verdadera estrategia para la integración del pueblo romaní. El Parlamento ha pedido hoy que se trasladen a otro lugar las actividades de producción porcina en el antiguo campo de concentración de Lety, como se hizo hace tres años, para construir allí un monumento conmemorativo.

Este ejemplo práctico demuestra una vez más lo inadecuadas que han sido las medidas actuales. Las iniciativas sociopolíticas aquí, como en muchos otros países europeos, dejan mucho que desear. La verdadera integración del pueblo romaní en nuestra sociedad sería la prueba real de que los pilares de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos siguen constituyen la base de la Comunidad Europea.

Explicaciones de voto por escrito

- Interpretación del Reglamento (artículo 19, apartado 1)

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − La forma en que el Parlamento Europeo realiza sus votaciones es poco rigurosa, y esta disposición empeorará las cosas. Ello significa que los derechos de las minorías se verán recortados. Las minorías tendrán ahora más dificultad en el Parlamento Europeo para conseguir que las votaciones sean creíbles. Tenemos que reconocer que algunos vicepresidentes son considerablemente mejores que otros.

En cualquier caso, yo creo que la política de «votaciones electrónicas para todo» estaba funcionando bastante bien. Hacía que los diputados al Parlamento Europeo tuvieran que estar en sus asientos y prestando atención (cosa que, reconozcámoslo, muchos no hacen) y la falta de controles y reclamaciones a la función de la Presidencia hace que las sesiones discurran bastante bien y que las votaciones queden registradas para la posteridad, de manera que nuestros electores puedan consultar, por escrito, qué votó cada uno de los diputados.

- Informe Michael Cashman (A6-0511/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega británico Michael Cashman, en primera lectura y mediante el procedimiento de codecisión, sobre el régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, la República Checa, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales para fines de tránsito por sus territorios. Apruebo las enmiendas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior dirigidas a tener en cuenta la nueva situación existente en la zona Schengen y el hecho de que, desde el 21 de diciembre de 2007, gran número de los países contemplados en el dispositivo forman parte ya del espacio Schengen sin fronteras interiores.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He sido ponente de la Comisión de Desarrollo para el informe titulado «Sobre el paso de fronteras exteriores» y, por tanto, acojo con satisfacción el excelente trabajo realizado por mi colega el señor Cashman. En 2008 se ha dado un nuevo paso hacia el sueño concebido en 1957: la familia europea ha ampliado formalmente sus fronteras. Han caído otras fronteras y el «espacio Schengen» se ha ampliado decisivamente, con evidentes resultados positivos. Pero es importante que, más allá de la esfera física y geográfica, hagamos un mayor esfuerzo en el campo de la política y de la economía. Aún hoy los 27 Estados miembros siguen teniendo en muchos sectores unas configuraciones distintas; en algunos casos, muy diferentes: en demasiados ámbitos no existe siquiera una sinergia de fondo y eso da lugar a una situación completamente fragmentada. La Unión Europea tiene que implantar procedimientos para la síntesis de las políticas y estrategias de los Estados miembros: acogemos con satisfacción la libertad de circulación de ciudadanos y bienes, pero insistimos con mayor convicción que nunca en la necesidad de crear un marco político y reglamentario que al final sea homogéneo.

  Adam Bielan (UEN), por escrito. − (PL) El informe que vamos a someter a votación hoy es crucial para simplificar el control de las personas en las fronteras exteriores de la UE. Con la nueva normativa, los visados expedidos por Polonia y los nuevos Estados miembros confieren los mismos derechos que los expedidos por el resto de los Estados miembros. Eso significa que los ciudadanos de Ucrania, por ejemplo, podrán circular por toda la UE con un visado expedido por Polonia.

Quiero decir también que este informe es una forma de respuesta a la ampliación del espacio Schengen, que facilita el tránsito de nacionales de terceros países dentro de la UE. Un aspecto positivo para mí es el reforzamiento de la acción dentro de la UE para combatir el contrabando y el tráfico de narcóticos, el tráfico de seres humanos, órganos humanos y armas ilegales, y el terrorismo. En este sentido, estoy totalmente a favor del informe de Michael Cashman.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) Con esta iniciativa se pretende que Chipre y los dos países que entraron en la UE en 2007 −Rumanía y Bulgaria− tengan la posibilidad de establecer un régimen simplificado de control de personas en las fronteras externas basado en la equivalencia unilateral de los visados y los permisos de residencia.

Este reconocimiento se limita al tránsito por el territorio de esos tres Estados miembros y por un período que no deberá exceder los cinco días.

Apoyo firmemente este régimen simplificado, toda vez que los nacionales de países terceros que poseen un visado emitido por otro Estado miembro y que se beneficiarían de este sistema ya se han visto sujetos a un proceso de verificación riguroso en dicho Estado miembro y no han sido considerados como una amenaza para el orden público, ni un riesgo en términos de inmigración ilegal.

Estas reglas sobre el reconocimiento unilateral de visados y permisos de residencia se incorporaron por primera vez, en 2006, al acervo comunitario en materia de visados, con la finalidad de simplificar el tránsito de ciertas categorías de personas y, al mismo tiempo, evitar una eventual sobrecarga administrativa innecesaria en las oficinas consulares.

De los nueve países que entraron en la UE en 2004 y que quedaron plenamente integrados en el espacio Schengen a partir del 21 de diciembre de 2007, el reconocimiento mutuo de estos documentos se hizo obligatorio al final del período transitorio.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Al igual que en el caso del informe relativo a Suiza y a Liechtenstein, pensamos que es importante insistir en que, de un modo general, estos acuerdos deben inscribirse en un marco más general que tenga igualmente por objetivo la promoción de los derechos de los trabajadores inmigrantes y su protección contra situaciones inaceptables de sobreexplotación. Se trata de favorecer el ejercicio efectivo de sus derechos y su integración, por ejemplo, garantizando el derecho al reagrupamiento familiar en aplicación del Convenio internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias —insistimos aquí en que todavía tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros de la UE— elaborado bajo los auspicios de Naciones Unidas, un instrumento de derecho internacional que pretende garantizar la defensa de los derechos humanos a los trabajadores migrantes, sobre todo el derecho inalienable de vivir en familia.

En otras palabras, el hecho de que se facilite la circulación de los ciudadanos entre los diferentes países no debe utilizarse como un instrumento para favorecer situaciones de explotación de una mano de obra temporal, de bajo coste y fácilmente «descartable», de aumento de los niveles de explotación y presión sobre los salarios, de promoción de la precariedad y de desregulación de las relaciones laborales, alimentando una dinámica de retroceso en cuanto a los derechos y condiciones sociales para el conjunto de los trabajadores, sino todo lo contrario, para combatir esas realidades.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Es un secreto a voces que muchos países orientales representan una amenaza de enorme potencial: delincuencia de bandas organizadas, prostitución, tráfico de personas y delitos relacionados con las drogas están controlados con mucha frecuencia por el Este. Y muchos de nuestros nuevos Estados miembros son considerados como países de tránsito, a través de los cuales se puede acceder a Europa Occidental.

Por tanto, desde hace mucho tiempo se necesitan controles más estrictos en las fronteras exteriores más orientales de la UE, para asegurar que la eliminación de las fronteras Schengen no degenere en un «billete gratis para los delincuentes». Por esta razón, nosotros también hemos votado a favor del informe Cashman.

  Frank Vanhecke (NI), por escrito. – (NL) He votado en contra de este informe. He manifestado en reiteradas ocasiones mis profundas reservas respecto al sistema Schengen y, por tanto, no puedo aceptar hoy el principio de reconocimiento mutuo contenido en el informe. Schengen se erige o se derrumba naturalmente por el estricto control de sus fronteras exteriores. El Presidente de la Comisión, señor Barroso, puede decirnos miles de veces que la ampliación Schengen no conllevará una disminución de la seguridad, pero la realidad es muy diferente. Por ejemplo, los expertos alemanes en seguridad del Gobierno de la Canciller Merkel han observado enormes debilidades en las nuevas fronteras externas orientales y también en la cooperación entre las fuerzas policiales nacionales. El temor generalizado es que la inmigración ilegal aumente considerablemente. Una vez más, las almas iluminadas de Eurolandia se pierden en ilusiones y juegan con la seguridad de los ciudadanos europeos.

- Informe Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi excelente colega chipriota Panayiotis Demetriou, en primera lectura y mediante el procedimiento de codecisión, sobre la modificación de la Decisión de 2006 por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por los Estados miembros de determinados permisos de residencia expedidos por Suiza y Liechtenstein para fines de tránsito por sus territorios. Apruebo, asimismo, las enmiendas técnicas propuestas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, destinadas a hacer corresponder mejor el texto propuesto con las disposiciones iniciales y las relativas a las disposiciones territoriales.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como ya hemos dicho, las medidas y acuerdos que facilitan la circulación de ciudadanos de diferentes países deberán tener como base principios de equilibrio y ventajas mutuas para las diversas partes implicadas.

Recordemos los anteriores acuerdos entre la CE y Suiza sobre la libre circulación de personas, que tuvieron un particular interés para Portugal, habida cuenta de que en ese país trabajan más de cien mil portugueses, incluidos muchos millares de trabajadores temporales. Estos acuerdos deben contribuir a la resolución de las muchas limitaciones y problemas con los que se debaten los trabajadores portugueses en Suiza, por ejemplo, con relación a cambios de empleo o de profesión, reagrupamiento familiar, traslado a otro cantón o protección social de los trabajadores y sus familias.

En este sentido, y de un modo general, estos acuerdos deben inscribirse en un marco más general que tenga igualmente por objetivo la promoción de los derechos de los trabajadores inmigrantes y su protección contra situaciones inaceptables de sobreexplotación.

El hecho de facilitar la circulación de ciudadanos entre los diferentes países no debe ser utilizado como un instrumento que facilite la explotación de una mano de obra temporal, de bajo coste y fácilmente «descartable», haga más frágiles las relaciones laborales y, en particular, alimente una dinámica de retroceso en cuanto a los derechos y las condiciones sociales de los trabajadores.

- Informe Philippe Morillon (A6-0001/2008)

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) Esta propuesta de la Comisión Europea pretende mejorar y simplificar la legislación en esta materia, que data ya de hace diez años. En el último decenio, el sector acuícola ha sido el sector de la industria agroalimentaria que más ha crecido y en este momento la acuicultura en Europa proporciona más de 80 000 puestos de trabajo.

La creciente importancia del sector, tanto en términos económicos como sociales, justifica una mejora de la calidad de la información disponible. De este modo, se pretende mejorar la recogida y transmisión de datos. La armonización entre los diferentes Estados miembros es también fundamental.

Esta propuesta, enriquecida con las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo, merece por ello mi voto favorable.

- Informe Armando França (A6-0507/2007)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) El aumento, en especial en los últimos diez años, de las amenazas y los atentados terroristas, junto con sus consecuencias devastadoras, ha llevado a la necesidad urgente de adoptar las medidas y los instrumentos necesarios para hacer frente a esa plaga.

Se trata de una amenaza común que requiere una respuesta global, que proporcione los medios, los recursos y los conocimientos técnicos necesarios para afrontar, de forma eficaz, situaciones de crisis a gran escala que un Estado miembro, por sí solo, tendría dificultades en afrontar.

Esta iniciativa de la Presidencia austriaca permite la formación de equipos comunes de apoyo capaces de proporcionar una asistencia operativa al Estado miembro que lo necesite después de sufrir un atentado terrorista.

No tengo ninguna duda de que este tipo de situaciones de crisis a gran escala requiere una reacción rápida basada en unidades especiales de intervención.

Apoyo, por tanto, esta Decisión que pretende establecer el marco jurídico necesario, simplificando la cooperación y permitiendo una respuesta más rápida de los Estados miembros en situaciones de crisis o atentados terroristas, al tiempo que garantizar al Estado miembro afectado el mayor grado posible de ayuda.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Este texto, iniciativa de Austria, prevé que un Estado miembro pueda solicitar la asistencia de una unidad especial de intervención de otro Estado miembro para controlar una situación de crisis (toma de rehenes, desvío de aviones). La ayuda aportada podría consistir bien en la puesta a disposición de materiales o conocimientos técnicos específicos, bien en la posibilidad de llevar a cabo una operación en el territorio del Estado miembro solicitante.

Somos favorables a este texto, y ello por varias razones. En primer lugar, porque este dispositivo, destinado a luchar contra el terrorismo, no es vinculante, pues no obliga a los Estados miembros a solicitar asistencia ni a responder favorablemente a una solicitud. Por otra parte, el texto remite todas las modalidades prácticas (tipos de unidades, materiales, etc.) a acuerdos bilaterales entre el Estado miembro solicitante y el Estado miembro solicitado.

En el marco de la lucha contra el terrorismo, que por definición no conoce fronteras, es muy importante trabajar por la más eficaz cooperación posible entre las policías nacionales de la Unión.

En un momento en que todas los temas pertenecientes a la justicia y los asuntos interiores de los Estados van a convertirse en competencia supranacional con el Tratado de Lisboa, parece subsistir un polo de resistencia intergubernamental: nos alegramos de ello.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La UE, en materia de libertades civiles, justicia y asuntos de interior, ha emprendido un camino muy peligroso que está atentando seriamente contra los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos y la propia soberanía de los Estados y los pueblos.

Las crecientes tendencias y medidas federalistas y militaristas en la UE han sido responsables de la toma de decisiones dirigidas a crear estructuras, tanto a nivel de información como de grupos operativos de la policía, con competencias para intervenir en territorio nacional, una dinámica que se pretende solapar con las propias políticas nacionales.

Con esta iniciativa de Austria, hábilmente agravada por las propuesta del PE, lo que se pretende en realidad es crear o permitir, con el pretexto del «terrorismo» y de hipotéticas «situaciones de crisis o riesgo», que se formen auténticas «guardias pretorianas», debidamente adoctrinadas, para actuar, sobre todo, en el control, la intimidación y la represión del ejercicio de los derechos y las libertades, incumpliendo los principios básicos de la democracia, del Estado de derecho y de la propia legalidad constitucional y la soberanía nacional de Portugal.

Por eso, alertamos de los peligros que encierra el contenido y los objetivos de esta iniciativa, así como de todas las otras medidas relacionadas con el ejercicio de cualquier poder de forma ilimitada, irracional, desproporcionada e inconstitucional.

  Anna Hedh (PSE), por escrito. − (SV) He votado en contra de este informe porque me preocupan sus consecuencias en el futuro. No me opongo a que echemos una mano y nos ayudemos mutuamente en situaciones de crisis, pero eso tiene que hacerse sólo cuando sea necesario y de una manera natural. No me parece justificado que se hagan ejercicios conjuntos a costa del bolsillo de los contribuyentes de la UE y me opongo enérgicamente a que agentes extranjeros actúen y ejerzan autoridad en territorio sueco conservando su inmunidad. La consecuencia lógica es que se avanzará hacia una fuerza policial común, a lo que yo me opongo rotundamente.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El texto que se nos presenta tiene por objeto dotar de un marco legal a las operaciones efectuadas por unidades especiales de intervención de un Estado miembro en el territorio de otro en caso de ataque terrorista. Ante la variedad de formas que pueden adoptar dichas intervenciones (intercambio de materiales, conocimientos técnicos, unidades activas, etc.), se deja a los Estados miembros la tarea de celebrar convenios bilaterales para definir todas las modalidades prácticas y la posibilidad de elegir entre aceptar o rechazar la solicitud de intervención en su territorio de una de dichas unidades operativas. Increíble. ¡He aquí un caso real de aplicación del tan controvertido y complicado principio de subsidiariedad!

He aquí, al fin, un ámbito –el de la seguridad nacional, un ámbito soberano por excelencia– que se resiste a la apisonadora supranacional de una Europa que legisla sobre todo y por doquier.

Europa apuesta, pues, por la cooperación entre las policías nacionales para la eficacia de la lucha contra el terrorismo. Apoyamos esta iniciativa.

Pero la clave de la victoria sobre el terrorismo no reside únicamente en esta cooperación. Requiere una toma de conciencia sobre el deseo revolucionario de los islamistas de destruir la sociedad occidental humanista y cristiana, y sus valores.

  Inger Segelström (PSE), por escrito. − (SV) Hemos votado a favor del informe porque se basa en una acción voluntaria y ese tipo de cooperación sólo puede conseguirse mediante un acuerdo de reciprocidad entre dos Estados miembros. Sin embargo, defendemos el principio de no permitir que agentes extranjeros puedan actuar o ejercer autoridad en territorio sueco conservando la impunidad. Creemos que eso puede llevar a la creación de una fuerza policial común, respecto a la cual tenemos serias dudas.

- Informe Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

  Jan Březina (PPE-DE), por escrito. − (CS) Permítanme hacer un comentario que explica mi voto sobre el informe relativo al Espacio Europeo de Investigación, una cuestión debatida aquí una y otra vez, y que considero una buena idea y una buena visión. Pero seguimos teniendo un largo camino por delante para hacerlo realidad. Hablar no es suficiente. Debemos evaluar también cómo funciona y, de hecho, si funciona o no. Como diputado al Parlamento Europeo en representación de un nuevo país, sé por experiencia propia que, de momento, el Espacio Europeo de Investigación es sólo una ilusión y un espejismo.

Así lo demuestran los primeros datos disponibles sobre la prioridad otorgada a los proyectos que cuenten con la participación de los nuevos Estados miembros. De las 559 becas concedidas a jóvenes científicos, sólo dos fueron a parar a la República Checa (¡y ninguna a Polonia, que es varias veces mayor!), mientras que 100 fueron al Reino Unido y 80 a Alemania. Resulta difícil creer que la diferencia en la calidad de los proyectos sea tan grande como para justificar tales cifras. En parte, esto se debe desde luego a la falta de experiencia de las personas que presentan proyectos en los nuevos Estados miembros. Pero indica también que, hasta la fecha, el Espacio Europeo de Investigación no ha funcionado como debiera. Por consiguiente, tenemos que hablar menos y actuar más para conseguir resultados tangibles. He de decir que, en este sentido, seguimos estando rezagados.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe contiene algunas contradicciones y posiciones que nosotros no suscribimos. Pero es cierto que la investigación científica debe retomar su principal misión: la creación de nuevos conocimientos. Es verdad que no existe una relación lineal entre la I+D y la innovación, aunque haya ciertas correlaciones, pero estas son complejas y tienen que ver con aspectos totalmente ajenos a la esfera de la ciencia.

Por consiguiente, hay que corregir el concepto que se tiene de la investigación como una especie de panacea para resolver los problemas económicos y sociales, e invertir más en investigación.

Algunas medidas aprobadas en el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 fueron una reacción al problema de la falta de inversión de Europa en la economía del conocimiento, medidas que se reforzaron en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, en el que se fijó el objetivo de aumentar el nivel global de inversión en I+D en la Unión Europea, con el fin de aproximarse al 3 % del PIB en 2010. Con todo, el aumento del gasto en I+D desde 2000 no ha sido suficiente y, por término medio, apenas llega al 1,84 %, siendo eso en parte responsabilidad de la industria.

La inversión del sector privado en investigación es inferior al que sería el nivel socialmente óptimo. Los Estados tienen que representar un papel central y estrechar la cooperación para que se puedan crear nuevos conocimientos, poniéndolos a disposición del conjunto de la sociedad.

  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. − (PL) Apoyo plenamente el informe sobre el Espacio Europeo de Investigación, que resume las nuevas perspectivas de la Unión Europea en materia de investigación y desarrollo. No hay duda de que el progreso y el desarrollo social, así como el lugar que ocupa Europa en el mundo globalizado, depende de la inversión que se haga en ciencia y tecnología y de la adquisición de nuevos conocimientos que atiendan las necesidades del siglo XXI.

La investigación científica y las nuevas tecnologías repercuten directamente en el desarrollo social e incluso pueden ser cruciales para el crecimiento económico, ya que generan beneficios cuantificables. Por eso es fundamental que exista un sistema bueno y eficaz de gestión de la investigación científica en Europa. Es más, si queremos que Europa haga frente a los nuevos retos, en especial los que plantea la competencia económica y la protección del medio ambiente, tenemos que recurrir a los Estados miembros; de hecho, tenemos que orientarlos hacia un incremento gradual del gasto en investigación científica.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. − (SK) La Comisión nos ha presentado el Libro Verde sobre el Espacio Europeo de Investigación, en un momento en el que Europa se enfrenta a una constante fuga transatlántica de inversiones e investigadores cualificados. Si queremos una investigación europea mundialmente competitiva, que es uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, la Unión tiene que salvar los obstáculos fundamentales con los que tropieza en este ámbito.

Me refiero, sobre todo, a la fragmentación de la investigación en la UE y a las estrategias europeas poco desarrolladas en materia de cooperación científica, la falta de recursos humanos y materiales y las infraestructuras de investigación mal desarrolladas, que tienen dificultades para competir con los centros mundiales de investigación. A esto se añade la escasa movilidad de científicos, conocimientos especializados y experiencia, debido sobre todo a la existencia de barreras legales, administrativas y lingüísticas.

Durante el proceso de desarrollo del Espacio Europeo de Investigación y superando su naturaleza fragmentada, tenemos que prestar una atención considerable a nuestras regiones.

Las regiones deben formular estrategias para el desarrollo de recursos humanos y materiales en el ámbito de la investigación y promover el acceso de todos a la investigación, sobre todo de las mujeres y los jóvenes. Los Estados miembros deben implicarse más en el proceso de creación de mejores condiciones de trabajo para los investigadores y adoptar medidas que les permitan conciliar sus vidas profesionales y familiares.

Las regiones son también importantes para promover y garantizar formas más eficientes de financiar la investigación, respetando los compromisos adquiridos en los Programas Operativos. Las regiones deben ayudar asimismo a crear centros europeos de excelencia que estén dentro de sus esferas territoriales de actividad, estableciendo vínculos entre universidades, institutos de investigación e industria.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) Señorías, nadie duda ya de que la ciencia sea el catalizador del desarrollo de nuestra sociedad. La tendencia del mundo actual demuestra la importancia de la ciencia y el lugar que merece ocupar en la sociedad. Sólo la inversión en una sociedad basada en el conocimiento hará que la Unión sea competitiva, creativa y estratégicamente atractiva.

En el Libro Verde «El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas», la Comisión ofrece análisis y soluciones y subraya la importancia de crear una sociedad basada en el conocimiento. El Parlamento Europeo insiste, en el informe del ponente Umberto Guidoni, que la inversión en educación, ciencia, investigación, cultura y TI sustenta el desarrollo sostenible en el futuro Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que estas medidas no darán resultados inmediatos y tangibles. Ésta es una carrera de fondo, no de velocidad, pero tengo la seguridad de que al final ganaremos.

El Espacio europeo de investigación ofrece a los centros de investigación, universidades y científicos de los 27 países de la UE la oportunidad de cooperar entre sí. No obstante, siguen existiendo obstáculos administrativos transfronterizos que dificultan la cooperación entre los centros de investigación. La apertura de la Unión Europea hacia Oriente supone una importante ampliación del Espacio europeo de investigación y ofrece a cerca de 150 000 investigadores nuevas oportunidades para mejorar su potencial científico y técnico.

Estoy convencido de que los nuevos conceptos y la innovación en todos los ámbitos nos ayudarán a crear nuevas oportunidades de trabajo y a encontrar nuevas formas de proteger el medio ambiente, mejorar la seguridad alimentaria y la salud y garantizar unas fuentes infinitas más seguras de energía.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) La idea de que la investigación, el desarrollo y la innovación son parte fundamental de la competitividad no es nueva y sigue siendo actual. Independientemente de las divergencias sobre la necesidad de dirigir los esfuerzos a la innovación o a una investigación más académica, lo cierto es que Europa tiene que aumentar su inversión en conocimiento y en la aplicación práctica de ese conocimiento. Pero no se trata sólo de una inversión financiera.

Diversos y sucesivos informes dan cuenta de las innumerables causas del atraso que tiene Europa con respecto a otras regiones del mundo. Desde las universidades americanas hasta los centros de investigación en la India, estamos rodeados por una competencia feroz y cada vez mayor. Por otro lado, las escuelas universitarias europeas tienen menos atractivo, como también demuestran estos informes, en los que insistentemente se hace referencia, entre otras cosas, a la escasa financiación global y por habitante y a la falta de autonomía de nuestras universidades como factores inhibidores de mejores prestaciones.

Por todas estas razones, cualquier enfoque que encare este asunto como una urgencia económica y estratégica debe merecer nuestro aplauso. Y aunque es cierto que el tiempo corre en nuestra contra, no es menos verdad que más vale perder tiempo en tomar las decisiones correctas que decidir precipitada e ineficazmente.

  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. − (ES) Ante la anulación del debate sobre el informe del señor Guidoni en relación con el Espacio Europeo de Investigación quiero explicar, como ponente del Grupo Socialista, los motivos de nuestro voto afirmativo.

Ante todo cabe destacar el buen trabajo del señor Guidoni, que incluye muchas de nuestras propuestas. Ciertamente un espacio europeo de investigación debe contemplar:

– un mercado único de trabajo para investigadores, lo que implica establecer un modelo único europeo de carrera investigadora y un sistema integrado de información sobre puestos de trabajo y contratos de prácticas;

– abrir los procesos de selección y promoción, con mayor equilibrio entre hombres y mujeres en los tribunales;

– eliminar barreras que se oponen a la movilidad y promover mayor participación de mujeres en I+D, con medidas para conciliar la vida profesional y privada;

– reforzar las instituciones de investigación y la participación de las PYME en la I+D;

– mayor coordinación con programas nacionales y regionales, y más sinergias con otros programas europeos;

– construir infraestructuras con explotación por empresas conjuntas europeas; y

– fomentar la cooperación internacional, promoviendo iniciativas multilaterales, intercambios para usar infraestructuras y proyectos de cooperación científica para el desarrollo.

Se trata de vías para avanzar necesarias y coherentes. Por ello nuestro voto favorable.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La ciencia no conoce fronteras, y las preguntas que dan lugar a trabajos de investigación tienen un carácter cada vez más mundial. El Espacio Europeo de Investigación (EEI) debe garantizar que la cooperación científica y tecnológica contribuya efectivamente a la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la humanidad.

Así, deseo que el EEI, en la perspectiva de su apertura al mundo, conceda un lugar privilegiado a las regiones ultraperiféricas de la UE (RUP), a fin de explotar las ventajas y riquezas que ofrece la diversidad regional europea, integrándolas en programas de investigación de forma coherente y en el marco de «redes de excelencia».

Insisto asimismo en que el EEI reconozca la importancia de los países y territorios de ultramar (PTUM), que son unos socios valiosísimos para tender puentes entre las naciones y los continentes con vistas a un desarrollo mundial sostenible y para superar los retos a que se enfrenta el planeta.

Agradezco sinceramente al ponente y a los miembros de la Comisión de Industria, Investigación y Energía que hayan apoyado mi enmienda al respecto recogida en la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. Es una prueba más del espíritu de coordinación y complementariedad que reina en este Parlamento.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Nos oponemos a la reestructuración reaccionaria del ámbito de la investigación que se está promoviendo con las directrices básicas de la UE para la creación de un Espacio europeo de investigación en el marco de la Estrategia de Lisboa.

El Espacio europeo de investigación favorece los conflictos y la competencia de beneficios entre países y grandes grupos empresariales. Eso hará que aumenten las desigualdades en el desarrollo científico.

Las empresas monopolistas disfrutan de cada vez más incentivos, subvenciones y exenciones fiscales, lo que permite invertir y utilizar los resultados conseguidos en beneficio propio. El sector público está supeditado a las necesidades de los grupos monopolistas a los que sirve. Se está fomentando la movilidad de los investigadores entre empresas, universidades y centros de investigación y se está financiando el sistema europeo de patentes aplicando criterios de coste. Todo se está subordinando a la competitividad y al aumento de los beneficios.

En un entorno competitivo tan duro, que también afecta al mundo de la investigación, la atención se centrará inevitablemente en los conocidos «centros de excelencia» de las naciones más poderosas. Esos centros garantizarán la parte más sustanciosa de los programas de investigación, que serán canales para los fondos públicos y privados.

Estamos tratando de dar un giro a la política de investigación de la UE. Eso forma parte de nuestra lucha por cambiar completamente la política contraria a los intereses de los trabajadores que defienden la UE y el capitalismo. Esperamos recuperar la naturaleza social de la ciencia: la investigación y la ciencia deben ponerse al servicio de las necesidades actuales de los trabajadores y del bienestar social.

- Informe Markus Ferber (A6-0505/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Celebro la adopción, en segunda lectura, de la Posición Común del Consejo por la que se modifica la Directiva postal de 1997 en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios y felicito a mi excelente colega alemán Markus Ferber por el inmenso trabajo que ha realizado.

Celebro que el Consejo haya aceptado los elementos principales de la posición del Parlamento Europeo, en particular el aplazamiento de la fecha general de aplicación al 31 de diciembre de 2010, con una prórroga de 2 años para los Estados que se adhirieron a la Unión a partir de 2004; el servicio universal con un reparto y una recogida al menos cinco días a la semana para cada ciudadano de la Unión, con el mantenimiento de un número suficiente de puntos de acceso en las regiones rurales, aisladas o poco pobladas; el respeto de la subsidiariedad en materia de cuestiones sociales, ámbito en el que deseo que los interlocutores sociales trabajen a escala europea. Lamento que no se hayan sentado las premisas para un regulador europeo en este sector. Por último, quisiera expresar mi deseo de que los operadores se pongan rápidamente de acuerdo para crear un sello europeo para la carta de 50 gramos; próximamente tomaré una iniciativa política sobre este tema.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) A pesar de las mejoras aportadas al texto inicial de la Comisión y del compromiso propuesto por el Parlamento Europeo, en especial para aplazar la liberalización total del mercado postal hasta el 31 de diciembre de 2010, el texto que el Consejo nos presenta para segunda lectura sigue sin ser satisfactorio.

No lo es porque sólo regula de forma sumaria y al mínimo las cuestiones y los problemas planteados en relación, en particular, con la financiación del servicio universal, la obligación de reparto del correo cinco días a la semana o la igualdad de trato de los territorios, así como la existencia de una tarifa única de timbre. No lo es porque el resultado de todos estos puntos es la inseguridad jurídica.

En realidad, este texto, cuyas únicas virtudes consensuales han sido duramente adquiridas, no hace otra cosa que retrasar las inevitables consecuencias no controladas de una apertura del sector postal a la competencia.

Los proyectos de la Unión Europea se traducirán inevitablemente en una recrudescencia de los cierres de oficinas de correos, supresiones de puestos de trabajo a gran escala y una carrera al peor postor en materia de salarios y condiciones laborales trabajo del sector postal en Europa.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. − (SV) Pienso que los Estados miembros deben decidir por sí mismos si quieren desregular o no sus monopolios postales nacionales. Por eso he votado a favor de la enmienda 10, que rechaza la posición común del Consejo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.– (PT) Lamentamos que no se haya aprobado nuestra propuesta de rechazar esta Directiva que prevé la total liberalización de los servicios postales, creando con ello un «mercado» a escala de la UE.

De esta forma, una mayoría del Parlamento Europeo —que representa a las mismas fuerzas políticas que protagonizan la política de derechas en cada país— trata de dar un paso más en el proceso de desmantelamiento de este servicio público fundamental.

Se trata de un ataque de las grandes multinacionales contra el servicio público postal, la propiedad pública de este servicio y la administración pública que debe prestar dicho servicio, así como contra su carácter democrático, procurando sustraer de la competencia de cada pueblo, o sea, de su soberanía nacional, el control y la decisión sobre estas cuestiones cruciales, que pasarán a ser decididas a nivel supranacional por las instituciones de la UE, defendiendo intereses ajenos a los ciudadanos y a Portugal.

Igualmente significativo es el rechazo de la enmienda que habíamos propuesto para reforzar la garantía de exigencia a todos los «operadores» del respeto integral de la legislación laboral, o sea, de cualquier disposición jurídica o contractual relativa a las condiciones de trabajo, incluida la salud y la seguridad en el trabajo, que los Estados miembros aplican en los términos del Derecho nacional, así como de la legislación de seguridad social y los acuerdos colectivos celebrados.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito − (PL) Con respecto a mi intervención de ayer sobre la cuestión de la liberalización de los servicios postales, quiero añadir un comentario que no pude incluir debido al escaso tiempo disponible y que se refiere a las fuentes de financiación para el servicio universal. Me temo que los métodos de financiación basados en un fondo especial o ayudas estatales puede bloquear la liberalización del sector y constituir un instrumento utilizado por los Estados miembros para retrasar y eludir la transposición de las disposiciones de la Directiva. Por consiguiente, creo que la Comisión Europea tiene un importante papel que representar aquí, consistente en vigilar la correcta aplicación de las disposiciones de la Directiva.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He apoyado las enmiendas que obligarían a los Estados miembros a garantizar la financiación de los servicios postales universales. Esta es una cuestión de enorme importancia, sobre todo para muchas comunidades rurales e insulares de Escocia.

He apoyado también las enmiendas presentadas por mi Grupo, que tratan de reforzar las obligaciones de financiar la prestación de servicios postales gratuitos a personas ciegas y con visión parcial.

El hecho de que se aprobara el informe Ferber sin enmiendas en estos aspectos puede llevar a pensar que, en el futuro, podría producirse un nuevo recorte en la prestación de servicios postales.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Apoyo la desregulación sueca del mercado postal, pero me opongo a la noción de que las instituciones de la UE deben decidir sobre la conveniencia de eliminar o no los distintos monopolios postales.

Considero que los Estados miembros deben poder decidir por sí mismos si quieren desregular sus monopolios postales nacionales. Por eso he votado a favor de la enmienda 10, que rechaza la posición común del Consejo.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Junto con todos los miembros del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, he votado en contra de la posición común del Parlamento Europeo y del Consejo porque refuerza el enfoque neoliberal y dogmático en un ámbito fundamental de interés público: los servicios postales. La Directiva no ofrece ninguna solución a largo plazo, y el aplazamiento de su entrada en vigor simplemente pospone sus efectos negativos dos años.

Con la abolición efectiva del principio del «servicio universal», el acceso público a unos servicios postales de alta calidad y baratos se verá limitado. Las consecuencias serán especialmente graves para los ciudadanos que residan en regiones remotas y montañosas inaccesibles o insulares, puesto que allí las empresas de servicios postales no podrán prestar sus servicios de una manera rentable.

En países en los que el mercado ha sido ya plenamente liberalizado, la experiencia hasta la fecha se puede calificar de todo menos de positiva. La propuesta de una liberalización forzosa de los servicios postales crea más problemas de los que resuelve.

  Pierre Pribetich (PSE), por escrito. – (FR) He manifestado mi oposición a la liberalización del mercado de los servicios postales, basada en tres posiciones fundamentales:

- la necesaria gratuidad de los servicios postales para los invidentes y las personas con dificultades visuales, que es un valor indispensable en una sociedad no discriminatoria;

- la garantía de financiación del servicio universal por parte de los Estados miembros antes de la apertura de los contratos, condición esencial para la protección de los consumidores;

- el cumplimiento de la legislación laboral, en particular la seguridad social, por todos los operadores.

Dado que estas enmiendas no han sido adoptadas, no puedo sino lamentar esta deriva hacia una liberalización no controlada e irrespetuosa del derecho fundamental de los ciudadanos europeos a disponer de un servicio postal público.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) Acogemos con satisfacción la aprobación final del informe sobre el mercado de los servicios postales, constatando que el largo procedimiento que las instituciones han seguido demuestra la importancia de este informe para la consecución de sus dos principales objetivos, es decir, la garantía de mantenimiento del servicio universal y la adecuada apertura del mercado a una competencia justa.

Quiero insistir, sobre todo, en que la apertura de los mercados va a significar un mejor servicio y una mejor elección para los ciudadanos, evitándose con ello la distorsión de la competencia y terminando definitivamente con las posiciones de monopolio existentes.

Otra cuestión tiene ver con la financiación del servicio universal. Cuando suponga un coste neto para el Estado miembro, éste podrá ser objeto de un plan de financiación que presentará a la Comisión. Pero es oportuno recordar el caso portugués, entre otros, que demuestra que el servicio público universal puede financiarse perfectamente con los recursos procedentes del área reservada, un método transparente, neutro y que no requiere subvenciones estatales.

Quiero reiterar que no existe ninguna razón para impedir la continuación de ese servicio, fundamental para la cohesión territorial y social y para el apoyo a las poblaciones que viven en áreas desertificadas o en los territorios más remotos e inaccesibles.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La posición común del Consejo sobre los servicios postales, que se ha presentado al Parlamento Europeo para su aprobación supondrá la liberalización completa del «mercado de los servicios postales» a partir del 31 de diciembre de 2010.

Con la modificación de la Directiva, se está renunciando a otro sector lucrativo: el de los servicios postales. Y esto sucede en el marco de la Estrategia de Lisboa para maximizar la rentabilidad de los servicios postales.

Los servicios postales están pasando de ser un bien público a un producto básico. En Grecia, la privatización de algunas secciones de ELTA (Servicio Postal helénico) favorecida por los Gobiernos de ND (Nea Dimokratia/Nueva Democracia) y PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) proseguirá a un ritmo cada vez mayor. A partir de ahora, ELTA operará sobre la base de criterios económicos propios del sector privado, teniendo como principal objetivo la generación de beneficios en lugar del bien de la sociedad. Eso tendrá un impacto inmediato en la calidad del servicio. Las consecuencias serán nefastas, no sólo para los trabajadores de ELTA, sino también para las empresas privadas de servicios postales. Aquí, las formas flexibles de empleo son ya lo normal, como también lo es la ausencia de derechos laborales y de derechos sociales y de seguridad.

El principio del secreto de la correspondencia, consagrado en la Constitución, se está viendo amenazado: la correspondencia está ahora en manos de contratistas privados, sin ninguna garantía y con unas medidas mínimas de control del mantenimiento del secreto o de la protección de los datos personales.

El Partido Comunista de Grecia (KKE) se opone a la liberalización de los servicios postales y lucha en defensa de unos servicios exclusivamente públicos, modernos y eficaces, así como de la protección de los derechos de los trabajadores.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. − (SV) El Parlamento Europeo ha votado hoy a favor del compromiso con el Consejo para la liberalización del mercado postal europeo a finales de diciembre de 2010 como muy tarde (salvo en los países con una topografía especialmente difícil, que tendrán dos años más). A medida que ha progresado el trabajo, yo he defendido especialmente la aplicación de la reciprocidad, es decir, la existencia de un acuerdo de reciprocidad para evitar que los países que están retrasando su liberalización compitan con los países que ya la han iniciado.

Observo, por tanto, con gran satisfacción que, primero el ponente (señor Ferber), y luego el Consejo, han aceptado mi enmienda y que, en adelante formará parte del compromiso en proceso de aprobación.

  David Martin (PSE), por escrito. − La propuesta trata de crear un mercado único europeo en los servicios postales. Sin las debidas salvaguardias, la liberalización pondría en peligro el concepto de un servicio universal. La reticencia del Consejo a incluir en la propuesta el compromiso claro de prestar un servicio postal gratuito a las personas ciegas y visualmente discapacitadas me ha llevado a votar a favor de hacer más firme ese compromiso.

En general, me alegra que la propuesta preste suficiente atención a otras cuestiones y celebro la garantía de regularidad en la recogida y entrega de correspondencia en zonas y ciudades alejadas.

- Propuesta de resolución: Situación en Irán (B6-0046/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) La cuestión «nuclear» en Irán debe recibir un enfoque diplomático dirigido a la «normalización» de las relaciones. Debemos mantener una línea política basada en la diplomacia que permita abandonar la escalada de actitudes y amenazas de intervención militar, optando por la vía del diálogo con el reconocimiento del derecho de Irán al desarrollo de una tecnología nuclear de uso civil. No obstante, es bueno que nosotros mismos nos comprometamos a alcanzar una situación de negociación que persuada a Irán para que renuncie a la posibilidad de un uso militar, en una perspectiva multilateral de desarme nuclear que garantice un estado de tranquilidad y de paz internacional.

Por otro lado, no puedo dejar de expresar una cierta preocupación por la situación actual de los derechos humanos en Irán, donde estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión de la libertad de expresión, de los derechos de las minorías y de las mujeres, donde el orden se mantiene por medio de un sistema judicial y carcelario duro e inhumano que, con demasiada frecuencia, recurre también a la pena capital, a la tortura y a la lapidación. Los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha no han producido ningún resultado tangible. Para reivindicar un puesto en la mesa de las grandes potencias internacionales, Irán debe presentarse ahora no como una superpotencia militar, sino como un país capaz de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Hace sólo unos meses, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos reconocían que se habían equivocado al decir que Irán estaban desarrollando armas nucleares. En realidad, el programa de armas nucleares de Irán se abandonó en 2001/2002.

Aun así, Washington no ha conseguido llegar a la conclusión política adecuada tras este giro intelectual radical. El argumento para desplegar tecnologías del Sistema Nacional de Defensa Antimisiles en Europa Oriental era supuestamente defenderse frente a un Irán nuclear que había adquirido misteriosamente misiles balísticos intercontinentales.

Ahora, si el programa nuclear de Irán no existe, desaparece la justificación para desplegar el sistema antimisiles, salvo que el propósito oculto sea amenazar a una Rusia resurgente. Me opongo rotundamente a ese despliegue y haré campaña en su contra.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) La resolución que votamos hoy sobre Irán tiene una importancia política indudable. Irán ocupa un lugar central en las preocupaciones internacionales y era necesario que volviéramos sobre este punto.

Este texto aborda tanto la cuestión nuclear como la situación de los derechos humanos. En estos dos puntos, somos claros. No podemos aceptar que se desarrolle un programa nuclear militar en Irán. En la resolución se manifiesta nuestro acuerdo y apoyo a los esfuerzos de la UE por llegar a una solución negociada y duradera de la cuestión nuclear iraní y se subraya el papel esencial que debe desempeñar la IAEA Se reafirma asimismo que es posible una solución a la actual escalada nuclear y que no debería contemplarse ninguna acción militar.

Por otra parte, hay que denunciar con firmeza las violaciones graves y reiteradas de los derechos humanos. La situación es preocupante en cuatro ámbitos: la pena de muerte, los derechos de la mujer, la libertad de expresión y la represión de las minorías religiosas. Me parece absolutamente esencial no mostrarse complaciente a este respecto y la resolución insta enérgicamente al Gobierno iraní a que cambie de rumbo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El Consejo de Seguridad de la ONU va a adoptar una vez más una resolución para sancionar a Irán por sus actividades nucleares. ¿Se tratará de avalar una operación militar contra ese país? ¿O simplemente de endurecer el tono e idear sanciones diplomáticas o económicas?

Hace ya meses que este psicodrama sabiamente mantenido mantiene en vilo a este Parlamento y otras instancias internacionales. ¿Pero es realmente la capacidad nuclear iraní la principal amenaza a que se enfrentan el mundo en general, y occidente y sus aliados en particular? Es totalmente paradójico que no reaccionemos ante el arma nuclear pakistaní, que sí existe realmente, en un contexto geopolítico especialmente inestable. O a la de Corea del Norte, en manos de un régimen más que peligroso. He tenido ya ocasión de decirlo: las normas de Derecho que reivindicamos deben ser las mismas para todos. Si no, pierden su sentido y su legitimidad.

Por mi parte, estoy mucho más preocupado por las amenazas islamistas que se ciernen sobre nuestro continente y que, lejos de ser hipotéticas, han demostrado ya su capacidad asesina en Londres y Madrid, sin la implicación de Irán. Lo cierto es que esta amenaza es una de las consecuencias de la política de inmigración masiva que ustedes practican y que todavía quieren agravar más.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La hipocresía de la «comunidad internacional» —esto es, de los Estados Unidos y sus aliados— respecto al TNP y, sobre todo, al programa nuclear de Irán, debe ser denunciada.

No existe una misma iniciativa política en relación con los programas de desarrollo de armas nucleares de algunos de los miembros de la UE o de los Estados Unidos —o incluso los programas nucleares de Israel, Pakistán o la India, países que no han firmado el TNP y que poseen armas nucleares—, habiendo declarado ya los Estados Unidos que podrían utilizarlas de manera ofensiva.

Por consiguiente, lo que se exige es el pleno cumplimiento del TNP y la eliminación de todas las armas nucleares.

El verdadero problema con respecto a Irán es que los Estados Unidos y la UE saben ambos que el pico de producción de petróleo se ha pasado ya en muchos países.

La razón de las serias amenazas de agresión militar, de provocaciones y de tanta prisa en relación con el programa nuclear de Irán es que el país tiene las mayores reservas mundiales de hidrocarburos, y los Estados Unidos y la Unión Europea están tratando de crear las condiciones, incluso manipulando a la opinión pública, para controlar sus recursos energéticos en todo Oriente Próximo, como estamos viendo en Iraq.

  David Martin (PSE), por escrito. − Apoyo las recomendaciones contenidas en la resolución. No obstante, en lo que respecta a la PMOI, he votado en contra de las enmiendas que se refieren a esa organización en el texto.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las opiniones de Javier Solana y de los representantes de la UE y las partes implicadas han acabado con las ilusiones sobre la posición de la UE relativa a Irán y a Oriente Próximo en general.

Estas opiniones demuestran que la UE está a favor de promover el plan de los Estados Unidos y la OTAN para la «democratización de Oriente Próximo», cuya finalidad es someter a las naciones y los pueblos al control de sus recursos productores de riqueza. La UE está pasando deliberadamente por alto las garantías en nombre del OIEA y el informe de la CIA sobre el uso de la energía nuclear en Irán con fines no militares, y está intensificando la presión con sanciones sobre Irán y la propaganda para acostumbrar a la opinión pública a la idea de una guerra contra Irán. Es más, Javier Solana ha relacionado claramente la situación en el Líbano y el resto de la región con la cuestión de las armas nucleares, pero sin hacer ninguna referencia a las armas nucleares de Israel.

En la zona de Oriente Próximo estamos siendo testigos de la aparición de una agresión imperialista y de conflictos por el reparto de los mercados. Las víctimas de todo ello son, entre otros, los pueblos de Palestina, Irán y el Líbano. La única respuesta a estos nuevos planes agresivos y bélicos es que los ciudadanos se resistan al imperialismo y no se hagan ilusiones sobre el papel de la UE.

Los que están en posición de decidir sobre cuestiones de derechos humanos y su violación son los ciudadanos de cada país; no deben dejar que nadie les utilice como excusa para otro Iraq.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) Irán es en la actualidad una amenaza regional y mundial y un desafío a la capacidad de los Estados miembros de la Unión Europea de presentarse unidos y firmes en la escena internacional. Aparte de los sucesivos y contradictorios informes que están apareciendo, lo cierto es que Irán no ha cumplido con su obligación de transparencia, ni ha contribuido a la creación de un sentimiento de confianza. Todo lo contrario. Al margen de la cuestión nuclear, las demás noticias tampoco son alentadoras. Las violaciones de derechos humanos, la violencia del Estado y la falsa democracia electoral son, todos ellos, factores a tener en cuenta en nuestra actitud frente a Irán.

Así, por lo expuesto, pero teniendo también en cuenta lo defendido en el pasado, coincido con lo esencial de la Resolución aprobada y destaco la insistencia del Parlamento Europeo para que el Consejo y la Comisión cumplan lo decidido por el Tribunal Europeo de Justicia y retiren a la resistencia iraní, el grupo PMOI, de la lista de organizaciones terroristas. La UE (y algunos Estados miembros) han tratado a la resistencia de una forma que beneficia al régimen iraní, pero no al pueblo ni a los objetivos de democratización de esa región del mundo. Esta estrategia tiene que cambiar y está empezando a cambiar.

- Propuesta de resolución: Resultados de la Conferencia sobre el cambio climático (Bali) (B6-0059/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Estoy satisfecho por cómo ha transcurrido la conferencia de Bali y porque, gracias en parte al papel de la Unión Europea durante las negociaciones, se han conseguido resultados inesperados. En esta difícil situación, era de crucial importancia mandar una señal de unión, cooperación y responsabilidad, de forma que pudieran iniciarse del mejor modo posible las negociaciones para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones para el período posterior a Kyoto (2012).

Al aceptar las conclusiones de los científicos del IPCC, todos los participantes han reconocido a escala política que el cambio climático es una realidad, que su origen es antropogénico y que tenemos que actuar de aquí a 2020 para evitar un daño irreparable al clima del planeta.

Espero que Copenhague en 2009 suponga un hito en la lucha contra el cambio climático, con la aceptación de objetivos estrictos de reducción de emisiones de aquí a 2020 por todos los países industrializados y los países en desarrollo. Desde luego, este nuevo reto comportará costes e ineficiencias que son difíciles de justificar salvo que, como ya he dicho en anteriores intervenciones, tomemos decisiones valientes y necesarias, como el retorno a la energía nuclear. La inacción, la indecisión y las conferencias extenuantes no nos llevarán más que a causar un daño irreversible al medio ambiente.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre los resultados de la Conferencia de Bali sobre el cambio climático (COP 13 y COP/MOP 3) porque, teniendo en cuenta la urgencia de reducir el calentamiento mundial, considero que el acuerdo alcanzado en Bali constituye un paso importante para que, en 2009, en Copenhague, se elabore y apruebe un nuevo protocolo, con nuevos objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Considero que la Presidencia portuguesa de la Unión Europea ha desempeñado un papel determinante en la Conferencia de Bali, ha contribuido activamente al progreso de las negociaciones y ha conseguido llegar a un acuerdo muy positivo. Pero sería deseable que en el Plan de acción de Bali se hiciera referencia a objetivos cuantificados de reducción de emisiones de CO2.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En conjunto, esta resolución se limita a repetir ideas generales y es insuficiente en algunos aspectos. De ahí nuestra abstención.

Por ejemplo, puesto que el objetivo principal es reducir las emisiones de CO2 producidas por la quema de combustibles fósiles, se plantea la cuestión de medirlas. Sabemos que esta medición es muy compleja y manipulable, dado que los combustibles fósiles, después de su extracción, son transportados y procesados, y sus productos derivados son distribuidos y utilizados de muchas maneras, en miles de puntos finales.

Como han advertido algunos especialistas en la materia, para reducir las emisiones y conseguir los objetivos, es más eficaz y sencillo vigilar un instrumento aprobado a partir de un protocolo sobre la extracción y comercialización internacional de combustibles fósiles. Así sería más fácil establecer unas tasas o metas de reducción de la producción primaria de combustibles fósiles y las correspondientes exportaciones/importaciones, fijando unos límites máximos de emisión por país.

Pero sería igualmente necesario negociar compromisos de los países más ricos para movilizar fondos que puedan destinarse a ayudar a los países en desarrollo, de modo que estos puedan hacer frente a los costes económicos y sociales de las medidas necesarias.

Lamento que las propuestas del Grupo en ese sentido hayan sido rechazadas.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) El pasado mes de diciembre, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunieron en Bali, habiéndose avanzado en muchos aspectos relativos a la protección del clima mundial.

Además de iniciar las negociaciones para un nuevo protocolo que sustituirá al de Kyoto, quiero destacar la declaración de que el cuarto informe del IPCC constituía una mejor base científica para los trabajos de la Convención, y la referencia, por primera vez y poniendo fin a un tema tabú, a la necesidad de que los países en desarrollo cooperen también, evidentemente teniendo en cuenta su contexto económico y su desarrollo.

Por último, creo que la gran innovación de Bali ha sido la consideración, por primera vez, de la problemática de la deforestación que, como parte del Plan de acción de Bali, será debatida de cara a su inclusión en el futuro Protocolo.

He votado a favor de la resolución de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático porque defiende los resultados obtenidos en Bali, hace una serie de observaciones relativas al papel de la UE en las futuras negociaciones con las cuales estoy de acuerdo, y especifica en qué aspectos podría haber llegado más lejos el Plan de acción de Bali.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Mi voto fue a favor del informe.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolló del 3 al 15 de diciembre en Bali, debía definir un calendario para los dos próximos años y encontrar un acuerdo para prorrogar el Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. Si el primer objetivo parece haberse alcanzado, todavía estamos lejos de conseguirlo con respecto al segundo.

Es muy de lamentar que la comunidad internacional no se haya podido poner de acuerdo sobre una cifra objetivo para la estabilización y posterior reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en al menos el 20 % con respecto a su nivel de 1990 de aquí a 2020. La Unión Europea debe reforzar el papel constructivo y motor que fue capaz de desempeñar en Bali, para no dar pretextos a los países que rechazan cualquier cifra objetivo para negarse a actuar.

Aunque debe acogerse con agrado el acuerdo de Bali, que fue firmado por todos los países presentes, no hay que abrir la vía a una nueva forma de «lenguaje estereotipado medioambiental». Quedan ahora dos años para llegar a un acuerdo, y las vacilaciones sobre la hoja de ruta indican que lo más duro está por venir.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La resolución de la Conferencia de Bali sobre el cambio climático está tratando de ver indicios positivos donde no los hay. Al mismo tiempo, oculta la causa de la destrucción medioambiental: el saqueo de recursos naturales por el capital, que busca obtener beneficios con la comercialización de la tierra, el aire, la energía y el agua.

La resolución sugiere más adelante el peligro de que el cambio climático «podría constituir un causa importante de desestabilización en los países más pobres». El capital euromonopolista puede utilizar el cambio climático como pretexto para seguir explotando a los países en desarrollo, puesto que sabemos que la actividad de las multinacionales es una de las principales causas de la pobreza.

La resolución pide un compromiso serio de las naciones emergentes, dependiendo del momento en que se encuentren en su desarrollo y la composición de sus economías. Se refiere más concretamente a China y a la India cuando trata la cuestión de promover la cooperación en política energética para reducir la emisión de contaminantes. Básicamente, trata de presionarles restringiendo su potencial de desarrollo y su pretensión de hacerse con mayores cuotas de mercado frente a la competencia imperialista para el reparto de mercados. Es posible que por eso no se haga referencia a ninguna medida orientada a la reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero, y que contenga sólo expresiones generales de buenas intenciones.

En resumen, el cambio climático en la conferencia de Bali ha sido pura fachada. Las cuestiones que realmente se han tratado son la intensificación de los conflictos intraimperialistas en el sector energético y la comercialización del medio ambiente.

  David Martin (PSE), por escrito. − Apoyo plenamente la evaluación que se hace en la resolución del resultado de las negociaciones de la Cumbre de Bali. Gracias a la UE, Bali ha conseguido más de lo esperado, pero menos de lo necesario. La falta de acuerdo entre todas las partes negociadoras sobre cifras y objetivos concretos para reducir las emisiones de CO2 es lamentable. He votado a favor de la resolución.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) Es importante que la relación entre deforestación y cambio climático ocupe un lugar destacado en la resolución que se apruebe. El papel de los bosques tropicales es crucial para el clima mundial. Almacenan enormes cantidades de CO2. Son también los mayores depósitos de agua del planeta. Absorben agua como una esponja y con ello enfrían la atmósfera. Pero la deforestación y las actividades de desbroce y quema suponen un enorme peligro para esta función de extrema importancia. La decisión de poner fin a la deforestación y al desbroce y la quema sería una contribución extremadamente radical a la lucha contra el cambio climático.

La creciente demanda de biocombustibles en Europa se opone diametralmente a la protección de los bosques tropicales. Miles de hectáreas de bosques tropicales se han talado ya para extraer aceite de palma con el fin de atender la creciente demanda de biocombustibles. La certificación e identificación de la producción sostenible de biocombustibles es, por tanto, un requisito esencial para la protección de los bosques tropicales y el clima mundial. Dicha producción está también agravando la situación social en los países afectados, debido al masivo aumento del precio de los alimentos básicos. Por todo ello, estoy en contra de la propuesta de la Comisión, como parte del paquete sobre el clima y la energía, de establecer un objetivo vinculante del 10 % para los biocombustibles de aquí a 2020, ya que eso no contribuye a la protección del clima y se aleja mucho de una política sostenible.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. − (SV) En los próximos años tiene que realizarse una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La resolución contiene muchas buenas ideas sobre cómo conseguir este objetivo, por lo que he decidido votar a favor de ella.

Los objetivos establecidos pueden resumirse en la expresión 20-20-20, que significa que las emisiones tienen que reducirse un 20 %, el uso de fuentes de energía renovables tiene que aumentarse un 20 % y ambos objetivos tienen que conseguirse de aquí al año 2020. Sin embargo, creo que debe hacerse hincapié en la reducción de emisiones y dejar luego que cada Estado miembro decida cuál es la forma de conseguir dicho objetivo. Así pues, la UE debe renunciar a decir cómo deben cambiar los países las formas de utilizar fuentes de energía renovables.

En la medida en que pueda ser adecuado establecer ese tipo de especificación, es lamentable que no se haya incluido la energía nuclear en el apartado de fuentes de energía renovables. El OIEA ha concluido que la energía nuclear es un elemento necesario para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono. Es una pena que esta resolución decida ignorarla e insista en que las emisiones no deben reducirse por medio del uso de energía nuclear.

Cuando se aplique esta Resolución, quedará claro que la UE ha rechazado indirectamente la contribución que puede hacer la energía nuclear a mejorar la situación del clima. Esa actitud me parece inexplicable y así se debe decir claramente.

- Informe Fiona Hall (A6-0003/2008)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) Hemos votado a favor de la resolución por su planteamiento general, pero no estamos de acuerdo con todos los aspectos técnicos o con las ambiciones de regular mediante decisiones políticas los productos que pueden fabricarse o venderse (por ejemplo, calefactores de exterior).

  Giles Chichester (PPE-DE), por escrito. − Los Conservadores británicos apoyan el espíritu general de este informe de propia iniciativa, ¿quién puede estar en contra de la eficiencia energética? No obstante, tenemos reservas sobre algunos aspectos de la propuesta en donde el ponente parece haber perdido el sentido de la proporción.

El etiquetado de eficiencia energética es bueno porque permite a los consumidores elegir, pero empezar a prohibir algunos productos simplemente porque consumen energía de una forma que algunos no aprueban parece excesivo.

Me parece particularmente poco razonable poner como ejemplo los calefactores de exterior (apartado 16), que tanto se han vendido como consecuencia directa de la legislación antitabaco del Gobierno británico.

Confiamos en que esta sugerencia en particular no se incorpore a ninguna propuesta futura de la Comisión.

  Nigel Farage (IND/DEM), por escrito. − Estoy totalmente en contra de los descartes —en línea con la política de mi partido— pero no puedo votar a favor de la imposición de decisiones comunitarias, por muy acertadas que a veces puedan parecer.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He aquí otro informe más en el que se constata una situación, pero sin profundizar en sus causas, ni apuntar caminos esenciales; se limita a retomar declaraciones polémicas de organizaciones internacionales y, en uno o dos casos, como la referencia a Rusia y a África, demuestra que se preocupa mucho más por la defensa de los intereses de la Unión Europea que por cualquier política de cooperación, algo con lo que nosotros discrepamos.

Lo que es evidente es que la escasez de combustibles fósiles, reflejada en sus precios, impone una reducción del consumo. Para evitar que se reduzcan las actividades económicas y sociales es necesario, por tanto, que reduzcamos voluntariamente el consumo innecesario, el despilfarro en los procesos de conversión, transporte y distribución, y el consumo final.

La energía, no siendo reciclable después de su utilización y siendo escasas sus fuentes, tiene que ser gestionada según los conocimientos técnicos y unas prioridades políticas complejas, por lo que exige una planificación central por los Estados en defensa del interés general, eliminando las fluctuaciones y el nerviosismo de los agentes del mercado. Y eso nos sigue faltando.

Otras recomendaciones bienintencionadas se dirigen a la vida y a las actividades en ciudades y zonas metropolitanas, con consecuencias potencialmente muy positivas para la renovación y la innovación en redes de energía, edificios, transportes y demás servicios de utilidad pública.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Apoyo el principio general de este informe como un Plan de acción para la eficiencia energética. No tengo problemas en que se investiguen formas de hacer más eficientes los «calefactores de espacios», pero no estoy a favor de prohibir los «calefactores de exterior».

Desde mi punto de vista, la mayoría de ellos son utilizados por los dueños de los locales para calentar a los fumadores que se ven obligados a pasar frío por la legislación reciente. La prohibición de fumar ha cerrado ya cientos de locales públicos, con las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo. Esta nueva prohibición no hará más que multiplicar los cierres y las pérdidas de puestos de trabajo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Aparte de la cantinela habitual aquí sobre el cambio climático y las medidas que deben adoptarse para contrarrestarlo, el tema de la seguridad y la independencia energéticas de los Estados europeos justificaría por sí mismo que nos preocupáramos por un mejor uso de la energía. Y esta es la razón, puesto que a escala europea se elaboran la mayoría de las normas, por la que no votaremos en contra de este informe.

Pero en este asunto volvemos a caer en la visión malthusianista y culpabilizadora presente en todos los informes de este Parlamento relacionados con el asunto: estigmatización ciega del automovilista, prohibición de determinados equipos, voluntad de controlar los comportamientos individuales y de imponerse a los individuos desde la más temprana edad, de inmiscuirse en las políticas de urbanismo o de construcción, de promover una fiscalidad y una tarificación energéticas que, de hecho, sólo penalizará a los estratos más frágiles de la población, etcétera.

En consecuencia: sí a unas normas mínimas, sí al estímulo de la investigación, sí a la información objetiva para hacer posible una elección con conocimiento de causa, sí a la promoción de incentivos fiscales. No a la persecución y a la coacción.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Los resultados de las investigaciones indican que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano están contribuyendo a un rápido cambio climático. Apoyamos, por tanto, la conclusión principal de que todos los países tienen que adoptar medidas exhaustivas para reducir estas emisiones y que los países de la UE tienen que tomar la iniciativa.

Al mismo tiempo, nos oponemos a la tendencia de los ponentes tanto del Parlamento como de la Comisión a aprovechar siempre los grandes retos para centralizar el poder político y crear una UE sin libertad y sin dinamismo.

El papel de la UE en materia de política energética debe limitarse a:

- establecer objetivos de emisión para cada país y dejar luego en manos de esos países y del mercado la manera de conseguir los objetivos en libre competencia.

- internalizar los costes de emisión poniendo un precio suficientemente elevado a los derechos de emisión (las emisiones serán, entonces, tenidas automáticamente en cuenta en los miles de millones de decisiones económicas que toman todos los días en todo el mundo los hogares y las empresas). Así, los hogares adoptarán por sí mismos medidas de ahorro energético, como bombillas de bajo consumo, los fabricantes de coches producirán vehículos con un bajo consumo de combustibles y los promotores inmobiliarios edificarán viviendas pasivas. Entonces pagarán por realizar I+D de campo).

- financiando la investigación y legislando sobre el etiquetado de los productos.

Los políticos de la UE no tienen que regular en detalle. Nadie sabe en la actualidad cuál es la mejor forma de planificar esta transformación gigantesca. Nos oponemos, por tanto, a medidas como la prohibición de calefactores de exteriores y la ventajas fiscales por la demolición de edificios.

Hemos votado en contra para contribuir a que la UE reconsidere su política energética.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Voté a favor de este informe, que se adhiere a las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2007 relativo a la eficiencia energética, que resaltaban la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la UE para alcanzar el objetivo de ahorrar el 20 % del consumo energético de la UE con respecto a las proyecciones para el año 2020.

Me satisfacen las medidas dirigidas a mejorar el rendimiento energético de los productos, edificios y servicios, a mejorar la eficiencia de la producción y la distribución de energía, a reducir el impacto del transporte sobre el consumo energético, a facilitar la financiación y la realización de inversiones en este ámbito con vistas a suscitar y reforzar un comportamiento racional hacia el consumo de energía.

Los ciudadanos europeos deben poder beneficiarse de las infraestructuras (incluidos los edificios), los productos (aparatos y coches, entre otros), los procedimientos y los servicios energéticos que ofrezcan la mejor eficiencia energética del mundo.

El plan de acción tendrá por efecto asimismo aumentar la competitividad de la industria y desarrollar las exportaciones de nuevas tecnologías, y también tendrá efectos positivos para el empleo. Además, los ahorros realizados compensarán las inversiones efectuadas en tecnologías innovadoras.

  Marian Harkin (ALDE), por escrito. − No apoyo el apartado que pide la retirada del mercado de algunos electrodomésticos, porque me parece una propuesta exagerada.

  Sarah Ludford (ALDE), por escrito. − He votado a favor del informe, que en conjunto es excelente. Con todo, hubiera sido mejor que el apartado 16 que dice: «Insta a la Comisión a establecer calendarios para retirar del mercado los equipos, aparatos y otros productos consumidores de energía que ofrezcan el grado más bajo de eficiencia energética, tales como los calefactores de exterior», no hiciera referencia a la «prohibición» de ningún equipo en particular, puesto que los calefactores de exterior son uno más de los muchos equipos que plantean problemas de despilfarro de energía, pero que mucha gente disfruta, sobre todo en un contexto social urbano como es mi propia circunscripción de Londres.

Celebro la decisión de algunos establecimientos minoristas de dejar de vender esos calefactores en respuesta a la presión de los consumidores, y yo no me compraría uno. Pero creo que lo mejor es establecer unas normas mínimas de eficiencia energética para los aparatos, informar a los ciudadanos sobre el consumo de energía e instarles a que consideren su huella de carbono total y elijan en consecuencia sus aparatos, medios de transporte, conducta social, etc., en lugar de prohibir los calefactores de exterior o cualquier otro producto en particular. Después de todo, hay que esperar que la innovación, en respuesta a las normas de eficiencia, consiga calefactores de exterior más eficientes.

  Jules Maaten (ALDE), por escrito. – (NL) Celebro esta propuesta de la señora Hall y el hecho de que se esté pasando por fin de las teorías abstractas a las concretas para aumentar la eficiencia energética en la Unión Europea. Celebro que este informe mantenga el objetivo de un 20 % de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2020. No estoy de acuerdo con la sección 16 del informe, que pide la retirada del mercado de los aparatos con menor eficiencia energética. Al fin y al cabo, se tiene que instar a la industria a producir aparatos mejores y más eficientes. Por todo ello, he optado por la abstención en la votación final.

  Toine Manders (ALDE), por escrito. – (NL) El Partido Popular para la Libertad y la Democracia (VVD) se opone a las prohibiciones, pero apoya las mejoras. Es decir, el VVD se opone a la prohibición de los calefactores de exterior, pero apoya las soluciones innovadoras para combatir la ineficiencia. El Grupo VVD en el Parlamento Europeo considera que, en el contexto de la lucha contra el cambio climático, sería inexplicable que no consideráramos también la manera de hacer más eficientes los calefactores de exterior. Por consiguiente, el Grupo apoya el llamamiento que se hace en el informe Hall a la Comisión Europea para la retirada gradual de los aparatos de baja eficiencia energética y su sustitución por modelos más eficientes. Este informe tiene que ser considerado como un incentivo para que la industria desarrolle aparatos más eficientes en el consumo energético —calefactores de exterior, por ejemplo.

  David Martin (PSE), por escrito. − El plan de acción proporciona las herramientas más rentables para luchar contra el cambio climático. De hecho, yo acojo el plan con satisfacción y pienso que el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % de aquí a 2020 es factible, tanto técnica como económicamente.

El plan es un paso en la dirección correcta, y yo he votado a favor de él, aunque debe verse como un primer paso hacia el logro de unos objetivos más ambiciosos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Las medidas de ahorro de energía y el aumento de la eficiencia energética son deseables por consideraciones ambientales y económicas. Por eso he votado a favor del informe Hall, pero espero que tengamos más éxito en este caso que en el de la reducción del consumo energético que nos hemos puesto como objetivo para 2020, o el del incremento acordado en la proporción de las fuentes renovables de energía —dos intenciones nobles que probablemente no podamos conseguir tal como están las cosas.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El informe de Fiona Hall trata sobre un tema muy importante. No basta con que la UE establezca unas normas estrictas sobre las emisiones de dióxido de carbono. Los ciudadanos tienen que poder y querer cambiar sus propias pautas de consumo y conducta para que se produzca una verdadera diferencia. En el apartado 61 se hace una afirmación llena de sentido común sobre el asunto: la batalla tiene que empezar en nuestra propia casa.

Por tanto, si pretende tener alguna credibilidad, el Parlamento Europeo tiene que dar buen ejemplo con su propia actividad. Pedimos a los ciudadanos de la UE que prescindan de teteras y de calefacción en terrazas de bares y restaurantes, mientras que la segunda sede del Parlamento Europeo genera, por sí sola, nada menos que 5 322 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. Un estudio encargado por la eurodiputada Caroline Lucas ha demostrado que el cambio de sede del Parlamento Europeo a Francia todos los meses tiene unas consecuencias ambientales enormes. En conjunto, los viajes a Estrasburgo, que es donde el Parlamento celebra sus votaciones, producen 18 901 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. Eso equivale a 10 000 vuelos entre Europa y Nueva York.

Es bueno que se haya aprobado el informe. Pero sería mejor que dejáramos de viajar a Estrasburgo para celebrar nuestras votaciones, que podríamos realizar fácilmente desde casa.

- Informe Carl Schlyter (A6-0495/2007)

  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. − Soy partidario de prohibir los descartes, en línea con la política de mi partido de regular con sentido común la pesca con fines comerciales. Pero no puedo votar a favor de la resolución porque constituye una nueva injerencia de la UE en los asuntos británicos. El Reino Unido es más que capaz de tomar sus propias decisiones para proteger la pesca y las pesquerías, como hemos hecho siempre hasta incorporarnos a esta organización, que no sirve para nada.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) Los descartes (lanzamiento por la borda de pescado muerto o moribundo) y las capturas accesorias representan un grave problema aún no resuelto en el ámbito de la política pesquera común.

Con mecanismos de gestión que tienen en cuenta los desembarques y no las capturas, el sector pesquero de la UE necesita una rápida reformulación de sus políticas con el objetivo de reducir estas prácticas reprobables.

En este sentido, la Comisión Europea ha lanzado una Comunicación en la que anuncia su intención de instituir una política de reducción de las capturas accesorias no deseadas y de eliminación gradual de los descartes en las pesquerías europeas.

Las capturas accesorias no deseadas y su posterior devolución al mar tienen innumerables consecuencias negativas: representan un despilfarro de recursos, las capturas de juveniles de especies con interés comercial reducen las oportunidades de pesca de esas especies y de la biomasa reproductora y, junto con las capturas y descartes de especies sin interés comercial (peces, crustáceos, mamíferos marinos, aves. etc.), constituyen un atentado biológico contra el ecosistema marino.

En vista de todo lo anterior y puesto que este informe contribuirá a promover una pesca sostenible, de acuerdo con los principios de la PPC reformada, mi intención es votar favorablemente.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Sin duda, es conveniente y necesario reducir las capturas accesorias indeseables y los descartes, pero esto no debe hacerse por decreto.

Puesto que es imposible abordar todos los aspectos planteados por el ponente, nos congratulamos por la aprobación de nuestra enmienda que «recuerda que la incidencia de las pesca costera y artesanal en los descartes es mínima y, por lo tanto, solicita un apoyo comunitario más decidido a este tipo de pesca».

Lamentamos que se hayan rechazado nuestras propuestas, que insistían en que:

- para establecer las medidas adecuadas con el fin de promover una eficaz reducción de los descartes, es necesario conocer y analizar primero las diferentes causas que están en su origen, como razones comerciales (de precio, comercialización, maximización del valor del pescado), la captura de peces por debajo de los tamaños mínimos de desembarque o las capturas accesorias;

- es necesario proceder a un estudio detallado de las medidas que deben adoptarse y de su repercusión en la situación socioeconómica del sector;

- es importante que se produzcan reducciones voluntarias en la actividad pesquera y se establezcan mecanismos que permitan compensar económicamente a los pescadores por ese esfuerzo, además de adoptar medidas positivas de intervención en el mercado para eliminar los descartes (garantía de comercialización del pescado a precios justos y desarrollo de la industria de conservas).

  Roger Knapman (IND/DEM), por escrito. − Soy partidario de prohibir los descartes, en línea con la política de mi partido, pero no puedo votar a favor de la resolución en su conjunto porque contempla el establecimiento de instrumentos a escala comunitaria.

Concretamente en lo que se refiere a la enmienda 14, aunque reconozco los esfuerzos de los pescadores escoceses, que han tomado la iniciativa de reducir voluntariamente la captura de peces inmaduros, no puedo apoyar la introducción de un sistema de compensación administrado por las instituciones comunitarias.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Parece razonable que se adopten medidas para evitar los descartes y proteger a las poblaciones de peces. Pero consideremos por qué se devuelve pescado al mar, cuando a muchos trabajadores les gustaría comer más pescado.

La razón es la producción capitalista. Las capturas de pescado son un producto básico que se comercializa para que las grandes empresas pesqueras obtengan un beneficio, y no sólo para atender necesidades alimentarias. Si una empresa pesquera considera que no obtendrá beneficios o, más probablemente, que el precio del pescado descenderá debido a la abundancia de la oferta, podemos explicar por qué se devuelve pescado al mar, aunque existen también otras razones.

La nueva propuesta es, básicamente, un compendio de buenas intenciones y reitera una política comparable que, según el informe, tendría que haberse aplicado hace ya más de cinco años. No nos oponemos a que se tomen ciertas medidas para limitar o prohibir los descartes, pero tenemos una reserva: algunas de esas medidas pueden convertirse en una carga para las medianas y pequeñas empresas pesqueras y pueden, en esencia, servir como pretexto para impedir que pesquen con libertad. En otras palabras, algunas de las propuestas pueden ser una excusa para perjudicar a las PYME y favorecer el crecimiento de las grandes empresas pesqueras.

  David Martin (PSE), por escrito. − Cualquier medida que mejore la política pesquera europea es positiva para Escocia y para su industria pesquera. El informe trata de investigar formas de reducir progresivamente la cantidad de capturas accesorias no deseadas e imponer gradualmente la prohibición de los descartes: dos prácticas dañinas que se han hecho demasiado frecuentes en el sector pesquero.

Con esta visión, el informe propone un método lógico y eficaz para recabar información y propone medidas sencillas que son fáciles de aplicar y económicamente viables. He votado a favor de las recomendaciones del informe.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Como ávido espectador de la gran serie de TV «Deadliest Catch», ahora soy un gran admirador de los pescadores y del trabajo que realizan. Votaré a favor de este informe, porque tenemos que abordar en serio el problema del desperdicio que supone la devolución al mar de pescado en perfecto estado, como consecuencia del complejo funcionamiento del sistema de cuotas.

Aunque no creo que la respuesta en este caso sea la intervención de los mercados o el abandono de las cuotas, tenemos que abordar en serio esta situación.

Nuestras poblaciones de peces siguen estando mermadas. La demanda de pescado es cada vez mayor y ahí está el dilema. Tenemos que conservar nuestras poblaciones de peces y una forma de hacerlo es erradicando, o al menos reduciendo al mínimo, el despilfarro que representan los descartes y las capturas accesorias no deseadas.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. − Me ha sorprendido ver que se presentara la enmienda 9. Esa enmienda propone que todos los buques pesqueros lleven circuitos cerrados de televisión. Pero no se explica cómo se haría eso, no se incluye ninguna evaluación del impacto que demuestre la eficacia de esa medida, ni se dice con qué medios se financiaría.

  Cornelis Visser (PPE-DE), por escrito. – (NL) Hoy, el Parlamento Europeo ha votado a favor del informe sobre una política para reducir las capturas accesorias sin interés comercial y eliminar los descartes. Los eurodiputados del Grupo de los Demócrata-Cristianos (CDA) y el Partido Popular Europeo (PPE) hemos votado a favor del informe final, ya que contiene una serie de aspectos positivos. Por ejemplo, reconoce que algunas especies de peces tienen una elevada tasa de supervivencia cuando se les libera y que puede haber excepciones a la prohibición de descartes. Esto es importante en el caso del lenguado juvenil, ya que esta especie tiene una tasa de supervivencia muy alta. El informe insiste también en la creación de incentivos positivos y negativos para reducir los descartes. Este planteamiento es más sensato que una prohibición total de los descartes. En opinión de la delegación del CDA/PPE, la prohibición total de los descartes es poco realista.

  Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. − Soy partidario de prohibir los descartes, en línea con la política de mi partido, pero no puedo votar a favor de la resolución en su conjunto porque contempla el establecimiento de instrumentos a escala comunitaria.

Concretamente en lo que se refiere a la enmienda 14, aunque reconozco los esfuerzos de los pescadores escoceses, que han tomado la iniciativa de reducir voluntariamente la captura de peces inmaduros, no puedo apoyar la introducción de un sistema de compensación administrado por las instituciones comunitarias.

- Propuesta de resolución: Estrategia europea respecto a la comunidad romaní (B6-0050/2008)

  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Yo y mis colegas Conservadores británicos condenamos sin reservas todas las formas de racismo y xenofobia y apoyamos plenamente a la población romaní en su lucha contra la discriminación que sufren. No obstante, esa lucha debe tener lugar en el marco de las políticas nacionales de cada Estado miembro.

No podemos apoyar esta resolución porque aumenta la posibilidad de aislar y marginar a la población romaní «encasillándola» en una categoría distinta y pide a la Comisión que proponga una serie de estrategias y planes de acciones que deben seguir siendo competencia de los Estados miembros.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) La exclusión social, la pobreza y la discriminación son problemas que los Estados miembros tienen que tratar de combatir por todos los medios. La minoría romaní se ha visto especialmente afectada por estas injusticias. No obstante, consideramos que la política de integración se regula mejor dentro de cada Estado miembro.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Hemos votado a favor de esta resolución en la votación final. No obstante, queremos subrayar que la primera y principal responsabilidad de un Estado miembro es resolver problemas de discriminación étnica y cuestiones de justicia social dentro del territorio de sus respectivos países.

Hay cierto sesgo en algunas de las enmiendas a la resolución presentadas por el Grupo UNE. Por eso hemos optado por votar en contra de las enmiendas de dicho Grupo.

La tarea de la Unión Europea en este contexto es subrayar la importancia de los principios de una unión de valores. Tenemos que combatir el racismo y la discriminación étnica en la UE y en Europa. Pero lo tenemos que hacer por medio de la educación y la formación de la opinión dentro de cada Estado miembro, para instilar en cada nueva generación la idea de que todos los seres humanos valen lo mismo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Los ciudadanos de origen romaní son muchas veces víctimas de discriminación en los diferentes países que integran la UE; puesto que esa discriminación puede adoptar muchas formas diferentes —que afecte en sus derechos políticos, económicos, sociales o culturales—, favorece situaciones de pobreza, de exclusión social y de desintegración.

De hecho, la vulneración o el no ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a una vivienda, a educación, a empleo con derechos y a la seguridad social, alimenta situaciones de desigualdad social, de marginación y de creación de guetos, de analfabetismo, de inserción en la economía sumergida, de no participación sociopolítica en las que se encuentran también muchos ciudadanos de origen romaní

Necesitamos, por tanto, políticas que combatan eficazmente las desigualdades sociales, la explotación y la concentración de la riqueza, que creen empleo con derechos, que garanticen el respeto y el ejercicio de los derechos más fundamentales para la promoción de los servicios públicos, y que erradiquen la pobreza y la exclusión social. En esencia, políticas que obliguen a romper con las políticas y las orientaciones de la Unión Europea, un aspecto fundamental que la resolución omite.

Consideramos que la solución de los problemas que afectan a muchos ciudadanos de origen romaní no pasa por el establecimiento de «políticas comunes» a escala de la UE, como la resolución propone.

De ahí nuestra abstención.

  Katalin Lévai (PSE), por escrito. − (HU) En abril de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para mejorar la situación de la población romaní, en la que pedía a la Comisión Europea que formulara un plan de acción romaní. Desde entonces, no ha habido más que promesas y palabras altisonantes. La mayoría de los 12-15 millones de personas de origen romaní que viven en Europa (10 millones de las cuales han vivido en la Unión desde la adhesión de 2004) se enfrentan a los mismos problemas desde hace años, y en malas condiciones sociales: pobreza, exclusión, problemas de integración, desempleo y discriminación múltiple contra mujeres y niños de origen romaní.

La mayoría de los Estados miembros no consideran que la romaní sea una minoría nacional por carecer de un país natal, y no realizan ningún cambio sustancial en su situación. De hecho, las experiencias de los últimos años han demostrado, en cambio, que la radicalización es cada vez mayor tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros. Pienso, por tanto, que ha llegado la hora de realizar cambios importantes. El Grupo Socialista Europeo ha iniciado ya un plan de acción, cuyo primer paso es presentar una resolución junto con expertos destacados de los otros partidos.

Pido, por tanto, a mis colegas diputados que afronten este desafío europeo y que pongamos en marcha juntos una Estrategia romaní europea, con nuestro voto.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los ciudadanos de origen romaní son casi siempre víctimas de discriminación racial. El rechazo a sus tradiciones y su cultura, y su marginalización, les lleva a la exclusión social. Son presa fácil del capitalismo. Además, se les utiliza con frecuencia como cabezas de turco y se les culpa colectivamente, como sucedió hace poco con las deportaciones desde Italia.

Los gobiernos nacionales y la UE se limitan a hacer declaraciones altisonantes, eludiendo la adopción de medidas concretas.

En Grecia, como en otros países, la mayoría de los ciudadanos de origen romaní viven en condiciones miserables, en campamentos, sin agua ni redes de alcantarillado. Muchos están desempleados y no tienen seguridad social ni derecho a asistencia sanitaria. Sus hijos se enfrentan a problemas aún mayores: la mortalidad infantil es elevada, rara vez disponen de vacunas y sólo un pequeño porcentaje de los niños acude con regularidad a la escuela. El 80 % de la comunidad romaní sigue siendo analfabeta.

Los gobiernos tienen que tomar medidas para conseguir que la población romaní participe en igualdad de condiciones en la sociedad y que se respeten sus tradiciones culturales. En Grecia pedimos el establecimiento de un Centro de Estudios de la Población Romaní y Gitana, que haga especial hincapié en la cultura.

Hace falta tomar medidas inmediatas para garantizar que la comunidad romaní tenga unas condiciones de vida dignas y el derecho inalienable a un empleo, una pensión, asistencia sanitaria y médica y educación.

Como todos los trabajadores, luchan contra los intereses monopolistas y un sistema que les explota.

  David Martin (PSE), por escrito. − Estoy a favor de que se adopte una estrategia para la población romaní. Creo que la UE necesita urgentemente una estrategia para favorecer su integración social. Constituye una de las minorías más grandes del continente, que merece ser reconocida como tal por medio de un plan europeo que se ocupe de las cuestiones que les afectan.

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. − (RO) Esta resolución es una estrategia para coordinar y promover iniciativas europeas dirigidas a mejorar la situación de la población romaní, que se enfrenta a toda una serie de dificultades relacionadas con la discriminación, la exclusión social y una pobreza extrema. La preocupación de la UE por las minorías, incluidos los grupos sociales desfavorecidos, es también una respuesta a la ampliación que ha englobado a antiguos países comunistas con una población romaní importante. Por lo tanto, el problema adquiere una dimensión europea y no se limita únicamente a los países de Europa Central y Oriental.

He votado a favor de esta resolución porque llama la atención de los Estados miembros y las instituciones europeas sobre la necesidad de adoptar medidas para crear un contexto social y político favorable a la integración social de la comunidad romaní. La discriminación que sufre la población romaní se extiende a la vida pública y privada, afectando al acceso a cargos públicos, educación, mercado de trabajo, asistencia sanitaria y vivienda. Los gobiernos de los Estados miembros deben comprometerse a reducir las diferencias inaceptables que existen entre la población romaní y el resto de la sociedad, para garantizar el pleno cumplimiento de los principios en los que se sustenta la Unión Europea, los principios de la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades.

  El Presidente. – (FR) El Parlamento ha agotado su orden del día.

Deseando buen provecho a todo el mundo, en especial a nuestros visitantes londinenses, que, como ya han advertido, vienen de la ciudad más bella del mundo, capital del más bello país, perteneciente también –algún día se darán cuenta– a uno de los continentes más bellos.

Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 12.20 horas)