Índice 
Acta literal de los debates
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Jueves 21 de febrero de 2008 - Estrasburgo Edición DO
1. Apertura de la sesión
 2. Presentación de documentos: véase el Acta
 3. Cuarto informe sobre la cohesión económica y social - El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (debate)
 4. Turno de votaciones
  4.1. (A6-0462/2007, Monica Frassoni) Control de la aplicación del Derecho comunitario (2005) (votación)
  4.2. (A6-0491/2007, André Brie) Acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos (votación)
  4.3. (A6-0490/2007, Christel Schaldemose) Marco común para la comercialización de los productos (votación)
  4.4. (A6-0489/2007, Alexander Stubb) Aplicación de normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro (votación)
  4.5. Situación en Gaza (votación)
  4.6. Séptimo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (votación)
  4.7. (A6-0024/2008, Françoise Castex) El futuro demográfico de Europa (votación)
  4.8. Cooperación científica con África (votación)
  4.9. (A6-0023/2008, Ambroise Guellec) Cuarto informe sobre la cohesión económica y social (votación)
  4.10. (A6-0028/2008, Gisela Kallenbach) El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (votación)
 5. Explicaciones de voto
 6. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
 7. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
 8. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta
 9. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)
  9.1. Timor Oriental
  9.2. Belarús
  9.3. Kivu Norte (República Democrática del Congo)
 10. Turno de votaciones
  10.1. Timor Oriental (votación)
  10.2. Belarús (votación)
  10.3. Kivu Norte (República Democrática del Congo) (votación)
 11. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta
 12. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta
 13. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta
 14. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta
 15. Interrupción de la sesión
 ANEXO (Respuestas por escrito)


  

PRESIDE: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

 
1. Apertura de la sesión
  

(Se abre la sesión a las 10.05 horas)

 

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Cuarto informe sobre la cohesión económica y social - El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (debate)
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  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto

- del informe (2007/2148(INI)) (A6-0023/2008) del señor Guellec, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre el cuarto informe sobre la cohesión económica y social,

y

- del informe (2007/2190(INI)) (A6-0028/2008) de la señora Kallenbach, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial.

 
  
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  Ambroise Guellec, ponente. (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, esta mañana estamos debatiendo dos informes de iniciativa parlamentaria y creo que los dos tienen una enorme importancia por diversas razones.

Primero, estamos considerando el Cuarto informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social. Se trata de un documento realmente excelente, mucho mejor que las versiones anteriores, y constituye una sólida base para todo tipo de reflexiones sobre el futuro de la cohesión en Europa. Es también importante porque el nuevo Tratado de Lisboa establece la cohesión territorial como uno de los objetivos principales de la Unión Europea. Como sabemos, ahora se están sumando nuevos y grandes retos a los que ya conocemos, y la política de cohesión tiene que ayudar de manera importante a afrontarlos, para que podamos avanzar hacia la Europa que todos queremos: una Europa eficaz y solidaria.

¿Qué nos enseña el Cuarto informe? Que la convergencia social y económica entre los Estados miembros va por buen camino, habiéndose conseguido una reducción clara de las diferencias en renta y empleo estos últimos diez años, pero también que todavía existen discrepancias considerables entre regiones y, en ocasiones, dentro de una misma región y que, con frecuencia, esas diferencias tienden a acusarse. El desarrollo es real, pero produce demasiados desequilibrios. Es aquí donde entra en juego el nuevo concepto de cohesión territorial y donde tiene que ocupar un lugar central, junto con la cohesión económica y social, para que pueda continuar el desarrollo regional en toda la UE. Su puesta en práctica exigirá un enfoque integrado entre políticas sectoriales, así como una gobernanza real a distintos niveles.

En este sentido, esperamos con interés – y tengo que decir que con cierta impaciencia – el Libro Verde de la Comisión anunciado para el mes de septiembre. Existe, evidentemente, la necesidad de utilizar un lenguaje común al tratar esta cuestión, como hemos podido constatar en nuestros debates de la Comisión de Desarrollo Regional.

Las enseñanzas del Cuarto informe nos llevan a proyectarnos más allá del año 2013, puesto que los programas operativos para 2007-2013 están ya en marcha en casi todas partes. Una de sus características principales es un sistema de asignación de créditos para canalizar lo esencial de los recursos hacia los objetivos de la Agenda de Lisboa. Aunque queremos insistir en la estrecha relación de prioridades entre la Estrategia de Lisboa y la política de cohesión, consideramos que esta última debe ir más allá de esa esfera y situarse en una perspectiva más amplia.

Nuestro informe dice claramente que la convergencia en distintos niveles es una condición previa para la competitividad a largo plazo de las regiones, y que en los próximos años hará falta que las dos políticas se complementen para conciliar la eficacia y la solidaridad. La evaluación periódica que nosotros pedimos durante el período 2007-2013 tiene que permitirnos confirmar la idoneidad del proceso, o realizar los ajustes que sean necesarios con todo conocimiento. Hay que preguntarse también por la disociación aplicada durante el período de programación actual entre el desarrollo rural y la política regional. Su pertinencia no parece haberse demostrado sobre el terreno, y pensamos que el mantenimiento de esa disociación después de 2013 puede plantear un problema.

Nuestro informe insiste en los nuevos retos a los que se enfrentará la UE y su importante repercusión territorial. Algunos problemas son el envejecimiento de la población, el cambio climático, la energía, la concentración urbana, etc. Pensamos que la necesaria y urgente convergencia y el tratamiento territorial adecuado para afrontar estos retos exigen unas políticas reforzadas de cohesión social y económica después de 2013. Desde esta perspectiva, el Parlamento – como siempre ha hecho – se opondrá firmemente a cualquier intento de renacionalización de la política.

Quiero terminar, señora Presidenta, dando las gracias a los ponentes alternativos, que me han ayudado mucho en esta tarea, por el gran número de compromisos que hemos conseguido. Quiero destacar también la coherencia con el informe de la señora Kallenbach. Creo que sería bueno que se presentara en esta Cámara hoy un todo plenamente coherente.

 
  
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  Gisela Kallenbach, ponente. − (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar dando las gracias a todos los ponentes alternativos por su buena y constructiva colaboración. Quiero dar también las gracias al personal de la comisión y del grupo y a los asistentes de los diputados. ¡Cuanto más fuerte es la comunidad, mejor es el producto!

Me complace enormemente que vayamos a debatir el informe del señor Guellec y el mío conjuntamente hoy. Cuando se trata de conseguir un verdadero desarrollo sostenible en Europa, estos dos informes constituyen un todo complementario. La política de cohesión es el hardware, mientras que la Carta de Leipzig y la Agenda Territorial son el software. Estos instrumentos sólo pueden funcionar en tándem. La UE se dota de capacidad jurídica y financiera a través de su política de cohesión. No tenemos ninguna responsabilidad real en materia de desarrollo regional, urbanismo y planificación espacial. Por eso, una política coherente a escala local y regional, a escala de los ministerios nacionales y a escala de la UE, es el requisito previo para que las ciudades y regiones europeas sean sostenibles. Es la única forma de generar valor añadido europeo. Las ciudades son un foco de oportunidades y de problemas. Producen un impacto en las regiones rurales y en su periferia inmediata. Por eso tenemos que aspirar a un desarrollo equilibrado del conjunto del territorio, a soluciones que partan de una perspectiva holística y que, al mismo tiempo, se adapten a cada situación. No puede haber una solución única, pero sí unos principios comunes, como el enfoque integrado, el principio de asociación, horizontal y vertical, entre las ciudades y la periferia, pero también con las partes directamente afectadas.

Hemos realizado grandes progresos en el ámbito europeo. Aparte de la Carta de Leipzig y la Agenda Territorial, el primer programa de acción europea durante la Presidencia portuguesa, la cohesión territorial se ha incluido como un objetivo de la Comunidad en el Tratado de Reforma. El peso del Parlamento queda reforzado por medio de la competencia compartida y el procedimiento de codecisión. Con el debate de hoy, queremos conseguir una declaración del Parlamento antes de la Cumbre de Primavera del Consejo, de manera que puedan incluirse las cuestiones territoriales y urbanas como componentes claros en las estrategias de Lisboa y Göteborg.

El deseo conjunto del Consejo de Ministros informal en Leipzig ha sido también que la Presidencia eslovena incluya la Agenda Territorial en el orden del día de su Cumbre de Primavera este año, con el fin de conseguir un mayor reconocimiento político del marco territorial para el desarrollo de las regiones y las ciudades, y nuevas formas de participación en las decisiones políticas de la UE. Ese deseo se reiteró claramente en la reunión de las Azores en noviembre. Hasta la fecha, no dispongo de información real sobre el progreso realizado en este terreno.

Por ello, me hubiera gustado mucho contar hoy aquí con la presencia de un representante del Consejo, que nos podría haber informado del estado de los preparativos. Lamentablemente, he oído decir que no parece existir un consenso en el Consejo para atender la petición de los Ministros. Me hubiera gustado escuchar del Consejo si en la Cumbre de Primavera se debatirá, y de qué forma, la Agenda Territorial. Me habría interesado saber también si es cierto que en el borrador actual de las Conclusiones del Consejo no se mencionan las cuestiones territoriales, ni se contemplan las enmiendas pertinentes en el Tratado de Lisboa, cuando esa sería la única forma de poner en práctica nuestras bellas palabras.

 
  
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  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, quiero empezar felicitando − o incluso agradeciendo − tanto a la señora Kallenbach como al señor Guellec sus informes, y también a la Comisión de Desarrollo Regional, por su excelente trabajo tanto con el cuarto informe de cohesión como con el informe sobre cohesión territorial.

La Comisión comparte plenamente su opinión de que la política de cohesión europea ha realizado una contribución importante para reducir las disparidades existentes en la Unión Europea y favorecer con ello la integración europea, y también para acercar la Unión a sus ciudadanos. Por ello, la Comisión rechaza de pleno los intentos de renacionalización de esta política.

Compartimos también su opinión de que, en el futuro, se tienen que garantizar suficientes recursos financieros para la política de cohesión, con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos anticipados, que tendrán un importante impacto territorial en toda Europa. Debemos tener también en cuenta que, al mismo tiempo, la política de cohesión tendrá que seguir enfrentándose a las disparidades regionales resultantes de las últimas y las próximas ampliaciones.

Les puedo asegurar que, en el contexto de la «lisbonización» de nuestra política, la gran prioridad de la política de cohesión europea es, y seguirá siendo después de 2013, el objetivo de la reducción de disparidades, como se consagra en el Tratado de Reforma. La dimensión de solidaridad de la política es aquí esencial y la asignación de recursos mantendrá, desde luego, una relación inversa con la prosperidad de los países y las regiones.

Esta opinión es compartida también por la gran mayoría de partes implicadas en toda la Unión. Se comparte también la opinión de que la política de cohesión europea es mucho más que simplemente un mecanismo distributivo de recursos entre Estados miembros y regiones; esta política es, primera y principalmente, una política de desarrollo cuyo objetivo es promover el desarrollo endógeno de todas las regiones europeas.

La Comisión comparte, asimismo, su preocupación por la necesidad de una mayor coherencia entre la política de cohesión europea y otras políticas sectoriales de la Comunidad, sobre todo en materia de desarrollo rural, investigación y competencia. Yo añadiría aquí que la necesidad de coherencia entre las diferentes políticas de desarrollo se aplica también a la coordinación entre la política de cohesión europea y las políticas nacionales. Estoy convencida de que se trata de un aspecto fundamental para el futuro de la cohesión europea, también en su dimensión territorial.

Comparto plenamente su opinión de que el éxito de la Agenda Territorial y la Carta de Leipzig depende de dos condiciones. Primero, necesitamos poner en práctica un enfoque integrado del desarrollo territorial con el fin de evitar la fragmentación de nuestros territorios. Un ejemplo clásico aquí es pensar en categorías de estrategias puramente rurales o urbanas, que pasan por alto la importancia clave de las verdaderas regiones económicas.

Por otra parte, el enfoque integrado implica también la necesidad de integrar diferentes políticas sectoriales, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, y eso es algo que afecta al desarrollo de todos nuestros territorios.

La segunda condición, como bien han dicho ustedes, es la necesidad de que la Comisión vigile y evalúe periódicamente el progreso de las acciones emprendidas en el marco de la Agenda Territorial, y aquí tenemos que saber más sobre los efectos de esas acciones en los Estados miembros, de manera que la Comisión pueda ofrecerles una asistencia adecuada. Por ejemplo, con una mejor labor de vigilancia, la Comisión podrá avanzar en la definición de indicadores de cohesión territorial.

Está claro que la Comisión ve con buenos ojos – al igual que en su informe – la introducción del concepto de dimensión territorial de la cohesión en el Tratado de Lisboa, y ahora tenemos que sacar el máximo provecho de esta nueva dimensión de la política de cohesión y de las posibilidades que ofrece, como, por ejemplo, la nueva definición de subsidiariedad que da más peso a las autoridades locales y regionales. Por eso, la Comisión ha incluido el Libro Verde sobre cohesión territorial en nuestro programa legislativo y de trabajo para 2008.

Aunque todavía no existe una definición común del concepto, la cohesión territorial sintetiza los objetivos legales de la Unión para conseguir un equilibrio sostenible y un desarrollo armonioso de su territorio, y también para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de interés general. Todos sabemos hoy que existen una serie de aspectos del equilibrio territorial en la Unión que amenazan al desarrollo armonioso de la economía y la sociedad de la Unión en los próximos años. Esos aspectos son de ámbito europeo, nacional y regional y afectan también a algunas zonas concretas y a las regiones ultraperiféricas.

Celebro poder confirmar que las recomendaciones básicas contenidas en el informe de la señora Kallenbach, en lo que respecta a la definición del concepto de cohesión territorial y a la aplicación de un enfoque integrado al desarrollo territorial, así como la mejora de las sinergias entre las políticas comunitarias, serán tenidas todas ellas en cuenta cuando elaboremos nuestro Libre Verde, que será aprobado por el Colegio el próximo mes de septiembre.

Permítanme aprovechar también esta oportunidad para informarles de que estamos avanzando con los Estados miembros en nuestro enfoque común de la cohesión territorial y sus componentes básicos. Actualmente estamos trabajando en las respuestas al cuestionario sobre cohesión territorial que hemos enviado a 25 Estados miembros y que nos permitirá hacer verdaderos progresos.

Además, hemos creado en la Comisión un grupo interservicios que nos está proporcionando un marco para trabajar internamente en la cohesión territorial, y ya hemos finalizado la primera parte de esta iniciativa: la identificación de la dimensión territorial de las políticas comunitarias básicas. Ahora nos hemos embarcado en el proceso, concretamente, en el proceso de creación de nuevas herramientas que atienden también su petición. Como probablemente sepan, la investigación de la evaluación del impacto territorial de las políticas, y también el desarrollo de indicadores de cohesión territorial, son algunas de las prioridades del nuevo programa ESPON reforzado.

En cuanto a las cuestiones urbanas, en marzo conoceremos los resultados de la auditoría urbana que ha finalizado ya y el segundo informe sobre el estado de las ciudades europeas está anunciado para junio de 2009. URBACT II se ha convertido en un instrumento estratégico para el trabajo en red y para los intercambios en materia de desarrollo urbano.

Mi impresión es que, en el caso de ambos informes, sus opiniones y las de la Comisión coinciden en gran medida, y ahora espero con interés el debate para conocer mejor lo que les preocupa.

 
  
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  Nathalie Griesbeck, ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias a nuestros ponentes, sobre todo a Ambroise Guellec, por su presentación y su trabajo con este informe. Como ponente permanente para las cuestiones relacionadas con los fondos estructurales en nombre de la Comisión de Presupuestos, yo también quiero insistir muy brevemente en los aspectos presupuestarios.

Esta política es hoy una de las más importantes para la solidaridad entre los pueblos de Europa en términos presupuestarios. Ahora, como ya hemos escuchado esta mañana, lo más importante es optimizar cada vez más la eficiencia de las políticas de cohesión. La Comisión de Presupuestos desea llamar la atención del Parlamento sobre una serie de indicadores preocupantes, como los retrasos en la ejecución y los compromisos pendientes.

Quiero insistir en lo que me parecen algunos puntos destacados en esta problemática. La UE tiene que tratar urgentemente de simplificar los procedimientos, como la prestación de asistencia técnica, en la elaboración y ejecución de muchos proyectos que necesitan nuestros países.

Es también imperativo que procedamos a un reparto claro de responsabilidades entre la UE y los Estados miembros para garantizar una mejor gestión compartida, y acojo con satisfacción las palabras de la señora Comisaria respecto a la decisión tomada el martes de aprobar un plan de acción sobre la estrategia de auditoría para los fondos estructurales.

Algo que llevo mucho tiempo diciendo, y que me alegro de que la señora Comisaria lo acabe de mencionar, es la necesidad de establecer indicadores cualitativos y cuantitativos del rendimiento que sean comunes a todos los Estados miembros, para evaluar las necesidades presupuestarias y ayudar a definir el próximo marco legislativo para el período plurianual posterior a 2013 y, en una palabra, para hacer más visible la presencia de Europa en relación con las políticas comunitarias y los ciudadanos europeos.

 
  
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  Pedro Guerreiro, ponente de opinión de la Comisión de Pesca. − (PT) Tengo que empezar lamentando que la Comisión de Desarrollo Regional no haya incorporado ninguna de las enmiendas que la Comisión de Pesca ha presentado con relación al Cuarto informe sobre la cohesión. Esas enmiendas destacan, por ejemplo, la contribución del sector de la pesca a la situación socieconómica de las comunidades pesqueras en regiones de convergencia, en regiones que sufren desventajas geográficas o naturales permanentes, como las regiones ultraperiféricas, pero también en comunidades pesqueras pobres dentro de regiones más prósperas. Lamento, asimismo, que la cuantía financiera del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en una Unión de 27 miembros, no difiera significativamente del presupuesto del IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca) en una Unión de 15 miembros. El FEP requiere, por tanto, una mayor dotación financiera.

Por eso he vuelto a presentar, en este período parcial de sesiones, dos enmiendas que vienen a subrayar la importancia de la política estructural de la pesca para la cohesión económica y social.

 
  
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  Oldřich Vlasák , en nombre del Grupo del PPE-DE. – (CS) Señora Comisaria, Señorías, los informes que estamos debatiendo hoy son importantes no sólo por la forma en que abordan la situación actual de nuestra política de cohesión y su dimensión territorial, sino también porque centran nuestra atención en el futuro más allá del año 2013. Quiero, llegados a este punto, dar las gracias a la señora Kallenbach y al señor Guellec por su excelente trabajo y su mentalidad abierta.

Los dos informes, como han dicho los ponentes, son complementarios y deben considerarse conjuntamente. La cohesión territorial, en virtud de su inclusión en el Tratado de Lisboa, se ha convertido en un concepto tan importante como el de la cohesión económica y social. Pero la cohesión territorial como concepto está menos investigado y se entiende peor. La cohesión territorial, hasta la fecha, carece incluso de una definición clara. El objetivo general de la cohesión es reducir las diferencias, pero esas diferencias siguen existiendo y son más pronunciadas en las regiones fronterizas entre el antiguo Bloque del Este y el Occidente democrático. La cohesión territorial, en mi opinión, se refiere también a la cohesión de las ciudades y el campo. Es indiscutible que las ciudades son el motor del crecimiento en todos los países y, por tanto, es lógico que la cuestión del desarrollo urbano se incluya en nuestra propuesta de resolución y que, al mismo tiempo, se pida el refuerzo del enfoque integrado. Ahora bien, en el futuro habrá que mejorar y simplificar el acceso de las concentraciones urbanas a los fondos estructurales y promover unos vínculos más estrechos entre las autoridades municipales y los promotores cuando se financien proyectos de desarrollo urbanístico con fondos privados.

Hemos aprobado la Carta de Leipzig y ahora tenemos que empezar a ponerla gradualmente en práctica. Al mismo tiempo, tenemos que crear unas buenas condiciones de vida en el futuro, para el desarrollo de nuestro territorio. Estoy convencido de que tenemos que analizar con detenimiento si es mejor enmarcar la política rural en la política agrícola común, o si debemos considerar una solución diferente.

Señorías, un último comentario. El debate sobre la política de cohesión es, sobre todo, un debate sobre la asignación de fondos. Es evidente y positivo que la política de cohesión se está fortaleciendo y está empezando a figurar en el presupuesto europeo. La política de cohesión tendrá que hacer frente a fenómenos nuevos, como el envejecimiento y la disminución de la población europea, la inestabilidad de los suministros energéticos y el deterioro del medio ambiente. Por eso es necesario que esta política se adapte en consecuencia y que se le garanticen fondos suficientes.

 
  
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  Constanze Angela Krehl, en nombre del Grupo del PSE. (DE) Señora Presidenta, Señorías, el señor Vlasák tiene razón al decir que nos espera la tarea de formular una política de cohesión para el período posterior al año 2013. Hemos utilizado estos dos informes para abordar la cuestión. De hecho, hemos aglutinado en ellos todo lo que pensamos que es importante en este contexto.

Pero quiero recordarles que debemos tener en cuenta los objetivos estratégicos de la política de cohesión europea, que son, básicamente, la reducción de disparidades en las condiciones de vida entre las regiones de la Unión Europea y el apoyo a las estrategias de Lisboa y Göteborg. Si el Parlamento Europeo desea contribuir a modelar la futura política de cohesión, pienso que tiene que concentrarse en las estrategias clave, en lugar de volver al principio de la «regadera». Tenemos que afrontar los nuevos retos que puedan surgir en el contexto de la política de cohesión. Permítanme ponerles algunos ejemplos: cambios demográficos, protección del clima, despoblamiento regional y también una política urbana europea moderna.

Desde mi punto de vista, el enfoque de «igualdad de oportunidades para los ciudadanos y las regiones» es fundamental para encontrar soluciones en este ámbito. Creo que el aumento de las inversiones en educación, investigación, innovación y sus infraestructuras es cada vez más importante y, en mi opinión, realmente sostenible. Ahora bien, esto sólo podrá funcionar en el futuro si conseguimos una mayor implicación de los ciudadanos europeos en el desarrollo de programas y proyectos, como lleva tiempo pidiendo el Parlamento Europeo y vuelve a pedir en estos informes.

Quiero hacer un llamamiento a los Estados miembros – me parece lamentable que no contemos hoy aquí con la presencia de algún representante del Consejo − y decir que les estamos mandando algunos deberes. Si queremos financiar otras actividades adicionales en el marco de la política de cohesión, tendremos que disponer de los recursos financieros necesarios para ese fin.

 
  
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  Grażyna Staniszewska, en nombre del Grupo ALDE. (PL) El Cuarto informe sobre la cohesión y el informe del señor Guellec destacan el éxito de la política de cohesión para reducir disparidades entre los Estados miembros. Destacan también el crecimiento en los países antes más retrasados, como Grecia y Portugal. Pero, al mismo tiempo, confirman el llamativo fracaso de esta política en sus intentos de unificar el nivel de desarrollo entre regiones.

Es lamentable que los Estados miembros consientan la indebida concentración de inversiones y otros motores del desarrollo en las capitales nacionales. En las regiones se da una situación parecida, puesto que la inversión tiende también a concentrarse en las zonas centrales, impidiendo con ello que toda la región se desarrolle al mismo ritmo. Las diferencias dentro de una misma región y entre distintas regiones de la Unión Europea son considerablemente mayores que en los Estados Unidos o Japón.

Todo apunta a la necesidad de introducir un mecanismo que favorezca la descentralización en los Estados miembros. Se necesita una política regional a largo plazo, pero dinámica, para las próximas perspectivas financieras. El informe del señor Guellec indica claramente la necesidad de establecer vínculos adecuados entre la Estrategia de Lisboa y la política de cohesión. La segunda no debe convertirse en un mero instrumento de la primera. La política de cohesión aspira a un desarrollo sostenible y armonioso, y ese es un importante fin en sí mismo. Es la forma más barata de evitar que se produzcan situaciones que pueden terminar siendo muy costosas. Estoy pensando en conflictos, flujos masivos de emigración e inmigración, traslado de empresas y hechos similares, todos los cuales suponen un trastorno para las poblaciones locales.

Además del Tratado de Lisboa, el informe aprobado hoy insiste en la importancia de la dimensión territorial. Pero existe una necesidad urgente de aclarar este concepto y de definir sin ambigüedades lo que implica la dimensión territorial. En la actualidad utilizamos este término de forma algo ambigüa, dando pie a muchas interpretaciones distintas. En algunas partes del informe del señor Guellec, este concepto se antepone a la política de cohesión económica y social, mientras que en otras se presenta como complementario. En algunos casos, se refiere a la igualdad de acceso a los servicios, mientras que en otros implica la distribución equilibrada de centros de investigación, por ejemplo.

Me parece lamentable que el debate en torno al Libro Verde sobre la cohesión territorial se haya programado para otoño, después del informe sobre la política de cohesión. El Libro Verde tendría que debatirse mucho antes.

 
  
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  Mieczyslaw Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. (PL) Señora Presidenta, señora Comisaria, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quiero agradecer a los dos ponentes su trabajo.

El término cohesión ha adquirido un significado especial en la Unión. Las referencias a la necesidad de reducir diferencias entre las distintas regiones para unificar las economías nacionales y favorecer un desarrollo armonioso se remontan al Tratado de Roma.

El Cuarto informe abarca el período 2000-2006 y es el tema del informe Guellec, que contiene muchas y valiosas conclusiones. En dicho informe se resume la situación en todos los Estados miembros. Se indican también las regiones donde las disparidades son mayores. La reducción de disparidades en esas regiones tiene que plantearse como una empresa a largo plazo.

El informe presentado por la Comisión contiene muchos parámetros comparativos que no aparecían en anteriores documentos. No obstante, se sigue sugiriendo la utilización de indicadores que complementen al PIB básico por habitante en relación con diferentes niveles NUTS.

La política de cohesión es el fundamento de la integración y realiza una valiosa contribución al desarrollo armonioso de la Unión. Sus aspectos regionales, locales y medioambientales son importantes en este contexto, como ha mencionado ya la señora Staniszewska. Nosotros debemos reconocer también su repercusión en la innovación y la competitividad de la Unión y, por tanto, en la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Las cuestiones demográficas son también importantes, ya que algunas regiones corren el peligro de despoblarse.

Cuando nos referimos a la cohesión, lo hacemos desde el punto de vista económico y social. Se necesita urgentemente una definición correcta del término cohesión territorial. La cohesión debe entenderse como la seguridad de que, con independencia de su lugar de residencia, los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de igualdad de oportunidades de acceso a servicios sanitarios, educación, cultura, Internet y transporte, por ejemplo. La política de cohesión debe reforzarse y mejorarse con recursos suficientes de la Unión. La cuestión urbana es particularmente importante, como ha señalado la señora Kallenbach.

Recientemente se ha planteado el tema de cómo elegir entre cohesión o competitividad, igualdad o eficiencia. Mi breve respuesta es elegir ambas cosas, en su debida medida.

 
  
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  Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, a finales del decenio de 1990 la filosofía imperante en la Unión Europea era que la capacidad de integración de la Unión debía medirse por el éxito del mercado interior. Pero la esperanza de que los problemas existentes en la Unión Europea puedan resolverse con los conceptos de desarrollo del mercado interior, acuñados pensando exclusivamente en el crecimiento económico, sigue sin cumplirse.

El mercado interior europeo basó el crecimiento de la actividad económica en centros de gravedad, los cuales atraían más actividad a costa de las regiones desfavorecidas y el medio natural. Pero incluso en los mismos centros, no todo el mundo podía disfrutar de los beneficios; por el contrario, la pobreza aumentó, causando tensiones y agitación.

Hoy, la Comisión está cometiendo el mismo error. Está subordinando la política de cohesión a la estrategia de Lisboa. En lugar de dar realmente prioridad a los problemas de las regiones más desfavorecidas y promover únicamente los proyectos de desarrollo sostenible, está invirtiendo en conceptos obsoletos de infraestructuras y, en consecuencia, sólo en los centros económicos. Los municipios y las regiones tendrán que depender de los grandes bancos europeos durante generaciones. En mi opinión, se trata de un problema generalizado, porque en el fondo, las próximas generaciones tendrán que pagar el precio del fracaso de las políticas de desarrollo. Y eso, a su vez, producirá movimientos migratorios – mi colega, la señora Krehl, ya los ha cuantificado – y motivará también una actitud antieuropeísta al no compartir los beneficios algunos segmentos de la población. Estas estrategias están abocadas al fracaso.

Creo que debemos tratar de no arriesgar la cohesión interna de la Unión Europea. La cohesión económica y social tiene que seguir siendo realmente un ámbito distinto de la política y todas las regiones y todos los pueblos de Europa tienen que poder disfrutar de sus beneficios. Eso será posible sólo si la política de cohesión se basa en un modelo social inspirado de verdad en la solidaridad y en modelos de desarrollo sostenible que no se lleven adelante a costa del medio ambiente.

 
  
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  Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL. − (PT) En esta breve intervención sobre una cuestión tan importante como es el futuro de la política de cohesión en la Unión Europea, sólo podemos destacar algunos de los principios fundamentales que creemos que deberían guiar este debate.

Primero, la política regional es un instrumento indispensable para la promoción de la tan valorada cohesión económica y social. Se trata de una política estructural que debe tener como primer y principal objetivo, como ya se ha dicho, la reducción de disparidades en los niveles de desarrollo de distintas regiones y el atraso de las regiones más desfavorecidas, la promoción de una convergencia real y el estímulo del crecimiento y el empleo. Tiene, por tanto, que servir como instrumento de redistribución y compensación de los crecientes costes del mercado único, de la Unión Económica y Monetaria y de la liberalización del comercio internacional para los países y regiones menos desarrollados de la Unión Europea.

Segundo, la política de cohesión y los recursos financieros destinados a la misma tienen que utilizarse para promover proyectos de desarrollo económico, social, ambiental y territorial. Así pues, estos proyectos no tienen que supeditarse a una política que tenga como prioridad y dogma la competencia, la desregulación o lo que se entiende por adaptabilidad y espíritu emprendedor, que son prioridades de la Estrategia de Lisboa. En otras palabras, consideramos que la denominada competitividad no debe sustituir a la convergencia en los Estados miembros y en las regiones que se enfrentan a un retraso en su desarrollo socioeconómico.

Tercero, los actuales recursos financieros que la Comunidad destina a la política de cohesión son insuficientes para responder a las necesidades de una convergencia real, a las disparidades regionales, a los elevados niveles de desempleo o a las desigualdades de renta y pobreza en la Unión Europea, por lo que reiteramos la necesidad de aumentar el presupuesto comunitario, teniendo como objetivo central y primordial la promoción de la cohesión económica y social en toda la Unión Europea.

 
  
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  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, he leído los informes de la señora Kallenbach y el señor Guellec con interés. La cohesión de los países europeos sigue siendo un tema fascinante. La integración de la política interior y la cooperación entre los Estados miembros y las regiones de la UE está tomando cada vez más forma. El informe de cohesión demuestra claramente que esa estrategia consigue resultados. La cohesión entre los Estados miembros ha aumentado.

Al mismo tiempo, demuestra que la cohesión entre regiones dentro de los Estados miembros es cada vez menor, sobre todo entre regiones urbanas y no urbanas. En mi opinión, las autoridades nacionales, regionales y locales tienen un papel importante justamente en ese tipo de situaciones. No entiendo, pues, por qué se ha rechazado de antemano la posibilidad de que los Estados miembros aumenten por su cuenta su contribución al desarrollo regional.

Es demasiado pronto para saber cuánto tiempo debe mantenerse la política actual. Está claro que plantea algunos retos específicos. Pero analicemos también si puede resolver la llamada divergencia; es decir, no sólo la cohesión a nivel de cada Estado miembro, sino también a nivel regional, entre y dentro de los Estados miembros. Puesto que probablemente no sea ese el caso, conviene adoptar un enfoque diferente que dé mayor protagonismo a los Estados miembros. Nadie conoce mejor la situación nacional y regional que los respectivos Estados miembros. Ellos pueden idear soluciones que hagan factible el logro de los objetivos de cohesión a escala subnacional.

 
  
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  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Señora Presidenta, la Comisión Europea está tan preocupada con la cohesión entre los Estados miembros y dentro de ellos que ha destinado 350 000 millones de euros a este fin de aquí a 2013.

Se ha anunciado también un Libro Verde porque en Bruselas, siempre que surge un problema, tiene que escribirse un libro sobre él. Existe, desde luego, un problema de cohesión entre Europa Occidental y Europa Oriental, entre la Europa de los pueblos y la Europa de las ciudades, y entre la Europa de los barrios ricos y la Europa de los barrios obreros.

¿Pero de quién es la culpa? ¿Quién ha despoblado los pueblos donde se producía vino y se criaba ganado, señora Presidenta, en Grecia, donde se producía tabaco, algodón y aceite de oliva? ¿Quién, y qué políticas, han cerrado miles de oficinas de correos en Suecia, Alemania y Francia? ¿Quien ha abandonado las estaciones de tren rurales, las vías férreas y las maternidades? ¿Es el viento en los puertos el que destruye las artes de pesca, el sustento de los pescadores, los comercios y los astilleros? ¿Son los lobos en los Pirineos y los Alpes los que se comen a los pastores o a los corderos importados de Nueva Zelanda?

Todos conocemos la respuesta: han sido la política de comercio internacional practicada por la Comisión a través del acuerdo GATT y la OMC quienes han ocasionado el cierre de 90 explotaciones diarias en España y Francia en los últimos 20 años. Ha sido la supresión dogmática de la protección aduanera la que ha destruido los equilibrios industriales bajo una oleada de importaciones.

Ahora, para conseguir la cohesión, tenemos primero que asegurar la coherencia entre distintas políticas. No podemos apostar por una política en Cotonou con los estados ACP para luego incumplirla en Ginebra con el comercio del plátano. No podemos establecer una preferencia comunitaria para los productos rurales entre 1962 y 1986, para luego incumplir todo eso con el libre comercio en las Rondas de Uruguay o Doha.

La cohesión exige, por tanto, una cierta dosis de coherencia en las decisiones. Señora Comisaria, o construimos Europa o construimos el mundo. O nos centramos en los aspectos sociales, o nos centramos en el mundo.

 
  
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  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, señora Hübner, la naturaleza diferente y peculiar de este Cuarto Informe radica en que no sólo somete la política actual a una profunda reflexión, sino que mira hacia el futuro y hacia los nuevos retos que Europa tiene que afrontar. Considera la globalización y sus efectos, el cambio climático, los problemas de la energía y los retos demográficos. Es bueno que estemos ocupándonos de estas cuestiones ahora, sobre todo justo antes del receso de primavera este mes de marzo. El señor Guellec ha realizado un excelente trabajo. Ha dicho que la política de cohesión no debe cambiar en lo esencial – lo que se reitera expresamente en el nuevo Tratado – pero que el contenido de los compromisos y de los programas regionales sí que debe cambiar.

Esta semana nos hemos ocupado también de la Estrategia de Lisboa y lo que me llama la atención es la necesidad de avanzar con decisión y realizar una contribución expresa, destinando el 60 ó 65 % del presupuesto de cohesión a este fin. Así se demostrará hasta qué punto la política de cohesión permite afrontar el reto de las nuevas circunstancias. Lo que se dice en el informe Kallenbach es también importante, que consideremos la cohesión territorial como una función básica de la Unión Europea. La globalización se centra en algunas regiones clave, las zonas metropolitanas, y la respuesta de Europa es que es fundamental compartir el conocimiento y las condiciones creadas para promover el espíritu empresarial en todas las regiones, también en las zonas rurales. Ese es el nuevo plan de trabajo.

El PPE ha optado finalmente por no recurrir a la renacionalización como respuesta al debate sobre 2013. Con ello se consigue una mayor coherencia entre la política de I+D e innovación, el mercado interior y los entresijos de la Unión, combinando la economía basada en el conocimiento – que a la larga se verá implicará en esto − con un alto nivel de empleo y prosperidad en nuestras regiones.

Suscribo con placer la iniciativa relativa a la transparencia que ha propuesto la señora Hübner. Los ciudadanos tienen que saber lo importante que es para ellos esta política.

 
  
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  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Señora Presidenta, querría comenzar mi intervención agradeciendo a la señora Kallenbach y, especialmente, al señor Guellec la labor que han desarrollado en estos informes y que ha posibilitado un acuerdo mayoritario en el marco de la Comisión de Desarrollo Regional.

La política europea de cohesión ha sido un ejemplo de una política exitosa en la Unión Europea, cumpliendo los principios en los que se sostiene y que ha permitido contribuir a la eliminación de las desigualdades.

Países como España han obtenido indudables resultados en materia de convergencia, gracias a la política de cohesión. Por ello, nos reafirmamos en el papel que se ha desempeñado en el refuerzo de la capacidad de los Estados miembros para su desarrollo y la creación de puestos de trabajo avanzando en la formación del capital humano.

Pero asimismo debemos asumir que las desigualdades territoriales se mantienen y, por ello, tenemos que dar una respuesta firme con el fin de avanzar en una política que afronte nuevos retos como el envejecimiento o los procesos de despoblación en determinadas áreas, sobre todo del medio rural.

Debemos poner de manifiesto los retos pendientes con el fin de reducir las disparidades regionales e interregionales, y llegar a conseguir un desarrollo económico y tecnológico, para lo que el enfoque dirigido al cumplimiento de la Estrategia de Lisboa debe ser un eje prioritario, sin olvidar otros elementos como son los cambios demográficos.

Para conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible de la política regional de la Unión, ésta debe conducirse en estrecha cooperación con los actores regionales y en coordinación con las demás políticas. Asimismo somos conscientes de la necesidad de impulsar medidas concretas para reducir las disparidades entre las regiones accesibles y las regiones con desventajas estructurales, como las montañosas, insulares o escasamente pobladas.

Por ello, de cara al futuro, es indispensable mantener una apuesta firme por una política de cohesión reforzada, con importantes recursos financieros que afronten todos los desafíos.

Ayer en este Parlamento aprobábamos, con una gran mayoría, el Tratado de Lisboa y hoy debemos impulsar un nuevo elemento de este Tratado, donde se establece la cohesión territorial como un objetivo fundamental de la Unión para avanzar en un futuro más próspero de Europa.

 
  
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  Jean Marie Beaupuy (ALDE). (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, tengo que decir, señora Comisaria, que mientras escuchaba su respuesta a los dos informes de nuestros colegas, señor Guellec y señora Kallenbach, he tenido la impresión de que no hacía falta que yo dijera nada, porque era evidente que nos estaba demostrando que nos había entendido perfectamente.

Esta es una primera etapa, y me complace extremadamente felicitar a esta Cámara, porque los excelentes informes elaborados por usted, sus colaboradores, nuestra comisión y nuestro Parlamento han conseguido un elevado grado de cohesión entre nuestros puntos de vista. Pero ahora, además de esa cohesión, tenemos que pasar a la acción, porque está muy bien que consigamos cohesión entre nosotros, pero tenemos también que producir algunos resultados concretos.

Esto me parece posible a través del Libro Verde que están preparando ustedes para el próximo otoño, y aquí quiero mencionar dos puntos que me interesan especialmente y que me parecen esenciales para poner en práctica toda la política de cohesión y la Carta de Leipzig que tanto deseamos.

Esos dos puntos son los siguientes: primero, la necesidad, que usted ya ha mencionado y que quiero reiterar en los términos más enérgicos, de demostrar coherencia entre las diferentes políticas de la Unión Europea con relación a las zonas urbanas y periurbanas. Ayer por la noche tuvimos un debate sobre demografía. Ayer por la tarde tuvimos un debate sobre transporte. Y antes de eso tuvimos un debate sobre asuntos sociales. Todas las DG de la Comisión están implicadas, todas las comisiones del Parlamento Europeo están implicadas ... Hace falta poner coherencia en todo esto dentro del microterritorio de la ciudad y de su entorno. Espero que del Libro Verde salga una posición.

Segundo punto. ¿Cómo podremos conseguirlo nosotros, el Parlamento y la Comisión, aunque nos pongamos de acuerdo en todo esto, sin la adhesión de los ciudadanos y los Gobiernos? Ya le he dicho, señora Comisaria, que tenemos que realizar un enorme esfuerzo en materia de comunicación, y ya sé que usted se ha comprometido a hacerlo, para que todas nuestras intervenciones, todos nuestros comentarios, todas nuestras expectativas en materia de cohesión, sean dichas con palabras y frases que animen a los Gobiernos a actuar y a persuadir y motivar a nuestros conciudadanos.

Estos son los dos puntos principales, señora Comisaria, que espero ver en el Libro verde. Después de escucharnos, confío en que nos ayude a encontrar aplicaciones concretas.

 
  
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  Wieslaw Stefan Kuc (UEN). – (PL) Señora Presidenta, señora Comisaria, uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es reducir las diferencias en los niveles de desarrollo y renta entre los distintos países y regiones. Esas diferencias se han acusado en los últimos años, porque con las últimas ampliaciones han entrado en la Unión países mucho menos desarrollados.

Se estima en más de 15 años el retraso de esos países con respecto al resto. La única forma de reducir esas diferencias es mediante un rápido desarrollo, lo cual plantea un reto importante, sobre todo si se tienen en cuenta los recortes en los recursos financieros y las limitadas oportunidades que tienen los países más atrasados de utilizar dichos recursos. Es poco probable que el éxito conseguido en España, Portugal, Grecia e Irlanda se repita, y desde luego no a corto plazo. Es también poco probable que alcancemos a los Estados Unidos y a Japón en un futuro próximo. Pero debemos recordar que los comienzos son siempre difíciles, y pensemos en la República Checa como un ejemplo positivo de todo lo que puede conseguirse. Las expectativas de vida de los ciudadanos han cambiado y siguen cambiando, lo que augura un buen futuro. Además, la Estrategia de Lisboa establece directrices claras para nuestras acciones.

Termino dando las gracias sinceramente a los ponentes por sus presentaciones. Veo que el señor Martínez no está ya en la Cámara, pero tengo que añadir que discrepo totalmente de su intervención.

 
  
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  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Señora Presidenta, es un placer contar con la presencia de la señora Comisaria aquí en el Parlamento. Esperamos volver a verla dentro de poco en Escocia y seguir manteniendo nuestra fructífera cooperación en lo que respecta a esta política.

Antes de comentar brevemente algunas cuestiones, quiero hacerme eco de los comentarios del señor Guerreiro sobre las ayudas al sector de la pesca en el marco de la política de cohesión. Nosotros apoyaremos sus enmiendas, y creo que este sector tiene una especial importancia estratégica en nuestra geografía.

Quiero insistir en la petición de unas mejores estadísticas formulada por el ponente, sobre todo para la selección y el control de la eficiencia de los programas de financiación. Parece muy claro, tal como están las cosas, que la selección a los niveles NUTS I, NUTS II o incluso NUTS III es un objetivo general y algo disperso. Celebro que, en el futuro, los flujos de financiación se orienten más hacia actividades temáticas, ya sea la Agenda de Lisboa, la promoción de una economía del conocimiento, la promoción de I+D, la cooperación transfronteriza o las ayudas al sector de la pesca en el marco de la Agenda de Lisboa.

Ese es, creo, el futuro de una política de cohesión realmente vibrante para la Unión Europa, que es en gran medida la joya de la corona de la UE. Ha conseguido acercarla a nuestros ciudadanos y nos ha convertido en una Unión donde los Estados miembros pueden seguir siendo un conjunto de estados diferentes.

Tenemos muchas posibilidades de hacer que esta política sea aún más relevante y esperamos con interés las declaraciones de la señora Comisaria sobre el Libro Verde en su intervención.

 
  
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  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Señor Presidente, los dos informes presentados hoy muestran lo necesaria que resulta la política de cohesión, y la manera en que tal política debería ser ejecutada. El desarrollo regional equilibrado es de suma importancia. El informe del señor Guellec se centraba en asegurar que los fondos regionales sean suficientes y que vayan destinados a cubrir las necesidades de los ciudadanos y de las regiones de manera eficaz. El único modo de abordar la política de cohesión es como herramienta de aplicación para la estrategia de Lisboa. Quisiera felicitar al ponente.

Irlanda se ha beneficiado en gran medida de los fondos de cohesión y, para que otros países se beneficien en idéntica medida, debemos asegurar que los recursos crecientes se dirijan a favorecer el desarrollo regional y a abordar la exclusión social. No sólo debe disminuirse la brecha de las disparidades entre los Estados miembros, sino que debemos disminuir también las que existen en el interior de los Estados miembros, así como entre las regiones.

El señor Guellec informa sobre los impresionantes índices de crecimiento registrados en Irlanda, España, Portugal y Grecia entre los años 2000 y 2006. Sin embargo, ha destacado que, a pesar de este crecimiento, existen grandes disparidades entre las regiones en el interior de estos países.

Quisiera felicitar igualmente a la señora Kallenbach por su informe, y recibo con especial satisfacción que haga hincapié en el refuerzo del papel que deben desempeñar las autoridades urbanas locales para conseguir que el acceso a los servicios públicos se encuentre disponible para todos los ciudadanos. Existe la necesidad de dotar de una capacitación de poderes a escala local, del respeto por el medio ambiente y de una calidad elevada de servicios públicos que esté disponible universalmente para que el medio urbano sea un lugar atractivo en el que vivir y trabajar.

El desarrollo sostenible constituye un gran reto para las áreas urbanas en el siglo xxi, y el marco que nos ha presentado hoy la señora Kallenbach puede ayudarnos a afrontarlo.

 
  
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  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Señora Presidenta, en estos informes se describen las disparidades existentes entre las economías rurales y urbanas, entre ricos y pobres, sobre todo en Europa Oriental, y entre los desfavorecidos y el resto de la sociedad.

La respuesta, aparentemente, consiste en ofrecer un amplio catálogo de actividades de desarrollo cultural, económico y técnico y la creación de un tejido social. Se destaca el éxito de esos programas en Irlanda, España, Portugal y Grecia para reducir las desigualdades y favorecer estrategias, marcos y programas de acción similares que generen progreso en las zonas afectadas, sobre todo en Europa Oriental. En concreto, se mencionan los fondos de cohesión. Ese es el quid de la cuestión. En los últimos años se han destinado 65 000 millones de euros a esos programas en los países occidentales más necesitados, pero Europa Oriental es mucho más pobre de lo que jamás lo fueron esos países. Así que esas subvenciones – porque eso es lo que son − se sacarán de los países que las siguen recibiendo y de una hucha cada vez más pequeña, a medida que los helados vientos económicos de Estados Unidos nos alcancen.

Lamentablemente para todos sus ciudadanos – los ricos y también los pobres –, esas subvenciones son traicioneras en sí mismas, porque restan iniciativa a los ciudadanos y favorecen una cultura de dependencia.

Si realmente quieren ustedes ayudar, presten atención al Profesor Buchanan, de la London School of Economics. En su artículo dice claramente que «para ayudar a un país pobre, el comercio vale seis veces más que las ayudas». ¿Aprenderán ustedes alguna vez eso? O, por decirlo de otra manera, si en un país pobre se le da pescado a un hombre hambriento, se le alimenta para un día. Pero si se le enseña a pescar, se le alimenta para toda la vida.

 
  
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  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, no es necesario volver a insistir aquí en la importancia política del Cuarto informe sobre la cohesión económica y social. Estoy de acuerdo con el ponente en todas las cuestiones básicas y le felicito por su excelente trabajo. Hace bien en insistir en que los nuevos desafíos anticipados se podrán afrontar únicamente si la política de cohesión sigue siendo una política comunitaria, lo que en cualquier caso está de acuerdo con el Tratado. Por tanto, en su informe rechaza claramente todo intento de renacionalización de esta política. El requisito previo es, no obstante, un presupuesto de cohesión equilibrado para la UE.

Es cierto que hacen falta recursos suficientes para salvaguardar el desarrollo armonioso de todas las regiones en la UE y para afrontar los nuevos retos. Pero existe una opinión diferente sobre la elección de las palabras en el informe sobre la demanda de recursos financieros en el marco de la política de cohesión después de 2013. Al igual que muchos de mis colegas, a mí no me parece bien que en esta primera etapa, en 2008, el informe deba pedir anticipadamente más recursos financieros para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que justo ahora se nos está criticando, y con razón, por no utilizar siempre, en tiempo, toda la financiación disponible.

Por tanto, la Comisión ha conseguido un buen texto de compromiso que, sin embargo, se aplica únicamente al texto de la resolución y no a los considerandos. Así que no debemos incluir ninguna declaración conflictiva en los considerandos, sino mantener la coherencia con el texto que dice «suficientes recursos para una política de cohesión equilibrada».

En definitiva, se trata de una cuestión de credibilidad: en el pasado, la política de cohesión ha conseguido éxitos duraderos y puede que también los consiga en el futuro si dispone de recursos suficientes, sin que tengamos que pedir más recursos financieros en este momento. Señora Comisaria, se ha referido usted en su intervención primera a unos recursos financieros suficientes para afrontar los retos futuros. Esa es una buena fórmula.

 
  
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  Pierre Pribetich (PSE). (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, las manos construyen pueblos y los hombres construyen ciudades. Jean-Jacques Rousseau habría sido partidario, seguro, del enfoque integrado. Es un método que se inscribe perfectamente en este marco de construir ciudades y no pueblos fragmentados, como se establece en la Carta de Leipzig y en la Agenda Territorial.

Quiero, por tanto, dar las gracias a todos los responsables, especialmente a la señora Kallenbach, por su excelente colaboración en esta tarea. Celebro el alcance de las propuestas en relación con los aspectos sociales y económicos, el medio ambiente, el desarrollo espacial y la cohesión territorial, y también la gran atención prestada a las propuestas que mejoran el informe presentadas por nuestro Grupo Socialista.

Si se presta una mayor atención a las dimensiones territoriales y urbanas de las políticas de la UE, sobre todo a través de los planes de desarrollo integral y una mejor cooperación entre las zonas urbanas y periurbanas, se podrá sacar provecho de todos los beneficios conseguidos con el enfoque integrado. La cooperación, sin embargo, no tiene que acabar ahí. Hay que establecer alguna relación o conexión entre las zonas rurales, urbanas y periurbanas. En este sentido, insisto en la importancia de promover el atractivo y la competitividad de las zonas rurales como una herramienta para combatir el éxodo rural masivo.

Si se tuvieran que destacar los puntos principales de este informe, yo mencionaría en primer lugar la necesidad urgente de crear redes de transporte multimodal integradas y sostenidas por Europa para mejorar las infraestructuras, y sobre todo los modos de transporte respetuosos con el medio ambiente, como la bicicleta o la marcha.

La identificación de signos de declive en algunas zonas y la intensificación del trabajo para la puesta en práctica de una política de integración social constituyen el marco de una política pública orientada a reducir eficazmente las desigualdades y a prevenir la exclusión social.

El posicionamiento del ser humano en el mismo centro de la construcción de las políticas en materia de infraestructura, conciliando los problemas urbanos y humanos, sobre todo en el contexto actual de crisis de la vivienda, en una sociedad donde no todas las personas viven bajo techo, y la necesidad de hacer más hincapié en una vivienda digna asequible, siguen siendo esenciales y constituyen un factor crucial de integración social y de calidad de vida en las ciudades, en el contexto de un desarrollo urbano sostenible.

Por eso he pedido a todos mis colegas que voten masivamente a favor de este informe, que demuestra la voluntad del Parlamento Europeo de comprometerse a favor de una cohesión territorial fuerte y de un enfoque integral global que nos permita construir finalmente la ciudad.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
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  Elspeth Attwooll (ALDE). – Señor Presidente, resulta difícil destacar un aspecto en particular de estos dos excelentes informes, pero quiero manifestar mi especial agradecimiento al señor Guellec por la manera en que su informe aborda el problema de las disparidades entre regiones.

Porque incluso en las regiones que pueden considerarse globalmente como relativamente prósperas, pueden seguir existiendo algunos grupos desfavorecidos o socialmente excluidos, como consecuencia de su situación territorial. Los habitantes de islas y de regiones montañosas y escasamente pobladas, periféricas y fronterizas pueden estar en esa situación. También lo pueden estar las comunidades que dependen de las pesca, sobre todo en regiones como las que acabo de mencionar. Por eso también espero que el Parlamento apruebe las enmiendas 19 y 20, que tratan de mejorar su situación.

Pero las causas de esa situación de desventaja o exclusión pueden situarse en un plano más claramente social. Estoy pensando en un proyecto de mi país en Aberdeenshire llamado Can-Do y que ha proporcionado empleo a personas con dificultades de aprendizaje, en la clasificación de latas y botellas para reciclar. Este proyecto dejó de recibir ayuda europea cuando los fondos correspondientes al período actual se reasignaron a regiones del país donde la pobreza está más generalizada. Pero las personas afectadas siguen estando en la misma situación de riesgo de exclusión social que antes.

Estos dos ejemplos demuestran que si queremos que los fondos vayan a parar a quienes más los necesitan, tenemos que idear un enfoque más sofisticado para cuantificar esa necesidad. Pido a la Comisión que preste especial atención a la petición que se hace en el informe de mejorar las herramientas estadísticas y permitir una cuantificación más exacta del grado de cohesión y una mejor evaluación de la contribución de las acciones locales encaminadas a ese fin. Esas herramientas nos permitirían también identificar casos reales de desventaja y decidir la mejor forma de resolverlos.

 
  
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  Andrzej Tomasz Zapalowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, la política de cohesión presta una contribución esencial a la integración de las sociedades dentro de la Unión, como se pone de manifiesto en el informe. No obstante, los obstáculos administrativos y procesales que impiden a las regiones con infraestructuras más débiles alcanzar el nivel de las más desarrolladas siguen multiplicándose.

¿A quién se supone que ayuda un procedimiento tan complicado para movilizar los recursos de la Unión? Después de todo, en el caso de las redes de carreteras, los fondos podrían ser transferidos directamente a departamentos de la autoridad local competente que están bajo el control de instituciones en los Estados miembros. Así no habría que esperar varios años para poder realizar trabajos de construcción o reparación.

Está claro que tienen que aplicarse otros principios con relación a las personas, los bufetes de abogados y las asociaciones. Si realmente queremos conseguir algo en las regiones menos desarrolladas, debemos transferir ayuda para fines específicos a los presupuestos de las autoridades locales, aunque ellas no aporten nada de sus propios recursos, porque en ocasiones son tan pobres que no se pueden permitir ni la más pequeña contribución.

 
  
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  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, el informe del señor Guellec explica la posición del Parlamento Europeo respecto al Cuarto informe sobre la cohesión económica y social. Este informe contiene información y análisis sobre la eficacia de la política de cohesión. En realidad, de conformidad con el procedimiento aprobado, constituye la primera etapa del debate sobre la política de cohesión en el nuevo período de programación. El informe del señor Guellec contiene, por tanto, propuestas, así como opiniones sobre los análisis.

El debate sobre el futuro de la política de cohesión debe tener en cuenta las nuevas condiciones y retos. La aplicación en curso de la Estrategia de Lisboa, el cambio climático, los cambios en la política energética y la evaluación de las implicaciones de los procesos migratorios hacen que la Unión Europea se enfrente a nuevos retos. Todo ello significa también que hay que actuar para reducir las nuevas diferencias de desarrollo. Evidentemente, se plantea la cuestión de qué acciones deben financiarse con fondos comunitarios y cuáles deben ser emprendidas como una política comunitaria.

En el debate sobre el futuro de la política de cohesión, nos referimos al debate sobre el futuro de la Unión Europea. Hablamos a menudo de la llamada Unión de acción o Unión de resultados y de una Unión que sea apreciada y aceptada por sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, somos conscientes de que los llamados reformistas están promoviendo nuevas soluciones, como por ejemplo la renacionalización de la política de cohesión. En esencia, eso supondría la negación de la política de solidaridad. Debemos tener en cuenta que los Estados miembros están aplicando sus propias políticas internas para reducir las disparidades y que lo están haciendo al margen de la financiación europea, recurriendo a sus propios recursos. Por tanto, los países más ricos están teniendo más éxito. En efecto, la renacionalización supondría una restricción de la política de cohesión y nosotros tenemos que oponernos a eso. Así pues, si queremos crear una Unión de resultados o una Unión de acción, tenemos que reforzar la política de cohesión.

 
  
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  Evgeni Kirilov (PSE). – Señor Presidente, el Cuarto informe sobre la cohesión demuestra los efectos positivos de la política de cohesión de la UE, por lo que ésta tiene que seguir ayudando a las regiones europeas a conseguir la prosperidad y la convergencia económica y social.

Nos enfrentamos ahora a nuevos retos, y hemos decidido que nuestros esfuerzos tienen que centrarse en eso. Pero quiero insistir en un problema que ya planteamos en julio de 2007 cuando se aprobó la resolución sobre las regiones más pobres de la UE. Lamentablemente, no se ha vuelto a prestar atención a esta importante cuestión. De la misma forma que las regiones ultraperiféricas han sido objeto de una estrategia especial, ahora necesitamos un tratamiento prioritario y un enfoque estratégico para las regiones menos prósperas, con el fin de superar sus dificultades específicas, que son una combinación de problemas socioeconómicos y de características territoriales y espaciales. Espero que la señora Comisaria aborde esa cuestión en su Libro Verde.

Por tanto, apoyo firmemente la futura puesta en práctica de la política de cohesión en sus tres dimensiones: económica, social y territorial, ya que puede servir como un ejemplo positivo del principio de solidaridad de la Unión Europea.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los dos ponentes. En el informe del señor Guellec se destaca el hecho de que, a pesar de la convergencia económica entre los Estados miembros, las disparidades regionales y locales son también cada vez mayores.

La situación afecta de lleno a la política de cohesión e indica claramente la necesidad de incluir una importante dimensión territorial en todas sus políticas, pero sobre todo en la Estrategia de Lisboa. Yo he visto en mi país, Irlanda, situaciones en las que se ha conseguido − o incluso superado − la convergencia con la media de la UE, pero en las diferencias económicas entre regiones son cada vez mayores. Es muy importante que estas diferencias no sigan aumentando, y una de las formas de conseguirlo es aumentar la inversión en innovación, investigación y desarrollo en las regiones más atrasadas.

Quiero dar las gracias al señor Guellec por incluir mi sugerencia sobre la importancia del capital social para promover el crecimiento económico regional. Todos somos conscientes de la contribución que realizan el capital físico, el capital natural y el capital humano como base del crecimiento y el desarrollo económico. Ahora bien, el capital social, que es el recurso latente que reside dentro y entre grupos que trabajan en colaboración, proporciona un valor añadido. Los datos del Manual de Naciones Unidas, que se refieren a un número considerable de países, indican que la contribución del capital social al crecimiento económico se sitúa en torno al 5 % del PIB.

Por último, en respuesta al comentario del señor Clark sugiriendo que debemos tener «comercio, no ayuda», le diría que en la UE hacemos ambas cosas: comercio a través del mercado único y ayuda para fines específicos cuando es necesaria. Eso es lo mejor de ambos mundos.

 
  
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  Boguslaw Rogalski (UEN). – (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, el alcance de este informe es tan amplio que me limitaré a comentar un par de cuestiones.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el desarrollo de la Unión es la rápida propagación de las zonas urbanizadas, conjuntamente con el consumo de energía, el transporte y los cambios demográficos, como el despoblamiento de algunas partes de la Unión, así como las crecientes disparidades entre las zonas más y menos ricas. Una política de desarrollo integral, centrada principalmente en la modernización de las infraestructuras, mejorando la eficiencia energética e introduciendo modos de transporte baratos y respetuosos con el medio ambiente, ayudará a garantizar la continuidad en este sector.

Otro objetivo de esa estrategia debe ser la orientación al desarrollo de las zonas rurales para hacerlas más competitivas, frenando así su despoblamiento, que tan importante es para los nuevos Estados miembros. Quiero llamar también su atención sobre la importancia de la cooperación entre las zonas urbanas y rurales para promover el desarrollo del territorio en su conjunto. El acceso a tecnologías de la información y la comunicación debe realizar una contribución fundamental a la creación de cohesión territorial y al desarrollo de algunas zonas, y ahí es donde reside actualmente nuestro principal problema.

 
  
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  Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, antes de nada, en relación con el informe de la señora Kallenbach y la Carta de Leipzig, es cierto que tenemos que considerar en mayor medida la planificación espacial en un contexto europeo. ¿Pero exige eso nuevas competencias europeas con respecto a la política de vivienda y la planificación espacial? Yo creo que aquí hay un gran interrogante. En cuanto al informe del señor Guellec y concretamente a las perspectivas para la futura política estructural, los retos regionales que plantean la globalización, la demografía, el cambio climático, la migración y demás, se describen todos ellos con detalle. Lo mismo puede decirse de la perspectiva política.

Debemos adherirnos a los objetivos probados y testados de la política estructural, y debemos complementarlos con estos nuevos componentes. Acojo con satisfacción el enfoque integrado propuesto por el ponente, también en relación con los desafíos que plantea el desarrollo rural. Sin embargo, debemos centrarnos más, como principio general, en el valor añadido europeo de estos programas. Ya sea con relación a la cohesión, a la innovación o a la financiación transnacional, Europa debe conceder ayuda únicamente cuando verdaderamente podamos hacer una contribución europea sostenible.

Para tener éxito en el futuro, tenemos que evaluar con ojos más críticos los instrumentos desplegados hasta ahora. Las ayudas operativas únicas no crean ningún valor añadido europeo, mientras que el fomento a largo plazo de la investigación, la educación y la infraestructura ¡claro que sí! Sólo podremos hacer más eficiente la política estructural con un uso más transparente de los fondos y con efectos de apalancamiento como, por ejemplo, la financiación de créditos y las asociaciones entre los sectores público y privado.

Aunque, desde luego que no hemos explotado todas nuestras opciones aquí, no puedo apoyar la petición que hace el ponente de un cheque en blanco para después de 2014. Tenemos que evaluar primero el período actual y hacer un uso más eficiente de nuestros instrumentos para afrontar retos como el cambio climático y la demografía. Sólo entonces podremos empezar a pedir una contribución presupuestaria.

El cheque en blanco para el futuro que se pide ahora en el informe no puede ser tomado realmente en serio. Pido, por tanto, que apoyen nuestra enmienda en la votación.

 
  
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  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría antes de nada felicitar al ponente y a la ponente alternativa de mi Grupo, señor Guellec y señora García, por la calidad del informe y por su apertura al diálogo sobre la cohesión.

El informe hace bien en reconocer los enormes esfuerzos hechos (principalmente en Portugal, España, Grecia e Irlanda) en materia de crecimiento y convergencia. Sin embargo, esos esfuerzos tienen que continuar y ampliarse, no sólo en los países más carentes de solidaridad y cohesión, sino también en algunas de las regiones de esos países, puesto que el proceso de evaluación de la riqueza no puede depender exclusivamente del PIB, sino que tiene que extenderse a otros criterios.

En este sentido, he presentado contribuciones que vienen a reconocer claramente la insularidad y la ultraperiferia como instrumentos que limitan el desarrollo. En concreto, de acuerdo con el Tratado CE, artículo 299, apartado (2), y como ha dicho la Comisaria Hübner, los problemas de accesibilidad son uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. Por eso es esencial que adaptemos las políticas comunitarias para tener en cuenta esta limitación resultante de la insularidad y la ultraperiferia.

 
  
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  Samuli Pohjamo (ALDE). – (FI) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero aportar el punto de vista septentrional a este debate. Es importante que los problemas permanentes del norte – las largas distancias, el clima frío y la escasez de población – se tengan en cuenta en el futuro como factores que precisan ayuda, como se tienen en cuenta los problemas de las regiones montañosas e insulares.

Hay que recordar también que las regiones septentrionales producen valor añadido en ámbitos como la minería, el procesamiento de la madera y el turismo. La investigación en el norte y las nuevas aplicaciones tecnológicas en cooperación con universidades, empresas, sector público y consumidores seguirán produciendo innovaciones nuevas e importantes, de las que se beneficia el conjunto de Europa.

Quiero también recordar a todos las oportunidades que ofrece la combinación de la Estrategia Báltica con la Dimensión Septentrional en, por ejemplo, la utilización de recursos energéticos en la región de Barents.

Por último, quiero felicitar a los ponentes por sus excelentes informes y dar las gracias a la Comisaria Hübner por su interés en el extremo más septentrional de la Unión.

 
  
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  Emmanouil Angelakas (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar también las gracias a los dos ponentes por sus importantes informes.

La política de cohesión es importante porque ha contribuido al desarrollo económico y social de muchas regiones. Ha acortado las diferencias entre regiones, las ha acercado más a la media y ha reducido las disparidades entre ellas.

Pero todavía queda mucho por hacer. No se ha conseguido un desarrollo uniforme. Existen divergencias en muchos casos acusadas. Cualquier idea de renacionalización de la política de cohesión tiene que ser rechazada. Recientemente se han adherido nuevos Estados miembros, con regiones que están muy alejadas de la media. El término «cohesión territorial» descrito en el Tratado de Lisboa tiene que elaborarse y analizarse más a fondo.

Por último, debe prestarse especial atención a regiones e islas aisladas, como en el caso de Grecia, donde las políticas de cohesión ayudarán considerablemente a la población local a no moverse, a encontrar empleo, a tener acceso a nuevas tecnologías y oportunidades profesionales, y a alcanzar la media de la Comunidad.

Por estas razones, los términos del informe sobre la política de cohesión son los correctos: habrá que garantizar y aumentar la financiación, incluso para el período posterior a 2013. Los retos son importantes y la política de cohesión no tiene que quedarse corta ni retrasarse en su aplicación por una insuficiente dotación financiera cuando todas las partes reconocen su utilidad.

Para terminar, celebro también las declaraciones que ha hecho hoy la Comisaria Hübner y la determinación de la Comisión a avanzar con la política de cohesión. Esperamos con interés el Libro verde y sus conclusiones.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Señor Presidente, señora Comisaria, la reducción de las disparidades sociales y económicas entre regiones europeas es un objetivo fundamental de la Unión Europea. Estamos tratando de crear una Europa donde todas las regiones sean iguales.

Tras las últimas ampliaciones, se ha hecho cada vez más necesario reforzar el objetivo de la cohesión. Esto es así porque, según algunas estimaciones, al ritmo actual del crecimiento económico, países como Polonia, Bulgaria y Rumanía tardarán más de 15 años en alcanzar un nivel del PIB igual al 75 % de la media de la Unión.

El pleno uso de los fondos estructurales, según la legislación comunitaria, es un sine qua non para reducir las disparidades sociales y económicas entre regiones europeas. Esto se aplica especialmente a los nuevos Estados miembros, que están experimentando muchos problemas. Por ejemplo, las autoridades locales polacas han tenido que hacer frente recientemente a las dificultades causadas por la progresiva caída del valor del euro frente a la moneda polaca, lo que ha reducido el valor real de los fondos de la Unión destinados a la ejecución de proyectos regionales que ya se habían confirmado.

Además, el coste de mano de obra y producción en Europa es cada vez mayor, lo que está aumentando el coste de las inversiones financiadas con recursos de la Unión y reduciendo el valor de esos fondos en términos reales. En consecuencia, peligra la ejecución de muchos proyectos de la Unión.

 
  
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  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero destacar el excelente trabajo realizado por el señor Guellec y la forma tan inteligente y decidida con que ha realzado y defendido la optimización y el refuerzo a partir de 2013 de una política de solidaridad con las regiones europeas.

En verdad, con este informe, más que con la evaluación del impacto de la política de cohesión en 2000-2006, hemos abierto el debate sobre qué tipo de política de cohesión queremos para después de 2013. Así pues, quiero hacer un comentario sobre el presente y tres sobre el futuro.

Mi primer comentario es que, como demuestra el Cuarto informe, la política de cohesión sigue siendo esencial para reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y para favorecer a las regiones más desfavorecidas que se han quedado retrasadas, o en otras palabras, para crear una Unión Europea más armoniosa, solidaria y viable. Pero no debemos olvidar que, además de este objetivo esencial, la política de cohesión ha contribuido también decisivamente a la construcción y expansión del mercado interior, al éxito de las sucesivas ampliaciones, a la creación y consolidación de la moneda única y a la creciente identificación de los ciudadanos con la Unión Europea.

Mi segundo comentario es que la política de cohesión tiene ahora que renovar su papel, enriquecida y reforzada por la nueva dimensión de cohesión territorial consagrada en el Tratado de Lisboa, para sacar provecho de la diversidad y complementariedad de los territorios y apostar decididamente por un desarrollo policéntrico de la Unión Europea.

El informe de la señora Kallenbach, a la que también felicito, nos ofrece algunas directrices en este sentido.

Mi tercer comentario es que la política de cohesión tiene que abarcar y responder cada vez más a los desafíos actuales, como los que plantea la globalización, la migración, el envejecimiento de la población, el cambio climático, la diversificación energética, la investigación y el desarrollo tecnológico. Para ser coherentes, tenemos que considerar la necesidad de aumentar los recursos destinados a reforzar la política regional.

Por último, hará falta una perspectiva renovada de las regiones ultraperiféricas para garantizar que éstas puedan seguir sintiéndose confortables en el espacio europeo. Será imperioso encontrar nuevas respuestas a los problemas graves, como el aislamiento, la falta de accesibilidad y las desventajas competitivas a las que se enfrentan estas regiones.

 
  
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  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Muchas gracias, señor Presidente. Señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar a la señora Kallenbach y al señor Guellec por sus excelentes informes, que son dos hitos en el debate sobre la política de cohesión.

Existen diferencias considerables en el desarrollo de nuestras regiones, pero si lo analizamos en mayor profundidad, veremos que hay diferencias aún mayores entre distintas zonas dentro de una misma región. No hemos conseguido tratar adecuadamente la erradicación de la pobreza rural y el desarrollo de las zonas más retrasadas, en el marco de la política agrícola. Hace falta un esfuerzo mucho mayor en este ámbito, dentro del marco de una política de cohesión renovada e integrada que sea capaz de invertir los procesos negativos en las zonas de menor crecimiento.

La sinergia entre la cohesión y el refuerzo de la competitividad tiene que aumentar, porque una no puede subordinarse a la otra. Han surgido nuevos retos, como el envejecimiento o incluso el tema de la eficiencia energética y el cambio climático, que también debemos afrontar. Por eso mismo, es fundamental que reforcemos la política de cohesión y que rechacemos la propuesta de transferirla al ámbito nacional. Si ponemos la solidaridad y la cohesión en el centro del proyecto europeo, la Unión será realmente fuerte y competitiva. Gracias por su atención.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Señorías, el desarrollo bien planificado y responsable de las zonas urbanas está adquiriendo una importancia cada vez mayor, sobre todo ante desafíos como la congestión de las redes de transporte urbano, el daño medioambiental y el desarrollo urbanístico. Por eso aprecio mucho la aprobación de la Agenda Territorial y la Carta de Leipzig.

Las ciudades tienen una responsabilidad única en la protección del clima: esa protección debe ser una prioridad a todos los niveles políticos. Las ciudades podrían ayudar a resolver una mala situación del tráfico y a reducir las emisiones mundiales que causan el efecto invernadero interconectando, por ejemplo, diferentes modos de transporte y desarrollando una infraestructura para ciclistas y peatones. Sugiero también que las ciudades den prioridad a los edificios energéticamente eficientes y utilicen edificios ya existentes para nuevos fines, en lugar de urbanizar terrenos nuevos.

Quiero insistir en que no sólo las regiones metropolitanas, sino también las zonas suburbanas y las zonas rurales, están consiguiendo los objetivos de cohesión. Por eso pido a la Comisión que haga un seguimiento de los proyectos que están teniendo éxito y prepare, en base a los mismos, un modelo de desarrollo para las poblaciones de pequeño y mediano tamaño fuera de las zonas metropolitanas. Una de las características de Europa, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, es su diversidad geográfica. Por eso es necesario tener en cuenta las características propias de cada región y las diferencias resultantes, y dar a los habitantes de diferentes regiones la posibilidad de aprovechar las oportunidades únicas y el potencial ofrecido por las zonas en donde residen. Para mí es muy importante incluir, entre nuestros objetivos políticos, la necesidad de resolver cuestiones territoriales relacionadas con islas y zonas montañosas, regiones fronterizas y regiones poco pobladas, para que mejore también la calidad de vida de sus habitantes.

Para terminar, quiero insistir en que el desarrollo urbano tiene que seguir una estrategia integrada y bien coordinada, respaldada a todos los niveles tanto por el Gobierno como por el sector privado.

 
  
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  Miloš Koterec (PSE). – (SK) Gracias, Señor Presidente. Estamos debatiendo el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social y los informes de la señora Kallenbach y el señor Guellec en un momento en el que empiezan a surgir los primeros temas para el plan presupuestario 2014-2010.

Quiero relacionar ambas cosas e insistir en la importancia de esa relación. No temo que desaparezca del plan presupuestario la financiación de la política de cohesión, pero no me gustaría que se redujese la cuantía de este fondo durante el próximo período presupuestario. Además, como bien han dicho los ponentes, sigue habiendo importantes disparidades regionales, incluso problemas estructurales, y puesto que esta situación ha empeorado como consecuencia de la ampliación, es necesario contemplar la posibilidad de dar un mayor peso a este capítulo del presupuesto.

Como se dice correctamente en el informe, la situación es tan compleja que no podemos resolverla desde la Comisión. Aunque los Gobiernos de los Estados miembros juegan un papel importante en este asunto, cada vez está más claro que el problema no se podrá resolver sin la participación de las autoridades regionales y locales. Su papel consiste no sólo en crear una posible sinergia entre ellos y el Gobierno al tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de sus territorios, sino también en asumir la responsabilidad de ese desarrollo y, sobre todo, en proporcionar retroinformación sobre el progreso del desarrollo y la cohesión.

¿Quién puede proporcionar más información sobre el desarrollo real en una región sino las personas que viven en ella? Por tanto, pido a la Comisión no sólo que incluya en su proceso de control los indicadores macroeconómicos, sino que sea creativa y utilice esa información ...

(El Presidente interrumpe al orador)

 
  
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  James Nicholson (PPE-DE). – Señor Presidente, ante de nada quiero felicitar a los ponentes por sus excelentes informes. Quiero decir también que entiendo la pasión de los diputados de los nuevos Estados miembros. Sé que no es nada fácil contentar a los electores cuando regresan a sus respectivos Estados miembros, pero ahora ustedes forman parte de la Unión Europea y, por tanto, al igual que el resto de nosotros, no siempre conseguirán todo lo que les gustaría o quisieran conseguir.

Tengo que decir a los que simplemente están jugando con las palabras que la diferencia entre más recursos y suficientes recursos es, en realidad, muy pequeña. Yo, desde luego, soy partidario de poner «suficientes recursos».

A veces conviene reconocer los logros conseguidos y hacer balance de ellos. Yo soy partidario de utilizar esta vez la palabra «suficientes», especialmente cuando muchos de los fondos destinados a esos ámbitos no se han gastado. Ojalá mi región hubiese tenido la mitad de su suerte en conseguir esa ayuda, que nosotros no tuvimos. Ahora seguimos estando incluso tan retrasados como algunos países de los que estamos hablando.

 
  
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  Stavros Arnaoutakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar también las gracias a los ponentes por el excelente trabajo que han realizado con estos dos informes.

Una vez más, el Parlamento Europeo confirma su posición muy clara sobre la importancia y el papel de la política de cohesión, que acerca Europa a sus ciudadanos. Esta es una política con un valor añadido muy claro para el conjunto de la UE. En el futuro, será preciso no sólo mantenerla, sino reforzarla con los recursos necesarios.

Ambos informes insisten en este enfoque. Me gustaría destacar la importancia de:

- la asociación y participación de las autoridades locales en particular, a todos los niveles;

- las sinergias entre políticas comunitarias, sobre todo la política de cohesión y la política de desarrollo rural;

- la planificación de políticas y acciones que promuevan el desarrollo policéntrico de los territorios de la UE, con especial hincapié en las zonas rurales;

- el importante papel que pueden realizar las poblaciones de pequeño y mediano tamaño, y por último,

- la reducción de las desigualdades dentro de una misma región, el desempleo juvenil y los altos niveles de pobreza que se encuentran en muchas regiones de la UE.

 
  
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  Rumiana Jeleva (PPE-DE). – (BG) Al margen de los diferentes puntos de vista que existen, recordemos la razón de ser de la política de cohesión y de sus objetivos: es el reflejo de las esperanzas de una mayor prosperidad y de un mejor futuro para toda Europa.

Todos los europeos aspiran a una vida mejor y la política de cohesión es el instrumento para ayudarles en esos esfuerzos. Recordemos que existen muchas diferencias dentro de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, los recursos financieros suelen ser escasos.

Por tanto, creo que la política de cohesión tiene que ser reforzada y fortalecida. Creo también que conviene garantizar su óptima aplicación. Algunos procedimientos y normas siguen siendo demasiado complejos y, probablemente por esa razón, ineficientes. Un procedimiento como una revisión global de la política de cohesión podría contribuir a su mejora general en beneficio de todos los europeos.

Por último, quiero reiterar el importante papel de la política de cohesión para las regiones menos desarrolladas. Los ciudadanos que viven en ellas creen en la ayuda de la UE. ¡No debemos defraudarles!

 
  
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  Jamila Madeira (PSE).(PT) Señor Presidente, Señorías, la política de cohesión, una política comunitaria por excelencia, tiene un papel primordial en la afirmación de una Europa solidaria, cercana a los ciudadanos, de todos y para todos. Esa es una clara manifestación de la importancia de la Unión en las vidas cotidianas de todos los ciudadanos europeos.

La ampliación a 27 ha traído algunos cambios en la naturaleza de Europa. Los objetivos que Europa se propone ahora son diferentes a los que existieron en su génesis. Los desafíos a los que ahora debemos responder, como la globalización, el descenso demográfico, la desertización de algunas regiones o el cambio climático, sumados a un aumento de la frecuencia y dimensión de las catástrofes naturales, son mucho más exigentes y requieren un mayor esfuerzo de nuestra parte.

La innovación impone también nuevas metas a esta política, que, a pesar de enfrentarse a más desafíos y a una Unión mayor, no ha aumentado su presupuesto proporcionalmente. Sin embargo, se ha adaptado en nombre de la solidaridad, lo que ha llevado, por ejemplo, a que algunas regiones que estaban antes en el Objetivo 1, pasen a ser consideradas ahora regiones ricas y no elegibles debido al efecto estadístico.

Es imperativo, por tanto, garantizar la reducción de las disparidades por medio del acceso a un presupuesto adecuado, sin necesidad de abandonar a su suerte a algunas regiones de esta vasta Unión.

La aprobación del Tratado de Lisboa reforzó su necesidad y consagró definitivamente en el Derecho comunitario la cohesión territorial, que es el aspecto más importante de la política de cohesión. Es fundamental que esta política persiga no sólo la cohesión económica y social, sino también la solidaridad entre regiones ...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

 
  
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  Catherine Stihler (PSE). − Señor Presidente, celebro la oportunidad de hablar brevemente sobre el futuro de la política de cohesión, que tiene una importancia crucial para los viejos y nuevos Estados miembros.

Trabajo estrechamente con los organismos públicos locales escoceses para resolver sus problemas, y me complace saber que la federación escocesa de municipios (COLSA) ha acogido recientemente con satisfacción el proyecto de Tratado UE en lo que respecta a la administración local. El Tratado reconoce el principio del autogobierno local, así como el de cohesión territorial.

No me ha sorprendido que una de las cinco cuestiones fundamentales tratadas recientemente con COLSA sea la política regional. Con la reducción de los fondos estructurales de la UE, la financiación del desarrollo regional tienen que enfocarse mejor – como ya han dicho muchos oradores − a las zonas y autoridades locales, que deben ser las principales administradoras de esos fondos. El informe Guellec refuerza el papel de las autoridades locales en la administración de los Fondos Estructurales; al fin y al cabo, olvidamos por nuestra cuenta y riesgo que todas las políticas son locales.

 
  
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  Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Señor Presidente, señora Comisaria, los informes que debatimos y por los que felicito a los dos ponentes plantean una serie de cuestiones que me parecen de extrema importancia: el de la relación entre las zonas urbanas y rurales para el desarrollo equilibrado y sostenible del conjunto del territorio, el problema de la extensión caótica de los asentamientos urbanos que producen fragmentación del paisaje, así como la pérdida continua de tierras.

Todas estas cosas, sumadas al cambio climático y al desploblamiento de las zonas rurales, son retos que estamos obligados a tener en cuenta, tanto a nivel europeo como a nivel de las administraciones locales que gestionan esas políticas.

Como diputado rumano al Parlamento Europeo, apoyo firmemente la idea de que no sólo las zonas metropolitanas tienen potencial de innovación y pido a la Comisión que trabaje con mayor intensidad para planificar el desarrollo de las poblaciones de pequeño y mediano tamaño en las zonas rurales.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Gracias, señor Presidente. El Cuarto informe sobre la cohesión económica y social es más detallado que los anteriores. Se basa en muchos indicadores y proporciona datos comparativos útiles que se refieren también a países como Estados Unidos, Japón, China y la India.

Desde su concepción, la política de cohesión ha realizado una contribución importante al reforzamiento de la capacidad de todos los Estados miembros para promover un desarrollo armonioso y crear puestos de trabajo nuevos y permanentes. Es demasiado pronto para evaluar los resultados de la política de cohesión en los nuevos Estados miembros de la Unión, pero existe motivo de preocupación por los evidentes retrasos que se están produciendo en el uso de los fondos estructurales actuales en esos países. La convergencia entre países enmascara a menudo unas diferencias cada vez mayores entre regiones y dentro de una misma región. En muchas zonas están surgiendo disparidades regionales y locales que afectan al empleo y también a la productividad, a los ingresos, al nivel de educación y al potencial de innovación.

La integración social y la política de igualdad de oportunidades han de tenerse en cuenta en todas las etapas de la ejecución de los proyectos emprendidos en el ámbito de la cohesión. Confío en que la próxima revisión del marco financiero permita disponer de los recursos presupuestarios necesarios para afrontar los ambiciosos retos de la nueva política de cohesión para la Unión ampliada, asegurando así que todos los ciudadanos ...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

 
  
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  Daniel Dăianu (ALDE). – Señor Presidente, pido el apoyo de esta Cámara a los informes, pero al mismo tiempo quiero llamar su atención sobre una opinión distinta, que relaciona el traslado de industrias dentro de la UE con la política relativa a los fondos estructurales y la cohesión.

Los fondos estructurales pueden verse como una subvención general que la UE concede a las zonas menos desarrolladas. ¿Debemos entender que esta política de cohesión regional es cuestionada por los dirigentes políticos de los principales Estados miembros de la UE? ¿Qué debe hacerse? ¿Deben frenar las zonas de los Estados miembros menos desarrollados de la UE el desarrollo de infraestructuras, por miedo a que se les acuse de competencia desleal?

Me refiero a un artículo publicado en el Financial Times hace dos lunes, en el que se decía que la economía de mercado no debe ser una jungla. Las políticas públicas son importantes, y no sólo por razones sociales. Pero debemos mantener nuestro equilibrio, porque no existe ninguna economía local o nacional infalible en este mundo, y por mucho que creamos en la justicia social, no todos los ciudadanos pueden salir ganando al mismo tiempo, en el mismo lugar y todas las veces.

 
  
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  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Gracias por darme la palabra, señor Presidente. Nadie duda de la importancia y el éxito de la política de cohesión. Creo que esto queda demostrado en el informe, por el que quiero felicitar al ponente.

Su objetivo es conseguir una verdadera alineación, pero es fundamental que los fondos destinados a este fin se administren bien. Estoy convencido de que el valor de un proyecto en espera de su ejecución no radica únicamente en la cuantía de los fondos asignados al mismo, sino en su eficacia.

La eficacia puede medirse de dos formas: por cómo favorece la alineación y por cómo se utilizan las sumas de dinero destinadas a fines similares en distintos países. Al fin y al cabo, un cierto proyecto en un Estado miembro no puede recibir una cantidad muchas veces mayor que la que recibe otro. Quiero llamar su atención sobre esta cuantificación y, en futuro, sobre el hecho de que la eficacia es la base para fortalecer la política de cohesión. Muchas gracias.

 
  
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  Wolfgang Bulfon (PSE). – (DE) Señor Presidente, ¿cuándo necesitan los ciudadanos la solidaridad de Europa? ¿Cuándo necesita un Estado miembro la solidaridad de Europa? Seguramente, en el primer caso, cuando se produce una catástrofe. Por eso me parece incomprensible que una decisión aprobada por el Parlamento en 2006 para adaptar el Fondo de Solidaridad – según se establece en el apartado 45 del Informe sobre la cohesión – no se haya puesto en práctica todavía. Por eso les pido a todos – al Parlamento y a la Comisión – que presionen al Consejo para que resuelva esa cuestión lo antes posible, porque habrá una próxima catástrofe, se lo puedo garantizar.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Si se quiere poner en práctica con éxito la política de cohesión, se necesitan agentes locales capaces de actuar, de concentrar sus esfuerzos y de hacer un uso óptimo de los fondos europeos. Por eso los Estados miembros deben descentralizar la administración, aumentar las capacidades administrativas a escala regional y reducir una burocracia excesiva en la gestión de la política de cohesión.

Aunque el proceso de dividir los sectores en agrupaciones y focos de innovación, que comporta beneficios claros para grandes sectores y sus inmediaciones, puede llevar a la identificación de algunas zonas de integración, se aprecia la falta de apoyo efectivo, simple y espacial para los sectores más pequeños. En Eslovaquia, algunas comunidades con menos de 2 000 habitantes y emplazadas en regiones geográficamente desfavorecidas dejarán de figurar en ciertos programas operativos y en la política de cohesión.

Pido a los Estados miembros que establezcan un sistema no discriminatorio para todas sus regiones, de forma que todas ellas puedan participar activamente en la aplicación de la política de cohesión.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, yo soy ponente para cuestiones relacionadas con la movilidad urbana. En nuestras deliberaciones, la relación entre los centros urbanos y los municipios de la periferia tiene una especial importancia. Somos también conscientes de que los nuevos Estados miembros tienen problemas especialmente graves para organizar su infraestructura, mantener unos modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente y evitar que aumente de nuevo el uso de los vehículos privados. En este contexto, quiero hacer una petición concreta: que en el marco de sus opciones políticas regionales, la Comisión nos ayude a buscar e identificar soluciones al problema del transporte en la periferia urbana y a la cohesión social en los nuevos Estados miembros.

 
  
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  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. − Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad al final del debate para dar las gracias a sus Señorías por todas sus contribuciones. Se han planteado muchas cuestiones a las que no puedo dar respuesta ahora por falta de tiempo, pero de las que he tomado buena nota, como las referentes a las poblaciones de pequeño y mediano tamaño o el desarrollo del transporte urbano.

En sus informes se establece una clara relación entre el pasado y el futuro. En realidad, se está tendiendo un puente entre ambos y por eso me gustaría decir algo sobre la fase en que se encuentran las consultas públicas sobre el futuro de la política de cohesión europea. Iniciamos esas consultas a finales de septiembre de 2007 y hasta la fecha se han presentado más de 100 declaraciones y dictámenes debidamente elaborados, no sólo por parte de administraciones nacionales, regionales y locales, sino también por parte de algunas asociaciones europeas de planificación espacial, agentes económicos y sociales, instituciones de investigación y ciudadanos particulares.

A petición de una de esas administraciones, hemos ampliado las consultas hasta mediados de febrero, porque todavía se están preparando dictámenes.

Una evaluación preliminar de dichos dictámenes demuestra claramente que esta política recibe un respaldo total y general. Se destaca el efecto directo sobre el crecimiento y el desarrollo, como también el hecho de que esta política provoca nuevas formas de pensar y realiza también un papel muy eficaz de apalancamiento, al atraer recursos financieros adicionales.

Se aprecia un gran interés en el mecanismo de aplicación y un apoyo generalizado a todos los principios que hemos establecido conjuntamente con el Parlamento Europeo en los últimos años.

Se apoya también plenamente la necesidad de que esta política responda a los retos que han comentado ustedes hoy aquí, y que están relacionados no sólo con la globalización, sino también con la demografía, el clima y la energía, y la reestructuración en general, como también se apoya el enfoque integrado.

Una de las cuestiones importantes que han planteado ustedes hoy es cómo procederemos con el Libro Verde, que será aprobado por la Comisión en septiembre. Vendrá luego un largo período − probablemente de cuatro meses − de debate en todos los formatos, no sólo en la web. Entretanto, nuestros servicios están organizando una reunión con las principales partes interesadas para mediados de abril. Eso nos ayudará a tener en cuenta otras opiniones.

Estaría dispuesta, si es necesario, a organizar una audiencia con la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Regional y con cualquier otra institución interesada en compartir con nosotros sus opiniones sobre el Libro Verde, antes de que sea aprobado por la Comisión.

Otra cuestión planteada, que preocupa también a la Comisión, es la de las estadísticas y los indicadores. A través de nuestro centro analítico, ESPON, que hemos reforzado mucho, también financieramente, para los próximos años y que ahora tiene un presupuesto mucho mayor, nos comprometeremos a medir algunas de las nuevas dimensiones y algunas de las dimensiones actuales de la cohesión territorial. Ese trabajo está ya en marcha, y espero que conozcamos pronto los resultados.

Les puedo asegurar que la Comisión seguirá buscando indicadores adecuados que complementen tanto el PIB como los indicadores de empleo, y propondrá en el Quinto Informe de Cohesión un nuevo tipo compuesto de indicador.

Muchas gracias por todos sus comentarios. Quiero dar especialmente las gracias a los ponentes por su contribución al debate – no sólo en el pasado, sino también en el futuro.

 
  
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  Ambroise Guellec, ponente. (FR) Señor Presidente, voy a ser muy breve. Antes de nada, con relación a los comentarios que se han hecho sobre las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca, tengo que decir que la pesca es una cuestión que me interesa mucho como diputado al Parlamento Europeo que soy por una región costera, pero lamentablemente no hemos conseguido integrar las enmiendas propuestas por la comisión en el texto que estamos a punto de someter a votación. Lo lamentamos, pero creo que eso no significa que debamos prestar menos atención a un sector tan importante para algunas regiones de la UE.

Quiero decir también que la cohesión es una gran política europea. Pienso también que se ha presentado como un tema de gran importancia en la Cámara esta mañana. Es importante, sobre todo, para futuros trabajos. La Comisaria ha dicho antes que nos estamos ocupando de un informe, pero evidentemente es el futuro lo que nos interesa. Ella sabe que las expectativas son demasiado elevadas en lo que respecta a la cohesión territorial y lo que eso representará cuando quede reflejada en el Tratado de Lisboa. Podemos decir que la pelota está ahora en el campo de la Comisión y que, por supuesto, cuenta usted con nuestra asistencia y apoyo, señora Comisaria. Es preciso que entre todos hagamos un buen trabajo.

Quiero añadir que el hecho de que la política regional en su conjunto sea ahora una cuestión sometida a codecisión en el Consejo y el Parlamento nos ayudará a avanzar juntos, para dejar esto más claro a nuestros conciudadanos − aunque me parece que ya ha quedado claro esta mañana − y también para que se ejerza una verdadera solidaridad en beneficio de las regiones que más lo necesitan. Estas dos cuestiones se han planteado muy claramente esta mañana.

Nos espera una tarea ingente. Acogemos con satisfacción una política que es esencial para la Unión Europea.

 
  
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  Gisela Kallenbach, ponente. − (DE) Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a muchos de mis colegas diputados por sus valiosas contribuciones y su apoyo. Creo que se ha demostrado, primero, que tenemos que mantener la solidaridad como un activo europeo fundamental; segundo, que tenemos que dirigir y desplegar nuestros instrumentos – en este caso, la política de cohesión – con mucha más eficiencia para conseguir un desarrollo verdaderamente sostenible; y tercero, que tenemos que comunicarnos verdaderamente con los ciudadanos desde el principio.

Quiero dar las gracias en particular a la Comisaria Hübner. Señora Comisaria, usted ha dejado claro que, al igual que esta Cámara, le interesan los avances prácticos: el enfoque integrado, los indicadores que producen resultados cuantificables, la definición de dimensión territorial, el Libro Verde. Creo que necesitaremos especialmente su ayuda para conseguir que el Consejo se implique en esto. De nuevo, me parece lamentable que no haya nadie del Consejo presente en este importante debate.

Las conclusiones extraídas de estos dos informes tienen que llevar a la modificación de la Estrategia de Lisboa y afianzar de verdad el nuevo objetivo de la Comunidad, la dimensión territorial, en la práctica; de lo contrario, no tendremos más que palabras huecas.

Permítanme que haga una última petición a mis colegas diputados antes de la votación: seamos prácticos. No nos limitemos a repetir la revisión y el análisis; pongamos la condición de exigir el enfoque integrado para conceder financiación con cargo a los Fondos Estructurales, y establezcamos compromisos claros para reducir también los gases de efecto invernadero. La protección del clima tiene que implantarse en las ciudades; de lo contrario, todas nuestras promesas a escala europea y nacional carecerán de valor.

 
  
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  El Presidente. − Se cierra el debate.

Los informes se someterán a votación en el turno de votaciones que comienza dentro de unos minutos.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
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  Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. (PL) La política de cohesión económica y social es el pilar de la solidaridad europea. Este rasgo de la política europea es la envidia de las iniciativas de integración regional en otras partes del mundo. La naturaleza única del proyecto europeo se debe en gran medida al concepto de cohesión, precisamente.

En el caso de iniciativas regionales en África y Sudamérica, no existen fondos ni siquiera para una política de cohesión simbólica. Los planes de ampliación de la Unión suelen evaluarse por su capacidad de contribuir eficazmente al aumento de la cohesión. Puede decirse de manera inequívoca que la política de cohesión es un gran éxito para la Unión y para todos sus Estados miembros.

No hay duda alguna de que los propios ciudadanos de la Unión la evalúan en función de si, en su opinión, se está poniendo en práctica la política de cohesión y si está consiguiendo sus objetivos declarados. Muchos Estados miembros, sobre todo los que han accedido a la UE recientemente, tienen puestas grandes esperanzas en la política de cohesión. Es de esperar que la solidaridad no se quede sólo en bellas palabras, sino que se traduzca en un compromiso concreto con los que el destino les ha tratado con menos amabilidad. La cohesión es también un instrumento para crear igualdad de oportunidades y una publicidad espléndida para la Unión.

Por esa misma razón, no debemos pensar en reducir los recursos financieros destinados a aumentar la cohesión económica y social. Por el contrario, debemos contemplar la asignación de más recursos financieros a la cohesión, aunque sólo sea por los numerosos retos nuevos que se están planteando. Gracias.

 
  
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  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. – (PL) Señor Presidente, la política de cohesión no es una de las políticas fundamentales presentes en la Unión Europea desde su creación. No es casualidad que la política de cohesión se formulara justamente cuando se produjo la adhesión de países relativamente menos desarrollados a la Unión Europea, puesto que esos países no estaban al mismo nivel que los seis Estados miembros originales. Desde ese momento, la cohesión ha ganado en importancia, convirtiéndose en un pilar de la integración europea y en un elemento fundamental de los tratados y presupuestos. La asignación de más de 308 000 millones de euros a la cohesión en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013 así lo demuestra.

Recientemente se está hablando mucho de esta política fundamental de la Unión. Es curioso que esa tendencia haya coincidido con la ampliación de la Unión Europea para incluir a los países de Europa Central y Oriental. Esta última está más atrasada, por motivos históricos. Por eso no se propone prescindir ya de la política de cohesión, sino reorientarla radicalmente, por los supuestos despilfarros de Fondos Estructurales y abusos en este ámbito. ¡Ese es el gran error que podemos cometer! Las irregularidades tienen que ser detectadas y eliminadas, pero es precisamente la política regional la que hace que la presencia de la Unión se deje sentir en los 27 Estados miembros. La cohesión significa crear igualdad de oportunidades y un sentido de compañerismo, y no debe mezclarse con otras políticas, como la competitividad y la lucha contra el calentamiento global, por ejemplo, que deben tener sus propias partidas presupuestarias. La decisión de qué debe financiarse en el marco de la cohesión tiene que seguir siendo una competencia de cada país y región. Ellos conocen mucho mejor sus propias necesidades que las autoridades de Bruselas.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) El Informe de la Comisión hace referencia al despoblamiento de las zonas rurales, con la ausencia de lugares de trabajo como telón de fondo, salvo en la agricultura, o debido a las malas condiciones de vida.

El Fondo de Desarrollo Rural contribuye, conjuntamente con los otros fondos, a la cohesión económica y social. El uso eficiente de los fondos de desarrollo rural representa una buena solución a estos problemas.

No obstante, la condición necesaria para hacer un uso eficiente de estos fondos es un mejor conocimiento de los posibles beneficiarios de las oportunidades de financiación ofrecidas.

El acceso a información es incluso más importante en los nuevos Estados miembros, que no están todavía familiarizados con el uso de los instrumentos de financiación de la Comunidad.

Quiero poner un ejemplo de Rumanía, el país que yo represento: según un estudio, la mitad de la población rural desconoce la existencia de los fondos destinados a ellos y sólo un ciudadano de cada diez sabe a qué institución debe dirigirse para solicitar esos fondos. Es lamentable que el Gobierno de Rumanía no haya hecho esfuerzos suficientes para informar a los ciudadanos, pero es también evidente que nadie puede sustituir al trabajo del Gobierno rumano.

No obstante, considero que la garantía de un acceso adecuado a la información y la preparación de los futuros beneficiarios deben constituir un tema importante en el programa de trabajo de la Comisión, como premisa para el uso eficiente de los instrumentos orientados a la cohesión.

 
  
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  Richard Seeber (PPE-DE), por escrito. – (DE) La ampliación de la UE el 1 de mayo de 2004 ha aumentado las disparidades económicas y sociales en la UE. En enero de este año, comenzó un nuevo período de programación para la política de cohesión, que se centrará en nuevas prioridades y objetivos: protección del medio ambiente, competitividad y creación de más y mejores puestos de trabajo.

La política de cohesión de la UE tiene como finalidad, a través de sus cuatro programas distintos, ayudar a que Europa y sus regiones sean más competitivas, por ejemplo, a través de la innovación, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y el refuerzo de la competitividad económica. Con ella se pretende también aumentar el atractivo de las regiones para los inversores y residentes, a través del desarrollo regional sostenible. Es necesario crear mejor y, sobre todo, más empleo, y promover el desarrollo de las regiones para que puedan ofrecer más oportunidades y reducir las disparidades. Con su futura ampliación, los fondos de la UE tendrán ahora que dividirse entre 27 Estados miembros. Por consiguiente, hay que mejorar el uso que se hace del dinero, aumentando la eficiencia y la transparencia.

En cuanto al marco financiero, el Consejo Europeo ha reservado 307 600 millones de euros para el período 2007-2013. Eso es mucho dinero. Es importante que las regiones con problemas de desarrollo en los Estados miembros más ricos, como Austria, reciban también una parte justa de los fondos. Las regiones montañosas, sobre todo, necesitan más ayuda.

 
  
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  László Surján (PPE-DE), por escrito. (HU) Al revisar los tres últimos años de la política de cohesión y ver las cosas buenas que se han hecho, pero también los errores que hay que corregir, el Parlamento Europeo no mira sólo hacia atrás, sino también hacia delante.

Para acelerar el desarrollo de las regiones más atrasadas, tenemos que cambiar dos cosas. Tenemos que prestar mucha más atención a la eficacia de los programas y tratar de aumentar el valor creado sobre el terreno. (Hace falta más trabajo teórico en relación con esto, para que los resultados puedan evaluarse con una mayor exactitud). Sin embargo, no podemos silenciar la necesidad de garantizar más recursos que en la actualidad para programas que hagan un uso eficaz de las ayudas y que se mantengan al margen de la corrupción y de la influencia política en el período posterior a 2013.

El desarrollo más rápido de las regiones más atrasadas beneficiará no sólo a sus habitantes, sino también a los de zonas más desarrolladas que garantizan los recursos necesarios. Pido, por tanto, a mis colegas que sigan el consejo del ponente también en este sentido, y no modifiquen el texto que se les ha presentado.

 
  
  

(La sesión, interrumpida a las 11.55 horas en espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.05 horas)

 
  
  

PRESIDE: Hans-Gert PÖTTERING
Presidente

 

4. Turno de votaciones
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  El Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede a las votaciones.

(Para conocer el resultado y otros detalles de las votaciones, cf. Acta)

 

4.1. (A6-0462/2007, Monica Frassoni) Control de la aplicación del Derecho comunitario (2005) (votación)
  

– Antes de la votación de la enmienda 2

 
  
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  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señor Presidente, me pregunto si sería oportuno en este caso, puesto que se trata de enmiendas que acordamos entre varios grupos, hacer una votación conjunta, a menos que haya alguna oposición en la Cámara.

 
  
  

(El Parlamento da su aprobación)

 

4.2. (A6-0491/2007, André Brie) Acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos (votación)

4.3. (A6-0490/2007, Christel Schaldemose) Marco común para la comercialización de los productos (votación)

4.4. (A6-0489/2007, Alexander Stubb) Aplicación de normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro (votación)

4.5. Situación en Gaza (votación)
  

− Antes de la votación

 
  
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  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). (ES) Señor Presidente, en consulta con los Grupos políticos firmantes de la Resolución común, querríamos pedir un cambio en la estructura del apartado 3.

No se trata de una enmienda oral, porque no pretendemos ni añadir ni suprimir ninguna palabra, sino simplemente mantener el texto en su redacción actual, pero fraccionándolo en tres apartados distintos.

Quedaría de la siguiente manera, señor Presidente, para que no haya ninguna duda:

«3. Reitera su llamamiento a un cese inmediato de todos los actos de violencia;»

«4. Pide a Israel que cese las acciones militares que ponen en peligro y ocasionan muertes a la población y las ejecuciones selectivas extrajudiciales;»

«5. Pide a Hamás, después de la toma de posesión ilegal de la Franja de Gaza, que impida que las milicias palestinas lancen misiles desde la Franja de Gaza al territorio israelí;»

Por lo tanto, no hay cambio de la redacción, señor Presidente. No se pide que se añada ni que se suprima ninguna palabra, sino simplemente que este apartado, tal cual, se divida en tres.

 
  
  

(El Parlamento aprueba la propuesta)

 

4.6. Séptimo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (votación)

4.7. (A6-0024/2008, Françoise Castex) El futuro demográfico de Europa (votación)
  

– Antes de la votación de la enmienda 21

 
  
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  Françoise Castex, ponente. (FR) Señor Presidente, pido que la enmienda 21 se cambie de lugar y figure después del apartado 40.

 
  
  

(Se concede la solicitud.)

– Antes de la votación de la enmienda 62

 
  
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  Françoise Castex, ponente. (FR) Señor Presidente, se trata de una corrección oral lingüística de la enmienda 62, para recordar a la Cámara que la referencia está en francés y que en la versión inglesa se ha mantenido el término «income». Además, la versión francesa constituirá la referencia para todas las enmiendas.

 
  
  

– Antes de la votación de la enmienda 30

 
  
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  Françoise Castex, ponente. (FR) Señor Presidente, quiero presentar una enmienda oral. Quiero que en la primera frase se elimine la palabra «fragmentation» y que en la segunda frase se sustituya la palabra «assurer» (asegurar) por «renforcer» (reforzar).

Asimismo, respecto a la versión inglesa, quiero decir al señor Bushill-Matthews que «précarité» se traduce como «non secure».

 
  
  

(La Asamblea da su conformidad a la presentación de la enmienda oral)

– Antes de la votación de la enmienda 55

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE). – Señor Presidente, creo que hay una errata en la lista de votaciones del Grupo del PPE-DE a este respecto. ¿Puedo rogarle que llame la atención de nuestro ponente sobre el particular? Sospecho que él quiere que haya ahí un signo positivo y no uno negativo. Me refiero a la votación nominal de la enmienda 55.

 
  
  

– Después de la votación del informe Castex

 
  
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  Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Señora Presidenta, me parece extraño que esta Cámara vaya a votar un informe en cuyas páginas todavía hay enmiendas en estudio. Pensé que no volveríamos a hacer esto en sesión plenaria, sino que dejaríamos el trabajo a la Comisión, con el fin de reducir el número de enmiendas presentadas al Pleno.

 
  
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  El Presidente. − Sí, tiene usted razón en hacer ese comentario, señor Sterckx.

 

4.8. Cooperación científica con África (votación)

4.9. (A6-0023/2008, Ambroise Guellec) Cuarto informe sobre la cohesión económica y social (votación)

4.10. (A6-0028/2008, Gisela Kallenbach) El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (votación)

5. Explicaciones de voto
  

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

 
  
  

Explicaciones orales de voto

 
  
  

- Informe: André Brie (A6-0491/2007)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Señora Presidenta, en el debate de ayer sobre el marcado CE llamé la atención de la Comisión una vez más sobre el hecho de que no se haya iniciado todavía el registro de ese marcado, aunque esté recogido en la legislación europea desde hace 16 años y yo lo haya pedido en una interpelación parlamentaria hace tres meses.

Celebro la promesa que hizo ayer el Comisario de Empresa e Industria de acelerar este asunto, pero no sé si es consciente de la importancia de registrar el marcado CE en mercados extranjeros. Hasta que se registre, será imposible reclamar daños en caso de que algunos fabricantes o importadores hagan un uso indebido de la marca de conformidad europea que simboliza la seguridad del producto, para conseguir una ventaja desleal y engañar a los clientes tanto de Europa como del resto del mundo. Eso seguro que ayudaría a librar al mercado de la competencia desleal.

 
  
  

− Situación en Gaza (RC-B6-0066/2008)

 
  
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  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Muchas gracias. Entrar en la Franja de Gaza y comprobar de primera mano las consecuencias de la ocupación y el bloqueo en la vida cotidiana ha sido una experiencia impactante. El 80 % de la población está desempleada, los israelíes cortan de vez en cuanto el suministro de agua y electricidad, muchas personas hacen sólo una comida al día y la gran mayoría de la población lleva años sin poder salir de una zona que es más pequeña que la ciudad de Budapest. Como dijo un profesor israelí, Gaza es una cárcel y sus habitantes son prisioneros de los que difícilmente puede esperarse una conducta racional.

Por otra parte, es terrible que algunos grupos palestinos estén lanzando cohetes desde los territorios de Gaza, poniendo en peligro la vida de civiles israelíes inocentes. La crisis dura ya demasiado para poder resolverla por la vía tradicional. Ahora, las dos partes están presas en manos de sus propios extremistas y no pueden hacer concesiones reales por culpa de ellos.

La comunidad internacional, y sobre todo la Unión Europea, tienen que forzar a Israel y a los palestinos a encontrar una solución amistosa. He votado a favor de la recomendación, con la esperanza de que los Estados miembros adopten medidas más enérgicas.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Yo también siento mucho la situación de la población de la Franja de Gaza, que está en manos de Hamás. Sin embargo, no puedo apoyar esta resolución del Parlamento Europeo, porque no se ha eliminado de ella el artículo que pide la apertura de negociaciones entre la Autoridad Palestina y Hamás. Todos sabemos que no se puede negociar con los terroristas que han ocupado Gaza. Ese llamamiento es un acto de hipocresía, que trata de poner a Hamás en el papel de socio de la Autoridad Palestina. No quiero participar en la legitimación de esta organización terrorista.

Me temo que la situación demandará en breve una intervención, que, no obstante, tendrá que ser autorizada por las Naciones Unidas. Y ahí es donde Europa debería desempeñar un papel muy activo.

 
  
  

- Séptimo Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (RC-B6-0092/2008)

 
  
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  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señora Presidenta, en contraste con lo que reclama este Parlamento, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no desempeña, en realidad, un papel tan importante en la defensa de los derechos humanos en el mundo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Sólo 25 de sus 47 miembros son democracias libres, nueve de ellos no son libres y tres, China, Cuba y Arabia Saudí, están entre los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo. Esos países pisotean la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se defienden de las críticas a sí mismos y a otros regímenes. En algunos casos, el Consejo simplemente ha socavado la vigilancia de los derechos humanos. No ha pronunciado todavía ni la más ligera condena ante la mayor crisis humana que se está produciendo actualmente en el mundo, Darfur. En lugar de elogiar los méritos de esa institución, el Parlamento haría mejor en incluir esos asuntos en su resolución.

 
  
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  Philip Claeys (NI). – (NL) Señora Presidenta, no sólo quiero mostrarme de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Dillen, sino decir también que la resolución es un insulto para las religiones que cuentan con la aprobación del Consejo. La resolución dice, y cito textualmente, que las personas con «responsabilidad tienen que alzar la voz y la libertad para expresar la propia opinión puede estar limitada en asuntos relacionados con la salud pública y la moralidad». La resolución se refiere, por supuesto, a la prohibición de lanzar todo tipo de críticas contra el Islam. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas va así directamente en contra de sus propios objetivos oficiales, la protección del derecho a la libre expresión de la opinión y, por tanto, también la propia protección de los derechos humanos.

 
  
  

- Informe: Françoise Castex (A6-0024/2008)

 
  
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  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, con mucho gusto tomo la palabra para defender el voto a favor de la versión final de este informe, en nombre de todo el Grupo del Partido Popular Europeo y los Demócratas Europeos, así como en mi propio nombre. El informe plantea la cruda realidad de que hay más personas de edad avanzada que jóvenes, porque tanto la atención médica como los estilos de vida nos proporcionan una mayor esperanza de vida media; no a todos, lamentablemente, pero sí a la media. Por consiguiente, ahora hay muchas más personas de edad avanzada, también porque la tasa de natalidad ha descendido, y por eso en este documento pedimos medidas que fomenten la natalidad.

Quiero decir que el Partido Popular Europeo, junto con el UEN y otros grupos, han pedido que se elimine el apartado 24. Nosotros hemos votado a favor de su eliminación, pero lamentablemente la mayoría de esta Cámara no ha hecho lo mismo. Creo que con esto debo haber agotado el tiempo de que disponía.

 
  
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  Philip Claeys (NI). – (NL) Señora Presidenta, el mérito del informe Castex es, indudablemente, que explica los enormes retos demográficos a los que se enfrenta Europa. Hay que reconocer que se han formulado muchas y buenas preguntas, ideas y soluciones. Es cierto que se tienen que prestar más y mejores servicios de atención infantil, que los trabajadores de más edad tienen que recibir oportunidades de formación continua en los mercados de trabajo, y que los servicios sanitarios tienen que prepararse urgentemente para afrontar el desafío que plantea el envejecimiento acelerado de la población.

Por otra parte, este Parlamento está dejando de considerar la inmigración como un instrumento con el que garantizar el futuro demográfico y económico de Europa. Hace poco, uno de los asesores más importantes del Primer Ministro británico, Lord Turner, calificó el axioma de que los inmigrantes son necesarios para compensar la escasez de trabajadores como, y cito textualmente, «una afirmación económicamente analfabeta y completamente incorrecta». Europa tiene ya un millón de inmigrantes desempleados, con todos los problemas que eso supone. Con la entrada de más inmigrantes, los problemas ya existentes no harán más que agravarse.

 
  
  

− Informe: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

 
  
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  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, en la votación del informe Guellec sobre la política de cohesión, no he podido apoyar la enmienda de transacción 4, que pide «más recursos financieros para la política de cohesión» en el futuro.

El incremento automático de las ayudas de la UE no es, posiblemente, el enfoque más responsable cuando tenemos el problema práctico de cómo hacer un uso razonable y eficiente de dichas ayudas. Yo estoy más bien a favor de utilizar el término «suficientes recursos financieros».

 
  
  

Explicaciones escritas de voto

 
  
  

- Informe: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) En una Unión Europea en la que proliferan las más variadas directivas sobre cuestiones de detalle que mejor se abordarían a escala de cada uno de los Estados miembros, teniendo en cuenta sus especificidades y su grado de desarrollo, no deja de ser interesante ver cómo hace la Comisión Europea para controlar el cumplimiento de la aplicación del Derecho comunitario.

Una de las conclusiones que se pueden extraer es que hay formas de actuación muy diversas, dependiendo de las Direcciones Generales, pero no está claro si los Estados miembros trabajan también de formas diferentes, si bien la experiencia nos dice que los países de pequeño y mediano tamaño suelen actuar con mayor rigor que las grandes potencias europeas. Eso es lo que ha sucedido con el Pacto de Estabilidad.

Este último informe introduce una novedad que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aplaude. En el Informe anual y en sus anexos, la Comisión Europa ha incluido, por primera vez, un tratamiento específico y pormenorizado de las infracciones ligadas a peticiones.

 
  
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  Boguslaw Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) La señora Frassoni ha elaborado un buen informe. Apoyo la propuesta de simplificar la aplicación del Derecho comunitario y la introducción de reuniones paquete para ese fin. Estoy también a favor de los seminarios dedicados a la transposición de instrumentos jurídicos comunitarios.

Apoyo, asimismo, la idea de mejorar la eficiencia de la aplicación del Derecho comunitario mediante el estrechamiento de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Esas medidas ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de la Unión Europea con respecto, por ejemplo, a las acciones de los Fondos europeos y a la armonización de las normas sobre productos en el mercado comunitario.

 
  
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  Daniel Strož (GUE/NGL), por escrito. – (CS) En lo que respecta al informe relativo al informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho Comunitario, soy de la opinión de que uno de sus aspectos principales es la intención de la Comisión de mejorar los métodos de trabajo en los casos de infracción manifiesta del Derecho comunitario en los Estados miembros. En el marco del nuevo método de trabajo propuesto, las consultas y quejas de los ciudadanos deben devolverse directamente al Estado miembro en cuestión. Como bien ha dicho la ponente, señora Frassoni, este nuevo método de trabajo de la Comisión, en otras palabras, la devolución de las quejas, conlleva el riesgo inherente de que la Comisión renuncie a su responsabilidad fundamental en lo que atañe a la aplicación del Derecho comunitario.

En este sentido, quiero destacar también otro punto que ha sido ya objeto de críticas en el Parlamento Europeo: son los grupos de interés, y no los ciudadanos, los que consiguen siempre acceder a las notificaciones de la Comisión dirigidas a los Estados miembros en caso de presuntas infracciones del Derecho comunitario. Pero son precisamente los ciudadanos, con sus denuncias, los que constituyen una fuente imprescindible de información y nos alertan de infracciones o incumplimiento del Derecho comunitario, y no algunos grupos de interés con su propio temario.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe de la señora Frassoni sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2005).

La señora Frassoni ha presentado un informe muy bueno. En particular, la propuesta de resolución pide cohesión en el ámbito de la acción conjunta de las instituciones de la UE, los parlamentos nacionales y los propios ciudadanos. Los principales puntos ofrecen ideas para mejorar el control y propuestas para simplificar la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario y mejorar su eficacia. Esta aplicación es esencial para hacer más eficaz la política de la Unión Europea en, las acciones, por ejemplo, de los Fondos europeos y en la armonización de las normas sobre productos en el mercado comunitario.

La petición que se hace en la propuesta de resolución a los parlamentos nacionales es muy importante. Se les insta a ir más allá de la simple transposición formal del Derecho comunitario y evitar la fragmentación en su incorporación a la legislación nacional.

 
  
  

- Informe: André Brie (A6-0491/2007)

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción la propuesta de André Brie para la regulación de la acreditación y la vigilancia del mercado en lo relativo a la comercialización de los productos en la Comunidad Europea. La propuesta aumentará el grado de protección de los consumidores y mejorará la seguridad de los productos. Para garantizar una mayor protección, es necesario que un organismo público se ocupe de la acreditación y vigilancia del mercado. El informe plantea estas cuestiones y yo he votado a favor de sus recomendaciones.

 
  
  

- Informe: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. (IT) Señora Presidenta, Señorías, en un momento en el que el mercado europeo parece totalmente incapaz de defenderse a sí mismo contra el dumping extraeuropeo, observó con gran satisfacción el primer paso «institucional» hacia una nueva legislación y armonización del mercado europeo.

El Parlamento Europeo en Estrasburgo ha propuesto una nueva forma de regular los productos comercializados en el mercado comunitario. Estos productos tendrán que cumplir la normativa vigente y, después de una cuidadosa evaluación, podrán llevar la marca CE.

Además de la introducción de la responsabilidad conjunta de importador/productor extranjero por los daños causados por los productos no conformes, el informe propone la creación de un complejo sistema de vigilancia que imponga sanciones proporcionadas a la gravedad de la infracción, para constituir un eficaz factor disuasorio del uso indebido.

Los consumidores y las empresas pueden, por tanto, mirar al futuro con renovado optimismo. La eliminación de las barreras, el pilar de la política de la UE sobre el libre comercio desde sus mismos comienzos, y la creación de un clima económico favorable a las empresas conseguirán un elevado nivel de protección tanto para los consumidores, debido al cumplimiento de unas normas estrictas en materia de salud y seguridad de los productos, como para las empresas, que por fin se beneficiarán de un riguroso sistema de controles y equilibrios que protegerá los productos fabricados en Europa.

Por esta razón, votaré a favor del informe.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe del Parlamento Europeo introduce ciertos elementos que pueden ser positivos, aunque son algo contradictorios. Por ejemplo, responsabiliza por igual a todos los que intervienen en la colocación de un producto en el mercado, desde el fabricante al distribuidor y al importador, pero sin aclarar bien cómo.

El informe permite también el mantenimiento de los marcados nacionales, que según la propuesta de la Comisión Europea deberían desaparecer, reconociéndose únicamente el marcado CE. Ahora, el texto de compromiso sustituye la referencia a «marcados nacionales» por «otros marcados».

El informe mantiene también el principio de que se trata de un marco no obligatorio, si bien quien lo adopte tendrá que regirse por él. Además, introduce una mención a las PYME, exigiendo que sean tenidas en cuenta sus necesidades específicas.

Con todo, el objetivo de la propuesta de la Comisión Europea, que el informe no cuestiona, es facilitar el funcionamiento del mercado único eliminando los obstáculos que persisten, aunque sin aplicarlo a algunos sectores de actividad, en particular los relativos a los alimentos, los piensos, la salud y bienestar de los animales, los productos de tabaco, los medicamentos de uso veterinario, los medicamentos de uso humano, la sangre humana y los tejidos o células de origen humano, para los que ya existe legislación armonizada.

 
  
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  Boguslaw Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) La señora Schaldemose ha dicho, con razón, que esta decisión, dirigida a crear un sistema más amplio y riguroso de control comunitario de la comercialización de productos, puede tener un profundo impacto en el funcionamiento del comercio internacional. Esto requiere un análisis por separado.

Estoy de acuerdo en que la propuesta de que los importadores sean también responsables del daño causado por los productos no seguros y los que no cumplan los requisitos del sistema de acreditación trata de mejorar la eficacia del sistema y proteger los intereses públicos de la Comunidad. Trata también de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección contra unas prácticas inseguras y desleales.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) He acogido con satisfacción y votado a favor del informe de la señora Schaldemose, que propone un marco común para la comercialización de productos. Las recomendaciones contenidas en él intensificarán los esfuerzos de la UE para proteger a los consumidores. La marca CE suele ser malentendida como una marca de seguridad, cuando en realidad es simplemente una declaración de la conformidad del producto con la legislación de la UE. Es esencial que nos aseguremos de que la marca CE no sea objeto de abusos y de que se informe a los consumidores de lo que garantiza.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) Como ponente en nombre del Grupo del PPE-DE para el informe presentado por la señora Schaldemose sobre el marco común para la comercialización de productos, quiero manifestar mi satisfacción con los resultados de la votación: el compromiso alcanzado ha permitido ya finalizar el proceso legislativo en primera lectura.

Dicho compromiso permite la inclusión de algunos de los artículos relativos a la marca CE en el informe del señor Brie sobre la vigilancia del mercado, de forma que puedan ponerse en práctica más deprisa. Nuestra decisión de hacerlo así se basó en información que demuestra claramente que en la base de datos europea de productos de consumo peligrosos (RAPEX) aparecen cada vez más productos fabricados en países en desarrollo que hacen un uso indebido del marcado CE, indicativo de que un producto cumple la legislación europea.

La confianza o desconfianza en la marca CE no puede basarse sólo en la propia marca, despojada de todo contexto. Tiene que haber una confianza plena en el sistema de acreditación, notificación y vigilancia del mercado.

No veo razón alguna para introducir marcados adicionales en los productos, ni siquiera aunque sean marcas de calidad. Ese nuevo marcado podría confundir al consumidor final y, además, el coste adicional repercutiría en el precio de los productos. Por eso espero con interés los resultados del estudio de impacto del uso de los marcados nacionales, que la Comisión está realizando a petición de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

 
  
  

- Informe: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El argumento de la Comisión Europea para proponer este Reglamento es que «el principio del reconocimiento mutuo ... se ve obstaculizado por diversos problemas» (en otras palabras, se puede impedir que los productos comercializados en un Estado miembro se comercialicen en otro). Considera que debe minimizarse la posibilidad de que las normas técnicas nacionales creen obstáculos ilegales a la libre circulación de productos entre los Estados miembros. Establece, por tanto, los requisitos que las autoridades han de cumplir al aplicar una norma técnica nacional y les impone la carga de la prueba. Esto es, impone condiciones con el objetivo claro de restringir la posibilidad de que cada Estado aplique sus propias normas.

Por su parte, el informe del Parlamento Europeo añade nuevos obstáculos a la acción de cada Estado, por ejemplo: «El presente Reglamento tiene por objeto reforzar el funcionamiento del mercado interior a través de una competencia libre y no distorsionada mediante la mejora de la libre circulación de productos y, al mismo tiempo, garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y de seguridad de los productos».

En la práctica, queda prohibido a los Estados miembros restringir la venta en su territorio de productos fabricados o comercializados en otro Estado miembro, aunque no sean plenamente conformes con las normas del Estado miembro de destino.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Estoy de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe del señor Stubb. El documento trata de aclarar y definir el papel de las autoridades nacionales y los operadores económicos en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Aunque estoy a favor de aumentar la eficiencia con la que se aplica el principio de reconocimiento mutuo, eso no tiene que afectar al fundamento del mercado único, que es el aumento de la armonización. Además, han de formar parte de la aplicación del principio los aspectos de seguridad. Estoy convencido de que el informe trata suficientemente estas cuestiones y por eso he votado a favor.

 
  
  

- Informes: Alexander Stubb (A6-0489/2007), Christel Schaldemose (A6-0490/2007) y André Brie (A6-0491/2007)

 
  
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  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − (EN) No estamos de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo como garante de unos derechos avanzados del consumidor, sociales y ambientales. El principio dice que, si el producto se acepta en algún lugar de Europa, no se le puede negar su acceso a otro Estado miembro, salvo que las autoridades puedan presentar pruebas de que se justifica la aplicación de una norma técnica nacional. Ahora bien, los criterios para permitir excepciones a ese principio han sido ya establecidos por los tribunales de la UE. Y esos criterios se aplican a todos los Estados miembros, independientemente de que aprobemos o no el paquete relativo a los productos.

Además de eso, los derechos de los consumidores a escala de la UE se ven reforzados con el paquete. Estamos también en contra de cualquier medida adoptada en el paquete que pueda dar respaldo político a la futura armonización del Derecho penal a escala comunitaria. Teniendo todo lo anterior en cuenta, hemos decidido votar a favor de los informes.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Estoy a favor del paquete relativo al mercado interior de productos, porque es fundamental que tengamos un marco común para la comercialización de productos en otros países. En un mercado interior basado en los principios de la armonización técnica de las normas que regulan la venta de productos en el mercado europeo y el principio de reconocimiento mutuo, no pueda darse el caso de que la comercialización de productos autorizada en un Estado miembro se vea retrasada considerablemente o, en el peor de los casos, verdaderamente obstruida debido a una excesiva burocracia en otro.

Por eso acojo con satisfacción los informes de la señora Schaldemose y del señor Brie, quienes proponen que se reduzcan los procedimientos administrativos y se establezca un marco jurídico común para las futuras disposiciones sectoriales, de manera que en el futuro pueda garantizarse tanta coherencia como sea política y técnicamente posible. Por último, quiero decir que hay que mejorar las dos propuestas, para que las definiciones básicas y, sobre todo, el ámbito de aplicación del marco jurídico, queden perfectamente claros. Si esas propuestas carecen de terminología clara, será imposible conseguir la armonización deseada.

 
  
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  Karin Scheele (PSE), por escrito. (DE) Es indudable que el paquete sobre el mercado interior de productos en Europa, que se va a someter hoy a votación, supone mejoras para los consumidores. Los problemas con los juguetes infantiles importados el año pasado han demostrado que existe una necesidad clara de actuar en este ámbito y que los importadores tienen que asumir una mayor responsabilidad por la seguridad de los productos.

El Parlamento Europeo ha conseguido algo importante, y es que el Nuevo Enfoque se aplique en menor medida y que su aplicación se evalúe en cada caso. No podemos estar satisfechos con el tratamiento de la marca CE hasta la fecha. No es, desde luego, una marca de calidad que denote un producto fabricado en Europa, pero eso es lo que implica para muchos consumidores en su forma actual y, por tanto, es muy engañosa.

 
  
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  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. – (NL) Señora Presidenta, Señorías, he votado con convicción a favor del acuerdo tripartito relativo a este paquete normativo para la creación de un mercado común verdaderamente libre. Estoy también convencida de que podremos cerrar este asunto en primera lectura, e incluso en el plazo de un año desde la presentación de las propuestas. Esta legislación es tan necesaria que, sinceramente, me pregunto por qué los consumidores y las PYME han tenido que esperar tanto tiempo.

El principio del reconocimiento mutuo fue formulado por el Tribunal de Justicia hace casi 30 años y ahora está consagrado en la legislación. Pero los Estados miembros no lo aplican sistemáticamente. Estoy convencida de que la inversión de la carga de la prueba que estamos estableciendo ahora es la mejor forma de respetar ese principio y de permitir que el mercado interior funcione para productos no armonizados.

Además, estamos garantizando realmente al consumidor una protección mucho mayor, así como una supervisión mucho mejor del mercado. No podríamos contentarnos con menos en una Europa que alardea de aplicar unas normas estrictas.

Por último, estamos tratando de librarnos de una serie de tendencias proteccionistas y perjudiciales. El nuevo sistema de acreditación para las organizaciones cuyos productos se certifiquen conforme a unas normas armonizadas supondrá unos costes administrativos, pero permitirá la obtención de mejores resultados, el buen funcionamiento del mercado interior y una mayor competencia en igualdad de condiciones.

Los costes que nos ahorraremos con este paquete terminarán generando más empleo y más crecimiento económico. La mejor protección del consumidor es una muy buena razón para aprobar este paquete con entusiasmo.

 
  
  

- Situación en Gaza (RC-B6-0066/2008)

 
  
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  Ford (PSE), por escrito. − Voy a votar a favor de esta resolución. La crisis humana y política en la Franja de Gaza es motivo de profunda preocupación. Tenemos que pedir a Hamás que ponga fin a sus ataques contra Israel desde el territorio que controla, y a Israel que cese sus acciones militares con víctimas civiles y las matanzas selectivas extrajudiciales.

La política de aislamiento de la Franja de Gaza ha sido un fracaso total en el plano político y humano. Ha de terminar el bloqueo, con la reapertura de los puestos fronterizos de entrada y salida de Gaza.

Celebro las contribuciones financieras de la UE a los palestinos en los últimos años, las cuales – con los controles y la vigilancia debidos – deben continuar.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Lamentablemente, una vez más la UE está utilizando una catástrofe humana para mejorar su posición en el ámbito de la política exterior.

La Lista de Junio manifiesta su solidaridad con la población civil afectada por un conflicto que sólo podrá resolverse a través de las Naciones Unidas y con un amplio apoyo internacional, y no a través de la UE.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque es verdad que compartimos muchas de las preocupaciones expresadas en la resolución, no es menos verdad que se han quedado cortas en la necesaria denuncia y condena de la política colonialista de Israel respecto a Palestina y a su pueblo.

Entre otros aspectos:

- Una vez más, la resolución coloca al agresor y al agredido, al ocupante y al ocupado, en el mismo plano, ignorando así el terrorismo del Estado israelí;

- La resolución no condena el criminal bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y a su población, ni denuncia la connivencia o el silencio de los Estados Unidos de América o de la Unión Europea al respecto;

- La resolución no dice nada sobre las deplorables declaraciones hechas por el Comisario Frattini, responsable de justicia y asuntos de interior, quien ha afirmado que la UE estaría dispuesta a «tener en cuenta las preocupaciones e intereses israelíes de una forma que ni siquiera consideramos en los primeros años de la Intifada». Es, como mínimo, abominable que quien tanto habla de terrorismo no sólo ignore el terrorismo de Israel, sino que esté dispuesto a colaborar con él.

Por nuestra parte, seguimos condenando la política de apartheid de Israel contra Palestina y defendiendo el pleno cumplimiento de los inalienables derechos del pueblo palestino, reconocidos en numerosas resoluciones de Naciones Unidas.

 
  
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  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor de la propuesta de resolución conjunta sobre Gaza y celebro que el Parlamento haya adoptado una postura tan clara respecto al levantamiento del bloqueo. Se está produciendo una catástrofe humana. No hay suficientes medicamentos disponibles en los hospitales para prestar asistencia básica; la ayuda alimentaria que recibe una parte de la población permite cubrir únicamente dos tercios de las necesidades diarias; el sector pesquero (que emplea a unas 10 000 personas) está sometido a grandes presiones, ya que los buques sólo pueden faenar cerca de la costa.

El litoral de la región corre el peligro de sufrir una catástrofe ecológica, ya que la planta de tratamiento de aguas residuales de Beit Lahia no está funcionando correctamente y el bloqueo que afecta a los suministros no permite realizar las reparaciones necesarias. Las empresas no pueden sobrevivir y los desempleados tienen que buscar trabajo entre los contrabandistas y extremistas. Los ataques con cohetes continúan y los pocos que están implicados en ellos amenazan la paz y el futuro de la mayoría, tanto israelíes como palestinos.

Hamás tiene que frenar a los autores de esos ataques. Sólo los extremistas de una y otra parte se están beneficiando, como he escuchado una y otra vez en mi reciente visita a Gaza. La UE ha de hacer todo lo posible para levantar el bloqueo, e Israel tiene que reconocer que no está dando seguridad a largo plazo.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Seamos totalmente claros desde el principio: el embargo de Israel es una clara violación del Derecho internacional y algo totalmente intolerable.

Como resultado del embargo y de la negación del acceso a agua potable y alimentos, Israel está creando artificialmente una situación para la población de la Franja de Gaza que no tiene parangón por su falta de humanidad y su desprecio a la dignidad humana. Gracias al Gobierno egipcio y a la sensatez de la policía fronteriza, se ha podido evitar hasta la fecha una grave catástrofe y se ha permitido que la población ajena al conflicto tenga acceso a productos básicos para atender sus necesidades esenciales. Por otra parte, es una irresponsabilidad pasar la responsabilidad a Egipto, que no tiene ninguna culpa de la escalada de la situación actual.

Es intolerable que, en el siglo XXI, la población civil se haya convertido en objetivo de los atentados terroristas de Hamás. Así pues, se tienen que reparar inmediatamente las infraestructuras y garantizar los suministros a la población local.

Los palestinos, por su parte, tienen que hacer todo lo posible para relajar la situación y favorecer así la celebración de un acuerdo antes de finales de 2008. Pero, en la situación actual, las perspectivas de conseguir esa noble aspiración parecen remotas.

 
  
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  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. − Aunque tienen que hacerse todos los esfuerzos por encontrar una solución a la situación en Gaza, en el mejor de los casos esta resolución no servirá de nada y, en el peor, tendrá un efecto negativo. Si el Parlamento Europeo quiere ser un verdadero mediador de la paz en Oriente Próximo, ha de poner fin a la adopción de resoluciones desequilibradas. Es difícil para los diputados no votar a favor de una resolución que aborda problemas humanos, pero que pierde su valor al relacionar esos problemas con un retrato injusto de Israel. Una resolución parlamentaria no debe pedir a Hamás la liberación de presos como un mero «acto de buena voluntad». Hamás no es un rey medieval benevolente; es una organización terrorista, en gran parte responsable de la situación en Gaza.

Al exigir a Israel que cumpla sus obligaciones, esta Cámara debe recordar que algunos trabajadores israelíes siguen arriesgando su vida para suministrar electricidad a Gaza, a pesar de la manipulación del suministro eléctrico por parte de Hamás. Al atender las necesidades de los que sufren, tenemos que acordarnos de la población del sur de Israel, que algunos días recibe una media de un cohete cada hora y donde el 75 % de los niños sufren ansiedad y estrés postraumático.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las autoridades israelíes están realizando actos más criminales que nunca contra los palestinos. Llevan muchos meses entorpeciendo la circulación de personas, productos y alimentos e impidiendo el acceso a agua potable, electricidad y otros servicios básicos, mientras que el ejército israelí sigue atacando y asesinando a civiles.

La solidaridad expresada en la resolución por la catastrófica situación que sufre la población palestina debería darnos vergüenza, porque la UE y los Estados Unidos son parte del problema. Los intereses imperialistas apoyan a Israel en sus políticas criminales. Los imperialistas quieren conservar el control de una región que es importante para su posición y por su actividad geoestratégica; quieren mantener su derecho a intervenir, incluso militarmente.

Los planes del Cuarteto han demostrado el fracaso de otro nuevo intento imperialista, y los acuerdos de Anápolis obtendrán el mismo resultado. La propuesta de resucitar esos acuerdos es un intento de tapar con una venda los ojos de las personas; básicamente, equipara a las víctimas con los perseguidores.

Los imperialistas no pueden ofrecer una solución al problema palestino. Esa solución tiene que salir de las negociaciones entre los propios pueblos palestino e israelí, y de la solidaridad internacional con su aspiración a una coexistencia pacífica, que pasa por la creación de un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén Este.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. (FR) Si, aunque con reticencias, he votado a favor de un texto totalmente desequilibrado es porque una enmienda oral presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo ha restablecido en cierta medida la verdad en cuanto a la situación actual en Gaza.

No sé quién será el responsable, pero es intolerable, totalmente intolerable, que en su apartado 3 el texto equipare a Israel y a Hamás.

¿Se puede equiparar la preocupación de Israel por proteger a su población frente a los actos de violencia cometidos todos los días por Hamás y las milicias palestinas, con los ataques indiscriminados, el más reciente en Dimona, o la sarta de cohetes Qassam que caen sobre Sderot todos los días, dirigidos principalmente contra las escuelas, y por tanto, contra los niños, el alma de la sociedad israelí?

Está claro que tenemos opiniones muy diferentes sobre el conflicto, pero los diputados sinceros de esta Cámara tendrían que negarse a equiparar, en medio de una terrible violencia, a Israel, un país y un gobierno democrático, con Hamás, un movimiento terrorista considerado como tal por la UE (esto es cierto, al igual que la negativa reiterada a cumplir las condiciones del Cuarteto, que esta resolución oculta extrañamente).

 
  
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  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. − El tono y una gran parte del contenido de la resolución sobre Gaza están impregnados de un espíritu anti-israelí. Es cierto que los palestinos de Gaza viven en un estado permanente de privación, y eso es inhumano. Pero la culpa de esa situación la tiene sólo en parte Israel, y principalmente los terroristas y extremistas palestinos de Hamás, así como los Estados árabes, que no han ayudado a la rehabilitación de la población ni a la regeneración de la región. Se ha permitido que Gaza siga siendo una herida purulenta. Lamento que no se haya instado a las autoridades actuales de Gaza a tomar las medidas necesarias para encontrar una solución pacífica al conflicto con Israel. Acojo con satisfacción la petición de liberar al cabo Shalit. Por eso he optado por la abstención en la votación.

 
  
  

- Séptimo Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (RC-B6-0092/2008)

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La Lista de Junio apoya al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el importante trabajo realizado por esta institución.

Sin embargo, nos oponemos a la disposición contenida en el apartado 34, según la cual cada Estado miembro ha de manifestar la posición de la UE en estos asuntos. Cada Estado miembro de la UE es un miembro autónomo de Naciones Unidas y tiene, por tanto, derecho a manifestar su propia opinión. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de la resolución.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Sin olvidar sus anteriores posiciones sobre la definición del funcionamiento de este órgano de las Naciones Unidas, en las que se hicieron evidentes los intentos de garantizar su control y organización − recordemos las críticas y presiones de la UE, por ejemplo, en cuanto a la forma en que se eligió a algunos países para este órgano (lamentando el denominado principio de «tabla rasa» y defendiendo la introducción de criterios de elegibilidad), en cuanto al mecanismo de «procedimiento especial», el refuerzo de los mandatos por país y la posibilidad de crear nuevos mandatos por mayorías simples, o también en cuanto a las modalidades del «examen periódico universal» −, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que, aunque discurre a lo largo de las mismas líneas, es más comedida en la explicación de sus objetivos reales.

Entre otros aspectos, destacaríamos su presión inaceptable para que cada Estado miembro condicione sus propuestas en este órgano de las Naciones Unidas a las posiciones que adopte la UE, subordinando así su soberanía a la política exterior. Destacamos también la lectura política que se deriva de los países antes mencionados – e igualmente, de dos no mencionados −, que evidencia una vez más la aplicación de «dobles raseros», esto es, la instrumentación de los derechos humanos en función de los intereses de la UE.

 
  
  

- Informe: Françoise Castex (A6-0024/2008)

 
  
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  Jan Andersson, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe sobre el futuro demográfico de Europa. Sin embargo, creemos que va demasiado lejos y plantea aspectos que exceden del ámbito de lo relativo al cambio demográfico. Nos oponemos también a las exenciones fiscales propuestas para empresas que organicen guarderías y para personas que trabajen a domicilio.

No obstante, hemos decidido votar a favor del informe porque también aborda aspectos importantes del reto al que se enfrenta Europa.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lamentamos que no se hayan aprobado todas las propuestas que presentamos para mejorar el informe, cuestionar algunos motivos e incluir medidas que consideramos fundamentales para defender los derechos de las mujeres, de las familias y de los niños. Por ejemplo, sabemos cómo los bajos salarios y el empleo precario agravan la inestabilidad social y, en consecuencia, reducen drásticamente las perspectivas estables para las personas que optan por tener hijos.

De ahí que mejorar la estabilidad del empleo, aumentar los salarios, ampliar la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo, reducir el tiempo de trabajo total sin pérdida salarial, y asegurar una distribución más equitativa de la renta y el pleno empleo constituyan propuestas fundamentales para la gestión del cambio demográfico.

Es igualmente importante crear nuevas y mejores infraestructuras educativas y sociales, tanto para los jóvenes como para los mayores, incluidas más estructuras de educación permanente, cuidados infantiles, cuidados de enfermería y cuidados para los mayores. Eso exige más y mejores servicios públicos, con una garantía de igualdad de acceso para todos.

Al no promover de pleno estos aspectos, el presente informe no da una respuesta efectiva a tales problemas, a pesar de contener propuestas positivas, que nosotros valoramos, pero que no son suficientes para que votemos a su favor.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Muchas regiones de Europa se enfrentan a retos demográficos. Ahora bien, estos retos deben ser resueltos con medidas nacionales, no con propuestas generales de la UE que posiblemente sirvan para algunos países, pero que quizá no sean adecuadas en otros Estados miembros. Muchos países de la UE, entre ellos Suecia, han respondido a la baja tasa de natalidad y a los problemas demográficos adoptando una política de bienestar debidamente desarrollada y abordando el tema de la inmigración. Los Estados miembros que lo deseen deberían estudiar el caso de los países suecos y escandinavos y copiar las medidas que ellos han tomado.

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. (PL) Apoyo totalmente el informe sobre el futuro demográfico de Europa. Es un hecho que la caída constante del crecimiento demográfico en los últimos años, sumada al aumento de la esperanza de vida media, producirá probablemente cambios importantes en la estructura demográfica de la Unión Europea de aquí a 2050. Esos cambios consistirán en un envejecimiento general de la población y en una disminución del número de personas que trabajan. El resultado será un incremento considerable de la carga sobre los presupuestos de los Estados miembros. El proceso será doloroso, no sólo para cada uno de los Estados miembros, sino también para el conjunto de la Unión Europea. Esta última podría perder su ventaja competitiva y registrar una caída del crecimiento económico, en contraste con la situación de otras regiones del mundo, que se caracterizan por un rápido crecimiento demográfico.

Está también claro que ese desequilibrio demográfico tendrá consecuencias negativas para la financiación de la asistencia social y la sostenibilidad de los planes de pensiones. Apoyo, por tanto, las medidas propuestas en el informe y que se orientan a la renovación demográfica, la ampliación del período de actividad profesional, la garantía de una asistencia social de calidad y la promoción de la solidaridad entre generaciones. Esas medidas son fundamentales para mantener la competitividad de la economía de la Unión y garantizar, al mismo tiempo, el funcionamiento a largo plazo del modelo social europeo.

 
  
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  Carl Lang (NI), por escrito. (FR) Los europeos son una especie en extinción. Con una tasa de natalidad inferior a 1,5, de aquí a 2050 la UE de los 27 habrá perdido cerca de 20 millones de habitantes y los mayores de 65 años representarán el 30 % de la población.

Las medidas propuestas por la señora Castex para rectificar la tasa de natalidad europea son ridículas, porque como todos los europeístas en el poder, nuestra colega no quiere renovar la población europea, sino sustituirla por inmigrantes africanos y asiáticos. Por eso utiliza 15 artículos en su informe para pedir que se adopten medidas de agrupación familiar, se reconozcan derechos civiles a los inmigrantes y se aumenten los esfuerzos para integrarlos ...

Esta política, defendida en Francia por el señor Attali y aplicada por el señor Sarkozy, hará que otros 80 millones de inmigrantes entren en Europa de aquí a 2050 y llevará con el tiempo a la desaparición de nuestros pueblos.

Para garantizar la supervivencia de los pueblos europeos, se han de invertir los flujos migratorios y hay que aplicar una política de fomento de la natalidad a gran escala, basada en la familia y en la defensa de la vida. Eso significa que nuestras naciones tienen que buscar su soberanía e identidad en una nueva Europa, la Europa de las naciones.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Estoy a favor de una política de cohesión para el desarrollo demográfico de la Unión Europea, ya que el cambio estructural en la pirámide de edades de la sociedad europea augura un futuro preocupante. Llamo su atención sobre el hecho de que todos los países industrializados de Europa se enfrentan a los mismos y graves problemas de política social, que suponen una seria amenaza para el modelo europeo de bienestar social, esencial para nuestra prosperidad actual.

En este contexto, quiero destacar especialmente el aumento del coeficiente medio europeo de dependencia de la tercera edad al 53 % en 2050, debido a una tasa de natalidad anormalmente baja en la UE de 1,5, y que no sólo origina conflictos intergeneracionales y puede considerarse, por tanto, como un obstáculo para la cohesión social, sino que también puede debilitar la competitividad europea en la economía mundial. El cambio demográfico que está teniendo lugar requiere, por tanto, una adaptación general de los distintos sistemas sociales y una rápida y eficiente intervención.

 
  
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  Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. (FR) El informe Castex sobre el futuro demográfico de Europa es una banalidad terrible, que contiene todos los clichés propios de los estudios sobre este tema. La señora Castex se olvida, entre otras cosas, de mencionar los métodos anticonceptivos que han sido en gran parte responsables del descenso de la tasa de natalidad en Europa a su nivel actual de sólo 1,5 hijos por mujer, muy lejos del necesario para la renovación de las futuras generaciones.

La creación de un entorno favorable al crecimiento demográfico depende de que las mujeres estén dispuestas a criar a sus hijos durante un período de tiempo relativamente largo. Esa es una inversión prioritaria para la sociedad, y reduciría considerablemente las tasas de abandono escolar y la delincuencia juvenil.

El recurso a la inmigración para compensar las cunas vacías es una idea peligrosa que no sólo desestabilizaría a nuestras sociedades occidentales, sino que sería una verdadera bomba de relojería, con todas las consecuencias que fácilmente podemos imaginar. Justificar la inmigración por la falta de mano de obra, cualificada o no cualificada, cuando Europa tiene más de veinte millones de desempleados, es penalizar a los trabajadores europeos, que seguro que apreciarán las propuestas de la Comisión o del Parlamento Europeo.

Por estas razones, tenemos la intención de votar en contra del informe Castex.

 
  
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  Boguslaw Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) La señora Castex ha dicho, con razón, que en vista de que el coeficiente medio europeo de dependencia de la tercera edad (el número de personas con 65 o más años dividido por el número de personas de entre 14 y 65 años de edad) aumentará del 25 % en 2004 al 53 % en 2050, la Unión Europea corre el riesgo de perder su ventaja competitiva y de sufrir una caída del crecimiento económico.

Estoy de acuerdo con las propuestas de desarrollar cinco líneas de actuación principales, encaminadas a la renovación demográfica: calidad de vida y vida activa, una Europa más eficiente, una mayor integración de los inmigrantes, garantía de asistencia social y solidaridad entre generaciones.

 
  
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  Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski y Konrad Szymañski (UEN), por escrito. − (EN) Hemos votado en contra de este informe porque las soluciones que propone frente a la crisis demográfica son contraproducentes.

Al contrario de lo que dice, sólo las familias tradicionales y el respeto social a la maternidad proporcionan el remedio que necesitamos.

Los experimentos sociales propuestos en el informe (las llamadas «estructuras familiares alternativas») no representan más que riesgos para nuestras sociedades.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. (FR) Rara vez he votado una resolución con tanto placer, porque demuestra claramente que las mujeres y las personas de edad avanzada tienen un importante papel que desempeñar ante el reto de nuestro futuro demográfico.

De las mujeres se espera que estén dispuestas a traer más hijos al mundo, al tiempo que desempeñan una actividad profesional durante un período de tiempo más largo. Pero para ello deben darse unas condiciones que las motiven.

No puede ser que las mujeres piensen que se han equivocado, o se vean expuestas a la pobreza, cada vez que traigan un hijo al mundo.

Resulta que cuanto más procrean, más discriminadas están en materia de cobertura social y, sobre todo cuando se dedican plenamente a la familia, obtienen menos ingresos y su jubilación es más corta.

Por tanto, ni las más bellas resoluciones servirán de nada sin el valor político de para ponerlas en práctica. Así sucedió, lamentablemente, con la resolución de 1995 sobre la distribución de los derechos a pensión en caso de divorcio y sobre la resolución relativa a la situación de las esposas que ayudan en una PYME, para remediar las numerosas discriminaciones que siguen sufriendo las mujeres y la terrible situación de tantos hombres en relación con el permiso de paternidad.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) Acojo con satisfacción las recomendaciones de Françoise Castex sobre el futuro demográfico de Europa. El mensaje general de promover la competitividad económica manteniendo el modelo social europeo me parece lógico y justo. Estoy de acuerdo con la atención que se presta en el informe a la contribución de ámbitos como los de la educación, los cuidados infantiles y los mecanismos financieros para garantizar ese objetivo. Es también preciso que se promueva la igualdad profesional entre hombres y mujeres, así como una política de inmigración adecuada, producto de una reflexión tranquila, y que incorpore el objetivo de una buena integración. El informe plantea estas cuestiones y yo he votado a favor de sus recomendaciones.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los flujos masivos de inmigración y el envejecimiento están poniendo en situación de riesgo a la población activa local. Los primeros se presentan como una cura milagrosa para lo segundo, pero simplemente conducen a la etnomorfosis; en otras palabras, al Umvolkung: el cambio forzoso de la composición étnica de la población. Salvo que las altas esferas de la UE empiecen por fin a presionar a favor de una política de fomento de la natalidad entre la población autóctona europea, promueva la familia tradicional con muchos hijos, adopte medidas en contra de los intentos de destruir la familia tradicional – como el matrimonio entre homosexuales − y restablezca la tolerancia cero con la inmigración, incluido lo relativo al reagrupamiento familiar, en cincuenta años estaremos aquí sentados discutiendo sobre la kozovización de Europa, como estamos haciendo ahora con la propia cuestión de Kosovo.

En el informe que hoy nos ocupa, vuelven a tratar de vendernos la inmigración como una panacea, cuando la realidad es que dentro de poco la población autóctona de Europa será la que tenga que adaptarse a los inmigrantes. Por eso he votado en contra del informe hoy.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) La UE tiene que responder a los graves cambios demográficos si quiere mantener su equilibrio demográfico y territorial. Por una parte, es necesario hacer frente al envejecimiento de la población. La situación es alarmante. Cada año, a partir de 2010, el número de personas empleadas disminuirá en 1 millón y eso pondrá en peligro la solidaridad entre las generaciones.

Por otro lado están los problemas causados por una tasa de natalidad cada vez menor; esos problemas llevan varios años vivos. La decisión de retrasar el momento de tener hijos puede ser el motivo de la creciente infertilidad de las parejas. La protección de la madre y de la familia tiene que convertirse en el foco de atención de todas las políticas de la UE. Los sistemas de pensiones no tienen que castigar a las mujeres por ser madres.

En años recientes, las diferencias entre los Estados miembros se han ido reduciendo, pero han aumentado mucho en los distintos Estados miembros. Las regiones desfavorecidas, sobre todo, están menos desarrolladas y, por encima de ellas, están también las más afectadas por los cambios demográficos, principalmente el envejecimiento de la población y la migración. Puesto que no hay suficientes puestos de trabajo debidamente remunerados, los trabajadores cualificados se van a las grandes ciudades. La gran concentración de actividades económicas en las capitales erosiona el equilibrio demográfico, económico, social y medioambiental y reduce la población en las zonas rurales, que suelen carecer de la infraestructura básica necesaria para el desarrollo.

He votado a favor del informe de la señora Castex sobre el futuro demográfico; es uno de los informes importantes. Tenemos que ser conscientes de que el desarrollo demográfico es un componente fundamental de todas las políticas, ya sean a medio o a largo plazo.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La renovación de la población europea es un factor crucial para asegurar un equilibrio entre los más jóvenes y los de más edad y para aumentar la población activa. Las consecuencias del actual descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida contribuirán a aumentar el coeficiente de dependencia de la tercera edad y a reducir la población en edad laboral. Por ello es fundamental que adoptemos medidas encaminadas a la renovación demográfica, que consigan una Europa más productiva y avanzada, con un elevado grado de protección social y de solidaridad entre las generaciones.

Tenemos que formular políticas que incentiven la renovación continua de la población europea y que aseguren el mantenimiento de la competitividad económica, al tiempo que preservan el modelo social europeo.

No podemos ignorar otro aspecto de esta cuestión que está vinculado a Europa en cuanto a destino de importantes flujos migratorios, visto que estas poblaciones contribuyen invariablemente al aumento de las tasas de natalidad. La combinación de la cuestión demográfica con las cuestiones de migración tiene algunos riesgos y no podemos contar meramente con esas poblaciones para la renovación demográfica. Por eso, quiero insistir en las medidas dirigidas a promover la natalidad, acompañadas de políticas adecuadas en materia de educación y formación y de solidaridad entre generaciones, cuya finalidad es frenar la recesión demográfica en Europa.

 
  
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  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Europa se enfrenta a un enorme reto demográfico. Este es un tema perfectamente pertinente para debatirlo a escala europea; yo mismo lo he abordado como autor de un dictamen sobre flexiseguridad. Sin embargo, es fundamental que el punto de partida del debate sea que la necesidad de supeditar la mayoría de las medidas propuestas, como una edad de jubilación más tardía, una política familiar prudente, unas condiciones favorables al permiso parental, etc., al principio de subsidiariedad. Algunas de las numerosas soluciones propuestas en el informe se han puesto ya en práctica y han funcionado bien en Suecia. Pero eso no significa que vayan a funcionar igual de bien en otras partes de Europa.

El problema fundamental del informe de la señora Castex no es, por tanto, su intención, sino que la mayoría de lo que se considera está relacionado con políticas que tendrían que ser aplicadas por los Estados miembros e incluso, en ocasiones, por las autoridades municipales. Por eso he votado a favor de las enmiendas que insisten en el principio de subsidiariedad y me he abstenido en la votación final.

 
  
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  Czeslaw Adam Siekierski (PPE-DE), por escrito. (PL) Hemos aprobado un informe importante sobre el futuro demográfico de Europa. El aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos constituye, desde luego, un logro para los Estados miembros de la Unión. Pero eso lleva también al envejecimiento gradual de la población. A la larga, esa situación acabará por alterar el equilibrio entre la población productiva y los que ya han pasado esa etapa. Pone además en peligro la solidaridad entre generaciones, porque un menor número de personas profesionalmente activas tendrán que soportar el coste cada vez mayor de prestaciones, subvenciones, pensiones, cuidados y servicios sanitarios para los que no trabajen.

Para contrarrestar esta situación, es preciso adoptar medidas que alarguen el período de actividad profesional y que aumenten la tasa de natalidad. Se necesitan también programas para la plena integración de los inmigrantes.

La modernización técnica y la introducción de la tecnología de la información en el lugar de trabajo conseguirán que el trabajo sea más eficaz y productivo. Eso contribuirá de manera importante a mejorar la situación.

Se deben tener también en cuenta los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas, así como el capital humano oculto en las zonas rurales, sobre todo en los países menos desarrollados.

La demografía es uno de los desafíos principales a los que se enfrenta la Unión Europea, sobre todo en el contexto de una sobrepoblación considerable en otras regiones del mundo.

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. (PL) En vista de la grave naturaleza del problema demográfico al que se enfrenta Europa, es totalmente necesario que el Parlamento y la Comisión le dediquen tiempo. Lamentablemente, he tenido que votar en contra del informe sobre el asunto planteado por la señora Castex por haberse rechazado tantas enmiendas fundamentales.

En concreto, la aceptación por el Parlamento de la disposición que indica la plena aceptación de la definición de familia en la legislación del país de origen del emigrante en caso de conflicto con la legislación del país de acogida, junto con las obligaciones financieras consiguientes en caso de poligamia, no puede consentirse. Es una intrusión en las disposiciones internas de los Estados miembros, que infringe el principio de subsidiariedad.

 
  
  

- Informe: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

 
  
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  Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. ― (GA) No estoy de acuerdo con todo lo que consta en el informe del señor Guellec pero, a pesar de ello, lo recibo con satisfacción y he votado a favor del mismo. Recibo con satisfacción la insistencia del señor Guellec en el desarrollo regional equilibrado. No sólo debe disminuirse la brecha de las disparidades entre los Estados miembros, sino que debemos disminuir también las que existen en el interior de los Estados miembros, así como entre las regiones. Debemos asegurar que los recursos crecientes se dirijan a favorecer el desarrollo regional y a abordar la exclusión social. El único modo de abordar la política de cohesión es mediante la herramienta de implementation tool para la estrategia de Lisboa.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Aunque este informe incluye ciertos aspectos que, a pesar de su moderación, consideramos positivos, no aborda eficazmente las principales cuestiones relativas a la financiación.

Un ejemplo de su anuencia es el enfoque adoptado respecto a los recursos financieros de la Comunidad, necesarios para una política de cohesión efectiva. En los considerandos, el informe reconoce que «en el futuro se deben garantizar más recursos financieros para la política de cohesión con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos anticipados» (si esto se relaciona o no realmente con la cohesión, es una cuestión aparte que todavía hay que dilucidar). Sin embargo, en su articulado o, en otras palabras, en la propuesta en sí, el informe simplemente alude a una ambigua necesidad de reforzar la política de cohesión, a la que deberían asignarse «suficientes» recursos financieros.

Lamentablemente, las enmiendas presentadas fueron rechazadas. Dichas enmiendas pretendían, por ejemplo, reconocer que existen países y regiones que están en desacuerdo con la UE; evitar el uso de la política de cohesión para otros fines, particularmente para financiar objetivos incluidos en la Estrategia de Lisboa que serían contrarios a la cohesión; reconocer la necesidad de incrementar los recursos financieros de la Comunidad destinados a la cohesión; imponer condiciones a la ayuda comunitaria para las empresas, de manera que se las disuada del traslado a otras zonas; destacar la necesidad de adoptar medidas permanentes con financiación adecuada para las regiones más aisladas, y reconocer el papel de la pesca en la cohesión.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Recibo con satisfacción el informe de Ambroise Guellec sobre el Cuarto informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social. Los hallazgos apuntan a un progreso evidente en la mejora de la cohesión económica y social a lo largo de toda la UE. No obstante, el hallazgo de que se han incrementado las disparidades en un número de Estados miembros, especialmente entre las capitales y las zonas rurales, demuestra la necesidad de proseguir hacia el objetivo de esta política de tratar de reducir las diferencias en las diversas regiones de la UE, y entre ellas.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. − (SK) La política de cohesión ayuda a resolver problemas como los cambios demográficos, la migración de las zonas rurales a las urbanas, la segregación o los cambios climáticos, problemas que pueden afrontarse únicamente si la política de cohesión continúa siendo una política comunitaria y, por esa razón, doy mi total apoyo al informe. Podemos apreciar lo beneficiosa que resulta esta política cuando observamos a los países que recibieron apoyo del Fondo de Cohesión en el pasado.

Grecia, España, Portugal e Irlanda han registrado un crecimiento considerable, y una ayuda similar debe ponerse ahora a disposición de los nuevos Estados miembros. Como cualquier otra persona que se haya criado y viva en una región remota, sé que existen disparidades notables entre las regiones, e incluso en el interior de las mismas. En ocasiones, estas disparidades son incluso mayores que las que existen de un país a otro: disparidades en el nivel de vida, en la disponibilidad de empleo, en los ingresos y en las oportunidades educativas. Por esa razón, hago hincapié en que existe verdadera necesidad de reducir la disparidad entre las regiones territorialmente más accesibles y las que afrontan desventajas estructurales. En mi opinión, la manera de avanzar es conceder prioridad a aquellas políticas que pudieran disminuir la presión sobre las capitales y apoyar el desarrollo de las ciudades secundarias. Es necesario favorecer el desarrollo de las zonas rurales; aquí es donde las ciudades de pequeño y mediano tamaño desempeñan un papel importante. Igualmente, es necesario dirigir los fondos a proyectos destinados a hacer cada región atractiva por sus propias particularidades. Apoyo este informe porque sé que la política de cohesión es la respuesta apropiada a numerosos cambios demográficos.

 
  
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  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, la cohesión ha sido uno de los pilares principales de la política comunitaria en el pasado, expresión de un principio de solidaridad que delimitó y acompañó al crecimiento económico de la Unión Europea.

Ha constituido una historia de éxito económico para un número considerable de regiones y países europeos; incluso se ha llegado a hablar en algunos casos de «milagro» y, gracias a la correcta puesta en práctica de las políticas de cohesión, ha mejorado la calidad de vida para muchos de nuestros ciudadanos.

La cohesión desempeña un papel incluso más importante en la Europa de los 27, con sus marcadas disparidades económicas y sociales. Los primeros efectos de la ayuda económica de la UE están comenzando a percibirse en algunas de las regiones donde el desarrollo ha quedado rezagado, aunque sólo será posible evaluar la convergencia económica a más largo plazo, debido a un PIB per cápita inicial muy bajo.

Las circunstancias comparativas serán diferentes en el futuro próximo, pero quizá lo sean incluso hoy. Por consiguiente, la política de cohesión tendrá que confrontar nuevos retos que suponen una repercusión territorial considerable, como son el cambio demográfico, la urbanización y una nueva planificación urbanística, los movimientos migratorios, el suministro energético y el cambio climático.

Aun votando a favor del informe, quisiera apelar a la Comisión y a los Gobiernos nacionales para que conciban un enfoque conjunto con el fin de abordar estas cuestiones de una manera debidamente dinámica y cooperativa.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El objetivo de la cohesión económica y social es el de crear entre los trabajadores la vana ilusión de que puede estrecharse la brecha de las disparidades sociales y regionales, y elevarse el nivel de vida de los trabajadores en los países y las regiones que se desvían de la media comunitaria.

No obstante, la ley del crecimiento desigual del capitalismo es inflexible, por lo que estas disparidades van siempre en aumento: los pobres son cada vez más pobres, y los ricos cada vez más ricos; es lo que los trabajadores deben sobrellevar cada día.

Sin embargo, ante la ofensiva que suponen las reestructuraciones capitalistas y el ataque frontal a los derechos laborales, incluso el uso verbal de este término está tendiendo a desaparecer, y con él la irrisoria provisión del presupuesto comunitario.

En la tercera fase de la puesta en práctica del Tratado de Lisboa, todas las políticas deben ser reemplazadas por la palabra mágica del imperialismo: «competición», lo que conducirá a la competencia entre los Estados, las regiones y los trabajadores, donde reina la ley de la selva.

La resolución se limita a retóricas declaraciones y a meros deseos que no llegan a la esencia del problema. Únicamente la lucha de los trabajadores, la desobediencia y la insubordinación hacia las políticas de la UE, impopulares y contrarias a los intereses de los trabajadores, pueden invertir la tendencia al empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, que actualmente se está haciendo más marcada incluso en los países más desarrollados.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La política de cohesión es una de las señas de identidad de la Unión Europea, uno de sus mayores éxitos y también uno de los principales atractivos de nuestra Comunidad. La idea de que es oportuno y necesario velar por un nivel idéntico de desarrollo entre todos los Estados miembros es un concepto que no debemos abandonar y cuyo resultado positivo debemos celebrar.

Sin embargo, no todo han sido éxitos en este ámbito. En primer lugar, es esencial que los fondos de cohesión se integren de manera creciente en otros programas de financiación, con el fin de garantizar que los beneficios de dichos fondos no se pierdan en ausencia de una inversión concomitante en políticas destinadas directamente a alcanzar estadios de desarrollo más avanzados. En ocasiones, es necesario dar pasos mayores o, de lo contrario, permaneceremos siempre rezagados.

En segundo lugar, es preocupante que en Portugal estemos asistiendo a un proceso constante de retractación en cuanto a las garantías de igualdad de acceso a servicios básicos en todo su territorio. ¿Qué sentido tiene exigir la cohesión a escala comunitaria si no existe dicha cohesión en las políticas nacionales, donde se abandona a los ciudadanos de las regiones menos desarrolladas en nombre no de una idea de desarrollo, sino de un mero punto de vista basado en la contabilización de la asignación de recursos? Ninguno en absoluto.

 
  
  

- Informe: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

 
  
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  Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. (GA) No estoy de acuerdo con todo lo que consta en el informe de Gisela Kallenbach pero, a pesar de ello, lo recibo con satisfacción y he votado a favor del mismo. Acojo con especial satisfacción el hincapié de la señora Kallenbach en el reforzamiento del papel que desempeñan las autoridades urbanas locales. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas es un reto considerable en el siglo xxi, y el marco presentado hoy por la señora Kallenbach puede ayudarnos a afrontarlo.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Este informe sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y la Carta de Leipzig incluye aspectos que consideramos importantes.

Sin embargo, cabe destacar que todavía debe definirse el contenido concreto de la dimensión territorial de la política de cohesión, mediante la adopción de un Libro Verde sobre esta cuestión, proyectado para septiembre próximo.

Aunque muchos de los objetivos mencionados hasta ahora deben recibirse satisfactoriamente y son todos ellos comprensibles —por ejemplo, el establecimiento de un sistema urbano equilibrado y multicéntrico y la creación de una nueva relación entre las ciudades y el espacio rural que garanticen la igualdad de acceso a las infraestructuras, la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural, la conservación de espacios públicos de calidad y la modernización del patrimonio residencial y del mobiliario urbano, el refuerzo de la economía local y de la política local en materia de mercado de trabajo, y asegurar una política proactiva de educación y formación para los niños y los jóvenes—, destacaríamos que:

- la gestión del suelo y su planificación debe ser responsabilidad de cada Estado miembro,

- las nuevas prioridades deben recibir nuevos recursos financieros,

- la dimensión territorial no debe contradecir o diluir la cohesión económica y social o, en otras palabras, la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el fomento de las regiones menos favorecidas y que hayan quedado retrasadas.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − He votado a favor del informe de Gisela Kallenbach, «Seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig». Tenemos que ser más receptivos a la dimensión territorial y urbana de las políticas de la UE, algo que podemos lograr satisfactoriamente al mejorar la cooperación entre las zonas urbanas y rurales, y al poner en práctica estrategias efectivas dirigidas al desarrollo territorial sostenible.

 

6. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
  

(Se suspende la reunión a las 12.45 horas y se reanuda a las 15.00 horas.)

 
  
  

OCUPA LA PRESIDENCIA: GÉRARD ONESTA
Vicepresidente

 

7. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

8. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

9. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

9.1. Timor Oriental
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  Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas a Timor Oriental(1).

 
  
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  Janusz Onyszkiewicz, autor. (PL) Señor Presidente, estamos asistiendo a una nueva crisis en Timor Oriental. Esta crisis no puede resolverse sin la participación y cooperación de las autoridades timorenses, que deben proceder a la disolución de todos los grupos paramilitares y desarmar a los civiles; asimismo, deben disolverse las bandas violentas armadas, juzgarse a los responsables de los atentados contra las personalidades más importantes del país, y abstenerse del uso ilegal de la fuerza todas las fuerzas políticas, tanto las que se encuentran en el poder como en la oposición.

Los últimos acontecimientos apuntan a una elevada probabilidad de que Timor Oriental se convierta en otro país cuyas principales instituciones dejen de ejercer sus funciones. Podría perfectamente considerarse un Estado malogrado. Todos somos conscientes de la amenaza que suponen dichos Estados; estoy seguro de que no es necesario citar ejemplos, pero permítanme mencionar tan sólo el de Somalia.

La comunidad internacional, habida cuenta del papel que ha desempeñado en el establecimiento del Estado de Timor Oriental y de su participación continua en el mismo, no puede permitir que una perspectiva tan sombría se convierta en realidad. El compromiso de la Unión Europea de apoyar a las fuerzas y a las instituciones democráticas continúa siendo esencial y, en su misión, el Parlamento debería evaluar la eficacia de dicho apoyo.

 
  
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  Pedro Guerreiro, autor. – (PT) Como se ha subrayado en la propuesta de resolución de nuestro Grupo, en el momento presente resulta vital expresar nuestra solidaridad con el pueblo timorense y condenar los atentados perpetrados contra el Presidente de la República y el Primer Ministro de Timor Oriental. Quisiéramos destacar que dichos atentados no pueden más que incrementar la inestabilidad de la situación política timorense, originada por los sucesos acaecidos en 2006 y 2007, y mantenida por el proceso político resultante de las recientes elecciones legislativas celebradas en el país. Exigimos una investigación exhaustiva, dentro del marco constitucional y jurídico de Timor Oriental, para identificar y juzgar a los principales responsables de dichos atentados. Debemos permanecer alerta ante cualquier maniobra que, a la luz de estos sucesos, pueda pretender justificar una mayor interferencia externa y amenazar la independencia y soberanía de Timor Oriental.

Por consiguiente, rechazamos la resolución común del Parlamento Europeo que, entre otros aspectos, pretende ignorar toda la interferencia externa que ha tratado de condicionar y modelar la libre elección del pueblo timorense. Asimismo, al tratar de englobar a todo el pueblo bajo una perspectiva común, pretende eximir de toda responsabilidad a los principales perpetradores e instigadores de la violencia y la situación de desestabilización en Timor Oriental, así como ignorar el hecho de que, con el fin de comprender la situación actual del país, es esencial no olvidar que su pueblo fue víctima del colonialismo, la represión brutal y la destrucción de su país, y que se ganó heroicamente su independencia y soberanía, en particular sobre sus propios recursos naturales, en un pasado bastante reciente, incluso después de haber sido abandonado por la comunidad internacional en momentos cruciales de su lucha.

A pesar de hacer referencia al respeto por la soberanía del pueblo de Timor Oriental, esta resolución constituye una base para la interferencia en los asuntos internos del país; de hecho, adopta una postura que pretende presentar a Timor Oriental como un Estado malogrado. Por último, esta resolución hace caso omiso del hecho de que la solución es política y queda, únicamente, en manos del pueblo timorense, que en el pasado ha demostrado con creces su dignidad y coraje, y manifestamos nuestra confianza en su propia capacidad, por sus propios medios, para declarar a Timor Oriental un Estado soberano e independiente.

 
  
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  Ana Maria Gomes, autora. − (PT) En nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, deseo expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Timor Oriental y nuestra enérgica condena a los salvajes atentados perpetrados contra las instituciones, democráticamente elegidas, del Presidente y el Primer Ministro del país.

Igualmente, exijo una investigación independiente, como se insta en la propuesta de resolución que nos ocupa y que secundamos, para averiguar quién llevó a cabo los atentados, en representación de qué, y qué es lo que ha fallado en el sistema de seguridad de Timor Oriental, tanto en el interior del país como, concretamente, en el ámbito internacional.

Creo que este episodio indica que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para reforzar las instituciones del Estado de Timor Oriental y, más concretamente, para reformar el sistema de seguridad, que ya fue puesto en tela de juicio durante la crisis de 2006.

Además, deben considerarse las cuestiones relativas a la justicia y la conformidad con la justicia y el Derecho. En este contexto, debo decir que los intentos de reconciliación nacional con los grupos rebeldes podrían haber emitido una señal negativa y contraproducente de impunidad que ha conducido a que los rebeldes perpetren este miserable atentado.

Timor Oriental no es un Estado malogrado y no presenta similitud con Somalia, país con el que el señor Onyszkiewicz ha tratado de relacionar. Timor Oriental ganó su independencia heroicamente, pese al mutismo de la comunidad internacional, y el pueblo timorense ha demostrado ya en diversas ocasiones su compromiso con la democracia. Lo demostraron, una vez más y de manera ejemplar, en las elecciones presidenciales y legislativas que tuvieron lugar el año pasado, durante las cuales tuve el honor de dirigir esta misión del Parlamento.

La comunidad internacional tiene ahora la responsabilidad de mostrar su apoyo a Timor Oriental, coordinar este apoyo, lo que, obviamente, no consiguió en relación con el sistema de seguridad, y resolver las cuestiones básicas de la estructura estatal. Habida cuenta de las muestras recibidas por parte del pueblo timorense, no cabe duda de que éste desea establecer la democracia y el Estado de Derecho.

 
  
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  Marcin Libicki, autor. (PL) Señor Presidente, Timor Oriental ganó recientemente su independencia en la lucha por su identidad católica. La guerra por la independencia fue sangrienta e implicó grandes pérdidas humanas. El Presidente de Timor Oriental ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, razón de más para que la comunidad internacional proporcione asistencia para restaurar el orden en el país. Estoy plenamente de acuerdo con la señora Gomes en que este país estaba desarrollando y reuniendo adecuadamente todos los principios necesarios para su correcto funcionamiento. Ahora, la guerra está destruyendo dichos principios y el orden interno.

Creo que merece la pena retomar las propuestas realizadas hace algún tiempo por el señor Kaczyński, Presidente de Polonia, y que fueron reiteradas más tarde por el Presidente Sarkozy, que implican el establecimiento de una fuerza militar europea, capaz de intervenir cuando fuera necesario. A menos que tengamos la capacidad de intervenir, continuaremos indefinidamente reuniéndonos aquí los jueves para celebrar debates y sin conseguir nada.

 
  
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  José Ribeiro e Castro , autor. – (PT) Señor Presidente, señoras y señores, hay un poema de Ruy Cinatti que he memorizado y que reza así: «Quizá seamos derrotados o asediados, pero solamente unidos».

Desafortunadamente, el 11 de febrero la crisis volvió a Timor Oriental y, una vez más, a manos de los responsables de la crisis de hace dos años. Esto nos impulsa a formular preguntas acerca del retorno de quienes desearían perjudicar la estabilidad del país y de la gravedad de un atentado que hirió gravemente, y que pudo incluso llegar a herir mortalmente al Presidente de la República, José Ramos-Horta, y que también afectó, afortunadamente sin consecuencias para su persona, al Primer Ministro, Xanana Gusmão.

La violencia y la interrupción del funcionamiento normal de las instituciones han dejado al descubierto, una vez más, las deficiencias de un país con la historia y las circunstancias de Timor Oriental, que ha luchado y lucha valientemente por la independencia, la democracia y el progreso.

Todo aquél que haya apoyado a Timor Oriental desde el principio no puede dejar de sentir de nuevo tristeza ante este incidente que condenamos rotundamente. Esperamos que el Presidente Ramos-Horta se recupere totalmente, y exigimos una investigación exhaustiva de lo ocurrido y de la respuesta necesaria al efecto.

Lamentablemente, las fuerzas internacionales reaccionaron con lentitud, con la excepción de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa. Existen también deficiencias evidentes en el Estado de Derecho de Timor Oriental, que no es plenamente operativo y que, de hecho, nunca lo ha sido. Para garantizar la ley y el orden, Timor Oriental necesita reconstruir el núcleo mismo de su sistema de seguridad.

La comunidad internacional debe ayudar al pueblo timorense en ese sentido. No se trata de un Estado malogrado, sino de un Estado con deficiencias, al que debemos prestar nuestro apoyo.

Sin embargo, la responsabilidad principal recae, obviamente, en el pueblo timorense, que debe tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes para lograr la paz duradera y el respeto por el Estado de Derecho y las resoluciones judiciales, sin vacilaciones, sin tergiversaciones y sin caer en la autocomplacencia. Ha conseguido ya alcanzar un acuerdo sobre lo que podríamos llamar un «consenso nacional» respecto al propio aspecto central del ejercicio del Estado.

Es este consenso, al que Ruy Cinatti hizo referencia en su poema, la necesidad más acuciante de Timor Oriental. Como resultado, estimados colegas, debemos ayudar al pueblo de Timor Oriental a ayudarse a sí mismo y a fortalecer su país.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda, Autor. – (ES) Señor Presidente, creo que Timor Oriental es un ejemplo de que los procesos de autodeterminación se pueden llevar a cabo y se pueden hacer bien. De hecho, sería bueno que algunos amigos, también en el caso español, por ejemplo, tomaran lecciones del ejemplo portugués y asumieran sus responsabilidades en cuanto a otras herencias de antiguas colonias, como es el caso del Sáhara Occidental.

Sin embargo, resulta también evidente que todos estos casos no son sencillos ni de resultados inmediatos. Cabe señalar las dificultades por las que atraviesa Timor Oriental, donde, a pesar de haberse celebrado unas elecciones pacíficas hace unos meses, siguen produciéndose importantes disturbios, e incluso ha habido un intento de asesinato del Presidente Ramos Horta —y me sumo también al saludo que ha enviado esta Cámara y a los votos por su pronta recuperación— y también incluso del propio Primer Ministro, Xanana Gusmão.

Nadie, creo, puede discutir la voluntad de entendimiento que ha demostrado Ramos Horta, entre otros muchos, y estoy convencido de que, incluso después del atentado, Ramos Horta liderará los esfuerzos que sean necesarios para encontrar un acuerdo político entre las partes actualmente en conflicto en el país que permita dirimir las diferencias en un marco democrático y no violento.

Pero para ello, sin embargo, es necesario que la comunidad internacional se comprometa a fondo y que, entre otras cosas, se renueve el mandato de Naciones Unidas, tal y como han sugerido algunos países, y, en todo caso, se prorrogue hasta 2012, siempre respondiendo a la petición y a las necesidades que están surgiendo del propio Gobierno y de las propias fuerzas democráticas timorenses.

Asimismo, es deseable también que la presencia de las Naciones Unidas en el terreno se ajuste a las necesidades de este país y que también se revise no solamente en términos de reconstrucción y de atención de necesidades fundamentales, sino también de capacidad de actuar preventivamente y de reaccionar cuando se produzcan determinados disturbios.

Por último, es urgente que la Unión Europea establezca cuanto antes una delegación en Dili y que el Parlamento Europeo pueda también organizar una delegación de observación, con objeto de apoyar a las fuerzas democráticas y de evaluar la orientación y la eficacia de la ayuda europea en estos momentos.

 
  
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  Tunne Kelam, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, Timor Oriental no es, decididamente, un Estado malogrado. Sin embargo, el hecho de que el 11 de febrero de 2008 tanto el Presidente democráticamente elegido como el Primer Ministro fueran víctimas de atentados armados contra sus vidas es prueba de la fragilidad que puede llegar a experimentar una democracia joven.

Me gustaría hacer tres observaciones. La primera, que estamos realmente preocupados por la falta de una reacción oportuna y eficaz hacia estos atentados por parte de la Policía de las Naciones Unidas (UNPOL) y de otras fuerzas internacionales.

La segunda, que la UE tiene la responsabilidad de prestar asistencia a las instituciones democráticas de Timor Oriental y de consolidar el sistema de su Estado de Derecho. La propuesta de resolución hace hincapié acertadamente sobre la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo nacional sobre cuestiones fundamentales en materia de democracia.

En tercer lugar, que la UE, en estrecha cooperación con la ONU, debe contribuir a la reforma de las fuerzas de seguridad de Timor Oriental; después de todo, este país no nos es tan lejano como pudiera parecer, y la señora Gomes es buena prueba de ello.

 
  
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  Karin Scheele, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, deseo añadir mi voz a las expresiones de solidaridad hacia el Presidente de Timor Oriental, que ha resultado gravemente herido, pero también a las expresiones de solidaridad hacia el pueblo timorense, que durante mucho tiempo tuvo que luchar por su independencia y sus derechos. El Parlamento Europeo condena rotundamente el asesinato frustrado contra el Presidente Ramos-Horta. Los atentados se llevaron a cabo después de que el Presidente intentara alcanzar una solución negociada con los rebeldes.

Puesto que la secuencia precisa del suceso es todavía incierta, solicitamos una investigación exhaustiva y rigurosa sobre el atentado contra su vida, así como una indagación sobre el fracaso del sistema de seguridad. Recibimos con agrado la investigación conjunta de las Naciones Unidas y la policía timorense, que ya se ha iniciado. Exigimos la prohibición de todos los grupos paramilitares y de las bandas armadas, así como la provisión de mayores recursos financieros destinados a apoyar las reformas en materia de seguridad que Timor Oriental precisa.

 
  
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  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) La propuesta de resolución del PE sobre Timor Oriental es totalmente adecuada. Explica la trágica situación de la población del país y la impotencia de las autoridades nacionales, las instituciones internacionales y las fuerzas para el mantenimiento de la paz. El conflicto interno continúa, a pesar de los numerosos esfuerzos y de la considerable ayuda internacional. Se pierden vidas humanas, se destruyen los medios de vida y se menoscaba el patrimonio cultural. La pobreza, que afecta a cerca del 80 % de la población, el desempleo, la desesperanza y el analfabetismo son generalizados. Todo ello está teniendo un efecto negativo sobre el pueblo, conduciendo a la desesperación e incitando a la revuelta social.

El pueblo de Timor Oriental desea vivir en paz y armonía; desea trabajar, aprender y desarrollar la economía de su país. Para que ello ocurra, las autoridades democráticas deben ser fortalecidas y debe incrementarse la ayuda de las instituciones internacionales. Por consiguiente, es justo que los autores de la presente resolución exijan que se garantice el apoyo político, técnico y financiero a Timor Oriental. Recuerdan también que la Unión Europea y las Naciones Unidas han asumido compromisos públicos para respaldar a los Gobiernos independientes, democráticos y sometidos al Estado de Derecho. El Grupo Unión por la Europa de las Naciones apoyará esta resolución.

 
  
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  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, algunos de mis colegas han abordado ya el hecho de que no es ninguna exageración sostener que tras los atentados contra el Presidente Ramos Horta, Timor Oriental vuelve a atravesar una fase delicada. Volveré a decirlo, porque ¿quién no recuerda las imágenes del año pasado, tras el nombramiento de Gusmão, de cientos de casas y algunos edificios del Gobierno en llamas?

De hecho, probablemente sea necesaria la presencia de una fuerza internacional con el fin de apaciguar la crisis actual; sin embargo, no debe en ningún caso crearse la impresión de que, al hacerlo así, el Gobierno necesita recurrir a soldados extranjeros para protegerse de su propio pueblo. Una fuerza extranjera puede mantener la estabilidad a corto plazo recurriendo al uso de la fuerza pero, a la larga, el pueblo timorense debe asegurarse su propio futuro por sí mismo. Con el fin de garantizar la estabilidad política, la democracia y el respeto por los derechos humanos a largo plazo, en primer lugar necesita medios de comunicación independientes y fiables, una fuerza policial reformada y un sistema judicial sólido.

 
  
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  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, Timor Oriental es generalmente considerado el ejemplo de mayor éxito de un proceso de transformación en la historia de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece haber olvidado por completo los sacrificios que realizó durante su guerra de independencia para poner fin a la brutal ocupación por parte de Indonesia, de veinticuatro años de duración, y el júbilo con el que celebró su propia independencia pues, menos de seis años después de recuperarla, Timor Oriental se encuentra al borde del caos. La transición a la democracia y a la independencia nunca es fácil; no es el fin de un trayecto, sino tan sólo el comienzo. Aun así, una cosa es absolutamente cierta; esto es, que la violencia nunca puede ser, ni nunca ha sido, el modo de abordar los problemas. Eso es algo que debe quedar muy claro. El modo de resolver los problemas es por medio del diálogo, el pluralismo político, el fortalecimiento de las instituciones democráticas tales como el Parlamento, un sistema judicial independiente y Gobiernos dirigidos por líderes democráticamente elegidos.

Apelo al Consejo y a la Comisión Europea para que garanticen, en la medida de lo posible, que la asistencia asignada a Timor Oriental en virtud del décimo Fondo Europeo de Desarrollo se dedique al fortalecimiento de su democracia.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Gracias, señor Presidente. Han pasado ya dieciocho meses desde la última resolución del Parlamento Europeo sobre Timor Oriental. Oficialmente, este país se independizó en 2002. Cuatro años más tarde, estalló una guerra civil, desencadenada por un grupo de soldados desmovilizados. Tras el atentado contra el Presidente Ramos Horta el 11 de febrero de este año, Timor Oriental experimentó una nueva crisis política. Se declaró el estado de emergencia y se solicitaron refuerzos para las tropas internacionales de mantenimiento de la paz, compuestas de 1 600 hombres en aquel momento.

La crisis política de Timor Oriental se acompaña de la económica. El desempleo alcanza el 80 %, y el 40 % de los desempleados vive bajo el umbral de la pobreza.

El país no puede estabilizarse a menos que todas las fuerzas políticas alcancen un consenso sobre las funciones fundamentales del Estado. Debemos condenar el brutal atentado contra el Presidente y el Primer Ministro y apelar al Gobierno de Timor Oriental a que ponga fin a la violencia, incluidas las actividades de las bandas armadas. La comunidad internacional, especialmente la ONU y el Consejo de Seguridad, deben favorecer la consolidación de la democracia. Tampoco debería olvidarse que Timor Oriental necesita ayuda económica urgente para combatir la pobreza y desarrollar la administración y la infraestructura.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Señor Presidente, Comisaria, señoras y señores, deseo expresar mi apoyo a la propuesta de resolución común en condena de los atentados; asimismo, deseo felicitar a las instituciones de Timor Oriental por su serena respuesta a la tragedia y debo subrayar, como la señora Gomes y el señor Ribeiro e Castro, que Timor Oriental no es un Estado malogrado.

Es un Estado que necesita la ayuda internacional, una delegación de la Comisión Europea, la ampliación de la misión de las Naciones Unidas y todo nuestro apoyo para toda iniciativa que pudiera contribuir a promover la unidad entre el pueblo timorense, con el respeto por la ley y la condena de todo tipo de violencia.

 
  
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  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión ha condenado de manera rotunda los atentados contra el Presidente Ramos-Horta y el Primer Ministro Xanana Gusmão.

La joven democracia de Timor Oriental es todavía extremadamente vulnerable en sus instituciones políticas, judiciales y de seguridad. El país se enfrenta a la pobreza y a un nivel de desempleo elevado, especialmente entre los jóvenes, que hasta el momento tienen pocas expectativas de un futuro próspero y son susceptibles de ser captados por grupos violentos.

En sus reuniones con los líderes del país, la Comisión ha respaldado una solución pacífica del conflicto, que incluye la consiguiente disolución y el desarme de todo grupo paramilitar.

Tras los episodios de violencia de 2006, la Comisión Europea ha reaccionado rápidamente: en primer lugar, con la asistencia humanitaria a los desplazados en el interior del país; en segundo lugar, mediante el fomento del diálogo entre los líderes; y, en tercer lugar, con la puesta en práctica de un programa de intercambio de dinero por trabajo para la juventud desempleada.

La Comisión Europea ha decidido también abrir una delegación en condiciones de prestar pleno servicio en Dili, cuya nueva dirección se espera que comience a ejercer sus funciones en marzo de 2008. La delegación estará totalmente operativa hacia la segunda mitad de 2008, lo que creará la oportunidad para entablar un diálogo político formal con el Gobierno y una evaluación más rápida del apoyo al país.

Recientemente, se ha aprobado la estrategia de la Comisión Europea para Timor Oriental en virtud del décimo Fondo Europeo de Desarrollo. Su propósito es apoyar al todavía débil sistema judicial, al Parlamento y a otras instituciones, favoreciendo de ese modo el desarrollo de una cultura democrática.

El apoyo al desarrollo rural contribuirá a aliviar la pobreza y a mejorar la infraestructura. Las actividades en materia sanitaria contribuirán a abordar las enfermedades relacionadas con las condiciones de penuria y a reducir los índices de mortalidad materna e infantil, alarmantemente altos.

Abordar las causas originarias del conflicto actual y proporcionar ayuda para su solución será tan importante como los programas a largo plazo.

El Gobierno timorense ha presentado un exhaustivo Plan de Acción de Gobierno que será objeto de diálogo político entre la delegación y el Gobierno, respaldado por la Comisión.

Durante las próximas semanas, la Comisión llevará a cabo una misión para evaluar la situación y la posibilidad de prestar asistencia con medidas adicionales dirigidas a algunas de las causas originarias del conflicto. Esto podría incluir las peticiones del Gobierno para apoyar ciertos programas en los que se requiere una gran intensidad de mano de obra, con el fin de combatir el desempleo.

En diciembre de 2007, en un documento conjunto de la Comisión y el Consejo, tanto la Comisión como los Estados miembros de la UE apoyaron el papel central de las Naciones Unidas para coordinar la ayuda al sistema de seguridad.

En resumen, el apoyo previsto en virtud del programa de la Comisión, de más de 80 millones de euros, es exhaustivo y contribuirá a abordar muchos de los problemas actuales del país.

 
  
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  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al finalizar los debates.

 
  

(1)Véase el Acta


9.2. Belarús
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  Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas a Timor Oriental(1).

 
  
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  Janusz Onyszkiewicz, autor. (PL) Señor Presidente, la mayoría de los prisioneros políticos aprehendidos en Belarús fueron liberados recientemente; de hecho, casi todos ellos lo fueron, con una sola excepción. Esto no significa que debemos confiar en que la situación esté yendo en la dirección adecuada en Belarús, pues ese mismo día se efectuaron redadas en las casas de una amplia serie de personas relacionadas con la oposición. Además, se despidió a un profesor de educación secundaria; como explicación, se le comunicó que puesto que era miembro del Partido Civil Unificado, de la oposición, no representaba una ideología en línea con la del Estado.

Existe una situación muy extraña en Belarús, donde prevalece el concepto de ideología de Estado y, por lo tanto, no sorprende que cuando los candidatos solicitan estudiar periodismo, derecho y relaciones internacionales, tengan que presentar una recomendación de las autoridades. Así es como funciona el proceso de selección, lo cual es totalmente inaceptable, aunque recibimos con total satisfacción y cierta cautela el paso que se ha dado.

Por lo que respecta a Belarús en sí, la cuestión que emerge inmediatamente es cuál puede ser la razón subyacente a tal acción. Podría parecer que a través de la misma, y al consentir la apertura de una delegación de la Comisión Europea en Minsk, el Presidente Lukashenko desea demostrar que no se siente irrevocablemente abocado a adoptar una política prorrusa con exclusión de cualquier otra. De hecho, se está tornando cada vez más difícil llevar a cabo tal política en Belarús, pues el país no desea llegar a ser totalmente absorbido por Rusia. En este caso, incluso el señor Lukashenko ha adoptado esa postura, pero los hechos hablan por sí solos.

Rusia está, simple y llanamente, apropiándose de Belarús. Gazprom acaba de concluir una nueva transacción, como resultado de la cual ahora posee un cuarto de las acciones de las compañías que controlan las rutas de tránsito de petróleo y gas a través de Belarús. La participación de Gazprom pronto se incrementará al 50 %; asimismo, parece que Rusia conseguirá persuadir a Belarús a que adopte el rublo como moneda nacional.

Como resultado de todo ello, la situación se está tornando cada vez más amenazadora. Es de todo punto necesario el apoyo a la acción independiente de Belarús y a la sociedad civil; ya se está proporcionando, pero debe incrementarse. En concreto, debe proporcionarse apoyo a las instituciones que acaban de establecerse en Belarús. Podría centrarme en las emisiones televisadas al país, que son un importante recurso para asegurar que la población local sepa realmente lo que está pasando. En mi opinión, deberíamos mantener a Belarús en el centro de nuestra atención, puesto que representa un problema para Europa en su conjunto. No podemos tolerar una situación en la que exista un país como Belarús, gobernado por un dictador, en el corazón mismo de Europa.

 
  
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  Jiří Maštálka, autor. − (CS) Señoras y señores, a pesar del tono considerablemente crítico de las aportaciones, me complace decir que contamos aquí con, al menos, dos aspectos positivos.

El primero es la inauguración de la delegación de la Comisión Europea en Minsk que, por lo que tengo entendido, ha recibido también la aprobación del Presidente de Belarús. Creo que la apertura de una delegación de la UE proporciona la base para un mayor desarrollo y la activación de las relaciones con la Unión Europea en ámbitos mutuamente beneficiosos como la energía, el transporte, las redes de tránsito e incluso la protección del medio ambiente.

El otro factor positivo que considero importante es la reunión de expertos mantenida en Bruselas el pasado mes de junio, que se concentró principalmente en cuestiones de suministro energético y en las negociaciones previstas de expertos sobre los corredores de transporte y el medio ambiente. Considero que este avance es extremadamente importante. No debemos olvidar que el propio Belarús todavía sigue luchando contra las extremadamente graves consecuencias del desastre de Chernóbil. Las tendencias actuales en las relaciones mutuas revelan que entre los círculos políticos de la Unión Europea se ha establecido cierta visión de Belarús, profundamente crítica y sesgada.

No necesitamos únicamente crítica, sino también cooperación. Ha llegado el momento de dar un paso positivo también por parte de Belarús, y creo que el régimen oficial belaruso debería ofrecer, al menos, una moratoria sobre la pena de muerte que pudiera permitirnos establecer nuevas negociaciones acerca de la pertenencia del país al Consejo de Europa. Por parte de la UE, en mi caso recibiría con satisfacción, por ejemplo, la relajación del sistema de visados, o el apoyo a los jóvenes especialistas con experiencia laboral de Belarús, proporcionándoles oportunidades para conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas.

 
  
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  Józef Pinior, autor. − Señor Presidente, esta tarde quisiera, en primer lugar, mostrar mi satisfacción por el cariz positivo de las relaciones entre la UE y Belarús. Los últimos avances sobre los acuerdos para establecer la delegación de la Comisión Europea en Minsk representan un paso positivo hacia la renovación del diálogo entre la Unión Europea y Belarús.

Quisiéramos alentar a la Comisión a que hiciera uso de todo el potencial que supone la apertura de una delegación. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional en su conjunto amplíe aún más el apoyo a la sociedad civil de Belarús y, en particular, que aumente la ayuda financiera a los medios de comunicación independientes, a las organizaciones no gubernamentales y a los estudiantes de Belarús que estudian fuera del país. La decisión de la Comisión de proporcionar ayuda financiera a la Universidad Europea de Humanidades de Vilna (Lituania) es muy acertada. La Comisión y el Consejo deberían considerar la posibilidad de prestar ayuda financiera al proyecto ya existente dirigido a la creación del canal de televisión independiente de Belarús Belsat.

En segundo lugar, el Parlamento Europeo pide a la Comisión y al Consejo que adopten ulteriores medidas para facilitar y liberalizar los procedimientos de visado para ciudadanos de Belarús. Pedimos a los Estados miembros del espacio de Schengen que apliquen todos los instrumentos disponibles (costes de visados nacionales) para facilitar el movimiento de ciudadanos de Belarús dentro del territorio de cada Estado miembro.

En tercer lugar, pedimos al régimen del Presidente Lukashenko, especialmente, que se dirija hacia la liberalización y la democratización, que libere a todos los presos de conciencia del país, que introduzca el Estado de Derecho y la libertad de las asociaciones de los medios de comunicación, y que proceda a la abolición de la pena de muerte.

Para concluir, quisiera expresar esta tarde nuestra solidaridad con la oposición democrática unida de Belarús y con el dirigente del movimiento democrático Alexander Milinkevich y con todos los ciudadanos de Belarús que aspiran a una sociedad abierta.

 
  
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  Adam Bielan, autor. – (PL) Gracias, señor Presidente. Las acciones llevadas a cabo por la dictadura del señor Lukashenko contra su propio pueblo en Belarús son ampliamente conocidas. Únicamente desde el comienzo de este año, tres manifestaciones pacíficas han sido brutalmente reprimidas. Las autoridades persiguen sistemáticamente a los activistas de la oposición. Se han introducido restricciones para la salida del país a los miembros del clero y a los profesores de formación religiosa. También se han introducido algunas disposiciones bastante chocantes; por ejemplo, todo aquél que desee estudiar derecho o periodismo debe recibir la aprobación de las autoridades. Contra este telón de fondo, la imposición de sanciones más estrictas a Belarús parece ser, desafortunadamente, la única respuesta posible a los acontecimientos recientes; sin embargo, no debemos olvidar que es tanto nuestra obligación moral como nuestro derecho crear y apoyar una sociedad civil en Belarús.

Una de las medidas inmediatas para ayudar a la oposición consiste en superar la censura de los medios de comunicación, y un buen ejemplo de ello es la iniciativa llevada a cabo por el servicio de televisión nacional polaco, que comenzó a emitir para Belarús el 10 de diciembre de 2007 a través del primer canal independiente, denominado Belsat. Desafortunadamente, como me ha manifestado hoy la señora Romaszewska, responsable de la realización de este proyecto, todavía no se ha recibido apoyo financiero alguno de la Unión Europea; ni siquiera existe una línea presupuestaria desde la que apoyar los derechos humanos y la democracia en Belarús.

Señoras y señores, quisiera recordarles que el elevado coste de los visados Schengen es otro de los principales problemas para el pueblo de Belarús. Si bien se restringe el acceso a la Unión Europea para los miembros del régimen del señor Lukashenko, debemos facilitarlo para las personas que no guarden relación con el régimen.

 
  
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  José Ribeiro e Castro, autor. Señor Presidente, en enero de este año, diez jóvenes activistas del Frente Popular de la Juventud de Belarús y Malady Front (Renacimiento de la Juventud) fueron detenidos tras reunirse con una delegación de la Unión de Juventudes Demócratas Europeas (DEMYC) en Minsk, y se vieron confrontados con su expulsión de la universidad.

Se trata, verdaderamente, de la última dictadura de Europa. Belarús mantiene todavía la pena de muerte, prisioneros políticos, detenciones arbitrarias, censura de los medios de comunicación, violencia y restricciones de acceso a Internet. Todos los europeos no deberían dar por sentada su propia libertad, y los jóvenes de Europa deberían seguir el ejemplo de DEMYC y mostrar solidaridad con sus vecinos, alzándose a favor de la democracia y los derechos humanos.

Belarús no puede ser socio de la UE mientras persista esta intolerable intimidación y las detenciones selectivas. Al leer la biografía oficial del Presidente Lukashenko en Internet, fui consciente de que se considera a sí mismo «singular por su profunda comprensión de los acontecimientos, intensa capacidad de trabajo, sentido del deber, realismo, equidad y fidelidad a los principios». ¿Por qué, en ese caso, el señor Lukashenko es incapaz de reconocer un hecho sumamente simple y claro: que los tiranos al estilo soviético pertenecen al pasado?

Por lo que respecta a los estudiantes, que son objeto de represión y a quienes se priva de su derecho fundamental a la educación, insto a nuestro Parlamento a que una su voz a la mía al parafrasear la canción: ¡Eh, Lukashenko, leave the kids alone (deja a los chicos en paz)!

 
  
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  Elisabeth Schroedter, autora. − (DE) Señor Presidente, Comisaria, señoras y señores, Belarús es y persiste como el «niño problemático» de nuestra Política de Vecindad. El dictador Lukashenko continúa asegurando que su país se distancie y se aísle sistemáticamente de sus vecinos, pisotea los derechos humanos y mantiene la pena de muerte. No es únicamente motivo de preocupación para nosotros, pues está afrontando la oposición en masa entre su propia población y cada vez son más los jóvenes que abandonan el país, que atraviesa una situación dramática.

Por consiguiente, la tarea de la Unión Europea es ayudar a Belarús a retomar el camino hacia la democracia. Desde mi perspectiva, esto no ocurrirá con el dictador Lukashenko y su aparato presidencial, sino únicamente con la oposición, la sociedad civil y la juventud, que podría formar la futura élite del país.

Así pues, apelo a los Estados miembros a que modifiquen su política de visados para estas personas y que les proporcionen la posibilidad de participar en intercambios con los jóvenes de la Unión Europea, la oportunidad de una educación democrática y de experimentar por sí mismos verdaderamente la democracia al visitar la Unión Europea. La política de visados no debe convertirse en un obstáculo insuperable que obstruya el paso a la democracia, algo sumamente importante.

Sin embargo, en las negociaciones con Lukashenko no deberían hacerse concesiones en materia de derechos humanos. El consenso en este punto se extiende a todos los grupos del Parlamento: deseamos la liberación de todos los prisioneros políticos, una moratoria sobre la pena de muerte, la libertad de los medios de comunicación y el respeto hacia todos los principios básicos de la democracia. Es el prerrequisito fundamental para las negociaciones. Sin concesiones. El factor decisivo es lo que ocurra en las próximas elecciones; espero realmente que el pueblo de Belarús pueda tomar las riendas de su propio destino.

 
  
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  Urszula Gacek, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, el señor Alyaksandr Kazulin, el anterior candidato presidencial de Belarús, ha cumplido dos de los cinco años y medio de la pena de prisión que le fue impuesta por vandalismo. La esposa del señor Kazulin, Irina, lucha incansablemente por la libertad de su marido, a pesar de encontrarse gravemente enferma. El Presidente Lukashenko sugirió que el señor Kazulin podría ser liberado para permitirle acompañar a su esposa a Alemania, donde podría recibir tratamiento médico, y reaccionó con sorpresa cuando su oferta fue rechazada. Para la señora Kazulin, la aceptación hubiera significado la huida cobarde de su patria.

En mi opinión, si el Presidente Lukashenko realmente pretende mejorar su imagen, debería liberar al señor Kazulin de manera inmediata e incondicional. Esperemos que el señor y la señora Kazulin puedan disfrutar pronto de la buena salud y la libertad en su patria.

 
  
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  Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, Belarús es un país vecino de la Unión Europea. Comparte con nosotros una difícil historia de dominación comunista, pero todavía no disfruta de la norma democrática ni del respeto por los derechos humanos. El régimen del Presidente Lukashenko reprime brutalmente cualquier intento de creación de una sociedad civil. Quisiera recodar a la Cámara que el señor Lukashenko quebrantó los procedimientos democráticos con el fin de prolongar su mandato. Se intimida a los periodistas, a los líderes de las organizaciones juveniles y de los sindicatos independientes. Se ha detenido a los miembros de la oposición política. Podría mencionar el caso Kazulin, al que la señora Gacek acaba de hacer referencia, así como la represión de las minorías nacionales, incluyendo la minoría nacional polaca. Últimamente, el régimen ha mostrado su preocupación por la independencia financiera de los pequeños empresarios, contra los que ha impuesto medidas represivas. Tal es el triste estado de cosas en Belarús.

Es deber moral de la Unión Europea proporcionar ayuda financiera e información a la totalidad de quienes luchan por defender los derechos humanos y las libertades democráticas en Belarús a través de medios de comunicación independientes, como la transmisión televisiva dirigida al país.

El establecimiento de una delegación de la Unión Europea en Minsk sería un buen modo de seguir la situación. Diez años después del desastre de Chernóbil participé legalmente en una manifestación en Minsk. Vi a las brigadas especiales antidisturbios (OMON), trasladadas desde Moscú para ocuparse de las personas evacuadas de la zona de peligro; vi charcos de sangre en las calles de Minsk. No debe permitirse que esto vuelva a ocurrir.

 
  
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  Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señor Presidente, tengo un sobrino adoptivo de Belarús, ahora adulto y considerado una maravillosa aportación a nuestra extensa familia; pero recuerdo cuál era su condición el primer verano en que llegó a casa de mi hermana, y es esa experiencia la que me permite, personalmente, entender las dificultades, especialmente de alguien discapacitado, criado en una institución y en un ambiente tan inestable.

Belarús necesita auxilio —no sólo para liberarse de la inestabilidad económica y política, sino auxilio para el pueblo—. El pueblo de Belarús está particularmente aislado, controlado por un régimen que continúa amenazando los valores democráticos y las libertades a las que tiene derecho.

Antes de Navidad, me reuní con dos representantes del país, quienes me informaron del problema actual de la defensa de la libertad religiosa: se prohíbe la actividad religiosa que no esté controlada por el Gobierno, y una persona puede recibir una multa, o afrontar una pena de prisión por su actividad religiosa no oficial, a pesar de que la autorización del Gobierno es extremadamente difícil de obtener.

 
  
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  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, quisiera respaldar las declaraciones efectuadas por los anteriores oradores; no obstante, quisiera también mencionar otra cuestión verdaderamente importante, cual es la de que no podemos abordar la política sobre Belarús con independencia de la Política Europea de Vecindad con la Europa Oriental en su conjunto. Hemos tendido a disculpar a la administración rusa una gran cantidad de prácticas contrarias a la democracia. No deberíamos olvidarlo. Sé que los sucesos acaecidos en Belarús no pueden compararse con lo que está ocurriendo actualmente en Rusia, pero podrían y pueden compararse perfectamente con lo que ocurrió en Chechenia. No podemos adoptar un curso de acción para Belarús y otro totalmente diferente para Rusia.

Llevar a cabo nuestra política oriental desde el punto de vista de la ampliación de la Unión Europea es otra cuestión de gran importancia. El destino de Ucrania se encuentra actualmente sobre la balanza, y si ésta se inclina finalmente hacia la democracia enriquecerá al conjunto de Europa. Si estamos preparados para abrir las puertas al pueblo de Ucrania, ello emitirá una señal al pueblo de Belarús y le mostrará que existe otra opción, que implica unas relaciones y unos vínculos más estrechos con la Unión Europea, y que en el futuro puede implicar también la pertenencia a la Unión, aunque tal cosa no pueda ser posible durante muchos años.

 
  
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  Presidente. – Señoras y señores, se me presenta una dificultad.

Habíamos calculado dos minutos para el procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (catch-the-eye): esto es, dos oradores. Tengo ya ocho o nueve peticiones, y veo que se alzan más manos, lo que nos lleva a diez o más.

Así pues, o doy la palabra a los dos primeros, lo que para mí resulta sumamente sencillo, o puedo solicitarles que realicen una declaración de treinta segundos e intentamos dar cabida a todos.

(Se opta por la segunda solución)

 
  
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  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, como resultado de este debate, resulta obvio que el Parlamento reconoce el problema de Belarús y le otorga gran importancia. Quisiera dar las gracias a todos los que han hecho referencia a la situación relativa a los derechos humanos en Belarús, así como llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que deben celebrarse elecciones parlamentarias en Belarús en otoño de este año. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano, tanto como miembros de esta Cámara como representantes de las grandes familias políticas europeas, para apoyar a la oposición de Belarús en esta lucha legítima, aunque desigual, por un Belarús democrático.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Ha transcurrido algún tiempo desde que el señor Bernd Posselt y yo encendimos una vela en esta Cámara, a pesar de la prohibición por motivos de seguridad, para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Belarús y en presencia de la Comisaria Ferrero-Waldner. ¿Cómo es Belarús actualmente? El último dictador europeo, Alexander Lukashenko, es popular en el país a pesar de la economía estrictamente controlada y de la intimidación practicada contra la oposición política. El Gobierno intensifica la represión, encarcela a los activistas de la oposición y controla los medios de comunicación del país, razón por la que, a menudo, el pueblo no sabe que el régimen de Lukashenko es inaceptable para la Unión Europea.

El Parlamento Europeo no puede sentirse satisfecho meramente con la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Alexander Milinkevich. Este premio compromete al Parlamento Europeo a llevar a cabo un seguimiento detallado de la situación en Belarús.

 
  
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  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, quisiera hacer referencia a un caso concreto. Guarda relación con Frank Wieczorek, un joven activista de la oposición que ha sido recientemente expulsado de la universidad. La razón oficial para su expulsión es que no había asistido a las clases, aunque la verdadera razón por la que estuvo ausente fue que había sido detenido. La expulsión de la universidad significa que la educación de la persona llega a un abrupto final y, además, que hay una gran posibilidad de ser reclutado por el ejército. Imagino que sólo aquellas personas que hayan experimentado personalmente lo que es vivir bajo una dictadura podrán comprender cómo puede resultar el servicio en el ejército del régimen para un miembro de la oposición: podría resultar muy peligroso para este joven. Creo que deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a remediar la situación en Belarús.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (El comienzo de la intervención resulta inaudible) […] en calidad de doctora en medicina, he visitado personalmente el epicentro de la zona afectada por la radiación. El personal médico y científico está siendo intimidado, e incluso encarcelado, por informar verazmente sobre el estado de salud de la población local. Se han confiscado los radiómetros, y la población está ingiriendo alimentos contaminados por radiactividad.

Dispongo únicamente de treinta segundos, así que para resumir: Lukashenko es un asesino y debe decirse bien claro. ¿Quién mejor para hacerlo, sino la Unión Europea?

 
  
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  Presidente. – Gracias, se ha recibido el mensaje.

 
  
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  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, una de las características de las dictaduras es que no hacen caso de nadie: podemos decir lo que queramos, que actuarán como les plazca. El único modo de contrarrestar una dictadura es por medio de la democracia. Quisiera decir a la Comisaria que, si yo estuviera en su lugar, no escatimaría esfuerzos para ayudar en el adiestramiento de la élite democrática pensante. Si no lo conseguimos en Belarús, aún podríamos hacerlo así en otros países. Alguien tiene que liderar el camino, y me inclinaría a confiar en dichas élites.

 
  
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  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Señor Presidente, es vergonzoso que Belarús, un país situado en el corazón geográfico de Europa, sea objeto hoy de debate en el Consejo de Europa debido a su violación de los derechos humanos. Es vergonzoso que Belarús sea el único país europeo excluido del Consejo de Europa debido a su falta total de respeto por los derechos humanos fundamentales.

Por consiguiente, creo que el señor Bielan estaba muy en lo cierto al afirmar que es importante reforzar la sociedad civil en el país favoreciendo las retransmisiones desde Polonia dirigidas a esa sociedad.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE-DE). – Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre la represión constante ejercida contra las juventudes demócratas de Belarús. A mediados de enero, algunos de ellos fueron encarcelados durante quince días, y a continuación expulsados de la universidad. Algunos nombres concretos son: Zmitser Zhaleznichenka, Anton Kalinouski y Franak Viachorka.

Invito a las universidades de la UE a ofrecer a estos jóvenes valerosos opciones alternativas para continuar sus estudios, facilitar la provisión de visados y añadir a la lista negra de la UE los nombres de los funcionarios de la universidad que han consentido en utilizarlos como meras herramientas de la opresión llevada a cabo por Lukashenko.

 
  
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  Christopher Beazley (PPE-DE). – Señor Presidente, entiendo que la Universidad Libre de Minsk se encuentre hoy en Vilna, Lituania. Me pregunto si el Comisario Figeľ podría considerar escribir una carta a los Ministros de Cultura y Educación del resto de 26 Estados miembros para sugerir que existan veintisiete universidades libres de Minsk. Por lo que respecta al Reino Unido, no cabe duda de que hay grandes universidades, como Oxford y Cambridge, pero yo recomendaría la de Bristol.

 
  
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  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hace veinte años, pronuncié discursos en las universidades clandestinas de la República Checa y Polonia. Es muy gratificante para mí escuchar hoy lo mucho que nuestros colegas de los Países Bálticos, Eslovaquia, la República Checa y Polonia apoyan a la oposición de Belarús. Quisiera expresarles mi sincero agradecimiento. Ustedes están haciendo algo importante para la UE —más que los que entablan negociaciones que únicamente refuerzan y apoyan a un régimen corrupto que debe ser abolido—. Estoy de acuerdo con el señor Buzek: Rusia tiene su responsabilidad en esto. Es una situación poscolonial y precolonial, y no deberíamos aceptarla por más tiempo.

 
  
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  Presidente. – Así concluye nuestro nuevo procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra.

Veo que han demostrado que es posible decir muchas cosas en un espacio limitado de tiempo, lo cual les agradezco.

Damos paso ahora a las reacciones de la Comisión.

 
  
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  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, recientemente la situación de Belarús ha evolucionado con rapidez. Desde mediados de enero, cinco de los seis prisioneros políticos identificados previamente como tales han sido liberados. No obstante, uno de estos prisioneros políticos, el antiguo candidato presidencial Alyaksandr Kazulin, sigue en prisión y en delicado estado de salud.

Por su parte, la Comisión, por medio de mi colega la Comisaria Ferrero-Waldner, ha expresado su satisfacción por la liberación de los prisioneros, que ha sido una solicitud persistente en el tiempo por parte de todas las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo.

Pero, igualmente, hemos hecho obvio que deseamos asistir a la liberación de todos los prisioneros políticos, así como al fin del acoso sistemático de la sociedad civil de Belarús, antes de que podamos dar una nueva dimensión a nuestra relación con dicho país.

En otras palabras, nuestro mensaje para Belarús continúa siendo el mismo: no puede existir una plena asociación con este país hasta que dé pasos convincentes hacia la democratización, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Esto es lo esencial del mensaje europeo a Belarús que la Comisión lanzó hace más de un año y que incluye los «12 puntos para la democratización» que menciona esta resolución. De nuevo, la liberación de todos los prisioneros políticos sería un paso importante a este respecto.

Además, seguiremos muy de cerca las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en septiembre de 2008. La organización de elecciones libres e imparciales por parte de las autoridades del país se consideraría un paso decisivo. Esperamos que la OSCE pueda enviar una misión de observación a gran escala de estas elecciones y que el Parlamento Europeo sea capaz igualmente de enviar representantes.

Otro punto importante que exige su resolución es que Belarús debería aplicar la suspensión de la pena de muerte. La Unión Europea ha transmitido este mensaje a las autoridades del país.

Volviendo a los últimos acontecimientos en el país, otra cuestión que nos incumbe muy de cerca ha avanzado rápidamente en los últimos meses: la inminente apertura de la delegación de la Comisión Europea en Minsk, que solicitamos oficialmente hace más de dos años. Esperamos poder firmar pronto el acuerdo para establecer dicha apertura, de forma que nuestra delegación pueda inaugurarse sin demora.

Esta delegación nos permitirá reforzar nuestros vínculos con la sociedad civil de Belarús, así como desarrollar contactos con los mandos intermedios de la administración, que pudieran estar abiertos al cambio democrático.

En esta materia, como subraya su resolución, hemos mantenido una serie de reuniones a nivel técnico con expertos del país sobre cuestiones de interés mutuo, como la energía, el transporte y el medio ambiente; sin embargo, permítanme reiterar que el alcance de estas reuniones es limitado mientras perduren las actuales condiciones políticas en Belarús.

Por lo que respecta a las acciones de la Comisión para apoyar a la sociedad civil de Belarús, la Comisión mantiene más que nunca su compromiso de apoyo, y nuestro plan de asistencia para 2008 se dirige, en particular, a consolidar la sociedad civil del país y los medios de comunicación independientes. Además, la Comisión también ha hecho obvio que mantendrá su apoyo a la Universidad Europea de Humanidades en el exilio, de Vilna, mientras siga siendo necesario; asimismo, transmitiré el mensaje sobre la Universidad Libre al Comisario Figeľ, creo que es una idea muy interesante y brillante.

Paso ahora a realizar un comentario al señor Pinior y a la señora Schroedter. La apertura de las negociaciones sobre la provisión de visados y la readmisión se encuentra entre los elementos que cabría considerar en caso de un verdadero avance en nuestra relación. De acuerdo con la política de la UE, la provisión de visado puede ser considerada únicamente en el contexto de la política de readmisión de la Comisión Europea como parte de una verdadera asociación en las relaciones exteriores.

Ello se hizo explícito a Belarús en las notas verbales remitidas por la Comisión el 8 de mayo. Se ha reafirmado también la voluntad de la Unión Europea para participar en dichas negociaciones con los países vecinos que tienen un plan de acción en vigor, mediante la comunicación de la Comisión sobre esta cuestión de diciembre de 2006. En el caso de Belarús, no se reúnen estas condiciones.

En cuanto a la cuestión planteada por el señor Bielan, los contratos de la Comisión se otorgan tras seguir estrictos procedimientos de licitación con el fin de garantizar una competencia transparente y justa; esto significa que la Comisión no presta apoyo a las emisoras de radio y de televisión como tales, sino a programas específicos. El Programa Regional de Comunicación e Información del IEVA incluye un apoyo a las actividades de los medios de comunicación de 7 millones de euros durante un período de tres años, para siete países. El procedimiento de licitación se encuentra en curso, y los medios de comunicación de la Unión Europea y de los países socios pueden optar a presentar ofertas para los contratos.

 
  
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  Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al finalizar los debates.

Declaraciones por escrito (Artículo 142)

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. (PL) Como autora conjunta de la resolución del Parlamento Europeo sobre Belarús, quisiera llamar la atención sobre el estado de la democracia, el respeto por los derechos humanos y, en general, sobre la situación de su pueblo. Belarús no es sólo un vecino próximo de la Unión, incluido en la Política Europea de Vecindad, sino también vecino directo de mi país, Polonia. Compartimos frontera.

Esta es, probablemente, la mejor explicación de por qué la cuestión de satisfacer las esperanzas y expectativas reales del pueblo llano en ese país es tan importante para mí en el trabajo que desempeño en el Parlamento Europeo. Después de todo, no se puede permanecer indiferente ante lo que puede verse al otro lado de la frontera: restricciones y presión administrativa sobre las ONG, intimidación, persecución y encarcelamiento de los activistas de la oposición democrática, entre los que se encuentran los líderes de los movimientos juveniles conocidos como Frente Popular de la Juventud de Belarús y Renacimiento de la Juventud.

Por consiguiente, debería establecerse rápidamente el diálogo genuino entre las autoridades de Belarús y la Unión Europea. No se trata únicamente del derecho de la Unión, sino también de su deber, el exigir al Gobierno de Belarús la liberación de todos los prisioneros políticos, garantizar la libertad de los medios de comunicación, la independencia del poder judicial, así como el respeto por los valores democráticos y los derechos fundamentales de su pueblo. Debe darse prioridad a la abolición de la pena de muerte.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha propuesto facilitar la entrada y permanencia en el territorio de la UE para los ciudadanos de Belarús. En este momento, se está considerando la reducción o incluso la total eliminación del coste de los visados, que es el único modo de impedir que Belarús y sus ciudadanos queden todavía más aislados.

 
  

(1)Véase el Acta


9.3. Kivu Norte (República Democrática del Congo)
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  Presidente. – El siguiente punto es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas a Kivu Norte (República Democrática del Congo)(1).

 
  
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  Erik Meijer, autor. – (NL) Señor Presidente, este Parlamento presta una gran y debida atención a lo que está ocurriendo en la antigua colonia belga de la República Democrática del Congo y, en particular, a la constante lucha, el desplazamiento forzoso, las violaciones y los asesinatos en masa que tienen lugar en la zona este de dicho y vasto país. Estos horrores han formado parte del conflicto en los países vecinos de Ruanda, Burundi y Uganda. Las fronteras del Estado, reconocidas internacionalmente, tienen poco significado para los grupos de personas que se ven forzadas a buscar nuevos territorios tras haber sido expulsadas de su país o por la prolongada falta de medios de subsistencia. Todo se encuentra en movimiento en esta región, y el hecho es que el más leve movimiento en una dirección o en otra tiene el potencial de provocar la violencia o el horror. Los señores de la guerra, que adquieren respeto, poder y riqueza gracias a su amor innato por el conflicto, incrementan los problemas ya existentes y dificultan todavía más su resolución.

Muy recientemente, el 17 de enero, debatimos en esta misma Cámara la situación de la República Democrática del Congo y adoptamos una resolución que manifestaba nuestro deseo de asistir al cese de estos horrores, pero me temo que podríamos adoptar muchas más resoluciones sobre esta cuestión sin alcanzar ninguna solución. Las esperanzas de que las elecciones celebradas el año pasado en la República Democrática del Congo pudieran resolver estos problemas han concluido de manera decepcionante. El presidente en ejercicio, Kabila, ha ganado, pero representa puntos de vista divergentes de su movimiento original y el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias fue muy discutido por la oposición.

La pregunta es cómo puede funcionar adecuadamente un país tan extenso, con escasas líneas de comunicación y una gran variedad de pueblos, de manera que reciba el apoyo de toda su población y de todas sus fuerzas políticas divergentes. No parece probable que ello se consiga en una zona como la República Democrática del Congo, donde reinan enfermedades mortales, se sobreexplota el medio ambiente y la tierra, y el pueblo se encuentra absolutamente sin ningún derecho. La pregunta es si es factible el armisticio del 23 de enero para Kivu Norte y Kivu Sur, que da por hecho el desarme de las facciones beligerantes y el retorno de los refugiados a sus lugares de residencia, y si las Naciones Unidas pueden contribuir sobre el terreno a este fin. No se conseguirá por medio de la elección de partidos que participan del conflicto, pero sí posiblemente persuadiendo a las partes, como por ejemplo a la parte beligerante, a abandonar la violencia sexual y a permitir la entrada de personal médico.

 
  
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  Alain Hutchinson, autor. (FR) Señor Presidente, no pretendo disertar sobre la situación de la República Democrática del Congo en su totalidad, sino más bien sobre la del nordeste del país y la región de Kivu, donde se ha desatado una guerra vil durante años, que incluso ha sido más intensa en los últimos meses.

Podría decirse que todas las guerras son viles, pero opino que ésta en particular lo es mucho más. Esta guerra ha ocasionado, y lo sigue haciendo, cientos de miles de víctimas, muertes y desplazados pero, además, cientos y miles de mujeres, niñas y abuelas han sufrido lo que se denomina «violencia sexual»; sin embargo, ello no acaba ahí: se trata del uso de la violación como una verdadera arma de guerra, y ello ocurre en medio de una cierta indiferencia por parte de la opinión pública y la comunidad internacional y, más concretamente, de la opinión pública europea.

Esta guerra vil se ha exacerbado durante dos años entre facciones rivales: las tropas rebeldes lideradas por Laurent Nkunda, general disidente congoleño, los antiguos perpetradores del genocidio de Ruanda, introducidos en el país al finalizar la campaña de 1994, pero también, desgraciadamente, ciertos elementos del recientemente desmantelado ejército congoleño. Más que suficiente. Afortunadamente, hace poco se mantuvo allí una conferencia de paz, a la que asistieron todas las facciones y que condujo a un alto el fuego pero, lamentablemente, señor Presidente, este alto el fuego es extremadamente frágil y la tensión vuelve a ir en aumento.

Por consiguiente, proponemos establecer dos prioridades esenciales: la primera es la protección de los civiles, proporcionar medios para que la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) pueda defenderlos sobre el terreno. De acuerdo con el capítulo vii de la Carta de las Naciones Unidas, podrá utilizar armas para llevar a cabo su misión, ya que estas masacres, sencillamente, deben finalizar. La segunda prioridad es proporcionar apoyo a los esfuerzos por la paz que se debaten allí, pues la solución al problema en la región de los Grandes Lagos sería una solución política en la que participaran todas las partes, incluyendo también a Ruanda, que debe cumplir sus compromisos de repatriar a sus nacionales que operan en Kivu.

 
  
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  Adam Bielan, autor. (PL) Señor Presidente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ningún otro conflicto ha sido tan cruel y brutal como el del Congo. El conflicto armado en la provincia de Kivu Norte ha persistido con intensidad variable durante los últimos diez años y ha resultado en más de cinco millones de víctimas; unas 1 500 personas mueren cada día como resultado de los enfrentamientos.

Las matanzas en masa, la violación de las jóvenes y las madres, y el reclutamiento forzoso de los civiles y los niños en las fuerzas armadas están a la orden del día. En los últimos meses han tenido lugar muchas otras violaciones graves de los derechos humanos al este de la República Democrática del Congo, cometidas por los grupos rebeldes leales a Laurent Nkunda, por los combatientes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y por el propio ejército congoleño. La zona este del Congo necesita asistencia médica inmediata y suministro de víveres, pues los últimos acontecimientos han obligado a la mayoría de las organizaciones humanitarias a suspender sus actividades.

Por consiguiente, apelo al Consejo y a la Comisión Europea para que desbloqueen fondos de urgencia a la vista de la extremadamente grave situación humanitaria que se vive en esta región.

 
  
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  Bernd Posselt, autor. − (DE) Señor Presidente, todo aquél que haya contemplado alguna vez la región de los Grandes Lagos del este de África desde el aire podría pensar que es un paraíso aunque, en realidad, suele tratarse con mayor frecuencia de un infierno sobre la Tierra. Es una región de fantástica belleza natural y riqueza de recursos naturales, por una parte, y sufrimiento atroz, por otra: desastres naturales, guerra, expulsión, hambre, enfermedad, masacres, violaciones masivas y conflictos étnicos —peor que prácticamente en ningún otro lugar—. Tan sólo en el interior de Kivu Norte existen 800 000 desplazados.

Es importante reconocer que este problema de expulsión se presenta a ambos lados de la frontera, pues en África se produce un fenómeno que no existe bajo esta forma en ningún otro lugar; esto es, que las personas no se desplazan únicamente de un lado concreto de la frontera al otro, sino que cada país expulsa a la población desde su lado de la frontera hacia el país vecino, por lo que hay refugiados y desplazados en ambos lados. Como resultado, estos países atraviesan una situación de completa inestabilidad, razón por la cual tenemos que proporcionar ayuda humanitaria y debemos estar presentes de manera generalizada para ayudar al pueblo.

Sin embargo, básicamente, lo que se hace así es enmendar los síntomas, pues a menos que podamos restablecer un Estado razonablemente viable y las estructuras del Estado de Derecho, el desastre no terminará nunca, no importa la magnitud de la ayuda que proporcionemos. Por esa razón, es extremadamente importante que desempeñemos un papel fundamental, también políticamente. El alto el fuego declarado el 23 de enero es extremadamente frágil y, realmente, sólo existe sobre el papel; por ello, debemos apremiar a todas las partes, con carácter de urgencia, a sentarse a la mesa y a hablar unos con otros, aunque eso significa que nosotros también debemos desempeñar nuestra parte.

Lamentablemente, los europeos suelen sacar partido de estos desastres. De ahí que esté justificado que se nos exija considerar más seriamente los certificados de origen, por ejemplo para los recursos naturales, pues a menudo son los europeos quienes explotan salvajemente el sufrimiento de las personas para satisfacer sus propios intereses económicos. Aquí tenemos nuestra responsabilidad también, y no deberíamos contentarnos con pronunciar bonitos discursos y aplicar soluciones de esparadrapo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda, Autor. − (ES) Señor Presidente: nuevo capítulo éste de hoy, de trágico serial, que tiene como protagonista a la población de la República Democrática del Congo.

En este caso, el escenario se centra en la región del norte de Kivu, pero la trama y las víctimas son las mismas que ya fueron objeto de una resolución de urgencia en el período parcial de sesiones de enero.

Desde 1998 son casi 5 millones y medio las personas que han muerto a causa de la guerra y 45 000 personas más mueren mensualmente a causa, directa o indirectamente, de la misma. Esto significa, en definitiva, 1 500 personas cada día, es decir, desde que empezamos este período se sesiones el lunes, han muerto ya 6 000 personas en la República Democrática del Congo.

En los últimos meses, además, se han acrecentado, sobre todo en la región del este, las masacres, las violaciones de niñas y mujeres y el reclutamiento forzado de niñas y niños. De todo ello son responsables tanto las tropas rebeldes de Laurent Nkunda como los combatientes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda.

Por otra parte, cabe recordar que el mandato de la MONUC se basa en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, lo que le confiere la autoridad de usar todos los medios necesarios para disuadir cualquier intento de uso de la fuerza que ponga en peligro la vida o la integridad de civiles o que suponga una amenaza del proceso político.

Sin embargo, hasta la fecha, la presencia de la MONUC ha resultado totalmente insuficiente para frenar la barbarie. Por todo ello, es necesario apelar de nuevo al Consejo de Seguridad para que reaccione y ponga todos los medios disponibles a fin de frenar las masacres.

Asimismo, si bien debemos acoger con satisfacción la celebración de la Conferencia de Goma, que abre la puerta a una negociación política, los acuerdos, especialmente aquellos que tienen que ver con la desmovilización, siguen siendo ambiguos y su aplicación poco clara.

Por último, ésta es una nueva oportunidad para reclamar, una vez más, como ya se ha dicho por parte del señor Posselt, que se activen e implementen los mecanismos de control como el Proceso de Kimberley, relativo a los diamantes, en materia de certificación de origen de los recursos naturales importados por la Unión Europea.

 
  
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  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, Joseph Conrad se refirió al Congo como «El corazón de las tinieblas». Desde el principio de su existencia; esto es, desde 1960 en adelante, el Congo ha sido escenario de horribles pogromos, matanzas y guerras civiles. Como resultado, el país nunca ha sido capaz de valerse por sí mismo, a pesar de estar dotado de abundantes recursos naturales. El conflicto en la zona es el más cruel y salvaje que haya tenido lugar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tristemente, todavía continúa, reclamando las vidas de casi 50 000 seres humanos cada mes. La mitad de las víctimas son niños menores de cinco años. Los ejércitos dejan a su paso toda clase de crímenes contra la población civil: violaciones, saqueo y asesinatos. Por esa razón, recibimos con satisfacción el resultado de la Conferencia de Goma sobre la Paz, en el que depositamos tantas esperanzas; podría significar el final del conflicto armado en la región de Kivu, pero ello dependerá también de nosotros, al menos en parte.

Sin embargo, podría resultar imposible resolver este conflicto sin el apoyo de la comunidad internacional y de los países vecinos. Es importante que el apoyo internacional no se limite a declaraciones políticas, sino que se centre principalmente en proporcionar la ayuda financiera, organizativa y técnica adecuada.

 
  
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  Karin Scheele, en nombre del Grupo del PSE. (DE) Señor Presidente, de acuerdo con las organizaciones de ayuda, la situación en Kivu Norte es, en algunos aspectos, incluso peor que la de Darfur. Sin embargo, Kivu Norte no se encuentra en el centro de la atención pública, y la comunidad internacional hace caso omiso de lo que ocurre allí. Desde el acuerdo de paz oficial de 2002, el Gobierno de Kabila ha intentado integrar a la milicia regional en el ejército nacional, hasta el momento sin demasiado éxito. La población civil continúa siendo vulnerable a las repercusiones de los conflictos armados. Médicos Sin Fronteras (MSF) destaca las dificultades que afrontan los trabajadores humanitarios para poder acceder a la población civil debido a los enfrentamientos continuos, y afirma que la malnutrición es otra de las principales amenazas para la población de Kivu Norte.

Por consiguiente, instamos al Consejo y a la Comisión a proporcionar ayuda inmediata y a lanzar programas de asistencia médica de gran envergadura para la población civil en la parte oriental de la República Democrática del Congo sin más demora; asimismo, instamos al Consejo y a la Comisión a garantizar que el reciente fortalecimiento de la misión de las Naciones Unidas conduzca a mejoras significativas para la seguridad de la población.

 
  
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  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, a pesar del acuerdo alcanzado en Goma para mejorar la seguridad y el desarrollo en el Congo, en la provincia de Kivu continúan produciéndose violaciones de los derechos humanos. Sólo desde el final de 2006, trescientas mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia creciente. Esta violencia incide particularmente sobre las mujeres y los niños, quienes se convierten en víctimas de violaciones o son obligados a integrarse en los grupos armados. Hasta la fecha, hay seis millones de desplazados, y cinco millones de personas han muerto a consecuencia del conflicto y de una guerra fomentada por grupos de interés económico y apoyada por Gobiernos ávidos de las riquezas del país.

Es por ello por lo que se necesita algo más que debates y resoluciones en el Parlamento Europeo y ayuda humanitaria para los habitantes del Congo. Debe detenerse la explotación depredadora de los recursos naturales, así como las actividades especulativas de empresas multinacionales que están enriqueciéndose a costa de la vida y la salud de los habitantes de la región.

 
  
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  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, sabemos que las palabras que pronunciemos aquí probablemente no nos lleven demasiado lejos. Lo único que podemos esperar es que todas las partes acaten permanentemente el acuerdo concluido en la Conferencia de Goma y que la locura que se ha adueñado de Kivu Norte durante tanto tiempo llegue a su fin. Según las Naciones Unidas, desde el comienzo del conflicto 800 000 personas han huido de sus hogares, miles y miles de mujeres y niñas han sido víctimas de pervertidas violaciones, y se fuerza a los niños a tomar parte en la lucha.

Aún más, no debemos olvidar que los miembros de la milicia de Nkunda no son los únicos responsables de las crueldades llevadas a cabo de forma masiva; no, todas las partes, los soldados del Gobierno incluidos, han cometido crímenes contra la humanidad de manera sistemática. No abundan los «buenos tipos» en Kivu Norte; por consiguiente, y en última instancia, debe juzgarse a igual número de culpables, deben responder por sus atrocidades. No es únicamente responsabilidad de la Corte Penal Internacional emitir sentencia en materia de derechos humanos; es, ante todo, responsabilidad de los líderes congoleños y de Joseph Kabila.

 
  
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  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, como el señor Posselt ha manifestado, grandes zonas del Congo son un infierno sobre la Tierra, lo que se ha visto agravado por la acción de ciertos colectivos, no todos ellos congoleños. Deseo llamar la atención sobre una situación que he visto con mis propios ojos, cual es la elevada cifra de niños huérfanos en la zona como resultado del conflicto. En mi opinión, la financiación debería ir destinada a los misioneros, para permitirles cuidar de esos niños, especialmente los varones, y evitar así que sean reclutados por los ejércitos, pues una vez que son reclutados, no pueden hacer otra cosa más que disparar y violar. Permítame reiterar, Comisaria, que se necesitan fondos para proporcionar formación y cuidado a estas desafortunadas personas.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Comisaria, apelo a la Comisión aquí, en Estrasburgo, para que desde este momento libere fondos reservados para situaciones de crisis y comience inmediatamente los proyectos de reconstrucción, especialmente con un programa de asistencia médica general a gran escala para la población civil de Kivu Norte.

El reciente terremoto agravó todavía más lo que ya era de por sí un desastre humanitario. Todos los aquí presentes solicitamos también a la Comisión y al Consejo que inicien inmediatamente una coalición a escala africana para hallar una solución política al conflicto.

 
  
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  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión continúa verdaderamente preocupada por la desesperada situación humanitaria de los Kivus, y de Kivu Norte en particular, donde el número de desplazados internos —que en la actualidad sobrepasa los 800 000 únicamente en Kivu Norte— ha llegado a doblarse durante 2007, incrementando así, de manera alarmante, la vulnerabilidad de una población que sufre ya suficientes tribulaciones.

Al mismo tiempo, somos conscientes de los graves abusos que se producen contra los derechos humanos en la región, y que condenamos —el reclutamiento de niños soldados y la violencia sexual generalizada incluidos—.

Sin embargo, en este contexto, es importante recordar que el carácter crítico de la situación actual en Kivu Norte, aunque haya sido agravado por los enfrentamientos que han tenido lugar en la segunda mitad del año 2007, es resultado de años de guerra en la región. Las causas originarias del conflicto de Kivu se remontan al genocidio de Ruanda, a comienzos de los años noventa, si bien teniendo en cuenta también que hay ciertos componentes locales —como la insuficiente representación política de las minorías étnicas, el despojo de los recursos naturales y los problemas relativos al régimen de propiedad de la tierra— que contribuyen significativamente a la inestabilidad e inseguridad en la zona este de la República Democrática del Congo.

Por todo ello, la Comisión recibe con satisfacción la reciente Conferencia de Goma sobre la Paz y el subsiguiente alto el fuego como pasos positivos hacia la resolución del conflicto persistente en la zona este de la República Democrática del Congo. La Conferencia restituyó la credibilidad del Presidente Kabila tras la derrota del ejército contra las tropas del General Nkunda a finales de 2007, y lanzó un proceso de diálogo interprovincial —algo que la Comisión siempre ha defendido—.

Además, de acuerdo con los compromisos contraídos por la República Democrática del Congo y Ruanda en su declaración conjunta, firmada en Nairobi en noviembre de 2007, la Conferencia de Goma volvió a hacer hincapié igualmente en la necesidad de abordar como una prioridad el problema de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas. Al mismo tiempo, se hizo obvio que existe necesidad de abordar las causas que constituyen la raíz del conflicto y la restauración de la autoridad del Estado en la zona este del país.

Dicho esto, no debería olvidarse que nada se solventó definitivamente en Goma o en Nairobi. Hallar una solución permanente a las causas originarias de la crisis de Kivu y conseguir así una restauración sostenible de la paz en la región es algo que llevará tiempo; de hecho, aunque se complementen mutuamente, la declaración conjunta de Nairobi y la Conferencia de Goma representan un comienzo alentador —pero únicamente un comienzo— de un proceso arduo y prolongado.

El principal reto que se presenta ahora es la efectiva puesta en práctica de los compromisos de Nairobi y de Goma. Debería asegurarse que todas las partes interesadas mantengan sus compromisos. La UE continuará realizando un estrecho seguimiento y participando activamente en este proceso.

En este contexto, es muy necesaria la acción internacional en ayuda del pueblo congoleño. La Comisión, junto con los Estados miembros, está dispuesta a desempeñar un papel importante en los Kivus. Tradicionalmente, hemos sido uno de los proveedores de ayuda más importantes en la zona este, ya fuera por medio de nuestra ayuda humanitaria o de nuestros programas de rehabilitación y de refuerzo de las capacidades, y estamos dispuestos a incrementar todavía más nuestro apoyo a la región, especialmente por medio de iniciativas europeas, así como trabajando en estrecha colaboración con las Naciones Unidas.

 
  
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  Presidente. – El debate queda cerrado.

 
  

(1)Véase el Acta


10. Turno de votaciones
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  Presidente. – El siguiente punto en el orden del día es la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación, véase el Acta)

 

10.1. Timor Oriental (votación)

10.2. Belarús (votación)
  

Antes de la votación sobre el apartado 3

 
  
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  José Ribeiro e Castro, autor. (FR) Señor Presidente, tan sólo corregir los nombres de las organizaciones mencionadas en el apartado 3. Tiene usted los nombres en las listas de votación, por lo que no hay necesidad de repetirlos.

 
  
  

(El Parlamento acuerda aceptar la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre el apartado 1

 
  
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  Urszula Gacek (PPE-DE). – Señor Presidente, intervengo en nombre de mi Grupo con una enmienda oral a la enmienda propuesta. Mientras que la libertad de expresión consta en el documento oficioso de la Comisión, lamentablemente no se incluye ni se hace mención expresa a Internet. Por lo tanto, para ser objetivamente correctos y para incluir todas las libertades de expresión, no sólo en cuanto a Internet, solicitamos que las palabras «en Internet» sean eliminadas de la enmienda.

 
  
  

(El Parlamento acuerda aceptar la enmienda oral)

 

10.3. Kivu Norte (República Democrática del Congo) (votación)

11. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

12. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

13. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

14. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

15. Interrupción de la sesión
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  Presidente. – Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo y les deseo a todos ustedes una agradable vuelta a sus hogares.

(Se cierra la sesión a las 16.25 horas)

 

ANEXO (Respuestas por escrito)
PREGUNTAS AL CONSEJO (La Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea es la única responsable de estas respuestas).
Pregunta nº 8 formulada por Avril Doyle (H-1058/07)
 Asunto: Derechos de las mujeres en Arabia Saudí
 

¿Se ha recibido alguna comunicación de parte del Reino de Arabia Saudí en respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo P6_TA(2007)0631, de 13 de diciembre de 2007, sobre los derechos de las mujeres en dicho país? En caso afirmativo, ¿cuál es su contenido? ¿Considera el Consejo que ha habido reacciones positivas o alentadoras?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha recibido comunicación alguna del Gobierno de Arabia Saudí en respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos de las mujeres en dicho país de 13 de diciembre de 2007.

Por supuesto, estará usted al corriente de que la cuestión de los derechos humanos se debate, siempre, durante el Consejo Conjunto y la Reunión Ministerial entre la UE y el Consejo de Cooperación de los Estados árabes del Golfo (CCG), al que pertenece Arabia Saudí. La cuestión concreta de los derechos de la mujer se debate con el CCG en dicho contexto.

Por tanto, el Consejo espera que resulte posible entablar un debate sobre los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, durante la próxima Reunión Ministerial UE-CCG que está previsto se celebre el 26 de mayo de 2008. En dicha reunión, el Consejo expondrá la opinión de la UE sobre los derechos de la mujer y escuchará la de sus socios del CCG.

 

Pregunta nº 9 formulada por David Martin (H-1060/07)
 Asunto: Cumbre de Bali
 

¿Qué valoración hace el Consejo de las conclusiones de la Cumbre de Bali?

 
 

Pregunta nº 10 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-1070/07)
 Asunto: Evaluación de la Conferencia de Bali
 

Los 187 países que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas decidieron iniciar las negociaciones, que concluirán en 2009, con vistas a un acuerdo sobre el cambio climático, pero sin fijar objetivos concretos.

Teniendo en cuenta que ya en marzo de 2007 los principales Estados y Gobiernos de la Unión Europea habían llegado a un acuerdo sobre un paquete de objetivos y medidas concretos, asociando la política energética con la lucha contra el cambio climático, ¿cómo evalúa el Consejo la Conferencia de Bali? ¿Qué iniciativas piensa tomar en el marco de la nueva «hoja de ruta» para adoptar objetivos concretos y obligatorios y un calendario para conseguirlos en el nuevo acuerdo sobre el cambio climático? ¿De qué forma piensa presionar a los Estados Unidos en esta dirección? ¿Qué posición piensa adoptar la Unión Europea en la reunión internacional sobre el cambio climático que organizarán los Estados Unidos en Hawai en 2008?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Plan de acción de Bali representa el comienzo de un proceso de negociación global que concluirá en diciembre de 2009 en la Conferencia de Copenhague, en la que será necesario debatir, entre otras cuestiones, las perspectivas comunes en cuanto a la acción cooperativa a largo plazo, la mitigación, el ajuste, la tecnología y la financiación. Si me permite, le expondré tales componentes de manera más pormenorizada.

El primer componente, esto es, las perspectivas comunes de acción cooperativa a largo plazo, incluida la fijación de un objetivo global a largo plazo para la reducción de emisiones, es de importancia vital para orientar los esfuerzos comunes en la lucha contra el cambio climático.

El segundo componente, a saber, el refuerzo de las acciones de mitigación nacionales e internacionales, se expone en un texto formulado de manera cuidadosa en el que se equilibra la acción de los países desarrollados y la de los países en desarrollo.

El Plan de acción de Bali ha reincorporado a los Estados Unidas al proceso de las Naciones Unidas. Además, la línea que tradicionalmente ha dividido a las partes del Anexo I y las que no figuran en el mismo desde 1992 se ha abandonado en el texto de esta resolución. Se ha establecido asimismo una clara distinción entre las medidas que adopten los países desarrollados y las que emprendan los países en desarrollo, con el fin de evitar que los primeros se sirvan de esta oportunidad para abandonar los compromisos que contrajeron en cuanto a la cantidad de la reducción de emisiones.

El tercer componente, es decir, el refuerzo de las acciones en materia de adaptación, incluirá la cooperación internacional con objeto de fomentar la ejecución urgente de tales acciones, la gestión de riesgos y las estrategias de reducción de los mismos, las estrategias de reducción de catástrofes y el fomento de la diversificación económica.

El cuarto componente incluye el refuerzo de las medidas en materia de desarrollo y transferencia de tecnologías con objeto de fomentar las acciones sobre mitigación y adaptación, en tanto que el quinto componente se relaciona con el refuerzo de las acciones relativas a la dotación de recursos financieros y las acciones de fomento de la inversión en apoyo de la mitigación y de la cooperación en materia de adaptación y de tecnología.

El texto de la resolución contiene todos los puntos que la UE solicitó y no prejuzga en modo alguno el resultado de las negociaciones al respecto. Sólo será posible efectuar una evaluación final de la Conferencia de Bali a la luz del texto elaborado en la Conferencia de Copenhague.

 

Pregunta nº 12 formulada por Justas Vincas Paleckis (H-1065/07)
 Asunto: Futuro del servicio de relaciones exteriores de la UE
 

La Secretaría General del Consejo y la Comisión no han presentado todavía una descripción clara del Servicio Europeo de Acción Exterior. Puesto que se trata de una cuestión de interés primordial para los servicios diplomáticos nacionales y para los representantes de la UE, y de gran relevancia para los ciudadanos, es importante dar algunas respuestas a las capitales nacionales tan pronto como sea posible y preferentemente antes de la ratificación del Tratado.

Según los nuevos planes, ¿cómo funcionará el Servicio Europeo de Acción Exterior y cuáles serán sus probables dimensiones? ¿Qué cambios se producirán en la estructura del actual servicio de relaciones exteriores que ya se ocupa de la política exterior de la UE?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En la fase actual, el Consejo no dispone de una opinión sobre la futura estructura u organización del Servicio Europeo de Acción Exterior. El Consejo podrá adoptar una decisión administrativa sobre la futura organización y sobre el trabajo del Servicio únicamente sobre la base de una propuesta del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, una vez que el Tratado de Lisboa haya entrado en vigor, es decir, tras haber consultado al Parlamento Europeo y haberse obtenido la aprobación de la Comisión.

El trabajo preparatorio relativo al Servicio Europeo de Acción Exterior formará parte del proceso de preparación de la aplicación del Tratado de Lisboa. Tal como el Ministro Rupel comunicó al Presidente Pöttering en su carta de enero de 2008, se informará regularmente al Parlamento Europeo de la labor técnica que se lleve a cabo en relación con los preparativos del Servicio Europeo de Acción Exterior.

 

Pregunta nº 13 formulada por Sarah Ludford (H-1068/07)
 Asunto: Entrada/salida en y de la UE
 

La Comisión tiene previsto presentar un Libro Verde sobre un sistema de entrada/salida en y de la UE y otras herramientas de gestión de las fronteras tales como la autorización electrónica de viaje.¿Cómo contempla el Consejo el funcionamiento de tales proyectos junto al Sistema de Información de Visados (VIS) y el Sistema de Información de Schengen (SIS)?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo Europeo y el Consejo han pedido a la Comisión en reiteradas ocasiones que redacte propuestas para la mejora de la eficacia y el aumento de la interoperatividad y la sinergia entre las bases de datos europeas.

El Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2006 destacó la importancia de hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar la vigilancia de las fronteras y pidió a la Comisión que estudiara la viabilidad de instaurar un sistema de entrada y salida común.

El 13 de febrero de 2008, la Comisión Europea presentó tres comunicaciones, una de las cuales versaba sobre las nuevas herramientas para una estrategia europea de gestión integrada de las fronteras, la cual podría formar parte de la gestión de las fronteras europeas en el futuro. La propuesta de registro automático general del cruce de fronteras por parte de todos los nacionales de terceros países podría representar un importante complemento de los sistemas VIS y SIS.

La Presidencia eslovena organizará una conferencia de ámbito ministerial en la que los ministros del interior debatirán estas comunicaciones por vez primera.

 

Pregunta nº 14 formulada por Paulo Casaca (H-1073/07)
 Asunto: Canje de terroristas por un rehén
 

Según el semanario «Der Spiegel» (enero 2008), las autoridades alemanas estaban planeando canjear a Donald Klein, un rehén de nacionalidad alemana apresado por las autoridades iraníes en 2005, por varios terroristas de Hezbolá, la organización satélite iraní en el Líbano. Entre estos terroristas se encuentra el cerebro de la operación terrorista planeada por el régimen iraní en la que se ejecutó a cuatro opositores en el restaurante «Mykonos» de Berlín en 1992.

Cabe recordar que el Tribunal Federal de Berlín consideró que este acto terrorista fue organizado por el guía espiritual de Irán, Alí Jamenei, y por el anterior Presidente de ese país, Alí Hachemí Rafsanyani.

Recientemente, la prensa ha informado de la liberación de los responsables de los asesinatos de opositores iraníes.

Expresando naturalmente toda mi solidaridad con Donald Klein y su familia, pienso que ceder a las exigencias del número uno del terrorismo internacional traerá consecuencias gravísimas para todos los ciudadanos europeos, tanto en Alemania como en otros Estados miembros.

¿No considera el Consejo que esta claudicación ante el terrorismo, concretada en esta negociación, puede incrementar el riesgo de que todos los ciudadanos europeos se conviertan en objetivo del terrorismo del régimen iraní?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha examinado esta cuestión.

 

Pregunta nº 15 formulada por Bernd Posselt (H-0001/08)
 Asunto: Tránsito alpino
 

¿Qué posibilidades contempla el Consejo de fomentar y desarrollar las rutas transalpinas entre Baviera, Austria, Italia y Eslovenia, de modo que se intensifiquen los intercambios económicos salvaguardando al mismo tiempo los principios ecológicos?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En lo que respecta a las posibilidades de fomentar y desarrollar las rutas transalpinas, tal como, sin duda, su Señoría sabrá y de conformidad con la Decisión n° 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Decisión n.° 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, entre las prioridades de la misma se incluyen: la creación y el desarrollo de enlaces e interconexiones clave que permitan eliminar los puntos de estrangulamiento, acabar los tramos pendientes y completar los grandes ejes, especialmente sus secciones transfronterizas, franquear las barreras naturales y mejorar la interoperabilidad de los grandes ejes. El artículo 8 de la Decisión citada establece, además, que los Estados miembros deberán tener en cuenta la protección del medio ambiente en cuanto ataña a la red transeuropea de transporte.

Cabría citar las dos prioridades establecidas en el anexo II de la Decisión, a saber, el eje ferroviario Berlín-Verona/Milán-Bolonia-Nápoles-Mesina-Palermo y el «proyecto prioritario nº 6», el eje ferroviario Lyon-Turín-Venecia-Liubliana-Budapest. Con arreglo al informe de situación redactado por el coordinador del proyecto, Karel Van Miert, en julio de 2007, la actividad en el eje ferroviario Berlín-Verona/Milán-Bolonia-Nápoles-Mesina-Palermo avanzó rápidamente durante el segundo año, en tanto que Austria e Italia han firmado el memorando de acuerdo relativo al túnel de Brenner. En diciembre de 2007, la Comisión adoptó una decisión sobre la solicitud de cofinanciación del túnel de Brenner.

El «proyecto prioritario nº 6» —el eje ferroviario Lyon-Turín-Venecia-Liubliana-Budapest— resuelve asimismo el problema del cruce de los Alpes, esto es, del oeste al este. Dicho proyecto prioritario incluye asimismo el túnel de Mont Cenis, que se está construyendo ya y que es un proyecto transfronterizo italiano y francés. En relación con dicho proyecto, cabría citar el eje Trieste-Divaèa, con respecto al que la Comisión aprobó cofinanciar la redacción de la documentación relativa al diseño y los trabajos preparatorios en diciembre de 2007. Las actividades de este proyecto están en curso e Italia y Eslovenia firmaron, en julio de 2007, un memorando de acuerdo relativo al tramo citado.

 

Pregunta nº 16 formulada por Vural Öger (H-0005/08)
 Asunto: Presidencia eslovena del Consejo - Balcanes Occidentales
 

La Presidencia eslovena del Consejo considera los Balcanes Occidentales una de sus prioridades. La Unión Europea ofrece a los países de los Balcanes Occidentales una clara perspectiva de adhesión que brinda numerosas posibilidades políticas, económicas y sociales, tanto a la Unión como a estos países.

¿Considera el Consejo que la estrategia seguida hasta ahora, fundamentada en el modelo por fases (AEA, estatuto de país candidato, adhesión) puede también aplicarse a los países de los Balcanes Occidentales?

¿Qué criterios prevé aplicar el Consejo para evaluar el grado de madurez para la adhesión de países con un pasado de guerras civiles por motivos étnicos?

¿Qué calendario prevé aplicar el Consejo para los distintos países surgidos de la desmembración de la antigua Yugoslavia? ¿Cuándo puede considerarse que estos países han alcanzado la estabilidad suficiente para que puedan adherirse a la UE?

¿Qué opina el Consejo de la idea de que la UE no puede permitirse importar conflictos étnicos?

Por último, ¿cuándo cabe esperar que Montenegro acceda al estatuto de país candidato? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la obtención de dicho estatuto?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Presidencia eslovena dedicará especial atención a los Balcanes Occidentales. La estabilidad de dicha región es de importancia crucial para la seguridad y la prosperidad de toda la UE. Cabe esperar que, durante el proceso de transición, en 2008, tenga lugar una serie de acontecimientos: una revisión de la Agenda de Salónica de 2003, la conclusión de la red de acuerdos de estabilización y asociación y el fortalecimiento de la cooperación regional en diversos ámbitos. El Consejo seguirá apoyando las perspectivas de adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales y de aproximación de la Unión a los pueblos de la región (fundamentalmente, contribuirá a preparar el inicio del diálogo sobre la liberalización del régimen de visado con los países de la región). Además, la creación de un Consejo de Cooperación Regional constituirá un nuevo e importante logro de la cooperación regional y la expresión de una responsabilización regional reforzada. El Consejo ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación regional y las buenas relaciones entre vecinos, así como en la necesidad de cooperación entre países vecinos en la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables a problemas no resueltos.

Al llevar a cabo un examen exhaustivo de la situación en los Balcanes Occidentales, se debe tener en cuenta los considerables avances logrados durante los últimos años: mayor estabilidad, reformas democráticas, crecimiento económico, cooperación regional reforzada y aproximación a la UE como parte del proceso de estabilización y asociación. No obstante, persisten ciertas dificultades de relieve: la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, la observancia del Derecho internacional (TPIY) y la búsqueda de una solución para el problema del estatuto de Kosovo; esta última cuestión es la más importante en lo que atañe a la estabilidad de la región. Por ende, la cuestión del estatuto de Kosovo constituye una prioridad clave para la Presidencia de la UE. El Consejo considera que se trata de un problema europeo para el que es preciso hallar una solución que contribuya a la estabilidad regional y a consolidar las perspectivas de adhesión a la UE de los países de los Balcanes Occidentales.

El 17 de febrero de 2008, el Parlamento kosovar aprobó una resolución sobre la independencia de Kosovo. En las conclusiones de su reunión de febrero, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores afirmó que dicha la resolución compromete a Kosovo con los principios de democracia e igualdad de todos sus ciudadanos, la protección de los serbios y de otras minorías, la protección del patrimonio cultural y religioso y la supervisión internacional. El Consejo se congratuló de que la comunidad internacional fuera a mantener su presencia en Kosovo, con arreglo a la Resolución nº 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo señaló que los Estados miembros decidirán, de acuerdo con sus prácticas nacionales y el Derecho internacional, acerca de sus relaciones con Kosovo.

En las conclusiones de su reunión de febrero, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores recordó que, desde hace tiempo, la Unión Europea está comprometida con la estabilidad de la región de los Balcanes occidentales. Reiteró que la Unión Europea está dispuesta a desempeñar un papel de primer plano en la consolidación de la estabilidad de la región, y recordó los compromisos de la Unión Europea contenidos en las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2007, así como el acuerdo sobre las Acciones Comunes por la que se establece una misión de la PESC de policía y por el Estado de Derecho, y por la que se nombra a un Representante Especial de la UE para Kosovo. La Unión Europea seguirá cooperando con las Naciones Unidas, la KFOR, la OSCE y otros actores internacionales para preservar la estabilidad de la región.

El Consejo reafirmó su compromiso de apoyar de modo pleno y efectivo la perspectiva de adhesión la UE de los países de los Balcanes occidentales. Pidió a la Comisión que hiciera uso de los instrumentos comunitarios para fomentar el desarrollo económico y político y proponga a la región en el sentido amplio medidas concretas a fin de avanzar en esa dirección.

El principal objetivo de la Presidencia de la UE en relación con los países sucesores de la antigua Yugoslavia en su camino hacia a la adhesión a la UE es el siguiente:

Serbia: La Presidencia de la UE animará a Serbia a que cree las condiciones necesarias para la rápida firma del AEA y a que avance en pos de la consecución del estatuto de país candidato, y apoyará la iniciativas serbias de acercamiento a la UE, mejorará la visibilidad de la Unión en Serbia y alentará a Serbia a que siga desarrollando su satisfactoria cooperación regional.

Bosnia y Herzegovina: La Presidencia alentará a los protagonistas políticos a que creen las condiciones necesarias para que la firma del AEA se produzca lo antes posible, fomentará las perspectivas de adhesión a la UE de Bosnia y Herzegovina y potenciará la visibilidad de la Unión. Apoyará el diálogo político y las iniciativas de consolidación del Estado con objeto de que se ofrezcan, a través de reformas constitucionales y de otra índole, instituciones estatales funcionales y eficaces que permitan al país mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Apoyará asimismo los esfuerzos emprendidos por el Representante Especial de la UE Miroslav Lajèák y seguirá con los preparativos de la transición prevista de la Oficina del Alto Representante a una Oficina del REUE reforzada con arreglo a una evaluación del Consejo de Aplicación de la Paz.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: La Presidencia, en estrecha cooperación con la Comisión, apoyará la profundización del diálogo político y la ulterior aplicación del Acuerdo marco de Ohrid y fomentará la aceleración del proceso de reforma de modo que se creen las condiciones necesarias para la siguiente fase de la integración del país en la UE. La Presidencia es consciente del problema de la denominación y anima a ambas partes a que se esfuercen por lograr, por medio de un planteamiento constructivo y de negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, una solución aceptable para ambas y, a través de la misma, a que contribuyan a la cooperación regional y al desarrollo de unas buenas relaciones entre vecinos.

Montenegro: Al igual que los demás países de los Balcanes Occidentales, Montenegro es un posible país candidato a la adhesión a la Unión Europea. La velocidad de los avances en el camino hacia la UE depende de la velocidad con que Montenegro adopte y aplique las necesarias reformas. En lo que respecta al acuerdo de estabilización y asociación, Montenegro ha logrado avances importantes. No obstante, en la situación actual es necesario centrarse en la aplicación del AEA, en la creación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales montenegrinas, en el ulterior reforzamiento de la capacidad administrativa y en el Estado de derecho y el fomento de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Tales ámbitos revisten una importancia fundamental para cualquier país europeo que funcione adecuadamente. El Consejo seguirá brindando apoyo a Montenegro en tales iniciativas.

 

Pregunta nº 17 formulada por Brian Crowley (H-0007/08)
 Asunto: Apoyo de la UE a Palestina
 

¿Puede hacer el Consejo una declaración que exponga las líneas principales de la situación política actual en Palestina?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La posición del Consejo consiste en que «la situación política en Palestina» a la que su Señoría se refiere en su pregunta exige necesariamente el fomento de la creación de instituciones, la buena gobernanza, las aportaciones de la sociedad civil, el apoyo del crecimiento de la economía palestina y el fortalecimiento del Estado de derecho, con el fin de preparar la creación de un Estado palestino independiente, democrático y eficaz en Cisjordania y Franja de Gaza que una a todos los palestinos y coexista en paz y seguridad con Israel y con sus vecinos.

Por consiguiente, la UE acoge con satisfacción los resultados de la Conferencia internacional de donantes para el Estado palestino, durante la cual se comprometió la asignación de 7 400 millones de dólares para el apoyo de las iniciativas de creación de instituciones democráticas eficaces y de una economía próspera para un futuro Estado palestino, de conformidad con el Plan de reforma y desarrollo presentado por el Primer Ministro Fayyad. La UE sigue estando resuelta a contribuir de manera considerable a dicho esfuerzo, con arreglo a su Estrategia de acción «Construcción estatal en favor de la paz en Oriente Próximo», en la que se incluye la amplia gama de operaciones de ayuda de la Unión. En fecha reciente se ha creado asimismo el mecanismo de financiación PEGASE, que facilitará ayuda al pueblo palestino.

En sus conclusiones de 28 de enero de 2008, el Consejo expresó su honda preocupación por los acontecimientos acaecidos recientemente en Gaza y por las serias perturbaciones en la frontera entre Gaza y Egipto. Condenó el continuo lanzamiento de misiles contra el territorio israelí y todas las demás actividades que son contrarias al Derecho internacional y ponen en peligro la vida de civiles. Al tiempo que reconocía el derecho legítimo de Israel a defenderse, el Consejo pidió que se pusiera inmediatamente fin a todos los actos de violencia. Reiteró su honda preocupación por la situación sanitaria de Gaza y pide que no se interrumpa el suministro de los bienes y servicios básicos, incluido el suministro de combustible y electricidad. Reiteró asimismo su llamamiento a todas las partes para que se esfuercen por volver a abrir cuanto antes de forma controlada los pasos de entrada y salida de Gaza, tanto por razones humanitarias como comerciales. En este contexto el Consejo destacó su apoyo a la propuesta de la Autoridad Palestina de tomar el control de los pasos fronterizos y apoya la resolución de la Liga Árabe a este respecto. La UE seguirá proporcionando ayuda humanitaria a la población de Gaza y sigue dispuesta a ayudar a la rehabilitación económica de Gaza. La UE está dispuesta a estudiar la reanudación de su misión de observación en Rafá de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales pertinentes sobre circulación y acceso celebrados en noviembre de 2005.

 

Pregunta nº 19 formulada por Sajjad Karim (H-0041/08)
 Asunto: Sistema de justicia de Kosovo
 

Tras el conflicto de 1999 en Kosovo, provincia de lo que entonces era la República Federal de Yugoslavia, el sistema de justicia civil y penal quedó colapsado. Aunque el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia tenía jurisdicción sobre Kosovo, era evidente que sólo sería capaz de juzgar una cantidad muy limitada de casos. Por este motivo, la ONU creó el International Judges and Prosecutors Programme (Programa de jueces y fiscales internacionales) para incorporar un reducido número de jueces y fiscales extranjeros al sistema local de justicia penal. Lamentablemente, el rendimiento de más de siete años de aplicación del programa no ha respondido a las expectativas. Los fiscales y jueces locales siguen sin estar preparados para los casos de crímenes conforme al Derecho internacional; aún no se han promulgado las reformas legales esenciales para tales casos, y no se ha fijado fecha alguna para completar la reconstrucción del sistema de justicia de forma que pueda funcionar sin un componente internacional permanente.

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para garantizar que los jueces y fiscales internacionales reportan los prometidos beneficios al sistema de justicia de Kosovo?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El sistema judicial de Kosovo sigue deteriorándose y las instituciones judiciales están experimentando dificultades para prestar un servicio adecuado en los ámbitos de la justicia penal y civil. Los jueces y fiscales locales siguen sin poder tratar los asuntos penales y civiles más delicados, entre otras razones debido a problemas de seguridad y a la presión que ejercen las comunidades locales y la población mayoritaria. En la actualidad, tales asuntos los tramitan jueces y fiscales internacionales en el marco de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).

EULEX Kosovo(1) hace hincapié en la función crucial que sus jueces y fiscales tendrán que desempeñar en las altas instancias y, asimismo, en los diversos tribunales competentes y a través de la Oficina Especial de la Fiscalía de Kosovo.

En lo que atañe a los asuntos de primera instancia y las quejas, los casos se asignarán de manera transparente a jueces y fiscales de la misión PESD y a sus colegas locales, sobre la base de unos criterios objetivos predeterminados. Los jueces y fiscales de la PESD trabajarán asimismo en el marco del Tribunal Supremo y de la Oficina de la Fiscalía.

 
 

(1)JA 2008/124/CFSP, DO L 42 de 16.2.2008, p. 92.

 

Pregunta nº 20 formulada por Eoin Ryan (H-0011/08)
 Asunto: Sri Lanka
 

¿Puede hacer el Consejo una declaración sobre la situación política actual en Sri Lanka y, en particular, sobre los esfuerzos por llevar la paz a este país?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo sigue estando muy preocupado por la situación en Sri Lanka, tal como se puso de manifiesto en la Declaración de la UE de 8 de enero de 2008:

«La Unión Europea lamenta profundamente la decisión adoptada por el Gobierno de Sri Lanka de revocar el acuerdo de alto el fuego celebrado en 2002 con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE). Esta decisión, al igual que la campaña militar en curso, no hace sino agravar aún más la ya difícil situación, también la situación humanitaria y de los Derechos humanos, por la que atraviesa el país. Sin el acuerdo de alto el fuego, disminuyen aún más las posibilidades de negociar una solución pacífica y duradera del conflicto en Sri Lanka. La UE lamenta especialmente que se haya puesto fin al trabajo de la Misión de Observación en Sri Lanka.

La UE está asimismo preocupada por los atentados cometidos por los LTTE en los últimos meses y por los anuncios de nuevos actos de violencia por su parte. La UE insta a ambas partes a que cesen por completo las hostilidades y eviten una nueva escalada.

La UE hace un llamamiento al Gobierno de Sri Lanka para que presente lo antes posible una oferta de restitución sustancial sobre la que puedan entablarse las negociaciones y señala que para que una propuesta pueda servir como base realista de negociación, deberá ir más allá de las que ya presentadas en el pasado. La UE insta a ambas partes a que trabajen en pro de una solución que permita resolver el conflicto de forma pacífica y duradera.»

La UE está evaluando actualmente una propuesta de solución política al conflicto de la isla, que la Comisión representativa de todos los partidos presentó al Presidente Rajapakse.

Está claro que la situación en Sri Lanka no se ha estabilizado aún. Por ello, el Consejo ha decidido enviar una misión diplomática al país para estudiar la evolución de los acontecimientos y expresar las preocupaciones de la UE.

 

Pregunta nº 21 formulada por Søren Bo Søndergaard (H-0017/08)
 Asunto: Versión consolidada del Tratado de Lisboa
 

¿Puede indicar el Consejo dónde puede encontrarse una versión consolidada oficial y completa del Tratado de Lisboa, tal como fue adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la capital portuguesa en diciembre de 2007? En caso de no existir aún una versión consolidada oficial y completa, ¿para cuándo está prevista su publicación?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como el señor Søndergaard sabrá, el Tratado de Lisboa, firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno el 13 de diciembre de 2007, modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El texto del Tratado de Lisboa se publicó en el Diario Oficial, serie C 306, de 17 de diciembre de 2007. Aún no se dispone de una versión consolidada del mismo.

No obstante, con arreglo a la práctica relativa a las modificaciones anteriores (Maastricht, Amsterdam y Niza), durante los próximos meses, con toda probabilidad, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una versión consolidada de los tratados modificados por el Tratado de Lisboa en todas las lenguas oficiales de ésta.

 

Pregunta nº 22 formulada por Mikel Irujo Amezaga (H-0023/08)
 Asunto: Fiscalidad regional
 

La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra tienen un sistema fiscal diferenciado al del Estado español. El Concierto Económico en Euskadi y el Convenio Económico en Navarra son los reguladores de estos sistemas fiscales. Aún siendo sistemas fiscales independientes del sistema español, ni los Tratados anteriores, ni el Tratado de Lisboa reconocen ningún tipo de competencia a los Gobiernos Vasco y Navarro en política fiscal europea. Este hecho complica la defensa de su sistema fiscal en Europa a estas autonomías.

El Estado español no es el único Estado miembro con diferentes sistemas fiscales dentro de la Unión Europea. Y el problema que tienen Euskadi y Navarra a la hora de defender su fiscalidad se repite en cada ocasión.

¿Tiene el Consejo intención de impulsar el reconocimiento de competencias para estas regiones en el ámbito fiscal?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Con arreglo a la legislación comunitaria en vigor, la fiscalidad no forma parte de las competencias de la UE y, en todos los casos, compete exclusivamente a los Estados miembros. Además, sólo los Estados miembros pueden adoptar decisiones sobre la distribución interna de las competencias fiscales entre las diversas subunidades territoriales y/o regionales de un país. El poder legislativo comunitario no desempeña función alguna en tales decisiones. Los Estados miembros en cuestión pueden, a lo sumo, pedir al legislador comunitario que tenga en cuenta las características de los sistemas nacionales al modificar la legislación con objeto de armonizar el Derecho fiscal de los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado en reiteradas ocasiones que los Estados miembros gozan de la competencia en materia fiscal pero que deben ejercerla con arreglo al Derecho comunitario. Por tanto, la legislación nacional no puede ser incompatible con las medidas de armonización donde éstas se hayan adoptado. Por otra parte, las competencias fiscales nacionales deben desempeñarse dentro de los límites que establece el Tratado y, por ende, no pueden constituir ayudas estatales prohibidas ni suponer una restricción de la libertad de circulación, asimismo prohibida. Sin embargo, no es el Consejo sino, más bien, la Comisión Europea y los tribunales quienes determinan si las medidas fiscales nacionales son compatibles con el Derecho comunitario o no.

 

Pregunta nº 23 formulada por Ivo Belet (H-0024/08)
 Asunto: Construcción de coffeeshops en la frontera belga
 

La Decisión marco 2004/757/JAI(1) relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas establece que, a más tardar el 12 de mayo de 2006, los Estados miembros deberán haber comunicado al Consejo y a la Comisión las disposiciones mediante las cuales han incorporado a su legislación interna las obligaciones que les impone esta Decisión marco.

¿Puede indicar el Consejo cómo tienen en cuenta sus obligaciones los Países Bajos? ¿Cómo es posible conciliar esas obligaciones con la concesión de una autorización por parte del Ayuntamiento de Maastricht para la construcción de un gran complejo destinado a la venta de drogas, justo en la frontera con Bélgica?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo responde la pregunta sobre la eficacia de la aplicación de la Decisión marco Decisión marco 2004/757/JAI del siguiente modo:

La Decisión marco 2004/757/JAI(2) de 25 de octubre de 2004 establece disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas.

Con arreglo al artículo 9 de la Decisión marco, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Decisión marco a más tardar el 12 de mayo de 2006 y comunicarán a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo el texto de las disposiciones mediante las cuales incorporen a su legislación interna las obligaciones que les impone la presente Decisión marco.

En una carta de 4 de septiembre de 2006, los Países Bajos informaron al Consejo de la incorporación de la Decisión marco a su legislación nacional y enviaron el texto de las disposiciones mediante las cuales transponen a su legislación interna las obligaciones pertinentes. Dichas disposiciones entraron en vigor el 1 de julio de 2006.

En lo que respecta a la cuestión del modo en que un Estado miembro cumple sus obligaciones con arreglo a la Decisión marco, ha de tenerse en cuenta que, con arreglo al artículo 9, la Comisión presentará, a más tardar el 12 de mayo de 2009, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de la aplicación de la Decisión marco, incluyendo sus efectos sobre la cooperación judicial en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Tras dicho informe, el Consejo verificará si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Decisión marco.

 
 

(1)DO L 335 de 11.11.2004, p. 8.
(2) DO L 335 de 11.11.2004, p. 8.

 

Pregunta nº 24 formulada por Johan Van Hecke (H-0028/08)
 Asunto: Problema de los refugiados en Azerbaiyán
 

Es enorme el número de refugiados en Azerbaiyán si se compara con el número de habitantes: aproximadamente uno de cada siete azerbaiyanos es un refugiado. El 4 % de la población mundial de refugiados se encuentra en Azerbaiyán. Además, el problema de las personas desplazadas dentro de su país existe desde hace 14 años en Azerbaiyán. Muchos niños sólo conocen la vida del refugiado, viven en circunstancias infrahumanas y no van a la escuela. Los enormes campos en que viven son hervideros de inquietud social, epidemias y criminalidad. Las autoridades faltan a sus compromisos a la hora de resolver este problema. Se abandona a su suerte a la mayoría de los desplazados dentro de su país. Éstos carecen de alojamiento, alimentación, ayuda sanitaria y médica dignos.

Azerbaiyán se ha presentado como candidato para organizar los Juegos Olímpicos de 2016. ¿Va a presionar la UE a Azerbaiyán para que resuelva el problema de los refugiados y mejore en general el respeto de los derechos humanos? Azerbaiyán carece de elecciones democráticas, los derechos de los medios de comunicación están restringidos, imperan la impunidad y la corrupción. En su caso, ¿se va a oponer la UE a la candidatura de Azerbaiyán para la organización de los Juegos Olímpicos? Inicialmente se esperaba que la organización de los Juegos Olímpicos incitara a China a mejorar el respeto de los derechos humanos, pero entretanto esa esperanza resulta ser vana.

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo atribuye gran importancia al problema de los refugiados y, asimismo, a las elecciones, los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación en Azerbaiyán, por lo que dedica una especial atención a tales cuestiones. Tales cuestiones atañen a los valores fundamentales de Europa, que Azerbaiyán reconoció a través de su incorporación al Consejo de Europa y a la OSCE y su participación en el Plan de acción de la Política Europea de Vecindad (PEV).

La Unión Europea brinda un firme apoyo a los refugiados azeríes y a los desplazados internos y espera que puedan regresar a sus hogares cuanto antes, una vez se haya celebrado un acuerdo de paz definitivo. Por otra parte, ha destacado en reiteradas ocasiones que está dispuesta a prestar ayuda financiera para la reconstrucción/rehabilitación de Nagorno-Karabaj y las zonas colindantes ocupadas una vez se haya celebrado dicho acuerdo de paz. Ello facilitaría el regreso de los refugiados y los desplazados internos.

El Consejo ha expresado en reiteradas ocasiones —en concreto, en la Declaración de la Presidencia de la UE de 7 de noviembre de 2005 sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Azerbaiyán— su decepción ante los resultados la evaluación de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), según la cual, pese a la consecución de ciertos avances con respecto a las anteriores elecciones, los comicios parlamentarios de 6 de noviembre de 2005 incumplieron multitud de obligaciones y normas de la OSCE y del Consejo de Europa en materia de elecciones democráticas. La Unión Europea está animando ahora a Azerbaiyán a que redoble sus esfuerzos por establecer un sistema democrático, habida cuenta de que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de 2008.

En los últimos mese, la UE ha reiterado su preocupación por el deterioro de la situación en el país en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tal evolución habrá de seguirse de cerca durante la fase previa a la celebración de las elecciones presidenciales.

El REUE Peter Semneby y la Representante Personal del SG/AR para temas de derechos humanos, Riina Kionka, visitaron juntos Bakú en julio de 2007, con objeto de fomentar el diálogo en los medios de comunicación.

El 8 de noviembre de 2007 se publicó una Declaración de la Unión Europea sobre la condena de Eynulla Fatullayev en Azerbaiyán.

El 8 de enero de 2008, la Unión Europea expresó su satisfacción por la amnistía concedida por el Presidente Aliyev a 119 presos, incluidos varios periodistas encarcelados, así como su convicción de que el perdón presidencial es un paso positivo en pos del cumplimiento por Azerbaiyán de las obligaciones internacionales y europeas en materia de libertad de prensa. No obstante, a la UE le sigue preocupando que tres periodistas (Mirza Sakit Zahidov, Ganimat Zahid y Eynulla Fatullayev) permanezcan en prisión. Ha pedido a las autoridades azerbaiyanas que los liberen o los amnistíen cuanto antes. Además, apoya la introducción de una moratoria a la incoación de procedimientos por difamación.

Por otra parte, la UE seguirá —asimismo en el marco de la cooperación con la OSCE y el Consejo de Europa— aprovechando toda oportunidad que se le brinde para expresar su preocupación ante el problema de los refugiados, las elecciones, los derechos humanos y la libertad de prensa en Azerbaiyán, como ya hizo durante las reuniones del Comité de Cooperación UE-Azerbaiyán (Bakú, de septiembre de 2007) y del Consejo de Cooperación UE-Azerbaiyán (Luxemburgo, 16 de octubre de 2007).

El Embajador Peter Semneby, Representante Especial de la Unión Europeo para el Cáucaso Meridional, está colaborando con Azerbaiyán para que el país aplique reformas políticas y económicas, sobre todo en los ámbitos del Estado de derecho, la democratización, los derechos humanos, la buena gobernanza, el desarrollo y la reducción de la pobreza. Durante sus visitas a Azerbaiyán, el Embajador Semneby se reúne asimismo con miembros del partido de la oposición en dicho país.

Así pues, el Consejo pretende seguir muy de cerca la evolución de Azerbaiyán con respecto a los temas citados y, donde proceda, debatirlos con las autoridades azerbaiyanas. La visita de la «Troika» de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE a Bakú, el 4 de febrero de 2008, representó una oportunidad para el debate con las autoridades azerbaiyanas.

 

Pregunta nº 25 formulada por Proinsias De Rossa (H-0029/08)
 Asunto: Trabajadores temporales
 

¿Qué esfuerzos está haciendo la Presidencia del Consejo para llegar a un acuerdo sobre la propuesta de Directiva relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal presentada por la Comisión en marzo de 2002 (COM(2002)0149 – COD/2002/0072) y aprobada por el Parlamento Europeo el 21 de noviembre de 2002?

¿Cuáles son las principales cuestiones en discusión y cuándo piensa el Consejo que le será posible acordar una posición común sobre dicha propuesta?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Su Señoría pregunta qué esfuerzos está haciendo la Presidencia eslovena para llegar a un acuerdo sobre la propuesta de Directiva relativa a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. La Presidencia eslovena desea continuar el trabajo emprendido en relación con dicha propuesta legislativa y, en la actualidad, está estudiando las opciones de lograr mayores avances, habida cuenta de las conclusiones del Consejo de diciembre.

Las principales cuestiones debatidas por el Consejo fueron las siguientes:

– la revisión de las prohibiciones y restricciones impuestas a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (artículo 4) y

– el periodo durante el que cabe aplicar condiciones de empleo menos favorables a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal que a los empleados de plantilla de la misma empresa (artículo 5, apartado 4).

La Presidencia eslovena desea continuar el trabajo emprendido en relación con la propuesta de Directiva relativa a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal pero no está en situación de juzgar cuándo se podría alcanzar una posición común del Consejo.

 

Pregunta nº 26 formulada por Bill Newton Dunn (H-0031/08)
 Asunto: Pirateo de ordenadores personales en redes de máquinas zombis en el contexto de la delincuencia internacional de alta tecnología
 

Dado que no hay una policía en la Unión que disponga de poderes transfronterizos, ¿no considera el Consejo que Europol debe asumir la responsabilidad de advertir a los ciudadanos europeos, siguiendo el ejemplo del FBI en los Estados Unidos, contra el pirateo de sus ordenadores por bandas de delincuencia organizada que los utilizan como ordenadores esclavos en redes de máquinas zombis con el fin de enviar correos basura, robar identidades y lanzar ataques de denegación de servicio contra sitios web de carácter financiero y comercial?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En sus conclusiones sobre delincuencia informática, de noviembre de 2007, el Consejo destacó la necesidad de reforzar la coordinación y mejorar la actuación de todos los actores y recursos disponibles, en los Estados miembros así como en órganos como Europol y Eurojust y organismos internacionales como Interpol. El Consejo destacó asimismo la necesidad de poner en práctica y evaluar fórmulas de cooperación entre autoridades de diferentes países, en particular con respecto a la red 24/7 establecida en la Decisión marco 2005/222/JAI de 24 de febrero de 2005, que garantiza la cooperación entre las autoridades las 24 horas al día, siete días a la semana, es decir que acelera la respuesta contra la delincuencia informática.

 

Pregunta nº 27 formulada por Danutė Budreikaitė (H-0047/08)
 Asunto: Diagnóstico de las enfermedades oncológicas
 

El éxito de la lucha contra una enfermedad oncológica depende muy a menudo de un diagnóstico temprano, especialmente, para el tratamiento del cáncer de mama. Para ello son necesarios aparatos modernos de diagnóstico: tomógrafo por emisión de positrones (TEP)/tomógrafo informatizado (CT). Lituania no dispone de estos aparatos. Los enfermos se ven obligados a desplazarse a otros países para someterse a reconocimiento y el seguro de enfermedad no reembolsa los gastos.

¿Podría indicar el Consejo cuál es la situación en materia de diagnóstico de las enfermedades oncológicas en los países de la UE, en particular en los nuevos Estados miembros? ¿Cuáles son las buenas prácticas en este ámbito? ¿Qué medidas pueden tomarse para resolver este problema?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo desea dar las gracias a su Señoría por haber expresado interés en este importante asunto. Reducir la carga que representa el cáncer es una prioridad de la Presidencia eslovena en materia de salud pública. Sobre la base de los debates que formaron parte de la conferencia titulada «La carga del cáncer: ¿cómo podría reducirse?» y celebrada en Brdo (Eslovenia) los días 7 y 8 de febrero de 2008, la Presidencia extraerá conclusiones en materia de cáncer que el Consejo aprobará el 10 de junio de 2008.

Desde hace tiempo existen desigualdades y diferencias considerables en materia de mortalidad, morbilidad y supervivencia relativas al cáncer entre los Estados miembros y dentro de éstos. Los motivos de tales diferencias son los muy diversos niveles de servicio en lo que atañe a la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. En su proyecto de conclusiones, el Consejo destaca, por tanto, la necesidad de que la UE adopte una estrategia general de prevención y control del cáncer que contribuya a eliminar tales diferencias en el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado relacionados con la enfermedad.

Aunque debería destacarse que la organización y la prestación de los servicios y cuidados sanitarios necesarios en caso de detección de cáncer, por ejemplo, son competencia exclusiva de los Estados miembros, la Presidencia propone, en su proyecto de conclusiones, que el Consejo inste a los Estados miembros a que faciliten a los pacientes de cáncer los mejores cuidados posibles. Sin embargo, ello sólo será posible si se cuenta con la ayuda de personal multidisciplinar cualificado, con el equipo y las instalaciones adecuados y con diagnósticos y medicamentos eficaces.

La Comisión Europea ha anunciado la publicación de dos series de directrices europeas en materia de mejores prácticas en la detección y el diagnóstico del cáncer de cuello de útero (en 2009 se redactarán directrices relativas al cáncer colorrectal). Tales directrices son una muestra de la función que la Unión Europea puede desempeñar —en colaboración con los gobiernos nacionales, las organizaciones profesionales y la sociedad civil— en el mantenimiento y la mejora de la salud de los ciudadanos europeos.

 

Pregunta nº 28 formulada por Marian Harkin (H-0058/08)
 Asunto: Vacuna contra el cáncer de cuello de útero (cáncer de cervix)
 

De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación del Cáncer (CIIC), el cáncer cervical es, a escala mundial, el segundo cáncer en importancia en el grupo de mujeres de menos de 45 años. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se elevan a casi 60.000 los casos diagnosticados, y a 30.000 el número de mujeres que mueren de esta enfermedad cada año en Europa. A nadie puede pasar desapercibido, pues, que el cáncer cervical es un importante problema sanitario, psicológico y social en Europa.

Sin quitar importancia a los programas de diagnóstico preventivo, ¿no cree el Consejo que la introducción de un programa de vacunas contra el cáncer cervical tendría, en combinación con los programas de diagnóstico temprano, una importancia vital para la prevención de este tipo de cáncer y la reducción del número de víctimas de esa enfermedad en Europa?

¿Ha considerado el Consejo la posibilidad de alentar a los Estados miembros a evaluar los costes y beneficios de ofrecer un programa general de vacunas contra esta enfermedad?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Reducir la carga que representa el cáncer es una prioridad de la Presidencia eslovena en materia de salud pública. Con arreglo a la conferencia titulada «La carga del carga: ¿cómo podría reducirse?» y celebrada recientemente en Brdo (Eslovenia), los días 7 y 8 de febrero de 2008, la Presidencia presentará conclusiones en materia de cáncer que el Consejo aprobará el 10 de junio de 2008.

Se ha demostrado que el cribado específico constituye una estrategia eficaz para la reducción del riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero y de morir a consecuencia de dicha enfermedad. La Comisión ha concluido recientemente la redacción de una segunda edición de las directrices europeas de garantía de calidad en materia de cribado del cáncer de cuello de útero que deberían considerarse una norma de referencia y un ejemplo de mejores prácticas en Europa.

Por otra parte, el desarrollo de vacunas para ciertas clases de cepas carcinógenas ha abierto un nuevo campo en la prevención del cáncer. En su proyecto de conclusiones, la Presidencia propone que el Consejo aliente a los Estados miembros a que consideren estas nuevas medidas preventivas frente a los agentes patógenos que pueden causar el cáncer.

 

Pregunta nº 29 formulada por Frank Vanhecke (H-0050/08)
 Asunto: Violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental
 

Según algunos medios de comunicación, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha pedido al Presidente de Francia que haga campaña en el seno de la UE a favor de un «estatuto reforzado» para su país. El 21 de enero de 2008, la Comisaria europea Benita Ferrero-Waldner pronunció un discurso sobre este estatuto.

Entretanto, la organización Human Rights Watch ha afirmado que se está produciendo una verdadera represión contra los movimientos pacíficos de defensa de los derechos humanos que abogan por la independencia del Sáhara Occidental.

El respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales constituye un «elemento fundamental» del Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros de la UE y Marruecos. Recientemente se ha creado además un Subcomité de Derechos Humanos, Democratización y Gobernanza.

¿Ha denunciado ya el Consejo el problema de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental? ¿Se va a supeditar el progreso hacia un «estatuto reforzado» a los avances realizados en este ámbito?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Marruecos ha adoptado la decisión estratégica de aproximarse a la Unión Europea. La Unión Europea y Marruecos están estrechando su asociación en múltiples ámbitos. Para la Unión Europea se trata de una asociación estratégica de importancia fundamental, dado que afecta a una región donde siguen existiendo fuentes de inestabilidad.

Al mismo tiempo, la asociación con Marruecos se fundamenta en el compromiso de respetar ciertos valores comunes. El respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales forma la base de las relaciones entre la UE y Marruecos y es un elemento fundamental del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Tales valores forman asimismo el núcleo de la Política Europea de Vecindad (PEV) y se confirmaron en Plan de acción UE-Marruecos en el marco de la Política de Vecindad Europea, de 2005. Los temas pertinentes, incluida la situación el Sáhara Occidental y sus consecuencias suelen situarse en primer plano en todas las reuniones celebradas como parte del diálogo bilateral. Marrueco se ha comprometido a respetar tales valores. Ello se refleja en las importantes reformas aplicadas durante los últimos años en el ámbito de la política y, asimismo, en la voluntad de Marruecos de debatir tales asuntos con la Unión Europea, sobre todo en el marco de la Subcomisión de Derechos Humanos, Democratización y Gobernanza, que hasta la fecha se ha reunido en dos ocasiones, la más reciente de ellas en noviembre de 2007.

Marruecos lleva desde 2001 manifestando su deseo de obtener un estatuto más avanzado en sus relaciones con la UE. Desde entonces se han logrado importantes avances. Dentro de dicho marco general y en el marco de la política de vecindad, la Unión Europea y Marruecos acordaron, durante la reunión más reciente del Consejo de Asociación, de 23 de julio de 2007, que facilitarían los métodos de examinar las opciones de fortalecimiento de las importantes relaciones que brindarían a Marruecos el estatuto avanzado que solicita.

El Consejo de Asociación UE-Marruecos decidió que sería necesario evaluar la aplicación del Plan de acción de la PEV. Asimismo, el Consejo de Asociación creó un grupo de trabajo ad hoc que, sobre la base de los avances logrados en la aplicación del Plan de acción y los demás planes presentados en el marco de otros foros, está estudiando nuevos objetivos para la asociación y la adopción de ulteriores medidas para desarrollar las relaciones bilaterales, lo que incluye una gran cantidad de relaciones contractuales, tal como se establece ya en el Plan de acción. La próxima Comunicación de la Comisión sobre la Política Europea de Vecindad, que está previsto se presente en abril, será importante en ese sentido. Todo ello se incluirá en los debates durante la próxima reunión del Consejo de Asociación UE-Marruecos, que se celebrará durante la segunda mitad de este año.

 

Pregunta nº 30 formulada por Georgios Toussas (H-0052/08)
 Asunto: Ataque nuclear preventivo de la OTAN
 

Con el pretexto de que existe una «perspectiva realista de un mundo sin armas nucleares», cinco ex jefes de Estado Mayor y comandantes de alto rango de la OTAN insisten en que la opción de ser el primero en llevar a cabo un ataque nuclear sigue siendo una herramienta indispensable para la prevención. El «ataque nuclear preventivo» forma parte del arsenal de la agresiva política imperialista de los EE.UU. Por ello, como parte de sus propuestas para la ampliación del papel de la OTAN, los cinco ex funcionarios de alto rango proponen el uso de un ataque nuclear preventivo, incluso sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando, en su opinión, existan «amenazas a los valores y al modo de vida occidental». Está previsto que su informe, que ya ha sido presentado al Pentágono en los EE.UU. y al Secretario General de la OTAN, sea debatido en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Bucarest en abril, donde seguramente suscitará fuertes reacciones.

¿Puede indicar el Consejo si condena esta propuesta de «ataque nuclear preventivo»?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha evaluado la declaración a la que se refiere el señor Toussas.

 

Pregunta nº 31 formulada por Robert Evans (H-0056/08)
 Asunto: Preparación de los Juegos Olímpicos de Londres, 2012
 

Con las miras puestas en los Juegos Olímpicos del 2012, ¿qué lecciones puede extraer Londres de los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004? ¿Qué medidas especiales puede, por ejemplo, verse obligada a adoptar la UE para garantizar la libre circulación de los participantes, espectadores y periodistas de cara a los problemas de seguridad y migración ilegal?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Reino Unido no participa en la política de visados común de la Unión. Por ende, la Comunidad no tiene que adoptar medida alguna que vincule al Reino Unido en lo que respecta a la facilitación de los procedimientos de solicitud y la expedición de visados para los miembros de la familia olímpica que entren en el Reino Unido. Si así lo desea el Reino Unido puede tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1295/2003 relativo a las medidas destinadas a simplificar los procedimientos de solicitud y expedición de visado para los miembros de la familia olímpica participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2004 en Atenas(1) y el Reglamento (CE) nº 2046/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005 , relativo a las medidas destinadas a simplificar los procedimientos de solicitud y expedición de visado para los miembros de la familia olímpica participantes en los Juegos Olímpicos y/o Paralímpicos de 2006 en Turín(2). Estos dos Reglamentos se basan en que Grecia e Italia son Estados miembros que aplican plenamente el acervo de Schengen, por lo que participan en la política de visados de la Comunidad

Desde una perspectiva más general, los organismos del Reino Unido podrían hacer uso de las recomendaciones del Manual para las autoridades de policía y seguridad relativo a la cooperación en grandes acontecimientos de dimensión internacional (DO C 314, de 22.12.2007, p. 4). Dicho Manual se ha modificado recientemente, fundamentalmente para incluir la experiencia recabada durante los Juegos Olímpicos anteriores.

 
 

(1) DO L 183 de 22.7.2003, p. 1.
(2) DO L 334 de 20.12.2005, p. 1.

 

Pregunta nº 32 formulada por Laima Liucija Andrikienė (H-0059/08)
 Asunto: Relaciones entre la UE y Belarús
 

Según el Ministro de Asuntos Exteriores de Belarús ha habido avances positivos en las relaciones entre Belarús y la Unión Europea en 2007 como la rúbrica del acuerdo entre la República de Belarús y la Comisión de las Comunidades Europeas sobre el establecimiento de la delegación de la Comisión Europea en la República de Belarús, con una atención especial al comercio y a la colaboración económica de Belarús y la Unión Europea.

¿Cómo evalúa el Consejo las relaciones entre la UE y Belarús en 2007 especialmente en el contexto de la situación de los derechos humanos en el país? ¿Qué estrategia prevé el Consejo en un futuro próximo y en una perspectiva a largo plazo en el marco de las relaciones con Belarús? ¿Existen perspectivas para la reducción de las tasas por visados para los ciudadanos belarusos en los próximos años?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La política de la UE con respecto a Belarús sigue basándose en un planteamiento doble. Por una parte, mantiene las medidas restrictivas (la prohibición de obtención de visado y la congelación de activos) contra los funcionarios belarusos responsables de la opresión y de la vulneración de los principios democráticos y, por otra parte, desea que aumente la cooperación con la sociedad belarusa, lo que incluye entablar contactos con las autoridades. La UE ha establecido la liberación de todos los presos políticos y el cese de las detenciones de los militantes de la oposición y los activistas de la sociedad civil como la primera condición para el inicio real de la cooperación con Belarús. Dicho mensaje se ha subrayado en reiteradas ocasiones, entre otras durante las entrevistas que el Alto Representante para la PESC, Javier Solana, concedió a los medios de comunicación independientes belarusos en 2007 y, asimismo, de manera directa en las conversaciones con las autoridades belarusas.

Las autoridades belarusas vulneran a menudo los derechos humanos básicos en lo que respecta a la oposición política, la libertad de prensa y la libertad de reunión. Aunque la participación en organizaciones políticas de oposición no es ilegal en Belarús, en la práctica tales organizaciones no pueden desarrollar sus actividades. Siguen produciéndose arrestos y detenciones por motivos políticos (si bien en ocasiones, la duración de los mismos es breve). El año pasado, decenas de activistas de la oposición sufrieron palizas y fueron detenidos. Sin embargo, en enero y a comienzos de febrero, se procedió a la liberación de cinco de los seis presos políticos detenidos. Sólo Aleksandr Kozulin sigue en prisión por motivos políticos.

El Consejo es consciente del problema del aumento de las tasas de obtención de visado que se aplican a los nacionales belarusos desde finales de 2007, cuando los países vecinos, que son Estados miembros de la UE, se adhirieron al espacio Schengen. La Unión Europea no desea que los nacionales belarusos gocen de un trato más favorable, en lo que respecta a la obtención de visados, que los nacionales de otros países vecinos. Sin embargo, las negociaciones sobre la facilitación del visado son necesarias para la reducción de las tasas. Por desgracia, el Gobierno belaruso no ha respondido favorablemente a la propuesta de la UE de participación en la Política Europea de Vecindad, lo que supondría un estímulo para el país y, al mismo tiempo, impondría sobre el mismo ciertas obligaciones. Por consiguiente, no es posible iniciar las negociaciones para la facilitación del visado.

El Consejo sigue deseando entablar un diálogo con Belarús sobre la regulación gradual de las relaciones bilaterales, incluidas las relaciones que formen parte de un acuerdo de asociación, la cooperación y la Política Europea de Vecindad, en tanto las autoridades belarusas demuestren verdaderamente su voluntad de respetar los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho.

 

Pregunta nº 33 formulada por Pedro Guerreiro (H-0061/08)
 Asunto: Vuelos de la CIA, u otros servicios similares, para el transporte aéreo y la detención ilegal de presos
 

El informe de la ONG británica «Reprieve» vuelve a denunciar, con las correspondientes pruebas, la realización de vuelos - u otros servicios similares - por parte de la CIA para el transporte y detención ilegal de presos; es decir, operaciones clandestinas de los EE.UU. denominadas «entregas extraordinarias».

El método consiste en secuestrar a los que la CIA califica arbitrariamente como «sospechosos de terrorismo», perseguidos y detenidos en cualquier parte del mundo, para enviarlos posteriormente a cárceles secretas en diversos países, donde se les somete a maltrato e incluso a tortura. La Secretaria de Estado de EE.UU. confirmó públicamente la práctica de las «entregas extraordinarias».

No hubo mentís por parte del Director de la CIA y el propio Presidente Bush reconoció en septiembre de 2006 la existencia de estas cárceles secretas de la CIA («ambiente en el que puedan mantenerse en secreto [a los presos]»). Estas declaraciones provocaron intervenciones de defensores del pueblo e instancias judiciales, solicitudes de apertura de investigaciones parlamentarias, un informe del Consejo de Europa, investigaciones en el Parlamento Europeo (actualmente en curso), declaraciones de autoridades de países de la Unión Europea relativas al aterrizaje en su territorio de aviones utilizados por la CIA y confirmaciones por parte de personas que fueron detenidas en esas condiciones.

¿Puede indicar el Consejo qué explicaciones tiene intención de exigir al Gobierno de los EE.UU.?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La UE ha llamado reiteradamente la atención sobre estos asuntos en su diálogo político con los Estados Unidos.

La posición del Consejo se plasma en sus Conclusiones de 11 de diciembre de 2006: «La UE sigue estando firmemente empeñada en lograr la prohibición total de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sobre la base de este principio, que guía su propia actuación, realiza sus gestiones ante terceros países. […] La existencia de centros de detención secretos donde los detenidos son mantenidos en un vacío jurídico no es conforme al Derecho internacional humanitario ni a la normativa sobre derechos humanos.»

De conformidad con las directrices de la UE en materia de tortura, los Estados deberían prohibir asimismo la existencia de centros de detención secretos, con objeto de garantizar que a toda persona privada de libertad se la mantenga en un lugar de detención reconocido oficialmente y que se conozca su paradero.

 

Pregunta nº 34 formulada por Athanasios Pafilis (H-0064/08)
 Asunto: Detención ilegal de unos marinos por las autoridades egipcias
 

Incumpliendo la legislación griega - la ley del pabellón del buque - el 2 de enero de 2008, fuerzas militares de Egipto efectuaron una incursión armada en el buque Ro-Ro «Nikolas A», que se encontraba desde el 6 de octubre de 2007 bajo secuestro debido a un litigio civil en el puerto de Safaka (Egipto). Según denuncia del capitán griego del buque, tras haber golpeado salvajemente después a seis miembros de la tripulación, causando lesiones graves a dos de ellos, dichas fuerzas detuvieron y condujeron a prisión al segundo maquinista griego de la nave y a un alto directivo, español, de la empresa y requisaron los pasaportes de otros tripulantes.

¿Piensa el Consejo intervenir para que se respeten los derechos de unos marinos de nacionalidad griega y española que son víctimas de un conflicto de intereses entre armadores y fletadores?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha evaluado la pregunta presentada por el señor Pafilis ya que no incide en su ámbito de competencias.

 

Pregunta nº 35 formulada por Diamanto Manolakou (H-0065/08)
 Asunto: Fomento de la clonación de animales para fines alimentarios
 

Con el argumento de reducir costes y para tratar de incrementar sus beneficios, algunas multinacionales de la alimentación fomentan la clonación de animales para elaborar productos alimenticios de origen animal, sin preocuparse de las consecuencias que puedan tener para la salud humana. En un reciente informe, elaborado a petición de la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió un dictamen en favor de la clonación de animales para fines alimentarios.

¿Piensa el Consejo aprobar el dictamen de la EFSA y autorizar la producción de alimentos a partir de animales clonados, lo que suscita particular preocupación respecto a la seguridad de los alimentos, sabiendo que los estudios científicos han puesto de relieve la corta vida de los animales clonados, y que estos presentan una gran proporción de anomalías genéticas o de otro tipo, y que es posible que las réplicas, debido a las modificaciones genéticas no se parecen a sus ancestros animales que normalmente presentes en la naturaleza, sino heredan caracteres artificiales y, por tanto, constituyen un freno para la evolución y la mejora de las razas que podrían obtenerse mediante cruzamientos?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Debería señalarse que, hasta la fecha, no se dispone de conclusiones definitivas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. El «dictamen» citado no es sino un proyecto disponible para la consulta pública hasta el 25 de febrero de 2008 cuyas conclusiones son meramente provisionales. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha adoptado aún una postura definitiva y está previsto que su dictamen final se publique en mayo de 2008. En el futuro, cuando se esté estudiando cualquier medida de la UE sobre la clonación de animales y productos extraídos de tales animales, será útil que se proceda a su adopción después de que la Comisión haya presentado su propuesta.

Por tanto, el Consejo adoptará una posición sobre este tema únicamente sobre la base de una propuesta de la Comisión.

 

Pregunta nº 36 formulada por Olle Schmidt (H-0067/08)
 Asunto: Medidas antidumping contra bombillas de bajo consumo energético
 

La UE ha asumido el papel de líder en los esfuerzos destinados a reducir el efecto invernadero. Una medida decisiva en este contexto es la reducción del consumo energético de los ciudadanos. Por consiguiente, los Estados miembros de la UE y la Comisión no deberían instar a las empresas y a los ciudadanos europeos a que aumenten su eficiencia energética y a que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono y al mismo tiempo imponer barreras a las importaciones y aumentar el coste de dichas medidas mediante aranceles punitivos sobre las importaciones de bombillas de bajo consumo energético procedentes de China.

Por otra parte, esto no sólo perjudica a los fabricantes chinos sino que también daña a las empresas europeas que fabrican estas bombillas en China. La UE debe fomentar la igualdad de trato, no el trato especial: perjudicar a determinados productores europeos, como es el caso, es contrario al principio fundamental de la igualdad de trato en la UE.

¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para eliminar los aranceles antidumping sobre las importaciones a la UE de bombillas de bajo consumo energético («verdes»)?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo desearía, en primer lugar, llamar la atención de su Señoría sobre la respuesta, de 5 de marzo de 2007, a la pregunta E-0080/07, y la respuesta, de 23 de mayo de 2007, a la pregunta oral H-0291/07 sobre el derecho antidumping sobre la importación de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas procedentes de China.

El 15 de octubre de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 1205/2007(1), que prorroga dicha medida un año, tras la conclusión de la reconsideración. El objetivo del Reglamento consiste en hacer frente a las ventajas competitivas desleales derivadas de las prácticas de dumping en las importaciones a la Comunidad y lograr un equilibro adecuado entre los deseos de los consumidores, los fabricantes y los minoristas.

Al adoptar el Reglamento y limitar el pago de derechos, el Consejo tuvo en cuenta los intereses de los importadores y los consumidores y pudo influir en la introducción de tales medidas. De haberse aplicado las mismas durante un plazo superior a un año, sus efectos negativos no habrían sido proporcionales a los beneficios que suponen para los fabricantes comunitarios.

El objetivo del Consejo consiste en lograr un equilibrio adecuado entre un objetivo acordado, a saber, el aumento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la Comunidad y otro objetivo igualmente importante, a saber, la protección de la industria comunitaria frente a las prácticas perjudiciales para el comercio de países extracomunitarios. Las cuestiones expuestas por su Señoría se debatieron y tuvieron en cuenta en la decisión final de adoptar el Reglamento.

 
 

(1) DO L 272 de 17.10.2007, p. 1.

 

Pregunta nº 37 formulada por Hans-Peter Martin (H-0069/08)
 Asunto: Costes totales en concepto de gastos de viaje
 

El funcionario tiene derecho, una vez al año, al pago a tanto alzado de los gastos de viaje de su lugar de destino a su lugar de origen, para sí mismo y, si tiene derecho a asignación familiar, para su cónyuge y para las personas a su cargo (según lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, texto de 1 de mayo de 2004, Anexo VII, sección 3, letra C, artículo 8).

¿A cuánto ascendieron en total las cantidades desembolsadas por el Consejo para pagar en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, estos gastos de viaje previstos en el Estatuto?

¿Cuántos funcionarios del Consejo tenían derecho en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, a que se les aplicase esta disposición?

¿A cuántos funcionarios del Consejo se aplicó esta disposición en 2005, 2006 y 2007, respectivamente?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En su pregunta, su Señoría afirma que, de conformidad con el anexo VII, artículo 8, del Estatuto de los funcionarios y de los artículos 26 y 92 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, los cuales se aplican a los agentes temporales y contractuales que han ejercido sus funciones durante al menos diez meses, los miembros del personal tienen derecho al pago a tanto alzado de una suma equivalente a los gastos de viaje de su lugar de destino a su lugar de origen.

En lo que respecta a la cifra de funcionarios y agentes temporales y contractuales que tienen derecho a recibir dicho pago en las condiciones citadas, se dispone de los siguientes datos estadísticos:

Datos estadísticos sobre gastos de viaje en 2005: 2 394

Datos estadísticos sobre gastos de viaje en 2006: 2 420

Datos estadísticos provisionales (*) sobre gastos de viaje en 2007: 2 504

* (Aún hay pagos pendientes relativos a 2007.)

Dado que dichos pagos equivalen a sumas a tanto alzado y que no es preciso presentar una solicitud o justificantes, la cifra de las personas que tienen derecho a recibirlos y la de quienes se benefician de los mismos es idéntica.

Las cantidades abonadas se calculan, con tal fin, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del anexo VII del Estatuto de los funcionarios.

En los años citados, la Secretaría General del Consejo efectuó los siguientes pagos:

Pago de gastos de viaje en 2005: 3 791 397,83 euros

Pago de gastos de viaje en 2006: 3 995 868,19 euros

Pago provisional de gastos de viaje en 2007: 4 239 547,68 euros.

 

Pregunta nº 38 formulada por Ryszard Czarnecki (H-0072/08)
 Asunto: Amenazas de represalias contra Polonia
 

¿Qué opina el Consejo de las recientes declaraciones del Embajador ruso ante la OTAN y el Jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, que amenazan a un Estado miembro de la UE (Polonia) con acciones de represalia (incluso militares) en caso de que se instalen en Polonia bases del «escudo antimisiles»?

 
  
 

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el primer período parcial de sesiones de febrero de 2008 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no tiene noticia de la opinión que, supuestamente, se ha expresado.

 

PREGUNTAS A LA COMISIÓN
Pregunta nº 45 formulada por Evgeni Kirilov (H-0055/08)
 Asunto: Imposibilidad de que los ciudadanos de la UE usen los alfabetos cirílico o griego en los pedidos a la librería de la UE
 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, todas las lenguas y alfabetos oficiales de la UE gozan del mismo estatuto jurídico y pueden ser utilizados por los ciudadanos de la UE en un plano de igualdad. ¿Cómo explica la Comisión, pues, que el ciudadano no pueda valerse ni del alfabeto cirílico ni del griego para pedir publicaciones a la librería de la UE, de cuya gestión se encarga la Oficina de Publicaciones de la UE?

 
  
 

La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas se complace del interés mostrado en sus publicaciones.

Con objeto de facilitar el acceso desde Internet a las publicaciones de las instituciones, agencias y otros organismos descentralizados de la Unión Europea, la Oficina creó en 2005 un servicio en línea denominado «EU Bookshop»(1).

Dicha librería electrónica permite a los usuarios buscar las publicaciones de la Unión Europea en todas las lenguas oficiales y encargarlas y descargarlas de manera gratuita.

Su Señoría alude en su pregunta al pedido de publicaciones a «European Bookshop»(2), y suponemos que se refiere al servicio en línea «EU Bookshop» que gestiona la Oficina. La «European Bookshop» es, de hecho, una librería privada con domicilio en Bruselas que no pertenece a las instituciones europeas sino que está vinculada a la Oficina de Publicaciones Oficiales a través de un acuerdo de distribución comercial.

El servicio en línea «EU Bookshop» ofrece diversas funciones de búsqueda para satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos europeos en todas las lenguas oficiales (23).

La Oficina está mejorando continuamente los aspectos técnicos del sitio, lo que incluye el uso de todas las lenguas oficiales al solicitar las publicaciones. Dicha función sólo se ofrece, actualmente, en inglés. En cuanto al resto de lenguas oficiales, el sistema informático que gestiona el sistema de pedidos no dispone aún de la capacidad de reconocer todos los caracteres específicos de cada lengua. La Oficina es consciente de dicha dificultad técnica, sobre todo en relación con los alfabetos cirílico y griego.

En la actualidad se está llevando a cabo un estudio de viabilidad para identificar las mejores opciones técnicas, de modo que se garantice que, en el futuro, los pedidos puedan hacerse asimismo en todas las lenguas oficiales.

 
 

(1) http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?Template=en_index&indLang=FR.
(2) http://www.libeurop.be/home.php?lang=fr.

 

Pregunta nº 50 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-1063/07)
 Asunto: Seguimiento del MCA griego
 

Por primera vez desde el inicio del MCA griego en 2001, no se celebrará la reunión del comité de seguimiento en el mes de diciembre. Por esta razón, ¿podría indicar la Comisión cuáles son los avances en la realización hasta ahora (compromisos jurídicos - absorción), tanto del conjunto del MCA como de cada uno de sus programas sectoriales y regionales ? ¿Han presentado las autoridades griegas una propuesta de revisión del MCA? ¿Cuáles son las transferencias de créditos propuestas entre los programas operativos y/o los Fondos? ¿Cuál es el importe de estas transferencias?

¿En qué programas piensa admitir la Comisión la prórroga del MCA solicitada por las autoridades griegas debido a los incendios forestales? ¿Cuál será la duración de esta prórroga?

 
  
 

Con arreglo al Tercer Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 para Grecia, durante dicho periodo se asignó un importe de unos 22 700 millones de euros en concepto de ayuda comunitaria a las regiones griegas con cargo a los cuatro Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA e IFOP)(1). A finales de 2007, se había abonado un importe de aproximadamente 16 600 millones de euros con cargo a los Fondos Estructurales. Dicha suma representa el 73 % del total de la ayuda estructural destinada a Grecia. Sin embargo, procede destacar que, a finales de diciembre de 2007, las autoridades griegas presentaron a la Comisión una solicitud de pago de aproximadamente 2 500 millones de euros con cargo a todos los Fondos Estructurales. Los servicios de la Comisión están evaluando aún dicha solicitud.

Tras los incendios que asolaron una parte de Grecia durante el verano de 2007, las autoridades griegas solicitaron la modificación de los programas operativos y de las iniciativas comunitarias del tercer periodo de programación (2000-2006). Dicha modificación no incluirá ninguna modificación retrospectiva de los planes financieros de los programas. El periodo de programación 2000-2006 ha concluido y, por ende, no se puede permitir una reprogramación. Por consiguiente, no se podría aceptar una transferencia de créditos de un programa operativo a otro, de un eje prioritario a otro, dentro del mismo programa operativo, o de un fondo comunitario a otro. Las únicas modificaciones que la Comisión podría aceptar son aquellas que no exigen la modificación del plan financiero de los programas, esto es, la transferencia de créditos de una medida a otra dentro del mismo eje prioritario, a través de la revisión del complemento de programación.

Las autoridades griegas han solicitado asimismo que se prorrogue un año el plazo límite de subvencionabilidad de los programas operativos y las iniciativas comunitarias del tercer periodo de programación (2000-2006). En respuesta a la solicitud de Grecia, la Comisión considera que es posible conceder la prórroga de un año del plazo límite de subvencionabilidad de los programas operativos y las iniciativas comunitarias en tanto exista un vínculo directo y sustancial entre el suceso imprevisible de los incendios acaecidos durante el verano de 2007 y la aplicación de los programas operativos y las iniciativas comunitarias para las que se solicita prórroga. Por ende, dicha prórroga podría aceptarse en el caso de Grecia Occidental, el Peloponeso, Grecia Continental y el Ática, dado que tales programas afectan precisamente a las regiones donde se produjeron los incendios.

En cuanto a los programas operativos nacionales y las iniciativas comunitarias LEADER+ e EQUAL, se ha pedido a las autoridades griegas que transmitan a la Comisión toda la información pertinente que demuestre que se ha cumplido el criterio citado relativo a la existencia de un vínculo directo y sustancial. Siguen en curso los debates técnicos sobre esta cuestión entre las autoridades griegas y los servicios de la Comisión.

 
 

(1) FEDER = Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
FSE = Fondo Social Europeo.
FEOGA = Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.
IFOP = Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

 

Pregunta nº 51 formulada por Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-1071/07)
 Asunto: Créditos destinados a los pagos de la rúbrica 1a
 

Los créditos destinados a los pagos de la rúbrica 1a en 2008 ascienden a más de 40 000 millones de euros y superan los propuestos para la misma en 2007, pese a lo cual no se tiene la seguridad de que puedan cubrir las necesidades financieras comunicadas por los distintos Estados miembros. No hay que olvidar que la mayoría de los programas ―tanto sectoriales como regionales― presentados por los distintos Estados miembros para el período 2007-2013 fueron definitivamente aceptados por la Comisión Europea. Así las cosas, en 2008 tendrá lugar la ejecución de al menos una parte de ellos, con lo que la demanda de créditos de pago se incrementará considerablemente.

¿Puede la Comisión asegurar que en 2008 habrá suficientes créditos destinados a los pagos de la rúbrica 1a?

 
  
 

La pregunta parece relacionarse en mayor medida con el gasto correspondiente a la rúbrica 1b (Cohesión para el crecimiento y el empleo) que con la rúbrica 1a (Competitividad para el crecimiento y el empleo). Procede exponer la siguiente información:

Los créditos de pago relativos a la rúbrica 1b ascienden a 40 600 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,5 % con respecto a la cifra de 2007. Esta cifra engloba tres componentes:

anticipos y pagos provisionales relativos a los compromisos comprendidos en el nuevo Marco financiero 2007-2013, que constituyen el componente de mayor dimensión;

reembolsos para liquidar compromisos pendientes (RAL) de los programas y proyectos de 2000-2006;

y un importe residual para liquidar los RAL pendientes de programas previos a 2000.

Para proponer el nivel de los créditos de pago del presupuesto 2008, la Comisión tuvo en cuenta:

las previsiones de pago facilitadas por los Estados miembros (para ambos periodos de programación);

análisis basados en la ejecución de pagos de los años anteriores;

las experiencias recabadas en relación con el comienzo del periodo de programación 2000-2006.

En cuanto al presupuesto 2008:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 1083/2006(1) (prefinanciación), la Comisión reservó créditos de pago suficientes para ejecutar los segundos anticipos de todos los nuevos programas del periodo 2007-2013. Conviene señalar que la mayoría de los programas se adoptó a finales de 2007, por lo que se acaban de pagar los primeros anticipos (en diciembre de 2007 y enero de 2008).

El presupuesto de 2008 incluye asimismo un importe de 13 600 millones para la ejecución de pagos provisionales, con arreglo al artículo 86 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, en el marco del nuevo programa de programación.

De conformidad con el artículo 71 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, antes de presentarse la primera solicitud provisional de pago o, a más tardar, en un plazo de doce meses a partir de la aprobación de cada programa operativo, los Estados miembros remitirán a la Comisión una descripción de sus sistemas de gestión y control. Dicha descripción deberá ir acompañada de un informe en el que se expongan los resultados de una evaluación de los sistemas establecidos y se emita un dictamen sobre la conformidad de dichos sistemas con lo dispuesto en los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 (sistemas de gestión y control). Tales documentos se someten a la aprobación de la Comisión.

Los requisitos citados pueden dar lugar a importantes demoras y de los mismos se desprende en mayor medida la infrautilización del presupuesto que una carencia de fondos.

 
 

(1) Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

 

Pregunta nº 52 formulada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-1072/07)
 Asunto: Cierre de cuentas y evaluación de los fondos estructurales y del Fondo de cohesión en relación con los nuevos Estados miembros durante el período 2004-2006
 

¿Cómo han sido utilizados los fondos estructurales y el Fondo de cohesión en los diez nuevos Estados miembros durante el período 2004-2006?

¿Cuáles son los pronósticos con respecto a la posibilidad de que los nuevos Estados miembros utilicen la totalidad de los fondos asignados para el período de programación 2004-2006?

 
  
 

La fecha final de subvencionabilidad del gasto con cargo a los Fondos Estructurales del periodo 2004-2006 puede ampliarse a finales de 2008 en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) y hasta 2010 en el caso de los proyectos del Fondo de Cohesión. Dicho lo cual, la Comisión inició en 2007 la evaluación ex post de los objetivos 1, 2 y 3 del periodo 2000-2006, que comprenderá la evaluación de impacto de los recursos de los Fondos Estructurales en los 25 Estados miembros antes del 1 de enero 2007 y facilitará información sobre el modo de utilización de tales Fondos, en cuanto al destino de los mismos, los logros y la eficacia de los sistemas de ejecución. Los resultados de dicha evaluación se publicarán en 2009. La evaluación ex post del Fondo de Cohesión comenzará en 2009 y los resultados de la misma estarán disponibles en 2010. La posterioridad de dicho plazo de evaluación del Fondo de Cohesión se desprende de la necesidad de que se complete el mayor número posible de proyectos, con el fin de poder evaluar el impacto de los mismos.

En la actualidad, la absorción de los Fondos Estructurales —FEDER y FSE— es superior a la del Fondo de Cohesión.

La situación actual, a 17 de enero de 2008, revela un grado de absorción de los pagos del 79,7 % en el caso del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola), del 72 % en el caso del FEDER, del 65,29 % en el caso del FSE, y del 44 % en el caso del Fondo de Cohesión para los diez nuevos Estados miembros. Hasta la fecha, todos los programas operativos de los Fondos Estructurales se han atenido a la norma n+2 y no se ha producido ninguna pérdida presupuestaria (aparte de la relativa a EQUAL en Eslovenia y al Objetivo 3 en Eslovaquia). La ejecución de los programas de los Fondos Estructurales en los Estados miembros en cuestión ha ido despegando a lo largo año pasado y avanza ahora a buen ritmo.

Así pues, la situación actual apunta a un avance satisfactorio en cuanto a la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los calendarios de ejecución previstos.

Sigue en curso una gran mayoría de los proyectos del Fondo de Cohesión y una gran parte de los mismos no concluirá hasta 2010. La fecha final de subvencionabilidad de gastos para el Fondo de Cohesión es el 31 de diciembre de 2010. La plena absorción dependerá fundamentalmente de la oportuna ejecución de los proyectos y de la oportuna certificación del gasto ante la Comisión. Aunque la ejecución de los proyectos del Fondo de Cohesión es algo más lenta que las del FEDER y el FSE, por el momento no hay motivos que apunten a que el nivel absorción de los Fondo vaya a dejar de ser muy positivo. Las dificultades en materia de de ejecución se observan sobre todo en el sector medioambiental (Polonia y Lituania). La mayoría de los retrasos se debe a la complejidad técnica y administrativa de los proyectos del sector medioambiental. Sin embargo, los países afectados están trabajando para mejorar el desarrollo de los proyectos y están solucionando las deficiencias administrativas, de modo que, en la actualidad, las expectativas apuntan a un muy buen nivel de absorción de los créditos del periodo 2004-2006.

 

Pregunta nº 53 formulada por Michl Ebner (H-0037/08)
 Asunto: La capacidad de innovación de las zonas de montaña
 

En el marco de la antigua y la nueva Estrategia de Lisboa se fijó como objetivo hacer de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo hasta 2010. Sólo en un espacio económico innovador es posible obtener ventajas competitivas duraderas. En la Unión Europea existen, sin embargo, algunas regiones cuya capacidad de innovación se ve limitada por barreras naturales, debido a sus condiciones paisajísticas y de infraestructuras. Entre tales regiones figuran, sobre todo, las zonas de montaña. ¿Qué medidas concretas prevé la Comisión Europea, a la luz de los últimos acontecimientos, para fomentar la capacidad de innovación en las zonas de montaña hasta 2013 y garantizar así una evolución homogénea de la competitividad, la cohesión territorial y el desarrollo regional en el Espacio Económico Europeo? ¿De qué manera se tienen en cuenta, en particular, las necesidades de las regiones que presentan un importante tejido de PYME, así como relaciones comerciales transfronterizas?

 
  
 

Las zonas montañosas, con las múltiples desventajas aparejadas a las mismas y la considerable diversidad que se desprende de sus peculiaridades geográficas (a saber, aislamiento, dificultad de acceso, condiciones climáticas, etc.) constituyen un desafío especial para la política regional.

Por supuesto, la Comisión es consciente de tales problemas y ha obrado de manera muy activa con el fin de que se aplique una política orientada a la mejora de la situación de las regiones desfavorecidas, por ejemplo, a través de la adopción del Cuarto informe sobre cohesión económica y social el 30 de mayo de 2007. Éste confirma la importancia que la Comisión atribuye a la consecución de una mayor cohesión territorial en Europa y a las particulares dificultades a las que se enfrentan determinados territorios. La Comisión comunicará los resultados del debate sobre las cuestiones planteadas en este informe en el contexto del Quinto informe intermedio sobre la cohesión que está previsto se publique durante la primavera de 2008.

Como sabrán, los nuevos reglamentos para 2007-2013 y las directrices estratégicas comunitarias contienen disposiciones explícitas para las zonas montañosas, por lo que proporcionan la base para que se aborden las especificidades territoriales en los documentos de programación. Además, la Agenda Territorial de la Unión Europea, adoptada durante la reunión ministerial informal celebrada en Leipzig en mayo de 2007, aspira al fortalecimiento de la cohesión territorial.

Durante dicha reunión, la Comisión presentó asimismo un documento que evalúa los métodos a través de los que las estrategias nacionales para el periodo 2007-2013 se proponen abordar las cuestiones territoriales. Una de las observaciones consiste en que tan sólo unos pocos Estados miembros establecen intervenciones claras y explícitas para algunos tipos concretos de territorios. Sin embargo, se han asignado unos 6 400 millones de euros específicamente a las zonas montañosas. Por consiguiente, los ministros solicitaron a la Comisión que elaborara dicho análisis y que presentara un informe sobre la cohesión territorial (Libro Verde) en 2008.

Dicho informe se está elaborando y su adopción está prevista para el tercer trimestre de 2008, con el fin de que se inicie un debate amplio sobre el concepto de cohesión territorial de la Unión Europea y sus Estados miembros. Tratará una serie de cuestiones relativas a la necesidad de adoptar, en el futuro, un planteamiento más integrado en materia de cohesión territorial y de hacer uso y aplicar el concepto en diversos niveles y en diferentes ámbitos políticos. Este informe comprenderá asimismo las políticas específicas de las regiones montañosas y de otras zonas que padecen dificultades geográficas y apoyará un desarrollo armonioso y equilibrado de la Unión. Tal visión común es esencial para evitar la fragmentación de las políticas europeas, sin por ello olvidar la especificidad de las zonas pertinentes.

Conviene recordar asimismo que, en el marco de la cooperación territorial europea y, especialmente, de su vertiente transnacional, existen espacios en las trece zonas de cooperación en los que los socios pueden obtener una clara ventaja del planteamiento transnacional, desde un punto de vista tanto geográfico como temático. El programa «Espacio Alpino» 2007-2013, que comprende las regiones alpinas de Alemania, Francia, Italia y Eslovenia y en el que también participan Liechtenstein y Suiza, es un ejemplo de programa transnacional. Se aprobó en septiembre de 2007 y está dotado de 130 millones de euros, 98 millones de los cuales proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo consiste en incrementar la competitividad y el atractivo de la zona a través del trabajo conjunto en ámbitos en los que la cooperación transnacional ha demostrado ser más eficaz y sus soluciones más sostenibles que las derivadas de la actuación en solitario. El programa tiene tres prioridades. En el ámbito de la competitividad y el atractivo, el programa tiene como objeto fomentar la innovación, el carácter emprendedor y la investigación y el desarrollo (I+D) en las pequeñas y medianas empresas (PYME), con objeto de potenciar el patrimonio cultural y fortalecer las zonas urbanas como motores de desarrollo sostenible. Otro ámbito de importancia capital para los países del Espacio Alpino es la accesibilidad. Al respecto, el programa se centrará en garantizar un acceso justo a los servicios públicos, al transporte, sobre todo a la movilidad sostenible e innovadora, y, asimismo, a la conectividad, que es el fundamento de una sociedad de la información basada en el conocimiento. La prevención, mitigación y gestión de los riesgos naturales y tecnológicos constituye la tercera prioridad del programa. El refuerzo de la cooperación en cuestiones de protección ambiental, el fomento de un planteamiento integrado de la conservación y la eficiencia de los recursos se cuentan entre las cuestiones tratadas.

La amplia consulta iniciada por la Comisión a propósito de la celebración del Cuarto Foro Europeo sobre la Cohesión planteó la cuestión del modo en que la política de cohesión debería tratar las especificidades territoriales y del modo en que deberían tratarse los desafíos globales que afectan dichas zonas. Existe sin duda una necesidad urgente de reforzar una gobernanza de múltiples niveles y de garantizar la coherencia entre las acciones destinadas a fomentar el desarrollo territorial y la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

 

Pregunta nº 54 formulada por Emmanouil Angelakas (H-0063/08)
 Asunto: Inmigración ilegal y política de cohesión
 

La inmigración ilegal a los Estados miembros de la UE ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, en particular en los países con extensas fronteras marítimas (como, por ejemplo, Grecia).

¿Ha tenido en cuenta la Comisión este fenómeno en la elaboración de la política de cohesión para el periodo 2007-2013? En particular, ¿ha calculado las repercusiones de esta inmigración ilegal en los índices económicos, sociales y de otro tipo de la política de cohesión?

 
  
 

La Comunicación de la Comisión titulada «Una política común de inmigración»(1) de diciembre de 2007 establece la necesidad de un planteamiento más sólido y coherente sobre la migración. Tal necesidad fue confirmada en el último Consejo Europeo.

Por otra parte, esta necesidad que sienten muchos ciudadanos europeos se refleja en diferentes instrumentos con los que cuenta la Unión Europea.

En primer lugar existen instrumentos en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. Éstos incluyen el Fondo para las fronteras exteriores, la Agencia Frontex y el Fondo europeo para los refugiados.

Las cuestiones relativas al cambio demográfico y específicamente los flujos de migración han constituido en efecto uno de los elementos que los Estados miembros han tomado en consideración a la hora de elaborar sus planes nacionales y programas operativos. La inmigración ilegal es una de tales cuestiones y afecta tanto a la cohesión económica como a la cohesión social en una determinada región y entre regiones.

El marco para la política de cohesión, a través de sus Reglamentos y directrices estratégicas, ofrece el interfaz necesario entre tales políticas europeas y las necesidades y oportunidades nacionales existentes.

La gestión y la aplicación de los programas de la política de cohesión, financiadas a través de los Fondos Estructurales, entran fundamentalmente dentro del ámbito de actividades de los Estados miembros y sus regiones.

En el contexto anteriormente mencionado, el Fondo Social Europeo (FSE) define una serie de actuaciones dirigidas a una mejor preparación de los migrantes y refuerza su adaptación social, mientras que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) también contiene disposiciones en materia de migración que podrían prestar apoyo a las inversiones y el gasto en infraestructura en los ámbitos de la salud pública, la inclusión social, las condiciones del mercado laboral, las actividades transfronterizas e incluso las actividades en terceros países en determinadas condiciones siempre que tal gasto se incluya en el programa o los programas operativos correspondientes. La respuesta a la primera parte de la pregunta, es, por consiguiente, afirmativa. La política ha tomado en consideración el aspecto de la inmigración en su contexto específico nacional, regional y local.

La Comisión recuerda al diputado los recientes informes sobre cohesión en los que se subraya la participación de las autoridades locales y regionales en el desarrollo y la aplicación de las políticas de inmigración y asilo. Tales autoridades, junto con los interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros interesados locales, desempeñan un papel cada vez más importante en la integración de los nacionales de terceros países en la vida social y económica de los Estados miembros. Es necesario en este sentido adoptar un enfoque coordinado que incluya el acceso a la educación y la formación, a los servicios de salud y sociales y a una vivienda digna, entre otros. Los informes también contienen información sobre cuestiones de inmigración y conexas a ésta, como los cambios demográficos y la modificación del mercado laboral. La política desarrollada también se ha inspirado en diversas estimaciones sobre la base de modelos socioeconómicos y, por consiguiente, ha tomado en consideración de forma implícita los aspectos en materia de inmigración.

En lo que respecta a Grecia, el Marco Estratégico Nacional de Referencia para 2007-2013 establece la estrategia general de la política de cohesión. Así, toma en consideración la situación socioeconómica en Grecia, con vistas a desarrollar una visión global para el desarrollo del país. Por consiguiente, la presencia de inmigrantes constituye ciertamente un factor que interviene en el análisis emprendido.

Los programas operativos resultantes abordan las cuestiones planteadas por la presencia de inmigrantes y se centran en particular en su integración en el mercado laboral, para lo que se prevé una serie de actuaciones específicas.

Los problemas concretos que se plantean en Grecia como país fronterizo en términos de inmigración ilegal se abordan en programas administrados por la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad. La Comisión ha elaborado una serie de medidas sobre la base del principio de solidaridad para apoyar en concreto a los Estados miembros como Grecia que se enfrentan a presiones migratorias cada vez mayores. Los Estados miembros ya colaboran en operaciones conjuntas en el Mediterráneo, coordinados por la Agencia Frontex, con objeto de lograr una vigilancia más efectiva de las fronteras marítimas meridionales de la UE y el mar abierto para reducir la inmigración ilegal por mar e impedir tragedias de carácter humanitario. Tomando en consideración el hecho de que los países con fronteras marítimas han experimentado la presión que ejerce la llegada incontrolada de migrantes ilegales y solicitantes de asilo, deberían utilizar activamente la asistencia financiera que ofrecen los instrumentos de financiación existentes o previstos, como el Fondo europeo para los refugiados, el Fondo para las fronteras exteriores, el Fondo para la integración y, en un futuro cercano, el Fondo para el retorno, que se asignan a los Estados miembros de forma proporcional a la carga que soportan.

 
 

(1)COM (2007) 780.

 

Pregunta nº 58 formulada por Colm Burke (H-1053/07)
 Asunto: Separación funcional
 

La Comisión propone que se introduzca el principio de separación funcional a fin de garantizar una competencia leal en el mercado de las telecomunicaciones. ¿Cómo y cuándo evaluará la Comisión la necesidad de introducir dicho principio?

 
  
 

Las medidas sobre separación funcional propuestas por la Comisión como parte de la reforma del Derecho comunitario en materia de telecomunicaciones(1), tienen por objeto ofrecer a las autoridades nacionales de reglamentación, y no a la Comisión en sí, el fundamento jurídico necesario para imponer este tipo de obligación. Las autoridades nacionales de reglamentación sólo pueden imponer la separación funcional si la Comisión, tras haber examinado el proyecto de medida a la luz de las condiciones y los criterios establecidos en el artículo 13 bis propuesto de la Directiva «acceso» decide que tal medida es compatible con el Derecho comunitario.

La evaluación de los proyectos de medidas por parte de la Comisión incluirá, específicamente:

Pruebas de que los mecanismos de reglamentación normalizados(2) no han logrado, y no lograrán, una competencia efectiva;

Un análisis de las repercusiones de las medidas previstas sobre las autoridades de reglamentación, la empresa, sus incentivos para invertir en su red y otros interesados, incluido concretamente el impacto previsto sobre la competencia en materia de infraestructuras y cualesquiera posibles efectos sobre los consumidores;

La elaboración de un proyecto de medida que incluya elementos relativos a la naturaleza y el nivel de separación, la especificación de los activos de la empresa y los productos y servicios suministrados o prestados, las disposiciones en materia de administración de la empresa, las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, las normas relativas a la garantía de la transparencia de los procedimientos operativos y un programa de supervisión para asegurar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

La evaluación y posterior autorización de la medida prevista por parte de la Comisión tienen por objeto garantizar una aplicación coherente del marco regulador en toda la UE al objeto de realizar el mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

 
 

(1)COM(2007) 697 aprobada el 13 de noviembre de 2007, véase, especialmente, el artículo 13 bis, apartados 2 y 3, de la propuesta de modificación de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva «Acceso»), DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.
(2)Artículos 9 a 13 de la Directiva «Acceso».

 

Pregunta nº 59 formulada por Mairead McGuinness (H-1055/07)
 Asunto: Directiva relativa a los servicios de medios audiovisuales
 

¿Piensa la Comisión que la Directiva 97/36/CE(1), relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, podrá seguir el ritmo del desarrollo de la publicidad y la tecnología audiovisual?

¿Considera la Comisión que el hecho de exigir a los proveedores de servicios de medios audiovisuales que desarrollen códigos de conducta respecto de los niños es una medida de protección de los intereses específicos de éstos lo suficientemente enérgica como para, por ejemplo, impedir la publicidad de la llamada comida basura dirigida al público infantil?

 
  
 

Según la Comisión, la Directiva 89/552/CEE sobre los servicios de radiodifusión televisiva (anteriormente conocida como Directiva «Televisión sin fronteras»), modificada por la Directiva 2007/65/CE, de 11 de abril de 2007, actualiza la legislación comunitaria para adaptarla al panorama audiovisual europeo actual, los cambios previstos en los mercados, los progresos tecnológicos y las nuevas técnicas publicitarias. Los motivos se exponen a continuación:

En primer lugar, la Directiva en cuestión abarca todos los servicios de comunicación audiovisual lineales (prestados sobre la base de una programación fija), independientemente de la tecnología o la plataforma utilizada (radiodifusión televisiva tradicional, teléfono móvil, protocolo de Internet (IP), y los servicios de comunicación audiovisual no lineales (programas o vídeos a la carta). Lo anterior implica que todos los servicios de comunicación audiovisual comerciales, y no sólo la publicidad televisiva, son objeto actualmente de la aplicación de las normas que establecen que este tipo de comunicación no debe causar daños físicos o morales a los menores.

En segundo lugar, la Directiva establece que los Estados miembros y la Comisión deben instar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a desarrollar códigos de conducta en relación con comunicaciones comerciales inadecuadas, que acompañen o se incluyan en los programas infantiles, en relación con sustancias nutritivas como las grasas, los ácidos transgrasos y la sal, la ingesta excesiva, etc., no recomendadas en las dietas infantiles desde un punto de vista médico. Tales códigos, de aplicación a los prestadores de servicios de radiodifusión e, indirectamente, a los patrocinadores y anunciantes, se añaden a las nuevas disposiciones que los Estados miembros deberán adoptar para transponer a sus respectivas legislaciones nacionales las disposiciones de la Directiva dirigidas a proteger a los consumidores, especialmente los menores, y deberán facilitar su aplicación. Por otra parte, como la obesidad infantil constituye un problema causado por diferentes factores, la Comisión propone en su Libro Blanco sobre la obesidad, de 30 de mayo de 2007(2), una estrategia multisectorial que promueva diversas medidas y dirigida, específicamente, a ofrecer una mejor información a los consumidores, facilitar el acceso a una alimentación saludable, fomentar la actividad física, etc.

En tercer lugar, la Directiva reconoce la importancia de la alfabetización mediática e insta a los Estados miembros a promover tal alfabetización como medio específico de protección de las familias y los niños frente a los contenidos dañinos u ofensivos (considerando 37). La Comunicación sobre la alfabetización mediática en el entorno digital(3) insta a emprender acciones que permitan a los jóvenes desarrollar su sentido crítico en relación con la comunicación comercial.

 
 

(1)DO L 202, de 30.7.1997, p. 60.
(2)COM(2007) 279 final.
(3)COM(2007) 833 final.

 

Pregunta nº 60 formulada por Stavros Arnaoutakis (H-1074/07)
 Asunto: Reforzar el papel de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) de Heraclion
 

La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) ha alcanzado hasta ahora unos resultados muy positivos, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a medios económicos y personal. En sólo dos años de actividad ENISA ha demostrado ser —existen numerosas pruebas en este sentido— la respuesta adecuada a las necesidades de Europa en materia de seguridad de las redes y de la información. Se ha dado una respuesta definitiva a todas las reclamaciones infundadas en relación con la ubicación de la sede. Grecia ha dado repetidas muestras de su voluntad y compromiso de contribuir activamente al éxito de ENISA, prestando a la Agencia un apoyo sustancial. La presencia de ENISA en Heraclion es también un importante paso hacia la descentralización y el desarrollo regional en Europa.

Es muy necesario evitar la pérdida de la experiencia acumulada y los recursos invertidos. Las preguntas que deseamos plantear a la Comisión Europea son las siguientes: ¿por qué no respalda a ENISA, con una ampliación de su presupuesto, su personal y sus competencias, para que prosiga de forma eficaz sus satisfactorias actividades? ¿Por qué no se asignan a ENISA las tareas, las competencias, el presupuesto y el personal de la nueva Agencia de telecomunicaciones?

 
  
 

La Comisión presentó una propuesta para reformar el Derecho comunitario en materia de telecomunicaciones el 13 de noviembre de 2007. Uno de los principales aspectos de la propuesta es la creación de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas(1), con vistas a estimular la creación de servicios paneuropeos en una Europa sin fronteras, así como reforzar en mayor medida el mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

La Comisión considera que la seguridad de las redes y de la información debe ser una de las principales prioridades políticas de la reforma que permita a todos los interesados, incluidos prestadores de servicios de telecomunicaciones y autoridades de reglamentación, responder más rápida e inmediatamente y de forma coordinada a los ataques contra la seguridad de las redes. Éste es el motivo por el cual la Comisión propuso reforzar las disposiciones relativas a la seguridad en la actual legislación comunitaria, sobre la base de los resultados de una consulta pública realizada el año pasado. En concreto, el paquete propuesto introduce mejores instrumentos para luchar contra los ataques contra la seguridad de las redes y para reforzar las redes frente a los ataques procedentes de Internet.

Aunque la evaluación de ENISA indica que sus resultados han sido adecuados e incluso buenos(2), la Comisión considera que los problemas que plantea actualmente la seguridad de las redes se deberían abordar garantizando nuevas sinergias entre el trabajo de las autoridades de reglamentación de las telecomunicaciones y los expertos en seguridad, con vistas a hacer más seguras las redes europeas de información y comunicación. Por otra parte, estas sinergias se deberían utilizar para contribuir a la aplicación efectiva de unas normas sobre seguridad de las redes reforzadas. Éste es el motivo por el cual la propuesta de la Comisión incluye un examen exhaustivo de los problemas planteados por la seguridad de las redes y de la información en el contexto, más amplio, de la dinámica del mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

El ámbito de aplicación de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas es mucho más amplio que el de ENISA. La Autoridad desempeñará un papel muy importante en la reforma de todo el contexto de la normativa sobre comunicaciones electrónicas. Aunque de gran importancia, las actividades de ENISA se refieren sólo a una parte de tal contexto, por lo que la Comisión ha propuesto la creación de una nueva Autoridad que incluirá la responsabilidad de las actividades actualmente a cargo de ENISA. Así, cabe destacar la necesidad de una propuesta de Reglamento para modificar el actual Reglamento sobre ENISA, con vistas a ampliar la duración de su mandato hasta que la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas asuma la responsabilidad de sus actividades en materia de seguridad de las redes y de la información el 14 de marzo de 2011, aprobada por la Comisión el 20 de diciembre de 2007.

 
 

(1)Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2007) 699 final).
(2)Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), COM (2007) 285.

 

Pregunta nº 61 formulada por Ruth Hieronymi (H-0018/08)
 Asunto: Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar el mercado interior de la televisión móvil»
 

En su Comunicación COM(2007) 409, la Comisión propone una estrategia para el desarrollo de la televisión móvil en la Unión Europea. Por televisión móvil entiende «la transmisión de contenidos audiovisuales a un dispositivo móvil».

¿Cómo define la Comisión la televisión móvil desde la perspectiva, por un lado, de la definición de los «servicios de medios audiovisuales» contenida en la Directiva (2007/65/CE(1)), y, por otro, de la definición del concepto de servicios audiovisuales con arreglo a la Directiva relativa al comercio electrónico en el mercado interior (2000/31/CE(2))?

¿Ve la Comisión diferencias entre las implicaciones de estas dos Directivas para la libertad de información y de expresión, y las garantías de pluralidad de los medios de comunicación?

Si así es, ¿que diferencias se perfilan ahora, a juicio de la Comisión, en la naturaleza y el alcance de ambas directivas, y para la adjudicación de frecuencias?

 
  
 

La Comisión recuerda el ámbito de aplicación de su estrategia en materia de televisión móvil recogido en la Comunicación de la Comisión de julio de 2007 «Reforzar el mercado interior de la televisión móvil». En tal Comunicación, el término «televisión móvil» se refiere únicamente a los servicios de radiodifusión terrestre prestados a través de telefonía móvil. La Comisión es consciente del hecho de que existen diversos modos de prestar servicios de televisión móvil, desde las redes de telefonía móvil celular a la radiodifusión vía satélite. No obstante, la radiodifusión terrestre constituye un elemento indispensable para desarrollar un mercado a gran escala para estos nuevos e innovadores servicios, por lo que este medio de difusión constituye el centro de las actuaciones de la Comisión. La diputada pide que se aclare la definición de «televisión móvil» en el contexto de la reglamentación de contenidos. Como ya se ha mencionado, la televisión móvil se refiere en su ámbito de aplicación a un subconjunto de servicios de medios audiovisuales que se rigen por la recientemente aprobada Directiva sobre los servicios de radiodifusión televisiva. De forma análoga a los servicios de radiodifusión televisiva «fijos», la radiodifusión televisiva terrestre móvil se define como un servicio de comunicación audiovisual lineal en el artículo 1, letra e), de la Directiva.

La Directiva sobre comercio electrónico, que no recoge una definición específica de los servicios audiovisuales, sino una definición general de los servicios de la sociedad de la información, también coordina ciertos ámbitos en relación con tales servicios audiovisuales que se prestan a petición expresa del usuario.

En relación con la segunda pregunta, que se refiere al pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión subraya que, según la Directiva sobre los servicios de radiodifusión televisiva: «Los servicios de comunicación audiovisual son tanto servicios culturales como servicios económicos. Su importancia cada vez mayor para las sociedades y la democracia —sobre todo por garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación—, así como para la educación y la cultura, justifica que se les apliquen normas específicas.» Las disposiciones en términos de protección de los menores o la diversidad cultural, tal como se establece en la Directiva, también se aplican a los servicios de televisión móvil, como a cualquier otro servicio recogido en la Directiva.

La televisión móvil es una plataforma de servicios incipiente que debería beneficiarse de un planteamiento regulador menos estricto. Por consiguiente, el régimen de obligación de radiodifusión («must-carry») no se debería imponer a la televisión móvil. No obstante, las estrategias comerciales establecerán que las principales cadenas nacionales, tanto públicas como privadas, estén presentes con toda probabilidad en cualquier paquete de televisión móvil, ya que la oferta perdería gran parte de su atractivo si ello no fuera así.

La Comisión también desearía llamar la atención de la diputada hacia el hecho de que el estándar de televisión móvil promovido por la Comisión (DVB-H) puede soportar la difusión de gran número de canales, lo que reforzaría el pluralismo mediático.

La última pregunta se refiere a la adjudicación de frecuencias. Las dos Directivas mencionadas no guardan una relación directa con la reglamentación de las frecuencias de radiodifusión. Desde el punto de vista de la política de adjudicación de frecuencias, los servicios de televisión móvil prestados deberían seguir las mismas normas y reglamentos que los servicios de comunicación electrónica, tal como se define en el marco regulador comunitario en vigor.

 
 

(1)DO L 332, de 18.12.2007, p. 27.
(2)DO L 178, de 17.7.2000, p. 1.

 

Pregunta nº 62 formulada por Maria Badia i Cutchet (H-0021/08)
 Asunto: Derechos de propiedad intelectual e innovación y desarrollo digital
 

La Comisión Europea decidió el pasado 3 de enero dar un nuevo impulso al sector europeo de contenido digital, haciendo más fácil y más rápido el acceso a programas de televisión, música, películas o juegos vía Internet, teléfonos móviles u otros dispositivos digitales.

A la luz de esta iniciativa, y teniendo en cuenta la existencia de nuevos instrumentos y canales de comunicación que han convertido en obsoleto el modelo de gestión de los derechos de autor vigente hasta el momento, el cual no permite afrontar con éxito el reto que representa el desarrollo de la nueva realidad, ¿piensa la Comisión profundizar en el debate sobre cómo mantener el respeto por los derechos de propiedad intelectual y a la vez seguir apoyando la innovación y el desarrollo digital?

¿No cree la Comisión que, además de considerar los problemas que representan para los autores y creadores las nuevas tecnologías, se deberían incorporar en este debate también las nuevas ventajas que de ellas se derivan y las nuevas oportunidades que se abren para reforzar la creación, la comercialización y la competitividad de la cultura europea, en general, y de la música, la literatura, las películas y los juegos, en particular?

 
  
 

La Comunicación sobre los contenidos creativos en línea en el mercado único se aprobó el 3 de enero de 2008 y examina las actuaciones de valor añadido que podrían emprenderse a escala europea para mejorar la competitividad de la producción de contenidos en línea en Europea y su distribución.

La distribución en línea de contenidos creativos de gran valor representa un cambio estructural importante en el mercado europeo de contenidos. Tales contenidos creativos de gran valor abarcan la música, contenidos audiovisuales, radio, juegos en línea, publicaciones en línea y contenidos educativos. Los contenidos creados por los usuarios en el entorno Web 2.0 también ofrecen nuevas perspectivas de mercado.

La Comisión insta al sector de la producción de contenidos, a las empresas de telecomunicaciones y a los prestadores de servicios de Internet a trabajar en estrecha colaboración para aumentar el volumen de contenidos en línea, al tiempo que se refuerza la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La Comisión desearía subrayar que el debate en el seno de la iniciativa de contenidos en línea también abordará las nuevas ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías con vistas a reforzar la creación, comercialización y competitividad de la cultura europea en general. De conformidad con la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) sobre la diversidad cultural, la Comisión considera una prioridad prestar apoyo a la diversidad cultural en los contenidos creativos.

Por otra parte, la Comisión considera que existen cuatro desafíos horizontales principales que deberían ser objeto de debate, intercambio de buenas prácticas y, posiblemente, un enfoque coordinado a escala comunitaria: disponibilidad de contenidos creativos, mejora de la concesión de licencias para los contenidos creativos, interoperabilidad y transparencia de los sistemas de gestión de derechos digitales y lucha efectiva contra la piratería.

El mercado para los contenidos creativos en línea es aún incipiente y se producen avances a una velocidad vertiginosa. Lo anterior exige la adopción de un enfoque doble para abordar los problemas detectados de forma rápida y para entablar debates sobre algunos de los retos existentes y venideros.

Para contribuir a impulsar el proceso, la Comunicación sobre los contenidos creativos en línea propuso una consulta pública específica a modo de preparación para la aprobación de la Recomendación del Consejo y el Parlamento. La consulta pública se basa en un cuestionario incluido en la Comunicación y el plazo de presentación de respuestas se ha fijado para el 29 de febrero de 2008. El cuestionario se centra en tres cuestiones: la interoperabilidad y transparencia de los sistemas de gestión de derechos digitales, la concesión de licencias multiterritoriales para los contenidos creativos y las ofertas legales y la piratería.

Por otra parte, y de forma paralela, la Comisión está creando una plataforma de debate y cooperación para los interesados, la denominada «Plataforma de los Contenidos en Línea». Su mandato abarcará las cuestiones mencionadas en la Comunicación, a saber: la disponibilidad de contenidos, la mejora de los mecanismos de adquisición de derechos, el desarrollo de la concesión de licencias multiterritoriales, la gestión de los derechos de autor en línea y los mecanismos de cooperación para mejorar el respeto de los derechos de autor en el entorno en línea.

 

Pregunta nº 63 formulada por Lambert van Nistelrooij (H-0043/08)
 Asunto: Telecomunicaciones e itinerancia involuntaria
 

Con la entrada en vigor de la «Eurotarifa» para la realización y la recepción de llamadas a través de teléfonos móviles en el extranjero (artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 717/2007(1)), la Comisión Europea ha anunciado también que tiene la intención de vigilar de cerca los acuerdos entre los operadores sobre los costes de esas llamadas para las personas que viven en zonas fronterizas. En el primer informe del Grupo de entidades reguladoras europeas, publicado el pasado 17 de enero, se afirma que los operadores no consideran este aspecto como un problema importante, ya que se trata de un número relativamente reducido de consumidores. Por otra parte, los costes ocasionados por la itinerancia involuntaria podrían ser perdonados por la mayoría de los proveedores en señal de buena voluntad. Sin embargo, las indagaciones realizadas en la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas muestran que muchas de las personas que viven en zonas fronterizas siguen recibiendo facturas demasiado elevadas. Desde el punto de vista técnico, es posible impedir la itinerancia involuntaria gracias a la localización por medio de técnicas de triangulización y de direccionamiento del tráfico. Además, se debería advertir a los consumidores de que la itinerancia involuntaria puede evitarse desactivando en el teléfono la opción «búsqueda automática de red».

¿Considera la Comisión suficiente la política de buena voluntad de los operadores que se menciona en el informe del Grupo de entidades reguladoras europeas? ¿Qué opina la Comisión de la posibilidad de obligar a los proveedores a informar a los consumidores al respecto y a adoptar medidas en la fuente para eliminar definitivamente el molesto fenómeno de la itinerancia involuntaria?

 
  
 

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre itinerancia, las autoridades nacionales de reglamentación estarán atentas a los casos particulares de itinerancia involuntaria en las regiones fronterizas de Estados miembros vecinos. A finales de 2008 la Comisión debe presentar un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el funcionamiento del Reglamento sobre itinerancia, que incluirá la cuestión de la itinerancia involuntaria. En este sentido, todas las autoridades nacionales de reglamentación, bajo los auspicios del Grupo de entidades reguladoras europeas, han efectuado un ejercicio de recogida de datos detallado que, a petición de la Comisión, incluía una serie de preguntas dirigidas a todos los operadores de la UE acerca de la cuestión de la itinerancia involuntaria.

Tal como indica el diputado en su pregunta, el Grupo ha publicado su informe, en el que se recogen las respuestas de los operadores a las preguntas relativas a la itinerancia involuntaria. Los operadores no consideran este aspecto un problema importante, ya que afecta a un número relativamente reducido de consumidores. Los prestadores de estos servicios aducen que sus respectivos sitios web recogen la información necesaria en términos generales y en las situaciones específicas señaladas por las autoridades nacionales (por ejemplo, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda), en general los prestadores emprendieron medidas adicionales para garantizar que los consumidores estuviesen al corriente del problema y en algunos casos ofrecieron tarifas específicas adaptadas a cada caso concreto. La mayoría de los prestadores también indicaba que los cargos generados por la itinerancia involuntaria se perdonaban en señal de buena voluntad.

La Comisión estudia ahora los resultados del trabajo del Grupo de entidades reguladoras europeas y en breve examinará la cuestión nuevamente con las autoridades nacionales de reglamentación para determinar las medidas adicionales que se podrían emprender para abordar este problema. La Comisión comparte la opinión de que no se trata de un problema sin importancia para los afectados. Por otra parte, a raíz de una serie de quejas específicas, la Comisión se ha puesto en contacto recientemente con las autoridades nacionales de reglamentación alemanas, francesas y luxemburguesas para pedir su opinión e información detallada acerca de las actuaciones emprendidas en relación con esta cuestión. La Comisión considera que la iniciativa emprendida por las autoridades irlandesas y británicas ofrece un excelente ejemplo a las demás. Sin embargo, es demasiado pronto para exponer las conclusiones de la Comisión a este respecto en su informe de finales de año al Consejo y al Parlamento. El Grupo de entidades reguladoras europeas publicará un segundo informe dirigido a la Comisión en julio de este año.

En última instancia, la Comisión considera que problemas como la itinerancia involuntaria son el resultado de la fragmentación de los mercados europeos de telecomunicaciones en 27 mercados. Esta cuestión puede examinarse en sus propuestas para una mayor armonización de la reglamentación, incluida la propuesta de creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones con la misión de apoyar a la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación en su tarea de legislar mejor, más rápidamente y de forma más coherente a lo largo y ancho de la UE.

 
 

(1)DO L 171, de 29.6.2007, p. 32.

 

Pregunta nº 64 formulada por Jorgo Chatzimarkakis (H-0071/08)
 Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (artículo 95 del Tratado)
 

La propuesta de la Comisión COM(2007) 699 suscita serias dudas en cuanto a su eficacia, ya que en ella no se tienen en cuenta los importantes esfuerzos hechos ni los considerables recursos empleados durante un largo período, se ignoran los buenos resultados conseguidos hasta hoy la actual Agencia y se desecha un valioso activo de la Comunidad en un ámbito político clave, puesto que no se prevén disposiciones para incorporar al personal de ENISA y sacar partido de su experiencia.

La mayor parte de los Estados miembros se muestran partidarios de coordinar las actividades en el ámbito de las telecomunicaciones en vez de aplicar un planteamiento de reglamentación estricto y poco diferenciado; ENISA podría ejercer adecuadamente la función de coordinación si se añadiese a su mandato, actualmente en fase de revisión, un mínimo estrato de competencias en materia de telecomunicaciones.

¿Por qué se desecha el valor añadido comunitario aportado por ENISA en vez de ampliar su mandato de forma tal, que abarque las nuevas actividades previstas para la nueva Autoridad?

 
  
 

La evaluación intermedia de ENISA, iniciada en 2006 por la Comisión(1), indicaba que los resultados de la Agencia eran adecuados a la luz de los limitados medios de los que disponía. Así, se confirmaba la validez de las motivaciones políticas que dieron lugar a la creación de ENISA y de sus objetivos originales, así como la importancia de emprender actuaciones a través de una agencia europea. Las mejoras emprendidas a raíz de las observaciones de los evaluadores y el Consejo de Administración están contribuyendo a mejorar la labor de ENISA.

No obstante, la Comisión considera que los problemas que plantea actualmente la seguridad de las redes se deberían abordar garantizando nuevas sinergias entre el trabajo de las autoridades de reglamentación de las telecomunicaciones y los expertos en seguridad, con vistas a hacer más seguras las redes europeas de información y comunicación. Por otra parte, estas sinergias se deberían utilizar para contribuir a la aplicación efectiva de unas normas sobre seguridad de las redes reforzadas. Éste es el motivo por el cual la reciente propuesta de la Comisión incluye un examen exhaustivo de los problemas planteados por la seguridad de las redes y de la información en el contexto, más amplio, de la dinámica del mercado único de las comunicaciones electrónicas.

La Comisión considera que su propuesta(2) de crear una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas estimulará la creación de servicios paneuropeos en una Europa sin fronteras y reforzará en mayor medida el mercado interior de las comunicaciones electrónicas, al tiempo que permitirá a todos los interesados, incluidos los operadores y las autoridades de reglamentación de las telecomunicaciones, responder con mayor rapidez y de forma coordinada a los ataques contra la seguridad.

El ámbito de aplicación de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas es más amplio que el de ENISA y alcanzará una masa crítica en términos de recursos humanos y presupuesto. La Autoridad desempeñará un papel importante en la reforma de todo el contexto de la normativa sobre comunicaciones electrónicas. Aunque de gran importancia, las actividades de ENISA se refieren sólo a una parte de tal contexto, por lo que la Comisión ha propuesto la creación de una nueva Autoridad que incluirá la responsabilidad de las actividades actualmente a cargo de ENISA.

Así, cabe destacar la necesidad de una propuesta de Reglamento para modificar el actual Reglamento sobre ENISA, con vistas a ampliar la duración de su mandato hasta que la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas asuma la responsabilidad de sus actividades en materia de seguridad de las redes y de la información el 14 de marzo de 2011, aprobada por la Comisión el 20 de diciembre de 2007.

Una nueva Autoridad debe poder contratar a su propio personal. Naturalmente, contratará a las personas idóneas que soliciten un puesto vacante. El personal de ENISA debería contar con unas buenas perspectivas en este sentido, ya que está muy cualificado, posee el perfil adecuado y, además, puede añadir una experiencia directa en ENISA.

 
 

(1)COM(2007) 285.
(2)COM(2007) 699.

 

Pregunta nº 65 formulada por Manuel Medina Ortega (H-1043/07)
 Asunto: Medidas para combatir el paro en las regiones ultraperiféricas
 

¿Qué medidas contempla la Comisión para combatir el alto nivel de paro aún existente en las Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea?

 
  
 

Los Fondos Estructurales, y especialmente el Fondo Social Europeo (FSE), seguirán apoyando a las regiones ultraperiféricas durante el periodo 2007-2013 para luchar contra el desempleo. El FSE apoya a las políticas de los Estados miembros dirigidas a lograr el pleno empleo, así como la calidad y la productividad del trabajo, a promover la inclusión social, especialmente el acceso de las personas desfavorecidas al empleo, y a reducir las diferencias nacionales, regionales y locales en materia de empleo.

Durante el periodo 2007-2013, las siete regiones ultraperiféricas se beneficiarán de ayudas que ascienden a 1 300 millones de euros. Los Estados miembros deberán asumir la responsabilidad de la ejecución de los Fondos Estructurales sobre la base de las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión(1) y las prioridades acordadas con la Comisión en los marcos estratégicos nacionales de referencia.

El nuevo marco legislativo también prevé ofrecer a las regiones ultraperiféricas una ayuda específica para compensar los costes adicionales generados por su lejanía. Uno de los retos específicos consistirá en hacer que esta ayuda contribuya a la realización de la estrategia del programa en su conjunto, es decir, en este caso, que contribuya a un crecimiento y una creación de empleo sostenibles.

Por otro lado, en el marco de su evaluación de la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa por parte de los Estados miembros, la Comisión propone al Consejo dirigirles recomendaciones con vistas a mejorar el funcionamiento de su mercado de trabajo y la formación permanente, al objeto de aumentar la calidad y la cantidad del empleo.

 
 

(1)Decisión del Consejo 2006/702/CE, de 6 de octubre de 2006 , relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión, DO L 291 de 21.10.2006.

 

Pregunta nº 66 formulada por Avril Doyle (H-1059/07)
 Asunto: Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y los derechos de autor
 

La Comisión ha dedicado en los últimos años mucho tiempo y cantidades sustanciales de dinero a analizar el problema de los derechos de autor. Es un hecho reconocido que los derechos de autor frenan el desarrollo de una sociedad de la información integradora en Europa. La Comisión ha consultado a las partes interesadas y a los Estados miembros en varias ocasiones y ha presentado evaluaciones de impacto que demuestran claramente que es necesario proceder a una reforma del sistema de los derechos de autor. En un discurso dirigido a la industria digital europea el 10 de mayo de 2007, la Comisaria Reding declaró que, en su opinión, avanzar en este ámbito es una de las asignaturas pendientes de la Comisión.

¿Puede explicar la Comisión su posición actual en lo relativo al sistema de los derechos de autor? En particular, ¿puede explicar por qué no se han tomado medidas relativas a la reforma de los derechos de autor, habida cuenta de que siguen acumulándose los problemas asociados con el sistema actual?

 
  
 

La Comisión desearía agradecer a la diputada el interés permanente que manifiesta en los esfuerzos relativos a la reforma de los derechos de autor. En 2006, la Comisión analizó los 20 sistemas nacionales de cánones que gravan las copias destinadas a uso privado. A finales de 2006 se elaboró un informe preliminar sobre esta cuestión.

El 14 de febrero de 2008, la Comisión reabrió la consulta a las partes interesadas con vistas a determinar posibles opciones para lograr algún avance.

La cultura y la diversidad cultural son los objetivos fundamentales que sustentan todas las iniciativas de la Comisión en el ámbito de los derechos de autor. La política de la Comisión en relación con los cánones que gravan las copias destinadas a uso privado, por consiguiente, tiene por objeto ofrecer una compensación adecuada a los autores y artistas e ingresos transparentes a los beneficiarios, así como promover la diversidad cultural.

 

Pregunta nº 67 formulada por Alain Hutchinson (H-1064/07)
 Asunto: Medios de comunicación y sociedad de la información en los países ACP
 

Con el fin de prestar una ayuda eficaz a los principios fundamentales de la buena gobernanza y al diálogo intercultural en los países ACP, convendría reforzar la capacidad de análisis crítico de las realidades socioeconómicas y políticas de su población. Dicho refuerzo está vinculado la necesidad de los países ACP de contar con medios de comunicación independientes y eficaces. El X Fondo Europeo de Desarrollo, instrumento de aplicación de la ayuda concedida por la UE a los países ACP para el período 2008-2013, promueve la buena gobernanza pero no establece ninguna medida de apoyo específico a la creación de medios de comunicación eficaces e independientes y, en general, de una sociedad de la información digna de ese nombre.

¿Qué medidas propone la Comisión para contribuir a garantizar la independencia y la eficacia de los medios de comunicación de los países ACP y asegurar un mejor acceso de la población a la sociedad de la información?

 
  
 

La Comisión comparte el punto de vista del diputado en relación con la necesidad de que los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) dispongan de medios de comunicación independientes y eficaces.

En el marco de la programación del X Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se ha colocado la gobernanza democrática en todas sus dimensiones en el centro del diálogo entre socios con ocasión de la preparación de las estrategias de cooperación con los países y los programas indicativos nacionales. Desde este punto de vista, la Comisión y los Estados miembros de la UE representados en cada país socio han procedido a efectuar un análisis de la situación del proceso de gobernanza democrática y se han elaborado perfiles de gobernanza.

La situación de la prensa y las limitaciones en materia de libertad y capacidad de prensa se analizan en tales perfiles. Las conclusiones se incorporan en el diálogo de programación con el país socio, al que se insta, en su caso, a contraer compromisos de reforma en diferentes ámbitos y emprender acciones para hacer frente a los problemas detectados. Por consiguiente, el conjunto de las cuestiones relativas a la prensa son parte integrante del diálogo de programación, pero también se abordan en el diálogo político regular entablado de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú.

En lo que respecta a la ayuda financiera, cuando las medidas de reforma o las acciones previstas por el gobierno requieren apoyo financiero en el marco de la cooperación entre la Comunidad y el país socio con arreglo al Acuerdo de Cotonú, se pueden utilizar los fondos del FED, como ha sido el caso recientemente del proyecto de apoyo a los medios de comunicación en Mauritania, por importe de 1 500 millones de euros destinados a análisis y estudios de viabilidad sobre las empresas de prensa, el refuerzo de los servicios de radio, la mejora de la difusión de la prensa escrita, el apoyo a la producción de radio y prensa escrita y el refuerzo de la capacidad de los periodistas.

Por otra parte, la mayoría de las actividades de apoyo a los medios financiadas por el FED se incluyen en proyectos más amplios en el ámbito de la democratización, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Éste es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los proyectos de asistencia electoral, que tienen un componente de ayuda a los medios de comunicación, formación de periodistas, apoyo logístico a las agencias de comunicación y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de la actividad de los medios de comunicación.

La financiación del FED se puede completar de forma útil con intervenciones financiadas a través concretamente de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), que no precisan del acuerdo previo explícito de las autoridades de los países socios. La IEDDH ofrece apoyo directo a las iniciativas de los actores de la sociedad civil. Entre los ejemplos de actuaciones de apoyo a la prensa o para la promoción de la libertad de prensa en los países ACP se encuentran las iniciativas emprendidas en Chad, Namibia, Ruanda o Sudán, así como los proyectos de apoyo a redes y las acciones transnacionales.

 

Pregunta nº 68 formulada por Sarah Ludford (H-1066/07)
 Asunto: Campañas de estigmatización en los medios de comunicación
 

En el espíritu de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación (el tema del Año Europeo 2007) y del diálogo intercultural (el tema del Año Europeo 2008), ¿qué medidas prevé adoptar la Comisión para hacer frente a las campañas de estigmatización en los medios de comunicación contra ciertos grupos de la población sin vulnerar la auténtica libertad de expresión?

 
  
 

La Comisión es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en Europa en relación con la creación y la destrucción de estereotipos. En una encuesta del Eurobarómetro(1) efectuada en el marco del Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para Todos 2007 (Año Europeo 2007), se consideraba que los medios de comunicación eran el motor principal de la lucha contra la discriminación después de los centros educativos y los padres. Aunque la Comisión no está en posición de supervisar o evaluar las campañas emprendidas en los medios de comunicación nacionales contra ciertos grupos de la población, trabaja con los medios de comunicación para apoyar su papel positivo en la modificación de las actitudes y comportamientos discriminatorios.

En el marco del Año Europeo 2007, los 30 países participantes colaboraron estrechamente con los medios de comunicación para sensibilizar acerca de las cuestiones de discriminación y luchar contra los estereotipos. La Comisión también trabajó con los medios de comunicación como parte de la campaña de información del Año Europeo 2007.

Como parte de su trabajo de lucha contra la discriminación la Comisión también ha emprendido una serie de iniciativas con los medios de comunicación. En el contexto de la campaña informativa «Por la diversidad. Contra la discriminación», la Comisión ha trabajado con los medios de comunicación, por ejemplo, en la organización de seminarios con los periodistas sobre el tema de la discriminación. Asimismo, hace cuatro años se concedió el primer galardón especial de periodismo en el marco de esta campaña para premiar a los periodistas que contribuyen al desarrollo de una mejor comprensión de los beneficios de la diversidad. El premio de 2007 se organizó de forma conjunta con el Año Europeo 2007 y se recibieron más de 750 candidaturas de los 27 Estados miembros(2).

La Comisión iniciará un nuevo estudio en 2008 para examinar las iniciativas más significativas e innovadoras emprendidas por los servicios de radiodifusión televisiva y de radio o acerca de los mismos, así como por la prensa escrita y los medios de comunicación en línea para luchar contra la discriminación y promover la diversidad.

El papel de los medios de comunicación constituye un tema clave que es necesario abordar en el marco del Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008 (Año Europeo 2008)(3). Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en relación con el desarrollo de la demanda y la producción de contenidos de mayor diversidad cultural. Uno de los «debates de Bruselas» que se organizará como parte del Año Europeo 2008 se dedicará al papel de los medios de comunicación relativo a la promoción del diálogo intercultural.

 
 

(1)Special Eurobarometer 263 / Wave 65.4. http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?&page_id=342" .
(2)www.stop-discrimination.info.
(3)www.dialogue2008.eu.

 

Pregunta nº 69 formulada por Linda McAvan (H-1067/07)
 Asunto: Protección de los derechos de las personas discapacitadas en los viajes por mar
 

Dado el resultado de la consulta pública de 2006 sobre el refuerzo de la protección de los derechos de los pasajeros en los viajes por mar, ¿qué futuras medidas planea la Comisión en este ámbito?

En especial, ¿cuándo se propone la Comisión publicar una propuesta relativa a las compensaciones por las denegaciones de embarque y al acceso de las personas discapacitadas a los transbordadores, como ha hecho para el transporte aéreo y ferroviario? Se trata de una omisión notable del programa del trabajo para 2008 de la Comisión y de una fuente de preocupación para las personas discapacitadas a las que se les niega actualmente el acceso a los transbordadores.

 
  
 

La Comisión ha adoptado una política dirigida a establecer y reforzar los derechos de los pasajeros. De conformidad con tal política, la Comisión emprendió en 2007 una evaluación de impacto sobre el establecimiento de los derechos de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte marítimo. Sobre la base de este estudio, la Comisión está terminando actualmente una evaluación de impacto que examina las diferentes opciones con vistas a reforzar los derechos de los pasajeros que viajan en transbordadores y cruceros y, especialmente, los pasajeros con movilidad reducida.

En efecto, esta iniciativa no se recoge como tal en el programa de trabajo para 2008 de la Comisión, pero cabe recordar que tal programa de trabajo sólo se centra en las principales iniciativas estratégicas y prioritarias. No obstante, el programa de trabajo de la Dirección General de Energía y Transporte prevé la posibilidad de presentar una propuesta de este tipo en este ámbito.

La Comisión siempre ha manifestado un apoyo claro a los derechos de los pasajeros. El sector marítimo no es una excepción, tal como demuestra una de las propuestas relativas a los derechos de los pasajeros en el tercer paquete marítimo presentado por la Comisión en noviembre de 2005.

 

Pregunta nº 70 formulada por Adina-Ioana Vãlean (H-1069/07)
 Asunto: Evaluación de la aplicación de la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación
 

De conformidad con el artículo 39 de la Directiva 2004/38/CE(1) relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, a más tardar el 30 de abril de 2008, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la Directiva. En su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE (P6_TA(2007)0534), el Parlamento pide a la Comisión «que presente sin demora una evaluación exhaustiva de la aplicación de la Directiva 2004/38/CE y su correcta transposición por los Estados miembros en el Derecho interno, así como propuestas de conformidad con el artículo 39 de dicha Directiva». De conformidad con el documento de programación futura de la Comisión correspondiente a 2008 (http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm" ), la Comisión no publicará este informe hasta noviembre de 2008.

¿Puede indicar la Comisión por qué no publicará el informe dentro del plazo establecido en la Directiva, qué problemas han surgido y sobre quién recae la responsabilidad por este retraso?

¿Puede informar la Comisión al PE si contempla la posibilidad de ampliar el plazo durante el que los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias pueden residir en el territorio de los Estados miembros de acogida sin condiciones, como se establece en el artículo 39?

 
  
 

El control de la aplicación de la Directiva 2004/38/CE(2) constituye una de las principales prioridades de la Comisión. Entre junio de 2006 y febrero de 2007, se incoaron procedimientos de infracción contra 19 Estados miembros por no comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones de sus respectivas legislaciones nacionales adoptadas en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Actualmente permanecen abiertos once procedimientos de infracción y la Comisión decidió llevar a tres Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Por otra parte, la Comisión examina actualmente la conformidad de las medidas de transposición nacionales con la Directiva. En una fecha tan temprana como noviembre de 2006, la Comisión empezó a preparar una licitación para elaborar un estudio de conformidad de las medidas nacionales de aplicación de los Estados miembros que transponían la Directiva.

El contrato no se podía firmar con arreglo al fundamento jurídico de aplicación (Decisión 2007/252/CE del Consejo, de 19 de abril de 2007(3)) hasta que no se hubiese aprobado la decisión financiera ad hoc correspondiente sobre el programa de trabajo para 2007. A raíz del dictamen positivo del Comité de gestión (artículo 10 de la Decisión), la Comisión aprobó la decisión financiera el 8 de noviembre de 2007. El contrato se firmó el 13 de diciembre de 2007.

El contratista está obligado a remitir el informe final a la Comisión el 13 de agosto de 2008 a más tardar. Se prevé que el informe de la Comisión, que se elaborará sobre la base del informe del contratista, se publique en el segundo trimestre de 2008.

La Comisión no se encuentra actualmente en posición de indicar si propondrá alguna modificación a la Directiva en su informe.

 
 

(1)DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(2) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004.
(3)Decisión 2007/252/CE del Consejo, de 19 de abril de 2007, por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Derechos fundamentales y ciudadanía, integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia, DO L 110 de 27.4.2007.

 

Pregunta nº 71 formulada por Koenraad Dillen (H-0003/08)
 Asunto: Derechos de la mujer en Zambia
 

Oficialmente el Gobierno de Zambia se ha propuesto como objetivo el poder garantizar el acceso para todos a un tratamiento contra el VIH, para 2010 a más tardar.

En un informe reciente, la organización de derechos humanos Human Rights Watch describe de forma detallada las deficiencias del Gobierno de Zambia a la hora de garantizar a las mujeres un tratamiento contra el VIH. Son numerosos los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a un tratamiento adecuado, entre ellos la violencia de género, profundamente arraigada, y las discriminaciones inherentes al derecho de la propiedad y el derecho de divorcio. La conclusión de Human Rights Watch es clara: si el Gobierno de Zambia no introduce una legislación específica contra la violencia de género y no elimina las discriminaciones existentes en otros ámbitos del Derecho, las mujeres nunca tendrán pleno acceso a un tratamiento contra el VIH (informe de Human Rights Watch, «Hidden in the mealie meal: gender-based abuses and women's HIV treatment in Zambia», en Human Rights Watch, Zambia: abuses against women obstruct HIV treatment, 18 de diciembre de 2007).

¿Comparte la Comisión las conclusiones de Human Rights Watch? ¿Cuál es su enfoque de la cuestión? ¿No opina la Comisión que la concesión de ayuda al desarrollo debe supeditarse a los progresos realizados en este importante ámbito?

 
  
 

El informe de Human Rights Watch al que se refiere el diputado se ha revisado con interés en la Comisión. La revisión exhaustiva de la situación relativa al acceso de las mujeres a los tratamientos retrovirales y, específicamente, el análisis cualitativo efectuado sobre la base de una serie de entrevistas y debates en grupos de interés ofrece una información importante en relación con las repercusiones de los abusos de género cometidos en lo que se refiere al tratamiento contra el VIH contraído por mujeres. Se puede dar por sentado que los resultados son igualmente aplicables a otros países del África meridional y países en desarrollo en general.

Tal como se observa en el informe, en 2006 las mujeres suponían alrededor de un 57 % de la población infectada por el virus del VIH en Zambia (1,1 millones). Aunque se han realizado pruebas con más mujeres que hombres (15,3 % y 11,4 % respectivamente), y el 61 % de los que acceden al tratamiento contra el VIH son mujeres, el informe subraya correctamente la importancia de abordar el problema de la desigualdad de género y los abusos de género, que impiden la mejora del acceso al tratamiento contra el VIH por parte de las mujeres y, especialmente, para asegurar el mantenimiento óptimo del tratamiento contra el VIH dispensado a las mujeres.

La Comisión también se manifiesta preocupada por las notables diferencias existentes en el contagio del VIH especialmente entre las mujeres y los hombres jóvenes (en 2005 el 12,7 % y el 3,8 % respectivamente), que se produce debido a las enormes y persistentes diferencias entre los hombres y mujeres en Zambia, de las que son un fiel reflejo, ya que el país ocupa la 130ª posición entre un total de 144 países, con un índice de desarrollo en materia de género de un 0,383. La situación en Zambia también se caracteriza por la violencia generalizada contra las mujeres, incluidos los niños, las violaciones y las prácticas de intercambio de sexo por alimentos.

No obstante, cabe destacar los impresionantes progresos logrados por el Gobierno de Zambia y sus socios en la mejora del acceso al tratamiento del VIH, de sólo 1 483 personas en 2004 a más de 122 700 en septiembre de 2007. Por otra parte, el Gobierno ha emprendido diversas iniciativas para aprobar y aplicar actos legislativos y servicios que abordan el problema de los abusos sexuales, incluida la creación de unidades de apoyo a las víctimas y la construcción de refugios, así como la reciente modificación del Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación de los delitos sexuales, que ha conducido a la aplicación de un castigo más severo de este tipo de delitos.

Las conclusiones y recomendaciones del informe de Human Rights Watch corresponden en gran medida al concepto de la ayuda que se prevé destinar a Zambia en el contexto del X Fondo Europeo de Desarrollo. Desarrollo Humano/Salud constituirán capítulos esenciales para abordar la mejora del desarrollo humano en Zambia a través de un acceso seguro y reforzado a unos servicios sanitarios básicos de calidad, incluido el acceso equitativo a tales servicios, especialmente por parte de los niños y las mujeres y en las localidades desfavorecidas.

La Comisión trabaja en estrecha coordinación con los Estados miembros y otros donantes para prestar apoyo al V Plan de desarrollo nacional, en el que el género constituye un capítulo per se con vistas a eliminar los desequilibrios de género y lograr la igualdad de género y aparece también como elemento específico en el capítulo relativo a la salud. El Gobierno tiene previsto integrar plenamente la dimensión del género en el sistema de seguimiento y evaluación en materia de desarrollo humano, concretamente abordando los escasos resultados obtenidos en la reducción de la mortalidad maternal y la discriminación contra las mujeres en el acceso a la atención sanitaria, incluida la planificación familiar.

Las concretas y constructivas recomendaciones del informe de HRW ofrecen orientaciones valiosas para que el Gobierno pueda garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, los servicios que se prestan a éstas y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como para sustentar el diálogo político de la Comisión Europea con el Gobierno.

 

Pregunta nº 72 formulada por Nigel Farage (H-0004/08)
 Asunto: Aniversario/Gastos del período de reflexión
 

En 2006 y 2007 la Comisión gastó por sí sola muchos millones de euros fomentando el «debate sobre el futuro de Europa» en el marco de su «períodos de reflexión».

Haciendo una valoración retrospectiva, ¿podría la Comisión, por favor, indicar a qué iban destinados esos gastos y cuál fue su resultado?

 
  
 

En junio de 2005, el Consejo Europeo pidió un periodo de reflexión sobre la futura reforma institucional. En respuesta a este llamamiento, la Comisión aprobó el Plan D de democracia, diálogo y debate el 13 de octubre de 2005(1). Así, se pudieron experimentar los modos de reunir a las personas a escala local, nacional y transfronteriza y de ofrecerles los medios necesarios para debatir de forma informada acerca de cuestiones europeas. También se fomentaba la organización en los Estados miembros de un amplio debate público sobre el futuro de la Unión Europea en el que participasen los ciudadanos, la sociedad civil, los interlocutores sociales, los parlamentos nacionales y los partidos políticos, con el apoyo de las instituciones comunitarias. El eje principal del Plan D giraba en torno a una mejor función de escucha y explicación y al acercamiento local a los ciudadanos para que éstos participasen en las iniciativas. Por otra parte, el Plan D no consumió fondos adicionales. Las iniciativas se financiaron a través de la reorientación del presupuesto de la Dirección General de Comunicación para que las actuaciones de la Comisión fuesen más eficientes y estuviesen dirigidas en mayor medida a los ciudadanos.

Los principales vehículos de tales actuaciones fueron los proyectos transnacionales de los ciudadanos europeos cofinanciados por la Comisión. Tres proyectos se aplicaron a escala comunitaria(2)y otros tres en una parte de los Estados miembros(3). El objeto de tales proyectos era capacitar a la población, procedente de diferentes espacios públicos nacionales, a entablar contacto entre sí y con los responsables de la toma de decisiones. Por consiguiente, los proyectos exploraban diversos modos de combinar la comunicación virtual y presencial, así como las consultas de carácter deliberativo y la realización de encuestas de opinión a escala nacional y europea. En general, alrededor de 40 000 ciudadanos participaron físicamente en los seis proyectos transnacionales, que llegaron a alrededor de 1,5 millones de personas a través de Internet.

Además de estos proyectos, se celebraron foros de la ciudadanía en la mayoría de los Estados miembros. El foro «Debate Europe» se concibió como un debate en línea en el que los ciudadanos de la UE podían intercambiar sus puntos de vista y sus opiniones sobre una amplia gama de temas relativos a la UE. Desde su inicio en marzo de 2006, el foro recibió miles de contribuciones y más de 1,3 millones de opiniones. Ganó el premio «European eDemocracy» en 2006. Los centros de Europe Direct organizaron 3 672 actos regionales y locales con los ciudadanos. En mayo de 2006 se publicó una encuesta especial del Eurobarómetro sobre el futuro de Europa y algunas de las cuestiones tratadas se incluyeron en las encuestas normales del Eurobarómetro.

En noviembre de 2006, la Comisión decidió cofinanciar una serie de iniciativas regionales y locales de la sociedad civil dirigidas a los jóvenes y las mujeres, desarrollar una red de espacios públicos europeos en los Estados miembros y reinstaurar el debate en Internet, así como orientar mejor las encuestas del Eurobarómetro. Catorce Representaciones de la Comisión cofinancian en la actualidad una serie de proyectos locales de la sociedad civil que abarcan un amplio abanico de cuestiones entre las que se cuentan la inclusión de las mujeres, iniciativas dirigidas a una mejor comprensión del Mercado Único Europeo por parte de los jóvenes, la seguridad alimentaria y el cambio climático. En 2007, se puso en marcha un proyecto piloto titulado «espacios públicos europeos» en tres ciudades: Tallin, Dublín y Madrid. Tales espacios ofrecen información y documentación, albergan exposiciones, proyecciones de películas, debates, foros y conferencias, así como formación y seminarios sobre cuestiones europeas. Gracias a la utilización de dispositivos de teleconferencia multilingüe también pueden albergar debates transnacionales. El sitio web «Debate Europe» en Europa volvió a estar operativo a finales de enero de 2008. Es más fácil de usar y, por el momento, se centra en tres cuestiones principales: el futuro de Europa, energía y cambio climático y diálogo intercultural.

La función de escucha, un planteamiento de diálogo de ida y vuelta promovido por el Plan D, demostró ajustarse bien al periodo de reflexión de 2005-2007. Las encuestas del Eurobarómetro realizadas en la primavera y el otoño de 2007 demostraron la existencia de un apoyo notablemente superior de la población a la adhesión a la UE, una mayor percepción positiva de la UE y una confianza reforzada en sus instituciones. Aunque todo lo anterior depende también de otros factores, el planteamiento del Plan D es un modo útil de complementar el desarrollo de un espacio público europeo. Se trata de una forma de comunicación política que se adapta bien a la creación de una democracia multicultural y transfronteriza en Europa. Por consiguiente, se prevé que se convierta en un marco a largo plazo para la comunicación con los ciudadanos y la promoción de la democracia participativa sobre las cuestiones relativas a la UE.

 
 

(1)COM (2005) 494.
(2)Speak Up Europe (European Movement), Tomorrow's Europe (Notre Europe) y European Citizens' consultations (Fondation Roi Baudoin).
(3)Our Europe-Our Debate-Our Consultation (European House), Radio Web Europe (Cenasca) y Our Message to Europe (Deutsche Gesellschaft).

 

Pregunta nº 73 formulada por Vural Öger (H-0006/08)
 Asunto: 2008, Año europeo del diálogo intercultural
 

El año 2008 ha sido proclamado «Año Europeo del diálogo intercultural». En interés de Europa nos incumbe velar por el vasto patrimonio cultural y las diversas culturas que posee Europa. El diálogo que se preconiza desempeña una función cada vez más importante en la consolidación de la identidad europea, entre otros motivos, por el creciente número de lenguas, y orígenes étnicos y culturales que coexisten en Europa. Se movilizarán créditos por un importe de 10 millones de euros para financiar diversas iniciativas: campañas informativas y proyectos de cultura urbana, arte popular, migración e intercambios de iniciativa local.

Asimismo, el diálogo intercultural desempeña un papel muy importante de cara a posibles nuevas ampliaciones de la UE. ¿Existen en la actualidad programas concretos que fomenten el diálogo entre los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y otros futuros Estados miembros, como los países de los Balcanes Occidentales? ¿Qué nuevos impulsos ayudarán a fomentar las relaciones entre los ciudadanos de los futuros países de adhesión y los de la UE?

 
  
 

Como parte del Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008, el diálogo intercultural se integra como prioridad horizontal y transectorial en las políticas, programas y acciones comunitarias correspondientes. Este objetivo se ha incorporado tanto a programas relativos a la cultura, la educación, la juventud y la ciudadanía como en muchos otros ámbitos como el empleo, los asuntos sociales, la igualdad de oportunidades, las relaciones exteriores y la ayuda al desarrollo.

La Comisión apoya actualmente a una serie de programas dirigidos a promover el diálogo entre los Estados miembros de la UE y los países candidatos y posibles candidatos, incluidos los países de los Balcanes Occidentales. Además de los esfuerzos realizados en materia de negociación de acuerdos para lograr la exención de visados, se asignan unos fondos considerables al apoyo de la cooperación en materia de educación y las oportunidades de movilidad para los estudiantes de los Balcanes Occidentales(1):

En el marco del programa Tempus, se ha destinado un importe de 20 millones de euros anuales a la cooperación entre instituciones académicas de los Balcanes Occidentales y los Estados miembros de la UE en el ámbito de la educación superior.

Además de las posibilidades que se ofrecen a los estudiantes de terceros países en el marco del programa Erasmus Mundus, la Comisión ha estado ofreciendo a través del instrumento de preadhesión un número considerable de becas para estudiantes de los Balcanes Occidentales. Concretamente, se han destinado 4 millones de euros anualmente desde 2006 a becas para estudiantes que siguen un curso de postgrado en el marco del programa Erasmus Mundus para el curso académico 2007-2008 («ventana de los Balcanes Occidentales») y otros 6 millones de euros más desde 2007 para becas a estudiantes y personal docente a todos los niveles para el curso académico 2008-2009 («ventana de cooperación exterior Erasmus Mundus»). Por otra parte, actualmente se examina la posibilidad de aumentar en mayor medida los importes asignados y el correspondiente número de becas concedidas.

En el marco del programa «Juventud en acción», se han destinado ayudas adicionales del instrumento de preadhesión (un millón de euros en 2007 y 1,5 millones de euros previstos en 2008) para ampliar las posibilidades de los intercambios de jóvenes y la realización de proyectos transnacionales entre los jóvenes y las organizaciones juveniles en los Balcanes Occidentales y con los Estados miembros de la UE, lo que contribuiría a promover el diálogo interétnico e interreligioso.

El diálogo intercultural también se promueve a través del programa Cultura, que estimula la cooperación y los intercambios culturales con vistas a fomentar la diversidad cultural y lingüística en Europa y mejorar el conocimiento entre los ciudadanos de Europa de las culturas europeas diferentes de la propia. El programa Cultura está abierto a todos los países candidatos y posibles candidatos. Los países candidatos (Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía) y Serbia ya participan en el programa Cultura. Los países candidatos y posibles candidatos también pueden participar en el Programa «Europa con los ciudadanos». Croacia ya participa en este programa y actualmente se prepara la participación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y de Albania.

Tal como se anunciaba en el Documento estratégico sobre la ampliación de 2007(2), este año se creará un nuevo instrumento para promover el desarrollo de la sociedad civil y el diálogo. Este nuevo instrumento en favor de la sociedad civil tiene por objeto contribuir a instaurar sociedades democráticas en los países candidatos y posibles candidatos a través del refuerzo de los órganos de la sociedad civil y su papel en el proceso político. El instrumento abarcará tres ámbitos de intervención:

Apoyo a las iniciativas de la sociedad civil a escala social y desarrollo de capacidad y refuerzo del papel de la sociedad;

Programas para acercar a los periodistas, jóvenes políticos, líderes de sindicatos, profesores, etc. a las instituciones europeas (programas de contacto entre ciudadanos);

Apoyo al desarrollo de asociaciones y de redes entre las organizaciones de la sociedad civil en los países beneficiarios, empresas, sindicatos y otros interlocutores sociales y organizaciones profesionales, y sus homólogos en la UE, para promover las transferencias de conocimientos y experiencia.

El apoyo en general a la sociedad civil en los Balcanes Occidentales a través del Instrumento de Preadhesión (IPA) aumentará sustancialmente y alcanzará un importe estimado en más de 90 millones de euros para el periodo 2008-2010, lo que supone tres veces más con respecto a 2005-2007. La ayuda ofrecida a la sociedad civil en el marco del IPA complementa el apoyo proporcionado a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)(3).

El diálogo intercultural también recibe el apoyo de proyectos sobre el patrimonio natural y cultural, así como el componente de la cooperación transfronteriza de los programas IPA, que incluyen proyectos sobre contactos entre ciudadanos y otras actividades interculturales.

 
 

(1)Turquía no es uno de estos países, ya que ha participado plenamente en el programa Sócrates y participará también plenamente en el programa de aprendizaje permanente a partir de 2007.
(2)«Estrategia y desafíos principales de la ampliación 2007-2008», COM(2007) 663, 6.11.2007.
(3)La ayuda con cargo al IEDDH destinada a los Balcanes Occidentales (en el seno del régimen CBSS —Country Based Support Scheme—) ascendió a 9 millones de euros para el periodo 2005-2007. Para 2008 se prevé que el IEDDH para los Balcanes Occidentales ascienda a 5,7 millones de euros.

 

Pregunta nº 74 formulada por Eoin Ryan (H-0012/08)
 Asunto: Campañas de concienciación sobre la droga en Europa
 

¿Puede indicar la Comisión Europea si tiene intención de presentar nuevos programas de información y concienciación que expongan claramente los peligros del uso de drogas ilícitas en Europa?

 
  
 

La Comisión no lleva a cabo campañas de sensibilización sobre el uso de las drogas en Europa. Tales campañas entran en el ámbito de competencias de los Estados miembros y reciben financiación de fuentes nacionales, regionales o locales.

No obstante, la Comisión continuará financiando proyectos de prevención del consumo de estupefacientes a través del segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013)(1).

Asimismo, la Comisión financiará proyectos de prevención del consumo de drogas a través de un nuevo programa específico Información y prevención en materia de drogas, en el marco del programa general Derechos fundamentales y justicia 2007-2013(2).

Mientras que el Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 2008-2013 promueve la salud a través de acciones sobre factores determinantes del estado de salud como las drogas, el principal objetivo del programa Información y prevención en materia de drogas es ofrecer mayor información y prevención sobre el uso de drogas, la reducción de la dependencia de las drogas y los daños que ocasiona el consumo de drogas, así como apoyar la aplicación de la Estrategia comunitaria en materia de drogas. Los grupos destinatarios de las actividades del programa son todos los que podrían estar afectados por las consecuencias del consumo de drogas. El programa está abierto a las instituciones y las organizaciones públicas o privadas que trabajan en el ámbito de la información y la prevención del consumo de drogas y los daños que ocasiona tal consumo.

 
 

(1)Decisión 1350/2007/CE.
(2)Decisión 1150/2007/CE.

 

Pregunta nº 75 formulada por Liam Aylward (H-0014/08)
 Asunto: Apoyo de la UE a programas culturales en Europa
 

¿Puede indicar la Comisión Europea si tiene intención de presentar nuevos programas para la promoción de las distintas diversidades culturales existentes en Europa y explicar la naturaleza de tales programas?

 
  
 

Con arreglo al Tratado CE (artículo 151), la Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.

Ciertamente, la Comisión es una institución muy activa en la promoción de la diversidad cultural e integra este importante activo en muchas de sus actividades y programas.

El diálogo intercultural es uno de los tres objetivos del programa Cultura (2007-2013), lo que significa que los proyectos que apoya este programa tienen una dimensión intercultural importante. Los otros dos objetivos son la movilidad de los actores culturales y de las obras de arte y de carácter cultural.

Por otra parte, 2008 es el Año Europeo del Diálogo Intercultural. La Comisión tiene previsto prestar apoyo a muchos proyectos específicamente dirigidos a la promoción del diálogo intercultural. También se prevé la puesta en marcha de muchas otras actividades en este contexto a lo largo del año con vistas a poner de relieve la riqueza de la diversidad cultural europea.

Por otra parte, en el marco de un régimen piloto para la movilidad de los artistas votado por el Parlamento, la Comisión emprenderá un estudio de viabilidad en este año para elaborar un programa integral destinado a poner en marcha un amplio sistema europeo de información acerca de los diferentes aspectos de la movilidad en el sector cultural. También publicará una convocatoria de propuestas con objeto de financiar estructuras de creación de redes de apoyo a la movilidad a escala nacional para desarrollar intercambios de buenas prácticas.

Todas estas actividades servirán de base a la reflexión de la Comisión a medio plazo con vistas a preparar la próxima generación de programas en el ámbito de la educación y la cultura para el periodo posterior a 2013, en el que la diversidad cultural continuará ocupando un lugar destacado.

 

Pregunta nº 76 formulada por Philip Claeys (H-0015/08)
 Asunto: Sacrificio de animales sin anestesia
 

Según noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, se estaría preparando una normativa europea que permitiría el sacrificio de animales sin anestesia.

¿Podría confirmar la Comisión si estas noticias son veraces? En caso afirmativo, ¿cuáles son las razones para promulgar semejante normativa? ¿Quién ha tomado la iniciativa en este sentido y qué organismos han sido consultados? ¿No se permite con semejante normativa el maltrato grave de los animales?

 
  
 

Actualmente, las disposiciones de la Directiva 93/119/CE permiten prescindir de la anestesia cuando se efectúan sacrificios religiosos en mataderos. Lo anterior se ajusta al Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales (1) anejo al Tratado CE, que insiste en el respeto de los ritos religiosos en el contexto de la consideración de los requisitos en materia de bienestar de los animales. Por otra parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra la libertad religiosa (artículo 10).

Como la libertad religiosa, incluida la libertad de manifestar la religión o las convicciones a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos, forma parte de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la UE, la Comisión no tiene intención de cuestionar este derecho en el marco de la revisión de la Directiva. Asimismo, la Comisión no tiene previsto ampliar esta excepción a la anestesia anterior al sacrificio.

En relación con la elaboración de una nueva propuesta legislativa comunitaria sobre la protección de los animales en el momento del sacrificio o la matanza, la Comisión confirma que en 2006 inició el proceso de revisión de la Directiva 93/119/CE(2). El posible contenido de las nuevas disposiciones en este ámbito se ha debatido ampliamente con los interesados y la Comisión tiene previsto presentar un proyecto de propuesta en julio de 2008.

La Comisión tiene intención de desarrollar medidas sobre el bienestar de los animales para garantizar que, independientemente del tipo de sacrificio, los animales no sean sometidos a un dolor o sufrimiento innecesarios.

En concreto, se examinarán nuevas medidas reforzadas para promover la formación del personal empleado en los mataderos y también para mejorar el diseño de los dispositivos de inmovilización de los animales.

 
 

(1)DO C 340 de 10.11.1997.
(2)DO L 340 de 31.12.1993.

 

Pregunta nº 77 formulada por Manolis Mavrommatis (H-0016/08)
 Asunto: Turismo médico en la UE
 

En la Europa de los 27 existen importantes diferencias en el coste de las consultas médicas. En concreto, en el sector de la odontología, un empaste, por ejemplo, cuesta 156 euros en Gran Bretaña, y el mismo servicio se presta por 8 euros en Hungría. En efecto, se observa la paradoja de que cuanto más gasta el Estado miembro en subvenciones a los sistemas de salud, más elevado es el coste final de los servicios a los ciudadanos. Recientemente, la Comisión anunció que publicará un manual al respecto, con los medios recomendados de apertura de las fronteras de los Estados miembros para que todos los ciudadanos de los 27 Estados miembros se puedan beneficiar de los precios más bajos por prestación de servicios médicos que, en su caso, puedan encontrar en un Estado miembro vecino.

¿Puede indicar la Comisión a qué propuestas concretas ha dado lugar este proyecto y cuáles serán las repercusiones correspondientes en los sistemas de seguridad social de los Estados miembros? ¿Ha estudiado la Comisión el coste total (transporte hasta el país vecino y coste de la atención) para los ciudadanos que prefieran el turismo médico para su tratamiento?

 
  
 

La organización del sector de la atención sanitaria es competencia de cada Estado miembro. No obstante, los Estados miembros pueden beneficiarse de la cooperación y la comparación de servicios a escala comunitaria.

Actualmente la Comisión prepara una iniciativa en relación con la aplicación de los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza. Tan pronto como la Comisión haya finalizado tal iniciativa, presentará de forma detallada los efectos previstos para todos los interesados.

La Comisión ha estimado que la atención sanitaria transfronteriza representa alrededor del 1 % del gasto público en el sector sanitario. Se prevé que los costes de la atención sanitaria transfronteriza para los sistemas nacionales de salud sigan siendo muy contenidos.

 

Pregunta nº 78 formulada por Carl Schlyter (H-0019/08)
 Asunto: Utilización de glutaraldehído en el mar Báltico
 

La empresa encargada de la construcción de un gaseoducto bajo el mar Báltico bombeará miles de millones de litros de agua contaminada frente a las costas de Gotska Sandö, una de las reservas naturales más preciadas de Suecia. El producto químico de limpieza que utilizará es el glutaraldehído, clasificado como R50, es decir, muy tóxico para los organismos que viven en el agua, lo que podría tener repercusiones sobre extensas regiones del mar Báltico. La Kemikaleinspektionen (autoridad sueca de control de los productos químicos), por regla general, responsable de este tipo de cuestiones, debería haber rechazado, en condiciones normales, la solicitud presentada.

No obstante, será el gobierno el que decida. ¿Podría indicar la Comisión si el Gobierno sueco está obligado de alguna manera a recabar el punto de vista de los demás países ribereños del mar Báltico? ¿Podría indicar si una autorización sería conforme a la legislación de la UE? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones?

 
  
 

La Comisión tiene noticia del proyecto de construcción de un gasoducto bajo el mar Báltico conocido como el proyecto «Nord Stream». En efecto, tal proyecto se incluye en la lista de proyectos prioritarios de la Decisión nº 1364/2006/CE del Parlamento y del Consejo de 6 de septiembre de 2006(1), como «gasoducto del Norte de Europa». El artículo 13 de la Decisión establece que antes de adoptar la decisión de realizar los proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria aplicable, se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental, siempre que la legislación comunitaria correspondiente exija dichas evaluaciones.

Actualmente se está llevando a cabo una evaluación de impacto ambiental con arreglo al Convenio de Espoo (Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo), cuya finalización está prevista para finales de 2008. Por otra parte, las autoridades competentes de los Estados miembros concernidos deberán tratar y evaluar cuestiones análogas relativas al medio ambiente en el marco del Convenio. Cabe destacar que las consultas con otros países, partes contratantes del Convenio de Espoo, también constituyen una parte importante de este proceso.

En relación con la cuestión específica sobre la que versa la pregunta del diputado, parece ser que el glutaraldehído se utilizará en pruebas de presión del gasoducto y del oleoducto como biocida para impedir la proliferación de las bacterias responsables de la corrosión. Este uso de glutaraldehído quedará cubierto por la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas(2) y se incluirá en el tipo de producto 12 (productos antimoho), que recoge los productos empleados para la prevención o el control de la proliferación de mohos sobre los materiales, equipos y estructuras utilizados en procesos industriales.

El glutaraldehído como tipo de producto 12 deberá examinarse con arreglo al programa de revisión decenal establecido por la Directiva 98/8/CE para la evaluación de las sustancias utilizadas en productos biocidas que se comercializaban en el momento de la entrada en vigor de la Directiva. Hasta que no se conozcan los resultados de la evaluación, los productos biocidas que contengan glutaraldehído y se utilicen como tipo de producto 12 pueden seguir comercializándose y los Estados miembros podrán seguir aplicando sus normas nacionales en relación con la comercialización de productos biocidas.

La Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE(3) tiene por objeto proteger las aguas interiores y costeras contra la contaminación. Uno de sus objetivos es la obligación de evitar el deterioro del estado ecológico de las masas de agua. Para autorizar cualquier actividad como la descrita en la pregunta del diputado, los Estados miembros deberían garantizar que se respetan los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y que se evita cualquier tipo de deterioro del estado de las masas de agua.

En lo que respecta a la protección de la naturaleza, el sitio en cuestión parece estar relacionado con el lugar de importancia comunitaria (lugar Natura 2000) Gotska Sandön-Salvorev. Este lugar se encuentra en el extremo nororiental de la Isla de Gotland y se ha designado fundamentalmente con vistas a la protección de los bancos de arena submarinos que alberga. La superficie total de la zona es de 60 500 ha. El lugar también es una zona de concentración de focas grises, protegidas con arreglo a la Directiva sobre hábitats(4). Las normas de protección de los lugares designados como lugares de importancia comunitaria de conformidad con la Directiva sobre hábitats se establecen en el artículo 6 de dicha Directiva. Este régimen de protección establece, entre otras cuestiones, que las repercusiones de los proyectos que puedan tener un impacto importante en una zona de Natura 2000 deben evaluarse adecuadamente y que tales proyectos sólo pueden aprobarse en determinadas condiciones. Si el proyecto de construcción del gasoducto mencionado en la pregunta puede tener repercusiones importantes en la zona Natura 2000 mencionada anteriormente, corresponderá a las autoridades suecas competentes cerciorarse de que se respetan las disposiciones citadas. Esto significa que tales autoridades deben velar por que se haga una evaluación adecuada del impacto del proyecto en la zona protegida antes de conceder su autorización.

 
 

(1)DO L 262 de 22.9.2006.
(2)DO L 123 de 24.4.1998.
(3)DO L 327 de 22.12.2000.
(4)Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.

 

Pregunta nº 79 formulada por Georgios Toussas (H-0020/08)
 Asunto: Ataque de las fuerzas especiales de represión contra los trabajadores portuarios en huelga
 

Por orden del Gobierno de Nueva Democracia, las autoridades del puerto del Pireo (OLP) y de Salónica (OLT) decidieron de manera arbitraria e inadmisible ceder las estaciones de contenedores (SEMPO) del Pireo y Salónica, mediante contratos poco legales, a grupos de empresas monopolísticas en el preciso momento en el que se producían ataques de las fuerzas especiales de represión de la policía y del puerto, con sustancias químicas, contra los trabajadores portuarios en huelga. La concesión de los puertos a grupos monopolísticos repercutirá negativamente en las importaciones y las exportaciones de productos y, en términos generales, irá en detrimento de los trabajadores. Los trabajadores aeroportuarios han rechazado esta política con importantes movimientos de huelga en los Estados miembros de la UE.

¿Condena la Comisión la decisión del Gobierno y la intervención, por orden suya, de las fuerzas especiales de represión de la policía y del puerto contra los huelguistas? ¿Piensa continuar con la publicación de las licitaciones sabiendo que los trabajadores portuarios se oponen firmemente a ello?

 
  
 

El artículo 33 del Tratado establece que las responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior incumben a los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión no puede examinar las presuntas violaciones de los derechos fundamentales que no estén relacionadas de algún modo con la legislación comunitaria.

Si se han vulnerado los derechos fundamentales de las supuestas víctimas en el caso en cuestión, éstas podrían usar las vías de recurso nacionales y dirigirse a las autoridades competentes, incluida la inspección de policía y los órganos jurisdiccionales nacionales. Por otra parte, toda persona que considere que se han vulnerado sus derechos humanos puede presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, con arreglo a las condiciones recogidas en el Convenio (Consejo de Europa, 6075 Estrasburgo-Cedex, Francia(1)).

 
 

(1)http://www.echr.coe.int/ECHR" .

 

Pregunta nº 80 formulada por James Nicholson (H-0022/08)
 Asunto: Confiscación de los líquidos comprados en las tiendas libres de impuestos
 

¿Sabe la Comisión que a muchos pasajeros que desembarcan de vuelos procedentes de terceros países y efectúan transferencia en aeropuertos comunitarios o del EEE les confiscan los líquidos comprados en las tiendas libres de impuestos? ¿Cree la Comisión que el Reglamento (CE) n° 915/2007(1), de 31 de julio de 2007, que tiene por objeto resolver este problema, se está aplicando adecuadamente y con la rapidez necesaria?

 
  
 

El objeto del Reglamento (CE) nº 1546/2006 de la Comisión(2) consiste en abordar la amenaza que los explosivos líquidos de fabricación casera representan para la aviación civil. Así, prohíbe a los pasajeros en vuelos con salida desde aeropuertos comunitarios llevar líquidos en su equipaje de mano en cantidades individuales superiores a 100 ml.

No obstante, se ha hecho una excepción con los líquidos vendidos en las tiendas de los aeropuertos y a bordo de los aviones que cumplen una serie de condiciones de seguridad, incluido el sistema de bolsas a prueba de manipulación.

Como la legislación comunitaria no se aplica en terceros países, no se puede dar por supuesto que los aeropuertos de terceros países o las compañías aéreas no comunitarias apliquen requisitos de seguridad equivalente a los aplicados en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Por consiguiente, tales aeropuertos y aerolíneas no pueden beneficiarse automáticamente de la excepción mencionada.

No obstante, la Comisión ha desarrollado, en el Reglamento (CE) nº 915/2007 de la Comisión(3), un medio para establecer la equivalencia de las medidas de seguridad para los líquidos que se venden en los aeropuertos de terceros países, en cuyo caso se podría hacer una excepción.

Todos los aeropuertos de terceros países se pueden acoger a esta posibilidad y la Comisión ha recibido solicitudes de diferentes terceros países.

Hasta la fecha, sólo un país, Singapur, ha satisfecho los requisitos de la Comisión en materia de equivalencia de las disposiciones de seguridad en su aeropuerto con las aplicables en la Unión Europea con arreglo al Reglamento (CE) nº 915/2007. Por consiguiente, los líquidos comprados en Singapur no se confiscan en los controles de seguridad de los aeropuertos comunitarios siempre que el líquido esté dentro de una bolsa a prueba de manipulación y dotado del correspondiente comprobante de compra en las tiendas del aeropuerto de Singapur en las anteriores treinta y seis horas.

Tanto el proceso de concesión de equivalencia de las medidas de seguridad en aeropuertos de terceros países como la voluntad de solicitar tal concesión se encuentran determinados en gran medida por el tercer país en cuestión. Para que se conceda la equivalencia los terceros países deben demostrar que sus normas de seguridad son equivalentes a las normas comunitarias, lo que incluye el análisis de la legislación nacional y otro tipo de información pertinente. Además, los países en cuestión deben aplicar las directrices sobre controles de seguridad recomendadas por la Organización de la Aviación Civil Internacional en relación con la revisión de líquidos, geles y aerosoles y la utilización de bolsas a prueba de manipulación para los líquidos vendidos en sus respectivos aeropuertos. Tras el análisis de este tipo de información, la Comisión puede también completar el examen a través de una inspección.

Aunque muchos terceros países han expresado su interés por que sus aeropuertos se añadan a la lista de aeropuertos autorizados, pocos han ofrecido la información necesaria o, en algunos casos, lamentablemente no han impuesto el uso de bolsas a prueba de manipulación en las tiendas de sus aeropuertos.

 
 

(1)DO L 200 de 1.8.2007, p. 3.
(2)DO L 286 de 17.10.2006.
(3)DO L 200 de 1.8.2007.

 

Pregunta nº 81 formulada por Marian Harkin (H-0025/08)
 Asunto: Directiva 2000/60/CE sobre el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas - artículo 9, apartado 4
 

¿Podría explicar la Comisión el significado exacto de la expresión «prácticas establecidas» e indicar todo calendario o situación especial que pudieran aplicarse en el contexto del párrafo «los Estados miembros no incumplirán la presente Directiva si deciden no aplicar, de acuerdo con prácticas establecidas, las disposiciones de la segunda frase del apartado 1 y, a tal fin, las disposiciones correspondientes del apartado 2, para una determinada actividad de uso de agua, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la presente Directiva. Los Estados miembros informarán en los planes hidrológicos de cuenca de los motivos por los que no han aplicado plenamente la segunda frase del apartado 1»(1).

¿Podría confirmar la Comisión que, si la práctica establecida consiste en que ciertos sectores, por ejemplo escuelas, centros municipales y otros usuarios, no abonen el canon por suministro de agua, éstos estarán sujetos al artículo 9, apartado 4, y que, por consiguiente, no habría por qué aplicar necesariamente a esos usuarios las disposiciones de la segunda frase del apartado 1 ni las disposiciones pertinentes del apartado 2 para un determinado uso del agua?

En caso de que no fuera así, ¿podría explicar la Comisión por qué no e indicar cuál es la legislación pertinente aplicable a esos sectores?

 
  
 

La Directiva marco sobre el agua(2) permite que una actividad de uso de agua determinada quede exenta del canon por suministro de agua de acuerdo con «prácticas establecidas», es decir, prácticas que ya existían en virtud de la legislación nacional en el momento en que se aprobó la Directiva (2000). Por consiguiente, no permite nuevas excepciones para usos de agua específicos. Según las autoridades irlandesas, sólo las residencias particulares estaban exentas de abonar cánones por suministro de agua en el momento en que se aprobó la Directiva.

También cabe destacar que existen otras condiciones aplicables a una posible excepción con arreglo al artículo 9, apartado 4. Los Estados miembros deben garantizar que no se comprometen los fines ni el logro de los objetivos de la Directiva e informar en los planes hidrológicos de cuenca de los motivos por los que no han aplicado plenamente el principio de la recuperación de los costes.

Una adecuada tarificación del agua constituye uno de los principales instrumentos necesarios para incentivar un uso eficiente de los recursos hídricos. El principal objeto de la tarificación del agua con arreglo a la Directiva marco es, por consiguiente, no tanto procurar ingresos cuanto incentivar mediante la tarificación un uso responsable de un recurso susceptible de agotarse cuyo suministro requiere una cara infraestructura y que puede resultar necesario para preservar la diversidad biológica y proteger otros importantes recursos, como la pesca.

El abono de cánones por suministro de agua basado en contadores, como ocurre con la electricidad o cualquier otro servicio básico, es perfectamente coherente con la política de aguas de la UE. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno irlandés de cobrar un canon por suministro de agua se ajusta a la Directiva marco sobre el agua. Por otra parte, aunque la decisión sobre los mecanismos de financiación de las escuelas entra dentro del ámbito de actividades de las autoridades irlandesas, la Directiva no impide la elaboración de disposiciones que permitan a las escuelas irlandesas cubrir sus costes de funcionamiento básicos, incluida el agua. Por consiguiente, no existe inconveniente en que se concedan subvenciones globales o subvenciones a tanto alzado por alumno. Esta combinación de abono de cánones por suministro de agua y subvenciones fijas permitirá a las escuelas cubrir los costes del suministro de agua al tiempo que supone un incentivo para ahorrar agua.

 
 

(1)Directiva 2000/60/CE - DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
(2)Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000.

 

Pregunta nº 82 formulada por Petru Filip (H-0026/08)
 Asunto: Acuerdo sobre el proyecto South Stream firmado por Bulgaria con la Federación de Rusia y posición de principio de la Comisión
 

Con ocasión de la reciente firma entre Bulgaria y la Federación de Rusia del acuerdo sobre el proyecto South Stream (y, al mismo tiempo, de un acuerdo por un valor de 4 000 millones de euros para la construcción de la central nuclear de Belene por la empresa rusa Atomstroiexport, lo que constituye una novedad en el territorio de la Unión Europea), el Presidente Putin no dudó en aludir, en una declaración a la prensa, a la compensación política que pretende Rusia. Según sus palabras, lo más importante para Rusia es que Bulgaria no lleve a cabo una política de defensa supeditada a las necesidades de seguridad de otros países y que sus nuevas obligaciones como miembro de la OTAN no supongan un obstáculo para la ampliación de sus relaciones con Rusia. En este contexto, la reacción de Andris Piebalgs, Comisario de Energía (a través de su portavoz, Ferran Tarradellas), ante el intento de la Federación de Rusia de convertirse (según Vladimir Socor, analista de la Fundación Jamestown) en el gestor político del sistema de suministro de gas de Europa, no ofrece el menor indicio sobre los efectos que prevé la Comisión tras la firma de este acuerdo.

Habida cuenta de las importantes consecuencias en las políticas energéticas europeas y de los efectos geoestratégicos regionales, ¿cómo se propone la Comisión redefinir su posición? En caso de que deban preverse cambios, ¿cuáles son los principios básicos a los cuales no está dispuesta a renunciar la Comisión?

 
  
 

La cuestión a la que alude el diputado es la necesidad de que la Unión Europea hable con una sola voz en relación con los temas del suministro exterior de energía. La Comisión está trabajando en todos los aspectos de la política energética exterior que entran dentro de su mandato actual y también en el logro de un planteamiento coherente que defina los posibles instrumentos que se podrían utilizar, que prevé anunciar con mayor detalle este año. La seguridad a medio plazo del suministro energético en la UE, así como la situación geopolítica internacional que afecta al suministro de energía es causa de preocupación común para todos los Estados miembros y requiere la definición de un concepto europeo común de seguridad del abastecimiento, a la luz de los aspectos que se indican a continuación.

En primer lugar, los Estados miembros de la Unión Europea tienen derecho a decidir entre diferentes fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético. No obstante, en el contexto del aumento de la importancia de las importaciones en la combinación energética de la UE y la necesidad de adoptar un planteamiento más coherente y específico en relación con la seguridad exterior de la energía, el Consejo Europeo de marzo de 2007 reconoció la importancia del desarrollo de un enfoque político exterior común de apoyo a los objetivos de la política energética.

En segundo lugar, en relación con los proyectos de infraestructuras más importantes, es fundamental entablar un debate concreto en el seno de la UE sobre el interés colectivo, con vistas a identificar las prioridades comunes existentes y promover una mayor coordinación entre las políticas de los Estados miembros. Lo anterior ya se ha materializado en el programa de redes transeuropeas de la energía (RTE-E), que permite el establecimiento de proyectos prioritarios europeos. Tal debate debería contribuir a una mejor comprensión de las repercusiones del gasoducto South Stream en los intereses de la UE y la seguridad del abastecimiento.

En tercer lugar, cabe destacar la importancia de que los Estados miembros intercambien información de forma oportuna con la Comisión y entre sí acerca de los proyectos bilaterales que tienen repercusiones para la seguridad del abastecimiento energético en la UE.

 

Pregunta nº 83 formulada por Mikel Irujo Amezaga (H-0027/08)
 Asunto: Sentencia Azores
 

El 6 de septiembre de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sentenciaba sobre el asunto C−88/03, conocido como asunto «Azores». En la sentencia, el TJCE se refiere al marco de referencia que hay que tomar en cuenta a la hora de determinar si una ayuda es ilegal, y adelanta que no siempre coincide con el territorio del Estado miembro. Aún teniendo este precedente jurisprudencial, la Comisión Europea insiste en sus Decisiones en tomar como marco de referencia el Estado miembro, sin tener en cuenta las especificidades de las regiones y sus autonomías fiscales.

¿Puede confirmar la Comisión que mantiene la tesis de que ninguna región puede disponer de su propio marco de referencia? En caso afirmativo, ¿se da cuenta la Comisión de que con esta actitud promueve el independentismo?

 
  
 

En la sentencia a la que se refiere el diputado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicaba las circunstancias específicas en las que el ejercicio de las competencias fiscales de un gobierno regional o autónomo no constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

Desde la sentencia en el asunto «Azores» la Comisión no ha adoptado ninguna decisión relativa a la cuestión de la selectividad regional. Evidentemente, la Comisión aplicará la interpretación del artículo 87 ofrecida por el Tribunal.

La Comisión desea llamar la atención del diputado sobre el hecho de que el papel de la Comisión consiste en garantizar la correcta aplicación de las normas sobre ayudas estatales. En este sentido, debe comprobar, a la luz de la jurisprudencia existente, que el ejercicio de la autonomía fiscal por parte de las autoridades regionales cumple los criterios establecidos por el Tribunal y no se utiliza para evitar la correcta aplicación de las normas sobre ayudas estatales.

 

Pregunta nº 84 formulada por Bogus³aw Sonik (H-0030/08)
 Asunto: Reglamentación sobre reducción de molestias olfativas en la UE
 

La influencia negativa de las sustancias aromáticas sobre el entorno y las personas es un aspecto cada vez más presente en las quejas planteadas por los ciudadanos de la UE. Algunos Estados miembros, como por ejemplo Bélgica, Países Bajos y Alemania ya han puesto a prueba una reglamentación inequívoca en relación con las molestias olfativas. No obstante, otros se abstienen de adoptar medidas similares alegando la falta de soluciones adecuadas a nivel comunitario.

¿Piensa la Comisión adoptar alguna iniciativa en materia de reglamentación a escala de la Unión de los niveles de calidad aromática del aire o bien regular de algún otro modo la reducción de las molestias olfativas? En caso afirmativo, ¿en qué fase se encuentran los trabajos destinados a introducir estas medidas y para cuándo se prevé hacerlo?

 
  
 

Las sustancias aromáticas que se emiten a la atmósfera no se reglamentan de forma específica a escala comunitaria y la Comisión no tiene intención de proponer la introducción de normas de calidad a este respecto. Las medidas específicas en materia de sustancias aromáticas, por consiguiente, siguen siendo competencia de los Estados miembros. No obstante, cuando surgen molestias olfativas por el funcionamiento de determinadas instalaciones industriales, tales molestias entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(1). Las actividades industriales que recoge la Directiva incluyen, entre otras cosas, la producción de sustancias y preparados químicos a escala industrial, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales en caso de que éstas se asocien a las actividades recogidas en la Directiva.

De conformidad con esta Directiva, las autoridades competentes deben expedir para cada instalación un permiso que incluya valores límite de emisión o parámetros y medidas técnicas equivalentes basados en las mejores técnicas disponibles, tomando en consideración las características técnicas de la instalación de que se trate, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.

El impacto medioambiental de las instalaciones a las que se refiere la Directiva se deben controlar en los permisos expedidos, por ejemplo las emisiones al aire, las expulsiones al agua, la generación de residuos, el uso eficiente de la energía y la protección del suelo. También se deben adoptar las medidas adecuadas para resolver las molestias olfativas que se puedan derivar del funcionamiento de determinadas instalaciones y, por ejemplo, el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles en los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico especifica las mejores técnicas que se pueden utilizar para la reducción de las emisiones de sustancias aromáticas.

Los olores derivados del tratamiento de los residuos se regulan en el artículo 4 de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa a los residuos, que establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores(2). Por otra pare, el anexo I a la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos(3), establece que se tomarán medidas para reducir al mínimo las molestias y riesgos procedentes de los vertederos en forma de emisión de olores.

 
 

(1)DO L 257 de 10.10.1996.
(2)DO L 114 de 27.4.2006.
(3)DO L 182 de 16.7.1999.

 

Pregunta nº 85 formulada por Bill Newton Dunn (H-0032/08)
 Asunto: Symmetry
 

La Comisión ha anunciado reiteradamente un nuevo sistema informático denominado Symmetry (SYstem for the Management and Monitoring of Education, TRaining, Youth —sistema de gestión y seguimiento de los programas de educación, formación, juventud, cultura y otros programas de la DG de Educación y Cultura—) destinado a sustituir al actual sistema Appfin. A pesar de que se lleva desarrollando desde hace siete años, su puesta en práctica se ha vuelto a aplazar.

Por lo tanto surgen muchas preguntas. ¿Cuánto dinero se ha gastado hasta la fecha? ¿Cuál va a ser su coste operativo anual en comparación con el de Appfin? ¿Quiénes son los contratistas? ¿Cómo se les seleccionó? ¿Por qué motivos los contratistas no logran respetar los plazos establecidos?

¿Comparte la Comisión el punto de vista de que ha de iniciar ahora una auditoría interna exhaustiva, reexaminar los costes presupuestarios y en recursos humanos en el marco de un riguroso análisis de coste-beneficio y establecer cualquier posible fallo en la gestión del proyecto?

 
  
 

Symmetry es el nombre con que se conoce al sistema de gestión integrada concebido para ofrecer una gestión completa del ciclo de vida de los programas, acciones y proyectos de la Dirección General de Educación y Cultura, así como la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, y no simplemente el sistema financiero local destinado a sustituir a Appfin.

El principal módulo financiero y de contractualización de Symmetry ha estado en proceso de producción piloto desde septiembre de 2007. Se utilizó un grupo inicial de 41 proyectos piloto de 4 acciones repartidas entre la Dirección General y la Agencia Ejecutiva para probar el sistema (el 100 % de los compromisos y el 75 % de la financiación se han completado con éxito y el resto de la prefinanciación no se ha podido completar todavía por razones presupuestarias). Estos resultados se consideran positivos y durante 2008 conducirán a un aumento gradual de la capacidad hasta la plena producción.

El contratista principal para la producción del sistema es Intrasoft International, mientras que para un lote secundario de alrededor del 5 % del contrato se seleccionó a Siemens Business Services como contratista de garantía de calidad. Los contratistas se eligieron a través de una convocatoria de licitación pública(1) y los primeros contratos específicos para el desarrollo del sistema se firmaron en diciembre de 2001.

Hasta la fecha se ha pagado un total de 7 485 982 euros para cubrir todos los aspectos del desarrollo, incluida la garantía de calidad, las comprobaciones de aceptación, el servicio de ayuda al usuario y los servicios de formación. En 2007 también se efectuó un pago de 903 216 euros para contratar una plataforma de servidores de alto rendimiento en el Centro de Datos de la Comisión en Luxemburgo para un periodo de cuatro años.

El sistema ha tardado más de lo previsto en alcanzar sus objetivos debido a la necesidad de ajustarse a los significativos cambios ocurridos en el entorno financiero y organizativo; especialmente la introducción de los nuevos Reglamentos financiero 2003 y 2006, la creación de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y la introducción del sistema de contabilidad basado en el principio del devengo en enero de 2005.

Si se compara a Symmetry con Appfin, este último sería un sistema financiero local dotado de un interfaz restringido hacia el sistema ABAC central y de un conjunto limitado de funciones. Symmetry, por el contrario, ofrece una gama más amplia de funciones, entre las que se incluyen la presentación de propuestas en línea, la selección de propuestas, la contractualización del proyecto, el seguimiento, la conclusión y la presentación de informes. La comparación de los costes de funcionamiento es, por consiguiente, difícil, pero una vez concluida la fase principal del desarrollo (a finales de 2008), los costes de funcionamiento de los subsistemas financieros de Symmetry deberían ser menores que los del obsoleto sistema Appfin.

El Servicio de Auditoría Interna ha previsto la realización de una auditoría TI de la aplicación Symmetry cuando ésta funcione a gran escala, en el periodo 2008-2009.

 
 

(1)Convocatoria de licitación nº EAC-24/01, publicada en el DO 2001/S 92-063514 de 15.2.2001.

 

Pregunta nº 86 formulada por Johan Van Hecke (H-0033/08)
 Asunto: Quema de gas en Nigeria
 

Algunas grandes empresas europeas, como Total y Shell, continúan quemando gas con la extracción de petróleo en Nigeria, una práctica extremadamente perjudicial para el medio ambiente, pero también para la salud de las personas que viven en los alrededores. El gas es un subproducto del petróleo que se extrae en Nigeria y que representa el 95 % de los ingresos del país. La cantidad de gas que se quema en Nigeria equivale a la cuarta parte del consumo total del Reino Unido. Según el Banco Mundial, cada año se despilfarran 40 000 millones de dólares con la quema de gas natural y las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera ocasionadas por esta práctica ascienden a 400 millones de toneladas anuales. El Banco Mundial considera preferible que los productores recuperen el gas y lo vendan en forma licuada, lo cual requiere, sin embargo, una serie de inversiones financieras.

En octubre de 2007, el Gobierno de Nigeria anunció que a partir del 1 de enero de 2008 se prohibiría la quema de gas, pero a principios de enero decidió prorrogar el plazo hasta finales de 2008. Al parecer, este aplazamiento se debe a la presión de las empresas multinacionales. En los países europeos está prohibido quemar gas durante la extracción de petróleo. ¿Se propone la Comisión presionar a estas empresas para que pongan fin a estas prácticas perjudiciales o va a imponer sanciones a dichas empresas si las autoridades de Nigeria no castigan estas actividades?

 
  
 

La perjudicial práctica de la quema de gas en el delta del Níger tiene unas graves repercusiones sobre el medio ambiente local y la economía nigeriana y también contribuye de forma importante a agravar el cambio climático mundial. El reconocimiento de la Comisión de la importancia de emprender acciones para reducir la práctica de la quema de gas se recoge en la Asociación estratégica África-UE (Acción prioritaria 5 – «Asociación en materia de energía») publicada en la Cumbre UE-África de Lisboa en diciembre de 2007. El delta del Níger es el lugar donde se produce el mayor número de operaciones de quema del mundo. Esta práctica, que comenzó hace alrededor de cuarenta años, sólo se ha reducido de forma marginal gracias a las inversiones realizadas por las multinacionales petroleras para licuar gas natural. Nigeria, tradicionalmente un importante proveedor de petróleo también se está convirtiendo en un importante proveedor de gas. Sus reservas le hacen ocupar el séptimo lugar entre los países con las mayores reservas de gas natural. En 2006, Nigeria exportó a Europa el 83 % de su producción de gas natural licuado (GNL), que correspondía únicamente a alrededor del 60 % del total de gas extraído. El restante 40 %, principalmente gas asociado a los pozos de petróleo que carecen de la infraestructura necesaria para recoger y producir gas natural, se quemó. Estimaciones recientes indican que alrededor de 24 mil millones de m3 de gas asociado a la extracción de petróleo se queman todos los años. El Gobierno nigeriano prevé aumentar los beneficios de las exportaciones de gas hasta el 50 % de los ingresos por la exportación de petróleo para 2010, lo que requerirá una inversión del orden de entre 10 y 12 mil millones de euros para construir grandes infraestructuras que incluyan más plantas de GNL y gasoductos. Uno de los proyectos que se examinan es la construcción del gasoducto transahariano que atravesaría el desierto del Sáhara y ofrecería en el futuro una alternativa más a la exportación de gas, suministrando gas directamente a Europa a través de Níger y Argelia.

En este contexto, resultó bastante decepcionante saber que el plazo establecido por el Gobierno nigeriano para cesar las actividades de quema de gas se había aplazado a finales de 2008. Aunque esperamos que se respete el nuevo plazo fijado, destacamos que el cese de las operaciones de quema de gas parece haberse convertido en una prioridad para el Gobierno de Nigeria. Los principales interesados se reunieron recientemente para desarrollar de forma conjunta un programa para la eliminación de la quema de gas en el marco de un calendario realista. Representantes de diferentes Ministerios y empresas del sector acordaron la creación de un Comité de reducción de la quema de gas, presidido por el Secretario de Estado para el gas, cuya labor parece que recibirá la colaboración de la Asociación para la Reducción Global de la Incineración de Gas [GGFR por sus siglas en inglés (Global Gas Flaring Reduction Partnership)] del Banco Mundial, que cuenta con el apoyo y la contribución de la Comisión.

La Comisión tiene dos modos de abordar las preocupaciones que suscita la quema de gas: i) el diálogo entre la UE y Nigeria con arreglo al artículo 8 del Acuerdo de Asociación de Cotonú y ii) la programación en curso de la cooperación al desarrollo en virtud del X Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

En relación con las posibles intervenciones contra las empresas petroleras de la UE que operan en Nigeria, en forma de presiones o actuaciones, la Comisión no está facultada para imponer sanciones. Como parte de su política de promoción de la responsabilidad social de las empresas, no obstante, la Comisión apoya los códigos de conducta elaborados en el marco de tal responsabilidad a los que se adhieren las empresas de forma voluntaria dentro y fuera de la UE. Por ejemplo, la Comisión apoya este tipo de códigos de conducta y contribuye a su elaboración, como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, que constituye un importante instrumento para controlar los ingresos procedentes del sector extractivo. La Comisión también se ha comprometido a promover la sensibilización y la aplicación de instrumentos internacionales de referencia y las iniciativas sobre responsabilidad social de las empresas, como la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

 

Pregunta nº 87 formulada por Frank Vanhecke (H-0034/08)
 Asunto: Refuerzo del estatus de Marruecos en las relaciones con la UE
 

Según determinados medios de comunicación, el Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha insistido ante el Presidente francés para que éste propugnara dentro de la UE un «refuerzo del estatus» de su país. Con motivo de una comida oficial se realizó la elocuente declaración siguiente: «La política de la Unión Europea frente a sus países vecinos ha fortalecido el deseo de Marruecos de un estatus reforzado, y ello a la luz de sus relaciones con la Unión y de la importancia estratégica de dichas relaciones».

La Comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, ya ha declarado que la Comisión estaba considerando dicha solicitud. El Comisario Louis Michel ya dijo en el pasado que también el Magreb debía poder formar parte de un «concepto europeo».

¿De qué «estatus reforzado» se trata? En opinión de la Comisión, y vistas las negociaciones de adhesión con Turquía, que es un Estado islámico, ¿a cierto plazo también es posible que Marruecos llegue a ser un Estado miembro de la UE?

 
  
 

Con ocasión del último Consejo de Asociación UE-Marruecos celebrado el 23 de julio de 2007, la Unión Europea manifestó su voluntad de estudiar medios y vías de refuerzo de las relaciones bilaterales con Marruecos en el contexto de la petición de Marruecos de un refuerzo de su estatus. En efecto, desde el año 2000, el Rey de Marruecos ha pedido el refuerzo de un estatus del país que sería «más que una asociación y menos que la adhesión». El Consejo de Asociación UE-Marruecos ha creado un grupo de trabajo ad hoc para reflexionar sobre el modo de reforzar las relaciones bilaterales. Este grupo de trabajo aún no se ha reunido, pero debería presentar un informe en la próxima reunión del Consejo de Asociación. Por último, cabe destacar que no se ha ofrecido a los países incluidos en la Política Europea de Vecindad la posibilidad de una futura adhesión a la Unión Europea.

 

Pregunta nº 88 formulada por Justas Vincas Paleckis (H-0035/08)
 Asunto: Proyectos estratégicos de los programas de cooperación transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
 

Lituania participa, durante el periodo 2007-2013, en los programas de cooperación transfronteriza Polonia-Lituania-Federación de Rusia y Lituania-Letonia-Belarús, que se enmarcan dentro del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. Se van a ejecutar diferentes proyectos destinados al fomento del desarrollo económico y social en las regiones transfronterizas, a la lucha para hacer frente a los retos comunes en materia de protección del medio ambiente y de salud pública, a la lucha contra la delincuencia organizada y a su prevención, a la protección segura y eficaz de las fronteras y a las iniciativas locales entre comunidades.

Los dos programas prevén la posibilidad de ejecutar proyectos estratégicos de importancia nacional. ¿Podría indicar la Comisión cuáles podrían ser los procedimientos de selección de los proyectos estratégicos, los criterios de evaluación y el alcance de la ayuda? ¿Qué recomendaciones podría formular la Comisión en relación con la preparación y ejecución de los proyectos estratégicos (en particular a partir de la experiencia adquirida en otros países)?

 
  
 

El término «proyecto estratégico» se deriva de la terminología de los Fondos Estructurales y no se debería mezclar con el término «proyecto de amplitud significativa» utilizado en el Programa de Vecindad. Con arreglo al capítulo 1, artículo 2, del Reglamento por el que se establecen las normas de aplicación de los programas de cooperación transfronteriza, los «proyectos de amplitud significativa» son proyectos que incluyen un conjunto de obras, actividades o servicios destinados a desempeñar una función indivisible de carácter específico para alcanzar objetivos claramente definidos y de interés común con el fin de realizar inversiones transfronterizas.

Los países participantes, con el acuerdo de la Comisión Europea, también podrán definir de común acuerdo proyectos de amplitud significativa de inversiones transfronterizas que no sean objeto de convocatorias de propuestas.

Durante la preparación del documento relativo al programa operativo conjunto de cada programa de cooperación transfronteriza concreto, los países participantes identificarán de común acuerdo y decidirán el número, la naturaleza y la cuantía aproximada de los proyectos de amplitud significativa.

Dichos proyectos deberán mencionarse específicamente en el documento del programa y, por consiguiente, formar parte de la decisión de la Comisión, o ser objeto de una decisión posterior del comité de control conjunto, de común acuerdo con la Comisión.

Los proyectos de amplitud significativa serían de importancia común «estratégica» nacional o regional para todos los países participantes en el programa, como la construcción de un puente o el desarrollo de infraestructuras de control fronterizo.

Cada uno de los proyectos de amplitud significativa será objeto de un contrato de subvención entre el beneficiario (autoridad nacional, regional o local) y la autoridad de gestión conjunta competente. La ejecución del proyecto de amplitud significativa seleccionado se producirá tras la publicación de una licitación internacional.

Los fondos asignados a los proyectos de amplitud significativa en el marco de cada uno de los programas de vecindad transfronterizos se deberían mantener dentro de unos márgenes razonables y no pueden, debido a la naturaleza de tales programas, absorber la mayor parte de los fondos.

Prevemos que los dos programas de cooperación transfronteriza en los que participa Lituania (Polonia-Lituania-Federación de Rusia y Lituania-Letonia-Belarús) se presenten a la Comisión en junio de 2008 para poder tomar una decisión en el otoño.

 

Pregunta nº 89 formulada por Zita Pleštinská (H-0036/08)
 Asunto: Utilizar el agua para restaurar el clima
 

La multiplicación y la extensión de las zonas áridas en todos los continentes —zonas que se recalientan con rapidez y modifican los climas locales y regionales—, contribuyen al cambio climático. La desecación de una región es consecuencia del rápido flujo de las aguas pluviales, pero lo es también de la enmienda del suelo y de la deforestación. Retener las aguas pluviales en depósitos dispuestos principalmente en los lugares en los que la actividad de los seres humanos ha provocado una desecación es una solución poco costosa, rápida, eficaz y no conflictiva para atenuar los fenómenos meteorológicos extremos.

¿Está abierta la Comisión al nuevo paradigma que propone la «restauración del clima con la ayuda del agua» y que aspira a solucionar el problema del cambio climático con métodos alternativos?

¿Estaría dispuesta la Comisión a respaldar un programa de retención de aguas pluviales en las zonas habitadas, como medida estratégica para mitigar el cambio climático?

 
  
 

En julio de 2007 la Comisión Europea aprobó una Comunicación sobre la escasez de agua y la sequía. Estas cuestiones aparecen ahora como un problema importante y se prevé que se vean agravadas en mayor medida por el cambio climático, tal como subraya el Libro Verde de la Comisión sobre la adaptación al cambio climático(1).

La Comunicación identifica un conjunto de alternativas políticas a escala europea, nacional y regional para abordar y reducir las repercusiones de la escasez de agua y las sequías. Entre las principales directrices que promueve la Comunicación, se encuentran 1) el progreso hacia la plena aplicación de la Directiva marco sobre el agua y 2) el fomento de la prioridad del ahorro de agua y las posibilidades de mejora de la eficiencia hídrica.

Esta Comunicación se basa en la evaluación del potencial de ahorro de agua en la UE. En algunas regiones, podría ahorrarse hasta un 30 % del volumen del agua consumida en los edificios. En algunas ciudades, los escapes de la red pública de abastecimiento de agua pueden ser superiores al 50 %. En redes de irrigación se ha observado un derroche similar. Por consiguiente, el potencial de ahorro de agua en toda Europa es enorme. Ahorrar agua debe ser una prioridad y, por tanto, deben estudiarse todas las posibilidades para mejorar la eficiencia hídrica.

La elaboración de políticas debería basarse en una clara jerarquización del agua. Hacer más infraestructuras de suministro de agua debería considerarse una opción cuando se hayan agotado otras, incluida una política efectiva de tarificación del agua.

Las alternativas como la recogida de aguas pluviales se consideran cada vez en mayor medida como posibles opciones en toda Europa. Su desarrollo está sometido a la legislación comunitaria y debe ajustarse al principio de jerarquización del agua.

Además de la Comunicación, la Comisión está iniciando ahora una evaluación de riesgo y de impacto exhaustiva de todas las opciones alternativas de abastecimiento de agua, incluida la recogida de aguas pluviales.

La Comisión presentará el resultado de esta evaluación en el informe de aplicación de las medidas de la Comunicación, que se aprobará a finales de 2008. Los resultados iniciales se presentarán en la reunión del Foro de interesados cuya celebración está prevista para comienzos de septiembre de 2008 en Zaragoza.

En relación con los países en desarrollo afectados por las sequías, la desertificación y el empobrecimiento de los suelos, la Comisión participa activamente en el apoyo a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación. Los programas necesarios para abordar este problema incluyen evidentemente regímenes de gestión de los recursos hídricos sostenibles. La Comisión también apoya programas específicos relativos a la gestión hídrica y la recogida y el uso de aguas pluviales en el marco de sus programas de desarrollo. Por último, la Iniciativa de la Unión Europea sobre el Agua también constituye uno de los principales instrumentos necesarios para avanzar hacia el logro de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 
 

(1)COM(2007) 354 final.

 

Pregunta nº 90 formulada por Inés Ayala Sender (H-0038/08)
 Asunto: Aplicación de la legislación relativa a la circulación por carretera
 

El tercer Programa de acción europeo de seguridad vial (CE 2003) presentaba de manera específica las líneas generales de una propuesta esencial orientada a garantizar la aplicación correcta de las más importantes normas de seguridad en materia de velocidad, conducción en estado de embriaguez y utilización del cinturón de seguridad. Esta propuesta se concretó en una Recomendación relativa a la aplicación de la legislación en materia de circulación vial (Comisión Europea 2003). La Comisión encargó un análisis de los costes-beneficios sobre la base de propuestas similares a la Recomendación. Dicho análisis determinó que una aplicación reforzada de las citadas normas permitiría restar 14 000 fallecimientos y 680 000 heridos a las cifras totales anuales en la Unión Europea (ICF Consulting 2003). La Recomendación señalaba que la Comisión Europea evaluaría, para el otoño de 2007, si las políticas de aplicación se habían mejorado suficientemente en todos los Estados miembros y estudiaría la posibilidad de proponer una legislación más vinculante, como, por ejemplo, una directiva.

¿Cuáles han sido los resultados de esta evaluación y cómo piensa la Comisión garantizar una mejor aplicación de la legislación en materia de circulación vial en los Estados miembros, así como la cooperación transfronteriza?

 
  
 

Ciertamente, la Comisión Europea ha evaluado si las políticas de aplicación se habían mejorado suficientemente en todos los Estados miembros desde la aprobación de la Recomendación de la Comisión relativa a la aplicación de la legislación en materia de circulación vial.

Lamentablemente, los resultados de esta evaluación no son positivos, ya que la tendencia observada en los últimos años en relación con la seguridad vial no ha mejorado. En efecto, la reducción del número de víctimas mortales fue de un 6 % en 2004, pero en 2006 el porcentaje se había reducido a un 5 % y el pasado año no se registró ninguna reducción. Durante el periodo de 2001 a 2007 el número de víctimas mortales disminuyó en un 20 %, mientras que habría sido necesario que se produjese una disminución del 37 % para lograr el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas de la carretera para 2010.

La aplicación de sanciones ha demostrado ser un instrumento muy efectivo para reducir el número de accidentes de carretera en poco tiempo. Debido a la amplia variedad de condiciones viales que existe en la Unión Europea, no es apropiado considerar la armonización de la legislación y las sanciones nacionales. Sin embargo, la legislación nacional debe ser respetada por todos los conductores para lograr la mejora de la seguridad vial y de momento no podemos garantizar que los conductores y propietarios de los vehículos que comenten un delito grave en un Estado miembro que no es en el que residen serán procesados y sancionados de forma efectiva una vez que hayan vuelto a su país. Los mecanismos aplicados al intercambio de datos entre autoridades nacionales siguen siendo limitados y los acuerdos bilaterales no han logrado crear un sistema efectivo a escala comunitaria. Lo anterior constituye una laguna judicial importante que reduce la efectividad de la aplicación de penas y sanciones en general, así como la credibilidad de los controles a ojos de los conductores nacionales. En este sentido existe una clara dimensión europea y se trataría de una cuestión a la que Europa podría aportar una solución: Es necesario crear un sistema de intercambio de información sobre datos de los vehículos que permita a los Estados miembros en los que se ha cometido un delito encontrar a la persona responsable independientemente del lugar de residencia de ésta en la Unión Europea, al objeto de permitir a las autoridades competentes imponer la sanción correspondiente. Lo anterior promoverá el respeto universal de las normas de tráfico relativas a la seguridad vial y garantizará la igualdad de trato de todos los ciudadanos Europeos en términos jurídicos.

 

Pregunta nº 91 formulada por Reinhard Rack (H-0039/08)
 Asunto: Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres
 

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 79/409/CEE(1) relativa a la conservación de las aves silvestres, las especies enumeradas en el anexo II de dicha Directiva pueden ser objeto de caza en todo el territorio europeo en el marco de la legislación nacional. El artículo 7, apartado 3, de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres prevé además que las especies enumeradas en la parte 2 del anexo II solamente podrán cazarse en los Estados miembros respecto a los que se las mencione expresamente en el anexo de la Directiva. Los córvidos no pueden cazarse actualmente en Austria. Por esta razón, en particular, ha aumentado el número de córvidos desde la adhesión de Austria a la Unión Europea, sobre todo en Austria Oriental, lo que perjudica gravemente a las personas y los animales.

¿Considera la Comisión que es posible ampliar a posteriori la lista de la parte 2 del anexo II de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres e incluir a los córvidos en la lista para Austria?

 
  
 

El diputado pregunta si la Comisión considera oportuno modificar la parte 2 del anexo II de la Directiva sobre aves de modo que se puedan cazar córvidos en Austria.

Ya se ha llamado la atención de las autoridades austriacas, así como de otras partes interesadas que se han puesto en contacto con la Comisión acerca de este asunto en los últimos años, sobre el hecho de que la revisión del anexo II de la Directiva sobre aves (79/409/CEE(2)) es un proceso muy complejo y largo, ya que requiere que se emprenda un procedimiento legislativo completo basado en la codecisión del Consejo y el Parlamento Europeo.

A la luz de lo anterior, la Comisión ya ha señalado que cualquier adaptación de este tipo se debe hacer de forma estratégica junto con todos los Estados miembros y se debe basar en una información exhaustiva sobre el estado de conservación de las especies recogidas en el anexo II. Este tipo de planteamiento podría conducir no sólo a la inclusión, sino también a la exclusión de ciertas especies del anexo II.

Por el momento, la Comisión no prevé la adaptación de la parte 2 del anexo II de la Directiva sobre aves. No obstante, se está trabajando actualmente en relación con algunos planes de gestión para las especies del anexo II.

En relación con el problema específico de Austria, que parece estar relacionado principalmente con la caza de córvidos, la Comisión ha sugerido en muchas ocasiones a las regiones austriacas afectadas que podrían resolver este problema introduciendo las excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva. En efecto, el artículo 9 de la Directiva prevé la introducción de excepciones «para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas», entre otros motivos. Algunos Länder ya han adoptado esta solución. La Comisión únicamente puede seguir proponiendo esta recomendación.

 
 

(1)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
(2)DO L 103 de 25.4.1979.

 

Pregunta nº 92 formulada por Georgios Georgiou (H-0040/08)
 Asunto: Presentación de un mapa provocador en Euronews
 

La cadena de televisión Euronews se ha mostrado de nuevo provocadora al presentar el pasado 24 de enero un mapa en el que la Antigua República Yugoslava de Macedonia aparecía como «Macedonia». Todo el mundo sabe que la cadena en cuestión la financia el presupuesto de la UE, esto es los contribuyentes griegos y del resto de los países de la UE.

¿Cuál es la razón misteriosa que lleva a menudo a esta cadena de televisión a no utilizar el nombre oficial (y reconocido por la UE) de este país y a describirlo o presentarlo con el pretendido nombre de «Macedonia», y ello a pesar de que destacados ex diputados al Parlamento Europeo, como por ejemplo Nikitas Kaklamanis, Stavros Xarchakos, Georgios Karatzaferis, etc., han señalado reiteradamente en sus intervenciones públicas el error cometido por esta cadena de televisión al utilizar la terminología usada por los nacionalistas de la Antigua República Yugoslava de Macedonia?

 
  
 

El diputado ha llamado la atención de la Comisión sobre el nombre utilizado por la cadena de televisión EuroNews el 24 de enero de 2008 para designar a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. EuroNews utilizó el nombre «Macedonia», que la Unión Europea no reconoce.

La Comisión únicamente puede reiterar la respuesta ofrecida a preguntas de tenor análogo formuladas por otros diputados, tal como el propio diputado señala en su propia pregunta(1).

Aunque la Comisión financia EuroNews, no puede intervenir de ningún modo en los contenidos periodísticos que difunde. Estas disposiciones son parte integrante de la carta editorial de EuroNews(2), ligada al contrato celebrado entre la Comisión y EuroNews y que garantiza a esta última una plena libertad editorial, una condición esencial para seguir siendo creíble.

Sin embargo, cualquier ciudadano puede pedir a EuroNews, directamente o a través de la Comisión (en el caso de programas cofinanciados) explicaciones en relación con el posible incumplimiento del principio de difusión de una información justa y equilibrada.

Como en los casos anteriores, no obstante, la Comisión transmitirá a los responsables de la administración de EuroNews en la próxima reunión conjunta periódica la pregunta y los comentarios del diputado y les pedirá explicaciones al respecto.

 
 

(1)E-2913/04; E-3404/06; E-5053/06.
(2)http://www.euronews.net/index.php?lng=5&page=charta" y http://www.euronews.net/create_html.php?lng=1&page=charta" .

 

Pregunta nº 93 formulada por María Isabel Salinas García (H-0042/08)
 Asunto: Medidas urgentes para no interrumpir el reparto gratuito de frutas y hortalizas
 

Debido a dificultades jurídicas de aplicación de la recientemente aprobada reforma de la OCM del sector de frutas y hortalizas, existe el riesgo cierto de que durante 2008 no pueda efectuarse el reparto gratuito de estos productos por parte de las organizaciones de productores. Esta situación se debe a que nos encontramos en un año de transición para la aplicación de ciertas medidas que garantizan la financiación comunitaria de retiradas de producto cuando éstas se destinan a dicho reparto gratuito, que se aplicarán a partir de 2009. Ello privaría del acceso a frutas y hortalizas y de sus efectos beneficiosos para la salud a los sectores sociales con más dificultades económicas.

¿Piensa la Comisión tomar medidas para evitar que se interrumpa esta práctica, tan positiva tanto para los ciudadanos como para el propio sector?

De ser así, ¿qué medidas proyecta poner en marcha para ello y cuándo tiene previsto hacerlo?

 
  
 

La Comisión está de acuerdo con la diputada en conceder importancia al reparto gratuito, tanto para los ciudadanos como para el sector hortofrutícola.

De hecho, la Comisión ya ha dado algunos pasos para evitar cualquier interrupción innecesaria de las medidas sobre las retiradas de producto en 2008. Con vistas a permitir una transición sin problemas hacia la OCM reformada del sector hortofrutícola, se prevé presentar una propuesta con las modificaciones oportunas de las normas de aplicación ante el Comité de gestión el 20 de febrero.

Las medidas transitorias autorizarán a los Estados miembros a permitir las retiradas de producto, incluida la financiación del reparto gratuito a partir del 1 de enero de 2008, antes del establecimiento de la estrategia nacional. En este sentido, deberán cumplirse diferentes condiciones.

En primer lugar, los Estados miembros deberían garantizar que sus respectivas estrategias nacionales aprobadas en 2008 incluyen las retiradas. En segundo lugar, las organizaciones de productores deberán modificar sus programas operativos para cumplir los requisitos de la OCM reformada del sector hortofrutícola tan pronto como se establezca la estrategia y antes de la solicitud del pago correspondiente. Por otra parte, las operaciones de retirada de producto deberían de otro modo respetar los requisitos del nuevo régimen, incluidos los relativos a los controles.

 

Pregunta nº 94 formulada por Anni Podimata (H-0044/08)
 Asunto: Residuos sólidos y cambio climático
 

La política de la UE tiene como objetivos, entre otros, el cierre definitivo y la rehabilitación de los vertederos incontrolados, el tratamiento obligatorio de todos los residuos sólidos antes de su almacenamiento seguro bajo tierra, la utilización de los residuos como fuente de energía y el reciclaje de los residuos de embalaje (Directivas 75/442/CEE(1), 1999/31/CE(2), 2004/12/CE(3), 2006/12/CE(4)). Con la descomposición de los residuos sólidos se produce biogás que contiene básicamente metano y anhídrido carbónico, gases que contribuyen al cambio climático; a pesar de ello, según el diario «Kazimeriní», Grecia va a la zaga en materia de gestión de residuos sólidos, y en particular de los peligrosos.

¿Cuál es la última información oficial facilitada por Grecia a la Comisión sobre los progresos realizados en relación con el cierre definitivo de vertederos incontrolados? ¿Cuál es la situación del país, comparada con la de los otros Estados miembros, en lo que se refiere al reciclaje de embalajes? ¿Qué ocurre en relación con el tratamiento y almacenamiento de residuos industriales peligrosos, teniendo en cuenta que alrededor del 60 % de la producción anual total se deposita en instalaciones provisionales?

 
  
 

La Comisión ha recibido un considerable número de quejas relativas al funcionamiento en Grecia de vertederos ilegales o incontrolados, cuyos residuos ponen en peligro la salud humana y perjudican al medio ambiente. Con vistas a interrumpir esta práctica, la Comisión dio inicio a un procedimiento de infracción horizontal referido al funcionamiento de los vertederos ilegales o incontrolados en Grecia. En su sentencia de 6 de octubre de 2005 (asunto C-502/03), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que Grecia había incumplido las obligaciones que le incumbían conforme a los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos(5) modificada (actualmente Directiva 2006/12/CE(6) – Directiva marco sobre residuos). La sentencia indicaba que en Grecia funcionan al menos 1 125 vertederos ilegales o incontrolados. Grecia debe ahora atenerse a esta sentencia, con arreglo al artículo 228 del Tratado CE. En este sentido, las autoridades griegas aprobaron un nuevo plan nacional de gestión de residuos y actualizaron sus planes regionales de gestión de residuos. Tales nuevos planes tienen por objeto el cierre y la rehabilitación de todos los vertederos ilegales o incontrolados para finales de 2008 y su sustitución por las infraestructuras de gestión de residuos adecuadas.

Con arreglo a la información recibida de las autoridades griegas en octubre de 2007, éstas han adoptado la decisión de cerrar y rehabilitar 1 038 vertederos ilegales o incontrolados, mientras que en el caso de 774 vertederos ya se han emprendido las obras de rehabilitación necesarias. Los servicios de la Comisión están evaluando esta información y emprenderán todas las medidas necesarias para garantizar que Grecia se atiene a la sentencia del TJCE.

La Comisión está recabando información acerca de los niveles de reciclaje en los Estados miembros como elemento de comprobación de la correcta aplicación de la legislación comunitaria. En 2005, Grecia llegó a un nivel de reciclaje del 41,8 %, muy por encima del objetivo previo del 25 % (establecido para 2001), aunque aún está por debajo del objetivo de un nivel de reciclaje del 55 % de los embalajes fijado para Grecia para 2011. Los datos detallados para Grecia, así como para otros Estados miembros, se pueden consultar en el sitio web http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/data.htm" .

Cabe destacar que la información recogida en esta página puede ser objeto de modificación cuando los países remitan información actualizada o correcciones de los datos ofrecidos.

La gestión de los residuos peligrosos en Grecia está siendo supervisada por la Comisión. Grecia no ha adoptado un plan de gestión de los residuos peligrosos adecuado y permite el vertido incontrolado de la mayoría de los residuos peligrosos generados, lo que vulnera diferentes disposiciones clave de la Directiva marco sobre residuos, que constituye el pilar central de la legislación comunitaria dirigida a garantizar una gestión de los residuos adecuada desde el punto de vista medioambiental en los Estados miembros.

Tras la recepción del dictamen motivado remitido en diciembre de 2005, Grecia modificó su marco legislativo para la gestión de los residuos peligrosos y aprobó un nuevo plan de gestión remitido a la Comisión en marzo de 2007. A pesar de ello, Grecia aún no cumple las obligaciones contraídas.

La Comisión considera que el plan es demasiado general y no ofrece una estrategia coherente de la gestión de residuos. La Comisión cree que el plan de gestión aprobado no es lo suficientemente preciso, especialmente en relación con la determinación de los lugares más adecuados para situar los vertederos, y que el inventario de los residuos peligrosos aún no es definitivo para todas las categorías. Miles de toneladas se acumulan de forma «temporal» a la espera de su eliminación o su valorización definitivas. Grecia ha admitido, por otra parte, que 600 000 toneladas de residuos peligrosos se acumulan en vertederos que las autoridades griegas consideran «contaminados en principio».

Aunque las autoridades griegas han reconocido el problema y se han comprometido a resolverlo, el plan de gestión aprobado no garantiza su resolución. En consecuencia, en enero de 2008 la Comisión decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

 
 

(1)DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
(2)DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
(3)DO L 47 de 18.2.2004, p. 26.
(4)DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
(5)DO L 194 de 25.7.1975.
(6)DO L 114 de 27.4.2006.

 

Pregunta nº 95 formulada por Philip Bushill-Matthews (H-0045/08)
 Asunto: Uso de escáneres de rayos gamma en los controles de inmigración
 

¿Puede afirmar la Comisión que el uso de equipos de radiación gamma por parte del servicio de inmigración británico para escanear camiones en los puertos de entrada al Reino Unido y localizar posibles inmigrantes ilegales no infringe en modo alguno la normativa Euratom destinada a proteger al público de las radiaciones?

¿Promovería la Comisión que todos los Estados examinasen la posibilidad de introducir y usar de forma generalizada dicho equipo teniendo en cuenta su eficacia probada en la reducción del número de inmigrantes ilegales, especialmente en la ruta Calais-Dover?

 
  
 

La Directiva 96/29/Euratom del Consejo(1), sobre normas básicas en materia de protección, exige que los Estados miembros garanticen que todos los tipos de prácticas que impliquen una exposición a radiaciones ionizantes se justifiquen antes de ser adoptados. Lo anterior implica que se debe realizar un análisis del beneficio social generado por la práctica que demuestre que el beneficio neto resultante es positivo. La decisión sobre si la práctica se encuentra justificada compete a los gobiernos nacionales.

El uso de escáneres para detectar a las posibles personas escondidas en los vehículos constituye una medida de lucha contra la inmigración ilegal. La Directiva 97/43/Euratom del Consejo(2) incluye disposiciones específicas en relación con las personas sometidas a exposiciones en el marco de los denominados «procedimientos médico-legales», es decir, procedimientos realizados con fines jurídicos sin indicación médica, como los controles de seguridad. En concreto, el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que se preste especial atención a que la dosis resultante de las exposiciones médico-legales se mantengan tan bajas como razonablemente pueda alcanzarse.

La cuestión de la justificación de esta categoría de prácticas, muy compleja, fue objeto de debate en el seno de una conferencia de expertos e interesados en la protección de las radicaciones organizada por la Comisión (Dublín, 2002)(3). Se está preparando una segunda conferencia de este tipo para este año.

Por otra parte, el escaneado de los vehículos se debe efectuar en el pleno cumplimiento de otras disposiciones de la Directiva sobre normas básicas en materia de protección, por ejemplo, en relación con la protección de los operadores de los equipos y, en su caso, también los conductores de los vehículos, los transeúntes, etc.

En relación con la pregunta sobre si la Comisión promovería que otros Estados examinasen la posibilidad de introducir y usar de forma generalizada los equipos descritos, cabe destacar que esta cuestión no entra dentro del ámbito de actividades de la Comunidad. El Código de fronteras Schengen(4) sólo establece las normas generales sobre el modo en que se deben efectuar los controles fronterizos. Además de las normas recogidas en el anexo VI del Código, la decisión sobre los detalles de los procedimientos de control atañe a los Estados miembros, con arreglo a la legislación nacional en vigor. Lo anterior incluye también las decisiones relativas a los equipos necesarios. Ello no excluye la posibilidad de cofinanciar los equipos nacionales a través del Fondo para las Fronteras Exteriores(5).

 
 

(1)Directiva 96/29/Euratom del Consejo de 13 de mayo de 1996 por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, DO L 159 de 29.6.1996.
(2)Directiva 97/43/Euratom del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se deroga la Directiva 84/466/Euratom, DO L 180 de 9.7.1997.
(3)«Exposiciones médico-legales, exposiciones con radiaciones ionizantes sin indicación médica», Acta del Simposio internacional sobre protección de la radiación celebrado en Dublín los días 4 a 6 de septiembre de 2002, p. 130.
(4) Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), DO L 105 de 13.4.2006
(5)Artículo 5 de la Decisión nº 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativa al Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del Programa general Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios, DO L 144 de 6.6.2007.

 

Pregunta nº 96 formulada por Marek Aleksander Czarnecki (H-0046/08)
 Asunto: Prohibición del comercio con productos procedentes de focas
 

La Declaración por escrito nº 0038/2006 sobre la prohibición de los productos procedentes de focas en la Unión Europea recibió el apoyo de un número récord de diputados al PE. Lamentablemente, hasta ahora no se han tomado medidas positivas a raíz de dicha declaración. No obstante, se siguen cazando cachorros de foca para fines comerciales, con desprecio de principios fundamentalísimos, pues los cachorros son desollados vivos y se arrojan los cuerpos al mar. Las pieles así obtenidas se venden legalmente también en territorio de la UE.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para prohibir el comercio con productos procedentes de las focas?

 
  
 

En su respuesta de 16 de enero de 2007 a la Declaración por escrito nº 0038/2006 del Parlamento Europeo, la Comisión reconocía la enorme preocupación de los ciudadanos europeos en relación con los aspectos relativos al bienestar animal de la caza de focas y se propuso realizar una evaluación objetiva exhaustiva de tales aspectos y, sobre la base de los resultados de tal evaluación, informar al Parlamento acerca de las posibles propuestas legislativas si la situación así lo exigía.

En el marco de este proceso de evaluación, la Comisión pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que emitiese un dictamen científico independiente sobre los aspectos relativos al bienestar animal de la matanza y desollado de focas. El 6 de diciembre de 2007 la EFSA publicó su dictamen científico, en el que afirmaba que únicamente existe un número limitado de estudios publicados en revistas y sometidos a revisión paritaria que se pueden utilizar como base para determinar la eficacia de diversos métodos de sacrificio con el grado de certidumbre lo suficientemente adecuado. La EFSA también señalaba que es posible matar a las focas rápida y efectivamente sin ocasionar a los animales un sufrimiento innecesario. No obstante, el grupo encargado de la elaboración del dictamen también incluía pruebas de que, en la práctica, no siempre se produce un sacrificio efectivo y humano.

Las cuestiones relativas a la gestión, la supervisión y el cumplimiento de las normas en materia de caza de focas se examinan actualmente en un estudio de evaluación financiado por la Comisión que concluirá a finales de febrero. Este estudio evalúa las posibles repercusiones de una prohibición de los productos procedentes de las focas y se centra en concreto en los aspectos comerciales, jurídicos y socioeconómicos. La Comisión también ha emprendido una consulta pública a través de Internet para recoger una mayor variedad de opiniones sobre el comercio de productos procedentes de las focas y su vinculación con las preocupaciones manifestadas con la caza de focas en general o los aspectos sobre el bienestar de los animales en concreto.

La Comisión tomará una decisión sobre la respuesta política oportuna sobre la base de su propia evaluación de impacto y de los resultados de las actuaciones anteriormente mencionadas.

 

Pregunta nº 97 formulada por Danutë Budreikaitë (H-0048/08)
 Asunto: Aplicación de la Directiva relativa a la protección de los datos
 

La aplicación de la Directiva 2006/24/CE(1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones ha suscitado en Lituania muchos debates y mucha confusión. Se ha planteado la cuestión de quién debe financiar la adquisición y el mantenimiento del equipamiento necesario para la aplicación de la Directiva (conservación de llamadas telefónicas, mensajes cortos, llamadas sin contestación y otros datos durante 12 meses). Según la Constitución lituana, el Estado no tiene derecho a delegar en particulares su misión de velar por la seguridad de la sociedad y el orden público pidiéndoles que ejecuten estas tareas sin fondos públicos.

¿Podría indicar la Comisión quién financia los gastos de adquisición de los equipamientos de las empresas de comunicación en los Estados miembros de la UE? ¿Cómo se aplica en los Estados miembros de la UE la Directiva relativa a la protección de los datos? ¿De qué manera se garantiza la seguridad de los ciudadanos contra la utilización fraudulenta de informaciones que les afectan?

 
  
 

La Directiva sobre la conservación de datos obliga a los Estados miembros a velar por que los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas o de una red pública de comunicaciones conserven los datos de tráfico y de localización por un periodo de tiempo que no sea inferior a seis meses ni superior a dos años y a asegurar que tales datos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves. Como tal, la Directiva fundamentalmente impone obligaciones sobre los prestadores de servicios de comunicaciones y sobre las redes en relación con la conservación de los datos especificados durante un periodo de tiempo apropiado y en determinadas condiciones.

Estas obligaciones pueden desembocar en unos costes adicionales significativos para los prestadores y las redes de servicios de comunicaciones. Sin embargo, la Directiva no obliga a los Estados miembros a reembolsar a los prestadores los costes en los que incurran en relación con tales obligaciones.

Si los Estados miembros desean conceder ayudas a las empresas para cubrir los costes de la conservación de datos, deberán comunicar esta intención a la Comisión, con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Por otra parte, este tipo de ayuda podría aprobarse únicamente en caso de que alguna de las excepciones recogidas en el artículo 87, apartados 2 ó 3, sea de aplicación. Lo anterior requerirá específicamente que la ayuda sea un incentivo, es decir, que tal ayuda contribuya a lograr un objetivo que vaya más allá de la simple aplicación de obligaciones que ya se deriva del Derecho comunitario.

En noviembre del año pasado la Comisión invitó a todos los Estados miembros a una reunión sobre la transposición de la Directiva sobre la conservación de datos. Tal reunión incluía una mesa redonda sobre los planteamientos de los Estados miembros relativos al reembolso de los costes en los que se incurría a consecuencia de la Directiva, e indicaba un amplio abanico de prácticas.

Los enfoques de los Estados miembros varían considerablemente. Por ejemplo, un Estado miembro está implantando un sistema por el que se reembolsarán los costes adicionales en los que incurran los prestadores y que incluirá una auditoría previa y posterior de tales costes para garantizar un planteamiento neutro. Otros ofrecen un sistema que permite la realización de pagos a los prestadores sobre la base de un conjunto de tarifas preestablecidas sin evaluar los costes básicos específicos en los que incurre cada uno de ellos. Muchos Estados miembros no tienen intención alguna de reembolsar los costes adicionales en los que incurren los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas resultantes de la Directiva. Por último, una serie de otros Estados miembros aún evalúan las implicaciones de un sistema de reembolso de los costes y aún no han llegado a una conclusión definitiva. En el sitio web de la Comisión se ofrece un informe sobre la reunión de noviembre de 2007(2).

En lo que se refiere a la transposición a la legislación nacional, los Estados miembros deberían haber transpuesto la Directiva a sus respectivos ordenamientos internos el 15 de septiembre a más tardar. Hasta la fecha sólo 12 Estados miembros han notificado sus medidas de transposición a la Comisión. En noviembre del año pasado, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra aquellos Estados miembros que no habían notificado a la Comisión sus medidas de transposición. En el informe de la reunión de noviembre de 2007 se ofrece un panorama general sobre el modo en que los Estados miembros están transponiendo la Directiva.

La Directiva sobre la conservación de datos también ofrece importantes garantías contra el mal uso de los datos conservados con arreglo a la Directiva. La estricta limitación del ámbito de aplicación de la Directiva implica que ni las empresas privadas ni los particulares pueden utilizar los datos conservados. Por otra parte, los Estados miembros están obligados en cualquier caso a garantizar que las disposiciones de la legislación nacional relativas al acceso a los datos conservados cumplen el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y a asegurar el pleno respeto de los principios de proporcionalidad y necesidad. El régimen general de protección de datos recogido en la Directiva 95/46/CE sigue siendo de aplicación a la conservación de los datos por parte de los operadores.

Estas disposiciones se complementan además con una serie de condiciones estrictas de seguridad concebidas para prevenir la pérdida accidental o el acceso no autorizado a estos datos. Por ejemplo, la Directiva exige que los prestadores de servicios de comunicación y los operadores de las redes de comunicaciones garanticen que únicamente «personas especialmente autorizadas» puedan acceder a los datos. Asimismo, la directiva exige que los Estados miembros adopten las medidas nacionales necesarias para velar por que cualquier acceso intencionado o la transferencia de datos conservados que no estén permitidos por la legislación nacional se castiguen con sanciones, incluidas sanciones administrativas o penales.

 
 

(1)DO L 105 de 13.4.2006, p. 54.
(2)http://ec.europa.eu/justice_home/news/events/news_events_en.htm" .

 

Pregunta nº 98 formulada por Ryszard Czarnecki (H-0049/08)
 Asunto: Publicación por la Oficina de selección de personal de las Comunidades Europeas de información en todas las lenguas oficiales de concursos generales para cubrir puestos en las Instituciones
 

El 22 de noviembre de 2007, la Oficina de selección de personal de las Comunidades Europeas (EPSO) C 279A publicó en el Diario Oficial información sobre el concurso general EPSO/AD/113/07 (Jefes de unidad en el sector de la traducción) y otros concursos (incluidos el EPSO/AD/108-110-112/07 y el EPSO/AD/114/07) en tan sólo tres de las lenguas oficiales, a saber, inglés, francés y alemán. La información no se publicó en polaco ni en ninguna de las otras ocho lenguas cubiertas directamente por el concurso. De conformidad con el Reglamento nº 1(1) del Consejo, todas las lenguas gozan del mismo estatuto (artículo 1) y los documentos de aplicación general, como es el caso de las informaciones de concursos, deben publicarse en todas las lenguas oficiales (artículo 4).

¿Cómo piensa la Comisión resolver el problema de las versiones lingüísticas que faltan en las convocatorias de concursos de la EPSO?

 
  
 

La Comisión desearía señalar al diputado que todas las versiones lingüísticas del Diario Oficial (incluida la polaca) contienen un resumen de todas las convocatorias de concursos en el idioma correspondiente, acompañado de la indicación del modo para acceder a la información completa. Todos los candidatos, independientemente de la versión lingüística del Diario Oficial que consulten, tienen, por tanto iguales oportunidades de informarse acerca de los concursos. El régimen lingüístico aplicado a las lenguas que se han de utilizar en las pruebas de selección de los concursos se deriva de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la EPSO el 8 de mayo de 2007 (en el que todas las instituciones comunitarias se encuentran representadas). Actualmente, las pruebas de selección se desarrollan en francés, inglés o alemán.

 
 

(1)JO 17 de 6.10.1958, p. 385.

 

Pregunta nº 99 formulada por Costas Botopoulos (H-0053/08)
 Asunto: Corrupción en Grecia
 

El fenómeno de la corrupción ha adquirido proporciones alarmantes en Grecia. Según «Transparency International», uno de cada cinco ciudadanos griegos admite que ha ofrecido sobornos a fin de agilizar asuntos en el sector público o privado. El fenómeno de la corrupción se concentra principalmente en servicios como los hospitales públicos, el urbanismo, las autoridades fiscales, los bancos, los ayuntamientos y los gobiernos civiles. En los últimos años, la corrupción se ha extendido incluso a la justicia. Se calcula que en 2007 se pagaron sobornos ilegales por más de seiscientos millones de euros.

¿Es consciente la Comisión del aumento de la corrupción en Grecia? ¿Cuál es, a su juicio, la principal razón de este hecho? ¿Qué datos tiene disponibles y cómo piensa abordar el fenómeno de la corrupción con respecto a los fondos comunitarios por parte de Grecia? ¿Cómo puede contribuir a la lucha contra los fenómenos antes citados? ¿Hasta qué punto considera que el aumento de los niveles de corrupción afecta a la convergencia económica y social de Grecia con otros países de Europa?

 
  
 

La Comisión está al corriente de los datos publicados por Transparency International.

La Comisión no dispone de datos completos relativos a los métodos utilizados por los Estados miembros para luchar contra la corrupción, especialmente en el sector público. Por consiguiente, la Comisión no puede evaluar hasta qué punto considera que el aumento de los niveles de corrupción afecta a la convergencia económica y social de Grecia con otros países de Europa.

En este contexto, la UE ha trabajado mucho en el ámbito de la lucha contra la corrupción y ha aprobado un amplio conjunto de instrumentos para abordar este fenómeno.

Tras la introducción del Convenio de la UE sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades en 1995, un Protocolo elaborado en 1996 aborda la cuestión de la corrupción en relación con los intereses financieros de las Comunidades.

En 1997 se elaboró el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea. El Convenio tipifica el delito de corrupción en el que está implicado un funcionario público y exige a los Estados miembros que investiguen y enjuicien a tales funcionarios, incluso en el caso de que se trate de un funcionario de otro Estado miembro de la Unión Europea. El Convenio está en vigor desde septiembre de 2005.

En julio de 2003 se aprobó la Decisión marco 2003/568/JAI relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, que exige a los Estados miembros que investiguen los delitos de corrupción en el sector privado y las actividades profesionales de entidades con fines lucrativos y no lucrativos. En junio de 2007 la Comisión aprobó un informe de aplicación en el que se indicaba que la transposición de esta Decisión marco a la legislación de los Estados miembros se encontraba en una fase temprana.

La lucha contra la corrupción de la Comisión se centra, entre otras cosas, en seguir promoviendo la legislación que penaliza la corrupción activa y pasiva de los funcionarios, profundizando en el análisis del fenómeno a través de estudios y encuestas como el Eurobarómetro, financiando iniciativas públicas y de organizaciones no gubernamentales contra la corrupción y ayudando a las autoridades nacionales en su lucha contra la corrupción mediante la prevención, la disuasión y el refuerzo de la legislación.

 

Pregunta nº 100 formulada por Bairbre de Brún (H-0054/08)
 Asunto: Soterramiento de cables
 

¿Tiene la Comisión algún plan para presentar disposiciones legislativas que regulen el soterramiento de cables eléctricos?

En particular, ¿dispone la Comisión de alguna directriz sobre las mejores formas de instalar cables de alto voltaje en las zonas residenciales?

 
  
 

La Comisión no tiene previsto presentar disposiciones legislativas sobre el soterramiento de cables eléctricos.

La decisión acerca del trazado del tendido eléctrico o la tecnología utilizada al respecto no entra dentro del ámbito de actividades de la Comisión. Tal decisión compete al promotor del proyecto, que debe respetar las condiciones impuestas por las autoridades del país o los países en cuestión.

Tal como se indicaba en la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0895/07(1) en relación con un proyecto de trazado de tendido eléctrico en Irlanda, las autoridades designadas por los Estados miembros son las únicas responsables de la planificación y los procedimientos de autorización con arreglo a la legislación medioambiental en vigor.

La Comisión no elabora directrices sobre buenas prácticas en relación con el tendido de líneas de alto voltaje en las zonas residenciales. La Recomendación del Consejo 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) establece un marco sobre restricciones básicas y niveles de referencia, pero los Estados miembros siguen siendo los responsables de las medidas de aplicación.

 
 

(1)La Comisión respondió a esta pregunta el 11 de diciembre de 2007.

 

Pregunta nº 101 formulada por Robert Evans (H-0057/08)
 Asunto: European City Guide
 

¿Está la Comisión al corriente de que la empresa European City Guide y sus filiales no han cesado aún sus actividades, y siguen induciendo a error a empresas en toda Europa?

¿A qué motivos obedece el hecho de que las prácticas comerciales entre empresas (EaE) no estén cubiertas por la Directiva 2005/29/CE(1) sobre las prácticas comerciales engañosas? ¿Tiene la Comisión Europea la intención de hacer extensiva esa Directiva a las relaciones comerciales entre las empresas?

 
  
 

La Comisión está al corriente de que siguen existiendo empresas como European City Guide y directorios similares y sigue respondiendo a las numerosas cartas remitidas por diputados y responsables de empresas.

Como la Comisión ya señaló anteriormente, el problema en cuestión se refiere a las relaciones entre empresas, por lo que no es de aplicación gran parte de la legislación comunitaria en materia de protección del consumidor. La Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa constituye una excepción.

En todo caso, compete a los órganos jurisdiccionales o autoridades públicas de ejecución del Estado miembro desde el que opera la empresa en cuestión decidir en cada caso si una comunicación comercial debe ser considerada engañosa y adoptar las medidas de ejecución pertinentes.

Diversas autoridades y órganos jurisdiccionales competentes, por ejemplo en España y Bélgica, ya han emprendido acciones ejecutivas contra este tipo de prácticas.

La Directiva sobre prácticas comerciales desleales no abarca las prácticas comerciales entre empresas, ya que no era el caso de establecer la armonización completa de las legislaciones nacionales sobre prácticas comerciales engañosas (por ejemplo, publicidad engañosa, imitaciones serviles o descrédito).

Una armonización completa de la directiva sobre las prácticas comerciales desleales entre empresas y consumidores constituía una propuesta muy ambiciosa que habría fracasado si su ámbito de aplicación se hubiese ampliado a las prácticas de competencia desleal entre empresas.

De la consulta efectuada y del trabajo del Consejo se desprendió que no existía consenso en relación con la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva para abarcar las prácticas comerciales desleales entre empresas.

También cabe subrayar que no todos los Estados miembros cuentan con un sistema para abordar las prácticas comerciales desleales.

Algunos Estados miembros (por ejemplo, Alemania, Austria y Suecia) se manifestaban a favor de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a las prácticas comerciales desleales. Otros (por ejemplo, el Reino Unido, Francia e Irlanda) apoyaban la protección del consumidor pero se oponían a la introducción a escala comunitaria de un sistema completamente armonizado que abordase las prácticas comerciales desleales.

Aunque la Comisión no puede intervenir contra las empresas implicadas en tales prácticas, ha intentado poner de relieve el problema exponiéndolo a las organizaciones empresariales europeas. Por otra parte, la Comisión ha remitido escritos a las autoridades competentes en los Estados miembros afectados, incluida España, para poner de manifiesto que la situación sigue produciéndose y para pedir más información sobre esta cuestión. La Comisión espera actualmente la respuesta a algunas de estas cartas.

 
 

(1)DO L 149, de 11.6.2005, p. 22.

 

Pregunta nº 103 formulada por Athanasios Pafilis (H-0062/08)
 Asunto: Peligros derivados del uso de lámparas fluorescentes modificadas
 

La UE y los Gobiernos de los Estados miembros fomentan la sustitución de las lámparas incandescentes por las lámparas fluorescentes modificadas, debido al ahorro de energía. Estas lámparas, mucho más caras para los consumidores, contienen 5 miligramos de mercurio, cuyo uso está prohibido debido a su gran toxicidad y al inmediato peligro que supone para la salud pública.

¿Qué medidas ha tomado la Comisión para la retirada en condiciones de seguridad de las lámparas usadas, de forma que no lleguen a los residuos urbanos y el mercurio se difunda en el medio ambiente, y para explicar a los usuarios la peligrosidad y las medidas necesarias a tomar en caso de daños o rotura de las mismas y de escapes de la sustancia tóxica que contienen?

 
  
 

La Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)(1) prevé las medidas necesarias para garantizar la recogida de las lámparas de ahorro energético al final de su ciclo de vida. Los productores son los responsables de la organización y la financiación de la recogida, tratamiento, recuperación y eliminación respetuosa del medio ambiente de este tipo de residuos. Tales productores pueden crear y operar sistemas de recogida individual o colectiva.

Los Estados miembros velarán por que los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares particulares reciban la información necesaria con respecto a la obligación de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de recoger dichos RAEE de modo selectivo, así como en relación con los sistemas de devolución y recogida de que disponen.

Por otra parte, los Estados miembros también garantizarán que los usuarios reciben la información necesaria en relación con los efectos potenciales sobre el medio ambientes y la salud humana como consecuencia de la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Lo anterior debería incluir también las medidas necesarias en caso de que una bombilla resulte dañada y libere las sustancias tóxicas que contiene. Los Estados miembros podrían exigir a los productores o distribuidores que ofreciesen este tipo de información, por ejemplo, en las instrucciones de uso o en el punto de venta.

 
 

(1)Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), DO L 37 de 13.2.2003.

 

Pregunta nº 104 formulada por Diamanto Manolakou (H-0066/08)
 Asunto: Operación «escoba» contra los trabajadores extranjeros en Patras
 

La intervención de la policía, la demolición de un campamento improvisado, la caza humana y detenciones en masa son la forma con que el Gobierno griego y la administración local se enfrentan al problema crónico de los refugiados y los inmigrantes en Patras, que permanecen en esa ciudad hasta que puedan desplazarse a los países de la UE porque tienen familiares en ellos, o bien porque esperan recibir mejor trato. Estos trabajadores extranjeros proceden principalmente de Afganistán e Irak, países en los que, después de la intervención y ocupación de la OTAN, la vida se ha vuelto tan insegura y peligrosa que explica que huyeran de su país.

¿Reconoce la Comisión la responsabilidad de la UE hacia estas personas? ¿Qué medidas piensa adoptar para que se legalice su estancia y puedan circular por la UE, con el fin de que puedan ser protegidos a título de refugiados o beneficiarios de protección complementaria y no sean devueltos, para poner fin a su situación de rehenes y perseguidos? ¿Cómo valora la Comisión los resultados de la política común de asilo y de fronteras a la luz de estas actitudes inhumanas contra refugiados e inmigrantes?

 
  
 

La pregunta que formula el diputado entra dentro del ámbito de actividades de los Estados miembros por partida doble, a saber, las obligaciones contraídas en virtud del acervo comunitario en materia de asilo y las obligaciones en relación con el respeto de los derechos fundamentales en el marco de la realización de controles fronterizos o de inmigración.

La Comisión no dispone de suficiente información para extraer ninguna conclusión concreta en relación con las actuaciones de las autoridades griegas en referencia a la cuestión planteada por el diputado.

En relación con la aplicación del acervo en materia de asilo en Grecia, la Comisión ha emprendido una serie de actuaciones de procedimiento relativas al incumplimiento del Estado miembro de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario.

Así, la Comisión, entre otras cosas, ha incoado procedimientos de infracción contra Grecia por incumplir la obligación de comunicar las medidas nacionales de transposición de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida(1) (Directiva «Reconocimiento») y la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado(2).

En caso necesario, la Comisión emprenderá nuevas actuaciones de procedimiento de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea para garantizar que el Estado miembro cumple las obligaciones que le incumben en virtud del acervo comunitario en materia de asilo.

La Comisión también desea subrayar que Grecia ha dispuesto de ayudas comunitarias para garantizar, entre otras cosas, unas condiciones de recepción adecuadas a los solicitantes de asilo, así como la identificación y la integración de los refugiados y las personas a las que se ofrece una protección subsidiaria. A la luz del número de solicitudes de asilo oficialmente registradas como tales, en 2007 se asignó a Grecia un importe de 1 283 253,07 euros con cargo al Fondo Europeo para los Refugiados II y en 2008 Grecia dispondrá de 1 571 280,36 euros con cargo al Fondo Europeo para los Refugiados III.

En lo que respecta a la libertad de circulación de las personas que necesitan protección internacional en la Unión Europea, la Comisión desearía hacer referencia a su propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional(3). Si se aprueba, la Directiva permitiría a los nacionales de terceros países que han obtenido el estatuto de refugiados o son beneficiarios de protección subsidiaria adquirir el estatuto de residentes de larga duración en un Estado miembro, así como residir en otros Estados miembros por diversas razones, incluidas las actividades de trabajo asalariado y por cuenta propia, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva.

Por último, la Comisión desea reiterar su firme deseo de que Grecia respete los derechos fundamentales en el marco de la realización de controles fronterizos y de las medidas emprendidas contra la permanencia ilegal de nacionales de terceros países en su territorio.

 
 

(1)DO L 304 de 30.9.2004.
(2)DO L 326 de 13.12.2005.
(3)COM(2007) 298.

 

Pregunta nº 105 formulada por Olle Schmidt (H-0068/08)
 Asunto: Prohibición de importaciones de carne procedente de Brasil
 

La importación de carne brasileña a Europa es un asunto de alta prioridad, en parte porque actualmente hay escasez de carne en la UE. Establecer barreras al comercio es contrario a nuestros principios fundamentales relativos al libre comercio y a la apertura. La política agrícola está siendo severamente criticada y medidas de este tipo (prohibir por razones poco claras un producto que los ciudadanos desean tener) no aumenta el apoyo a los agricultores europeos. Se calcula que en Suecia el precio de la carne podría aumentar en un 30 % si la prohibición se mantiene durante largo tiempo. No obstante, comparto la preocupación de la Comisión de dar prioridad a la salvaguardia de la salud humana y animal. Es importante recordar en este sentido que el fuerte aumento de las ventas de carne brasileña se debió en gran medida al brote de la enfermedad de las vacas locas en los años 1990.

¿De qué manera se propone la Comisión resolver este problema y cómo puede garantizar la Comisión que estas medidas temporales son temporales y proporcionadas, de manera que no dañen los intereses de los consumidores en beneficio del grupo de presión de los agricultores europeos?

Es importante para los consumidores europeos que se encuentre rápidamente una solución a la cuestión abordada.

 
  
 

Para proteger la salud pública y animal en la UE, la Unión Europea ha puesto en práctica un amplio conjunto de requisitos para las importaciones de carne. La Comisión comprueba el cumplimiento de todos estos requisitos, especialmente a través de inspecciones in situ efectuadas por los servicios de inspección de la Comisión (Oficina Alimentaria y Veterinaria, con sede en Irlanda). Algunas inspecciones recientes en Brasil han revelado la existencia de casos graves de incumplimiento de los requisitos en materia de importaciones de carne de vacuno en la Comunidad.

Por consiguiente, la Comisión ha adoptado las medidas necesarias para reforzar el control y la vigilancia de algunas explotaciones ganaderas de las que podría proceder carne de vacuno importada en la UE. Se prevé que las autoridades brasileñas remitan la lista definitiva de explotaciones, junto con sus informes de auditoría, antes de finales de febrero de 2008. Además, la Comisión tiene intención de organizar otra inspección de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Brasil a finales de ese mes.

La Comisión es consciente de que estas medidas tienen consecuencias sobre el comercio, pero tales medidas son el resultado de la inacción de las autoridades brasileñas ante las deficiencias detectadas.

No obstante, las medidas serán únicamente temporales. El comercio podría recuperarse, ya que tales medidas permiten que otras explotaciones se incluyan en la lista siempre que cumplan plenamente los requisitos impuestos por la UE.

La protección de la salud pública y animal en la Comunidad debe prevalecer sobre cualesquiera otras cuestiones comerciales.

 

Pregunta nº 106 formulada por Hans-Peter Martin (H-0070/08)
 Asunto: Costes totales en concepto de gastos de viaje
 

El funcionario tiene derecho, una vez al año, al pago a tanto alzado de los gastos de viaje de su lugar de destino a su lugar de origen, para sí mismo y, si tiene derecho a asignación familiar, para su cónyuge y para las personas a su cargo (según lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, texto de 1 de mayo de 2004, anexo VII, sección 3, letra C, artículo 8.

¿A cuánto ascendieron en total las cantidades desembolsadas por la Comisión para pagar en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, estos gastos de viaje previstos en el Estatuto?

¿Cuántos funcionarios de la Comisión tenían derecho en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, a que se les aplicase esta disposición?

¿A cuántos funcionarios de la Comisión se aplicó esta disposición en 2005, 2006 y 2007, respectivamente?

 
  
 

Según el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, los funcionarios, agentes temporales y personal contratado (y sus cónyuges y personas a su cargo, si reúnen las condiciones para que se conceda una asignación familiar), tienen derecho, una vez al año, al pago a tanto alzado de los gastos de viaje de su lugar de destino a su lugar de origen.

Para el personal empleado en la Unión Europea, este pago se efectúa de forma automática, por lo que el número de beneficiarios corresponde al número de funcionarios que tienen derecho a recibir el pago. Las cifras son como siguen:

Gastos de viaje anuales totales

Número de beneficiarios

2005

22 958 780

17 352

2006

25 867 437

17 814

2007

28 209 707

18 389

En relación con los funcionarios destinados fuera de la Unión Europea, el anexo VII, artículo 8, apartado 4, del Estatuto de los funcionarios establece que aquéllos tendrán derecho anualmente, para sí mismos y su cónyuge y las personas a su cargo, al reembolso de los gastos de viaje en forma de un pago a tanto alzado correspondiente al coste de un billete de avión de ida y vuelta desde su lugar de destino hasta su lugar de origen (o hasta otro lugar cuyos gastos de viaje no superen el coste del viaje al lugar de origen).

En lo que respecta al reembolso, la Comisión realiza el pago a tanto alzado todos los años en julio previa presentación de la tarjeta de embarque como prueba de viaje. Por consiguiente, sólo aquéllos que presentan una prueba de haber realizado el viaje reúnen los requisitos necesarios para el reembolso.

En relación con estos funcionarios, el presupuesto y el número de expedientes tramitados se muestra en la tabla que figura a continuación (elaborada a partir de diferentes bases de datos, ya que los datos no siguieron el mismo tratamiento informático durante 2005/2006 y 2007). Estas cifras incluyen a los beneficiarios (y las personas dependientes de éstos) destinados a las Delegaciones de la Comisión al menos durante una parte del año durante los ejercicios mencionados. Algunos de los beneficiarios también recibieron pagos a tanto alzado por el tiempo transcurrido en destinos dentro del territorio de la Unión Europea.

No se trata de datos finales, ya que aún se están regularizando los ejercicios 2006 y 2007.

Número de expedientes

tramitados

Presupuesto

2005

968

8 754 729

2006

1 723

12 581 629

2007

1 941

14 334 408

En 2006 y 2007 el aumento del número de beneficiarios se debió a la aplicación del nuevo Estatuto de 2004, que convirtió a antiguos miembros del personal empleados como agentes locales de asistencia administrativa y técnica (ALAT) y expertos individuales en agentes contractuales, lo que llevó a su contratación con arreglo al régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

 

Pregunta nº 107 formulada por Katerina Batzeli (H-0073/08)
 Asunto: Aplicación del artículo 69 del Reglamento (CE) n° 1782/2003 (retención por razón de la calidad)
 

Como parte de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) se introdujo un mecanismo voluntario en virtud del cual los Estados miembros podrán retener hasta un 10 % de las subvenciones recibidas en virtud del primer pilar para utilizarlas como una ayuda adicional para tipos específicos de agricultura que tengan importancia para la protección o mejora del medio ambiente o sirvan para mejorar la calidad y la comercialización de los productos agrícolas (artículo 69, Reglamento (CE) nº 1782/2003(1)). Recientemente, en la Comunicación COM(2007) 722 de la Comisión «Preparándose para el«chequeo» de la reforma de la PAC» está prevista una modificación de este artículo para permitir que se aplique más allá de un nivel sectorial.

¿Ha efectuado la Comisión un estudio de impacto en relación con las directrices de la citada Comunicación, con la que se prepara para el «chequeo» de la PAC, y sobre la aplicación que se ha venido haciendo hasta ahora del artículo 69? ¿Tiene, por otra parte, algún dato que justifique la prorroga de su ámbito de aplicación?

 
  
 

La Comunicación de la Comisión titulada «Preparándose para el "chequeo" de la reforma de la PAC», aprobada el 20 de noviembre de 2007, establece que un artículo 69 revisado exigiría la flexibilización de la norma actual que exige que las medidas sólo se apliquen a escala sectorial.

La Comisión finaliza en estos momentos un informe de evaluación de impacto sobre el «chequeo» de la reforma de la PAC. El propósito de tal informe es examinar las diferentes opciones que la Comisión puede proponer desde un punto de vista económico, medioambiental, social y administrativo. En el marco de este análisis también se examina la revisión del artículo 69.

El informe de evaluación de impacto acompañará las propuestas jurídicas sobre el «chequeo». La Comisión ha previsto aprobar este paquete el 20 de mayo de 2007. En el marco de esta evaluación de impacto, la Comisión también tomará en consideración otros estudios externos y las contribuciones de otras instituciones europeas y los interesados en este proceso.

 
 

(1)DO L 270, 21.10.2003, p. 1.

 

Pregunta nº 108 formulada por Silvia-Adriana Ţicău (H-0074/08)
 Asunto: Comercio con productos de alta tecnología
 

En 1995, la Unión Europea era el segundo mayor exportador mundial de productos de alta tecnología. En 2005, se convirtió en el mayor exportador mundial de estos productos, con un 17,2 % de las exportaciones mundiales de este ámbito, y también en el mayor importador, con una cuota del 19,1 % de las importaciones mundiales. En 2005, el valor total de las importaciones y las exportaciones de la UE en este ámbito se elevó a 230 000 y 198 000 millones de euros, respectivamente. En el periodo 2000-2005, las exportaciones de la UE de productos de alta tecnología registraron un crecimiento medio anual del 1,7 %, mientras que las exportaciones registraron una disminución media anual del 1,3 %. La categoría «electrónica y telecomunicaciones» representa la parte mayor de las exportaciones y las importaciones europeas de productos de alta tecnología en 17 Estados miembros y en Noruega.

¿Cuál es la estrategia de la Comisión para incrementar la capacidad de todos los Estados miembros de producir y exportar productos de alta tecnología?

 
  
 

La Comisión se complace por el aumento de la competitividad europea en el ámbito de los productos de alta tecnología.

La capacidad de las empresas de la UE de producir y exportar productos de alta tecnología depende de un amplio abanico de condiciones marco, algunas de las cuales se pueden establecer a escala comunitaria y otras entran dentro del ámbito de actividades de los Estados miembros. En 2005 la Comisión estableció su propia política industrial(1) para los próximos años basada en una combinación de iniciativas horizontales y sectoriales seguidas de una revisión intermedia(2) en julio de 2007. La Comisión prevé en el futuro reforzar su labor con los Estados miembros sobre la política industrial en el marco de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo revisada.

Un factor especialmente importante en relación con la competitividad de los productos de alta tecnología reside en el nivel de inversión en I+D. La política de la Comisión en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, especialmente el Séptimo Programa marco para la investigación y el desarrollo tecnológico, constituye una contribución vital a la competitividad internacional del sector de los productos de alta tecnología de la industria europea.

 
 

(1)COM(2005) 474.
(2)COM(2007) 374.

 
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