PRESIDE: MARTINE ROURE
Vicepresidenta

(Se abre la sesión a las 9 horas)

  Presidenta — De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0256/2009) presentado por Monica Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007) (2008/2337(INI)).

  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, éste es mi tercer informe sobre la aplicación del derecho comunitario y tengo que decir —con todo el respeto por la gran cantidad de trabajo que hemos realizado junto con la Comisión— que no podemos decir que estamos especialmente satisfechos. Creo que, en esencia, existen tres problemas, que me gustaría mencionar y que destacamos en nuestro informe a la atención de Sus Señorías y sobre todo de la Comisión.

En comparación con el inicio de la legislatura puedo observar una tendencia por parte de la Comisión consistente en prestar menos atención a lo que hace y pide el Parlamento, ya que a diferencia de lo sucedido anteriormente, casi no hemos recibido respuestas a las preguntas que hemos formulado durante los dos informes anteriores. Tengo que decir que ello me provoca una cierta frustración, pues todos habíamos acordado que la cuestión de la aplicación del Derecho comunitario era prioritaria en el programa de «Legislar mejor».

Nos hemos topado con los siguientes problemas: las tres cuestiones fundamentales que abordamos con la Comisión fueron la transparencia, los recursos y la duración de los procedimientos.

En relación con el nuevo punto que hemos desarrollado conjuntamente, es decir, la cuestión de la transparencia, podemos observar que los avances han sido más bien lentos y, de hecho, con los nuevos reglamentos en materia de acceso a los documentos, la oportunidad para aquellos que llevan a cabo procedimientos de infracción o que desean la apertura de dichos procedimientos para saber por qué se han cerrado o abierto ha disminuido en términos absolutos.

En segundo lugar, me gustaría hablar sobre la definición de prioridades: la definición de prioridades, el respeto y realización de los procedimientos de infracción implica, como es lógico, la toma de decisiones que no son meramente técnicas, sino que también son políticas, y en este aspecto, tras los tres o cuatro años que llevamos trabajando sobre esta cuestión, desgraciadamente tenemos un problema con el seguimiento y el mecanismo de transparencia, y no solamente a nivel interno, es decir, dentro de la Comisión, sino también a nivel externo.

Me gustaría mencionar un par de ejemplos, en particular en relación con el Derecho comunitario en materia de medio ambiente. Sabemos que éste es el principal problema de la aplicación del Derecho comunitario y, sin embargo, seguimos sumamente atrasados, tanto desde el punto de vista de los recursos, como desde la perspectiva de la prioridad concedida a este sector.

Uno de los aspectos más interesantes y que ha sido objeto de un debate muy positivo con la Comisión, fue el de la reducción de la duración de los procedimientos, mediante una serie de mecanismos que se han presentado y, en parte, acordado con la Comisión. Sin embargo, también en este punto, hemos quedado en un punto muerto debido a una cierta inercia que espero se resuelva en el futuro.

Otra cuestión sobre la que deliberamos ampliamente con la Comisión fue el «EU PILOT»; se trata de un proyecto mediante el cual, cuando un ciudadano presenta una denuncia a la Comisión, la denuncia se transmite al Estado miembro para que dé algún tipo de respuesta. La evaluación que han hecho algunos Estados miembros, en particular nuestro Comisario, el Sr. Tajani, sobre el funcionamiento de este proyecto piloto, resulta relativamente poco satisfactoria; el hecho de que la Comisión ya no se dirija por escrito a quienes han sido acusados de una presunta infracción reduce considerablemente la motivación para responder de una administración que es culpable, digamos, de dicha presunta infracción.

Las cosas siempre son así: si el departamento de un ministerio italiano escribe a una región, esta carta será, sin duda, menos eficaz que si procediera directamente de la Comisión. Éste es el tipo de críticas que se han hecho al proyecto piloto, pero desgraciadamente la Comisión no ha dado demasiadas respuestas. Señora Presidenta, me reservo el derecho a intervenir en la segunda parte del debate para responder a los comentarios que, estoy segura, formulará el Vicepresidente Tajani.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, me encuentro aquí en representación del Presidente Barroso, quien me pidió que expresara su pesar por no poder asistir al debate del informe anual sobre la aplicación del Derecho comunitario de 2007.

La Comisión está satisfecha con el apoyo que el Parlamento dio a la propuesta aprobada en su comunicación de 2007 «Una Europa de resultados – la aplicación del Derecho comunitario».

La Comisión de Barroso concede una gran importancia a la correcta aplicación del Derecho comunitario, que considera una prioridad absoluta. Es por esa razón que la Comisión ha hecho un esfuerzo especial para mejorar sus métodos de trabajo en beneficio de los ciudadanos y las empresas, como se explica en la comunicación de 2007.

Algunas resoluciones anteriores del Parlamento han dado lugar a un número considerable de iniciativas que se presentan en la comunicación. En primer lugar, el pasado enero introdujimos una toma de decisiones más frecuente en los procedimientos de infracción con el ánimo de acelerar los casos; en segundo lugar, el pasado mes de abril pusimos en marcha el proyecto «EU PILOT» en 15 Estados miembros para poner a prueba un nuevo método destinado a mejorar la resolución de problemas y la disponibilidad de información; en tercer lugar, el principal objetivo de esta iniciativa, que responde a los intereses del Parlamento, es servir mejor a los intereses de los ciudadanos y empresas en relación con las preguntas y problemas que se presentan en la aplicación del Derecho comunitario, incluyendo la infracción de dicho Derecho; en cuarto lugar, la Comisión seguirá tomando la decisión de iniciar acciones judiciales en caso de inconformidad con el marco del proyecto «EU PILOT», en particular por medio de procedimientos de infracción, y en quinto lugar, el Presidente Barroso escribió en diciembre de 2008 al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, Sr. Gargani, para informarle sobre los resultados del proyecto piloto. En esta carta se confirma igualmente la intención de la Comisión de remitir al Parlamento un informe detallado sobre el primer año de funcionamiento del proyecto, cuyos trabajos preparatorios ya han comenzado.

Como consecuencia de esta comunicación, la Comisión aprobó igualmente un informe anual con un carácter más político que, si bien menciona el trabajo realizado durante el año pasado, también intenta definir prioridades para la aplicación del Derecho comunitario y un programa para poner en práctica dichas prioridades.

Este informe constituye una importante declaración estratégica de la Comisión sobre un aspecto clave del programa «Legislar mejor». Una de las metas de esta iniciativa es facilitar al Parlamento información más útil para establecer un mejor marco para los posteriores debates interinstitucionales.

El Parlamento acogió favorablemente las prioridades que figuran en el informe anual de 2008, en particular aquellas relacionadas con los derechos fundamentales y la calidad de vida. Por primera vez, la Comisión ha utilizado su informe anual para establecer prioridades más precisas para diversos sectores. Nuestro objetivo sigue siendo centrar nuestro trabajo en acciones que generen mejores resultados en beneficio de todos los ciudadanos y empresas.

Las medidas adoptadas en relación con las prioridades definidas el año pasado y los avances logrados aparecerán en el informe anual de este año, al igual que las nuevas prioridades para el período 2009-2010.

Gracias. Me interesa mucho escuchar las intervenciones de los diputados y, al final del debate, daré algunas respuestas a la Sra. Frassoni.

  Diana Wallis, ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. — Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la Sra. Frassoni por su informe. Creo que tanto ella como yo hemos disfrutado trabajando durante dos o tres años en este informe en nombre del Parlamento. He disfrutado de esa cooperación, en cambio no me parece bien que cada año acabemos repitiendo las mismas cosas y tengo la sensación de que caminamos en círculos.

Todo esto debería ser bastante sencillo, ya que se trata de que nuestros ciudadanos puedan ver lo que es el Derecho comunitario; poder ver cuál es el proceso de aplicación de ese derecho y, en última instancia, el resultado de dicha aplicación. Pero al parecer tenemos que seguir inventando constantemente nuevos mecanismos para un proceso que ya existe, pero que no es obvio ni transparente.

Hemos hecho algunos avances, pues la Comisión ha aceptado el principio del proceso, es decir, hacer el Derecho comunitario más comprensible, y me complace ver con cierta frecuencia los denominados resúmenes dirigidos a los ciudadanos en el prefacio de los actos legislativos, a fin de que todos nosotros podamos —y todas las personas que representamos puedan— ver hacia dónde deberíamos dirigirnos y lo que debería lograr la legislación.

Pero cuando se trata del proceso de aplicación, al parecer seguimos en una situación en la que la decisión de aplicar o no aplicar la legislación resulta menos obvia —por qué dicha decisión puede o no tomarse— y a menudo los ciudadanos se quedan sin respuesta. Hace poco recibimos una carta de una persona que había intentado aplicar un texto legislativo y ahora está tan indignada con el entorno europeo que, tras defender siempre a la UE, se ha pasado a un partido antieuropeísta.

Esta es la cuestión: si no corregimos esta situación, haremos que el Derecho comunitario en su conjunto y todas nuestras instituciones caigan en el descrédito. Es así de grave. Todos nosotros, diputadas y diputados, en estos últimos días de la legislatura dedicamos nuestro tiempo a ir de un diálogo tripartito a otro, de un acuerdo en primera lectura a otro, debatiendo las palabras y contenidos de las frases de la legislación. Y me parece muy bien, pero, a fin de cuentas, si no se aplica como nuestros ciudadanos esperan, podríamos preguntarnos: ¿qué sentido tiene?

Todas nuestras instituciones tienen una responsabilidad en relación con el seguimiento del Derecho comunitario. Usted, la Comisión, son los principales responsables, y espero que el debate de cada año no sea del mismo estilo.

  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señora Presidenta, uno de los principios clave que rigen el funcionamiento de la Unión Europea es que los Estados miembros acepten la obligación de transponer y aplicar el Derecho comunitario. En este principio se basa el proceso de integración. No cabe duda de que es necesaria una cooperación continua y activa por parte de la Comisión y los Estados miembros par obtener respuestas rápidas y eficaces a las dudas planteadas por los ciudadanos, y para criticar y rectificar los incumplimientos en la aplicación del Derecho comunitario. Acojo con satisfacción la declaración de la Comisión sobre una cooperación más estrecha con el Parlamento Europeo en el ámbito de los informes y la aplicación del Derecho comunitario.

Los tribunales nacionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación del Derecho comunitario, y por ello apoyo plenamente los esfuerzos de la Comisión para especificar cursos de formación complementarios para los jueces, la profesión jurídica y los funcionarios de los Estados miembros. Sin embargo, la aplicación eficaz del Derecho comunitario se enfrenta a graves retos, entre ellos, los grandes retrasos en la transposición de las directivas.

Uno de los mecanismos más importantes que nos permiten determinar cómo se aplica en realidad el Derecho comunitario es el sistema de petición de decisión prejudicial, cuyo objetivo es dar a los tribunales nacionales la oportunidad de obtener una interpretación y aplicación uniformes de la legislación europea en todos los Estados miembros.

Un problema fundamental del sistema de petición de decisión prejudicial es el tiempo requerido para recibir una respuesta del Tribunal de Justicia, que desgraciadamente aún es de unos 20 meses. La razón es siempre la misma: la traducción de los expedientes a todas las lenguas de la UE, que tarda alrededor de nueve meses. Desde luego, estas traducciones son de extrema importancia, porque permiten un amplio acceso a las resoluciones europeas más recientes e importantes, y aumentan la confianza en el sistema jurídico de la Unión Europea. No obstante, el éxito o fracaso de la introducción del Derecho comunitario dependerá, en última instancia, del modelo institucional que se considere apropiado. Tener el conocimiento y los medios no lo es todo. También se necesita la voluntad para actuar.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señora Presidenta, al igual que en años anteriores, la Comisión no ha respondido a las cuestiones planteadas en la resolución del año pasado sobre el seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario, de la que fui autora. A este respecto, existen tres cuestiones fundamentales en las que la falta de mejora sigue siendo motivo de preocupación: la transparencia, los recursos y la duración de los procedimientos.

De los nuevos casos de infracción registrados en 2007, 1 196 se referían a la falta de notificación de las medidas nacionales relativas a la transposición de directivas comunitarias. Resulta inadmisible que la Comisión se conceda doce meses para tramitar estas simples infracciones que, aparte de la necesidad de una respuesta rápida, no requieren análisis ni evaluación. El proyecto «EU PILOT», puesto en marcha hace un año en 15 Estados miembros para poner a prueba el nuevo método de respuesta a las denuncias, podría extenderse a los demás Estados miembros, pero la falta de información sobre la evaluación de su funcionamiento no permite, desgraciadamente, al Parlamento hacer comentarios sobre esta cuestión.

Lamento tener que decir que durante esta legislatura no se han hecho avances significativos en relación con el papel que el Parlamento debería desempeñar en el seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario. En este aspecto debería hacerse un llamamiento para la rápida aplicación de las correspondientes reformas propuestas por el Grupo de trabajo sobre reforma, que incrementan la capacidad del Parlamento para hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros.

  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Señora Presidenta, por una vez me alegro de que no esté el titular, de que haya venido el señor Tajani, porque el señor Tajani tiene la ventaja de haber sido parlamentario europeo. Y, como parlamentario europeo, sé que ha experimentado la frustración que tenemos los parlamentarios europeos con respecto a la aplicación del Derecho comunitario.

Ahora bien, en el Parlamento tendemos a meternos con la Comisión, y yo creo que le estamos pidiendo a la Comisión una misión imposible, porque todo el Derecho comunitario y toda la aplicación del Derecho comunitario se basan en la aplicación indirecta.

Es decir, la Comisión no tiene sino unos pocos funcionarios en la sede central donde le llegan algunas quejas y tiene algunas posibilidades de actuación pero, en este momento además, la tendencia es a limitar las facultades presupuestarias, con lo cual la Comisión no va a tener la posibilidad de hacerlo.

Todo el Derecho comunitario, toda la aplicación del Derecho comunitario se basa en la actuación de las autoridades nacionales: Parlamentos nacionales, jueces nacionales, funcionarios nacionales.

Y aquí, en este aspecto, yo no creo que podamos exigirle demasiado a la Comisión. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la Comisión, y creo que en el informe de la señora Frassoni hay algunos puntos que pueden ser útiles para conseguir esta aplicación. Me refiero a aquellos relativos a la correlación de directivas, la colaboración de los Parlamentos nacionales y la actuación de los tribunales nacionales.

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Señora Presidenta, me pregunto si el Comisario Tajani estaría de acuerdo en que, en cierto modo, el mayor obstáculo para el correcto cumplimiento del Derecho comunitario son, de hecho, nuestros gobiernos nacionales.

Daré sólo un ejemplo. Hace veinte años acordamos la introducción de las cuatro libertades en toda la Unión Europea. En mi circunscripción viven muchas personas de origen italiano, una de las cuales es un profesor y, como es lógico, habla perfectamente italiano. Al regresar a Italia con su familia se le prohibió enseñar en el país porque se había formado en Inglaterra. Eso no puede ser cierto, pero no podemos hacer nada al respecto, porque las autoridades italianas dicen —por cualquier motivo— que esa profesión está reservada para los ciudadanos italianos.

El comportamiento del Gobierno británico en los aeropuertos me parece una flagrante violación de la mayoría de los acuerdos europeos. ¿Hay algo que pueda hacer la Comisión, por ejemplo, una petición en el próximo Consejo Europeo, para que nuestros gobiernos nacionales muestren un poco de solidaridad europea?

  David Hammerstein (Verts/ALE). — (ES) Señora Presidenta, durante los últimos cinco años, como eurodiputado miembro de la Comisión de Peticiones, he examinado centenares y centenares de peticiones, quejas y preguntas sobre el medio ambiente, y he constatado la muy escasa colaboración por parte de las autoridades nacionales, incluso una verdadera rebelión, un estado de rebelión de algunos Estados miembros en contra de la aplicación de la Directiva sobre los hábitats naturales y otras directivas medioambientales.

Vemos cuán inadecuados son los servicios de la Comisión, que no tienen bastantes recursos ni la voluntad política para aplicar el Derecho comunitario en casos clamorosos. Todo dura tantos años que, en la mayoría de los casos, cuando un procedimiento de infracción llega al Tribunal Europeo, actuamos in articulo mortis, y entonces el Derecho, en el medio ambiente, en situaciones irreversibles, ya no sirve para nada.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, señoras y señores, los proyectos de resolución que debatimos hoy conceden especial importancia a los intereses de los ciudadanos y, más concretamente, a los denunciantes, en la aplicación del Derecho comunitario.

Dentro de las limitaciones de sus obligaciones en materia de confidencialidad, la Comisión trabaja en aras de una mayor transparencia y para publicar más información en su informe anual en la página Europa y en su correspondencia.

La Comisión trabaja actualmente en el desarrollo de un portal conjunto de la Unión Europea destinado a ayudar a los ciudadanos. Estudia la mejor manera de presentar información útil para los ciudadanos y de dirigirlos hacia la información que mejor corresponda a sus intereses.

La Comisión está ultimando sus trabajos para explicar el principio de responsabilidad del Estado por la infracción del Derecho comunitario, lo que podría ayudar a los ciudadanos a obtener indemnización en los tribunales nacionales.

Por lo que respecta a las denuncias, la Comisión confirma la importancia que concede a las formalidades, a una tramitación eficiente de las denuncias y a mantener a los denunciantes informados acerca del curso de sus denuncias. Asimismo confirma que desea encontrar soluciones tan pronto como sea posible.

Por último me gustaría destacar, como bien han hecho la Sra. Wallis y el Sr. Medina Ortega, la importancia que revisten los tribunales nacionales para la aplicación del Derecho comunitario. La Comisión trabaja en varios contextos con magistrados nacionales, como ha señalado el Sr. Zwiefka, para sensibilizarlos acerca de los distintos aspectos del Derecho comunitario y asegurarse de que tengan todos los instrumentos que necesitan para acceder a la información pertinente.

En relación con el nuevo método «EU PILOT», no se trata de una fase adicional del procedimiento. Este método nos permite examinar rápidamente si puede encontrarse una solución de forma directa y rápida con las partes interesadas de un Estado miembro. Fue elaborado basándose en la vasta experiencia de la Comisión, añadiendo un mayor compromiso por parte de la Comisión y los Estados miembros que participan con respecto a la organización de la toma de contacto y la fijación de objetivos.

En el proyecto de informe que debatimos hoy se plantea un gran número de cuestiones concretas. La Comisión explicará, en su respuesta a la resolución, los aspectos a los que no pueda contestar yo hoy.

Ahora bien, en relación con las infraestructuras, que forman parte de mi ámbito de responsabilidades, no puedo sino apoyar la invitación del Parlamento Europeo para que se resuelvan los procedimientos de infracción y, en su caso, se cierren, ya que impiden que los Estados miembros inviertan en infraestructuras que podrían influir sobre la ejecución del Plan Europeo de Recuperación Económica.

Señora Presidenta, señoras y señores, acogemos con satisfacción el interés común que muestran el Parlamento y la Comisión en una aplicación adecuada y correcta del Derecho comunitario en interés de los ciudadanos y las empresas.

Confirmamos nuestra evaluación conjunta de la vital importancia de este aspecto del programa «Legislar mejor».

  Monica Frassoni, ponente. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, quiero dar las gracias a la Presidenta. Resulta muy interesante que el Comisario haya elegido, dentro de la resolución, el punto con el que menos de acuerdo estoy en mi calidad de ponente; no obstante, tomo nota de todo lo que ha dicho y de los compromisos que ha asumido en nombre de la Comisión.

También deseo aprovechar esta oportunidad para señalar unos cuantos problemas que espero que la Comisión resuelva. El primero es una reducción gradual de la independencia de las Direcciones Generales, resultado del efecto combinado de un servicio jurídico cada vez más reacio a acudir al Tribunal y una Secretaría General que cada vez anima menos a los Estados miembros a hacerlo; los ejemplos que podría citar son desgraciadamente numerosos.

La ineficacia del control del Derecho comunitario también se debe a la falta de recursos: señora Presidenta, en relación con una directiva que hemos examinado exhaustivamente, la Directiva 2004/38/CE, que ha recibido 1500 denuncias. Se trata de la Directiva relativa a la libre circulación de los ciudadanos, se han presentado 1500 denuncias, pero sólo se han iniciado 19 procedimientos de infracción.

A continuación, en relación con el proyecto piloto, ya he señalado el problema que representaría una reducción de la fuerza de persuasión y el hecho de que los plazos no siempre pueden recortarse. Resulta evidente que, cuando en el proyecto piloto se tratan cuestiones como una contaminación ya confirmada o normas de caza que contravienen de forma obvia y abierta las normas comunitarias, no puede afirmarse que los Estados miembros actúen, porque ello sólo sirve para retrasar aún más los procedimientos.

Por último, señora Presidenta, tenemos un problema que considero preocupante y que es relativamente reciente, me refiero al efecto combinado de la extrema formalidad, que sigue aumentando, de las respuestas que da la Comisión y la creciente arbitrariedad de las decisiones. Hace poco se cerró un procedimiento de infracción por motivos de conveniencia política; me refiero al proyecto MoSE. Resulta evidente que cuando la conveniencia política interviene en un proceso de seguimiento que debería ser ante todo de carácter jurídico, las cosas pueden complicarse.

Por último, dentro de nuestra propia institución, el Parlamento, nos enfrentamos a un problema muy grave, porque las reformas que vamos a debatir y votar en mayo incluyen propuestas para reducir de forma considerable las competencias de la Comisión de Peticiones. Este sería un error sumamente grave, porque una reducción de los poderes de las peticiones implica una reducción del poder de los ciudadanos, de las denuncias y de la tramitación de las infracciones del Derecho comunitario.

  Presidenta. - Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy.

  Presidenta — De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:

- el Informe (A6-0053/2009) de la Sra. Starkeviciute, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)).

- el Informe (A6-0056/2009) del Sr. Purvis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

  Margarita Starkevièiûtë, ponente. − (LT) Ahora que la economía de la Unión Europea registra un período de recesión es de suma importancia estimular el crecimiento económico. Una de las fuentes del crecimiento económico de la Unión Europea es la ampliación del mercado común, que sigue estando sumamente fragmentado, en particular en el sector de los servicios financieros. La propuesta que tenemos ante nosotros debería contribuir a resolver este problema y crear una zona única de pagos en euros. En inglés, a esta zona se le denomina Single Euro Payments Area.

Este documento ya tiene su historia. Tan pronto como se introdujo el euro y se abolieron los tipos de cambio en los países de la zona euro, se puso de manifiesto que los precios para los pagos transfronterizos eran distintos de los precios para los pagos locales. Por este motivo se aprobó el Reglamento (CE) n° 2560/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los pagos transfronterizos en euros, que entró en vigor al final de 2001. Este Reglamento establecía comisiones equivalentes para los pagos locales, nacionales y transfronterizos y reforzaba este principio. Su finalidad era reducir los precios para los consumidores y lograr una mayor competencia en el mercado de los servicios de pagos.

La aplicación del Reglamento redujo las comisiones por pagos; por ejemplo una transferencia transfronteriza de 100 euros solía costar una media de 24 euros en la Unión Europea y ahora cuesta 2,50 euros. Por otro lado, el documento puso de manifiesto algunas deficiencias. Por este motivo se decidió su revisión.

El documento que tenemos ante nosotros es una versión mejorada del Reglamento nº 2560/2001. ¿Cuáles son las novedades de este documento? En primer lugar, el principio de igualdad de las comisiones para los pagos transfronterizos y los nacionales se ha ampliado para incluir los débitos directos, algo que no existía anteriormente. Una vez creada la ZUPE y aprobada la Directiva sobre servicios de pago, el sector de los pagos en Europa cambió; por ello es importante que a partir de noviembre de 2009 sea posible utilizar este método electrónico de pago tan popular, el débito directo, a escala transfronteriza. A fin de contribuir a la creación de este modelo común de débitos directos, el Reglamento establece que, a falta de un acuerdo bilateral entre los proveedores de servicios de pagos del pagador y el beneficiario, la Comisión Bancaria Multilateral para un débito directo será de 0,08 euros durante un período transitorio que finalizará en 2012.

El documento indica igualmente cómo mejorar la defensa de los derechos de los consumidores y eliminar los obstáculos para las empresas. Se propone que los Estados miembros designen autoridades competentes para supervisar la aplicación de este Reglamento, y dichas autoridades deberán cooperar activamente a nivel transnacional a fin de reducir los obstáculos para las empresas; asimismo éstas podrán adoptar directrices sobre la forma de evaluar los procedimientos para determinar el cumplimiento de este principio.

Otra novedad que presenta la revisión de este documento es la propuesta de abolir gradualmente las obligaciones impuestas a los bancos en algunos Estados miembros de presentar estadísticas sobre la balanza de pagos y el establecimiento de otros procedimientos para presentar dichas estadísticas.

Lamento profundamente que no se haya podido alcanzar un acuerdo con el Consejo sobre este aspecto y por el momento quedan por definir los procedimientos para la revisión de la balanza de pagos y los procedimientos de ejecución. El Parlamento y la Comisión han declarado que se fijaría un plazo estricto.

  John Purvis, ponente. — Señora Presidenta, esta Directiva responde a la creciente importancia del comerció electrónico y del dinero electrónico, así como a la necesidad de establecer un marco legislativo claro. Su finalidad es facilitar el uso del dinero electrónico para las cuentas de pago en línea, las cuentas de teléfonos móviles de prepago, las tarjetas de viaje recargables y los cupones de regalo.

El dinero electrónico no se distingue de otras formas de dinero, pues almacena valor monetario y ofrece un medio de intercambio cómodo. Sin embargo, a diferencia de los instrumentos de pago basados en cuentas, como las tarjetas de crédito y débito, funciona como un instrumento al portador pagado previamente. Se utiliza para hacer pagos —generalmente de una cuantía relativamente pequeña— a empresas distintas del usuario, por lo que se diferencia de las tarjetas de prepago de finalidad única, como las tarjetas telefónicas. No se necesita una cuenta bancaria para utilizar el dinero electrónico, por lo que reviste una importancia especial para los miembros de la sociedad que no tienen o no pueden tener cuentas bancarias.

Hace ocho años, Benjamin Cohen declaraba en su artículo «Electronic Money: New Day or False Dawn» declaraba que había comenzado la era del dinero electrónico. Desgraciadamente, su predicción fue excesivamente optimista y prematura, al menos para Europa. El dinero electrónico aún está muy lejos de ofrecer en Europa todas las ventajas que se preveían en el momento de la adopción de la primera Directiva sobre dinero electrónico en 2001.

Ello se debió probablemente a los elevados requisitos de capital inicial y otras restricciones excesivamente prudentes. El número de entidades emisoras de dinero electrónico varía considerablemente entre un Estado miembro y otro. Por ejemplo, la República Checa cuenta con 40 de estas entidades, mientras que Francia y Alemania juntas tienen doce. De hecho, dos entidades emisoras de dinero electrónico alemanas se vieron obligadas a trasladarse a la jurisdicción del Reino Unido debido a importantes diferencias de regulación, incluso con esta Directiva. En agosto de 2007 —hace dos años— el dinero electrónico pendiente de pago ascendía a tan sólo 1 000 millones de euros, en comparación con los 600 000 millones de euros en efectivo en circulación.

Así pues, resulta evidente que el dinero electrónico todavía debe recorrer un largo trecho para convertirse en una auténtica alternativa al dinero en efectivo. Sin embargo, crece de forma considerable a pesar de las restricciones, y esta nueva Directiva permitirá la prestación de nuevos servicios de dinero electrónico innovadores y seguros para ofrecer posibilidades de acceso al mercado y fomentar una competencia real y eficaz entre los participantes del mercado. Los nuevos operadores y los de menor tamaño tendrán oportunidad de entrar en el mercado, ya que la cantidad de capital inicial se reducirá de un millón de euros a 350 000. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sin duda habría preferido una cantidad menor.

Los proveedores pueden aumentar los puntos de venta en los que se puedan realizar pagos electrónicos, por ejemplo, el viajero que compre su billete de metro con dinero electrónico podría igualmente comprar un café, un periódico o un ramo de flores en el kiosco de la estación, como ya sucede —y con gran éxito— en Hong Kong, por ejemplo.

Hemos acelerado el proceso legislativo para alcanzar un acuerdo en primera lectura a fin de que esta Directiva se apruebe antes de las elecciones europeas. Quiero agradecer cordialmente a Ivo y Melanie del personal de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a los ponentes alternativos socialista y liberal, al Sr. Pittella y a la Sra. Raeva, a los servicios de la Comisión y a la Presidencia Checa, en particular a Tomáš Trnka y su equipo, por su cooperación tan positiva. Ninguno de nosotros logró todo lo que deseaba, pero creo que hemos dado un importante paso adelante y me gustaría mucho que el Parlamento apoyara este proyecto.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar me gustaría expresar el reconocimiento de la Comisión por la velocidad con la que el Parlamento ha tramitado estos dos temas, que son tan importantes, y a este respecto me gustaría dar las gracias a los ponentes y a la Sra. Berès, Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por su crucial contribución a la celeridad de estos trabajos.

Nos encontramos a tan sólo unos cuantos meses del plazo final para la transposición de la Directiva sobre servicios de pago por parte de los Estados miembros. Estas dos medidas, junto con los notables esfuerzos realizados por el sector de los pagos para desarrollar productos para la ZUPE, constituyen un paso crucial y oportuno hacia la culminación del mercado único de pagos. Estas medidas, junto con la Directiva, completarán el fundamento jurídico indispensable para brindar claridad, seguridad y estabilidad al mercado. Las negociaciones celebradas en las últimas semanas han hecho posible llegar muy rápidamente a un acuerdo sobre estas dos cuestiones.

En relación con el Reglamento revisado sobre pagos transfronterizos, tengo el placer de anunciar que la Comisión acepta la enmienda propuesta, que es el resultado de un compromiso. La Comisión se siente especialmente satisfecha por la inclusión de una serie de artículos que rigen la cuestión de las comisiones interbancarias multilaterales por transacciones de débito directo en su propuesta original. El mercado esperaba estas disposiciones y las consideramos de vital importancia para la introducción del débito directo en la ZUPE por parte de los bancos europeos.

Estas normas darán al sector de los pagos tres años para presentar un modelo comercial a largo plazo para los débitos automatizados que cumpla las normas en materia de competencia. En un espíritu de conciliación, la Comisión está dispuesta a sustituir la eliminación incondicional de estas obligaciones por una cláusula de revisión, como propusieron el Parlamento y el Consejo.

En cuanto a la Directiva revisada sobre dinero electrónico, se trata de un acto legislativo especialmente ambicioso que ofrecerá una segunda oportunidad para el establecimiento de un mercado de dinero electrónico que será realmente útil. La Directiva pretende ofrecer al mercado un marco claro y equilibrado, jurídico y prudencial, eliminando los obstáculos innecesarios, desproporcionados o excesivos para la entrada en el mercado y hacer que la emisión de dinero electrónico resulte más atractiva.

La nueva Directiva debería promover una competencia auténtica y eficaz entre todos los participantes del mercado y, al mismo tiempo, garantizar la igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios de pago, así como un alto nivel de protección de los consumidores. El convenio alcanzado establece un equilibrio excelente al proteger plenamente nuestros objetivos iniciales y, paralelamente, brindar una respuesta adecuada a las legítimas preocupaciones expresadas durante el proceso de aprobación. Por ello apoyamos plenamente esta propuesta.

  Aloyzas Sakalas, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. — Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos apoya la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad.

Los objetivos de esta iniciativa de la Comisión son los siguientes: en primer lugar, sustituir el Reglamento vigente a fin de adaptarlo a la evolución del mercado; en segundo lugar, promover la protección de los derechos del consumidor y ofrecer un marco jurídico adecuado para el desarrollo de un sistema de pagos moderno y eficiente dentro de la UE; y en tercer lugar, lograr un mercado interior para los servicios de pago en euros.

Se pidió a la Comisión de Asuntos Jurídicos que presentará una opinión a la comisión competente, a saber, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. En esta opinión se proponía que los Estados miembros pudieran designar a instituciones ya existentes para que actuaran como autoridades competentes y para utilizar o ampliar los procedimientos existentes relativos a los servicios de pagos transfronterizos. Es importante aplicar y mejorar las medidas ya existentes y hacer que los organismos hagan frente a las denuncias y conflictos con respecto a esta propuesta de forma eficaz.

Es importante señalar que los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y, en particular, el principio ampliado de igualdad de comisiones para los pagos transfronterizos deberán cumplir con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 95 del Tratado CE. Los pagos transfronterizos en euros requieren un planteamiento a escala comunitaria debido a que las normas y principios aplicables tienen que ser los mismos en todos los Estados miembros para ofrecer seguridad jurídica e igualdad de condiciones para todas las partes interesadas en el mercado de pagos europeo.

  José Manuel García-Margallo y Marfil, en nombre del Grupo PPE-DE. — (ES) Señora Presidenta, voy a comentar sólo el Reglamento relativo a los pagos transfronterizos y el informe que ha hecho la señora Starkevičiūtė.

El Reglamento, como ya ella ha explicado muy bien, responde a las necesidades percibidas como consecuencia de la introducción del euro y establece un principio relativamente claro: las comisiones deben ser iguales para los pagos nacionales que para los pagos transfronterizos, una regla de sentido común en un mercado interior pero que distaba mucho de cumplirse antes de este Reglamento.

El Reglamento se convirtió así en una rampa de lanzamiento para la zona única de pagos a la que también se ha referido la ponente y, por tanto, sobra cualquier comentario adicional.

El paso del tiempo ha hecho viejo este Reglamento y ha habido que abordar su revisión para adaptarlo a la evolución de los mercados financieros y para adaptarlo también a la Directiva sobre servicios de pago.

La Comisión se propuso tres objetivos en esta revisión: en primer lugar, incluir en su ámbito los adeudos domiciliados transfronterizos; en segundo lugar, establecer procedimientos para la revisión extrajudicial de los problemas que pudiesen derivarse de la aplicación del Reglamento; y, en tercer lugar, aliviar las obligaciones de información estadística sobre la balanza de pagos.

El Parlamento Europeo coincidió, en general, con esta visión pero estableció tres modificaciones importantes: una aclaración de las definiciones jurídicas que en el Reglamento se establecen, una conminación o una advertencia a los Estados para que cumpliesen el Reglamento mejor de lo que lo habían hecho en el pasado y, en tercer lugar, una llamada también a una coordinación importante entre los Estados.

Mi preocupación era el tema de las obligaciones estadísticas en materia de balanza de pagos que ha sido resuelto en el acuerdo entre las distintas instituciones y, por tanto, me doy por plenamente satisfecho con el resultado alcanzado con el acuerdo de todas ellas.

  Pervenche Berès, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señora Presidenta, me gustaría hablar sobre el informe del Sr. Purvis sobre el dinero electrónico.

En primer lugar, me parece que si consideramos los motivos por los que el dinero electrónico está menos desarrollado aquí que en Hong Kong, veremos que se debe, sin duda, a que los ciudadanos europeos se han acostumbrado a usar sus tarjetas bancarias con mucha más facilidad.

Este Parlamento ha tenido dos cuestiones en mente a la hora de elaborar esta legislación: en primer lugar, en un momento en que la supervisión está en boca de todos, no queremos desregular la supervisión de las entidades emisoras de dinero electrónico únicamente por la presión que ejercen éstas. Es por ello que el Parlamento Europeo ha insistido, sobre todo, en que estas entidades que emiten y gestionan dinero electrónico sean objeto de una auténtica supervisión, y creo que hemos obtenido una serie de garantías en este aspecto, lo cual me satisface.

De forma similar deseamos tener en cuenta los intereses de los ciudadanos y de aquellos que usan el dinero electrónico, especialmente cuando desean poner fin a sus contratos, de modo que las entidades gestoras de dinero electrónico no les impongan restricciones y comisiones que nos parecerían excesivas.

De este modo hemos apoyado esta propuesta con la esperanza de que facilite la vida de nuestros conciudadanos mediante el uso del dinero electrónico, pero sin que ello dé lugar a excesos, sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos de supervisión.

  Mariela Velichkova Baevà, en nombre del Grupo ALDE. – (BG) La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad, que pretende sustituir a la normativa vigente, está relacionada con la creación de un mercado de pagos europeo integrado. La propuesta también pretende aumentar la protección de los intereses y derechos de los consumidores, y reducir la carga que implican los informes estadísticos.

El artículo 5 relativo a la balanza de pagos, y el artículo 12 relativo a la cláusula de revisión son objeto del compromiso que defiende nuestra ponente, Margarita Starkevièiûtë, y tiene el apoyo de Bulgaria. Este compromiso ofrece la oportunidad de realizar una evaluación oportuna y adecuada.

La actual crisis financiera mundial hace que la atención se centre en la necesidad de datos estadísticos pertinentes. Bulgaria está a favor de la supresión de los informes obligatorios basados en la liquidación de los proveedores de servicios de pago y de la introducción de estadísticas sobre la balanza de pagos por debajo de un umbral de 50 000 euros.

Bulgaria apoya la supresión del apartado 2 del artículo 5, ya que las reservas formuladas se han hecho en el contexto de la posible pérdida de información y del deterioro de la calidad de las estadísticas sobre la balanza de pagos, así como por la necesidad de un período técnico para pasar al sistema de información directa.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, una vez más quiero expresar mi gratitud por la forma en que el Parlamento ha gestionado estos dos temas. Esto implica que el nuevo Reglamento relativo a los pagos transfronterizos entrará en vigor en la fecha prevista, a saber, el 1 de noviembre de este año, y que de este modo, el mercado del dinero electrónico tendrá una segunda oportunidad para desarrollarse.

Junto con la Directiva sobre servicios de pago, estos dos actos legislativos comunitarios harán posible la creación de un marco jurídico moderno y global para el mercado comunitario de pagos y allanará el camino para que el sector europeo de los pagos pueda desarrollar plenamente el proyecto de la Zona Única de Pagos en Euros. Este proyecto ofrecerá a los consumidores y empresas europeos un mercado de pagos totalmente integrado que será eficiente en términos de costes y de la más alta calidad.

Por ello la Comisión desea dar las gracias —y lo hace con especial placer— al Parlamento Europeo por esta última señal de su compromiso con la ZUPE.

  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Señora Presidenta, el dinero electrónico que puede usarse a nivel transfronterizo representa un avance considerable. Es importante que la UE mejore el mercado interior de esta forma fomentando su utilización. Sin embargo, quisiera aprovechar la oportunidad para recordar de qué estamos hablando realmente.

Cuando introdujimos el euro en un gran número de países europeos, nos basamos en los análisis realizados sobre las ventajas de una unión monetaria. Estas ventajas consisten en reducir los costes del intercambio de dinero, así como de los costes de otras transacciones. Reducimos los costes de la información al contar con una moneda común. El precio que pagamos por ello es tener economías más inestables. Nos resulta incluso más difícil mantener altas tasas de empleo y la estabilidad de las finanzas públicas. Lo vemos en estos mismos momentos cuando todo empieza a ir mal en este aspecto en países como Irlanda, España, Italia y Grecia.

Así pues, debemos tener en cuenta que las vícitmas deberían compensarse con las ventajas obtenidas por la reducción del coste de las transacciones resultante de una moneda común, pero estas ventajas disminuyen continuamente precisamente debido a que los avances del sistema de pagos son tan rápidos. Dentro de muy poco estaremos en una situación en la que tendremos un sistema de pagos tan eficaz que sus costes serán insignificantes. Y entonces tendremos una moneda común que tan sólo nos garantiza la inestabilidad de nuestra economía europea. Ya lo dije antes y ahora pueden ver que se ha hecho realidad. Les insto a que reflexionen sobre esta cuestión.

  Margarita Starkevièiûtë, ponente. − (LT) Quisiera decir que el texto que tenemos ante nosotros es fruto de un compromiso, al que se llegó tras complejas negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento.

No obstante, se trata de un resultado positivo y quiero dar las gracias al representante del Consejo, Sr. Trinka, y a los representantes de la Comisión por su cooperación, así como al personal de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que contribuyeron a redactar este documento. Éste responderá a las preguntas formuladas por el Sr. Lungren, es decir, ayudará a consolidar toda la zona del euro, ya que se reforzarán los procedimientos para las transacciones en euros. Como representante de un país que no forma parte de la zona del euro, me siento muy satisfecha de que este Reglamento pueda aplicarse, si así lo desean los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro, a los pagos en moneda nacional, que en el caso de Lituania sería la lita.

Por el momento, el precio de los pagos transfronterizos y los precios de los pagos nacionales en moneda nacional siguen siendo distintos en nuestros países. Esto se debe en parte al hecho de que no somos miembros de la zona del euro. Creo que el primer paso, y uno de los pasos para el ingreso en la zona del euro de los Estados miembros que no forman parte de ella, sería comenzar a aplicar este principio a las divisas nacionales. Otra cuestión importante es que la promoción de los pagos transfronterizos que lleva a cabo este Reglamento abra el camino a la modernización del sector bancario europeo, ya que los bancos tienen un período transitorio de tres años para elaborar un nuevo modelo de negocio que haga más eficientes los pagos.

Esto es sumamente importante ya que a menudo hablamos sobre innovaciones, nuevas iniciativas y modernización. Este documento crea precisamente las condiciones adecuadas para todo ello.

  John Purvis, ponente. — Señora Presidenta, para satisfacer las cuestiones que preocupan a la Sra. Berès diré que en esta Directiva y en el informe hemos insistido en que los fondos de dinero electrónico no sean depósitos y que no puedan ser objeto de crédito. Hemos abierto la puerta al dinero electrónico tan sólo un poco más.

Los requisitos de capital incial se reducen a 350 000 euros; la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios habría preferido 200 000. El requisito de fondos propios será del 2 % de los fondos de dinero electrónicos pendientes de pago; nosotros habríamos preferido un 1,6 %, pero con la flexibilidad permitida del 20 % hacia arriba o hacia abajo, los Estados miembros más liberales pueden bajar al 1,5 % y los conservadores subir hasta un 2,4 %.

No resulta ideal que sigan existiendo condiciones muy poco uniformes en la Unión Europea, en particular cuando insistimos en que los fondos de usuarios de dinero electrónico estén plenamente protegidos y también existen otras protecciones para el usuario, por ejemplo, en la cancelación, como mencionó la Sra. Berès. Debido al capital necesario, el nivel de exención tuvo que establecerse para los operadores de dinero electrónico exclusivamente a nivel nacional a 5 millones de euros, en lugar de 2 millones.

Al fin y al cabo, se trata de un avance muy prudente. No es perfecto, los compromisos raras veces lo son. Es casi seguro que deba revisarse en tres o cuatro años y espero que, para entonces, exista un mayor número de operadores en este mercado. Los usuarios y comerciantes exigirán más opciones. Los reguladores con mayores dudas, Sra. Berès —e incluso el Banco Central Europeo— tendrán que darse cuenta de que se trata de un servicio beneficioso para los usuarios que no conlleva riesgos para la economía europea. Por fin podremos aprovechar en Europa todas las oportunidades que ofrece el dinero electrónico.

  Presidenta. - El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy.

  Presidenta. - De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0087/2009) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Reglamento sobre subproductos animales) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

  Horst Schnellhardt, ponente. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, hemos elaborado un buen informe y logrado un consenso sobre el Reglamento sobre subproductos animales en primera lectura. Por ello debo dar las gracias a las Presidencias francesa y checa, a la Comisión y a los ponentes de los distintos grupos.

La cooperación para redactar este informe se caracterizó por un espírtu de confianza, por lo que pudimos terminar el informe rápidamente, aunque —y debemos considerarlo así— el informe que tenemos ante nosotros ha modificado considerablemente la propuesta de la Comisión, no tanto por su contenido, como por su estructura. Se ha modificado el orden de muchos detalles. Esta nueva propuesta era necesaria debido a las contadas deficiencias surgidas en la aplicación del Reglamento de 2002 que provocaron problemas en la práctica. Aunque el Reglamento de 2002 controlaba las enfermedades animales, como la EEB, la contaminación por dioxinas y la propagación de otras enfermedades animales, como la fiebre aftosa o la fiebre porcina, para poder seguir avanzando en este aspecto era indispensable establecer requisitos en materia de responsabilidad, trazabilidad y el punto final de los subproductos del sacrificio.

Asimismo era necesario eliminar la inseguridad jurídica relacionada con el ámbito de aplicación del Reglamento a los subproductos de la caza. Al igual que varios reglamentos anteriores en materia de higiene, en el futuro los operadores serán responsables de sus productos. Ya he dicho esto en relación con otros reglamentos. Sin embargo, ello no debe desembocar en una reducción de los controles oficiales.

Mediante el nuevo Reglamento deseamos aumentar la seguridad de los ciudadanos y no sólo trasladar responsabilidades. Por ello es importante que los operadores que manipulen subproductos estén autorizados. Se regula claramente qué operadores necesitarán autorización. El hecho de que, además del proceso de autorización, exista también un proceso de registro se debe al deseo de reducir los trámites burocráticos. En el futuro tendremos que estudiar detenidamente si el procedimiento de registro garantizará la seguridad suficiente. Del mismo modo, considero que se ha eliminado la inseguridad derivada de las disposiciones relativas a los subproductos de la caza. Ahora queda claro que son indispensables buenas prácticas de caza. No podrán utilizarse los animales de caza recogidos en los bosques. También creo que hemos cumplido el deseo de muchos diputados al permitir una alimentación adecuada de las aves necrófagas en algunas regiones.

La posibilidad de determinar el punto final del ciclo de vida de los subproductos constituye un avance importante. De este modo se eliminará la inseguridad jurídica y se resolverán numerosas deficiencias y problemas. Tendremos que estudiar si el establecimiento del punto final por parte de la Comisión Europea cumple el criterio mencionado anteriormente, es decir, la seguridad jurídica. Soy consciente, desde luego, que este punto puede variar de un producto a otro y por ello se requiere flexibilidad, pero también quiero decir aquí a la Comisión que se necesita igualmente transparencia para que dicho punto quede claro para el usuario.

Y ahora llegamos al tema crucial que, en mi opinión, es siempre es la comitología. En el nuevo Reglamento se aplican demasiadas normas a través del procedimiento de comitología. Debemos examinar detenidamente este aspecto. Como es lógico sé que los diputados europeos tenemos la oportunidad de desempeñar nuestro papel a este respecto, pero la práctica nos indica igualmente que no estamos en condiciones de controlar o examinar todos los procedimientos de comitología. Por ello me complace que la Comisión haya anunciado que tiene intención de presentar sus propuestas a la Comisión de Medio Ambiente antes de su aprobación. Me parece un buen planteamiento porque existe un gran número de formas de comitología. Creo que vamos por buen camino en este aspecto.

Haré unos cuantos comentarios sobre otros temas al final del debate.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señora Presidenta, señores y señoras, hoy el Parlamento votará una posición común basada en la propuesta de un nuevo reglamento sobre subproductos animales presentada por la Comisión. En este momento quisiera dar las gracias al ponente por su labor, que ha permitido llegar a esta posición común, y por su conocimientos de las normas del sector veterinario que han hecho posible alcanzar un resultado positivo y consensuado. Mi compañera, la Sra. Vassiliou, pide disculpas por no estar presente en este debate, pero me ha pedido que exprese su agradecimiento personal al ponente por todo lo que ha hecho y los esfuerzos que ha realizado para alcanzar el objetivo.

La Comisión está agradecida también con los ponentes alternativos, que han examinado de forma constructiva estos trabajos, como ha señalado el ponente en su intervención, y gracias a esta colaboración ha sido posible además incorporar en la posición común los principales motivos de preocupación expresados por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Al igual que el ponente, quiero dar las gracias a la Presidencia francesa, que realizó una gran labor, a pesar de saber que no alcanzaría el resultado final y a la Presidencia checa, que dedicó grandes esfuerzos a la obtención de un mandato claro y coherente en las negociaciones con el Parlamento. Por estos motivos, la Comisión apoya firmemente la posición común.

Este texto clarifica la relación entre las normas sanitarias y las medioambientales, y contribuye de este modo a los objetivos del programa «Legislar mejor». Las normas que el Parlamento está a punto de votar permitirán un uso más amplio de subproductos de origen animal, que actualmente no pueden aprovecharse, pero lo hace garantizando las condiciones de seguridad adecuadas. Asimismo se reducirán los costes administrativos, lo que permitirá a los operadores ser más competitivos. Todo ello será de vital importancia para que puedan responder de forma dinámica a los desafíos del futuro, ya procedan de las importaciones de países extracomunitarios o de nuevos avances tecnológicos para el uso de subproductos.

Estas nuevas normas serán, además, plenamente coherentes con el objetivo de proteger la biodiversidad y —lo que es el aspecto más importante— permitirán mantener un alto nivel de protección dentro de la Unión Europea contra los riesgos para la salud humana y animal.

PRESIDE: DIANA WALLIS
Vicepresidenta

  Thomas Ulmer, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, acojo con gran satisfacción el proyecto de informe del Sr. Schnellhard y me gustaría darle las gracias por su magnífico trabajo. Tras las numerosas crisis ocurridas en los últimos años con los productos de origen animal que representan un riesgo para la salud humana y animal, es indispensable una reglamentación exhaustiva y obligatoria. Era necesario revisar el Reglamento vigente.

Ahora, como antes, necesitamos garantizar un alto grado de seguridad. Aunque apoyamos en esencia el informe, algunos de sus puntos son motivo de preocupación para nosotros. Muchos aspectos del Reglamento se han hecho menos estrictos, lo que facilita hasta cierto punto el comercio con subproductos animales. Permítanme citar algunos ejemplos: se permite utilizar ciertos materiales de Categoría 1 en los alimentos para animales domésticos. Los materiales de Categoría 2 y 3, independientemente de los riesgos asociados a ellos, pueden eliminarse con mayor facilidad, bajo supervisión oficial, si tan sólo se producen pequeñas cantidades de desechos cada semana. El riesgo asociado a los subproductos animales de cualquier categoría sólo se determina parcialmente por su cantidad. Sigue siendo la Comisión Europea la que promulgará el Reglamento de ejecución y, al igual que su predecesor, la propuesta contiene un gran número de autorizaciones que debe conceder la Comisión. Esto implica que la Comisión puede establecer normas exhaustivas y fundamentales para la manipulación de subproductos en el procedimiento de comitología, de modo que el Parlamento —como ocurre a menudo desgraciadamente— queda excluido.

  Christel Schaldemose, en nombre del Grupo del PSE. – (DA) Señora Presidenta, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. Schnellhardt por su ambicioso trabajo que ha resultado ser un informe sumamente técnico. En nombre de nuestra ponente alternativa, la Sra. Westlund, quisiera dar las gracias también a los demás ponentes alternativos por su constructiva cooperación, que ha hecho posible que podamos votar hoy una propuesta que seamos capaces de apoyar. La propuesta que vamos a votar es más clara y más fácil de aplicar que la compleja legislación en vigor. Nosotros, los miembros del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo nos sentimos especialmente satisfechos de haber logrado apoyo para nuestra enmienda destinada a permitir que los animales carroñeros tengan la oportunidad de encontrar la comida que necesitan para sobrevivir. También nos satisface haber logrado centrar la atención en los riesgos para la salud y la seguridad, sin sacrificar por ello la flexibilidad necesaria. Gracias por su labor y estamos satisfechos de que contemos con una propuesta constructiva.

  Satu Hassi, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FI) Señora Presidenta, señoras y señores, quiero expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Scnellhardt por su excelente labor y cooperación. Es muy positivo que tengamos un experto de primera fila en este ámbito, como nuestro ponente.

El principal objetivo del Reglamento que tenemos ante nosotros es garantizar la higiene y la salud y seguridad humanas. No obstante, me gustaría mencionar aquí otro detalle que es importante para la protección de la biodiversidad y las pequeñas empresas de turismo rural de mi país. Me complace que se haya alcanzado un consenso político dentro del Parlamento, al igual que con el Consejo de Ministros, para resolver esta cuestión.

Me refiero a pequeñas empresas que recogen los cadáveres de animales muertos en las explotaciones ganaderas, por ejemplo, en explotaciones porcinas, para llevarlos directamente a los sitios de alimentación de los animales salvajes para que éstos los coman. Esta actividad es importante, por ejemplo, en España para mantener la población de aves de rapìña. En Finlandia, esta práctica salvó de la extinción al águila de cola blanca en épocas en la que las fuentes de alimentos naturales estaban demasiado contaminadas por toxinas químicas y en las que estas águilas no habrían podido sobrevivir únicamente con dichas fuentes de alimentos.

En las partes septentrionales de Finlandia, muy poco pobladas, los fotógrafos de la naturaleza utilizaron este método para atraer animales salvajes a lugares en los que podían fotografiarlos, y algunas pequeñas empresas turísticas organizan, por ejemplo, safaris para observar osos. Estoy muy satisfecho de que esta legislación ofrezca una solución que proteja la salud y seguridad humanas, pero también conserve las pequeñas empresas turísticas y el uso de este método para la protección de la biodiversidad.

  Avril Doyle (PPE-DE). - Señora Presidenta, coincido con todos los oradores en que la salud pública, la seguridad alimentaria y la higiene deben ser nuestras prioridades. Yo también consideraría prioritario aprovechar al máximo todos los recursos naturales, incluyendo los subproductos animales. Quiero dar las gracias a nuestro ponente, Horst Schnellhardt, por su haber tenido en cuenta todas nuestras preocupaciones y también por el excelente resultado de sus deliberaciones con el Consejo Europeo. Personalmente lamento que se haya eliminado la referencia a la Directiva relativa a la incineración de residuos, pero no tengo tiempo para explayarme al respecto.

Presenté una única enmienda en la que pedía que se garantizara que se haría una clara distinción entre los subproductos animales transportados en grandes volúmenes entre los Estados miembros, que pueden entrar en la cadena de alimentación humana o animal, y los productos animales especializados para el diagnóstico farmacéutico y de otro tipo, y para la investigación; éstos últimos son productos de gran utilidad y de una procedencia segura que se transportan entre los proveedores, procesadores y usuarios registrados de los Estados miembros en volúmenes muy pequeños.

Me gustaría que el Comisario y Horst Schnellhardt volvieran a confirmar en su intervención final que se tendrán en cuenta mis preocupaciones y que no se verá afectado este uso especial de los subproductos animales.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señora Presidenta, señoras y señores, el debate de hoy ha mostrado un amplio apoyo a la posición común sobre los subproductos animales, lo que permite a la Comisión proceder a la siguiente fase. La Comisión elaborará las disposiciones de ejecución del nuevo Reglamento a la vista de los comentarios expresados hoy, escucharemos atentamente las experiencias de los operadores, hablaremos con nuestros socios a nivel internacional y actuaremos con total transparencia ante el Parlamento durante todo este proceso.

Así pues, puedo confirmar al ponente el compromiso asumido por la Comisión en relación con la comitología y las disposiciones opcionales. En cuanto a la pregunta formulada por la Sra. Doyle, quisiera decir que el Reglamento actual ya reconoce las necesidades alimentarias de algunas especies salvajes y permite a los Estados miembros utilizar subproductos para alimentar a dichos animales, siempre que se controlen adecuadamente los riesgos para la salud.

Sin embargo, recientemente se ha subrayado que la Comisión debería redoblar sus esfuerzos para conservar la biodiversidad. Por ese motivo, la Comisión está de acuerdo con la decisión del legislador de ampliar las condiciones para la alimentación de especies animales protegidas en sus hábitats naturales con subproductos de origen animal; mientras que las normas vigentes hacen mención a buitres y águilas, el nuevo Reglamento permitirá igualmente encontrar soluciones adecuadas para los lobos y osos.

También estamos examinando, conforme a experiencias recientes, la conveniencia de adoptar regímenes que trasciendan el actual sistema de puntos fijos para la alimentación de especies animales con cadáveres de animales, en particular para sistemas extensivos de cría, siempre que se cumplan las normas sanitarias correspondientes. La Comisión está dispuesta a entablar el diálogo con todas las partes involucradas.

  Horst Schnellhardt, ponente. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Sr. Ulmer, he tomado nota de la preocupación que ha manifestado por la posible mezcla de materiales de las Categorías 1 y 2, y hemos consultado al sector acerca de este problema al final de las negociaciones.

Me parece que es necesario actuar totalmente fuera de la legalidad para poder mezclar estos materiales. Comprobaremos si es necesaria una norma más estricta a este respecto. Lo que deseábamos lograr con este nuevo Reglamento es permitir que los subproductos del sacrificio de animales puedan usarse de numerosas formas y, en este aspecto, puedo decir a la Sra. Doyle que su preocupación carece de fundamento. Todo sigue siendo igual que antes. Al establecer el punto final para subproductos del sacrificio de animales hemos dispuesto con toda claridad que estos seran objeto de disposiciones totalmente distintas, es decir, hemos indicado que se transferirán a la Directiva marco sobre residuos. Creo que vamos por buen camino.

También me gustaría decir que con este nuevo Reglamento deseamos resolver la cuestión de los escándalos de la carne caducada. Aún no hemos tomado el camino correcto a este respecto pero con el etiquetado y la trazabilidad garantizada, creo que vamos en la dirección correcta. Como es lógico, ahora tenemos que ver qué tipo de etiquetado propondrá la Comisión. Esta tarea no resultará especialmente sencilla, como todos sabemos por el problema con el alimento para perros azul Chappi; nadie quiere eso. Sin duda necesitamos que nuestros investigadores elijan un planteamiento a este respecto.

Por lo que se refiere a los fertilizantes orgánicos, que también ha sido objeto de debate, pero que no se ha abordado correctamente, la Comisión tenía en realidad la intención de permitir una mezcla más completa del material para que los animales ni siquiera la percibieran. Sin embargo, eso daría lugar a un cambio de la calidad del fertilizante y creo que hemos formulado un buen Reglamento a este respecto, que tiene en cuenta igualmente los intereses de nuestros jardineros a pequeña escala que tanto prefieren los fertilizantes orgánicos.

Así pues, en general se trata de un buen Reglamento. Estoy muy satisfecho con él y con la cooperación recibida, y espero que no tengamos que volver a modificarlo demasiado pronto. La cooperación con la Comisión fue muy agradable, motivo por el que estoy muy agradecido.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, en relación con la planificación de la sesión, me gustaría decir que ayer tuvimos un turno de votación muy prolongado, que provocó numerosos problemas con eventos posteriores.

En breve suspenderemos la sesión y no comenzaremos la votación hasta las 12 horas. Quizás la sesíón podría planificarse de manera que el tiempo se divida de manerá más eficiente, lo que ayudaría a las diputadas y diputados y, en particular, a los visitantes que ayer tuvieron que esperarnos durante un tiempo considerable. Se trata de ciudadanos que tienen derecho a hablar con sus diputados y le agradecería que, en el futuro, en la planificación de la sesión pudiéramos programar estos procedimientos a satisfacción de todos.

  Presidenta. - Gracias, Sr. Rübig. Tomamos nota y transmitiremos sus comentarios. Es una época muy difícil, pues nos acercamos al final de la legislatura.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

(La sesión, suspendida a las 10.15 horas, se reanuda a las 10.50 horas)

PRESIDE: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

  Presidente. - El punto siguiente es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas a los derechos de las mujeres en Afganistán⁽¹⁾

  Ana Maria Gomes, autora. — Señor Presidente, la respuesta a las cuestiones de género permite medir la buena gobernanza en todo el mundo, pero más aún en Afganistán, tras el sufrimiento que han padecido las mujeres en ese país durante décadas. No puede existir una verdadera paz y recuperación en Afganistán sin que se dé prioridad al respeto de los derechos humanos de las mujeres.

La legislación familiar chiita permite la violación en el matrimonio, autoriza el matrimonio infantil y prohíbe a las esposas salir de su hogar sin permiso de sus maridos. Los derechos humanos y la dignidad de las mujeres no pueden ser víctimas de negociaciones preelectorales con los fundamentalistas islámicos. La comunidad internacional presente en Afganistán debe ejercer mucha más presión sobre el Presidente Karzai y las autoridades afganas para que presenten leyes que respeten los derechos humanos de las mujeres, y políticas destinadas a promulgar dichos derechos y respetar su dignidad.

Al igual que la legislación familiar chiita, el retraso de la ley afgana sobre los medios de comunicación, que fue aprobada por una mayoría de dos terceras partes del Parlamento afgano hace meses, es un instrumento para que el Presidente Karzai siga controlando los medios estatales, que constituyen una propaganda indispensable para las elecciones presidenciales.

La comunidad internacional no puede permitir que esto continúe. Esta ley es indispensable para la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en Afganistán. Sin ellas, nada de lo que hacemos en Afganistán tiene sentido. Es crucial que se actúe en relación con estas dos leyes y que la comunidad internacional vele porque las autoridades afganas cumplan literalmente sus compromisos en materia de derechos humanos y, en particular, de respeto de los derechos de las mujeres.

  Nickolay Mladenov, autor. — Señor Presidente, la comunidad internacional se encuentra absolutamente consternada por la información que hemos recibido acerca del proyecto de ley sobre la condición de las mujeres chiitas en Afganistán. Resulta espantoso que, a principios del siglo XXI, un país que aspira a ser una democracia y cumplir sus compromisos internacionales promulgue una ley que limita los derechos de las mujeres.

No obstante, creo que debemos mostrarnos muy prudentes en nuestro debate y en todo lo que hacemos en Afganistán en cuanto a la manera en la que enfocamos las cosas, porque Afganistán es un país que ha pasado por una dictadura violenta, represiva y religiosa; ha soportado años de guerra civil y es una sociedad en que la gente ha sido maltratada y destruida más que los edificios.

Debemos ser muy coherentes en nuestros mensajes, pero también debemos tener mucho cuidado a la hora de formularlos. Debemos pedir a las autoridades afganas que examinen la ley, que la revisen y se aseguren que concuerda plenamente con los compromisos internacionales de ese país, así como con su constitución.

No debemos utilizar esta cuestión como una oportunidad electoral para nosotros en Europa, sino como algo que podemos transmitir a nuestros homólogos y amigos de Afganistán para asegurarnos de que puedan cumplir las obligaciones que ellos mismos asumieron voluntariamente.

En este caso debemos ayudar al Presidente Karzai y al Gobierno de Afganistán para que revise esta ley y vele por que coincida con los compromisos internacionales y la constitución. Es parte de nuestro diálogo y debemos mostrar una firmeza absoluta para que no se adopten medidas que impidan los derechos de las mujeres.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que Ana Maria Gomes acaba de decir. Pero debemos ser muy prudentes porque, cuando tratamos con una sociedad tan traumatizada, es mucho más importante la forma en que se escuchan nuestros mensajes allí, que la manera en que se entienden aquí. Seamos muy coherentes en este aspecto y pidamos a la Comisión y al Consejo que transmitan este mensaje a través de todos nuestros programas de asistencia al Gobierno y a las autoridades de Afganistán.

  Hélène Flautre, autora. – (FR) Señor Presidente, la declaración final de la Segunda Conferencia de Revisión de Durban, en la que participa Afganistán, llegó hoy a la conclusión de que es absolutamente necesario tipificar penalmente todas las formas de violencia contra la mujer y de condenar cualquier arsenal judicial basado en la discriminación, incluida la religiosa.

Al mismo tiempo, Afganistán promueve una legislación que se aplica exclusivamente a la población chiita y que discrimina claramente a las mujeres en los ámbitos del matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la herencia y el acceso a la educación.

Todo ello resulta totalmente esquizofrénico. Afganistán no puede rechazar en Kabul lo que ha firmado en Ginebra. Al participar en la Segunda Conferencia de Durban, Afganistán ha asumido compromisos firmes para erradicar la discriminación múltiple. Para su propia credibilidad es imperativo que empiece actuar ahora mismo.

Al negarse a promulgar esta ley, el Ministro de Justicia y el Presidente demostrarían su voluntad de que el país cumpla sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos.

La igualdad entre el hombre y la mujer está claramente consagrada en la Constitución afgana y en los convenios internacionales de los que Afganistán es parte. Las autoridades tienen la obligación de no rendirse de modo alguno ante el extremismo y de no retroceder. En última instancia, lo que se decide a través de este proyecto de ley es el futuro de una sociedad, y la sociedad afgana ya ha manifestado su deseo de no quedar excluida de estos debates.

Las mujeres están luchando y merecen todo el apoyo y protección de su país. Corresponde a las autoridades asumir sus obligaciones y demostrar que son capaces de cumplir sus compromisos, y a las fuerzas civiles europeas presentes en el terreno les compete ayudarlas en esta ambiciosa reconstrucción y dar ejemplo.

No olvidemos que los actos de violencia cometidos por nuestros ejércitos y que el hecho de que la guerra esté hundiendo a Afganistán en la pobreza no hace sino engrosar las filas de los extremistas.

  Erik Meijer, autor. − (NL) Sr. Presidente, para justificar la presencia militar extranjera en Afganistán se esgrimen dos argumentos.

El primero es la protección del mundo fuera de Afganistán. Desde 2001, los Estados Unidos viven con el temor de nuevos desastres en caso de que al-Qaeda utilice el territorio afgano para preparar nuevos atentados. Por consiguiente se trata del interés de otros Estados. Este objetivo se ha cumplido en gran parte.

El segundo argumento, sin embargo, se refiere a la situación de la población de Afganistán. La intención era liberarlos de la coerción y del atraso. El argumento se refiere a la libertad de prensa, a los derechos de las minorías religiosas, a las libertades individuales y, sobre todo, a la protección de la igualdad de derechos para las mujeres. Durante años, las noticias internacionales acerca de Afganistán han estado dominadas por historias sobre el regreso de las niñas a la escuela, sobre mujeres que ya no estaban obligadas a llevar velo, que podían vivir como ciudadanos iguales, independientes de sus maridos y sobre la entrada de cada vez más mujeres en el mundo de la política. La invasión parecía un proyecto feminista.

Entretanto podemos ver que los eventos que tienen lugar en Afganistán reflejan más o menos los de Chechenia. Ambos países estaban gobernados por grupos islámicos fundamentalistas, algo a lo que fuerzas exteriores deseaban poner fin en ambos casos. En estos dos casos se formó una monstruosa alianza, una por parte de los norteamericanos, la otra por parte de los rusos, lo que significa que, en una tentativa de controlar un cierto grupo de fundamentalistas islámicos, se celebraron acuerdos con otros fundamentalistas islámicos. El resultado final es que la lucha por la libertad, que era una justificación importante de la invasión, ha sido sacrificada en el proceso.

En Afganistán, las mujeres son empujadas cada vez más a la situación en la que se encontraban bajo el régimen talibán. Las niñas ya no asisten a la escuela y las mujeres están desapareciendo de la escena política. Ahora incluso existe una ley que protege el derecho de los hombres a la satisfacción sexual sin tomar en cuenta a las mujeres implicadas. Esto equivale a una violación. Entretanto, el Estado amenaza con la pena de muerte a los periodistas. Es un callejón sin salida. Europa debería negarse a seguir apoyando esta situación.

  Marco Cappato, autor. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, la comunidad internacional está poniendo en juego gran parte de su credibilidad en Afganistán. Emma Bonino, la dirigente de mi partido político, fue detenida por los talibanes por su simple presencia en calidad de Comisaria Europea y estuvo detenida durante varias horas precisamente debido a su presencia en defensa de los derechos de las mujeres.

A pesar de las divisiones y divergencias sobre la intervención armada, e independientemente de las posiciones tomadas, no podemos permitir que la situación de los derechos de las mujeres se deteriore de este modo.

Hace seis años, nosotros, el Partido Radical No Violento, organizó una satyagraha: una acción mundial no violenta a favor de la presencia de mujeres entre los ministerios del Gobierno afgano. Lo que se necesita hoy es una nueva movilización de la comunidad internacional no sólo para que se protejan los derechos de la mujer, sino para que las mujeres participen de pleno derecho en los niveles más altos de la vida política e institucional.

Debemos velar porque cualquier colaboración con el Gobierno afgano se realiza con prudencia y cautela, que es lo que se ha pedido en cualquier caso, pero también debemos mostrar la resolución más firme, porque resultaría insensato pensar que una realpolitik hacia los partidos fundamentalistas podría desembocar en una paz duradera en Afganistán, así como en nuestras ciudades y países.

  Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, hace treinta ños, durante el otoño de 1979, esta Cámara aprobó la primera resolución urgente sobre Afganistán, cuyo autor fue Otto von Habsburg, con quien yo colaboraba en esa época. Hacia una advertencia ante la inminente invasión soviética de Afganistán, la cual se produjo unos meses más tarde.

Desde entonces, este país ha tenido una terribre historia de sufrimientos, por lo que debemos preguntarnos: ¿qué es Afganistán? En primer lugar es, en muchos aspectos, una sociedad tribal muy antigua, que no podemos catapultar al siglo XXI de un sólo golpe. En segundo lugar se trata de un país que concede una gran importancia a su indipendencia, que protegió contra los imperialismos británico y ruso con un enorme esfuerzo. En tercer lugar, es un país que ha sufrido mucho durante el siglo XX y, como resultado de una intervención muy cuestionable —y lo digo abiertamente— por parte de las potencias occidentales, se encuentra actualmente en una situación en la que tienen un presidente que muchos no consideran suyo.

Se trata de una situación muy contradictoria y difícil. A fin de evitar malentendidos, diré que el Sr. Cappato sabe que no formo parte de los denominados «partidarios de la realpolitik», pues no hago compromiso alguno en lo referente a los derechos humanos. Debemos oponernos inflexiblemente a esta ley y a la opresión de las mujeres. Sin embargo, debemos proceder de modo que tengamos éxito y no demos la impresión de que se trata de una forma de control externo. Por ello debemos encontrar aliados en la sociedad multiétnica de Afganistán y construir gradualmente una sociedad moderna en ese país.

Esto significa que tenemos que apoyar un concepto político para Afganistán, en lugar de una solución exclusivamente militar, como ha sucedido hasta ahora. Por lo tanto es necesario que se revise esta ley. En este aspecto no estamos dispuestos a transigir, ya que pagamos un gran precio por este país en el que tenemos una presencia militar. No obstante, debemos hacerlo de manera que participe la población afgana y se respete su dignidad, y una de las prioridades absolutas de esta acción es —les guste o no— la dignidad de las mujeres.

  Lissy Gröner, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, en vista de la firma de la ley chiita de la familia, que desprecia a las mujeres en Afganistán, insto a la Comisión para que vuelva a hacer de los derechos de la mujeres uno de los elementos principales de su estrategia para ese país.

En noviembre de 2002, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo envió una delegación bajo mi dirección a Afganistán para asegurarse de que las mujeres no fueran excluidas en la reconstrucción del país. Nos reunimos con el Presidente Karzai, numerosos representantes gubernamentales, organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, y nos sentimos muy animados. Parecía posible alcanzar más seguridad, estabilidad y prosperidad para las mujeres, incluso sin el burka. Tras el régimen talibán se abrían para las mujeres el sistema sanitario, educativo y de formación, así como una posibilidad para ganarse la vida. La mayor tasa de mortalidad infantil del mundo parecía mejorar. Gracias a nuestra intervención, en la nueva Constitución se incluyó una cuota del 25 % de mujeres para la elección del primer parlamento y unos cuatro millones de refugiados regresaron a su país asolado por la guerra.

Desgraciadamente, en los últimos cinco años se ha avanzado muy poco. Al parecer, las advertencia de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, como medica mondiale, en el sentido de que era necesario detener la violencia, no recibieron eco alguno, y a principios de abril los talibanes radicales islámicos de Kandahar asesinaron a Sitara Achikzai, activista germanoafgana a favor de los derechos de las mujeres. Descubrimos que otras mujeres habían sido asesinadas, como la oficial de policía de más alto rango. No debemos permanecer impasibles y observar lo que sucede sin hacer nada al respecto. El despertar de la población civil corre un grave peligro. Debemos impedir la promulgación de esta nueva ley de la familia chiita.

La resolución del Parlamento Europeo debe señalar con fuerza y claridad que dicha ley debe ser rechazada. Si no lo logramos, se pone en juego la ayuda internacional para Afganistán si no se respetan los derechos de las mujeres. La disyuntiva es un despertar a la comunidad internacional, que respete los derechos humanos, o bien una regresión a la opresión por los talibanes. ¡Esto es lo que debe decirse con toda claridad al Sr. Karzai!

  Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, lo que más me molesta de las modificaciones a la ley introducida en Afganistán es que se ha despojado a las mujeres de su derecho al tratamiento médico, que es resultado de su prohibición de salir de casa sin el permiso de su marido y de la prohibición de someterse a exámenes médicos.

Afganistán es un país en el que el estado de los hospitales y sus equipos es catastrófico como consecuencia de los numerosos años de guerra civil. Resulta difícil acceder al agua debido al despliegue de minas. Las destrezas y conocimientos higiénicos sobre cómo curar enfermedades leves sin ayuda médica ya no pasan de una generación a la siguiente, como solía suceder. Las madres ya no transmiten a las mujeres jóvenes que pueden utilizar manzanilla para bañar a sus bebés debido a sus propiedades desinfectantes. Y demasiado a menudo estas madres simplemente han sido asesinadas. Además de esta dramática situación, los impedimentos para visitar a un doctor o un centro de atención sanitaria podrían tener consecuencias catastróficas para toda una generación. Debemos esforzarnos por resolver este problema a pesar de las diferencias culturales.

  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) En mi país existe un refrán que dice que «el papel puede esperar», que ilustra el abismo entre los elevados ideales y las normativas por una parte y la realidad cotidiana por la otra. Si aplicamos este refrán a los derechos de las mujeres en Afganistán observamos una imagen espeluznante.

La resolución conjunta tiene razón al referirse a la Constitución afgana y a los acuerdos internacionales ratificados por Kabul, que proclaman la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la igualdad de género ante la ley. Sin embargo, la verdadera posición de las mujeres de Afganistán cuenta una historia diferente. En resumen, la situación de las mujeres afganas puede describirse a grandes rasgos en 12 puntos breves: su esperanza de vida media es de 44 años, una alta tasa de mortalidad infantil (1 600 muertes de cada 100 000 nacimientos), tan sólo un 14 % de las mujeres mayores de 15 años pueden leer, un estatus inferior, pues las mujeres son propiedad de los hombres, un creciente número de amenazas e intimidación de las mujeres que ejercen cargos públicos, incluyendo su asesinato, la casi nula protección de las organizaciones de mujeres afganas por parte de las autoridades locales y las tropas extranjeras contra ataques selectivos; es la familia la que generalmente decide si las niñas pueden recibir una educación, los persistentes atentados contra escuelas de niñas, por ejemplo, en noviembre de 2008, ocho alumnas y cuatro maestras fueron mutiladas por los talibanes en la ciudad de Kandahar al arrojarles ácido en el rostro; la continua amenaza de violencia sexual dentro y fuera del matrimonio; aproximadamente un 57 % de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 16 años, los delitos cometidos contra los mujeres casi nunca se denuncian por temor a represalias por parte de la familia, la tribu, los autores del delito o incluso la policía, y la automutilación e incluso suicidio de las mujeres afganas ante su desesperada situación.

Este cuadro deprimente de la situación de las mujeres afganas, que apenas araña la superficie, viene a subrayar la imperativa necesidad de hacer que del papel se pase a la realidad y que la condición jurídica de las mujeres afganas se convierta en una prioridad política nacional, internacional y también europea.

  Charles Tannock (PPE-DE). - Señor Presidente, esta nueva ley de Afganistán que legaliza de hecho la violación dentro del matrimonio y el matrimonio infantil de las mujeres chiitas, amenaza con hacer que el país vuelva a la época medieval del régimen talibán. No cabe duda de que esta ley hace difícil hacer una distinción, en términos de modernidad y respeto de los derechos de la mujer, entre el Gobierno afgano electo y los terroristas talibanes contra los que combate.

Esta ley también hace que resulte difícil justificar la masiva asistencia militar y financiera de la comunidad internacional para Afganistán. Me siento incómodo porque soldados de mi país, el Reino Unido, mueran para defender a un Gobierno que consiente demasiado los sentimientos extremistas y oscurantistas.

A favor del Presidente Karzai señalaré que ha dicho que esta ley debe ser revocada, pero para ello ha sido necesaria una gran presión internacional, incluyendo esta resolución de nuestro Parlamento. La revocación de esta ley no debe ocultar que las mujeres de Afganistán sufren todos los días falta de educación, injusticia y discriminación. Queda aún un largo trecho por recorrer para que Afganistán se integre plenamente en el mundo moderno y cumpla sus compromisos internacionales vinculantes.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, a pesar de que Afganistán es uno de los países signatarios de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y de que el Gobierno del Presidente Karzai ha decretado la igualdad entre ambos sexos ante la ley y garantizado a las mujeres una cuarta parte de los escaños en el Parlamento, las mujeres afganas siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase en su propio país.

Para muchos fundamentalistas afganos, el lugar de la mujer es el hogar y no la escuela o el trabajo. Un ejemplo de ello es la ley que aprobaron recientemente ambas cámaras del Parlamento afgano y que firmó el Presidente, en la que se establece que las mujeres tienen derecho a salir de su casa, estudiar, solicitar un empleo o recibir atención médica únicamente con el consentimiento de su marido o padre. Además, la ley concede la patria potestad sobre los hijos, exclusivamente a los padres y abuelos. Afortunadamente, esta ley todavía no ha entrado en vigor. Como consecuencia de numerosas protestas, tanto en Afganistán como en el extranjero, el proyecto de ley ha sido remitido al Ministerio de Justicia afgano para verificar la conformidad de su texto con la Constitución y los tratados internacionales.

El Parlamento Europeo debe exigir firmemente a las autoridades afganas que revoquen esta ley, que sin duda alguna contraviene la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además, debemos enviar un claro mensaje al Ministerio de Justicia afgano para que derogue el resto de leyes que discriminan a la mujer. La Unión Europea en su conjunto debe expresar su apoyo a todos aquellos que luchan por los derechos de la mujer en Afganistán a fin de no permitir que se destruya todo lo que se ha logrado hasta ahora en este ámbito.

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Presidente Hans-Gert Pöttering por aceptar mi petición de incluir este punto entre las resoluciones urgentes de este período de sesiones.

La dignidad de la mujer es inherente a su persona. Debe respetarse en las relaciones de pareja y en la familia, y todas las sociedades deben promover dicho respeto. Las mujeres jóvenes deben poder tomar decisiones con libertad y autonomía. No podemos aceptar la situación actual en Afganistán. La discriminación de las mujeres constituye una violación de los derechos humanos fundamentales humilla a la mujer y destruye su individualidad.

Nuestra política debe basarse en principios, pero no puede ser ambigua. No podemos permitir que el Presidente Hamid Karzai hable ante el Parlamento Europeo, por una parte, y aceptar que en su país se promulguen leyes que violan los derechos humanos fundamentales, por la otra.

  Corina Creþu (PSE) . – (RO) La ley que está a punto de entrar en vigor en Afganistán y que permite un trato disciminatorio y degradante de las mujeres en la familia y la sociedad nos concierne a todos. Esta ley contraviene flagrantemente el programa que promovemos en Afganistán, en particular ahora que la mayoría de los países de la OTAN han anunciado que van a incrementar sus esfuerzos a favor de la estabilidad del país. El aspecto militar de la presencia internacional en este país es sin duda muy importante, quizás incluso determinante, pero esta intervención no tiene únicamente como objetivo garantizar la paz y las inversiones en infraestructuras, sino que conlleva igualmente un proyecto mucho más complejo: la modernización de la sociedad afgana.

¿Para quién construimos escuelas si a las niñas afganas se las discrimina y no se les permite acceder a la educación? Nadie supone, desde luego, que la nueva sociedad afgana deba ser una copia de las sociedades occidentales, pero no podemos apartar la vista de los abusos y violaciones de los derechos humanos en aras del respeto de las identidades culturales locales. Es por ello que considero que es obligación de las instituciones europeas transmitir un mensaje contundente al Presidente...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, Afganistán tiene un historia difícil. Particularmente creo que las familias mantienen lazos muy estrechos en ese país y que la mujer de la familia desempeña un papel fundamental. Por ello es muy importante, antes que nada, promover el desarrollo económico y apoyar, en especial, a las pequeñas y medianas empresas.

Por supuesto, también se requiere una infraestructura moderna para que el país se desarrolle mejor. Me parece que son precisamente los proyectos de infraestructura los que pueden contribuir a un mejor entendimiento mutuo en este país y que por medio de las tecnologías de la información y la comunicción podría desarrollarse lentamente una visión del mundo diferente en ese país y mantener al mismo tiempo su identidad.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, señoras y señores, la legislación en materia de derechos humanos para la comunidad chiita de Afganistán ha atraído una gran atención.

Seguimos muy de cerca los acontecimientos políticos sobre el terreno a través de nuestra Delegación, del representante especial de la Unión Europea y los representantes de los Estados miembros.

Como es natural, respetamos la independencia del proceso legislativo en Afganistán, en particular en lo relativo a la Constitución, que de hecho prevé, en su artículo 131, la posibilidad de adoptar actos legislativos destinados exclusivamente a la comunidad chiita. No obstante, junto con nuestros aliados hemos apoyado un planteamiento dirigido a algunos artículos de esta ley que no son compatibles en absoluto con la Constitución afgana ni con los acuerdos internacionales de los que es signatario el Gobierno afgano.

Por ello, la Unión Europea presentó una nota al Gobierno afgano el 12 de abril. En esta nota recordábamos concretamente al Gobierno sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, discriminación de la mujer y derechos del niño.

Señalábamos que la legislación propuesta evitaría que las mujeres gozaran plenamente de la mayoría de sus derechos y participaran de modo equitativo en la vida económica, social, cultural, civil y política de la sociedad afgana.

Es probable que la reacción internacional y la de la sociedad civil afgana hayan contribuido a la decisión del Gobierno afgano de devolver esta ley al Ministro de Justicia para una revisión general que se concentraría especialmente en las obligaciones de Derecho internacional asumidas por Afganistán. Huelga decir que esta revisión se llevará a cabo bajo la autoridad del Gobierno afgano. En vista de los antecedentes políticos de este país, es imprescindible que el Gobierno asuma plenamente sus responsabilidades en el marco del proceso legislativo e institucional.

Seguiremos muy de cerca esta revisión junto con nuestros socios internacionales, así como en el contexto de nuestro apoyo a la reforma institucional del sector judicial.

  Presidente. — Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a partir de las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. — Señor Presidente, todos los seres humanos tienen derecho a una vida humana, lo que significa que no pueden ser discriminados por motivo alguno, incluyendo el género. Desgraciadamente, los derechos humanos, que para nosotros europeos son algo natural, son violados en diversos países del mundo.

Desde el derrocamiento del régimen talibán, la situación en Afganistán ha mejorado; sin embargo, en realidad no han tenido lugar muchos avances positivos en el ámbito de los derechos humanos. Las continuas violaciones de los derechos de las mujeres son totalmente inaceptables y es de suma importancia que la Unión Europea presione al Gobierno afgano para que controle la situación. Aún más escandaloso que las diversas y controvertidas leyes relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, es el hecho de que los hombres sigan siendo considerados superiores, en general, a las mujeres en la propia sociedad afgana. Por esta razón, la Unión Europea debe apoyar las campañas de sensibilización que promueven la igualdad de género y los derechos humanos.

  Presidente. - El punto siguiente es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas al apoyo al Tribunal especial para Sierra Leona⁽¹⁾.

  Corina Creþu, autora. – (RO) Uno de los problemas que afecta a los sistemas judiciales de muchos países de todo el mundo no es tanto la falta de un ordenamiento jurídico bien estructurado, sino más bien la no ejecución de las sentencias dictadas por dicho sistema. En países asolados por la guerra civil, un estado permanente de conflicto o masacres, las consecuencias de esta situación son catastróficas desde la perspectiva humanitaria y del desarrollo.

En el caso del Tribunal especial para Sierra Leona resulta aún más importante que las sentencias judiciales sean ejecutadas, ya que este Tribunal está estableciendo una serie de precedentes importantes en materia de Derecho internacional. No es el primer tribunal de este tipo creado en el mismo país desde que estos acontecimientos tuvieron lugar, pero es el primero que ha imputado y juzgado, en la persona de Charles Taylor, antiguo presidente de Liberia, a un jefe de Estado africano todavía en funciones en el momento en que se inició el juicio.

Estos aspectos, junto con la reciente condena de tres antiguos dirigentes rebeldes de la guerra civil, constituyen sólidos indicios de la determinación de la comunidad internacional y del Gobierno de Sierra Leona de luchar duramente contra la sensación de impunidad que muestran aquellos que han cometido atrocidades durante toda una década.

La comunidad internacional debe llevar a cabo la totalidad del proyecto propuesto para reforzar el proceso judicial y jurídico en Sierra Leona. El mandato del Tribunal llegará pronto a su fin en 2010 y el Gobierno de Sierra Leona ha declarado con toda franqueza que no está en condiciones de garantizar la ejecución de las sentencias que se dicten.

Por este motivo, es vital que la Unión Europea y sus socios internacionales, que participan en el proceso de paz, defiendan y apoyen la ejecución de las sentencias que dicte el Tribunal especial. De ello no sólo dependen los avances hacia la paz y la estabilidad en la región, sino también la credibilidad de los Tribunales especiales creados con el apoyo de la comunidad internacional en otros países.

  Charles Tannock, autor. — Señor Presidente, el derecho humanitario internacional es algo relativamente nuevo y un cuerpo de jurisprudencia imperfecto, pero ya ha alcanzado algunos éxitos importantes. En Europa, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha desempeñado un papel de inmensa importancia para hacer justicia en una región desgarrada por una serie de guerras brutales. De forma similar, un tribunal en Tanzania se encarga de juzgar a los responsables del genocidio ocurrido en Ruanda en 1994.

Por ello conocemos las posibilidades que ofrecen estos tribunales para ayudar a las regiones asoladas por la guerra al poner fin al clima de impunidad y mirar hacia el futuro. La justicia hecha de este modo resulta tan valiosa como la ayuda financiera de la Unión Europea. Es por ello que la comunidad internacional debe continuar su apoyo al Tribunal especial para Sierra Leona y ofrecer centros penitenciarios seguros en los Estados miembros, de ser necesario, para encarcelar a los tiranos convictos.

Uno de mis logros en este Parlamento, de los que me siento más orgullosa, fue el papel que desempeñé en la resolución del Parlamento en la que se pedía a Nigeria que entregara a Charles Taylor al Tribunal, entrega que se produjo posteriormente gracias a la mediación de las Naciones Unidas. Sin embargo, quedan muchos más que escaparán sin ser castigados sin un Tribunal sólido y bien financiado para Sierra Leona.

  Mikel Irujo Amezaga, autor. − (ES) Señor Presidente, hace dos años tuve la oportunidad, en una misión liderada por mi compañera de grupo aquí presente, Marie Anne Isler Béguin, de visitar Sierra Leona y de estar presente en este Tribunal, y de ser consciente de la inmensa labor que estaba realizando este Tribunal no sólo para Sierra Leona, sino para toda la humanidad.

El Tribunal Especial para Sierra Leona, —como ya se ha dicho aquí—, ha sentado desde luego un precedente. Un precedente porque, como bien indica la resolución, es el primer tribunal internacional financiado por aportaciones voluntarias, es el primer tribunal en crearse en el país donde tuvieron lugar los presuntos crímenes y es también el primer tribunal —como ya se ha señalado— en el que se ha juzgado un ex primer ministro.

Por todo ello, no sólo porque sea un precedente, sino porque es una referencia para otros tribunales que se han creado a su albur —como los de Ruanda, la antigua Yugoslavia, Camboya o el Líbano—, consideramos imprescindible que se apruebe esta resolución en la que llevamos trabajando ya conjuntamente con el Tribunal varios meses.

Hace dos años aprobamos una resolución para apoyar su financiación, ya que entonces el Tribunal estaba atravesando un periodo difícil, se estaba quedando sin dinero y no contaba con el suficiente apoyo —hay que agradecer aquí a la Comisión Europea también que saliera en apoyo financiero de este Tribunal.

Ahora pedimos sobre todo dos cosas: primero, que las personas condenadas cumplan sus penas —está en juego no ya el funcionamiento del Tribunal, cuyos trabajos acaban el año que viene, sino el legado que nos va a dejar este Tribunal— y, segundo, obviamente, que todo eso vaya acompañado de una mayor financiación.

En definitiva, el Tribunal Especial para Sierra Leona es un ejemplo y es una referencia para todos nosotros y para todos los tribunales que han juzgado crímenes de guerra. Es un ejemplo y una referencia y es una lección que nos está dando el segundo país más pobre de este planeta: al entrar en el Tribunal, veíamos escrito el lema «Sin justicia no hay paz». Y precisamente por eso tenemos la obligación moral no sólo como europeos, sino como seres humanos, de que el legado de este Tribunal permanezca en la Historia.

  Erik Meijer, autor. − (NL) Señor Presidente, Sierra Leona, al igual que la región vecina, Liberia, ha tenido que enfrentarse a enormes atrocidades en las que muchos ciudadanos perdieron la vida o quedaron gravemente lesionados, psíquica o físicamente.

Los delincuentes que reclutaban a niños soldados para cortar las extremidades de ciudadanos inocentes deben ser castigados para que no tengan la oportunidad de repetir sus crímenes. Al parecer, si se intenta organizar este castigo entre 2000 y 2010, no se tendrá éxito. El Tribunal especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona no es capaz de funcionar. Las personas halladas culpables no pueden ser encarceladas en Sierra Leona durante períodos prolongados.

La pregunta a la que debemos responder es: ¿podemos aún garantizar un mejor resultado? El Tribunal no tendrá éxito sin financiación externa, una prórroga de su mandato o sin plazas penitenciarias fuera de Sierra Leona. La resolución tiene razón al destacar estas opciones. Esta declaración debe dar lugar a medidas rápidamente. De lo contrario será demasiado tarde.

  Filip Kaczmarek, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, en Polonia en ocasiones decimos que «debes acabar lo que has empezado». Esta frase resulta muy pertinente para el debate de este día que trata, ante todo, sobre el apoyo financiero para el Tribunal especial para Sierra Leona. Es cierto que nos encontramos en medio de una crisis y que el Tribunal, que funciona con contribuciones voluntarias de diversos países, requiere grandes cantidades de dinero. No obstante, debemos permitir que este organismo, que es el único de este tipo, lleve a término sus trabajos con respecto a la vergüenza internacional —y sería una vergüenza si el Tribunal dejase de funcionar y se liberara a los acusados por motivos financieros.

En mi opinión, la Unión Europea y, en particular, las Naciones Unidas tienen la obligación de llevar a buen fin los trabajos del Tribunal, de garantizar la ayuda financiera y de ejecutar las sentencias que dicte el Tribunal.

La labor del Tribunal y sus altos costes son objeto de una gran polémica en la propia Sierra Leona, debido a que un gran número de personsas esperan una indemnización y Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. Es por ello que al juzgar el pasado, no debemos olvidarnos del futuro.

  Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el Tribunal especial para Sierra Leona ha condenado a Issa Hassan Sesay, oficial al mando del Frente Revolucionario Unido (FRU), a 52 años de prisión. Asimismo ha condenado a Morris Kallon, uno de los comandantes de dicho Frente, a 40 años de prisión y a Augustine Gbao, encargado de la seguridad de esa organización, a 25 años.

Estas personas organizaron uno de los movimientos rebeldes más crueles de la época moderna: mutilaciones salvajes de la población civil, en particular, amputaciones de los miembros a una escala masiva, violencia sexual como arma de guerra, reclutamiento de niños, etc. Estos son tan sólo algunos de los métodos brutales utilizados por el FRU dirigido por los acusados.

Una larga condena en estos casos constituye un firme mensaje para que otros se abstengan de cometer actos parecidos y una señal de que el mundo democrático civilizado no permanecerá en silencio y cuenta con un instrumento eficaz para responder a los autores de tales atrocidades. Ese instrumento es el Tribunal al que se debe prestar ayuda tanto financiera como política.

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, estoy muy satisfecha de que tenga lugar este debate, ya que he intentado que se incluyera en el orden del día de varias sesiones.

Así pues, hoy, a pocos días del final de esta legislatura, nos gustaría recalcar que es necesario ayudar a Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo y que ha logrado crear este Tribunal especial para juzgar a los responsables de estas atrocidades.

Al haber sido la Jefa de la Misión de Observación de la Unión Europea para las Elecciones en Sierra Leona, creo firmemente que es nuestra responsabilidad política y moral ayudar a este Tribunal, porque resultaría realmente inadmisible e inimaginable que no pudiera proseguir con sus trabajos por motivos financieros.

Por ello insto a la Comisión a que le preste apoyo financiero, como es lógico. Además, en su momento los magistrados de estos tribunales nos pidieron que les prestáramos ayuda financiera para que pudieran continuar los trabajos de este Tribunal especial.

Sin embargo, ahora la cuestión se sitúa en un plano político, pues su mandato expira en 2010. Debemos…

(El Presidente interrumpe a la oradora).

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión Europea ha asumido el firme compromiso de ayudar a que Sierra Leona pase de una situación de posguerra a una situación de crecimiento y desarrollo. De hecho, la Comisión apoya el compromiso de ese país con respecto a la consolidación de la paz, la estabilidad y, ante todo, la democracia.

A este respecto, la Comisión reconoce y apoya el papel crucial que ha desempeñado y sigue desempeñando el Tribunal especial para Sierra Leona en el marco del restablecimiento de la paz y la estabilidad en el país. Estamos convencidos de que las actividades del Tribunal especial pueden transmitir a todos el mensaje de que ningún crimen grave contra la humanidad, ningún genocidio y ningún crimen de guerra quedarán sin castigar.

De hecho, el Tribunal especial para Sierra Leona ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo del Derecho internacional a través de la jurisprudencia que establece sobre cuestiones como el reclutamiento de niños soldados y los matrimonios forzosos, que han sido objeto de las primeras sentencias de este Tribunal. Con este fin, la Comisión presta ayuda a las actividades del Tribunal especial desde 2003. Hemos entregado al Tribunal especial la cantidad de 2 700 000 euros a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. La finalidad de estos fondos es apoyar las actividades del Tribunal especial para comunicar sus objetivos de promoción del Estado de derecho, el Derecho humanitario internacional y los derechos humanos en Sierra Leona y la región de África Occidental en su conjunto.

Por otra parte, la Comisión aprobó en 2008 un proyecto, financiado con un millón de euros, en el marco del Décimo Fondo Europeo de Desarrollo, concebido conjuntamente con el Tribunal especial y el Gobierno de Sierra Leona. Este proyecto, que se llevará a cabo durante 2009 y 2010, integrará actividades anteriores y pretende garantizar un legado duradero en el que basarse tras la finalización de las actividades del Tribunal especial, en particular mediante la asistencia a los juristas y el refuerzo de las capacidades institucionales dentro del ordenamiento jurídico de Sierra Leona.

Tras ser informada sobre los problemas presupuestarios del Tribunal especial en 2008, la Comisión le concedió una ayuda de emergencia por valor de 2,5 millones de euros con cargo al Instrumento de Estabilidad, destinada a sufragar los costes de financiación y sobre todo los salarios del personal del Tribunal. A este respecto, la Comisión se siente muy satisfecha de que el Tribunal especial haya logrado cubrir su déficit presupuestario durante varios meses. Confiamos en que, a pesar de la crisis financiera mundial, la comunidad internacional encuentre los recursos necesarios para que el Tribunal especial siga llevando a cabo la totalidad de sus tareas con éxito y lleve a buen término el juicio de Charles Taylor, antiguo presidente de Liberia.

Antes de terminar me gustaría expresar mi apoyo a la petición de que se examinen e investiguen los papeles y funciones de los distintos tribunales especiales y, a este respecto, tengo el placer de informarles, en nombre de la Comisión, de que se financiarán dos iniciativas en este sector sobre los derechos humanos con el título de «conflictos y seguridad» del Séptimo Programa marco de investigación.

  Presidente. — Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a partir de las 12.00 horas.

  Presidente. - El punto siguiente es el debate sobre seis propuestas de resolución relativas a la situación humanitaria de los residentes en el campo de Ashraf⁽¹⁾.

  Ana Maria Gomes, autora. — Señor Presidente, algunos de los miembros de esta Cámara desean presentar a los Muyahidines del Pueblo Iraní como héroes o como una auténtica alternativa al régimen iraní, pero no son ni lo uno ni lo otro.

En los viajes que he realizado a Iraq, he escuchado a los dirigentes kurdos, sunitas, chiitas, cristianos, turcomanos y a otros quejarse sobre el papel desempeñado por los Muyahidines del Pueblo Iraní, como herramienta de Sadam Husein, en la campaña de Anfar de 1988, que culminó en masacres como la de Halabja. Eso fue lo que confirmó la Delegación iraquí que nos visitó esta semana y nos garantizó que la Constitución iraquí obliga al Gobierno a respetar plenamente los derechos humanos de los residentes del campo de Ashraf, que con la ayuda del ACNUR y el CICR desean trasladarse a Irán u otros destinos, o desean permanecer en calidad de refugiados políticos conforme a las leyes de Iraq.

Debemos comprender la reticencia del Gobierno iraquí a que el Campo de Ashraf siga siendo un obstáculo para sus buenas relaciones con Irán. Los iraquíes están obligados a vivir al lado de Irán, que es un poderoso vecino. Es cierto que los Muyahidines del Pueblo Iraní ya no figuran en la lista de organizaciones terroristas, pero siguen siendo un culto poco transparente que trata de forma brutal a aquellos de sus miembros que desean desertar. Ante todo, los habitantes del campo de Ashraf son seres humanos cuyos derechos humanos deben ser respetados, independientemente de la suerte que corra la organización o de su pasado. Deben ser tratados de conformidad con el Convenio sobre los refugiados de 1951 y nadie —repito, nadie— debe ser obligado a volver a Irán.

Pero permítanme dejar algo claro. Esta resolución no se refiere al régimen iraní, que reprime a su pueblo, gestiona mal al país y desestabiliza al Próximo Oriente desde hace décadas. Quienquiera que diga que votar a favor de las enmiendas del PSE y de los Verdes, que pretenden rebajar el tono de esta resolución, es votar a favor del régimen iraní, obra de mala fe o simplemente carece de argumentos.

La intención de nuestras enmiendas es muy sencilla. Deseamos presentar todo el cuadro de las violaciones de los derechos humanos y amenazas dentro del campo de Ashraf y sus alrededores. Por ejemplo, pedimos que se permita que el CICR y el ACNUR entrevisten a todos los residentes del campo de Ashraf en un lugar neutral y sin la presencia de funcionarios de los Muyahidines del Pueblo, a fin de conocer realmente sus verdaderos deseos. Asimismo tenemos que pedir a los dirigentes de los Muyahidines que dejen de controlar la vida de los residentes del campo de Ashraf, impidiéndoles abandonarlo. Ante todo, expresamos nuestra inquietud por las presuntas prácticas de manipulación mental y física y las graves violaciones de los derechos humanos dentro de este culto. En resumen, se trata de los derechos humanos individuales de los residentes del campo de Ashraf. Tengamos en mente a estas personas y sus derechos humanos a la hora de votar.

  Alejo Vidal-Quadras, autor. — Señor Presidente, esta mañana votaremos una propuesta conjunta de resolución firmada por cuatro grupos políticos sobre la situación del campo de refugiados de Ashraf en Iraq. Tres mil quinientos hombres y mujeres iraníes, miembros de la oposición democrática al régimen fundamentalista de Irán, viven en él completamente indefensos. En las últimas semanas se han visto sometidos a la presión y acoso de la facción del Gobierno iraquí influenciada por el régimen iraní, y es muy probable que en cualquier momento pueda producirse una tragedia comparable a la que presenciamos en los Balcanes no hace mucho.

Todos recordamos Srebrenica, y no me cabe duda de que de que ninguna diputada o diputado de esta Cámara desea una segunda Srebrenica en Iraq. Nuestra propuesta de resolución es un llamamiento para alertar a la opinión pública de todo el mundo antes de que se produzca un desastre. Desgraciadamente, algunos diputados han presentado enmiendas que podrían aumentar el peligro para los residentes del campo de Ashraf y dar argumentos al régimen iraní y a sus representantes en Iraq para masacrarlos.

Hace poco estuve en el campo y puedo asegurarles que las acusaciones formuladas, entre ellas las enmiendas presentadas, carecen de todo fundamento. Los residentes de Ashraf se encuentran ahí de forma voluntaria. Son libres de irse cuando quieran y viven en las mejores relaciones de amistad con la población iraquí de la región. La intención de nuestra propuesta es proteger a estas personas. Nadie lo entendería pero si se aprueban estas enmiendas, el resultado de la propuesta sería exactamente el contrario.

Señorías: no se trata de una cuestión política, sino exclusivamente humanitaria y sumamente urgente. Les ruego que voten en contra de todas las enmiendas presentadas a esta propuesta conjunta que apoyan estos cuatro grupos, y que aprueben la propuesta tal como fue acordada por estos cuatro grupos que a menudo defienden posiciones políticas muy diferentes. La vida de muchas personas inocentes e inofensivas depende de su voto. Por favor, no los defrauden.

  Angelika Beer, autora. – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, mi grupo no firmó esta resolución y sólo votaremos a favor de ella si se aprueban las enmiendas que he presentado junto con su autora, la Sra. Gomes, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.

Se refiere a la disputa sobre los Muyahidines o MEK. No se trata de una oposición democrática. Me gustaría decir unas cuantas cosas al respecto. El MEK es una organización degenerada, que equivale a una secta religiosa que ejerce una dura opresión sobre sus propios miembros, incluso dentro del campo. Se emplea presión psíquica y física para obligar a los miembros a permanecer en este campo. Aquellos que se niegan a que destruyan sus relaciones son obligados a divorciarse y se les arrebata a sus hijos, lo que constituye uno de los medios de opresión más brutales.

El MEK ha aislado totalmente a los miembros que viven dentro y fuera del campo. Está prohibido cualquier contacto con la prensa o los medios de comunicación internacionales. Todas las entrevistas realizadas por los Estados Unidos tuvieron lugar en presencia de funcionarios del MEK, lo que significa que estas personas no podían hablar sobre sus verdaderos problemas e inquietudes.

En el pasado, algunos miembros del MEK procedentes del norte de Iraq fueron entregados a los verdugos de Sadam Husein para ser torturados y asesinados de forma degradante en la prisión de Abu Graib. Estos no son sino unos cuantos ejemplos y explicaciones de las enmiendas conjuntas que les pido que apoyen. Quien las rechace —y quiero decirlo con toda claridad— y quien apruebe la actual resolución sin cambios vota a favor de permitir que el MEK continúe con su política de presión en un campo bajo su control. Del mismo modo, sería responsable, en parte, de lo que el MEK amenaza con hacer, es decir, que si el campo se disuelve bajo supervisión internacional, pedirá a sus miembros que se incineren. Eso es exactamente lo que no queremos y, por ello, pido a los diputados que voten a favor de las enmiendas presentadas por el PSE y mi grupo.

  Erik Meijer, autor. — Señor Presidente, desde hace 30 años Irán es una dictadura teocrática. Esa dictadura no sólo obliga a los habitantes del país a vivir de conformidad con sus normas religiosas, sino que intenta matar a todos los que no se someten a este sistema. La consecuencia de ello es que muchos iraníes deben vivir en el exilio, no sólo en Europa, sino también en países vecinos.

Tras la invasión angloamericana de Iraq, los iraníes que vivían exiliados en ese país recibieron una garantía de protección de Irán. Ahora, las tropas extranjeras se preparan para retirase de Iraq. Yo apoyo esa retirada, pero una consecuencia imprevista de ella podría ser que el régimen teocrático de Irán tenga la oportunidad de atacar a la oposición fuera de sus fronteras. Pretende que se deporte a estas personas a Irán para acabar con ellas. Dentro de Iraq existe una gran solidaridad con los iraníes en el exilio. Sin embargo, el poder de Irán en Iraq ha aumentado porque la mayoría de los iraquíes son musulmanes chiitas.

Mediante preguntas escritas al Consejo he destacado la situación de las 3 400 personas que viven en el campo de Ashraf. La única respuesta que he recibido es que el Consejo no ha deliberado sobre esta cuestión. Hoy debatimos una resolución muy importante y urgente sobre el campo de Ashraf. En dos resoluciones anteriores aprobadas en 2007 y 2008, nuestro Parlamento confirmó que los habitantes del Campo de Ashraf gozan de los derechos contemplados en el Cuarto Convenio de Ginebra. Hoy, nuestro Parlamento presta especial atención a la situación actual mediante la adopción de una resolución exclusivamente sobre Ashraf. Se trata de un texto conjunto y equilibrado, aprobado por la mayoría de los grupos políticos, que pretende enviar un firme mensaje al Gobierno iraquí en el sentido de que los derechos de estas 3 400 personas que viven en Ashraf, entre ellas mil mujeres, no pueden ser violados debido a las presiones de los mullah de Irán.

Así pues, debemos enviar un mensaje unido, sin enmiendas que socaven y debiliten esta resolución, que sólo se refiere a los problemas humanitarios de los residentes de Ashraf. Debemos evitar que el texto definitivo de la resolución sufra cambios que vengan a complicar la situación o pongan en peligro la vida de estas personas indefensas.

Los habitantes de Ashraf fueron bombardeados por fuerzas norteamericanas al principio de la invasión en 2003. Más tarde fueron registrados por los Estados Unidos. El Gobierno iraquí también ha registrado a cada uno de los residentes de Ashraf durante el mes de abril de este año. Cada uno de ellos fue entrevistado fuera del campo. Se les recomendó e instó a que abandonaran el campo o regresaran a Irán. Únicamente seis de ellos aceptaron partir, seis de 3 400. Así pues, debemos respetar su decisión.

  Mogens Camre, autor. — Señor Presidente, la situación del campo de Ashraf, que alberga a 3 500 miembros de la principal oposición democrática de Irán, los Muyahidines del Pueblo Iraní, ha sido motivo de preocupación durante algún tiempo, así como objeto de varias resoluciones de esta Cámara en los últimos años. Visité el campo de Ashraf con una delegación de cuatro miembros de esta Cámara en el mes de octubre del año pasado y me reuní con funcionarios norteamericanos iraquíes y de las Naciones Unidas. Todos ellos confirmaron nuestra inquietud acerca de la situación jurídica de los residentes de Ashraf, debido a que su seguridad fue transferida por las tropas estadounidenses a las iraquíes a principios de este año.

La situación ha empeorado mucho desde entonces. El líder supremo de Irán pidió en una declaración oficial a finales de febrero al Presidente iraquí, que se encontraba de visita, que aplicara el acuerdo mutuo de cerrar el campo de Ashraf y expulsara a todos sus residentes de Iraq.

Desde entonces, las fuerzas iraquíes mantienen sitiado el campo. Los soldados iraquíes evitan la entrada de las familias de los residentes de Ashraf, así como de delegaciones parlamentarias, organizaciones de defensa de los derechos humanos, abogados, periodistas e incluso médicos al campo, y no permiten la entrada de numerosos materiales logísticos.

Por esta razón, este Parlamento consideró absolutamente necesario abordar esta cuestión de manera urgente en estos momentos. Hemos colaborado con todos los grupos y elaborado un texto común, que presenta un buen equilibrio, aborda todas nuestras inquietudes acerca de esta cuestión, y pide a los organismos internacionales que encuentren un estatus jurídico duradero para los residentes de Ashraf.

Desgraciadamente se han presentado algunas enmiendas por parte de los portavoces de Teherán, aquellos que creen las mentiras que cuenta el Gobierno iraní. Me parece que debemos comprender con toda claridad que estas enmiendas son contrarias a la seguridad de los residentes de Ashraf y debemos votar en contra. Instamos a todos los diputados a que se atengan al texto conjunto y rechacen todas las enmiendas.

  Marco Cappato, autor. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, hoy hablamos acerca de un «campo», que en realidad es una pequeña ciudad de personas que han entregado sus armas tras tomar una difícil posición política, personas que han confiado de hecho su propia seguridad a la comunidad internacional. La razón por la que debatimos este punto hoy con carácter urgente es el riesgo de que estas personas puedan ser deportadas en masa y que el régimen iraní acabe de una vez por todas con sus derechos.

Sin duda podemos preguntarnos acerca del grado de democracia de los Muyahidines del Pueblo Iraní, su organización, pero ese no es el tema del debate que debemos celebrar y esta no es la razón por la que solicitamos que se empleara el procedimiento de urgencia. La razón por la que solicitamos el procedimiento de urgencia fue para evitar que toda esta pequeña ciudad sea atacada, que se acabe con sus derechos fundamentales y que sus residentes sean entregados en manos de la dictadura iraní.

Es por ello que las enmiendas presentadas simplemente contribuyen a confundir la gran urgencia y necesidad de este mensaje, y por este motivo espero que no sean aprobadas.

  Tunne Kelam, en nombre del Grupo del PPE-DE. — Señor Presidente, estamos hoy aquí para evitar que tenga lugar una posible tragedia humana a gran escala.

Casi 4 000 personas, miembros de la oposición iráni, corren inminente peligro de ser deportadas por las autoridades iraquíes a Irán, cuyo régimen ha ejecutado ya a más de 22 000 de sus correligionarios. Y por cierto, han sido estas personas las que han puesto al descubierto el programa nuclear secreto de Teherán y se oponen a este régimen exportador de terrorismo por medios pacíficos.

La protección de sus vidas, el respeto de su libre voluntad y dignidad, y la garantía de un futuro seguro con arreglo al derecho internacional van en interés de la credibilidad democrática del Gobierno iraquí, así como del Gobierno norteamericano, que ha garantizado su condición de personas protegidas. Pero ante todo, pedimos al Gobierno iraquí que levante el bloqueo del campo de Ashraf.

  Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ALDE. — Señor Presidente, creo que Alejo Vidal-Quadras, viejo amigo mío, y otros oradores están profundamente equivocados y que debemos apoyar las enmiendas, ya que el Gobierno iraquí ha anunciado en más de una ocasión que no tiene intención alguna de obligar a los habitantes del campo de Ashraf a trasladarse a Irán o a cualquier otro país.

El Gobierno iraquí ha solicitado en varias ocasiones a diversos países, entre ellos numerosos Estados miembros de la UE, que los reciban, pero estos no lo han aceptado.

De las 3 400 personas que viven en el campo, 1 015 poseen permisos de residencia y gozan de la condición de residentes en varios países, muchos de los cuales son Estados miembros de la UE, y ahora no aceptamos a estas personas. ¿Por qué?

La mayoría de los habitantes del campo han recibido formación militar profesional durante el régimen de Sadam Husein y participaron en la guardia presidencial de este y otras fuerzas de seguridad durante el violento aplastamiento del levantamiento popular iraquí tras la liberación de Kuwait en 1991.

Existen amplias pruebas de que estas personas hicieron daño a personas iraquíes cuando el ejército de ese país se negó a llevar a cabo los asesinatos ordenados por Sadam Husein. Las familias de las víctimas iraquíes no pueden olvidar este hecho y la Constitución iraquí no permite la presencia de grupos, como el MEK o el PKK, en terreno iraquí.

Dos mil de estas personas se han registrado ante el Alto Comisionado para los Refugiados con la esperanza de ser trasladados a otros países dispuestos a recibirlos, y el Gobierno iraquí ha colaborado estrechamente con el ACNUR durante muchos años para solicitar a otros países que los acepten.

Sus Señorías, esto es competencia de Iraq. La soberanía de este país está en juego y debemos depositar nuestra confianza en el Gobierno iraquí elegido democráticamente. Ese es su derecho, su obligación, y puedo asegurarles que la cumplirán como es debido.

  Charles Tannock (PPE-DE). - Señor Presidente, nunca he sido un gran partidario de los Muyahidines del Pueblo Iraní, cuyos orígenes filosóficos son islámico-marxistas —lo que constituye una contradicción de términos— que durante muchos años gozaron de la protección de Sadam Husein, el carnicero de Bagdad, a quien apoyaron militarmente.

Sin embargo, en los últimos años se han reformado y han dado valiosa información a Occidente sobre las violaciones de los derechos humanos en Irán y la ubicación geográfica de las instalaciones secretas de enriquecimiento de uranio de ese país. Por ello habría resultado discutible que hubieran permanecido en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Lo que es indiscutible, en mi opinión es que los residentes del campo de Ashraf merecen protección jurídica en Iraq contra su Gobierno y las fuerzas aliadas, y no merecen ser deportados a Irán, donde se enfrentan casi con seguridad a la tortura y a su posible ejecución.

  Richard Howitt (PSE). - Señor Presidente, este debate viene a demostrar una vez más los límites de las urgencias, con un inmenso número de intervenciones, porque no ha habido tiempo suficiente para celebrar negociaciones y consultas como es debido.

Quiero que conste en acta que el texto original socialista se opone claramente a cualquier deportación forzosa y pide el pleno cumplimiento del Convenio de Ginebra y el libre acceso de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Al Sr. Vidal-Quadras y a otros les diré, tras haber buscado personalmente obtener un compromiso mediante el apoyo multipartidista únicamente para las enmiendas 2, 3 y 6, y luego el apoyo socialista a la resolución conjunta, que afirmar que estas enmiendas podrían ser utilizadas como pretexto para masacrar a los residentes del campo es distorsionar totalmente los hechos. Independientemente de que se apoye o critique a los Muyahidines del Pueblo Iraní en un debate sobre derechos humanos, ningún diputado de esta Cámara debería estar en contra de unas enmiendas que pretenden apoyar las obligaciones humanitarias de alguna o todas las partes en cualquier lugar del mundo.

  Jan Zahradil (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, con treinta segundos tendré suficiente. Me gustaría decir que me siento muy satisfecho de que los Muyahidines del Pueblo Iraní hayan sido eliminados de la lista de organizaciones prohibidas del UE durante la Presidencia checa, y de que sigamos protegiendo a la oposición iraní contra el régimen mediante la resolución de hoy sobre el campo de Ashraf. Quiero dar las gracias a todos los oradores de todos los partidos, independientemente de su color o convicciones, y espero que la resolución sea aprobada en su versión original sin las propuestas de enmienda que la deformarían de cierto modo.

  Paulo Casaca (PSE). – (PT) Señor Presidente, yo también quiero pedir que la resolución conjunta se apruebe en su versión original. Las enmiendas presentadas en esta Cámara constituyen un profundo error.

No es cierto en absoluto que ni tan siquiera un refugiado del campo de Ashraf o del campo alternativo haya sido trasladado a Europa o incluso dentro de Iraq con el apoyo del Alto Comisionado. Les reto a que pregunten al Alto Comisionado si se ha trasladado a algún refugiado en algún momento.

Todo esto es absolutamente falso y su única intención es facilitar una masacre. De eso se trata y nada más, y quisiera pedir a los autores de estas vergonzosas enmiendas que las retiren, pues son un insulto para este Parlamento.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, he pedido la palabra, pero siempre que se me permita hablar. Con todos los diputados yendo de un lado a otro resulta realmente muy difícil; siento un gran respeto por el Parlamento, pero me parece que es verdaderamente imposible intervenir en esta circunstancias.

  Presidente. — Tiene usted razón.

Colegas, no vamos a cerrar el debate hasta que no esté todo el mundo sentado y en silencio.

Me dirijo a los colegas que están en los pasillos y de conversación: ¡no vamos a cerrar el debate hasta que se acaben las conversaciones y se pueda escuchar al Vicepresidente de la Comisión con el debido respeto!

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, quiero darle las gracias porque creo que lo correcto es participar en los debates escuchando lo que se dice e interviniendo de la manera adecuada.

Vicepresidente de la Comisión. −(FR) Voy a hablar en francés. Señor Presidente, señores y señoras, la Comisión sigue muy de cerca la evolución de la situación en Iraq, en particular en lo relativo al campo de Ashraf.

Todos sabemos que en enero de 2009 el Gobierno iraquí tomó el control de esa zona. Con respecto a la situación humanitaria en el campo, la Comisión ha sido informada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales, que han estado siguiendo la evolución de la situación, de que no se ha comunicado ningún deterioro importante de las condiciones de vida ni de incumplimiento de los convenios internacionales.

La Comisión está totalmente de acuerdo en que el cierre del campo debe realizarse dentro de un marco legal y no deben amenazarse las vidas y el bienestar físico y moral de sus residentes. Deberían aplicarse las normas del Derecho humanitario internacional, en particular el principio de no devolución.

El Gobierno iraquí ha manifestado en varias ocasiones que está dispuesto a tratar con dignidad a los residentes del campo y que no tiene intención alguna de deportar ilegalmente a los miembros de esta organización ni de obligarlos a que abandonen Iraq.

En vista de ello, la Comisión subraya, no obstante, la necesidad de respetar, como siempre, el Estado de Derecho y espera que el Gobierno iraquí actúe en consecuencia.

Durante su reunión con la Comisión en marzo de 2009, las autoridades iraquíes reiteraron su compromiso de respetar las normas del Derecho humanitario internacional y de no utilizar la fuerza y, en particular, de no proceder a devoluciones forzosas a Irán.

El Ministro de Derechos Humanos iraquí está organizando actualmente reuniones personales con los residentes para establecer sus derechos y determinar si desean volver a Irán o trasladarse a otro país.

En las últimas semanas, algunos miembros han decidido abandonar el campo y lo han podido hacer sin dificultad alguna. La Comisión apoya estas actuaciones. Si los residentes del campo desean salir de Iraq, el Gobierno de ese país debe autorizarlos a establecerse en otro país y facilitar este proceso.

La Comisión seguirá muy de cerca los avances de la situación en cooperación con los representantes de los Estados miembros presentes sobre el terreno.

(Aplausos)

  Presidente. — Se cierra el debate.

La votación tiene lugar a continuación.

PRESIDE: MARTINE ROURE
Vicepresidenta

⁂

  Gary Titley (PSE). - Señora Presidenta, me acojo una vez más al apartado 2 del artículo 28 del Reglamento, que establece que cualquier diputada o diputado del Parlamento puede formular una pregunta al Presidente de este y recibir una respuesta en un plazo de 30 días. Formulé una pregunta al Presidente el 19 de marzo y hoy es el 24 de abril y no he recibido respuesta alguna.

La formulé ayer y se me prometió que se abordaría la cuestión. Y aún no ha abordado. No puedo comprender que el Presidente de este Parlamento muestre tal desprecio por el Reglamento del Parlamento y por sus diputadas y diputados, hasta el punto de estar dispuesto a ignorarlos completamente. Me parece que el Presidente se comporta de forma absolutamente despreciable.

  Presidenta. - Sr. Titley, puede estar seguro que transmitiré su petición.

***

(El Acta de la sesión anterior queda aprobada)

  Presidenta. — El siguiente punto del orden del día es el turno de votaciones.

(Para los resultados de la votación: véase el acta).

- Antes de la votación

  Charles Tannock (PPE-DE). - Señora Presidenta, al parecer en el texto publicado en Internet por los servicios del Parlamento aparece un error. No está correctamente redactado y no coincide con el texto de la resolución conjunta presentada por mi grupo y otros grupos. No sé si se le ha informado al respecto y si puede tenerlo en cuenta, pero el texto del apartado 2 debería decir «Respetando los deseos individuales de todos los residentes en el campo de Ashraf en lo que a su futuro respecta». Eso no es lo que figura en el texto publicado y así debería rezar.

  Presidenta. — Sr. Tannock, me han informado al respecto y se procederá a realizar todas las correcciones lingüísticas.

- Después de la votación

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señora Presidenta, me gustaría señalarle que detrás de mí, entre los radicales de extrema derecha, se encuentran personas que no son diputados de esta Cámara, y según he podido ver, están utilizando las tarjetas de voto.

(Protestas)

  Presidenta. — Sr. Martin, lo verificaremos.

- Después de la votación

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Señora Presidenta, hace unos momentos se ha perdido una votación porque había el mismo número de votos. Un diputado ha hecho una acusación muy grave acerca de la votación en la Cámara. Quisiera perdirle que suspenda la sesión hasta que podamos determinar si han votado personas que no deberían haberlo hecho o si esta acusación carece de fundamento. Se trata de una acusación muy grave.

(Aplausos)

  Presidenta. — Acabo de decir que verificaremos los hechos, lo que significa que lo haremos de inmediato. Nos estamos ocupando de ello.

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señora Presidenta, seré muy breve a este respecto. Como uno de los diputados ha hecho una acusación, le pido que la clarifique. Como usted acaba de decir, la verificación debe efectuarse de inmediato y, si como creo, tras la verificación resulta que la acusación es falsa, pediré que se saquen las conclusiones pertinentes.

  Presidenta. — Ya he dicho que se procederá a la verificación. Y se hará de inmediato, de modo que les informaré en los próximos minutos.

- Antes de la votación

  Antonio De Blasio, ponente. – (HU) No necesitaré los dos minutos de mi turno. Señoras y señores, me gustaría destacar ante ustedes dos hechos importantes relacionados con este informe. Estos informes se han recopilado durante años, pero el Consejo nunca los ha incluido en su orden del día. Me parece que sería importante que el Consejo informará a los Estados miembros sobre el contenido de este informe, pues contribuiría en gran medida a hacer más eficaz el procedimiento de aprobación de la gestión del Consejo y otras instituciones. Es por ello que propongo que el aplazamiento del procedimiento de aprobación de la gestión del Consejo de este otoño únicamente se acepte si el Consejo incluye este informe en su orden del día. Dicha inclusión sería sumamente importante para que el Consejo acepte igualmente aquellos reglamentos que están pendientes y que garantizarían transparencia en el gasto de los fondos europeos. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a aquellos que contribuyeron a la redacción de este informe, incluido el ponente alternativo, y a aquellos que presentaron propuestas de enmienda. En la comisión parlamentaria aprobamos este informe por unanimidad.

  Presidenta. — Tras la verificación, puedo asegurar a sus Señorías que no se ha abusado de los derechos de voto.

A fín de evitar nuevos debates, informaré al Presidente Pöttering y este les comunicará las repercusiones de todo ello.

- Antes de la votación

  Horst Schnellhardt, ponente. – (DE) Señora Presidenta, tan sólo quisiera hacer dos breves comentarios. La traducción puede dar lugar a confusión en las distintas versiones lingüísticas. Por ello quisiera señalar, para que conste en acta, que la enmienda a la letra a) del apartado 2 del artículo 2, que reza así: «excepto animales de caza», siempre debe considerarse conjuntamente con la letra aa). De este modo se elimina la confusión.

  Presidenta. — Puedo asegurarle que se comprobarán todas las versiones lingüísticas a este respecto, Sr. Schnellhardt.

- Antes de la votación:

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Quisiera volver a la votación de mi informe en segunda lectura. Todos los grupos del Parlamento llegaron a un acuerdo político con el Consejo para aprobar una serie de enmiendas a fin de que este fuera un reglamento adecuado.

Debido a la ausencia de muchos diputados —más de 400 estaban ausentes— no pudimos aprobar el paquete de enmienda, para lo que se requiere una mayoría cualificada de 393 en segunda lectura. Sólo otbuvimos 387 de los 395 votos emitidos. Debido a la ausencia de muchos diputados, tuvimos que romper nuestro acuerdo con el Consejo.

Por ello quiero pedir a la Mesa y a la administración del Parlamento que estudien cómo podemos salvar la situación antes de que el Parlamento entre en receso el 7 de mayo, a fin de que podamos debatir y restablecer esta situación durante el siguiente período parcial de sesiones.

  Presidenta. — Debo comunicarle, Sr. Staes, que ya hemos considerado este tema y que vamos a examinarlo ya que constituye un verdadero problema.

- Antes de la votación

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señora Presidenta, me gustaría intervenir en estos momentos porque los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebramos un importante debate sobre los temas relacionados con el préstamo, y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos presentó una enmienda por entender que no existe fundamento jurídico para un préstamo europeo.

Acordamos una enmienda, que redactamos tras un acuerdo con el Sr. Langen, que era el principal negociador del Grupo del PPE, aunque no es el ponente alternativo en la materia, para añadir que no existe un fundamento específico para el préstamo comunitario. Fue en estas circunstancias que presentamos la enmienda 2, por lo que me sorprende mucho que expertos bien informados me hayan dicho que en la lista del PPE figuraba un signo de menos contra esta enmienda, y quisiera que se diera al Sr. Langen la oportunidad de corregir la lista del PPE.

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, no tengo razón alguna para explicar cómo se elabora la lista de votación en mi grupo. Hemos debatido el tema y, tras volver a examinarla, estamos en condiciones de dar nuestro pleno apoyo a esta propuesta.

- Antes de la votación

  Carl Schlyter, ponente. – (SV) Señora Presidenta, me gustaría decir simplemente que la Comisión presentó una nueva propuesta en este nuevo e importante ámbito político, por lo que consideramos que sería suficiente con adoptar medidas de ejecución en la presente legislatura. Ahora, el Parlamento pide con toda claridad que la Comisión lleve a cabo una revisión de toda la legislación pertinente de modo que podamos proteger a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente contra los efectos negativos de los nanoproductos y para que puedan contar con un mercado que sea seguro y capaz de desarrollarse. Quiero recordar a los diputados que la Comisión tiene un plazo de dos años para cumplir con la solicitud del Parlamento y que gracias a un compromiso, en la votación de hoy quedará muy claro que el Parlamento apoya esta propuesta casi de forma unánime.

Ha llegado el momento de que la Comisión inicie inmediatamente sus trabajos de revisión para que la nanotecnología pueda regularse en aras de la protección de los ciudadanos.

- Después de la votación de la enmienda 3

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, me gustaría preguntar si se ha dado cuenta de que, en el artículo 6, la palabra «central» antes de la palabra Estado debe suprimirse para que este texto sea coherente con los demás.

  Presidenta. — Sí, desde luego, vamos a comprobar todas las versiones lingüísticas, Sra. Pack.

  Presidenta. — A continuación pasaremos a las explicaciones de voto.

⁂

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría comentar hoy la grave acusación que se ha formulado en esta Cámara contra diputados del Parlamento Europeo, y la calumnia expresada por el Sr. Martin al decir que algunos diputados no habían votado personalmente, sino que habían enviado a representantes, que votaron utilizando sus tarjetas de voto. Esta es una conducta inaceptable debido a que las sesiones del Parlamento Europeo se transmiten en directo. En la galería están presentes ciudadanos de Europa que han escuchado hoy, en un año de elecciones, algo extraordinario. Es difamatorio y quiero pedir que en su próxima reunión la Mesa exija al Sr. Martin que retire sus palabras y pida discultas a todas las diputadas y diputados de esta Cámara.

  Presidenta. — Sr. Rogalski, usted ha visto que solicité que se verificara de inmediato si la acusación era cierta o falsa.

Y, por consiguiente, consta en acta. Era falsa. Por lo tanto figurará en el Diario Oficial. Ahora solicitaré al Presidente del Parlamento que adopte las medidas necesarias y deliberaremos sobre este tema en la Mesa.

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Señora Presidenta, no cabe duda de que se ocupó de esta cuestión con mucha rapidez, pero me parece inadmisible que un diputado tome la palabra para hacer una acusación tan grave contra otros diputados de esta Cámara. No tengo simpatía alguna por los caballeros de la extrema derecha, pero el Presidente del Parlamento debe defender y proteger los derechos de los diputados. Se nos acusa de todo tipo de cosas escandalosas y tenemos derecho a que nuestros colegas se comporten de forma apropiada y ética en esta Cámara e incluso fuera de ella.

  Presidenta. — Por favor, ya he hecho constar en acta todo lo que ha dicho. Ha visto que hemos intentado resolver rápidamente esta cuestión porque es muy importante. Estoy totalemente de acuerdo con usted y ya veremos que medidas deben tomarse.

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Señora Presidenta, tras esta interpelación y su muy útil respuesta, debo comunicarle que ayer no pude encontrar a este diputado para informarle que él mismo —y me niego a utilizar la palabra «honorable», Señoría— había publicado un artículo en la prensa austríaca en la que menciona el nombre de un miembro del personal del Parlamento. En mi opinión, este es otro ejemplo de conducta totalmente inadmisible, independientemente de que las acusaciones sean ciertas o falsas. Es muy probable que las credenciales de este personaje no sean confirmadas de no ser porque el electorado austríaco es lo suficientemente insensato para apoyarlo.

  Presidenta. — He hecho constar en acta lo que acaba de decir, Sr. Beazley. Todos estamos de acuerdo en que debemos mostrarnos sensatos a este respecto, pero tiene razón, Sr. Beazley, cuando dice que este tipo de conducta siempre acaba teniendo consecuencias para la persona responsable.

⁂

Explicaciones de voto orales

- Informe: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señora Presidenta, este informe trata sobre los derechos de las personas con discapacidad, y quisiera hacer constar y reconocer la labor realizada por Richard Howitt, diputado laborista de esta Cámara, en su lucha a favor de dichas personas.

Siempre he estado a favor de ofrecer la oportunidad de practicar deportes a las personas con discapacidad. Todos hemos oído acerca del movimiento paralímpico, pero este año, el Parlamento Europeo y la Comisión han reconocido por primera vez la magnífica labor realizada por el movimiento de las Olimpiadas Especiales, dirigido por Tim Shriver, a favor de las personas con discapacidades intelectuales. Este movimiento tiene programas en todo el mundo, y uno de ellos va a ser financiado en parte por el presupuesto de la Unión Europea.

He tenido el privilegio de asistir tanto a los Juegos Mundiales de Verano en Shangai y a los Juegos de Invierno de este año en Boise, Idaho, y me resulta difícil describir lo que uno siente al observar a esos deportistas competir y participar. Sólo quería dejar constancia de mi pleno apoyo a esta resolución.

- Informe: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señora Presidenta, creo que, de nuevo, este es uno de esos informes que muchas personas pueden acoger con satisfacción. Creo que todos deseamos productos con una mayor eficiencia energética en la lucha por conservar mejor la energía y utilizarla de forma más eficiente. Pero una vez más tengo que subrayar que esta Cámara debería ser la primera en dar ejemplo.

Al hablar de eficiencia energética deberíamos asegurarnos de poner orden en nuestra propia casa. El Parlamento Europeo tiene tres edificios —dos edificios para el Parlamento y un edificio administrativo— uno en Bruselas, uno en Estrasburgo y uno en Luxemburgo. Este hecho viene a demostrar que nosotros mismos no seguimos el camino marcado cuando se trata de eficiencia energética.

Ya es hora de dar ejemplo. Ha llegado la hora de poner en primer plano la lucha por la eficiencia energética. Tenemos que cerrar el Parlamento de Estrasburgo, cerrar los edificios administrativos de Luxemburgo y permanecer en Bruselas.

- Informe: Margarita Starkevièiûtë (A6-0053/2009)

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, he querido intervenir en este debate porque los pagos transfronterizos ofrecen grandes ventajas y para señalar que, mediante una solución positiva y la eliminación de nuevos obstáculos, la Unión Europea desea acercarse conscientemente a los ciudadanos y establecer normativas que les faciliten las cosas en su vida cotidiana. Estoy firmemente convencido de este informe y por ello estoy seguro de que daremos un paso importante para facilitar las actividades dentro de la Unión Europea. Espero que con ello se siente un precedente para otros ámbitos.

- Informe: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señora Presidenta, espero que cuando presente mi explicación de voto no provoque el mismo tipo de respuestas mezquinas que uno puede esperar del otro lado del hemiciclo.

Creo que todos estamos de acuerdo en que debemos hacer frente a la evasión fiscal, pero al mismo tiempo tenemos que comprender que, en el caso de aquellos empresarios que trabajan duro, crean puestos de trabajo y riqueza para otros y son fuertemente gravados por ello, resulta muy comprensible que intenten transferir legalmente su dinero a regímenes con una menor carga fiscal.

Me parece que todos estamos de acuerdo en que debemos luchar contra el fraude, pero no debemos castigar las transferencias de dinero legales. Podemos creer que con dichas medidas se eliminarán los regímenes de baja fiscalidad y que todos tendremos que pagar más impuestos, y sé que esto es algo que desean algunas personas, en particular los miembros del otro lado del hemiciclo. Pero también tenemos que comprender las consecuencias no deseadas que tienen en ocasiones nuestros actos, y si intentamos castigar en exceso a los regímenes y zonas de baja fiscalidad, en lugar de que el dinero se traslade de un país a otro, haremos que el capital, la innovación y el espíritu de empresa que tanto necesitamos abandonen Europa.

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Señora Presidenta, como es natural he votado en contra del informe Hamon, que es incluso peor que la propuesta de la Comisión sobre la fiscalidad del ahorro, porque, en contra de toda lógica, una mayoría del Parlamento —que no representa ni con mucho a la mayoría de las diputadas y diputados de esta Cámara— ha votado a favor de suprimir el sistema de tributación en origen, que funciona, para adoptar únicamente el sistema de intercambio de información, que resulta costoso, burocrático e ineficiente. ¡Es realmente incomprensible!

Tengo que admitir que la mayoría de los diputados de esta Cámara no conocen bien este tema, pues de lo contrario no habrían podido votar a favor de la supresión de un sistema que es eficiente, poco costoso y que garantiza que todos pagan los impuestos sobre ingresos del capital, en lugar de defender el intercambio de información.

El propio Sr. Hamon me dijo que no le interesa saber si todo el mundo paga sus impuestos. Anoche me dijo: «Quiero saber que los franceses…

(El Presidente interrumpe a la oradora).

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Señora Presidenta, quiero referirme a la cuestión relacionada con la libertad de voto. En principio no tengo objeción alguna contra el sistema de retenciones, pero creo que debemos dejar claro que la evasión fiscal resulta inaceptable.

Coincido con los comentarios que se han hecho acerca de que la competencia fiscal es algo positivo. Yo también lo creo. Creo que todos los que consideren esta cuestión con objetividad dirían lo mismo. La gente a menudo me dice, bueno, ustedes lo tienen fácil, el impuesto sobre sociedades en Irlanda es del 12,5 %, y yo les respondo que por qué no imponen el mismo tipo en su país, si ese es el problema. Pero la evasión fiscal es un problema sobre el que tenemos que posicionarnos con claridad. Se trata de un delito penal y tenemos que procurar no acercarnos demasiado a quienes practican este tipo de evasión.

Ya hemos visto adónde han llevado las malas normativas y malas prácticas al mundo financiero. Así pues, en principio no me opongo a la retención, pero quiero dejar muy claro que necesitamos hacer algo más rotundo en cuanto a la evasión fiscal.

- Informe: Catherine Neris (A6-0068/2009)

  Zita Pleštinská, en nombre del Grupo del PPE-DE. — (SK) Mi grupo político, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, está satisfecho con el resultado de la votación de hoy del informe de Catherine Neris sobre las condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción.

No fue posible aprobarlo con el Consejo en primera lectura porque algunos Estados miembros no se mostraron de acuerdo con una declaración de conformidad obligatoria. En la votación de hoy se establece la posición del Parlamento Europeo sobre algunas cuestiones políticamente delicadas, en particular la marca CE, lo que debería convencer al Consejo de alcanzar una posición común seguida de la aprobación por parte del Parlamento Europeo y la Comisión en segunda lectura.

Mi grupo político, el PPE-DE, en un acuerdo con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, tan sólo ha apoyado las mejoras técnicas al texto y mediante nuestras propuestas de enmienda adicionales hemos hecho que el texto aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Protección del Consumidor se aproxime al texto de trabajo del Consejo. El PPE-DE no apoyó las enmiendas 17 y 54, aprobadas en la comisión parlamentaria, por estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión, ya que nos oponemos a las marcas de ámbito nacional porque representan un obstáculo para el mercado interior y entendemos que los Estados miembros deberían eliminar todas las referencias nacionales que demuestren conformidad con una marca que no sea la marca CE.

Me siento muy satisfecha de que el Comisario Verheugen haya apoyado claramente esta posición en el debate de ayer. Espero que este acto legislativo tenga éxito.

- Propuesta de resolución - B6-0192/2009

  Philip Claeys (NI). - (NL) No cabe duda que esta resolución recoge unos cuantos elementos positivos, como la petición de reforzar las competencias de Frontex y las iniciativas a favor de una política europea de seguridad interna, que vendrían a complementar los planes nacionales de seguridad. No obstante, al final decidí votar en contra, porque considero totalmente inaceptable que este Parlamento que, después de todo, se supone que representa a los ciudadanos europeos, se aferre tenazmente al Tratado de Lisboa. La convocatoria para presentar propuestas lo antes posible para facilitar la importación de trabajadores extranjeros tampoco cumplía mis expectativas y, en mi opinión, merecía un voto en contra.

- Informe: Angelika Beer (A6-0234/2009)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señora Presidenta, al igual que otras diputadas y diputados de esta Cámara, apoyo el nuevo impulso para revivir el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, incluyendo la resolución del Consejo de Seguridad para cerrar las lagunas que existen actualmente en este marco jurídico.

Sin embargo, rechazo la implicación directa que figura en este informe de que la Unión Europea debería reemplazar a los Estados miembros como protagonistas en este particular proceso. Me parece increíble que esta Cámara intente y crea que debe extender sus tentáculos a este ámbito, en particular en vista de que tan sólo dos Estados miembros son potencias nucleares y otros cuatro tienen una participación en las armas nucleares de la OTAN.

Este informe está más interesado en aprovechar la oportunidad para reemplazar a los Estados miembros en la mesa de negociaciones del gobierno internacional que en prestar suficiente atención al peligro de que estas armas caigan en manos de terroristas y Estados canallas.

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señora Presidenta, creo que si partimos de principios, todos estaremos de acuerdo en que las armas nucleares son malas. Creo que todos estamos de acuerdo en que la guerra no es algo bueno, esto resulta evidente. Como dijo en una ocasión el gran filósofo Edwin Starr: «La guerra, ¿para que sirve? Para nada».

Pero al examinar esta cuestión tenemos que preguntarnos: ¿debería la UE reemplazar realmente a los Estados miembros que son potencias nucleares en el proceso de no proliferación, en vista de la falta de conocimientos en la materia que existe fuera de dichos Estados miembros? ¿No resulta prematuro proponer que el Reino Unido desmantele la producción de material fisible, cuando existen grandes cantidades de este material que pueden llegar a manos de terroristas y otros Estados canallas?

Se trata únicamente de obtener más poder y no de luchar contra la proliferación de armas nucleares, así que deberíamos olvidarnos del poder y hacer frente al problema en sí.

- Informe: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señora Presidenta, hace unas semanas estaba comiendo uno de mis platos favoritos, un curry, en la localidad de Long Buckby, cerca de donde vivo, y había reunido a un grupo de personas neofitas en política para celebrar un debate político. Al igual que todo el mundo —y lo saben muy bien— creían muchas cosas de mí por el hecho de ser diputado del Parlamento Europeo. En primer lugar, que tenía un chollo y que realmente no me importaba le gente de la calle y, en segundo lugar, que Europa no funciona, que existen demasiadas normativas. Quizás tengan razón en algunos casos —habría que analizar las ventajas y desventajas de las normativas— y estas no se aplican correctamente, de hecho, no de manera uniforme en todo el continente.

Este informe habla sobre el seguimiento del Derecho comunitario, lo que es positivo. Si visitan el sitio web del Eurobarómetro, verán el número de procedimientos de infracción que la Comisión ha abierto contra cada Estado miembro. Pero esta falta de aplicación y de aplicación uniforme es uno de los mayores problemas al que los diputados de esta Cámara que no son como yo —que son eurófilos en lugar de euroescépticos— tendrán que hacer frente en el futuro.

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señora Presidenta, me parece una vez más que existe un margen para el consenso cuando examinamos esta cuestión, ya sea que uno se muestre escéptico respecto a la futura integración europea o desee que su propio país pase a formar parte de un estado supranacional. Creo que todos estamos de acuerdo en estos momentos que todos somos miembros de la Unión Europea y debemos ajustarnos al Derecho comunitario, ya que hemos pasado por el debido proceso, los debates y los procedimientos legales.

Por ello debemos hacer un mejor seguimiento —y creo que todos estamos de acuerdo en ello— de la aplicación de dicho Derecho. Así que cuando los vendedores de queso de mi circunscripción en Londres se quejan ante mí de que han tenido que invertir mucho dinero para asegurarse, por ejemplo, de que las instalaciones que usan para vender queso cumplan las normas comunitarias que han sido bañadas en oro por los funcionarios públicos británicos, y de que cuando viajan por otros Estados miembros ven que se vende queso en mercados callejeros y reuniones, se preguntan si la legislación comunitaria se aplica en otros países, ha llegado la hora de que nos mostremos estrictos acerca de la aplicación del Derecho comunitario en toda la UE.

⁂

  Richard Corbett (PSE). - Señora Presidenta, me pregunto si es correcto que el Sr. Kamall inste al Parlamento Europeo a ignorar los Tratados y sus obligaciones legales y, de hecho, a que aumente los poderes del Parlamento Europeo para abordar la cuestión de los tres edificios en tres localidades distintas. Como bien sabe, desgraciadamente corresponde a los gobiernos de los Estados miembros decidir la sede de las instituciones y, desafortunadamente, bajo la presidencia del antiguo dirigente de su partido, John Major, en el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 se impuso al Parlamento Europeo la obligación de celebrar doce períodos parciales de sesiones cada año en Estrasburgo.

Fue una decisión poco acertada, pero no cabe duda que la respuesta no puede ser infringir la ley. La respuesta consiste en pedir a los gobiernos que revisen esta decisión tan poco acertada, adoptada bajo la dirección del antiguo dirigente de su partido.

Explicaciones de voto por escrito

Derechos de las mujeres en Afganistán (RC-B6-0197/2009)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos de las mujeres en Afganistán porque creo que el nuevo proyecto de ley sobre la condición personal de las mujeres chiitas resulta inaceptable. Esta legislación, que fue aprobada recientemente por las dos cámaras del Parlamento afgano, impone graves limitaciones a la libertad de movimiento de las mujeres, legitima la «violación dentro del matrimonio» y promueve la discriminación de las mujeres en el ámbito del matrimonio, el divorcio, la sucesión y el acceso a la educación. Todo ello no es coherente con las normas internacionales en materia de derechos humanos en general ni con los derechos de las mujeres.

Creo que la Unión Europea debe manifestar con claridad que esta ley debe revocarse, pues su contenido contraviene el principio de igualdad de géneros consagrados en los convenios internacionales.

Apoyo al Tribunal especial para Sierra Leona (RC-B6-0242/2009)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta conjunta de resolución en apoyo del Tribunal especial para Sierra Leona, ya que es crucial que los autores de crímenes violentos con arreglo al Derecho humanitario internacional, en particular crímenes de guerra y contra la humanidad, sean sancionados y cumplan sus condenas.

Este Tribunal, creado en 2000 por las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, fue el primer tribunal internacional financiado con aportaciones voluntarias, el primero creado en un país en el que se cometieron los presuntos crímenes y el primero en imputar a un jefe de Estado africano por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Situación humanitaria de los residentes en el campo de Ashraf (RC-B6-0248/2009)

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) Los residentes del campo de Ashraf son uno de los rostros visibles de la opresión del régimen iraní y de la resistencia a su violencia.

Los lazos que se han intentado establecer entre los miembros de la resistencia iraní y el terrorismo son injustificados, como han podido demostrar la prensa, políticos y tribunales. Al contrario, la situación en el campo de Ashraf es de dominio público y numerosas personas, entre ellos parlamentarios y periodistas, han visitado el campo y sacado sus propias conclusiones. Los residentes del campo de Ashraf son personas protegidas con arreglo al Convenio de Ginebra. Por estos motivos, el mensaje que envíe el Parlamento Europeo reviste una enorme importancia: los residentes del campo de Ashraf tienen derecho a recibir protección y a no ser entregados en ningún caso al régimen iraní. Se trata del más básico respeto de los derechos humanos. Por ello esperamos que esta resolución tenga sus frutos.

Por último, quisiera hacer un comentario sobre el régimen iraní. Es de suma importancia que a los errores cometidos al inicio y durante la intervención de los aliados de los Estados Unidos en Iraq no se les sumen errores durante su salida del país. Si al final de este proceso, el régimen fundamentalista iraní ha reforzado su influencia en la región, en particular mediante el control de los asuntos internos de Iraq, dicha región se alejará de la paz y el mundo se enfrentará a una amenaza mayor.

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. — Señor Presidente, recomendé a todos mis compañeros liberales que votaran contra las enmiendas de los Verdes/ALE y del PSE, pues el proyecto de resolución ya era equilibrado y esas enmiendas no se ajustaban al espíritu y esencia de la resolución.

Hacer críticas y acusaciones contra los Muyahidines del Pueblo Iraní, uno de los más destacados movimientos de oposición del pueblo iraní sin pruebas concretas, me parece un absurdo intento de apaciguar al régimen autoritario de la República Islámica de Irán. No puedo imaginar quién puede querer hacer un favor a este régimen opresor apoyando unas enmiendas que ofrecen a Irán la oportunidad de atacar y debilitar al movimiento de oposición que ha defendido los derechos humanos y la democracia en Irán.

Quisiera agradecer a todos los diputados que votaron a favor del proyecto de resolución original, el cual no pone en peligro de modo alguno la vida e integridad de los residentes del campo de Ashraf. Debemos alentarlos a realizar una transición política en Irán que garantice la paz y la seguridad en esta región que ha sido una de las más impredecibles e inestables durante décadas.

- Informe: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe.

En las últimas décadas, la tendencia a abordar la cuestión de las personas con discapacidad, con respecto a sus derechos, ha madurado y ha sido aceptada a nivel internacional.

El respeto de los derechos de las personas con discapacidad ha sido uno de los aspectos clave de la política social europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad me parece un paso en la dirección correcta.

Los principios de esta Convención son el respeto de la dignidad, autonomía, libertad de elección, independencia, no discriminación, inclusión social, respeto de las diferencias, igualdad de oportunidades, posibilidad de acceso e igualdad entre hombres y mujeres.

De especial importancia para promover la inclusión social resultan los artículos 24, 27 y 28 en materia de educación, empleo y protección social. Por estas razones espero que la Convención sea aprobada por el mayor número de votos posible y que todos los Estados miembros la ratifiquen cuanto antes.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe de la Sra. Jeleva sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuya responsabilidad será compartida por vez primera por la Comunidad y sus Estados miembros, ya que defiende el respeto de la dignidad y la autonomía personal, y promueve la no discriminación, la inclusión en la sociedad y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), por escrito. – (PL) He votado a favor del informe Jeleva sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Estas cuestiones revisten una especial importancia para mí, como he demostrado en numerosas ocasiones, por ejemplo, en las reuniones de lo que se conoce como el Parlamento de Rehabilitación de la provincia de Baja Carpatia, de las cuales se han celebrado dieciocho.

Reitero constantemente que las personas con discapacidad deben recibir el mismo trato que las personas sin discapacidad. No sólo con nobles declaraciones y normativas legales, sino ante todo en las cuestiones prácticas de la vida diaria. Los principios de la Convención son los siguientes: respeto de la dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y respeto de la independencia de las personas, no discriminación, participación plena y efectiva e inclusión en la sociedad, respeto de las diferencias y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y de la humanidad, igualdad de oportunidad, posibilidad de acceso, igualdad entre hombres y mujeres, respeto de las capacidades de evolución de los niños y respeto del derecho de los niños con discapacidad a conservar su identidad.

En este contexto me parece que las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad son sumamente positivas. En la UE se aplican a unos 50 millones de personas y en todo el mundo se estima que el número asciende a 650 millones.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista Griego no votó a favor del informe sobre la celebración, por parte de la UE, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad por estimar que la UE no está facultada para firmar y ratificar dichos acuerdos con las Naciones Unidas en nombre de los 27 Estados miembros. Esta firma por parte de la UE infringe todos los conceptos de independencia y soberanía de los Estados miembros de la UE, que son miembros de las Naciones Unidas y tienen el derecho y la obligación de firmar. En el presente caso, el Partido Comunista Griego apoya la Convención y el Protocolo sobre los derechos de las personas con discapacidad y la obligación de los Estados miembros de aplicarla, a pesar de que esta cuestión se refiere a la política general de los países capitalistas que aplican una política inhumana a las personas que requieren atenciones especiales.

- Informe: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos comparten hasta cierto punto las inquietudes expresadas en este informe en el sentido de que se han presentado algunos problemas graves con respecto a las libertades civiles debido a ciertos abusos cometidos en las prácticas de elaboración de perfiles en un reducido número de casos, y están satisfechos de que el Parlamento Europeo intente que los gobiernos de los Estados miembros tomen nota de ello. Sin embargo, creemos que nuestras autoridades policiales y judiciales deben poder utilizar instrumentos adecuados para llevar a cabo sus tareas con eficacia, entre las cuales se encuentra la elaboración de perfiles, en particular los basados en información de inteligencia.

No obstante, no hemos podido apoyar este texto debido a que el tenor de los considerandos resulta poco equilibrado y excesivamente alarmista. El ponente pide que se observe el principio de proporcionalidad, lo que resulta especialmente lamentable, ya que dicho principio no se respetó a la hora de redactar este informe.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe.

Una de las obligaciones que debe cumplir cualquier Estado de derecho es garantizar que las actividades de prevención realizadas en aras de la seguridad de los ciudadanos no se lleven a cabo en función de la identidad étnica de las personas, sino de su conducta personal.

Desde una perspectiva ética, ninguna persona puede o debe ser detenida de modo alguno a menos que existan actos que permitan levantar cargos contra ella o que demuestren su culpabilidad. A fin de contener el problema de la inmigración y el terrorismo hemos llegado ahora a la fase de la elaboración de «perfiles»: este método fue creado por organizaciones policiales y es capaz de identificar de antemano asociaciones entre personas que son consideradas defensores potenciales del terrorismo y actividades delictivas. Uno de los métodos más eficaces de elaboración de perfiles se conoce con el nombre de «extracción de datos» y consiste en buscar personas utilizando bases de datos informatizadas por medio de indicadores elaborados de antemano y basados en raza, origen étnico, religión y nacionalidad.

Debemos regular la elaboración de perfiles por medio de parámetros legales dentro del sistema a fin de garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su raza o religión.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) La elaboración de perfiles ya se utiliza en numerosos ámbitos, que van desde el mantenimiento de la paz a la administración aduanera y el control de fronteras, así como para la lucha contra el terrorismo.

El uso de esta técnica de investigación, basada en la recopilación de información sobre personas procedentes de diversas fuentes, que pueden incluir datos más sensibles como el origen étnico, la raza, la nacionalidad o la religión, despierta cada vez mayor interés.

Sin embargo, el empleo de estas técnicas se ha desarrollado de forma considerable sin que se haya tenido la oportunidad de deliberar sobre ellas y llegar a una conclusión sobre la forma y los casos en que podrían utilizarse, y cuándo su uso podría considerarse necesario, legítimo y proporcionado.

Asimismo resulta evidente que deben establecerse las garantías necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Esta situación resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que es necesario establecer referencias cruzadas entre las distintas bases de datos, como SIS II (Sistema de Información de Schengen), VIS (Sistema de Información sobre Visados) y Eurodac.

Por ello quiero felicitar a la ponente, la Sra. Ludford, por su iniciativa y por la oportunidad que nos ha brindado de iniciar este debate sobre la base de este informe que me parece bastante equilibrado y que respeta los compromisos que hemos negociado entre nosotros.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La Lista de Junio apoya este texto, que expresa la necesidad de abordar la elaboración de perfiles realizada mediante la «extracción» de datos automatizada en un debate, ya que se aparta de la norma general según la cual las decisiones relacionadas con la lucha contra la delincuencia deben basarse en el comportamiento personal. Nos oponemos firmemente a la elaboración de perfiles basados en el origen étnico que conlleva el uso arbitrario de la información por parte de las autoridades por motivos de raza, color de la piel, lengua, religión, nacionalidad y origen étnico, entre otras cosas, y consideramos que existe un riesgo evidente que personas inocentes sean detenidas de forma arbitraria.

Sin embargo, no creemos que la mejor manera de resolver este problema sea a nivel de la UE. Debería resolverse a nivel internacional por medio de acuerdos y convenios internacionales, posiblemente a través de las Naciones Unidas.

Apoyamos muchas de las cosas que se dicen en este informe, pero hemos decidido votar en contra del informe en su conjunto por las razones anteriores.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe trata sobre el método utilizado por los mecanismos represivos y servicios secretos en la UE, basado en las normas de mecanismos similares utilizados en los Estados Unidos, para normalizar y clasificar a personas como sospechosos de «terrorismo» y actividades delictivas por motivos de origen étnico o raza, su comportamiento, sus convicciones políticas, sociales, religiosas e ideológicas y su actividad social. Desde luego, este método no es nuevo. Los mecanismos represivos de la burguesía tienen una amplia historia de actividades delictivas en contra de comunistas y luchadores sociales para quienes se utilizó esta clasificación a fin de calificarlos de peligrosos para «el orden y la seguridad públicos». Hoy, con el pretexto del terrorismo, han sido recuperados una vez más de las épocas más oscuras de la historia de la burguesía europea.

Si bien el informe adopta una posición crítica respecto a estos métodos, se niega a condenarlos categóricamente y a exigir su prohibición inmediata. Por el contrario, los considera métodos legítimos de investigación policial, siempre que sean objeto de condiciones y limitaciones estrictas. No existen garantía ni limitaciones para estos métodos de corte fascista, ni los puede haber.

Es por ello que el Partido Comunista Griego ha votado en contra del informe. Y hace un llamamiento a los trabajadores para que levanten la cabeza e insumisos liberen a la UE de la represión, las persecuciones, el terrorismo y las violaciones de los derechos y libertades democráticos.

- Informe: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. — Los conservadores británicos apoyan las iniciativas destinadas a lograr el éxito de la lucha contra el fraude en detrimiento del presupuesto de la UE. Este informe recoge varias propuestas sensatas a este respecto, entre ellas, el refuerzo de la independencia de la OLAF.

Sin embargo, queremos dejar claro que nos oponemos a la creación de una fiscalía europea y, por ende, a la propuesta que figura en el apartado 57 del informe.

- Recomendación para la segunda lectura Bart Staes (A6-0256/2009)

  Richard Corbett (PSE), por escrito. — La semana pasada visité en mi circunscripción a la empresa de producción hortícola Johnson of Wixley, en la que me expresaron su inquietud por algunos elementos del paquete sobre plaguicidas recientemente aprobado, en particular los estrictos criterios de eliminación de determinados plaguicidas para los que todavía no existen sustitutos.

No obstante, me complace comprobar que, en este caso, la propuesta parece menos controvertida. En vista del inminente consenso entre el Parlamento y el Consejo, me siento satisfecho de poder apoyar el texto del Consejo y las enmiendas acordadas, a pesar de que estas últimas finalmente no fueron aprobadas.

La recopilación y difusión periódicas de datos sobre el uso de plaguicidas debería ayudar a sensibilizar a los productores, a controlar su uso y desempeñar un pequeño, pero importante papel, para garantizar que los plaguicidas sean seguros tanto para la salud humana como para el medio ambiente y, al mismo tiempo, evitar las inquietudes expresadas en relación con el paquete anterior.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado por las enmiendas a la recomendación para la segunda lectura del informe sobre las estadísticas de productos fitosanitarios. Creo que este informe vendrá a complementar otras iniciativas en materia de plaguicidas que se acordaron al final del año pasado.

Este informe introduce varias enmiendas importantes, como por ejemplo, el cambio de las palabras «productos fitosanitarios» por «plaguicidas», la ampliación del ámbito de aplicación para incluir los biocidas y los plaguicidas para uso comercial no agrícola. Gracias a este Reglamento, la Unión Europea podrá garantizar un uso mucho más seguro de los plaguicidas.

  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. − (DE) El Reglamento relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios forma parte de la revisión de la política europea en materia de productos fitosanitarios, de la que también forman parte el Reglamento de aprobación y la Directiva Marco sobre el uso sostenible de los plaguicidas, que fueron aprobados a principios de año.

Su objetivo es disminuir los efectos perjudiciales de los productos fitosanitarios en la medida de lo posible mediante la reducción de los riesgos. A fin de poder medir dichos efectos, necesitamos indicadores y para elaborarlos necesitamos datos fiables, basados en estadísticas, que permitan realizar comparaciones entre los Estados miembros. Por esta razón, he votado a favor del informe. Sin embargo, no debemos olvidar que, de conformidad con la normativa, únicamente quienes comercializan los productos facilitarán datos. Los informes más recientes sobre el comercio ilegal de plaguicidas en Europa indican que debemos prestar mayor atención a este fenómeno. Otro tanto sucede con la importación de productos procedentes de terceros países. Debemos intensificar nuestros controles al respecto.

Nuestro estricto procedimiento europeo de autorización garantiza la protección exhaustiva de las personas y el medio ambiente. Cualquier persona que venda o utilice productos fitosanitarios sin autorización, y cualquier persona que no compruebe correctamente los límites de residuos no sólo genera riesgos que podrían evitarse, sino que también desacreditan al fabricante del producto y al sector agrícola. La legislación vigente prevé una protección suficiente a este respecto. Sin embargo, ésta debe cumplirse y ser objeto de seguimiento.

- Informe: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos relacionados con la energía debido a que las pautas de consumo actuales tienen repercusiones muy importantes sobre el medio ambiente, sobre todo debido a la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación.

Considero importante cambiar los hábitos de consumo y producción, ya que de lo contrario las empresas y hogares tendrán que soportar importantes costes adicionales.

- Informe: Catherine Neris (A6-0068/2009)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre las condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción para promover la circulación y uso de este tipo de productos. El empleo de un lenguaje técnico común para indicar el rendimiento de los productos para la construcción clarifica y simplifica las condiciones de acceso a la marca CE, lo que ofrece una mayor seguridad a los usuarios.

  Zuzana Roithová (PPE-DE), por escrito. – (CS) Me siento muy satisfecha de que en el pleno de hoy se han eliminado algunas graves deficiencias de la propuesta de Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción, que fueron introducidas en esta norma técnica por la ponente socialista. La ponente alternativa, Zita Pleštinská, merece nuestro reconocimiento. Ha sido gracias a su experiencia profesional y a su diligencia en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor que la versión actual se sitúa a un nivel profesional. Gracias a la armonización y la marca CE para la producción en serie se producirá una simplificación y se reducirán costes, en particular para las pequeñas empresas. Y dejarán de aplicarse las diversas exigencias de los 27 Estados miembros. La marca de conformidad CE para producción en serie ofrece garantía suficiente de que los productos son conformes a las normas europeas. No se requiere armonización para los prototipos y productos únicos. Por ejemplo, únicamente si se importan productos para la construcción a países en los que existe peligro de terremotos también tendrán que cumplir los requisitos para esas condiciones especiales. Quiero expresar mi reconocimiento a la Presidencia checa por el apoyo a esta versión.

- Informe: Margarita Starkevièiûtë (A6-0053/2009)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Gracias, señora Presidenta. He votado a favor del informe.

La cuestión esencial del Reglamento (CE) nº 2560/2001 son las transferencias transfronterizas y los pagos electrónicos transfronterizos. Este Reglamento se adoptó el 19 de diciembre de 2001 y su finalidad era que el coste de un pago transfronterizo fuese el mismo que un pago realizado dentro de un Estado miembro.

Hasta el 1 de enero de 2006 se aplicaba únicamente a las transferencias, retiradas de dinero en cajeros automáticos y pagos efectuados con una tarjeta de débito o crédito de hasta 12 500 euros en los Estados miembros de la UE, mientras que a partir de esa fecha la cantidad ha aumentado a 50 000 euros. Este cambio ha provocado que bajen los precios y una mayor competencia en los mercados de servicios de pago. Sin embargo, el Reglamento (CE) nº 2560/2001 presenta igualmente inconvenientes, como el hecho de que no defina el concepto de «pago equivalente» y que no contemple una cláusula de revisión, por lo que es necesario tomar medidas inmediatamente.

Quisiera finalizar diciendo que estamos a favor de las propuestas para poner al día y modificar el Reglamento (CE) nº 2560/2001, ya que nuestra obligación consiste en facilitar y hacer menos costosos los pagos transfronterizos.

- Informe: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe Schnellhardt sobre la propuesta de Reglamento por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano por considerar que las propuestas que recoge este documento mejorarán considerablemente la seguridad de estos productos, ante todo al garantizar la trazabilidad a lo largo del proceso de tratamiento. De este modo se reforzarán la seguridad alimentaria y la producción de los consumidores en la UE.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) El presente informe permitirá que la Unión Europea disponga de un marco legislativo más preciso para aumentar el nivel de seguridad a lo largo de la producción de alimentos y la cadena de distribución. El mérito de este texto es que propone un método que se basa más en riesgos y controles, y hace que las normativas en materia de subproductos animales y la legislación sobre higiene sean más coherentes, al tiempo que introduce normas adicionales en materia de trazabilidad de los subproductos animales.

Puedo decir igualmente que el anterior informe del Sr. Schnellhardt sobre la higiene de los alimentos (2002) tuvo efectos muy positivos al hacer que el sector europeo de la caza asumiera sus responsabilidades. La transposición de este Reglamento a la legislación nacional ha tenido efectos positivos sobre el terreno, por ejemplo, al mejorar la formación de los siete millones de cazadores europeos que, al trabajar en ese entorno constantemente, están en condiciones de detectar rápida y eficazmente las crisis sanitarias de la fauna salvaje.

Por ello apoyo este informe, que permitirá a la Unión Europea prever y responder mejor a las posibles crisis alimentarias relacionadas con los productos de origen animal.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque en Rumanía, al igual que en otros Estados miembros, en ocasiones nos enfrentamos a crisis que afectan a la salud humana y animal en relación con los productos animales, como la encefalopatia espongiforme transmisible, las dioxinas, la fiebre porcina y la fiebre aftosa. Dichas crisis pueden tener repercusiones negativas más amplias sobre la situación socioeconómica de los agricultores y los sectores industriales afectados, como un descenso de la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos animales. Los brotes de enfermedades pueden igualmente tener consecuencias adversas para el medio ambiente, como la eliminación de cadáveres y la biodiversidad. Tenemos que revisar el Reglamento sobre subproductos animales no destinados al consumo humano desde una perspectiva legislativa.

De este modo se resolverán los problemas derivados de las diferencias de interpretación del ámbito de aplicación del Reglamento y los problemas que ello conlleva, como las distorsiones de la competencia y los distintos niveles de protección contra los riesgos para la salud humana y animal, la clasificación de los subproductos animales basada en mayor medida en los riesgos, la clarificación de las excepciones (por ejemplo, los efectos de los subproductos animales sobre la investigación, los brotes de enfermedades, los desastres naturales), la reducción de los trámites administrativos mediante la eliminación de la duplicación de permisos para determinados tipos de unidades económicas.

La revisión defiende los principios empleados para regular el uso, procesamiento, eliminación, trazabilidad y asignación de subproductos no destinados al consumo humano en la UE, lo que garantiza un alto nivel de seguridad alimentaria y de protección de los consumidores.

- Informe: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) Este informe se refiere al proyecto de resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

He votado a favor de este informe sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses porque refuerza los principios de transparencia y justicia tributaria.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) El informe Hamon aboga por el uso general del intercambio de información, que es un sistema burocrático e ineficiente en última instancia. Estoy a favor de una retención fiscal, es decir, de permitir que cada ciudadano pague todos sus impuestos al Estado miembro del que es contribuyente, con un tipo impositivo razonable (un 20 % o incluso un 25 %). Este impuesto se aplicaría a las personas físicas y jurídicas, lo recaudaría en origén la entidad financiera que gestione el dinero (títulos, bonos, etc.) y deberá transferirse a la oficina tributaria del contribuyente. Lo ideal sería convertirlo en un recurso de la Comunidad.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Es de crucial importancia hacer frente al fraude fiscal dentro de los Estados miembros de la UE. Sin embargo, la propuesta de la Comisión y el informe de la comisión parlamentaria están sobrecargados de textos que, de recibir el apoyo de esta Cámara, contribuirán a una regulación excesiva de la cooperación comunitaria.

Hemos votado en contra del informe en su conjunto y pedimos una revisión exhaustiva de toda la propuesta legislativa.

  David Martin (PSE), por escrito. — Apoyo esta propuesta sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses con el fin de acabar con las lagunas existentes y eliminar la evasión fiscal. La experiencia nos indica que es posible evitar la aplicación de la Directiva vigente, de modo que los más ricos pueden evitar pagar impuestos, mientras que los que ganan mucho menos siguen pagándolos; con esta propuesta se comenzará a poner fin a este fenómeno.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. — Este informe toma nota de la respuesta de los dirigentes mundiales en el sentido de que los paraísos fiscales forman parte de la economía mundial y deberían hacer una contribución positiva a intereses más amplios. Se ha hecho una gran labor en materia de retenciones fiscales, y este informe se suma al actual interés por aumentar la transparencia del ahorro y las transacciones en dichos paraísos fiscales. Resulta de especial importancia para hacer frente a la evasión fiscal de las empresas y las personas.

- Informe: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Es de suma importancia crear sistemas capaces de evitar el fraude fiscal, en particular, del impuesto sobre el valor añadido. Sin embargo, creemos que la propuesta de la Comisión y el informe que tenemos ante nosotros, en su forma actual, plantean más preguntas que las preguntas que responden. La UE tiene la ambición a largo plazo de reducir la carga normativa. Sin embargo, la propuesta de la Comisión parece ir en la dirección opuesta y corre el riesgo de aumentar la carga administrativa, en particular para las pequeñas empresas europeas. Asimismo, la propuesta recoge textos que resultarán en una amplia modificación de la legislación sueca.

Hemos decidido votar en contra de este informe en primera lectura, pero no obstante, esperamos que la propuesta original de la Comisión se desarrolle posteriormente de forma constructiva.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. — El Partido Laborista Parlamentario Europeo acoge con satisfacción el informe del Sr. Visser sobre la evasión fiscal derivada de la importación y otras transacciones transfronterizas. Aunque el IVA resulta en ocasiones complejo, sus efectos transfronterizos pueden dar lugar a problemas que este informe contribuye a identificar y resolver.

Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (B6-0256/2009)

  Peter Skinner (PSE), por escrito. — El Partido Laborista Parlamentario Europeo puede apoyar este informe en lo que se refiere a una perspectiva más amplia de las acciones económicas de los Estados miembros durante la crisis económica actual. Si bien los eurobonos pueden considerarse una buena idea para que los Estados miembros puedan obtener fondos, al parecer no existe fundamento jurídico para ello, por lo que resulta muy poco probable que se pueda ejercer esta opción.

- Informe: Carl Schlyter (A6-0255/2009)