Presidente. − El siguiente punto es declaración del Consejo sobre SWIFT.

  Beatrice Ask, Presidenta en ejercicio del Consejo. – (SV) Señor Presidente, en la lucha global contra el terrorismo la pregunta clave es cómo se financian esas actividades. La prevención de la financiación del terrorismo y el seguimiento de las pistas que tales transacciones pueden dejar tras de sí, pueden evitar los delitos terroristas y ser además importantes en la su investigación. Para conseguirlo necesitamos cooperación internacional. En este punto deberíamos asumir el reto propuesto en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU de 1999 y en los convenios del Consejo Europeo de este ámbito.

Los miembros que participaron en la reunión a puerta cerrada del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del 3 de septiembre de 2009 escucharon cómo el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, el TFTP, ha ayudado a mejorar la seguridad de los ciudadanos comunitarios y extra comunitarios. En los últimos años la información procedente del TFTP ha contribuido a poner al descubierto e investigar los delitos terroristas y ha conseguido igualmente prevenir ataques terroristas en suelo europeo.

El Consejo otorgó a la Presidencia un mandato de negociación unánime el 27 de julio de 2009, basado en una propuesta de la Comisión. Habría sido mejor que las negociaciones con los Estados Unidos se hubiesen celebrado en base al Tratado de Lisboa. En tal caso, el Parlamento Europeo podría haber participado en ellas plenamente, pero como ustedes sabes, eso no es todavía posible. Dado que SWIFT va a trasladar a finales de año su base de datos desde los Estados Unidos a Europa, es esencial que la UE concluya cuanto antes un acuerdo a corto plazo con los Estados Unidos, de tal modo que no exista riesgo de interrupción en el intercambio de información. Se trata de algo que beneficia a todos.

Querría destacar que hay un acuerdo provisional válido hasta la firma de un acuerdo permanente. El provisional debe tener un período de vigencia de no más de doce meses, y la Comisión ha notificado que pretende remitir una propuesta de acuerdo permanente tan pronto como el nuevo Tratado esté en vigor. Si el TFTP ha de ser útil a la UE y sus Estados miembros, los Estados Unidos deben continuar suministrando información del TPTP a las autoridades de la Unión correspondientes, tal como ha venido haciéndolo hasta la fecha. Eso es ciertamente lo que va a ocurrir.

Además, el acuerdo provisional ofrecerá a las autoridades de la EU encargadas de la prevención de delitos una oportunidad rápida de solicitar información por sí mismas a las bases de datos del TFTP en la investigación de delitos terroristas. La Presidencia está convencida del beneficio que supone la información del TFTP. Al mismo tiempo, somos conscientes de que el acuerdo provisional debe incluir los mecanismos necesarios para garantizar la protección de la intimidad de las personas, del Estado de Derecho y de los datos personales. Por consiguiente, el proyecto de acuerdo incluye una disposición según la cual debe haber un organismo comunitario específico para recibir, procesar y aprobar cualquier petición de los Estados Unidos para obtener información de SWIFT.

Es igualmente importante que el acuerdo provisional contenga disposiciones detalladas relativas a la protección de datos para la información que los Estados Unidos reciban de SWIFT a través de ese organismo europeo. Aquí el acuerdo va a ir más lejos de lo que antes había sido el caso en los compromisos unilaterales asumidos por los Estados Unidos con la UE por medio de las observaciones del TFTP de 2007, según fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea

Permítaseme mencionar otras disposiciones cuya inclusión exigiremos en el acuerdo. Los datos deberán almacenarse de forma segura, cualquier acceso a ellos exigirá un identificación de entrada en el sistema, todas las búsquedas en la bases de datos del TFTP quedarán restringidas a personas o información donde haya motivos fundados de sospecha o una relación evidente con un delito terrorista. El período de almacenamiento de la información examinada estará limitado y se borrará la información de la base de datos al cabo de cinco años como máximo, o antes si es posible.

Claramente podemos afirmar que el TFTP solamente podrá utilizarse en la investigación de delitos terroristas, incluyendo la financiación del terrorismo. Ni los Estados Unidos ni la Unión Europea podrán usar el sistema para investigar otro tipo de delitos o hacerlo con otros propósitos. Desde luego también es importante que la transferencia de información desde Europa a los Estados Unidos en el marco del TFTP sea proporcionada. Además de las normas relativas al organismo europeo que mencioné antes, el acuerdo también incluye una disposición que establece que el sistema tendrá que estar sometido al control de un organismo de evaluación. En lo que concierne a la UE, ese organismo estará compuesto por representantes de la Presidencia y la Comisión, así como por dos personas procedentes de las autoridades nacionales de protección de datos de los Estados miembros. El cometido del organismo de evaluación consistirá en controlar la conformidad con el acuerdo, la correcta aplicación de las disposiciones sobre protección de datos y que la transferencia de datos sea proporcionada.

Tenemos la responsabilidad común de garantizar que las autoridades responsables de la prevención de delitos puedan hacer frente al terrorismo eficazmente. También es nuestra responsabilidad conjunta asegurar que ello ocurra dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales. La Presidencia tiene el convencimiento de que el intercambio de información con los Estados Unidos en el marco del TFTP va a aumentar la protección frente al terrorismo, y de que podemos alcanzar un acuerdo provisional y, finalmente, un acuerdo a largo plazo, que no solamente respete nuestros estrictos requisitos de protección de datos, sino que lo haga también con los derechos fundamentales.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, Señorías, querría en primer lugar manifestar mi agradecimiento más sincero a la señora Ask por presentarnos un resumen de todos los acontecimientos relativos a SWIFT y a las negociaciones en curso con los Estados Unidos para la continuación del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, el TFTP.

Yo mismo tuve la oportunidad, durante la reunión de Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del 22 de julio, de explicar el funcionamiento del TFTP y por qué necesitamos una solución provisional para evitar su interrupción. La reunión conjunta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del 3 de septiembre se celebró con presencia de la Presidencia sueca, el Director General de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, el señor Faull, y el señor Bruguière. Considero que aquel encuentro permitió la aclaración de una serie de cuestiones todavía abiertas.

Me gustaría subrayar brevemente algunos aspectos. El informe del señor Bruguière, que los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pudieron examinar en el encuentro conjunto de comienzos de septiembre, ha confirmado el valor añadido del examen de datos en el contexto del TFTP, efectuado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como la Presidencia también nos ha recordado, ese análisis de datos ha permitido a las autoridades estadounidenses evitar atentados y ha facilitado las investigaciones relativas a ataques terroristas, tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Por añadidura, el informe del juez Bruguière ha confirmado que las autoridades de Estados Unidos habían cumplido con los compromisos asumidos en 2007 relativos a la protección de datos, es decir, como la señora Ask acaba de explicar tan bien hace unos instantes, limitar la conservación de datos y el acceso a los mismos, de tal manera que solo sean empleados cuando exista la sospecha de financiación de actividades terroristas. En pocas palabras, el señor Bruguière dijo que se habían cumplido los compromisos.

Resulta evidente, sin embargo, que el marco judicial negociado en 2007 no va a seguir resultando operativo, ya que los datos dejarán de estar localizados en los Estados Unidos tras la modificación de la estructura de SWIFT, prevista para finales de año. Se necesita un acuerdo internacional provisional entre la Unión Europea y los Estados Unidos para que las autoridades de este país puedan seguir estudiando datos relativos a las transacciones intereuropeas que tienen lugar en Holanda.

Resulta absolutamente imperativa la inclusión en ese acuerdo de todas las garantías necesarias para proteger los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, en particular el de la protección de datos personales. Por supuesto, apoyamos a la Presidencia de forma incondicional en sus esfuerzos para lograrlo.

Avanzando un poco, ante todo me gustaría decirle a este Parlamento, señor Presidente, que, como la Ministra acaba de mencionar, estamos hablando de un acuerdo provisional, cuya duración no puede exceder de doce meses. Ello significa que puede renegociarse inmediatamente tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con la plena participación del Parlamento Europeo. Puedo asegurarles con toda sinceridad que la Comisión, por supuesto, continuará manteniendo informado permanentemente al Parlamento sobre los avances en este asunto.

Añadiría que estamos encantados de poder preparar ese acuerdo, que va a ser permanente, un acuerdo a largo plazo, exigiendo de nuestros socios estadounidenses, obviamente, una plena reciprocidad. La lucha contra el terrorismo también nos afecta a nosotros, y no existe razón alguna por la que deba haber una plena y completa reciprocidad. Por ello estimo que será beneficiosa la participación del Parlamento en la negociación de un futuro acuerdo a largo plazo.

Eso es lo que creo, con toda honestidad. Una vez más, deseo expresar mi gratitud a la Presidencia sueca y a la señora Ask por presentarnos un resumen exhaustivo de la situación, lo que ha dado hoy lugar, de nuevo, a este acuerdo provisional.

  Ernst Strasser, en nombre del Grupo del PPE. – (DE) Señor Presidente, señora Ask, Comisario, Señorías, los Estados Unidos son un importante socio en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en particular sobre la cuestión de los datos sensibles queremos una reglamentación europea relativa a su seguridad, a los derechos civiles y los derechos individuales de nuestros ciudadanos, en todo cuanto afecte a esos datos, en colaboración con los estadounidenses. Por ese motivo, nosotros, en el http://www.eppgroup.eu/home/es/default.asp?lg1=es" \t "_blank" , exigimos una serie de criterios básicos para formalizar esa especie de contrato.

En primer lugar, tiene que haber un equilibrio entre la seguridad civil y los derechos civiles. Segundo, necesitamos un marco legal seguro para las empresas afectadas y nuestros ciudadanos. Tercero, nos alegra el papel de colegislador del Parlamento Europeo y, por ello, también nos complacemos de la intención de conseguir un acuerdo de transición. Le deseamos a usted, señora Ask, y a la Comisión, que tengan éxito con ello en las semanas venideras.

En cuarto lugar, consideramos que los datos internos europeos deberían manejarse de acuerdo a la legislación europea, tanto en el acuerdo de transición como en el acuerdo final. Quinto, queremos la introducción adicional a nivel europeo de un instrumento similar al TFTP y, sexto, mantenemos el punto de vista de que eso es el requisito previo para la reciprocidad.

Éstas son nuestras ideas, y confiamos en que encontrarán un amplio consenso en el pleno. Una vez que se haya alcanzado el acuerdo de transición, necesitaremos negociar y firmar el acuerdo final rápidamente.

  Claude Moraes, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, SWIFT se ha convertido claramente en un banco de pruebas para conseguir el equilibrio adecuado entre nuestra cooperación con los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo y la protección de nuestros derechos fundamentales.

Cuando el Parlamento solicitó, en sus resoluciones de 2006 y 2007, el traslado del centro de seguimiento informático de SWIFT de Estados Unidos a Europa, ello obviamente se debía a que creíamos que la protección de los ciudadanos europeos dentro del marco estadounidense no estaba en consonancia con las normas jurídicas europeas y requería una mejora. Así que estamos ante un desarrollo positivo, y nuestro Grupo se alegra del hecho del traslado a Europa de los dos nuevos servidores de SWIFT y de que se establezca un nuevo marco legal para que el TFTP estadounidense pueda seguir usando y procesando datos en cooperación con nuestras autoridades policiales.

Mi Grupo también puede ver que la recomendación aprobada por el Consejo trata de abordar algunas de las preocupaciones del Parlamento y del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pero hay algunas cuestiones clave todavía abiertas. Si las normas jurídicas estadounidenses siguen siendo aplicables en el territorio de la UE para el procesamiento de datos, ¿cómo podemos garantizar el respeto a las normas jurídicas europeas en lo concerniente a los derechos procesales y la protección de los datos personales? ¿A qué juez podrán dirigirse un ciudadano o una empresa comunitarios en caso de acusación penal?

Desde luego, uno de los asuntos más importantes es el ritmo del acuerdo y su carácter provisional, tal y como han explicado el Consejo y la Comisión. La elección de una base jurídica del tercer pilar, acompañada por su carácter interino, deja al Parlamento, y por consiguiente a los ciudadanos comunitarios, completamente fuera del proceso legislativo. El Grupo de los Socialistas y Demócratas sabe que ese acuerdo provisional solamente debería tener una vigencia de doce meses, y que se debería negociar un nuevo acuerdo con el Parlamento como colegislador, para que en esta Cámara podamos garantizar el delicado equilibrio de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios en la importante y crítica lucha contra el terrorismo.

  Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, tras todas estas cálidas palabras permítanme que introduzca un gato en el palomar. Nada voy a decir sobre el contenido, ya que creo que es manifiesto que lo que se ha negociado está en consonancia con las normas europeas de protección jurídica y de protección de datos personales, pero sí quiero que se me dé ahora una serie de respuestas sobre el proceso, dado que estamos ante el enésimo ejemplo del Consejo tomando decisiones a puerta cerrada que afectan a los ciudadanos. Los gobiernos europeos y el de los Estados Unidos quieren saber todo sobre nuestras vidas privadas, pero nosotros, como ciudadanos, ignoramos lo que hace el Consejo. Para mí eso resulta un poco contradictorio. La lucha contra el terrorismo se ha convertido prácticamente en un tren que se aleja, con el Consejo mostrando un desprecio absoluto hacia los ciudadanos europeos y la democracia parlamentaria. Siempre que el caso en cuestión se refiera a SWIFT, al acuerdo PNR, la retención de datos o cualquier otro asunto, se nos dice que «es algo indispensable en la lucha contra el terrorismo». Podría ser, señora Ministra, ¿pero cuándo se nos darán de una vez hechos, cuándo haremos algo de análisis? Hay igualmente una serie de preguntas cuya respuesta me gustaría conocer en relación con SWIFT, ya que no fueron respondidas el 3 de septiembre. ¿Por qué no? Ya por 2007 se sabía que la estructura de SWIFT exigía una reforma. ¿Por qué se le ocurrió al Consejo este plan solamente muy a finales del verano, mientras el Parlamento no había retomado todavía su actividad? ¿Por qué no han consultado a los parlamentos nacionales sobre el ámbito de competencias? ¿Por qué? ¿No es este un caso de lavado de políticas, señora Ministra, donde lo que en realidad ocurre es que los gobiernos europeos están intentando obtener acceso a nuestros datos a través del gobierno estadounidense? ¡Atrévase a dar la cara y a decirlo!

Por último, permítanme abordar la cuestión de la transparencia. Los documentos, y concretamente el asesoramiento jurídico del propio Servicio Jurídico del Consejo, deben hacerse públicos, y no solo en una pequeña habitación únicamente accesible a los miembros del Parlamento (dado que nos los hemos encontrado al lado de la fotocopiadora, ya sabemos lo que dicen), sino a los ciudadanos europeos. Ésa es la auténtica transparencia.

  Jan Philipp Albrecht, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, la Presidencia y la Comisión hablan permanentemente de reforzar los derechos civiles y de una Europa de los ciudadanos. Sin embargo, los derechos fundamentales están siendo de hecho erosionados y el debate público al respecto coartado. Se están haciendo todos los esfuerzos para excluir a los parlamentos y retener información. Esta especia de planteamiento opaco es inaceptable para una Europa democrática.

No basta con dar un ligero golpe en la puerta; es necesario que un parlamento responsable detenga esta indeseable marcha de las cosas. La Presidencia debe interrumpir las negociaciones hasta que pueda garantizar los derechos de los ciudadanos y los parlamentos. El chalaneo que están ustedes planeando para los datos bancarios, sin mecanismos de protección vinculantes, se asemeja a una liquidación de los derechos de protección de datos de los ciudadanos europeos y va a ocasionar una sospecha preventiva generalizada respecto a todos los ciudadanos.

Nosotros, los Verdes, nada queremos saber de eso. Ni siquiera de forma provisional, y ciertamente tampoco si tenemos servidores aquí en Europa y ya no solamente en los Estados Unidos, dado que de todas maneras se seguirán enviando los datos a ese país y no habrá garantías de protección jurídica.

  Marie-Christine Vergiat, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, Señorías, es un gran honor para mí hablar por primera vez en este Parlamento en nombre de millones de europeos que quieren una Europa diferente.

El caso SWIFT es sintomático de las meteduras de pata en materia de seguridad en nombre de la lucha contra el terrorismo, y donde se exhibe un desprecio absoluto hacia los más fundamentales derechos de nuestros conciudadanos. En este asunto, los Estados Unidos han pirateado datos bancarios sin base jurídica para ello y sin la menor información de las autoridades en Europa. El escándalo ha hecho que las autoridades europeas reaccionen y tomen nota. Ya se ha firmado un acuerdo con el gobierno estadounidense. Y un experto ha hecho una valoración de ese acuerdo. Sin embargo, ¿de qué experto se trata? Pues de un juez antiterrorista francés, del juez Bruguière, cuyos errores en el ámbito de los derechos fundamentales son bien conocidos en Francia. Por esa razón, somos escépticos respecto a la calidad de ese informe.

Aparte de la cuestión de principios, la propuesta de resolución que se nos ha sometido incluye numerosas advertencias con las que estamos de acuerdo, pero son insuficientes. Nosotros proponemos enmiendas para fortalecer las exigencias que el Parlamento Europeo tiene derecho a formular. Tenemos que ir más lejos y reclamar la suspensión del acuerdo si se infringen los principios establecidos. Nos gustaría saber por qué a las autoridades europeas les ha llevado tanto tiempo informar al Parlamento y por qué había tanta premura en alcanzar ese nuevo acuerdo.

Contamos con la Presidencia sueca. Y seguiremos escrutando sin cesar el respeto a los derechos humanos. Sí, nuestros conciudadanos tienen derecho a la seguridad, pero tiene que conseguirse sin que se nos fuerce a vivir en una sociedad rígidamente controlada donde todo el mundo lo sabe todo sobre nosotros.

  Beatrice Ask, Presidenta en ejercicio del Consejo. – (SV) Señor Presidente, gracias por los importantes puntos de vista planteados. Voy a tratar de responder a algunas de las preguntas formuladas con la mayor brevedad.

La primera cuestión que se plantea es, por supuesto, cómo podemos garantizar que los Estados Unidos cumplan el acuerdo. Me gustaría decir que, en primer lugar, disponemos del Informe Bruguière, que proporciona una buena descripción de la conformidad con los términos de lo que se ha acordado hasta la fecha. En segundo lugar, el proyecto de acuerdo menciona un organismo de valoración que les he descrito a ustedes y también a la Presidencia, la Comisión y los representantes de los organismos nacionales de protección de datos, cuya participación se pretende para verificar que el asunto se gestiona adecuadamente. Obviamente, es crucial que la información sea fiable. También es importante que todos se den cuenta de que cuando se transfiere información a este programa de datos no se plantea que cualquiera pueda entrar cuando desee y echar un vistazo a lo que quiera. Tiene que haber la sospecha de un delito terrorista o de su financiación para poder obtener acceso a esa información. Es evidente que eso restringe el modo en que se hace uso de la información.

En cuanto a la crítica de por qué este tema está planteándose en este momento, durante el verano, querría señalar que la Presidencia ha formulado más o menos las mismas preguntas que los miembros del Parlamento Europeo están haciendo ahora. Se nos encomendó la tarea de preparar el asunto a conciencia y de analizar, entre otras cosas, este informe, lo que responde a algunas preguntas, pero también se nos encargaron otros temas. Lo cierto es que no fuimos nosotros quienes decidimos que SWIFT se trasladase a Europa; eso ha ocurrido en base a otras decisiones. Con todo, los Estados Unidos tienen interés en emplear esta herramienta en su lucha contra el terrorismo, y nosotros también creemos que una información equivalente nos resultaría útil. Para conseguir que eso ocurra necesitamos un acuerdo. Dado que el Tratado de Lisboa no ha entrado aún en vigor, consideramos que era necesario ofrecer una solución provisional. Por ese motivo entramos en negociaciones y eso es lo que el Consejo nos ha encargado hacer. Todo ello es lo que he tratado de explicar.

Tampoco se trata de que la Presidencia desee limitar innecesariamente el entendimiento del asunto o el debate en sentido alguno. En primer lugar, este es en definitiva un debate público y, segundo, estamos encantados de discutir sobre la marcha de las negociaciones. Sin embargo, durante las negociaciones no resulta posible facilitar un acceso continuado a la documentación, ya que forma parte de la propia naturaleza de las negociaciones que las cosas estén sujetas a un cambio permanente. Pese a ello, he intentado describir nuestro punto de partida y el claro mandato que hemos recibido del Consejo. En esta cuestión estamos decididos a combinar un alto nivel de efectividad y sentido práctico con los rigurosos requisitos de la seguridad jurídica y del respeto por las libertades civiles y los derechos humanos. Estoy plenamente convencida de que lo conseguiremos. Pero si, en contra de las expectativas, no fuese así, entonces no habrá acuerdo.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, simplemente me gustaría corroborar las observaciones hechas por la señora Ministra quien, por cierto, ha sacado una conclusión muy clara: si de verdad no tuviésemos las garantías de protección de datos que necesitamos para el acuerdo duradero que la Presidencia tendrá que negociar, y para el cual la Comisión prestará su respaldo, no habría tal acuerdo.

Siendo ese el caso, considero que deberíamos ser capaces de arreglar las cosas y llevar así a cabo una campaña contra el terrorismo, obviamente con respeto hacia los grandes valores y principios, que suponen que en Europa, por un lado, concedemos mucha importancia a la protección de la intimidad, y, por otro, a la prevención de todo tipo de espionaje comercial.

Diría sencillamente, en lo que a mí concierne, que desde que me hice cargo de mis funciones evidentemente he conocido el hecho de que el Consejo había solicitado al juez Bruguière que se dirigiese y realizase aquella misión de investigación en los Estados Unidos. El Informe Bruguière, que data de diciembre de 2008, llegó a mis manos en enero de 2009. Ese informe fue presentado al Parlamento Europeo y al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en febrero de 2009. Fue en aquel instante cuando la Comisión estimó que tenía en sus manos los elementos básicos para garantizar la continuidad del TFTP, anticipándose a un período en el que, con la firma del Tratado de Lisboa y el Parlamento como colegislador, realmente podríamos negociar una acuerdo a largo plazo, con todas las garantías comentadas por la señora Ministra y todas las exigencias de reciprocidad que el señor Strasser, en particular, también ha mencionado.

Creo que en esta cuestión el Consejo acaba de expresar su voluntad de forma clara. La Comisión comparte esa opinión, ese compromiso firme y claro del Consejo de asegurar que el Parlamento Europeo se convierta en un colegislador, cuando llegue el momento oportuno para un acuerdo duradero.

  Sophia in 't Veld, (ALDE) – Señor Presidente, tengo una pequeña cuestión de orden. Siento que, una vez más, no obtenemos respuestas del Consejo a las preguntas que hemos formulado. Yo he preguntado por qué el Consejo esperó dos años, hasta el instante final, para decidir sobre este asunto, e igualmente me gustaría saber, y podemos recibir la respuesta por escrito, por qué los parlamentos nacionales han sido completamente excluidos del procedimiento en su conjunto. Por último, he leído su respuesta, que era bastante vaga y parecía querer decir que no van a publicar la opinión jurídica del Servicio Jurídico del Consejo.

  Presidente. − Se cierra el debate.

(Votación: 17 de septiembre de 2009)