Explicaciones de voto orales

- Informe: Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009)

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, la labor principal de toda asamblea es pedirle explicaciones al ejecutivo. Tendría que existir una tensión creativa entre el Parlamento y el ejecutivo, es decir, la Comisión.

Pero cuando se trata de cuestiones presupuestarias, el Parlamento Europeo es la única de las asambleas electas del mundo que se pone de parte del ejecutivo en contra de sus propios electores, en aras de una mayor integración.

Cada año el presupuesto europeo crece, cada año contamos con el informe del Tribunal de Cuentas que refleja que se pierden o se roban decenas de miles de millones de euros. Y ni aún así hacemos lo único para lo que estamos autorizados, es decir, retener el suministro o, en otras palabras, decir que no entregaremos más dinero hasta que se hayan puesto en orden los procedimientos contables.

Una vez más estamos aceptando este presupuesto a pesar de todos los errores que contiene y traicionando así a aquellos que nos han puesto aquí, que son nuestros electores y también nuestros contribuyentes, porque la mayoría de las personas de esta Cámara adoptan una actitud a favor o en contra de Europa y preferirían que Bruselas hiciera las cosas mal a que las hicieran los Estados miembros de forma competente.

- Informe: Reimer Böge (A7-0044/2009)

  Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha votado a favor de la movilización de 24 millones de euros para respaldar a los trabajadores despedidos en Bélgica.

Hemos votado a favor porque estamos de parte de los necesitados, de los que consagran su sudor y su cerebro a las empresas y, al final, son víctimas de un sistema económico injusto y de una competencia desenfrenada por los beneficios con unos efectos sociales devastadores.

Dicho esto, se debe evaluar el papel de este Fondo de Adaptación.

En 2009, sólo se movilizaron 37 millones de euros de los 500 millones posibles. El fondo no está reflejando la razón por la que se creó.

En segundo lugar, en vez de dar respaldar directamente a los desempleados, este fondo respalda sistemas nacionales de seguridad en el empleo. Puesto que son muy diferentes unos de otros, el fondo acaba reproduciendo las desigualdades obvias que existen entre nuestros propios sistemas de distribución.

En Portugal, el fondo ofrece a las personas desempleadas 500 euros de ayuda. En Irlanda las provee con 6.000 euros.

En tercer lugar, el caso de Dell muestra cómo es posible ayudar al mismo tiempo a los trabajadores despedidos en Irlanda y a la propia multinacional que los ha despedido, que actualmente está recibiendo otro tipo de fondos públicos en Polonia.

Dell recibió dinero para crear una nueva fábrica en Polonia, mientras ganaba nuevas posiciones en los mercados norteamericanos y, en el tercer trimestre de este año, anunció que sus beneficios en la región fueron de 337 millones de dólares estadounidenses.

Todos los aspectos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por lo tanto deben evaluarse con detenimiento.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, ya lo he dicho en muchas ocasiones y no dudaré en decirlo de nuevo: sean cuales sean los motivos de sus fundadores, hace mucho que la Unión Europea ha dejado de ser un proyecto ideológico y se ha convertido en un tinglado, un modo de redistribuir el dinero de personas de fuera del sistema a personas que están dentro de él. De ahí el tema del que estamos hablando hoy —estos chanchullos con empresas privilegiadas escogidas.

Pasemos por alto lo oportuno de la subvención a Dell en Irlanda que se anunció con una cuestionable corrección de procedimientos en el periodo previo al referéndum irlandés sobre la Constitución Europea o el Tratado de Lisboa. Resaltemos el hecho de que ya hemos probado esto antes como continente: en los años setenta recorrimos este camino de mantener a flote industrias no competitivas, con consecuencias desastrosas. Ahora ya sabemos adónde lleva este camino. Acaba con el estancamiento, la inflación y, finalmente, la quiebra colectiva. No volvamos a tomar el mismo camino una segunda vez.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, me interesó leer la primera frase, en la que se dice que el fondo se ha creado con el objeto de proporcionar una mayor asistencia a los trabajadores que sufran las consecuencias de los principales cambios estructurales de las pautas de comercio mundial.

¿Pero no hemos experimentado siempre importantes cambios de las pautas de comercio mundial? En mi distrito electoral de Londres hubo empresas textiles que reaccionaron ante la globalización y se prepararon para ella subcontratando algunas de sus funciones a países más pobres, pero manteniendo valiosos procesos de investigación y desarrollo y tareas de marketing en Londres, en el distrito electoral, en la Unión Europea.

Entonces, si estas empresas pueden reaccionar, ¿por qué estamos gratificando a empresas textiles y de TI ineficaces que esconden la cabeza bajo el ala y esperan que la globalización desaparezca?

Está claro que el dinero debería devolverse a los contribuyentes para que puedan invertirlo como deseen. Está claro que es hora de que los gobiernos se centren en crear las condiciones adecuadas de forma que, cuando se pierdan trabajos, los empresarios puedan llegar y crear nuevos empleos.

- Informe: David Martin (A7-0043/2009)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, vuelvo a este verdadero abuso de autoridad que ha estado muy cerca de cometerse precisamente con el pretexto de realizar una enmienda del Reglamento y que está diseñada para adaptarlo a las condiciones del Tratado de Lisboa. Esta es la enmienda 86 por la que la Administración se concedió a sí misma el derecho a designar al representante de los miembros no inscritos de la Conferencia de Presidentes.

Es un completo escándalo que esta designación, que debería haberse producido, como en todos los organismos del Parlamento, por elección, por consenso o por elección si no hay consenso, no se haya llevado a cabo aún debido a las estratagemas de dirigentes que se oponen a ello.

Es más, resulta alarmante que estos dirigentes se hayan ganado para su causa a grupos políticos que son nuestros rivales y que, claramente, no deben dar una opinión de facto o de jure sobre la designación de nuestro representante. Deberemos cuestionar esta decisión, si se debate de nuevo, ante el Tribunal de Justicia.

- Propuesta de resolución B7-0141/2009: Preparación de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático

  Marisa Matias, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, a fin de asegurar unos resultados legítimos y vinculantes en la lucha contra el cambio climático, es preciso garantizar cuatro principios que me gustaría poner de relieve. También se han sometido a votación hoy en esta Cámara.

El primero es que tenemos que llegar a un acuerdo legalmente vinculante.

El segundo es que se tienen que garantizar rigurosos objetivos políticos, incluidos los objetivos de reducción de las emisiones. Tenemos que disponer de objetivos ambiciosos en este sentido. Creo que podemos ir más allá de lo que lo hemos hecho hoy.

El tercer punto es que debería garantizarse la financiación pública necesaria a fin de permitirnos abordar este problema sobre el cambio climático.

El cuarto y último punto — que creo que es muy importante tener en cuenta— es que debería haber un acuerdo global y no sólo un acuerdo entre ciertas regiones, y eso tiene que suceder por medio de un proceso arraigado en la participación democrática que implique a todos los países.

Creo que la resolución que hemos aprobado aquí hoy no es tan buena —digámoslo así— como la que se aprobó anteriormente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

No obstante, creo que lo que debería salvaguardarse aquí es en realidad el resultado logrado y los esfuerzos realizados en todo este proceso y, de este modo, vamos a Copenhague con un trabajo bastante positivo realizado en el Parlamento. Espero sinceramente que presentemos un combate duro y que podamos cumplir lo que hemos aprobado aquí hoy.

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Señor Presidente, he respaldado esta resolución. El cambio climático es una prioridad política global en la Cumbre de Copenhague. Debería producir no sólo compromisos meramente políticos, sino también acuerdos vinculantes y sanciones por incumplimiento.

La lucha contra el cambio climático es una medida global y es necesaria la participación activa tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo. No obstante, los países ricos tienen que desempeñar una el papel principal. Deben ponerse de acuerdo en los objetivos obligatorios para recortar sus emisiones y, al mismo tiempo, encontrar dinero para ayudar a los países en vías de desarrollo a afrontar el cambio climático.

  Jan Březina (PPE). – (CS) Con la aprobación de la resolución de hoy sobre la Cumbre de Copenhague sobre la protección del clima, el Parlamento ha dado una clara señal de que concede una gran importancia a este asunto. Eso se refleja en un enfoque auténtico por el que este Parlamento expone el principio de la responsabilidad común pero diferenciada. De acuerdo con este, los países industrializados asumirán el papel principal mientras que a los países y economías en desarrollo como China, la India y Brasil se les proporcionará un respaldo adecuado a través de la tecnología y el refuerzo de la capacidad. Por otro lado, debo decir que el supuesto de que Copenhague podría impulsar green new deal o nuevo acuerdo verde es, en mi opinión, demasiado optimista e ideológicamente unilateral. No debemos cerrar los ojos y caminar sobre los cadáveres de las empresas industriales en un empeño idealista de reducir las emisiones de CO2. Yo no consideraría una perspectiva tan poco realista como una alternativa sostenible para toda Europa.

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, el informe que se acaba de aprobar en la Cámara acata la disciplina de lo políticamente correcto que prima aquí, sin que los dogmas establecidos la cuestionen.

Sin embargo, sólo porque algo se repita mil veces no significa que esté justificado. Siempre ha habido calentamiento global. El calentamiento global ha existido desde las últimas formaciones de glaciares, por ejemplo y, a fin de cuentas, no fueron los coches de los hombres de Neanderthal los que causaron las anteriores muestras de calentamiento global.

No hay discusión, no hay duda sobre lo que se nos ha repetido cien veces, mil veces y ¿por qué? Es evidente que hay al menos una razón muy importante: prepararse para la llegada del gobierno mundial. La segunda razón es una vez más instilar un sentimiento de culpa en los europeos y los occidentales, a quienes se les considera, injustamente, responsables de todos los males del mundo.

Voy a parar aquí, señor Presidente, porque no tengo derecho a sesenta y un segundos. Gracias por tomar nota de lo que he dicho.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, en su primera conferencia como nuevo presidente o como persona designada para el cargo, el señor Van Rompuy declaró que el proceso de Copenhague sería un paso hacia la gestión global de nuestro planeta. No puedo ser el único que esté alarmado por el modo en el que los que tienen otro programa diferente orientado a apartar el poder de las democracias nacionales se aprovechan del programa medioambiental.

El ecologismo es demasiado importante para dejar que sólo un lado del debate político aplique sus soluciones. Como conservador, me considero un conservacionista por naturaleza. Fue Marx quien dijo que la naturaleza es un recurso que debe explotarse, una doctrina que se materializó de forma brutal en las industrias «de chimenea» de los estados COMECOM, pero nunca hemos probado soluciones de mercado libre como la ampliación de los derechos de propiedad o la disposición de agua y aire limpios permitiendo la propiedad, en lugar de la tragedia de los espacios comunes, en la que se espera que las medidas estatales y las tecnocracias locales logren estos fines.

El ecologismo es en conjunto demasiado importante para dejarse a un lado.

- Propuesta de resolución B7-0155/2009: Programa plurianual 2010-2014 relativo al Espacio de libertad, seguridad y justicia (programa de Estocolmo)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, la resolución sobre el programa de Estocolmo que el Parlamento ha sometido hoy a votación es el resultado de una gran iniciativa de cooperación y de una fórmula de procedimiento completamente nueva con la que aún no tenemos mucha experiencia.

Esta fórmula establece, en efecto, objetivos realmente ambiciosos, pero si queremos una Europa que sea abierta y segura al mismo tiempo, debemos ser capaces de encontrar el justo equilibrio entre una cooperación cada vez más efectiva en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, por un lado, y un fuerte compromiso con la protección de los derechos de privacidad pública, por el otro.

Estamos comprometidos a poner en marcha una política común sobre el asilo, a respetar la protección de los derechos humanos fundamentales y a lograr una política de inmigración común a través de un mayor control de nuestras fronteras.

La siguiente tarea es crear un espacio judicial europeo. Para lograrlo, debemos promocionar todas las formas de cooperación con el propósito de difundir una cultura judicial europea común. Entre los ejemplos de ello se encuentran el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y reglas comunes, la abolición del procedimiento exequátur y de la puesta en práctica de medidas destinadas a facilitar el acceso a la justicia y a fomentar intercambios entre jueces.

Luego está el programa multianual, que subraya el concepto de la ciudadanía europea, que debería completar, no limitar, la ciudadanía nacional.

Creo que estos son objetivos que requieren un mayor compromiso por parte de todos...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Lena Ek (ALDE). – (SV) Señor Presidente, hoy he votado a favor de la estrategia de la UE relativa a la libertad, la seguridad y la justicia o, en otras palabras, el programa de Estocolmo. No obstante, cuando la verdadera propuesta legislativa del Consejo vuelva al Parlamento a través de la Comisión, tengo la intención de ser muy estricto y riguroso en cuanto a la integridad y la transparencia de la labor legislativa.

Esto es especialmente importante en consideración al procedimiento de asilo. La opción de solicitar asilo es un derecho fundamental y la cooperación europea trata de derribar muros, no de levantarlos. Los Estados miembros deben, por lo tanto, respetar la definición de refugiado y de solicitante de asilo de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y he presentado una enmienda en este sentido. En su forma final, el programa de Estocolmo debe representar valores europeos como la libertad y el respeto por los derechos humanos. Merece la pena luchar por ellos y eso es exactamente lo que voy a hacer.

  Daniel Hannan (ECR). – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera darle las gracias a usted y a sus funcionarios por su paciencia durante este turno de explicaciones de voto.

Señor Presidente, un antiguo Ministro de Interior británico, Willie Whitelaw, le dijo una vez a su sucesor en el cargo que era el mejor trabajo del gabinete porque uno no tenía que tratar con ningún extranjero.

Ningún ministro de Interior podría decir eso hoy. Se ha producido una armonización de lo más extraordinaria en el campo de la justicia y los asuntos del interior. En todos los aspectos, desde la inmigración y el asilo, los visados, el derecho civil, la justicia penal y la actuación policial hemos dado en efecto a la Unión Europea ese último atributo de la condición de Estado: un monopolio de validez legal coercitiva sobre sus ciudadanos, es decir, un sistema de justicia penal.

¿Cuándo decidimos hacer esto? ¿Cuándo se consultó a nuestros votantes? Admito que no se ha hecho en secreto. No se ha conspirado con esto o al menos fue quizás lo que H. G. Wells denominó como una conspiración abierta, pero en ningún momento hemos tenido la cortesía de preguntar a la gente si quieren ser ciudadanos de un Estado con su propio sistema legal.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Como muchos otros ciudadanos europeos a los que no se les concedió la oportunidad de expresarse sobre el Tratado de Lisboa, a mí también me preocupa la progresión en los campos de la libertad, la seguridad y la justicia. Son cada vez más las competencias de asilo e inmigración que se están desviando a la Unión Europea y estos asuntos se están excluyendo más y más del ámbito del control democrático de los ciudadanos. Como resultado, llegará aún más inmigración y surgirán los problemas que esto conlleva.

La cuestión de la concesión de derechos sin la imposición de ninguna obligación, que es otro aspecto que se deriva de esta resolución, da a los inmigrantes una excusa para no adaptarse a las normas de los países anfitriones. Un ejemplo de lo que me disgusta es el fragmento que trata de lo que se ha expresado como «la discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres romaníes», porque en él no se menciona que, en muchos casos, esta discriminación se la imponen ellas mismas. Solo tengan en cuenta el hecho de que se está exigiendo a las mujeres romaníes y los niños menores que se vayan...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, he pedido pronunciarme sobre Estocolmo.

Señor Presidente, como se ha dicho, este informe contiene dos motivos de preocupación.

El primero es su marcada perspectiva a favor de la inmigración. El segundo no se desvela ni en el contenido del informe ni en sus conclusiones. Hemos sabido de él únicamente a través de las intenciones de Comisario Barrot: es la tipificación de la libertad de expresión, la investigación y el pensamiento como delito.

Hoy en día, en muchos de los países europeos se procesa, arresta o sanciona y detiene de forma severa a personas sólo porque desean expresar un punto de vista crítico sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sobre la historia contemporánea o sobre el fenómeno de la inmigración. Se les están denegando estos derechos y se les está imponiendo sanciones muy duras. Es la principal razón de preocupación ya que es completamente contraria al espíritu europeo.

- Propuesta de resolución B7-0153/2009: Indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea

  Aldo Patriciello (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hace algunos meses fuimos testigos de la quiebra repentina e inesperada de algunas compañías aéreas de bajo coste, como Myair y Sky Europe, con la consiguiente cancelación inmediata de todas sus rutas programadas. Esto supuso un despropósito indecible para miles de pasajeros a los que se les negó el derecho a embarcar en vuelos reservados como es debido. Aún más grave es el hecho de que se les negara la posibilidad de obtener un reembolso por los vuelos que se cancelaron debido a las medidas relativas a la quiebra que afectaban a estas compañías.

Por estos motivos, parece más necesario que nunca que la Comisión, que cuenta la prosperidad y el bienestar entre sus principios y valores, tome medidas apropiadas con urgencia a fin de evitar que en el futuro se produzcan casos similares que perjudiquen a los ciudadanos europeos.

En concreto, tenemos que agilizar el proceso de revisión de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, relativa a los viajes combinados, del mismo modo que necesitamos, por un lado, equiparnos...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Durante los últimos nuevos años, un total de 77 compañías aéreas se han declarado en quiebra. No una, ni dos, ni tres y esto no sucedió sólo ayer; insisto, esto ha ocurrido durante los últimos nueve años. Como consecuencia, miles de pasajeros se han quedado en aeropuertos extranjeros sin ninguna protección. No han recibido ninguna indemnización o, al menos, no han recibido una indemnización apropiada a tiempo. Por esta razón, he votado a favor de esta resolución y estoy de acuerdo con la idea de que en el sector de las compañías aéreas debemos regular también esta laguna de nuestro sistema jurídico, algo que ha imperado hoy.

También respaldo el plazo concreto sugerido en la resolución, que es el 1 de julio de 2010 —muy pronto, por lo tanto— en el que la Comisión Europea debe presentar propuestas reales y concretas para solucionar este problema. En el futuro, los derechos de los pasajeros también deberían protegerse…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Señor Presidente, este es un tema muy importante y he votado a favor de esta resolución porque creo que necesitamos un instrumento jurídico que proteja a nuestros ciudadanos en caso de quiebra de una compañía aérea. Millones de ciudadanos usan compañías aéreas de bajo coste cada día. Sin embargo, el alto número de quiebras de compañías aéreas en la Unión Europea desde 2000 y el reciente caso de Sky Europe, han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las líneas de bajo coste a los cambios en el precio del petróleo y a las difíciles condiciones económicas actuales.

Tenemos que corregir esta situación y le pedimos a la Comisión que reflexione sobre las medidas compensatorias más adecuadas para los pasajeros.

  Lara Comi (PPE). – (IT) Señor Presidente, a la luz de los últimos casos de suspensión y revocación de las licencias de muchas compañías aéreas, un gran número de pasajeros y titulares de billetes a los que nunca se les ha pagado o reembolsado han sufrido pérdidas considerables.

Por consiguiente, creo que es necesario proponer un reglamento específico que defina las soluciones más adecuadas a los problemas que surjan a raíz de las quiebras en materia de pérdida financiera y repatriación.

Así pues, es importante indemnizar a los pasajeros en caso de quiebra y definir también los procedimientos financieros y administrativos asociados. Me refiero al principio de responsabilidad mutua para proteger a los pasajeros de todas las compañías aéreas que recorran la misma ruta y que tengan plazas disponibles. Esto posibilitará la repatriación de los pasajeros que se han quedado en tierra en aeropuertos extranjeros. En este sentido, las sugerencias de un fondo de garantía o de un seguro obligatorio para las compañías aéreas podrían representar soluciones plausibles que tendrían que compensarse con las ventajas y desventajas, lo que supondría un aumento en los precios para los consumidores.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, es muy importante hablar de la seguridad de los pasajeros de las compañías aéreas y, sobre todo, de la indemnización en situaciones en las que las compañías quiebran, como ha mencionado la señora Oviir. Se han registrado 77 quiebras durante los últimos nueve años y se dice que el sector de las compañías aéreas está haciendo frente a más turbulencias que nunca.

La competitividad feroz es un tipo de ronda eliminatoria. Un nuevo fenómeno son las compañías aéreas baratas, pero por el momento parece que les va bien y que están obteniendo inmensos beneficios. Esto ha llevado a muchas otras compañías aéreas a una situación de competencia malsana. Como se ha dicho, es muy importante asegurar que no se repiten los desafortunados casos anteriores y que las compañías aéreas asumen algún tipo de responsabilidad por sus pasajeros y por la indemnización si se cancela un vuelo por quiebra. Para asegurar esto...

(El Presidente interrumpe al orador)

- Propuestas de resolución: "Hecho en" (marca de origen)

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Con el programa de Lisboa, el objetivo de la Unión Europea era reforzar la unión económica. Por eso es importante también mejorar la capacidad competitiva de la economía. No obstante, resulta esencial en este sentido que la competencia justa prevalezca en el mercado. Eso significa que debería haber reglas claras para cada fabricante, exportador e importador. He secundado la propuesta de esta resolución porque la imposición de una obligación de identificar el país de origen de los bienes de terceros países importados en la Unión Europea constituye un modo infalible de obtener transparencia, a fin de proporcionar al consumidor la información apropiada y también de asegurar el cumplimiento de las reglas de comercio internacionales. Gracias.

  Lara Comi (PPE). – (IT) Señor Presidente, el debate sobre la marca de origen no concede ninguna prioridad a los intereses de uno o de varios Estados miembros, como se cree en ocasiones por error. En cambio, encarna el principio económico fundamental de la igualdad competitiva.

El objetivo de este principio, en consonancia con el Tratado de Lisboa consiste en poner en práctica la competitividad europea en todo el mundo mediante la promoción de reglas claras y equilibradas para nuestras empresas de producción y empresas que importan productos de terceros países.

Por lo tanto, estamos discutiendo asuntos que conciernen a Europa en su conjunto. Por esta razón, creo que resulta esencial llegar a un acuerdo sobre la marca de origen que vaya más allá de los intereses nacionales individuales o de los de los grupos políticos y da lugar a la voluntad de poner en práctica un mercado único mediante la promoción de la competitividad y la transparencia.

La presentación ante el Parlamento del reglamento sobre la marca de origen, como formuló la Comisión Europea en 2005, representa un paso hacia delante a este respecto.

En consonancia con el Tratado de Lisboa, el proceso de codecisión entre el Parlamento y el Consejo impedirá, por consiguiente, que se agilice la aprobación de un reglamento que resulta tan importante para los consumidores europeos.

Explicaciones de voto por escrito

- Informe: Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009)

  Robert Atkins (ECR), por escrito. – Los conservadores británicos no han sido capaces de aprobar la gestión del presupuesto europeo para 2007, en la sección del Consejo Europeo. Son 14 los años consecutivos, durante los que el Tribunal de Cuentas Europeo sólo ha sido capaz de presentar una declaración cualificada sobre la fiabilidad de las cuentas de la Unión Europea.

Tomamos nota de las observaciones de los auditores de que alrededor del 80 % de las transacciones de la UE las llevan a cabo agencias que trabajan en los Estados miembros con acuerdos de gestión conjunta. Los auditores revelan sistemáticamente que los niveles de control y escrutinio del uso de fondos de la UE en los Estados miembros no son adecuados.

A fin de abordar este problema continuo, el Consejo celebró un Acuerdo Institucional en 2006 que los obligaba a presentar una certificación para aquellas transacciones de las que fueran responsables. Estamos consternados por advertir que, hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros no han cumplido su obligación y, por lo tanto, a pesar del tradicional «acuerdo entre caballeros» entre Parlamento y Consejo, no concederemos la aprobación de la gestión hasta que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en virtud del Acuerdo Interinstitucional.

  Jean-Pierre Audy (PPE) , por escrito. – (FR) He votado a favor de la aprobación de la gestión financiera al Consejo por el presupuesto de 2007, aunque quiero resaltar el hecho de que no estoy de acuerdo con el modo en el que la Comisión de Control Presupuestario ha llevado la situación en la que el ponente, el señor Søndergaard, ha presentado dos informes contradictorios; el cambio de postura entre las propuestas de posponer la aprobación de la gestión hasta abril de 2009 y para conceder la aprobación de la gestión justificada por las afirmaciones realizadas en las sesiones sin ningún trabajo de auditoría, mientras que el Tribunal Europeo de Cuentas no ha realizado ningún comentario sobre la gestión del Consejo. Lamento que no haya habido ningún estudio jurídico destinado a constatar los poderes del Parlamento Europeo y, en consecuencia, los de la Comisión de Control Presupuestario, en particular, en referencia a las actividades externas y militares del Consejo. En un periodo en el que estaremos negociando relaciones políticas con el Consejo como parte de la aplicación del Tratado de Lisboa es importante que el trabajo de las instituciones se base en reglas jurídicas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Al final del último ejercicio legislativo, en abril, el Parlamento decidió posponer la aprobación de la gestión del Consejo en cuanto a la ejecución del presupuesto para 2007 debido, esencialmente, a la falta de transparencia en las cuentas en cuanto al uso del presupuesto comunitario. En particular, el Parlamento consideró importante que hubiera una mayor transparencia y un control parlamentario más riguroso del gasto del Consejo en la Política Exterior y de Seguridad Común/Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PESC/PECSD).

El informe aprobado hoy aprueba al fin la gestión del Consejo ya que considera que el Parlamento ha obtenido una respuesta satisfactoria del Consejo a las demandas efectuadas en la resolución del pasado abril. No obstante, realiza advertencias para el siguiente proceso de aprobación de la gestión. En concreto, verificará el progreso que ha hecho el Congreso con respecto al cierre de sus cuentas fuera de presupuesto, la publicación de todas las decisiones administrativas (cuando se usa como base jurídica para elementos presupuestarios) y la transmisión al Parlamento de su informe anual de actividades. Aunque el Consejo ha dado pequeños pasos hacia delante en su presentación de cuentas sobre el uso del presupuesto comunitario, creemos que, en cuanto al gasto de PESC/PECSD, la información disponible aún no es ni remotamente adecuada, por lo que seguimos teniendo reservas.

- Recomendación para la segunda lectura Ivo Belet Ivo Belet (A7-0076/2009)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) He votado a favor de este reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante. La eficiencia energética es de una vital importancia para la sostenibilidad medioambiental y la conservación de recursos limitados. El etiquetado claro e informativo ayudará a los consumidores europeos a elegir mejor de ahora en adelante. Esta elección debe basarse en el coste, pero también en la eficiencia en términos de consumo de carburante. Otra ventaja de este tipo de etiquetado es que el etiquetado de neumáticos de adherencia en superficies mojadas aumentará la seguridad en la carretera.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) He votado a favor del informe del señor Belet sobre el etiquetado de neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante, que respalda la posición común del Consejo. En vista de que el 25 % de las emisiones totales de CO2 lo origina el transporte por carretera y el 30 % del carburante total que consumen los vehículos está relacionado con sus neumáticos, la introducción de la obligación de etiquetar los neumáticos representa un instrumento clave en la lucha por un entorno más saludable.

La decisión que el Parlamento ha tomado hoy permitirá una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de hasta cuatro millones de toneladas al año. A efectos ilustrativos, esto equivale a sacar un millón de coches de las carreteras de la UE. La ventaja incuestionable de la ley aprobada es la mejora de la calidad y, por lo tanto, de la seguridad de los neumáticos. Eso no debería implicar un aumento de los precios —lo que sin duda apreciarán los consumidores, especialmente aquellos que deciden lo que comprar en función del precio de un producto. Creo que esto confirma los resultados de los estudios de mercado que muestran que a los consumidores les interesa comprar productos respetuosos con el medioambiente. En mi opinión, la ventaja de un reglamento aprobado para los fabricantes es que, gracias a las normas unificadas para transmitir información sobre la eficiencia de los neumáticos, los clientes contarán con una mejor oportunidad de competencia basándose en otros factores diferentes, en lugar de fijarse sólo en el precio del producto.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito (PT) El nuevo Reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos forma parte de una estrategia comunitaria sobre el CO2, que establece los objetivos que se deben lograr a través de las reducciones de las emisiones de vehículos. A partir de noviembre de 2012, en la UE los neumáticos se etiquetarán conforme a su eficiencia en relación con el consumo de carburante, la adherencia en superficies mojadas y las emisiones de ruido. A los neumáticos se les atribuye del 20 al 30 % de la energía que consumen los vehículos debido a su resistencia de rodado. Al regular el uso de neumáticos eficientes que sean seguros y emitan poco ruido, estamos ayudando tanto a reducir los efectos nocivos para el medioambiente mediante la reducción del consumo de carburante, como a proteger más al consumidor, por medio de la competencia en el mercado. Por lo tanto, me alegro de que se haya creado otro instrumento que representa un paso más en dirección a una Europa sostenible en materia de energía.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, estoy de acuerdo con la decisión del Parlamento de aprobar finalmente un reglamento que mejora la seguridad y aumenta eficiencia ambiental y económica del transporte por carretera. El objetivo es promover el uso de neumáticos más seguros y silenciosos. De acuerdo con algunos estudios, es posible reducir de forma significativa (más de un 10 %) la proporción de carburante que consume un vehículo y que depende del rendimiento del neumático.

En consonancia con mi compromiso con la protección del consumidor, este reglamento establece un marco reglamentario eficaz a través de la información y el etiquetado claros y precisos. De esta forma, es posible salvaguardar la transparencia y lograr que los consumidores sean más conscientes de sus opciones de compra con la ayuda de folletos, panfletos y marketing web.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Me alegro de que en lugar de una directiva, contemos con un reglamento sobre el etiquetado de neumáticos, como consecuencia de una sugerencia del Parlamento.

A partir de noviembre de 2012, los neumáticos se etiquetarán de acuerdo con su eficiencia en términos de consumo de carburante, su adherencia en superficies mojadas y el ruido que emitan. Los ciudadanos europeos dispondrán de más información para elegir los neumáticos adecuados, así como para rebajar el coste de combustible y ayudar a reducir el consumo de energía. Así podrán realizar una elección más respetuosa con el medioambiente y reducir su huella de carbono.

Por otra parte, el etiquetado permitirá una mayor competencia entre los fabricantes y tiene ventajas desde el punto de vista del medioambiente. Debe tomarse nota de que al transporte por carretera se le atribuye el 25 % de las emisiones de dióxido de carbono en Europa.

Los neumáticos pueden desempeñar una función importante en la reducción de las emisiones de CO2, ya que son responsables del 20 al 30 % del uso total de energía de los vehículos.

En los turismos, la utilización de unos neumáticos más eficientes puede permitir el ahorro de hasta un 10 % en coste de carburante.

Por consiguiente, he votado a favor.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del paquete de compromiso sobre el etiquetado de neumáticos. El Parlamento trata muchos asuntos que parecen ser sumamente técnicos y, a primera vista, no son prioritarios en muchos programas políticos; este es quizás un asunto de este tipo. No obstante, un análisis más profundo revela que casi un cuarto de las emisiones de CO2 proceden del transporte por carretera y que los neumáticos desempeñan un papel significativo al determinar la eficiencia en términos de consumo de carburante. Esta legislación propuesta representa, por lo tanto, una parte importante de los mayores empeños de la UE para abordar el calentamiento global.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe en concreto porque contribuye a dos puntos esenciales: la mejora de la información disponible, los que facilita una selección de neumáticos más respetuosa con el medioambiente; y el hecho de que, al hacer esa elección, estaremos contribuyendo a una mayor eficiencia energética, puesto que los neumáticos son responsables del 20 o el 30 % del uso total de energía de los vehículos.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la propuesta de un Reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos que esta Cámara ha aprobado hoy constituye un paso crucial hacia la comercialización de productos seguros y silenciosos, y también permite la reducción del consumo de carburante al mínimo. Me alegro especialmente de que la forma legal de la propuesta se haya modificado y haya pasado así de ser una directiva a ser un reglamento.

Esto nos permitirá aplicar de forma equivalente e inmediata todas las disposiciones en todos los Estados miembros y garantizará una armonización más efectiva del mercado de neumáticos europeo. Además, la iniciativa de la Comisión de Industria, Investigación y Energía en cuanto a la flexibilidad para exhibir la etiqueta ofrecerá a los consumidores una protección adecuada al mismo tiempo que garantizará que no se cargue a los fabricantes con una burocracia excesiva.

La disposición transitoria de eximir los neumáticos fabricados antes de 2012 de las obligaciones del reglamento también constituye una medida necesaria para garantizar una adaptación gradual de los nuevos reglamentos europeos en el mercado. Por estas razones, podemos decir que estamos satisfechos con la posición común lograda, con la certeza de que se corresponde con las aspiraciones de la propuesta inicial de la Comisión.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del Reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante. Este reglamento forma parte del paquete legislativo relativo a la eficiencia energética y ayudará a reducir las emisiones contaminantes producidas por el sector del transporte. Según este Reglamento, los proveedores de neumáticos deben utilizar etiquetas y pegatinas para proporcionar información a los usuarios sobre el consumo de carburante y la resistencia en marcha, la adherencia en superficie mojada y el ruido de rodadura exterior de los neumáticos. En la práctica, la etiqueta indicará el nivel de la A a la G para estos parámetros por el que se clasifica al neumático. Los proveedores de neumáticos también tienen la obligación de ofrecer información en sus páginas web sobre estos indicadores, así como recomendaciones relativas al comportamiento del conductor. Estas recomendaciones incluyen la necesidad de una conducción ecológica, la comprobación de la presión de los neumáticos con regularidad y el respeto de la distancia de frenado. Los Estados miembros publicarán antes del 1 de noviembre de 2011 todas las disposiciones que establece la ley y las medidas administrativas necesarias para trasladar el reglamento a la legislación nacional. Las disposiciones de este Reglamento entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre de 2012. El sector del transporte es responsable de aproximadamente el 25 % de las emisiones contaminantes. Por eso este Reglamento ayudará a reducir dichas emisiones.

- Informe: Reimer Böge (A7-0044/2009)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo apoyar a los trabajadores afectados personalmente por los despidos causados por los grandes cambios producidos en el comercio mundial. En concreto, el FEAG financia la ayuda para la búsqueda de empleo, el reciclaje personalizado, la promoción de la iniciativa empresarial, la ayuda al trabajo por cuenta propia y suplementos salariales temporales.

A largo plazo estas medidas pretenden ayudar a estos trabajadores a encontrar y mantener un nuevo empleo.

Mi país, Portugal, se ha beneficiado del FEAG dos veces: en 2008, tras producirse 1 549 despidos en la industria del automóvil en la región de Lisboa y en Alentejo, y en 2009, tras producirse 1 504 despidos en 49 empresas textiles de las regiones del norte y del centro del país.

El decisivo papel que desempeña este Fondo es claro. Sin embargo, la pregunta que hace la señora Berès destaca que hay una situación que debería aclarar la Comisión Europea. Debemos prevenir el reparto de fondos o las ayudas estatales de un Estado miembro que provocan la pérdida de puestos de trabajo en otras zonas de la UE.

Por tanto, estoy de acuerdo con la necesidad de garantizar la coordinación eficaz del apoyo financiero europeo, previniendo a las empresas del intento de obtener beneficio mediante la creación y la destrucción de empleo.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Apoyo este reparto de 14,8 millones de euros de apoyo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) a los 2 840 trabajadores de Dell de Limerick que han perdido sus puestos de trabajo tras el cierre de su planta porque, más que a Dell, beneficiará directamente a los trabajadores que han sido despedidos. De hecho, parece ser que mientras Dell cerraba su planta de fabricación de Irlanda, recibía 54,5 millones de euros de ayuda estatal por parte del Gobierno polaco para abrir una nueva planta en Lodz. Esta ayuda estatal fue aprobada por la Comisión Europea. ¿Qué coherencia hay en la base de esta política que sigue la Comisión? Efectivamente exime a Dell de afrontar las consecuencias sociales de su estrategia y permite a las empresas tomar parte en una carrera de mínimos respaldada tanto por los fondos del Estado miembro como por los de la UE. Hay una necesidad urgente de claridad en la coordinación de la política de la Comisión Europea en materia de ayudas estatales.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Como ya he dicho anteriormente, incluso antes de la emergencia de la actual crisis financiera, la cual ha aumentado y empeorado algunos de los síntomas iniciales, ya se veía venir el grave impacto de la globalización y el traslado resultante de empresas a costa de la vida de muchas personas. El insólito reto de la época que vivimos y la excepcional necesidad de utilizar mecanismos, asimismo excepcionales, para apoyar a los desempleados y promover su reincorporación al mercado laboral se ven claros al añadir a estos problemas la actual falta de confianza en los mercados y la bajada de las inversiones.

A este respecto, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ya se ha utilizado varias veces, siempre con el objetivo de aliviar el impacto que ha tenido sobre los trabajadores europeos su exposición al mercado global. Los casos descritos en el informe del señor Böge merecen una vez más ser considerados, aunque quedan algunas dudas en cuanto al conocimiento de si todos podrán acceder realmente. Sería mejor que las solicitudes se presentaran por separado de aquí en adelante.

Repito que estoy convencido de que la Unión Europea debe tomar medidas para promover un mercado europeo más fuerte, libre y creativo que genere inversión y puestos de trabajo.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento de respuesta a una crisis europea específica causada por la globalización, esto es aplicable a la situación actual. Este Fondo proporciona un apoyo individual, único y por un tiempo limitado directamente a los trabajadores que han sido despedidos. Se dice que, a la hora de destinar este Fondo a los trabajadores, no debería haber desproporción tal y como se ha visto.

Además, el Fondo Social Europeo (FSE) apoya la estrategia europea para el empleo y las políticas de los Estados miembros sobre el pleno empleo, la calidad y la productividad en el trabajo, promociona la inclusión social, especialmente el acceso al trabajo para las personas desfavorecidas, y reduce las desigualdades laborales a nivel nacional, regional y local. Se trata de un Fondo decisivo para el refuerzo de la cohesión económica y social. La situación actual exige una mejora sólida, adecuada y rápida del FSE.

Es evidente que el FEAG y el FSE tienen objetivos diferentes y complementarios, y que ninguno de ellos puede reemplazar al otro. Como medida extraordinaria que es, el FEAD debería financiarse de forma autónoma y constituye un error muy grave para el FEAG, una medida a corto plazo, que sea financiado a costa del FSE o de cualquier otro Fondo Estructural.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – Acojo favorablemente la decisión del Parlamento Europeo de aprobar la ayuda para los trabajadores de Dell mediante el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Los despidos de Dell han afectado seriamente a la economía local de Limerick y a las zonas de alrededor. Debemos poner en marcha medidas adecuadas de reciclaje para asegurar que las personas que han perdido sus puestos de trabajo en Dell puedan acceder al empleo en un futuro cercano. La aprobación de la solicitud irlandesa de ayuda mediante el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización contribuirá al reciclaje y a la mejora de la cualificación de los trabajadores en cuestión.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los casos de Bélgica e Irlanda, ya que considero que deberíamos utilizar todos los medios posibles para ayudar a los empleados que son víctimas del daño causado por la globalización y la crisis económica y financiera.

No obstante, me preocupa la coherencia de las políticas europeas en tanto que, mientras se moviliza este Fondo, la Comisión Europea permite que Polonia conceda ayuda estatal a Dell para abrir una planta en su país, aunque la empresa esté cerrando otra en Irlanda. ¿Cómo van a tener confianza los ciudadanos europeos en los «beneficios» de Europa si autoriza esta clase de «trampas»?

Se podría dudar del uso legítimo de los fondos públicos en este contexto y lamentar la falta de responsabilidad social de nuestras empresas, que están gobernadas por una preocupación exclusiva por la rentabilidad, sin reparar en los puestos de trabajo que se destruyen.

  Jacky Hénin (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El grupo Dell, ayer número uno, hoy número tres del mundo en el campo de la informática, con un valor en bolsa estimado de 18 000 millones de dólares estadounidenses, que ha registrado unos beneficios de 337 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2009 y prevé unos beneficios aún mayores para el cuatro trimestre…

¡Sí, apoyo a los empleados de Dell!

¡Sí, espero que encuentren un trabajo y vuelvan a tener una vida digna lo antes posible!

Pero no, no voy a contribuir al saqueo de los contribuyentes europeos. Bajo ninguna circunstancia me uniré a los desprecios mostrados hacia los empleados que se encuentran en un estado de completa desorganización.

¡Son los culpables quienes tienen que pagar y es Europa la que tiene que aplicar una política industrial fuerte que cubra las necesidades de la población antes de permitir el reparto de los beneficios!

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado un Fondo de 14 millones de euros que se va a destinar a la formación de 1 900 trabajadores de Dell que fueron despedidos debido a la decisión de trasladar la planta de Irlanda a Polonia. Este Fondo puede ayudar a aquellos que han perdido sus puestos de trabajo a reciclarse y adquirir una formación para reincorporarse al trabajo. El Fondo funcionará como una ayuda más que como una limosna, ya que el dinero llegará a centros de formación de tercer nivel de la región de Munster para pagar las tasas de matrícula de los antiguos trabajadores de Dell. La aprobación de este Fondo representa un ejemplo clave del compromiso de Europa de ayudar a Irlanda a salir de la recesión. El Fondo ayudará a disminuir la tendencia de creciente desempleo en Munster y proporcionará un gran estímulo para la economía local en cuanto los afectados por el cierre de la planta de Dell se reincorporen al trabajo.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Estamos pensando en los trabajadores irlandeses y belgas como víctimas de la globalización neoliberal para votar a favor de este informe y de la concesión de ayudas a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Sin embargo, denunciamos enérgicamente el razonamiento de que las tragedias sociales y humanas vividas por los trabajadores europeos deberían ser consideradas simplemente como «ajustes» necesarios para el buen funcionamiento de la globalización neoliberal. Es totalmente inaceptable que la UE apoye a las propias partes responsables de estas tragedias dándoles su respaldo político y financiero para el traslado y la transferencia de los procesos que están llevando a cabo con fines meramente lucrativos.

Los deseos comerciales de depredadores capitalistas como la empresa tejana Dell, número dos del mundo en telecomunicaciones, no pueden ser satisfechos con independencia del interés general de los ciudadanos de Europa. En todo caso, esta no es nuestra visión de Europa.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un área de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está incluido en este concepto. Este apoyo es fundamental para ayudar a los desempleados y las víctimas de los traslados que han tenido lugar como consecuencia de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se trasladan, aprovechándose de los costes laborales más bajos en algunos países, especialmente en China y la India, con consecuencias perjudiciales para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG está destinado a ayudar a los trabajadores que han sucumbido al traslado de empresas y es esencial para ayudarles a acceder a un nuevo empleo en el futuro. El FEAG ya ha sido utilizado anteriormente por otros países de la UE, en concreto Portugal y España, y ahora es el momento de proporcionar dicha ayuda a Bélgica y a Irlanda.

  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. – (SV) La UE ha establecido un instrumento legislativo y presupuestario para poder proporcionar apoyo a aquellos que hayan perdido sus puestos de trabajo a causa de «cambios estructurales importantes en los modelos comerciales mundiales, así como para ayudarlos en su reintegración al mercado laboral».

Estamos convencidos de que el libre comercio y la economía de mercado benefician al desarrollo económico y, por tanto, nos oponemos, en principio, al apoyo económico a países o regiones. No obstante, la crisis financiera ha golpeado fuertemente a las economías de los Estados miembros y el deterioro de la economía es mayor en esta época que en cualquier otro periodo de deterioro experimentado por Europa desde la década de 1930.

Si la UE no toma medidas, el desempleo se verá profundamente afectado en aquellas regiones de Bélgica e Irlanda que han solicitado la asistencia de la UE. El riesgo de marginación social y de la exclusión permanente es muy grande, que es algo que, como liberales, no podemos aceptar. Nos compadecemos firmemente de todos los afectados por las consecuencias del deterioro económico y nos gustaría ver que medidas como la formación ayudan a la gente a superar esto. Así pues, respaldamos el apoyo a los desempleados afectados del sector textil de las regiones belgas de Flandes Oriental y Occidental y Limburgo, y del sector de la fabricación de equipos informáticos de los condados irlandeses de Limerick, Clare y North Tipperary, así como de la ciudad de Limerick.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) He aprobado la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización porque los despidos masivos son, sin duda, una consecuencia negativa de la crisis económica y, a pesar de la opinión general, la crisis sigue estando presente. No hay duda de que en los países afectados aquellos que han perdido sus puestos de trabajo deben recibir ayuda. Perder el trabajo es una gran tragedia para la vida de estas personas y sus familias. Por eso creo que el papel del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es especialmente importante en esta difícil época de crisis. En mi opinión, se debería aumentar considerablemente el presupuesto del Fondo en el futuro, de manera que pueda cubrir las necesidades sociales. La crisis económica sigue teniendo un grave efecto en forma de despidos múltiples, lo cual a menudo termina en dramas humanos, un aumento de los problemas sociales y muchos otros fenómenos inútiles. Por tanto, creo que deberíamos hacer todo lo posible para ayudar, lo más eficazmente posible, a las personas que sufren las consecuencias de la crisis económica.

- Informe: David Martin (A7-0043/2009)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Acojo positivamente las modificaciones propuestas del Reglamento con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Quiero hacer hincapié en uno de los aspectos que considero de mayor importancia en este momento, en que presenciamos las negociaciones del nuevo acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kyoto en enero de 2013. El Tratado de Lisboa convierte la lucha contra el cambio climático en un objetivo específico de la política ambiental de la UE. El Tratado de Lisboa añade el apoyo a la medida internacional de luchar contra el cambio climático a la lista de objetivos que conforman su política ambiental. El Tratado de Lisboa además proporciona a Europa nuevas competencias en los sectores de la energía, la investigación científica y la política espacial. La energía es ahora una responsabilidad colectiva, que sienta las bases de una política europea común.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe del señor Martin sobre la adaptación del Reglamento del Parlamento al Tratado de Lisboa porque es necesario modificar algunas normas internas del Parlamento, en vista del aumento de las competencias a causa de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en concreto el aumento de las competencias legislativas, que le permitirán legislar en pie de igualdad con los gobiernos de los Estados miembros sobre una gran cantidad de asuntos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Las enmiendas sobre las que hemos votado hoy se incorporarán al Reglamento del Parlamento Europeo porque hay que adecuar el Reglamento a la anunciada entrada en vigor del Tratado de Lisboa, programada para el 1 de diciembre. Creo que el aumento significativo de las competencias del Parlamento, que exige a todos los diputados abordar nuevos retos, es una prueba importante de su habilidad para proponer legislación y su sentido de la responsabilidad.

Como resultado, aplaudo sin duda un cambio del Reglamento que conllevará que la Cámara trabaje más en línea con las disposiciones de los tratados.

Estoy especialmente encantado con el papel cada vez más importante que desempeñan los parlamentos nacionales y las iniciativas de los Estados miembros en cuanto a la integración europea.

Espero que el principio de subsidiariedad, que es objeto de una atención especial por parte del legislador europeo, se cumpla y se respete cada vez más por todos los responsables europeos de la toma de decisiones.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de David Martin sobre la reforma del Reglamento del Parlamento Europeo en la medida en que permitirá que nuestra Cámara se adhiera a las nuevas reglas básicas que acompañan la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

La reforma implica, en concreto: el recibimiento de nuevos «observadores» que puedan convertirse en diputados por derecho propio lo antes posible, la introducción de normas relativas al nuevo papel de los parlamentos nacionales en el procedimiento legislativo, examinando el respeto mostrado por el principio de subsidiariedad, una reforma que acojo con mucho gusto en la medida en que ayuda a profundizar en el debate democrático y, sobre todo, concediendo al Parlamento Europeo una función mejorada en la elaboración de la legislación europea.

Por último, este texto aclara los tipos de medidas que tomará el Parlamento Europeo en caso de una «violación de los principios fundamentales por parte de un Estado miembro», que es especialmente positivo en su defensa de los derechos fundamentales.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Bajo el antiguo artículo 36 de este Parlamento se nos exigía «considerar especialmente si se respetan los derechos fundamentales». En el nuevo artículo 36, debemos «respetar plenamente» esos derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. Se trata de un cambio sutil pero que considero importante y que une a todos los diputados a la hora de defender los derechos de todos los ciudadanos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 significa que hay que adaptar el Reglamento para que esté acorde con las nuevas normas y competencias del Parlamento.

Con estas modificaciones del Reglamento, el Parlamento se está preparando para adquirir las nuevas competencias que tendrá a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, teniendo en cuenta la llegada de 18 nuevos diputados al Parlamento, el aumento de las competencias legislativas y el nuevo procedimiento presupuestario. La futura colaboración con los parlamentos nacionales también es importante a este respecto.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Hay muy poco que ver del tan aclamado aumento de la democracia y el mayor poder de la voz de los parlamentos que se suponía que iba a introducir el Tratado de Lisboa. Hay simplemente unos pocos procedimientos nuevos. No se debe, bajo ningún concepto, hacer un uso incorrecto del procedimiento de evaluación del respeto de los derechos fundamentales por la imposición obligatoria de la corrección política o por la manía contra la discriminación.

La falta de democracia en la UE sigue sin cambiar después del Tratado de Lisboa. No han cambiado mucho las cosas cuando el Parlamento Europeo tiene que elegir al Presidente de la Comisión de entre una reserva de políticos fracasados que han perdido las elecciones. El hecho de que el programa de Estocolmo se esté introduciendo tan rápidamente que no podamos sacar a colación la preocupación por la protección de nuestros datos demuestra el poder que tiene nuestra voz realmente. En realidad, los cambios del Reglamento ocasionados por el Tratado de Lisboa no han provocado ningún aumento de la transparencia ni ningún aumento del poder de la voz de los parlamentos. Por eso he votado en contra.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa traerá más rapidez, legitimidad y democracia al proceso de toma de decisiones de la Unión Europa, que es responsable de medidas que nos afectan como ciudadanos todos los días.

En concreto, el Parlamento verá aumentadas sus competencias legislativas, ya que compartirá responsabilidad por igual con el Consejo Europeo en la mayoría de asuntos tratados por las instituciones. De hecho, con el Tratado de Lisboa, la llamada codecisión se convertirá en la norma y en el procedimiento legislativo habitual.

Por mi parte, como diputado elegido al Parlamento, tengo presente el reto que supone este cambio.

Este informe, en concreto, retoma el trabajo emprendido y casi terminado en la legislatura anterior, para adaptar el Reglamento que guía el trabajo del Parlamento a la luz del nuevo tratado, que debería entrar en vigor a principios del mes que viene.

Algunas modificaciones son de carácter meramente técnico y otras están relacionadas con actualizaciones que el Parlamento ha tenido la oportunidad de aplicar en esta ocasión. En conjunto, el informe representa un compromiso que convence a la familia política a la que pertenezco, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), al incorporar de forma equilibrada asuntos como la subsidiariedad y la proporcionalidad, y al reforzar la colaboración entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.

Por estas razones he votado a favor de este informe.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista Griego se opone y ha votado en contra de las enmiendas para adaptar el Reglamento del Parlamento Europeo a las disposiciones del Tratado de Lisboa. Las enmiendas mantienen y refuerzan el carácter reaccionario y antidemocrático del Reglamento del Parlamento Europeo, que conforma un marco asfixiante para cada voz que se levanta en contra de la soberanía de los representantes políticos de las entidades que financian el capital.

Es mentira que el Tratado de Lisboa «aporte una dimensión más democrática a la UE», porque supuestamente mejora el papel del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un componente de la creación reaccionaria de la UE. Ha demostrado su devoción por la política reaccionaria de la UE, su apoyo a los intereses de los monopolios, su papel de órgano que proporciona supuestamente crédito jurídico a la política contraria a las bases de la UE. El Parlamento Europeo no representa a la población; representa los intereses de capital. El interés de la población radica en lo opuesto, en la ruptura con la política contraria a las bases de la UE y el Parlamento Europeo que la apoya, y en anular la creación de la unificación europea.

- Propuesta de resolución B7-0141/2009/REV1: Preparación de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta Resolución, que busca llegar a un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en Copenhague, ya que creo que alcanzar este acuerdo puede conducir hacia un nuevo modelo sostenible que estimule el crecimiento social y económico, fomente el desarrollo de tecnologías sostenibles para el medio ambiente, así como de la energía renovable y la eficiencia energética, reduzca el consumo de energía y permita la creación de nuevos puestos de trabajo.

Creo que la aprobación de esta Resolución ―la cual acentúa que el acuerdo internacional debería estar basado en el principio de responsabilidad común pero diferenciada, con los países desarrollados tomando la iniciativa de reducir sus emisiones y aceptar la responsabilidad de proporcionar a los países en desarrollo apoyo económico y técnico― contribuirá al establecimiento de un equilibrio global.

Así pues, es esencial que la Unión tome la iniciativa en este asunto con el fin de salvaguardar el bienestar de las futuras generaciones.

  Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la Resolución sobre la Cumbre de Copenhague, ya que es nuestra responsabilidad, como diputados elegidos, proteger el planeta para las futuras generaciones. El mundo se juega su futuro en los próximos meses. Es impensable que la comunidad internacional no consiga alcanzar un acuerdo que una a los Estados en el camino de la razón. Jefes de Estado o de Gobierno, en sus manos está la responsabilidad del futuro del planeta. Sean capaces de dejar de lado sus intereses nacionales y los problemas a corto plazo porque la humanidad no tiene tiempo que perder.

  Frieda Brepoels (Verts/ALE), por escrito. – (NL) En la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo hoy, hay un capítulo concreto que acentúa la gran importancia de las autoridades regionales y locales, especialmente en el proceso de negociaciones y en la difusión de información y la realización de la aplicación de la política ambiental. Hasta el 80 % de las políticas de adaptación y mitigación serán aplicadas a nivel regional o local. Algunos gobiernos regionales ya están dando ejemplo y persiguiendo un enfoque radical en la lucha contra el cambio climático.

Como miembro de la Alianza Libre Europea que representa a naciones y regiones europeas, apoyo plenamente la implicación directa de los gobiernos regionales en la promoción del desarrollo sostenible y una respuesta eficiente al cambio climático. En este contexto, se debe hacer hincapié en el trabajo de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible (nrg4SD). Esta Red ya ha establecido una estrecha asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Miembros de la AAE exigen el reconocimiento explícito de los gobiernos regionales en el contexto del acuerdo de Copenhague, reconociendo el papel que desempeñan en las políticas de mitigación y adaptación.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Es vital que la Conferencia de Copenhague termine con un acuerdo políticamente vinculante. Este acuerdo debe contener elementos de funcionamiento que se puedan aplicar inmediatamente y un programa que permita un acuerdo jurídicamente vinculante que se elaborará en el transcurso de 2010. El acuerdo debe involucrar a todos los países que han firmado el Convenio y es esencial que todos los compromisos, ya sean para reducir las emisiones o para financiación, se presenten con claridad. Mientras, por un lado, los países industrializados deben tomar la iniciativa a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por otro lado, los países en desarrollo económicamente más avanzados también tienen un papel que desempeñar, contribuyendo de acuerdo con sus responsabilidades y capacidades respectivas. Los países industrializados y los países emergentes con economías más avanzadas deberían estar sujetos a esfuerzos comparables. Sólo así será posible reducir las distorsiones de la rivalidad internacional. También es vital que definamos la estructura de la financiación para que sea sostenible a medio y largo plazo. La financiación debe provenir del sector privado, el mercado del carbono y el sector público de los países industrializados y los países en desarrollo económicamente más avanzados.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Es sumamente importante que la UE tome medidas y se convierta en un líder mundial en la reducción de las emisiones de carbono con la llegada de la Cumbre de Copenhague. El Parlamento ya ha mostrado más ambición que los Estados miembros en relación con la reducción de las emisiones de carbono y la resolución de hoy será bienvenida con exigencias de financiación real, exigencias de objetivos firmes en los niveles superiores de una franja del 25 al 40 % conforme a la ciencia, y la insistencia sobre un acuerdo jurídicamente vinculante.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Me he abstenido, en primer lugar porque se aprobó la enmienda 13, que considera la energía nuclear como un factor importante en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y en segundo lugar, porque se rechazó la enmienda 3, presentada por mi Grupo, que exigía a los países desarrollados la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 y un 95 % para 2050 en comparación con los niveles de 1990. Hay muchos puntos positivos en la resolución, como el compromiso de la UE de conceder 30 000 millones de euros al año hasta 2020 para reunir los requisitos de los países desarrollados en cuanto a la moderación del impacto y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, considero que volver a la energía nuclear como antídoto para el efecto invernadero no es la solución para la lucha contra el cambio climático, sino al contrario, es una elección peligrosa. Los tres bandos de países desarrollados, en desarrollo y subdesarrollados y los tres bandos de gobiernos, movimientos básicos y población coincidirán en Copenhague, ya que el cambio climático mina enormemente los esfuerzos para reducir la pobreza y el hambre en el mundo. La Cumbre de Copenhague es un auténtico reto al que debemos llegar y no debemos permitir que los grupos de interés favorables al sector industrial y al sector nuclear salgan victoriosos.

  Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Holger Krahmer, Britta Reimers y Alexandra Thein (ALDE), por escrito. – (DE) Los miembros del Partido Democrático Libre (FDP) alemán del Parlamento Europeo se han abstenido de votar sobre la Resolución de Copenhague por las siguientes razones. La Resolución contiene declaraciones sobre la financiación de medidas de protección del clima en terceros países sin definir el criterio específico o el objetivo de la financiación. No podemos justificar esto ante los contribuyentes. Asimismo, creemos que es injusta la crítica exhaustiva de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La OACI es la organización que se ocupa de los asuntos de aviación a nivel internacional. Tanto la crítica como la declaración sobre el supuesto fracaso de las negociaciones de la OACI son incorrectas e inadecuadas. La exigencia de planes específicos en relación a un sistema de comercio de CO2 para el sector de la aviación va en contra de la actual legislación de la UE y sobrecarga la posición de negociación de la UE dentro de un acuerdo climático internacional con peticiones poco reales.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Los efectos del cambio climático se están sintiendo ya: están subiendo las temperaturas, se están derritiendo los casquetes de hielo y los glaciares, y los acontecimientos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y más intensos. La ONU estima que todos sus llamamientos de emergencia solicitando ayuda humanitaria de 2007 excepto uno estaban relacionados con el clima. Necesitamos una revolución energética global que nos conduzca hacia un modelo económico sostenible, que proporcione una calidad medioambiental que vaya unida al crecimiento económico, la creación de riqueza y el progreso tecnológico. La emisión de carbono per cápita de Irlanda es de 17,5 toneladas al año. Para 2050 tendrá que reducirse a 1 o 2 toneladas de carbono. Claramente esto supone un cambio radical en la producción y el consumo de energía. El primer paso es un acuerdo integral en Copenhague que vincule a la comunidad internacional en reducciones obligatorias y que suministre sanciones a nivel internacional en caso de no cumplimiento. De hecho, la comunidad internacional debería mostrar un compromiso que vaya más allá del mostrado para afrontar la crisis financiera. La respuesta al cambio climático está en una gobernanza internacional sólida y un compromiso financiero. La ayuda al mundo en desarrollo debe ser complementaria de la ayuda internacional al desarrollo o nos arriesgamos a no lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así pues, el cambio climático requerirá una mayor inversión en el sector público.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) La Resolución conjunta que acaba de aprobar el Parlamento nos manda una señal clara. La Unión tiene que hablar con una sola voz y actuar conjuntamente después de Copenhague, sea cual sea el alcance del resultado de la Conferencia. Debemos aspirar a una reducción real del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando digo «real», quiere decir que antes o después, algún día, habrá que sacar el tema de los menoscabos y el comercio de emisiones. El Parlamento espera que la Cumbre de Copenhague sea una oportunidad para presentar una Unión Europea sólida y que asuma un compromiso financiero firme con los países en desarrollo, porque se lo debemos.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) En Copenhague, del 7 al 18 de diciembre, cerca de 200 países negociarán un nuevo Tratado para combatir el cambio climático, un tratado posterior a Kyoto que entrará en vigor a partir de 2013…

La Resolución sobre la que hemos votado sirve de guía para la negociación de la Unión Europea. Como miembro actual de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, he contribuido a través de enmiendas que apoyan, en concreto, el carácter jurídicamente vinculante del acuerdo.

Mis requisitos, a la hora de votar, son alcanzar un acuerdo político global que sea ambicioso y vinculante y que siente rápidamente las bases de un auténtico tratado jurídico para lograr una reducción del 30 % en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 para 2020, con un compromiso ambicioso y cuantificable, pero flexible de otros países que contaminan, como los Estados Unidos y China, y una reducción del 80 % para 2050, según lo que los expertos demandan; y clarificar el compromiso colectivo crucial de los países industrializados en cuanto a los fondos y la ayuda a los países en desarrollo. En un contexto de crisis, es difícil determinar la cantidad exacta, pero será necesario garantizar que corresponde ¡al menos a los compromisos asumidos!

¡Un fracaso en Copenhague sería un desastre ambiental, político y moral!

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución relativa a la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático, ya que creo que establece un buen compromiso parlamentario sobre los aspectos fundamentales que deberían guiar las negociaciones sobre un futuro acuerdo internacional en esta materia, especialmente en cuanto a los problemas de adaptación, los mecanismos de financiación y la deforestación. Reitero que alcanzar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante en Copenhague que sea ambicioso, realista y que implique a todas las partes es también una cuestión de justicia social.

  Jill Evans (Verts/ALE), por escrito. – En la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo, hay un capítulo concreto que destaca la gran importancia de las autoridades regionales y locales en las negociaciones, la información y la aplicación de la política en materia de clima. Hasta el 80 % de las políticas de mitigación y adaptación se aplicarán a nivel regional y local. Varios gobiernos regionales o subestatales están tomando la iniciativa en cuanto a políticas radicales para luchar contra el cambio climático.

Como miembros de la Alianza Libre Europea que representan a países y regiones europeas, apoyamos plenamente la implicación de órganos subestatales y gobiernos regionales en la promoción de un desarrollo sostenible y la respuesta eficiente al cambio climático. En este contexto, hay que subrayar el trabajo de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible (nrg4SD). Esta Red ya ha establecido una asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Exigimos, por tanto, un reconocimiento explícito de los gobiernos regionales en el contexto del acuerdo de Copenhague, que reconozca el papel esencial que están desempeñando en las políticas de mitigación y adaptación.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Como he dicho antes, es vital que se apruebe un acuerdo político global jurídicamente vinculante para no poner a la industria europea en una situación contraria a la competencia. El esfuerzo europeo debe dirigirse a la búsqueda de un acuerdo que requiera un esfuerzo conjunto, no simplemente un esfuerzo de la UE.

Desde mi punto de vista, la idea de añadir un impuesto para las transacciones financieras internacionales como solución para financiar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos por parte de los países en desarrollo no es adecuada, ya que será a costa de la economía (sobre todo, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente), el comercio y la creación de riqueza.

El coste que tendría un impuesto como este para la sociedad en general (aumento de la carga fiscal, con consecuencias para todos los contribuyentes y los consumidores) y su impacto sobre el mercado financiero (disminución de la liquidez necesaria y el flujo de crédito para las empresas y las familias) no se puede pasar por alto.

Creo que esto no es forma de regular el mercado y que se pueden encontrar otras alternativas menos perjudiciales para la economía global.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución porque creo que la UE debería seguir dando ejemplo en la lucha contra el cambio climático. Conviene señalar que la UE ha sobrepasado los objetivos marcados en Kyoto.

Creo que el acuerdo de Copenhague debería ser vinculante. A este respecto, he presentado una enmienda a la Resolución del Parlamento relativa a este asunto, en la que solicito que se incluyan una serie de sanciones internacionales en el texto final.

Creo que el acuerdo debería ser global, ambicioso y con un calendario claro. Si no somos ambiciosos, terminaremos teniendo un instrumento representativo que será menos eficaz incluso que el Protocolo de Kyoto, que ya proporciona sanciones internacionales. Esperemos que haya un reglamento eficaz y que el acuerdo incluya una cláusula de revisión para que se pueda actualizar fácilmente.

También creo que China y la India no pueden quedar exentas de toda responsabilidad cuando producen un gran porcentaje de las emisiones globales, mientras que nuestras industrias se esfuerzan mucho para reducir sus emisiones.

Los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad a la hora de garantizar el éxito de esta cumbre. Espero que el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, demuestre que se merecía el Premio Nobel de la Paz, porque la lucha contra el cambio climático contribuirá a lograr la paz y felicidad de todos los países.

  Elisa Ferreira (S&D), por escrito. – (PT) La Resolución aprobada contiene aspectos positivos, tales como: la importancia de mantener un compromiso internacional para después de 2012; la necesidad de poner al día los objetivos de reducción con los últimos datos científicos; el llamamiento a los Estados Unidos para convertir en vinculantes los objetivos que prometió (aunque no se comprometió) en la última campaña electoral; el énfasis en la responsabilidad histórica de los países industrializados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; la promoción de la eficiencia energética y la mejora de las actividades de IDT.

Sin embargo, la importancia atribuida a las llamadas soluciones de mercado, y en concreto al comercio del carbono, es incuestionable. Se trata fundamentalmente de una decisión política e ideológica, que no sólo no garantiza que alcanzaremos los objetivos de reducción establecidos, sino que es en sí misma la mayor amenaza para lograr los objetivos ambientales establecidos. La experiencia de cómo ha funcionado el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea desde 2005 es un ejemplo ilustrativo de esto. El comercio de derechos de emisión tiene como objetivo comercializar la capacidad de la Tierra para reciclar el carbono y, de este modo, regular el clima. Como resultado, esta capacidad ―que es lo que garantiza la vida en la Tierra como nosotros la conocemos― está en riesgo de terminar en manos de las mismas empresas que están corrompiendo el planeta, sus recursos naturales y el clima.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación sobre la Resolución relativa al cambio climático porque el Parlamento Europeo, como de costumbre, manifiesta opiniones respetables sin tener en cuenta la realidad. La Unión Europea produce aproximadamente el 11 % de las emisiones mundiales de CO2. No puede dar ejemplo y además pagar por el resto del mundo.

No tiene sentido limitar a los Estados miembros el uso de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), aunque hayan sido proporcionados por el Protocolo de Kyoto, y, al mismo tiempo, pedir 30 000 millones de euros anuales de ayuda para los países en desarrollo, sin condiciones ni juicios adecuados, por mencionar sólo una incongruencia de la Resolución.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) En cuanto al problema del cambio climático, hay que actuar inmediatamente y no dejar impotentes a los países en desarrollo. ¡Ellos son los primeros afectados, pero no disponen de los recursos adecuados para influir en el fenómeno creado por los países desarrollados! Las futuras generaciones no podrán hacer nada frente a los efectos del cambio climático si no se toman medidas globales ahora. Por eso es esencial que nuestros gobiernos muestren liderazgo político de forma que animen a otros Estados, como los Estados Unidos y China, a alcanzar un acuerdo. Este compromiso también debe incluir la introducción de un impuesto a las transacciones financieras que se utiliza para financiar, en vez de la supervisión del sector bancario, los bienes públicos de los países en desarrollo y de todo el mundo, como el clima.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – El mes que viene, el mundo estará pendiente de Dinamarca. Al otro lado del Mar del Norte, en un país de un tamaño parecido, el Gobierno escocés está contribuyendo de manera decisiva a los esfuerzos del cambio climático. Según el sitio web oficial de la Cumbre de Copenhague, Escocia ha asumido el «liderazgo mundial en la protección del clima». Los esfuerzos del Gobierno escocés serán totalmente respaldados y esperamos que otros países den su apoyo a los esfuerzos globales el mes que viene.

  Astrid Lulling (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta Resolución sobre la estrategia de la Unión Europea para la Cumbre de Copenhague sobre el Cambio Climático ya que estoy convencida de que un acuerdo internacional a gran escala puede alterar de hecho la tendencia de crecimiento descontrolado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La política ambiental en general y la política de clima en particular son también un conductor de la innovación tecnológica y puede que generen nuevas perspectivas de crecimiento para nuestras empresas.

Me alegra que Europa esté desempeñando un papel importante al proporcionar una política en materia de energía y clima que tiene como objetivo reducir las emisiones en un 20 % para 2020 en comparación con 1990. Me opongo firmemente a los objetivos restrictivos adicionales sin un acuerdo internacional a gran escala. Por un lado, Europa, que es responsable del 11 % de las emisiones mundiales, no tiene el peso suficiente para invertir la tendencia por sí sola y, por otro lado, le temo al traslado de las industrias con uso intensivo de energía y CO2.

Solo un acuerdo global enfocado a medio y largo plazo ofrecerá la previsibilidad necesaria para poder emprender proyectos importantes de I+D y comprometerse con la importante inversión que se requiere para disociar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma permanente.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Es muy importante que se alcance un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático en la Conferencia de Copenhague.

Sin embargo, también es importante que se involucre todo el mundo, en concreto China, la India y Brasil, en vista de su importante papel económico y su intensa actividad industrial. Estos países también deben comprometerse a perseguir metas y objetivos ambiciosos, comparables a los de otros países, aunque con ayuda, en la medida de lo posible, de otros países más ricos y más industrializados. También es esencial que los Estados Unidos jueguen su papel en este asunto tan importante.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Durante demasiado tiempo la UE ha estado intentando reducir la concentración de gases de efecto invernadero sin ayuda mientras las economías emergentes con un alto consumo de energía y los países industriales derrochadores no estaban siquiera preparados para aplicar el Protocolo de Kyoto. Tendremos que esperar y ver hasta qué punto cambiará esto la Conferencia de Copenhague. Con estos antecedentes, se necesitan normas para el proceso de financiación, así como sanciones por incumplimiento.

Para que se pueda producir un cambio, tenemos que reestructurar nuestra política ambiental para que no implique solamente millones que se trasladan de un lado para otro como parte del proceso de comercio certificado, sino que también permita promocionar alternativas reales, como las energías renovables y la reducción en el transporte de bienes por toda Europa que está subvencionado con dinero de la UE. Este informe no trata este problema con el suficiente detalle y, por tanto, he votado en contra.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de esta Resolución ya que se debe alcanzar un acuerdo jurídico obligatorio y global en Copenhague, y basándose en dicho acuerdo los países desarrollados o los países en desarrollo también se comprometerán con objetivos para reducir los niveles de emisión comparables a los de la UE. Podemos alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global en una pendiente de 2° C y de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero sólo si invertimos en tecnologías limpias y en I+D. Se deben asignar además fondos adicionales, obtenidos a partir de las contribuciones hechas por los Estados firmantes del acuerdo global, que reflejan el desarrollo económico y la solvencia de dichos Estados.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – Esta Resolución representa una estrategia clara y realista de tratar las áreas clave que se deben abordar para alcanzar un acuerdo eficaz en Copenhague el mes que viene. Tenemos un texto que mantiene un equilibrio entre ambición y objetivos realistas, y que trata los asuntos difíciles que deben resolver los negociadores. El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento al equipo negociador de la UE y a los Estados miembros para exigir medidas con respecto a las siguientes cuestiones: el comercio de emisiones; un mercado del carbono global; un sistema justo de financiación para la adaptación y la mitigación; los bosques y la aviación y el transporte marítimo.

El Parlamento ha mantenido sus compromisos anteriores en cuanto a las reducciones de las emisiones para 2010 y ahora a establecido objetivos aún más ambiciosos para 2050 a la luz de las nuevas recomendaciones de la comunidad científica. El deseo de la UE de llevar la iniciativa en esta materia puede ser un factor clave a la hora de establecer un acuerdo vinculante a nivel internacional que se ocupe del cambio climático.

  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) La Resolución del Parlamento Europeo relativa a la estrategia de la UE para la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático es un documento legislativo significativo y una voz importante en el debate internacional y las negociaciones previas a la cumbre sobre el clima, y está destinada a complementar la posición de la Unión Europea con respecto a esta cuestión. Si la Unión Europea quiere seguir liderando la lucha contra el cambio climático, debería seguir estableciendo objetivos de reducción ambiciosos y cumpliendo compromisos de reducción asumidos anteriormente. De esta manera, daría ejemplo a otros países, a pesar de las dificultades que ello acarrea.

La voz del Parlamento Europeo, como la única institución democrática de la UE, es crucial en este debate, razón por la que también nuestra Resolución debería mostrar la dirección correcta que hay que tomar y debería formular prioridades que sean verdaderamente importantes. El texto de la Resolución en sí mismo no debe ser simplemente una recopilación de exigencias y deseos sin base ninguna, sino más bien debería ser la voz coherente y, por encima de todo, unida de los ciudadanos de la UE, basado en el principio de responsabilidad conjunta, pero diferenciada, de los Estados miembros con respecto a la cuestión de la lucha contra el cambio climático.

La Unión Europea, como socio formal en las negociaciones, debe tomar asiento en Copenhague como un órgano unido que tiene en cuenta los intereses de todos sus Estados miembros. La Unión Europea debería mostrar una buena disposición para aumentar los objetivos de reducción al 30 %, con tal de que otros países también demuestren una buena disposición para fijarse unos objetivos de reducción así de altos. También habría que recordar que la UE no ha aceptado ningunas obligaciones incondicionales, sólo condicionales.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) He votado a favor de la Resolución porque el Parlamento Europeo está apelando a los negociadores de la UE para que pongan 30 000 millones de euros a disposición de los países en desarrollo para su lucha contra el cambio climático. El Parlamento está enviando por tanto una señal clara a los negociadores que asistirán a la cumbre del clima en Copenhague en nombre de Europa dentro de quince días. Hasta ahora siempre han sido imprecisos sobre cuál será su aportación económica en la cumbre. Sin embargo, ahora el Parlamento les ha exigido que sean más explícitos sobre las cantidades y los porcentajes reales. Y eso le devuelve la pelota al tribunal de los Estados Unidos. Hay señales de que los estadounidenses están ocupados elaborando un objetivo de emisiones de CO2 que quieren presentar. Esta Resolución refuerza la presión que hay sobre el Presidente Obama para que presente propuestas específicas, porque eso ayudaría un poco a aumentar las posibilidades de éxito de Copenhague.

También aumenta las posibilidades de países como China, la India y Brasil al unirse a la lucha global contra el cambio climático. Al igual que mis colegas del Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, he votado con gran entusiasmo a favor de esta sólida Resolución. Su único inconveniente es que de algún modo se ha introducido sigilosamente la producción de energía nuclear. No obstante, lo importante ahora es que la Comisión y los Estados miembros sepan regatear en Copenhague.

  Konrad Szymański (ECR), por escrito. – (PL) En la votación de hoy sobre la estrategia de la UE para la Conferencia sobre el clima que tendrá lugar en Copenhague, el Parlamento Europeo ha adoptado una posición radical y poco realista. Al exigir una duplicación de las restricciones en las emisiones de CO2 de los países de la UE, el Parlamento está socavando el paquete climático que se negoció hace poco con tantas dificultades (el punto 33 pide una reducción del 40 %). Mientras se exige un desembolso de 30 000 millones de euros anuales para tecnologías limpias en los países en desarrollo, el Parlamento espera que los países con producción de electricidad a partir del carbón, como Polonia, paguen el doble por las emisiones de CO2: una vez como cuota dentro del sistema de comercio de emisiones y otra vez como aportación para ayudar a los países en desarrollo en el área de la lucha contra el cambio climático (el punto 18 habla sobre la aportación, que no debería ser inferior a 30 000 millones de euros anuales). Mientras se exige que el cálculo de las aportaciones de los Estados miembros a las tecnologías limpias de los países en desarrollo se base en los niveles de emisión de CO2 y el PIB, el Parlamento ha pasado por alto el criterio de la capacidad de correr con esos gastos. Esto le supone a Polonia un coste de 40 000 millones de euros para los próximos 10 años (esto es consecuencia de rechazar las enmiendas 31 y 27). Por eso la delegación polaca ha sido la única en votar en contra de la Resolución completa sobre la estrategia de la UE para la Conferencia sobre el cambio climático de Copenhague (CP 15).

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los riesgos añadidos para el medio ambiente y la salud y los especialmente peligrosos cambios climáticos, con el recalentamiento del planeta, son resultado del desarrollo industrial basado en el beneficio capitalista y la comercialización de la tierra, el aire, la energía y el agua. Estos fenómenos no pueden ser abordados adecuadamente por los líderes del capital, las mismas personas responsables de su creación.

El camino a la Cumbre de Copenhague está bloqueado por la escalada de luchas imperialistas. Con propuestas para tener «una economía verde viable» y una economía de crecimiento «con bajo nivel de emisión de carbono», la UE está intentando preparar el terreno para que haya aún más inversiones de los monopolios de la unificación europea y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas especulativas de capital con un «intercambio de contaminación».

Para planificar y poner en práctica un plan de desarrollo que ayude a equilibrar la relación entre hombre y naturaleza y satisfacer las necesidades de base, tenemos, a fin de cuentas, que anular las relaciones capitalistas de producción. El Partido Comunista Griego ha votado en contra de la Resolución del Parlamento. Propone la satisfacción combinada de las necesidades de base según la riqueza que se produce en nuestro país. Las condiciones políticas previas para la aplicación de este objetivo son la socialización de los medios básicos de producción y la planificación central de la vida económica, con un control por parte de las clases trabajadoras corrientes, es decir, el poder del pueblo y la economía del pueblo.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado en contra de la propuesta de resolución porque fija por adelantado que la UE pondrá a disposición una gran cantidad de fondos desde el principio sin esperar a lo que digan los demás socios. No puedo justificar a mis votantes usando su dinero de esta manera. La protección del clima es un objetivo importante, pero la oleada de pánico previa a la Cumbre sobre el Clima de Copenhague es escandalosa y no refleja los datos científicos.

- Propuesta de resolución B7-0155/2009: Programa plurianual 2010-2014 relativo al Espacio de libertad, seguridad y justicia (programa de Estocolmo)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta Resolución, ya que aborda prioridades en secciones fundamentales como la libertad, la seguridad y la justicia, especialmente en relación a las condiciones de recepción e integración de los inmigrantes, la lucha contra la discriminación, especialmente por motivos de orientación sexual, el acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción y la violencia.

La lucha contra la discriminación es esencial, ya sea por motivos de género, orientación sexual, edad, discapacidad, pertenencia a una religión, color, ascendencia u origen nacional o étnico, al igual que lo es la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la homofobia y la violencia.

La libertad de circulación también debería estar garantizada para todos los ciudadanos de la UE y sus familias.

En conclusión, la protección de los ciudadanos frente al terrorismo y la delincuencia organizada también debería estar garantizada y el marco regulador debería pues reforzarse para contemplar estas amenazas de gran actualidad, ya que tienen una dimensión global.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista Griego se opone rotundamente al programa de Estocolmo, de la misma manera que se opuso a los programas anteriores para aplicar el engañosamente titulado espacio de libertad, seguridad y justicia. Su objetivo, a pesar de las declaraciones demagógicas de la UE, es armonizar u homogeneizar la legislación nacional para lograr la aplicación uniforme de la política contraria a las bases de la UE y reforzar los mecanismos existentes y crear otros nuevos a nivel europeo para la sanción y represión, con la excusa del terrorismo y la delincuencia organizada.

Entre las principales prioridades del programa de Estocolmo se encuentra la intensificación de la histeria anticomunista en la UE que ya se está desarrollando a toda marcha, con la culminación en la históricamente imprecisa e inaceptable ecuación de comunismo y socialismo nacional. El espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE y los programas para aplicarlo no interesan a la gente; por el contrario, conforman una serie de medidas que estrangulan los derechos individuales y sociales, y las libertades democráticas, intensifican el autoritarismo y la represión a costa de los trabajadores, los inmigrantes y los refugiados, protegen el sistema político y la soberanía de los monopolios, y tienen como objetivo atacar a la clase trabajadora y al movimiento de base, siendo esto un requisito previo para la aplicación del ataque radical del capital a los derechos laborales y sociales de las clases trabajadoras y de las bases.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Estoy convencida de que la protección de los derechos de los niños es un aspecto muy importante del programa de Estocolmo. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que en los últimos años la violencia infantil, incluida la explotación sexual de niños, el turismo sexual con niños implicados, la trata de niños y el trabajo infantil han sido cada vez más preocupantes. Ya que la protección de los derechos de los niños es una prioridad social de la Unión Europea (UE), apelo al Consejo y a la Comisión para que presten más atención a la protección de los derechos de los más vulnerables.

Los derechos de los niños forman parte de los derechos humanos, los cuales la UE y los Estados miembros se han comprometido a cumplir conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La UE debe aumentar sus compromisos para mejorar la situación de los niños en Europa y en todo el mundo, para que pueda garantizar de forma adecuada la promoción de los derechos de los niños y su protección. Quiero destacar que sólo una estrategia basada en medidas coordinadas y conjuntas podrá alentar a los Estados miembros a cumplir y a regirse por los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en la Unión Europea y fuera de sus fronteras. Para garantizar adecuadamente los derechos de los niños, propondría la adopción de normas de carácter obligatorio en todos los Estados miembros de la UE. Por desgracia, el respeto de los derechos de los niños no se ha garantizado todavía mundialmente. Así pues, al aplicar el programa de Estocolmo, apelo al Consejo y a la Comisión para que tomen medidas concretas que garanticen que los derechos de los niños son protegidos de forma adecuada.

  Carlo Casini (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de la Resolución porque muestra la forma adecuada de reforzar la unidad europea en torno a los valores fundamentales que constituyen su verdadera identidad.

No podemos engañarnos pensando que será posible alcanzar un acuerdo sobre los denominados valores comunes. No obstante, podemos esperar que el uso de la razón ayude a que los distintos componentes políticos miren más de cerca lo que está bien y es justo en lo que se refiere al avance hacia la unidad europea.

La clara distinción entre los derechos de libre circulación y el principio de no discriminación, por un lado, y el valor de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio, por otro, ha llevado a la formulación del apartado que confirma la independencia de cada Estado en el Derecho de familia y la prohibición de la discriminación de cualquier ser humano.

Aquellos que, al igual que yo, promueven plenamente el principio de igualdad, afirmando la igualdad entre los niños nacidos y los no nacidos, sólo pueden apoyar el principio de no discriminación de las personas con distinta orientación sexual, pero no pueden aceptar la destrucción del concepto de matrimonio o de familia. El significado de este concepto, tal como reconoce el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental para la sucesión de generaciones y las capacidades educativas de las parejas heterosexuales.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra de la propuesta por distintas razones; las principales se resumen a continuación. En lo esencial, su dimensión básica es la filosofía de la «seguridad» y el miedo, a costa de los derechos y libertades básicas. Sin embargo, precisamente protegiendo y respetando esos derechos dentro del Estado de Derecho es como esa seguridad queda salvaguardada. Refuerza la percepción y la facilidad de aplicar la fortaleza de Europa, que trata a los inmigrantes como terroristas y delincuentes potenciales, y en el mejor de los casos «acepta» su presencia no como personas con los mismos derechos, sino según las necesidades del mercado laboral de la UE.

Promueve los desagradables despidos masivos, no refuerza el derecho de asilo, sienta las bases para la participación activa de la UE en campos de refugiados fuera de sus fronteras y para la imposición de acuerdos leoninos con terceros países, pero permanece indiferente ante la protección de los derechos humanos. Por último, aunque se podrían señalar muchas más cosas, la Resolución introduce políticas que multiplican los distintos órganos que controlan, recopilan e intercambian datos personales sobre los ciudadanos, violando su dignidad personal y colectiva, y pisoteando el derecho de libertad de expresión. Esta Resolución está dirigida a una sociedad que solamente tiene enemigos y en la que todo el mundo es sospechoso. Esa no es la sociedad que queremos.

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), por escrito. – (SV) Nosotros creemos que es vital que las mujeres no sean víctimas de la violencia o el comercio sexual. Igualmente queda patente que deberíamos respetar los derechos humanos y tener en cuenta los convenios internacionales que hay en vigor para los refugiados. Para nosotros como ciudadanos de la UE, tener un sistema jurídico estable que considere a todas las personas iguales ante la ley es un hecho reconocido, al igual que lo es el hecho de que podamos confiar en la forma en que las autoridades tratan nuestra vida privada.

Muchos de los 144 puntos de la propuesta de Resolución y las 78 enmiendas a la Resolución del Parlamento que se han presentado merecían, por supuesto, nuestro apoyo. La Resolución y las enmiendas también incluyen una serie de puntos relativos a los derechos humanos, la discriminación y la vida privada, por ejemplo, que ya están cubiertos por programas anteriores así como por el Tratado de Lisboa. Hemos decidido votar en contra de una serie de enmiendas con el fin de obtener una resolución que sea incluso más sólida con respecto a asuntos que no están cubiertos por programas y tratados anteriores. Aunque hay puntos de la Resolución que se han votado que no deberían haber sido incluidos, hemos decidido votar a favor de la Resolución porque los beneficios pesan mucho más que los aspectos negativos. Es más importante enviar un mensaje claro de apoyo al programa de Estocolmo desde el Parlamento Europeo.

  Marije Cornelissen y Bas Eickhout (Verts/ALE), por escrito. – (NL) En sí, la Resolución del Parlamento Europeo que pide un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos es una Resolución progresista y que facilita el deseo del Consejo de Ministros de permitir el intercambio libre de datos personales de los ciudadanos. También es una Resolución que garantiza la protección de los refugiados y los inmigrantes.

Esta Resolución es un paso hacia una legislación europea progresista en materia de inmigración. Algunas de sus enmiendas decisivas, incluidas las relativas al establecimiento del principio de no devolución, la disminución del papel de Frontex, que no tendrá ninguna función en el reasentamiento de inmigrantes en terceros países, una actitud positiva hacia la regularización «en masse» de inmigrantes ilegales y la afirmación de que la seguridad debería estar al servicio de los intereses de la libertad, tienen una gran importancia. Los apartados sobre la lucha contra la inmigración ilegal están expuestos a varias interpretaciones, aunque, a mi juicio, no pecan de represivos. Lamento mucho el hecho de que la Resolución haya sido suavizada en lo que respecta al expediente en contra de la discriminación.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Hasta ahora se ha avanzado lentamente con respecto a algunos aspectos del espacio de libertad, seguridad y justicia, mientras el derecho de libre circulación y residencia dentro de la UE ya está garantizado ¡para más de 500 millones de ciudadanos! Es importante gestionar este asunto, y la Resolución del Parlamento Europeo aprobada hoy sirve de ayuda en este sentido.

Acojo favorablemente la Resolución, ya que ante todo afecta a los ciudadanos y concuerda con mis prioridades: una Europa de derecho y justicia (protección de los derechos fundamentales y lucha contra todas las formas de discriminación); una Europa que lo protege todo sin actuar como el Gran Hermano (fortalecimiento de Europol y de la cooperación policial y judicial en cuestiones de delincuencia tanto a nivel operativo como administrativo, la mejora de la cooperación interestatal entre la policía y los servicios de información, la creación de un espacio de justicia penal europea basado en el principio de reconocimiento mutuo y la protección de los datos personales); y una Europa unida, responsable y justa respecto al asilo y la inmigración con verdadera solidaridad entre todos los Estados miembros, y la lucha contra la trata y la explotación sexual y económica de seres humanos.

¡La siguiente fase será el Consejo Europeo del 9 y 10 de diciembre de 2009!

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo relativa al programa de Estocolmo, ya que creo que las propuestas que contiene establecen de forma clara y precisa las prioridades de los próximos años en cuanto a la legislación europea en los espacios de libertad, seguridad y justicia, a la luz de la aplicación del Tratado de Lisboa.

Resulta indispensable encontrar un mejor equilibrio entre la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus derechos individuales. Por consiguiente, quiero destacar la importancia de aplicar el principio de reconocimiento mutuo a las parejas del mismo sexo en la UE, así como de establecer un Tribunal Europeo de Asuntos Informáticos y adoptar medidas que den nuevos derechos a los reclusos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una práctica muy extendida en este Parlamento ha sido la promoción de asuntos divisivos, que van más allá de las competencias de la Unión Europea, al incluirlos en textos sobre asuntos más amplios que normalmente garantizarían un apoyo generalizado. Debo condenar la aplicación, una vez más, de este método subrepticio, que sólo desacredita a esta Cámara y hacer mayor la separación entre diputados y votantes.

Por suerte, las cuestiones relacionadas con el Derecho de familia son competencia de los Estados miembros, y por tanto es totalmente ilegítimo y flagrante que el Parlamento atente contra el principio de subsidiariedad para intentar coaccionarlos para llegar a un entendimiento común sobre estos asuntos tratando de promocionar programas radicales.

El reconocimiento por parte del Parlamento de las uniones del mismo sexo —que están en vigor sólo en cuatro Estados miembros— no puede imponerse al resto y representa un burdo intento de influir sobre los legisladores y las opiniones públicas nacionales, lo cual merece ser condenado de la forma más enérgica.

Cuando se aprobó la Carta de los Derechos Fundamentales, se temía que fuese recurrida de forma abusiva en el futuro y que chocaría con la legislación nacional. La situación actual confirma que estas predicciones eran correctas.

  Carlo Fidanza (PPE), por escrito. – (IT) Esta Resolución en última instancia afirma algunos principios importantes: la responsabilidad común en la lucha contra la inmigración ilegal, en la distribución de solicitantes de asilo y en la repatriación de detenidos extranjeros. Por otro lado, creo que la parte que hace referencia al respeto de los derechos de las minorías, y en concreto la minoría romaní, es muy insuficiente y demasiado políticamente correcto. El texto pasa por alto completamente la situación de degradación en la que viven las comunidades romaníes en algunos países como Italia, no por falta de políticas de integración sino, más bien lo contrario, por una decisión deliberada de rechazar cualquier norma de vida civil.

No hay una condena de las actividades ilegales (robos, tirones de bolsos, la pesada mendicidad y la prostitución de menores) que están cada vez más relacionadas con los asentamientos romaníes ilegales en las afueras de las principales ciudades de Italia y otros lugares. No se menciona, ni en la sección sobre la protección de los menores, la necesidad de proteger a esos mismos niños de las medidas de esclavitud cometidas contra ellos por algunos cabezas de familia romaníes. Ni siquiera se menciona cómo se debería aplicar realmente la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al traslado de los ciudadanos de la Comunidad que no puedan demostrar un determinado nivel de ingresos tras un periodo de tres meses de estancia en un Estado de la UE. La integración no es posible si no se respetan las normas, y las minorías romaníes no están exentas de cumplir con este principio.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La mayoría del Parlamento ha aprobado la principal idea de la Propuesta de la Comisión Europea del llamado programa de Estocolmo, lo cual constituye un fuerte atentado contra un elemento tan clave de la soberanía de los Estados miembros como la justicia. El aumento de las medidas conjuntas en el campo de la colaboración política y judicial, y la colaboración entre servicios secretos, así como la introducción de una estrategia de seguridad interna y nuevas medidas para intercambiar datos dentro de la UE, se producen a costa de los derechos, libertades y garantías de todos los que viven en países de la UE.

El desarrollo de una política conjunta en materia de inmigración basada en la clasificación de los inmigrantes según una escala de conveniencia ―y en su forma más represiva, el uso de Frontex— vulnera los derechos de los inmigrantes e ignora la tragedia humana que tiene lugar en muchos países.

El uso cada vez mayor de la vigilancia y el control de la gente es algo preocupante, al igual que la práctica de la elaboración de perfiles delictivos, basada en técnicas de extracción de datos y la recopilación de datos globales, sin tomar en consideración si los ciudadanos son culpables o inocentes, para los fines de la supuesta prevención y control. También son preocupantes los enormes fondos dirigidos al complejo industrial militar y sus actividades de investigación en el campo de la seguridad interna.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) Señor Presidente, la estrategia política relativa al espacio de libertad, seguridad y justicia —el programa de Estocolmo— será adoptada por el Consejo en diciembre de este año, justo después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En este particular momento, en que aumentarán significativamente las competencias con respecto a la de toma de decisiones del Parlamento Europeo, el papel de los parlamentos nacionales en el proceso de hacer Derecho comunitario también aumentará. La voz de los ciudadanos, reforzada de esta manera, tendrá también mayor autoridad a la hora de conseguir la realización de los principios del programa de Estocolmo.

Desde mi punto de vista, es especialmente importante y urgente la necesidad de tomar medidas para garantizar el trato igualitario de todos los ciudadanos de la Unión Europea, sea cual sea su género, orientación sexual, edad, discapacidad, pertenencia a una religión, visión del mundo, color de piel, ascendencia u origen étnico. Para ello, es esencial que el Consejo apruebe una directiva exhaustiva sobre la no discriminación, que abarcaría todas las áreas que acabo de mencionar. La UE no tiene una legislación de este tipo, como a menudo se ha dicho en el Parlamento Europeo.

Espero que este resquicio legal quede cubierto como parte de la realización del programa de Estocolmo. No obstante, no basta con hacer una legislación. Si queremos que el programa de Estocolmo tenga éxito, los ciudadanos de la UE tienen que conocer sus derechos. La labor de la nueva Comisión Europea también será, por tanto, elevar la concienciación pública sobre la legislación en contra de la discriminación y la de igualdad de género.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta Resolución porque permite lograr un mayor equilibrio entre el respeto de las libertades individuales y una actitud predominantemente represiva acompañada de medidas de seguridad de las que es difícil estimar la eficacia hoy en día. Con este programa estamos reafirmando nuestra unión a una Europa de solidaridad y valores que tiene la obligación de defender la libertad de religión, la igualdad de oportunidades, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías y los derechos de los homosexuales.

Por eso apoyo firmemente la aprobación de la Directiva contra la discriminación, que actualmente está siendo bloqueada en el Consejo y que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) no quiso durante la última legislatura. El Grupo del PPE ha reafirmado su oposición al texto. También aplaudo la aprobación de las enmiendas que exigen una petición para eliminar los obstáculos al ejercicio del derecho a la reagrupación familiar y que piden la prohibición de mantener a los menores extranjeros y a los menores no acompañados en retención.

Sin embargo, lamento que una vez más se hayan ignorado los objetivos de las políticas de inmigración y hayan quedado en un segundo plano después de la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal y la consolidación de la Agencia Frontex. En cuanto al tema del asilo, las propuestas sobre un sistema de asilo común serán estudiadas por el Parlamento Europeo en su capacidad de colegislador y controlará de cerca la verdadera voluntad política para avanzar en este terreno.

  Timothy Kirkhope (ECR), por escrito. – Mientras el Grupo ECR apoya gran parte de lo que contiene el programa de Estocolmo, como la cooperación y la solidaridad en asuntos policiales, la lucha contra la delincuencia y la corrupción transfronterizas, la protección de los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones para la inmigración mediante la asistencia a los países del sur de Europa que se enfrentan a graves problemas de inmigración, nosotros no apoyamos propuestas para una Estrategia Europea de Seguridad, ni medidas que cederían el control de nuestro sistema de justicia penal y nuestra política de asilo a la UE, ni llamamientos a la «solidaridad obligatoria e irrevocable». Nosotros creemos en la cooperación más que en la compulsión, y por eso hemos votado en contra de este informe.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El programa de Estocolmo pretende reforzar la seguridad, especialmente en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizos, respetando al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos. El esfuerzo, que también es resultado de la nueva realidad del Tratado de Lisboa, conllevaría esperar un debate responsable sobre los puntos esenciales de un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos.

Lamentablemente, ha habido algunos que querían contaminar el debate de un asunto tan fundamental como el programa de Estocolmo con el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que es irrelevante y no tiene relación con el tema, sin mostrar ningún respeto por las diferencias legítimas de las soluciones jurídicas internas de cada país de la Unión Europea. Aquellos que han actuado de esta forma, simplemente por hacer maniobras políticas, no se han preocupado por el destino del programa de Estocolmo.

Por el contrario, mi voto ha reflejado la importancia de debatir las necesidades de este espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos. También ha sido una expresión de condena de la estrategia de los que querían contaminar este debate con un programa divisivo que no tenía nada que ver.

  Judith Sargentini (Verts/ALE), por escrito. – (NL) En sí, la Resolución del Parlamento Europeo que pide un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos es una Resolución progresista y que facilita el deseo del Consejo de Ministros de permitir el intercambio libre de datos personales de los ciudadanos. También es una Resolución que garantiza la protección de los refugiados y los inmigrantes.

Esta Resolución es un paso hacia una legislación europea progresista en materia de inmigración. Algunas de sus enmiendas decisivas, incluidas las relativas al establecimiento del principio de no devolución, la disminución del papel de Frontex, que no tendrá ninguna función en el reasentamiento de inmigrantes en terceros países, una actitud positiva hacia la regularización «en masse» de inmigrantes ilegales y la afirmación de que la seguridad debería estar al servicio de los intereses de la libertad, tienen una gran importancia. Los apartados sobre la lucha contra la inmigración ilegal están expuestos a varias interpretaciones, aunque, a mi juicio, no pecan de represivos. Lamento mucho el hecho de que la Resolución haya sido suavizada en lo que respecta al expediente en contra de la discriminación.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Quisiera compartir unos comentarios sobre el programa plurianual 2010-2014 relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia (el programa de Estocolmo). Garantizar la libertad, la seguridad y la justicia de los ciudadanos de la Unión Europea es una de las principales responsabilidades de los Estados miembros. Los países de la Unión Europea deben aumentar la cooperación en asuntos judiciales, sin que ello vaya en detrimento de las tradiciones y de las leyes fundamentales de los Estados miembros. Tenemos que incrementar la confianza mutua entre los Estados miembros en cuanto a la idoneidad de las decisiones tomadas por las autoridades de otro Estado miembro, especialmente en áreas relacionadas con la inmigración legal e ilegal, y también en cuanto a la cooperación de policía y tribunales en asuntos penales. La UE debe intensificar los esfuerzos relacionados con la lucha contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizos. Con este propósito se deberían tomar medidas para aumentar la eficiencia del intercambio de información sin olvidar el asunto de la protección de la vida privada, los datos personales y las libertades fundamentales. La seguridad en Europa es nuestro asunto común, al igual que lo es el mercado único común, y deberíamos hacer todo lo posible por que los ciudadanos se sientan seguros dentro de las fronteras de la UE, porque este es uno de nuestros valores fundamentales.

  Renate Sommer (PPE), por escrito. – (DE) Aplaudo la aprobación de la propuesta de resolución sobre el programa de Estocolmo. Es importante que este Parlamento, como representante de los ciudadanos de Europa, proponga el itinerario que seguirá la política de justicia y asuntos de interior. Hemos logrado un buen resultado. Además, el Tratado de Lisboa nos aporta seguridad. En el futuro el Parlamento Europeo no sólo estará desempeñando un papel consultivo en estas áreas políticas, sino que también formará parte del proceso de toma de decisiones. Hemos encontrado un buen equilibrio entre la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

La población necesita cada vez más un nivel más alto de seguridad. No obstante, debemos responder repetidas veces a la pregunta sobre si y en qué medida los derechos y libertades de los ciudadanos se verán restringidos por la introducción de medidas de seguridad. Creo que hemos elegido una buena vía intermedia. No obstante, para garantizar que esta vía intermedia realmente se introduce en la política de justicia y asuntos de interior, pedimos más derechos de control para este Parlamento y para los parlamentos nacionales de la UE como parte de la aplicación del programa de Estocolmo. Por desgracia, el pleno no ha apoyado mi petición de acceso de la policía a Eurodac.

Habría sido otra herramienta útil para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Sin embargo, mi propuesta en la que pido a la Comisión que presente propuestas para luchar contra el abuso del sistema de asilo en toda Europa ha sido aprobada. Cada abuso que se hace del sistema de asilo dificulta aún más el poder garantizar el asilo a aquellos que lo tienen como derecho legítimo.

– Propuestas de resolución: Estado del proyecto de creación de una zona de libre comercio euromediterránea

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución conjunta sobre el estado del proyecto de creación de una zona de libre comercio euromediterránea.

Pese a los avances conseguidos, lamento que los principales objetivos de la asociación euromediterránea no se hayan alcanzado, comprometiendo así su consecución planeada para 2010. Es vital asegurar que el proceso de integración euromediterráneo se restablece como prioridad política de la UE, ya que el éxito de este proceso y de la zona de libre comercio contribuye a conseguir la paz, la prosperidad y la seguridad en toda la región.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El Mediterráneo es la cuna de la civilización tal y como la conocemos. A lo largo de sus costas han nacido, se han desarrollado y se han hecho fuertes ideas e instituciones que definen la esencia de la civilización europea y forman una parte integral de su historia y sus planes futuros.

También han surgido profundas divisiones a lo largo de sus costas, a menudo resueltas por la fuerza de las armas, que han desembocado en una dolorosa separación política, una amplia distancia entre sus pueblos y el desarrollo desligado, si no opuesto a, de lo que antes era el centro del mundo.

La UE, que quiere abrirse al mundo y promover el diálogo entre sus miembros y terceros países, debe apreciar la idea de la zona de libre comercio euromediterránea que permite construir relaciones más estrechas de nuevo entre ambas partes del Mediterráneo y que además promueve una mayor convergencia Sur-Sur.

Hay que reconocer que los resultados logrados hasta ahora no coinciden con la ambición que hay tras esta idea. Hay muchos obstáculos económicos y financieros, aunque queda claro que los puntos de fricción más graves son de carácter marcadamente político. Debemos persistir y tratar de hacer posible la recreación de un mercado a escala mediterránea que traiga consigo un mayor contacto entre los pueblos y la restauración de los vínculos que se han roto en este tiempo.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Lamento que siga habiendo un notable desequilibrio económico, social y demográfico entre las dos partes del Mediterráneo. Por eso he votado a favor de dar un nuevo impulso a la integración de los países del Sur y el Este del Mediterráneo en el comercio internacional para que puedan diversificar sus economías y compartir los beneficios asociados justamente.

Debemos recortar la distancia que separa el norte y el sur del Mediterráneo en términos de desarrollo. Asimismo, esta zona de libre comercio debería ser complementada con la introducción gradual y condicional de la libre circulación de trabajadores, teniendo en cuenta los debates actuales sobre los vínculos entre la inmigración y el desarrollo.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - (ES) He votado en contra del informe sobre Euromed porque no es posible disociar la parte comercial del diálogo político en la Unión por el Mediterráneo. Este informe va directamente al núcleo duro del interés de la Unión Europea en la Unión por el Mediterráneo: la creación de una zona de libre comercio entre las dos regiones. Estoy en contra de la instauración de la zona de libre comercio.

El capítulo comercial debe basarse en el comercio justo, teniendo en cuenta las asimetrías entre los países de la UE y los países del Mediterráneo. Por otro lado, en el capítulo político, no podemos estar de acuerdo con el Estatuto Avanzado que la UE ha otorgado a Marruecos mientras sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos. Para la UE, el conflicto del Sáhara, apoyando el proceso de realización de un referéndum de autodeterminación en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas, debe ser una prioridad en la Unión por el Mediterráneo. Del mismo modo, por las constantes violaciones del Derecho internacional, así como de los compromisos políticos con respecto a Palestina, tampoco podemos aceptar el «upgrading» que la UE ha otorgado a Israel.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Acojo muy favorablemente el hecho de que aumentarán y se reforzarán los contactos multilaterales con la región del Mediterráneo y, en concreto, con los países del Sur y el Este del Mediterráneo (PSEM). También apoyo los esfuerzos de la Unión Europea para iniciar el proceso de modernización de las economías de esos países y, por tanto, para ayudar a la población. No obstante, dudo mucho que se pueda conseguir por medio de la planeada zona euromediterránea de libre comercio.

Una valoración del impacto de sostenibilidad realizada por la Universidad de Manchester advierte de las consecuencias sociales y ambientales negativas para los PSEM implicados. Me temo que este acuerdo abrirá nuevos mercados de venta para los países de la UE, pero perjudicará gravemente a las economías de los PSEM. La introducción paralela de la libertad de circulación para los empleados solicitada en la propuesta de resolución también produciría una enorme oleada de inmigración a Europa y conduciría a la escasez de trabajadores muy necesarios en los PSEM. Con el fin de ayudar a garantizar un futuro positivo para los PSEM, he votado en contra de esta Resolución.

  Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, tras la Conferencia de Barcelona de 1995, todavía no se ha desarrollado todo el potencial intrínseco a las relaciones naturales entre los países que bordean la cuenca del Mediterráneo.

El ambicioso plan de fraguar nuevos vínculos políticos, sociales y culturales más estrechos entre las orillas del Norte y del Sur del Mediterráneo debe seguir siendo uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea para lograr la aplicación deseada y estratégica de una zona de libre comercio. Esta zona euromediterránea podría realizar una contribución importante a la paz, la prosperidad y la seguridad en toda la región.

Apoyo medidas y esfuerzos dirigidos a la eliminación de las barreras y obstáculos del comercio y creo que el éxito de la asociación euromediterránea no depende solamente de la voluntad de los países europeos. La puesta en práctica de una zona de libre comercio requiere la contribución decidida, activa y sinérgica de todas las partes.

La Unión para el Mediterráneo también debe intensificar las formas de cooperación existentes en el marco euromediterráneo para permitir que todos los países socios participen en los programas regionales y las políticas correspondientes de la Unión Europea. A este respecto, he notado que la elaboración de planes dentro del marco establecido en París en julio de 2008 en sectores estratégicos como las nuevas infraestructuras, la colaboración entre PYME, las comunicaciones y la explotación de recursos de energía renovable puede que contribuya de forma positiva al desarrollo y la facilitación de intercambios e inversiones, porque los países de las orillas del Sur del Mediterráneo realmente lo necesitan. Todas estas condiciones fomentan la paz y el establecimiento de relaciones cordiales.

Por todas estas razones, apruebo la Resolución y espero que se pueda respetar el programa trazado por la Comisión y que aporte los beneficios que todos esperamos.

- Propuesta de resolución B7-0153/2009: Indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea

  Richard Ashworth (ECR), por escrito. – El Grupo ECR ha rechazado la propuesta de resolución presentada por otros grupos de la Comisión de transporte en relación a la indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea. Nosotros desde el Grupo ECR hemos presentado nuestra propia propuesta de resolución que habría rectificado una serie de puntos débiles clave del texto aprobado por las siguientes razones.

Aunque el apoyo de los derechos de los pasajeros es, sin duda, de vital importancia, hay medidas más eficaces que se pueden tomar sin que los pasajeros tengan que cargar con costes aún más altos.

1. Deberíamos esperar a la evaluación de impacto que propuso el Comisario Tajani en la sesión plenaria del 7 de octubre.

2. El texto que se ha apoyado pide el establecimiento de un fondo de «garantía» que se utilizaría para indemnizar a los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea. No obstante, el establecimiento de dicho fondo tendría que estar financiado inevitablemente por el consumidor, es decir, que los pasajeros tendrían que pagar aún más por sus billetes. A estas alturas, esta medida innecesaria se añadiría a la larga lista de impuestos aéreos que existen, las tarifas de seguridad y otras obligaciones que ya están obligados a pagar.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 170 del Reglamento)

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) He apoyado esta propuesta que pide a la Comisión que revise la legislación vigente y que elabore una nueva legislación para garantizar que los pasajeros no son abandonados en una situación desesperada debido a la quiebra de una compañía aérea.

De momento no hay disposiciones en la legislación europea que protejan a los pasajeros europeos en caso de quiebra de una compañía aérea con la que el pasajero haya realizado una reserva. Apoyo firmemente la postura del presidente de la Comisión de transporte que ha dicho que muchos pasajeros no disponen de recursos para hacer frente a pérdidas de este tipo. Así pues, se debería establecer un mecanismo de apoyo o un fondo de indemnización para ayudar a aquellos que sean abandonados en una situación desesperada debido a una quiebra de este tipo.

Las normativas relativas a los derechos de los pasajeros deben ser actualizadas y reforzadas para dar protección y ayuda en caso de quiebra de una compañía aérea o incidentes de ese tipo sobre los que los pasajeros no tienen control.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre la indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea, ya que creo que hay que aumentar la protección de los pasajeros europeos en caso de quiebra de una compañía aérea introduciendo una nueva legislación o revisando la existente, y creando un fondo de reserva para indemnizaciones.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Las compañías aéreas comerciales se han estado enfrentando a una grave crisis desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, que ha empeorado con la actual crisis económica y financiera. Están aumentando las quiebras y las situaciones desagradables en las que los pasajeros, muchos de ellos en tránsito, se encuentran verdaderamente desamparados.

Esta falta de protección del consumidor es realmente inaceptable y exige una respuesta europea que prevea una valoración de las compañías aéreas, promueva la asistencia a los pasajeros que se vean en esta situación y establezca una indemnización por daños.

En vista de esto, estas medidas deben tener en cuenta la precariedad financiera de las compañías aéreas y, por tanto, no deberían ser obstáculos innecesarios para su funcionamiento. Deben limitarse a lo que es estrictamente necesario para garantizar la protección de los consumidores o pasajeros.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Setenta y siete compañías aéreas se han declarado en quiebra en la Unión Europea desde el año 2000. Hay que reconocer que existen disposiciones legislativas europeas en relación a la transparencia de los precios y la indemnización en caso de denegación de embarque, pero la UE debe tapar los resquicios que hay para los casos de insolvencia, especialmente cuando los billetes se han comprado por Internet. Sigue habiendo muchos pasajeros que se ven atrapados en situaciones ante las que no pueden hacer nada, habiéndose gastado todos sus ahorros en unas vacaciones familiares. Estoy a favor de las normativas que garantizan que los pasajeros no se queden atrapados en sus destinos, sin medios alternativos para volver a casa o conseguir otro alojamiento.

  Jörg Leichtfried (S&D), por escrito. – (DE) Voto a favor de la Resolución, en concreto, en lo que respecta al Reglamento nº 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento n° 295/91, que ya se ha adoptado. Ya se han tomado las medidas adecuadas en este reglamento y el refuerzo y la protección de los derechos de los pasajeros es simplemente el desarrollo lógico de esto.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Votamos a favor de esta Resolución con la esperanza de preservar todos los intereses posibles de los pasajeros aéreos dada la actual situación (liberalización de los servicios de transporte, incremento del número de compañías aéreas).

Sin embargo, destacaríamos que el sistema de compensación propuesto en este informe es simplemente un recurso provisional que no hace nada para cambiar el problema fundamental.

La verdadera solución radica en la creación de un servicio de transporte aéreo público europeo. Un servicio público que tenga en cuenta el interés general y la racionalización de los trayectos realizados, para reducir así el impacto sobre el medio ambiente. Un servicio público que tenga en cuenta el interés general y la seguridad, la libertad de circulación y el bienestar de sus propios usuarios y empleados.

Debemos dejar atrás cuanto antes la Europa de los intereses exclusivos y construir una Europa del interés general.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El creciente número de quiebras que se ha producido entre las compañías aéreas, que ha afectado a miles de ciudadanos en los Estados miembros, ha exigido que la UE tome medidas para protegerles. De hecho, es importante proteger los derechos de los que utilizan el transporte aéreo diariamente. Por tanto, he votado a favor.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la Resolución relativa a la indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea. De hecho, en la actualidad, los únicos pasajeros cubiertos por la legislación europea en caso de quiebra de una compañía aérea son aquellos que reservan un viaje combinado.

Sin embargo, está claro que los hábitos de los consumidores han cambiado mucho en los últimos años en lo que respecta a la reserva de vacaciones: se ha producido un aumento de la utilización de las compañías aéreas europeas de bajo coste, una caída brusca de la venta del número de viajes combinados y un aumento del número de ventas directas e individuales en línea y de ventas sólo de asientos.

Si a esto le añadimos la crisis que está experimentando actualmente el sector, podemos imaginar fácilmente el número de pasajeros que se ven atrapados en el lugar de destino de sus vacaciones, a veces sin alojamiento de ningún tipo y esperando urgentemente un vuelo de vuelta tras la quiebra de la compañía aérea con la que tenían que volar.

Después sólo recibirán una cantidad nominal de indemnización por los perjuicios sufridos e incluso les costará trabajo conseguir eso… La Comisión debe llevar a cabo cuanto antes una iniciativa legislativa para abordar esta preocupante situación. Se debería disponer al mismo tiempo un fondo de compensación financiado por las compañías aéreas para financiar dichas indemnizaciones.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Las regiones europeas que se caracterizan por ser destinos turísticos deben proporcionar a los usuarios de los servicios de este sector el más alto nivel de servicio y calidad.

Madeira es un ejemplo de esto, al haber sido clasificada la semana pasada como uno de los mejores destinos turísticos del mundo por la Organización Mundial del Turismo, que otorgó a esta región la puntuación más alta en 13 de los 15 criterios de evaluación. Para mantener esta posición en un mercado altamente competitivo, hay que continuar con el trabajo realizado por órganos públicos y privados con miras a la sostenibilidad ambiental, económica y social. Este objetivo también implica proporcionar a los turistas que visitan la isla las mayores garantías en cuanto a las condiciones de transporte aéreo y alojamiento.

La propuesta de resolución que hemos sometido a votación hoy es un paso en esta dirección, ya que está dirigida a proteger a los pasajeros de las compañías aéreas estableciendo fondos de seguro y garantía obligatorios para dichas compañías aéreas, así como un seguro opcional para sus clientes.

También es positivo el llamamiento a la Comisión Europea para que presente una propuesta con el objetivo de indemnizar a los pasajeros de las compañías aéreas que hayan quebrado y garantizar su repatriación si están atrapados en un aeropuerto.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea. Actualmente hay varios actos legislativos europeos que regulan las situaciones siguientes: la indemnización y la repatriación de clientes en caso de quiebra de las compañías de viajes que han proporcionado los viajes combinados; la responsabilidad de los operadores aéreos en accidentes y acuerdos para indemnizar a los pasajeros; y la indemnización y la prestación de asistencia a los pasajeros a los que se deniega el embarque o cuyos vuelos son cancelados o sufren grandes retrasos.

Sin embargo, no hay disposiciones jurídicas que protejan a los consumidores en caso de que quiebre el operador aéreo. En los últimos nueve años, han quebrado 77 compañías aéreas europeas. Por eso creo que esta directiva es totalmente necesaria. El Parlamento Europeo le ha pedido a la Comisión que refuerce la posición de los pasajeros en caso de quiebra de la compañía aérea. De hecho, el Parlamento Europeo le ha pedido a la Comisión que presente una propuesta legislativa para julio de 2010, la cual concedería una indemnización a los pasajeros de compañías aéreas que quiebren, introduciría el principio de responsabilidad solidaria en relación a los pasajeros de todas las compañías aéreas que vuelen al mismo destino con asientos libres, proporcionaría el seguro obligatorio para las compañías aéreas, establecería un fondo de garantía y ofrecería servicios de seguro voluntario para los pasajeros.

- Propuestas de resolución: "Hecho en" (marca de origen)

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución conjunta relativa a la marca de origen ya que se basa en el principio de que la protección del consumidor requiere normas de mercado transparentes y sólidas, incluida la marca de origen. En este sentido, apoyo la intervención de la Comisión, junto con los Estados miembros, para defender los derechos legítimos y las expectativas de los consumidores cuando haya evidencia de un uso fraudulento o marcas de origen engañosas de importadores y productores que no pertenezcan a la UE.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En vista de la necesidad de garantizar a los consumidores una información adecuada a la hora de decidir si comprar determinados productos, sobre todo con respecto a su país de origen y los correspondientes estándares de seguridad, higiene o protección ambiental aplicables a su producción ―información necesaria para tomar una decisión consciente y conociendo todos los datos―, he votado a favor de esta propuesta de resolución, que apela a la Comisión para que vuelva a presentar su propuesta ante el Parlamento para que se pueda debatir conforme al proceso legislativo establecido en el Tratado de Lisboa.

No obstante, he de mencionar que, durante la evaluación de la propuesta de la Comisión sobre la marca de origen, prestaré especial atención al apoyo adecuado dado a los productos tradicionales, para que la mejor protección del consumidor —que es necesaria y conveniente— no perjudique irreparablemente a los pequeños productores de productos tradicionales. También prestaré especial atención a los mecanismos utilizados para establecer el origen, para que esto no se convierta en un inconveniente competitivo para los productores europeos frente a sus competidores.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Creemos que la Resolución aprobada no llega a lo que nosotros consideramos que debería ser la marca de origen, es decir, entre otras cosas, un instrumento para proteger los puestos de trabajo industriales en Europa, en concreto en PYME, y un instrumento para abordar el dumping social y ambiental. Por eso nos hemos abstenido.

Asimismo, esta Resolución pasa por alto las consecuencias que tiene para el empleo y el tejido industrial la liberalización del mercado mundial en los distintos Estados miembros. Pasa por alto numerosos traslados en busca de un beneficio fácil y sus consecuencias, como la desindustrialización de amplias regiones, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales. Esta Resolución sólo llega a hacer un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que «tomen todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones».

Por último, lamentamos que la mayoría del Parlamento haya rechazado las propuestas que presentamos, las cuales, entre otras cosas, pretendían conservar los puestos de trabajo, respetar los derechos de los trabajadores y los ciudadanos, luchar contra el trabajo y la esclavitud infantiles y oponerse a la importación de productos de territorios ocupados, y que insistía en la necesidad de obtener ayuda europea a partir de empresas e inversores que trasladan su producción.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Con el telón de fondo de la crisis económica que golpea a nuestras empresas europeas, la Unión Europea debe, ahora más que nunca, hacerse con un sistema obligatorio de marca de origen, aunque para un número limitado de bienes importados, en concreto, los tejidos, la ropa y el calzado, los bienes de piel y los bolsos, las lámparas y las bombillas, y la cristalería, porque se trata de información muy valiosa para los consumidores finales. También permitiría que los consumidores europeos supieran exactamente de qué país proceden los bienes. Así pues, podrán identificar estos bienes por los estándares sociales, ambientales y de seguridad a menudo asociados a ese país. Es decir, nuestros ciudadanos, como consumidores responsables, tendrán la transparencia que ellos deseen.

  Jacky Hénin (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El concepto «hecho en» no debe ser simplemente una marca, sino que debe convertirse rápidamente en un potente concepto de respeto de las normas más avanzadas en relación con el conocimiento, los derechos de los empleados, el desarrollo sostenible y la protección ambiental, y la expresión de una actitud económica responsable.

Con la introducción del concepto «hecho en Europa», podríamos permitir a los consumidores tomar una decisión disponiendo de toda la información, tomar medidas para conseguir nuevos derechos.

No obstante, una vez más, nos hemos limitado a hacer afirmaciones de buenas intenciones, como si decir que somos los mejores y los más fuertes fuese a convertirse en realidad.

Es una pena y por eso me abstendré.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Entiendo que haga falta un debate sobre la creación de un marco legislativo europeo para la marca de origen de los productos comerciales finales, en concreto, ante los antecedentes de información del consumidor y la transparencia entre socios comerciales. El uso de un sistema de marca estandarizado tendrá como resultado una información mejorada y más precisa para los consumidores e indicará las normas sociales y ambientales con las que cumplan los productos. Además, la marca de origen es un paso importante hacia la creación de normativas de comercio coherentes con terceros países.

No obstante, es importante encontrar el equilibrio correcto desde la perspectiva de los productores y los consumidores. La transparencia que se ofrece a los consumidores no se debe crear a costa de los fabricantes. No debe haber costes adicionales para las PYME. Como parte de los debates en curso, es importante establecer directrices claras y defenderlas, también en nombre de Austria. Una solución posible sería crear una marca de origen europeo voluntaria para los productos comerciales finales, teniendo en cuenta las etiquetas de calidad regionales y nacionales existentes.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor porque la marca «hecho en» es esencial para la transparencia del mercado y para proporcionar a los consumidores la información necesaria en cuanto al origen de los productos que compran.

Hay que reforzar la economía de la Comunidad mejorando la competitividad de la industria de la UE en la economía global. Solo tendremos éxito con una competencia justa si funciona con normas claras para los productores y para los exportadores e importadores, sin perder de vista tampoco los requisitos sociales y ambientales comunes.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Acojo muy favorablemente la introducción de la marca de origen de la Unión Europea. A partir de ahora hay que especificar el país de origen en determinados productos importados a la UE desde terceros países. El objetivo concreto de la marca de origen es proporcionar a los consumidores información de libre acceso sobre el país de origen de los productos que compren y permitirles relacionar los productos con las normas sociales, ambientales y de seguridad del país en cuestión.

Esto representa la primera fase de una guerra contra los productos del Extremo Oriente, que a menudo son hechos por trabajadores en condiciones de explotación y que luego se venden en el mercado europeo a precios muy bajos.

  Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, hoy el Parlamento ha reiterado enérgicamente una opinión que ya había expresado en otras ocasiones durante la legislatura pasada: Europa debe introducir una normativa que establezca la marca de origen de muchos productos que entran en su territorio.

La decisión surge de la necesidad de garantizar más información, y por tanto protección, para los consumidores de manera que puedan tomar una decisión disponiendo de toda la información. El Reglamento sobre la marca de origen por fin permitirá a las empresas europeas competir en pie de igualdad con empresas de terceros países donde las leyes sobre la marca de origen de los productos que entran en sus territorios ya llevan existiendo algún tiempo. El mercado es libre sólo cuando las normas están claras, son comunes y se aplican.

El objetivo de la Resolución aprobada es hacer un llamamiento a la Comisión, tras los intentos fallidos de mediar con el Consejo, para repetir la propuesta a la luz de las nuevas responsabilidades que ha contraído el Parlamento con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Estamos seguros de que el acuerdo entre los grupos políticos del Parlamento Europeo será decisivo a la hora de establecer un marco jurídico definitivo con el Consejo.

Aprovecho esta oportunidad para recalcar que las categorías de productos previstas en el reglamento propuesto actualmente deben ser respetadas y ampliadas en lo que respecta a los productos de fijación, es decir, los productos para los que es esencial garantizar y cumplir los reglamentos europeos para garantizar la seguridad en la construcción de puentes, coches, electrodomésticos y cualquier otro artículo que implique el uso de productos de fijación. Garantizar la seguridad es una prioridad para nosotros.

La votación de hoy es un éxito importante que dedicamos a los consumidores y productores europeos en una época de nuevo impulso político para el Parlamento, debido al procedimiento de codecisión que por fin ha compensado el déficit democrático que hemos tenido que aguantar durante tanto tiempo.