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Procedimiento : 2007/0229(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0265/2010

Debates :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Votaciones :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Explicaciones de voto
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0115

Debates
Martes 14 de diciembre de 2010 - Estrasburgo Edición DO

10. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
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  El Presidente. – Pasamos ahora a las explicaciones de voto.

 
  
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

Informe: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
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  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, no es la primera vez que en esta Cámara siento que he caído por alguna doblez del continuo espacio-tiempo, una especie de agujero o un túnel que me ha devuelto a los años setenta. Estamos en un mundo de control estatal de la industria, el precio o las políticas de ingresos, de horas de trabajo limitadas y de subvenciones a empresas poco lucrativas.

Lo mejor que puedo hacer es leer en voz alta la lista de lo que hemos estado votando hoy: subvenciones para SI/Mura (Eslovenia), Heidelberger Druckmaschinen AG (Alemania), la industria del automóvil de Wielkopolskie (Polonia), el comercio minorista de Aragón (España), el sector textil de la Comunidad Valenciana (España), la fabricación de productos de piedra natural en la Comunidad Valenciana (España), Lear (España) y H. Cegielski-Poznań (Polonia). En los años setenta, solíamos hablar de escoger ganadores. Lo que estamos haciendo en la actualidad es escoger perdedores. Estamos haciendo que la UE intervenga con dinero donde el mercado libre ha decretado un fracaso.

¿Por qué lo estamos haciendo? Porque la UE es ahora un mecanismo para la redistribución de riqueza a grupos de clientes preferidos. Señor Presidente, sabe tan bien como yo que es absurdo. Usted era un brillante líder conservador de éxito en Cataluña. Entiende la importancia de las personas libres y los mercados libres, como la entienden nuestros votantes. El dinero se está acabando. Estamos llegando al punto en el que, como en la magnífica metáfora de George Orwell, los ciudadanos se encabritarán y se sacudirán el sistema como un caballo se sacude las moscas.

 
  
  

Informe: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Presidente, hoy el Parlamento Europeo ha demostrado una posición firme dando un paso hacia una cooperación más intensa entre la Unión Europea y el Cáucaso Meridional. El Cáucaso Meridional y Georgia son regiones de importancia estratégica para la UE. Mi país, Lituania, siempre ha mantenido una relación especial con Georgia. La hemos apoyado en los momentos más difíciles y no solo a nivel nacional como gobierno. Este país siempre ha contado con un grandísimo apoyo público. Creo que toda la Unión Europea desea que Georgia se una a la familia de naciones europeas. Este país ha realizado esfuerzos formidables para formar parte de Europa y, por lo tanto, debemos evaluarlo como corresponde. La agilización de la tramitación de visados ayudará a asegurar la movilidad de los ciudadanos, su cooperación y, al mismo tiempo, los vínculos económicos y culturales. Quisiera dar las gracias a Georgia y a sus ciudadanos con esta decisión, aprobada hoy en el Parlamento Europeo. La UE les está enviando el mensaje de que esperamos que se conviertan en miembros de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Señor Presidente, no podemos permitir que la enorme cantidad de suma de dinero que gastamos en política de cohesión se derroche o desperdicie. Por ello, resulta vital mejorar la manera en la que se gestiona el dinero y también asegurar que se gasta de manera más eficaz. Las autoridades locales, que son más conscientes de las necesidades de su región, desempeñan una función esencial en este sentido. Se debería prestar atención también a las zonas transfronterizas a fin de facilitar su integración. Para que haya una cooperación vertical y horizontal adecuada, se tienen que agilizar los procedimientos y se debe gastar más dinero en la formación de especialistas de los organismos de ejecución en cada Estado miembro. También necesitamos apoyar la modernización y expansión del sistema de TI, que asegurará un acceso sencillo e igual a la información por parte de todos los beneficiarios.

 
  
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  Mario Pirillo (S&D).(IT) Señor Presidente, Señorías, coincido con la ponente en que deberíamos avanzar hacia una gobernanza multinivel a fin de involucrar más a las autoridades subnacionales al preparar políticas de desarrollo — por encima de todo, en las áreas objetivo de la convergencia—, a las que les interesa aumentar su capacidad para adecuarse a las regiones de los Estados miembros y a competir en el mercado global.

Con el objeto de que las políticas de desarrollo regional resulten más eficaces, hemos de involucrar a los que conocen sus regiones y pueden ayudar a conducir su desarrollo. Ese es el vínculo entre la gobernanza de multinivel y la cohesión territorial que ha puesto de manifiesto la ponente.

En cuanto a la simplificación de las normas, cuanto menor sea la carga burocrática, mayor será el grado de aceleración y la calidad de las inversiones europeas para el desarrollo regional. Una mayor asistencia a la autoridad de gestión de la Comisión contribuiría a reducir los errores cometidos en el pasado en los controles de primer nivel.

 
  
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  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Señor Presidente, la capacidad de controlar la política regional y su eficacia contribuyen a la seguridad de la condición económica y social de los ciudadanos de la UE. He votado a favor del curso de una buena gobernanza presentado por el Parlamento porque coincido en que la clave del progreso de nuestros países radica en una cooperación regional más estrecha. Por lo tanto, es conveniente solicitar a los Estados miembros que hagan un mejor uso de las formas de cooperación disponibles en las fronteras regionales. La gobernanza multinivel prioritaria es precisamente lo que puede ayudar a que las autoridades regionales locales y los sectores privados y públicos se encuentren entre sí.

La idea formulada sobre la aplicación, en función de la que las autoridades locales y regionales deben tomar parte también de la toma de decisiones, también merece respaldo. El gran número de participantes involucrados en la política a nivel comunitario, nacional, regional y local representa tanto oportunidades como incertidumbres. El marco establecido por la UE debe asegurar un equilibrio apropiado entre ambas.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la ponente, la señora Mǎnescu, por su excelente labor. Es muy importante señalar que precisamos una buena gobernanza en la política regional. En mi opinión, la buena gobernanza comprende ante todo los principios de justicia e imparcialidad. Tenemos que ver la Unión Europea como una entidad y no escoger a gusto y ofrecer respaldo solo a ciertos ámbitos. Toda Europa debe desarrollarse con imparcialidad y también tenemos que asegurar que esto se puede hacer y se hará, mediante las herramientas de la política regional.

También me preocupa mucho que al considerar los criterios de política y financiación regionales, no solo deberíamos tener en cuenta el PIB. Este no es un criterio sostenible de por sí, ya que examinaremos regiones alejadas de la UE y, por esa razón, es fundamental incluir las nociones de zonas sin mucha población y largas distancias.

Al hablar de buena gobernanza, hablamos, sobre todo, de gobernanza imparcial y justa en la política regional de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Señor Presidente, el asunto de la inmigración está de rabiosa actualidad en toda la Unión Europea. Por esa razón, es muy importante que creemos una red de funcionario de enlace. También tenemos que tratar de actuar de modo que nos volvamos más objetivos en estas cuestiones en Europa.

No obstante, hace poco hemos visto ejemplos preocupantes de nuestros fracasos en algunos aspectos de la política de inmigración. No se ha preparado a las personas que llegaron a Europa y se asentaron aquí para que acepten los valores fundamentales europeos. En consecuencia, como europeos debemos asegurarnos, en particular, de que se preserven y se acaten estos valores esenciales sobre los que se construye toda la Unión Europea. Incluyen democracia, derechos humanos y libertad de opinión. Eso es los que tenemos que defender sobre todo.

Por este motivo, junto a la creación de una red de funcionarios de enlace, también resulta fundamental establecer códigos de ética y valores para ello, como punto de referencia cuando se determine la política de inmigración. Es importante que los inmigrantes puedan integrarse y aceptar los valores fundamentales europeos cuando sean residentes de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

 
  
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  Andrea Češková (ECR). (CS) Señor Presidente, me gustaría hablar acerca de la votación de la orden europea de protección, porque considero este un instrumento de suma importancia. No me cuesta imaginar la posición de las mujeres a las que se aplica ante todo la orden y que se encuentran en situaciones en las que son literalmente perseguidas, desean mudarse y necesitan protección. Por esta razón, me inquieta que el texto que hemos sometido a votación no se haya establecido sobre una base jurídica fiable. Creo de veras, sin embargo, que el texto puede modificarse y creo que esta idea, buena a todas luces, se aplicará en toda su extensión. En el momento en el que nos encontramos, no obstante, me he abstenido de votar por estas razones.

 
  
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  Jens Rohde (ALDE). – Señor Presidente, solo quiero decir que mi dispositivo de votación no ha funcionado para la votación de la orden europea de protección, pero habría votado a favor porque este es un asunto muy significativo y era importante que el Parlamento aprobara hoy la orden europea de protección.

La legislación resulta esencial para Europa. El reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales es fundamental en un espacio de libertad, seguridad y justicia. A fin de evitar que se cometa un delito o un nuevo delito hacia una persona protegida, se le concede ahora al Estado de ejecución una base jurídica para reconocer una decisión aprobada antes en otro Estado miembro.

Esta legislación es necesaria para evitar la violencia hacia las mujeres y hacia otras víctimas de violencia. Este es un paso esencial e importante para permitir las víctimas residan o estén donde quieran en la UE y, por ende, participen de la libertad de circulación.

 
  
  

Informe: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

 
  
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  Diane Dodds (NI). – Señor Presidente, la trata de seres humanos es un asunto muy serio. Desde 2008, 35 personas han sido rescatadas de la explotación en mi propio distrito electoral de Irlanda del Norte y 25 de ellas fueran rescatadas en 2009. No obstante, aún no se ha condenado a nadie por un delito de trata de seres humanos. Es una forma moderna de esclavitud, un grave delito y una violación de los derechos fundamentales de una persona. De hecho, muchas de las mujeres captadas o rescatadas en Irlanda del Norte provienen del Extremo Oriente y se quedan allí a través de bandas de delincuentes organizados que están obteniendo enormes beneficios y utilizando a personas tanto para la explotación laboral como la sexual.

Aunque hay muchos aspectos de gran valor para este informe, me parece que este es un ámbito en el que puede existir una cooperación considerable entre las fuerzas de policía nacionales —de hecho, la fuerza policial de Irlanda del Norte ha estado marcando la pauta en este sentido. Me he abstenido en la votación final porque creo de veras que el establecimiento de aranceles mínimos es asunto de cada Estado miembro únicamente.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Señor Presidente, en la actualidad, la trata de seres humanos es uno de los asuntos principales y más cruciales y una de las amenazas más graves a las que tiene que hacer frente la Unión Europea. Tenemos que reconocer el problema y admitir que existe, incluso aunque con frecuencia parezca que nos escondamos tras la noción de que ya lo hemos resuelto. Por desgracia, este no es el caso. Tenemos que garantizar que los derechos fundamentales de cada persona puedan convertirse en una realidad.

El término inglés «human trafficking» es un nombre inapropiado, porque no hay nada de humano en ello. Es un negocio atroz en el que se despoja a las personas de la oportunidad única de vivir y de la dignidad humana. Las mujeres y los niños se encuentran en el grupo de riesgo especial. La prostitución y el comercio de órganos son los ejemplos más flagrantes de ello.

Me gustaría pedir a la Unión Europea que comience a actuar —no solo a hablar, también a actuar— para poner punto final a la trata de seres humanos en la Unión Europea, así como que use este informe como punto de referencia. Tenemos que tomar las medidas para luchar contra ella como es debido y usar las sanciones que asegurarían que cada persona contara con la oportunidad de conservar su dignidad humana y disfrutar de una buena vida.

 
  
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  Anna Záborská (PPE). (SK) Señor Presidente, he respaldado la directiva porque la trata de seres humanos es una denegación de la libertad en el sentido más amplio de la palabra.

Me satisface que la nueva directiva imponga a los Estados la obligación de mejorar su legislación con el propósito de combatir este delito de manera eficaz, pero también me gustaría señalar que una condena comunitaria de la explotación debe preceder a la persecución de los traficantes. Cada comercio consta de un comprador y estos a menudo son personas procedentes de los países democráticos ricos y pueden ser nuestros vecinos. El informe presta atención a las víctimas, pero debemos hacer más, debemos abrir los aojos y percatarnos de lo que pasa a nuestro alrededor, para que las personas que no ven la salida de la pobreza nunca se conviertan en víctimas.

Tenemos que concentrarnos en educar a los niños y los jóvenes, tenemos que informar a padres y profesores y tenemos que hablar de esto en los medios de comunicación, ya que la forma más efectiva de prevención es la falta de demanda.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Señor Presidente, he pedido la palabra para ofrecer una explicación de la votación sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos.

Como es obvio, he votado a favor del informe de la señora Bauer porque la lucha contra la trata de seres humanos es y debe seguir siendo una de nuestras prioridades. El problema ha crecido hasta tal punto que se puede definir como una nueva forma de esclavitud. A los sectores más vulnerables de la sociedad —mujeres y niños— se les lleva al extranjero y se les explota mediante las formas más abominables de prostitución, esclavitud y pornografía.

Cada año este fenómeno cuenta con 1 millón de víctimas en todo el mundo y con 500 000 solo en Europa. Las personas que se aprovechan de este fenómeno están cometiendo un acto delictivo, financiando la trata de seres humanos y usando a las personas como bienes que se pueden comprar y vender.

Como recalca el informe, tenemos que tomar medidas en los países de los que provienen las víctimas de trata y en los países a los que las desplazan. Solo seremos capaces de encontrar una solución a través de un esfuerzo común llevando a cabo campañas de concienciación colectivas, apoyando y asistiendo a las víctimas y, sobre todo, luchando contra la raíz de este fenómeno de modo que ayudemos a los países implicados a desarrollar una legislación apropiada para combatir todas las formas de esclavitud.

 
  
  

Informe: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, me alegro de que hoy en el Parlamento no solo hayamos hablado del acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados, sino también del acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de residentes ilegales.

En este sentido, es importante que no abordemos únicamente las situaciones agradables de la vida, sino también los asuntos serios, y espero que como Parlamento, quizás en el plazo de un año, recibamos un informe provisional sobre cómo se ha aplicado este acuerdo entre la Unión Europea y Georgia y, ante todo, sobre si ha funcionado. También me gustaría que el Parlamento Europeo participara mucho más la próxima vez en los debates iniciales.

 
  
  

Informe: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
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  Nirj Deva (ECR). – Señor Presidente, quisiera explicarle por qué mi Grupo y yo nos hemos abstenido en la votación sobre la capacidad de respuesta rápida de la UE. La multiplicación en los últimos años de grandes catástrofes fuera de la Unión Europea ha motivado cada vez más llamamientos a una mayor eficacia de la actual capacidad de respuesta de la UE en caso de catástrofes. Aunque estoy de acuerdo con muchos de los excelentes puntos planteados en este informe, no apoyo el llamamiento al establecimiento de una nueva fuerza de protección civil de la UE.

Si bien respaldo las voces que exigen que la UE coordine su respuesta a las catástrofes humanitarias con la comunidad de desarrollo mayor, no puedo dejar de apoyar estos progresos cuando tienen lugar en los mecanismos que ya existen, como al mecanismo comunitario de protección civil. Aunque es de suma importancia que la UE ofrezca una respuesta efectiva a las catástrofes humanitarias, es igual de importante que no seamos los únicos demos una respuesta.

Además de centrar nuestra atención en la mejora de la respuesta de la UE, hemos de concentrarnos en reforzar la capacidad de los países y las regiones en desarrollo y de la capacidad subregional en el área afectada, de modo que lo hagamos juntos como comunidad internacional. De lo contrario, estaremos realizando todo el trabajo arduo y ellos no estarán haciendo nada.

 
  
  

Informe: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Señor Presidente, muchos de los ciudadanos de la UE aún no son conscientes de la relevancia de la política de cohesión para el desarrollo de cada región y también de países enteros. Su principal cometido consiste en crear una igualdad de condiciones para las regiones de la Unión Europea. Como resultado, las poblaciones de regiones menos privilegiadas con condiciones de labranza difíciles y un mal acceso a las comunicaciones se benefician del mismo nivel de acceso a los servicios sociales, educativos, de transporte y de energía que los ciudadanos de regiones que disfrutan de mejores posiciones económicas y sociales. La importancia de la idea de cohesión, por lo tanto, no puede sobrestimarse.

Por consiguiente, debemos apoyar todas las medidas dirigidas a hacer un mejor uso del dinero concedido en virtud de los Fondos Estructurales y hacer un uso más eficaz de su función integradora, más aún porque los efectos de las medidas de la política de cohesión se notan en gran medida a nivel local y, por lo tanto, de manera significativa también en zonas rurales. Estas son las razones por las que he votado a favor de este informe.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Señor Presidente, me gustaría hablar acerca del informe del señor Luhan, que es el último tema del debate de hoy.

La competitividad y la cohesión son elementos que se complementan y respaldan entre sí. Pero la competitividad de la UE como conjunto no puede asegurarse solo si el crecimiento económico es verdaderamente sostenible. Muchas inversiones cofinanciadas con los Fondos Estructurales han demostrado sus valores, entre los que me gustaría recalcar la mejora de la infraestructura, porque ha dado pie a que se atraiga inversión extranjera a muchas regiones y ha contribuido así al desarrollo económico. La política de cohesión, no obstante, también ha demostrado su valor en un periodo de crisis financiera como un instrumento efectivo para responder con flexibilidad a los nuevos desafíos socioeconómicos.

También coincido con la opinión del ponente de que la competitividad económica de las regiones de la UE está estrechamente vinculada al nivel promedio de empleo, a la educación y las cualificaciones de la mano de obra, a la seguridad social y al acceso a los servicios públicos, porque el respaldo de la cohesión social es esencial para la competitividad regional, incluso a escala global.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Informe: Reimer Böge (A7-0335/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (inundaciones en Madeira, Portugal, y una tormenta en Francia). Portugal solicitó ayuda del Fondo de Solidaridad después de que, en febrero de 2010, unas lluvias inusuales y anormales provocaran en la isla de Madeira corrimientos de tierras e inundaciones, que ocasionaron graves daños en infraestructura pública y privada, empresas y agricultura. La estimación oficial de las autoridades portuguesas de los daños causados por las inundaciones que tuvieron lugar en Madeira asciende a 1 080 millones de euros. El Fondo de Solidaridad está contribuyendo con alrededor de 31 millones de euros. Yo mismo estuve en Madeira y fui testigo de la necesidad de que este fondo sea más flexible y generoso en su apoyo, en especial para las regiones insulares y más alejadas, que a menudo son azotadas por el mal tiempo.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base del informe de mi estimado colega alemán, el señor Böge, he votado a favor de propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea de, nada más y nada menos, que 67 millones de euros para ayudar a Madeira (Portugal), que sufrió corrimientos de tierra e inundaciones, así como a Francia, que sufrió inundaciones tras la tormenta Xynthia en febreo de 2010. Veo que la cantidad representa el 2,7 % de los 2 500 millones euros estimados de daños totales. Por supuesto, esta es una cantidad sustancias de financiación, pero dado que es una proporción relativamente pequeña del daño directo total (2,7 %), no puedo evitar preguntarme si la Unión Europea no debería usar este fondo para financiar una fuerza de protección europea que pudiera acudir de inmediato en ayuda de las víctimas de catástrofes a fin de hacer frente a situaciones peliagudas que están más allá de las capacidades de las fuerzas nacionales. Esta fuerza no sería demasiado cara porque, al principio entrañaría coordinar las fuerzas de protección civil nacionales existentes. Además, debería usarse para las misiones en el extranjero (como Haití).

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) Me complace la aprobación del informe que atribuye a Portugal 31 255 790 euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea tras la inundación que se produjo en Madeira el pasado febrero. Las lluvias torrenciales que cayeron sobre la isla de Madeira provocaron el caos y gravísimos daños materiales, con corrimientos de tierra, puentes derrumbados, carreteras cerradas y casas y coches arrastrados por las inundaciones.

En la tragedia que asestó un duro golpe a Madeira murieron 42 personas y desaparecieron 13. Hoy el Parlamento Europeo ha sido testigo aquí en Estrasburgo de una auténtica demostración de solidaridad europea, que es uno de los valores más importantes del proyecto europeo y que merece ser recalcado.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que, con respecto al presupuesto general de la Unión Europea para el año fiscal 2010, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea debería movilizarse para ofrecer la suma de 66 891 540 euros en créditos de compromiso y de pago a fin de hacer frente a la solicitud de Portugal para responder a una catástrofe causada por los corrimientos de tierra y la inundación en la isla de Madeira y también a la solicitud de Francia con respecto a una catástrofe causada por la tormenta Xynthia.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Por supuesto, acojo con agrado la movilización del Fondo de Solidaridad para ayudar a las víctimas de la tragedia que golpeó duramente a Madeira tras unas precipitaciones anormales. Felicito a mi colega diputado, el señor Teixeira, por sus esfuerzos competentes y continuos por concienciar a las instituciones europeas y establecer la base del apoyo necesario. Reitero mi firme creencia de que los procedimientos tienen que simplificarse para que pueda movilizarse el Fondo de Solidaridad con presteza en el futuro. La ayuda de emergencia que llega demasiado tarde empaña la imagen de eficacia de la Unión y menoscaba el sentimiento de solidaridad europea.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Portugal solicitó la asistencia del Fondo de Solidaridad después de que unas precipitaciones poco habituales y anormales en la isla de Madeira en febrero de 2010 provocaran corrimientos de tierra e inundaciones que causaron graves daños en las infraestructuras públicas y privadas, las empresas y la agricultura. Las autoridades portuguesas, junto con el gobierno regional de Madeira, estimaron que los daños totales directos ascendían a 1 080 millones de euros, una cantidad equivalente al 0,68 % de la renta nacional bruta de Portugal. La inundación causó daños considerables a muchos hogares, granjas, carreteras y redes de distribución de agua. La ayuda financiera desbloqueada por el fondo permitirá a las autoridades portuguesas, en especial al gobierno regional de Madeira, recuperar parte de los gastos en los que se incurrió al responder ante la situación de emergencia. He votado globalmente a favor de este informe por un sentido de responsabilidad y por un compromiso de evitar retrasos innecesarios a la hora de movilizar ayuda financiera para las regiones de Portugal y Francia que han sido golpeadas por las catástrofes naturales.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Diez meses después de que la tormenta Xynthia golpeara a la costa francesa y matara a 53 personas e hiriese a 80 personas y causara daños materiales sustanciales, el Parlamento ha aprobado una enmienda presupuestaria a fin de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea nada más y nada menos que por 35 600 millones de euros. Pero aparte del proceso de reconstrucción, ¿cuántas tragedias más tendrán que tener lugar antes de que tengamos por fin un enfoque comunitario para evitar las catástrofes naturales? Las catástrofes naturales y las provocadas por el ser humano se están convirtiendo en fenómenos cada vez más frecuentes: esa es la razón por la que debemos de asegurar que las medidas nacionales sean más efectivas y estén mejor coordinadas, y que las medidas europeas sean más flexibles. También deseo señalar que desde 2006 tenemos sobre la mesa un informe del señor Barnier sobre el establecimiento de una fuerza de reacción rápida para responder a los desastres naturales: ¿qué impide que lo aprobemos? ¿Qué impide que lo usemos?

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. (FR) Hoy he votado a favor de este informe, lo que significa que se puede movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea tras los daños causados por las graves inundaciones en Portugal y la tormenta Xynthia en 2010. Esto demuestra los fuertes lazos entre los Estados miembros de la Unión y pone de relieve la importancia de acudir en ayuda de las regiones afectadas por catástrofes naturales. Me congratulo de que se hayan liberado más de 35 millones de euros del Fondo de Solidaridad para reparar los considerables daños causados por Xynthia en algunas zonas costeras, principalmente en los departamentos de Charente-Maritime, Vendée y Côtes-d’Armor.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La Comisión propone movilizar el Fondo de Solidaridad para proporcionar la suma total de 66 891 540 euros a favor de Portugal y Francia: 31 255 790 euros para Portugal y 35 635 750 euros para Francia. Portugal pidió ayuda tras una tormenta en Madeira en febrero de 2010, que causó graves daños a infraestructuras públicas y privadas, empresas y explotaciones agrícolas. Francia, por su parte, solicitó la intervención del Fondo de Solidaridad tras la tormenta Xynthia, también en febrero de 2010, que afectó a una parte importante del país, causando 53 muertos y 80 heridos, además de graves daños a presas y diques, infraestructuras públicas y privadas, redes viarias y ferroviarias, explotaciones agrícolas y empresas.

Si bien estoy totalmente a favor de esta movilización, no solo debido a su importancia para la región autónoma de Madeira, debo manifestar mi decepción porque la ayuda solo haya estado disponible en diciembre, diez meses después de las catástrofes que afectaron a la costa francesa y la isla de Madeira. Tenemos que encontrar urgentemente maneras más rápidas de poner en marcha el procedimiento del Fondo de Solidaridad y debemos centrar nuestros esfuerzos en lograrlo

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nosotros, naturalmente, hemos votado a favor de este informe, que propone movilizar el Fondo de Solidaridad para hacer frente a los enormes daños producidos en la isla de Madeira tras la tormenta que sacudió la región en febrero de 2010. No obstante, nos gustaría reiterar algunas observaciones.

De conformidad con el Reglamento del Fondo de Solidaridad, «En caso de catástrofe grave, la Comunidad debe ser solidaria con la población de las regiones afectadas y aportarle una ayuda financiera para contribuir, cuanto antes, al restablecimiento de unas condiciones de vida normales en las regiones siniestradas». El Reglamento también estipula que este instrumento debe permitir a la Comunidad «actuar de manera urgente y eficaz para contribuir, lo antes posible, a sufragar la ayuda destinada a las necesidades inmediatas de la población y a la reconstrucción a corto plazo de las principales infraestructuras destruidas».

Sin embargo, las normas y procedimientos involucrados en la movilización del Fondo ya han demostrado que este principio de ayudar rápidamente a las poblaciones afectadas no se observa en la práctica. En este caso, la Cámara está votando la movilización del Fondo diez meses después de la catástrofe. Por ese motivo hemos argumentado —y lo volvemos a hacer ahora— que se deben adaptar las normas para la movilización de este Fondo a fin de permitir una movilización más flexible y oportuna y de reducir el tiempo que transcurre entre la catástrofe y el momento en que los fondos se ponen a disposición.

 
  
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  Estelle Grelier (S&D), por escrito. (FR) En mi opinión, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, al igual que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, es una de las herramientas presupuestarias que representan la máxima expresión práctica del valor «solidaridad» que los miembros del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo se esfuerzan por promover durante la elaboración de las políticas comunitarias. Los días 27 y 28 de febrero, la tormenta Xynthia causó 53 muertos y 80 heridos en los departamentos de Vendée y Charente-Maritime; fue una experiencia realmente traumática para la región y la nación, y diez meses después todavía se observa su impacto psicológico y económico. A partir de la sesión plenaria de marzo de 2010, el Parlamento adoptó medidas, aprobando por una gran mayoría una resolución que requiere la utilización del Fondo para prestar ayuda a las víctimas.

La votación de hoy, que confirma la liberación de 35,6 millones de euros para estos departamentos, así como 31,2 millones de euros para Portugal, afectada por las inundaciones que causó esta tormenta en Madeira, es un ejemplo del deseo común de mostrar una auténtica solidaridad entre los ciudadanos europeos. Esta es la Europa que queremos construir, una Europa cercana a sus ciudadanos, al tanto de los problemas que les afectan y capaz de abordarlos colectivamente.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo de Solidaridad europeo. De hecho, creo que el Fondo es una valiosa herramienta que permite a la Unión Europea mostrar su solidaridad con las poblaciones de las regiones afectadas por catástrofes naturales, proporcionándoles una ayuda financiera que garantice un rápido restablecimiento de las condiciones de vida normales. La votación de hoy se refiere a dos peticiones de asistencia. La primera fue realizada por Portugal, tras las lluvias torrenciales sobre la isla de Madeira que causaron corrimientos de tierras y graves inundaciones, así como daños a infraestructuras públicas y privadas, empresas y explotaciones agrícolas.

La segunda petición de movilización fue realizada por Francia tras la tormenta Xynthia, que causó la muerte de 53 personas e inundó vastas zonas, incluidas zonas residenciales, y causó graves daños a presas y diques, infraestructuras públicas y privadas, redes viarias y ferroviarias, explotaciones agrícolas y empresas. Por último, quisiera añadir que se han movilizado alrededor de 31 255 790 euros del Fondo para las inundaciones de Madeira y 35 635 750 euros para la tormenta Xynthia, por un importe total de 66 891 540 euros.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe que concede 31 millones de euros a Portugal y 35 millones de euros a Francia con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Es un gesto de apoyo importante tras las inundaciones y corrimientos de tierras en Portugal en el mes de febrero, y la destrucción causada por la tormenta Xynthia en la costa atlántica de Francia.

 
  
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  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. (FR) He votador a favor de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para las zonas afectadas por las inundaciones en Portugal y las regiones francesas afectadas por la tormenta Xynthia en febrero de 2010. Las regiones de la costa atlántica fueron las más afectadas; la tormenta inundó vastas zonas, incluidas zonas residenciales y causó graves daños humanos y materiales. La votación de hoy responde a la petición de las autoridades francesas para que estas regiones reciban, entre otras cosas, ayuda financiera europea a causa de una «catástrofe extraordinaria, principalmente de origen natural, que ha afectado a la mayoría de su población y ha tenido repercusiones graves en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región». De los daños directos ocasionados por la catástrofe estimados en 1 425,43 millones de euros, 35 635 750 euros serán abonados a Francia. La movilización del Fondo de Solidaridad es una manifestación práctica de una Europa que está próxima a sus ciudadanos, que es lo que ellos esperan. Las instituciones europeas deben seguir trabajando para establecer unas operaciones y procedimientos más rápidos, que se justificarán por la urgencia y la magnitud de los fenómenos naturales.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) La ayuda que la Unión Europea asigna a Portugal y Francia tras las tormentas de febrero de 2010 es una buena noticia, No obstante, es lamentable que la UE no actué tan rápidamente para ayudar a los ciudadanos perjudicados por las consecuencias del cambio climático como lo hace para sacar de apuros a los bancos.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La Unión Europea es un espacio de solidaridad, y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea forma parte del mismo. El apoyo del Fondo es crucial para ayudar a las zonas afectadas por catástrofes naturales, tales como las inundaciones en Madeira (Portugal) y la tormenta Xynthia en Francia. Tras comprobar que ambas solicitudes cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 2012/2002, la Comisión ha propuesto la movilización del Fondo de Solidaridad por un importe de 31 255 790 euros para Portugal (inundaciones en Madeira) y por un importe de 35 635 750 euros para Francia (tormenta Xynthia), lo que representa un total de 66 891 540 euros dentro del límite máximo de 1 000 millones de euros en créditos de compromiso y de pago. Tras comprobar que ambas solicitudes cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 2012/2002, la Comisión ha propuesto la movilización del Fondo de Solidaridad por un importe de 31 255 790 euros para Portugal (inundaciones en Madeira) y un importe de 35 635 750 euros para Francia (tormenta Xynthia), que ascienden a un total de 66 891 540 euros en créditos de compromiso y de pago a deducir del límite máximo de mil millones de euros. Sin embargo, quisiera resaltar el retraso en la movilización de este tipo de apoyo. El procedimiento debe racionalizarse y ser menos burocrático a fin de responder de manera más oportuna a futuras situaciones de catástrofe.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) Si bien he votado a favor de esta propuesta de concesión de la ayuda, considero que ésta es una medida analgésica y paliativa de las consecuencias del modelo capitalista y no supone ningún avance en la lucha contra la raíz de las causas de la crisis. Estoy de acuerdo con la movilización de recursos procedentes del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización a favor de los ciudadanos despedidos por los cambios estructurales en los modelos comerciales o como consecuencia directa de la actual crisis económica y financiera. Creo que los más de dos millones y medio de euros que se piden como asistencia y ayuda complementaria para los más de seiscientos despedidos del sector del comercio al por menor en los Países Bajos pueden ser útiles en el objetivo último de facilitar la reinserción laboral de estos trabajadores. Igualmente, he votado a favor convencido del carácter complementario de esta asistencia respecto a las ayudas por despido que recoge cada legislación nacional y convenio colectivo. Por ello, en ningún caso esta movilización de fondos procedentes del FEAG puede suplantar ni eludir las responsabilidades legales de gobiernos y empresas con los despedidos.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) En tales circunstancias, el apoyo es esencial para que todos los Estados miembros de la UE sientan que pertenecen a una familia unida. Sería mucho más rentable conceder los fondos de la Unión Europea a proyectos capaces de aliviar las consecuencias de las catástrofes naturales. Por ejemplo, la construcción de presas y estructuras de protección, e inversiones en información al público y medidas de advertencia. Considero que sería más útil desarrollar normas de construcción para las regiones de mayor riesgo. Si la Unión Europea simplemente proporciona fondos y no trabaja en la prevención de las catástrofes naturales, se pueden producir consecuencias más graves en el futuro.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Portugal solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad después de que unas lluvias torrenciales ocasionaran corrimientos de tierras y graves inundaciones en la isla de Madeira en febrero de 2010, causando daños a infraestructuras públicas y privadas, empresas y explotaciones agrícolas. Las autoridades portuguesas calculan que el coste total de los daños directos asciende a 1 080 millones de euros. Francia solicitó la ayuda del Fondo de Solidaridad después de que la mayor parte de Francia se viera asolada por la tormenta Xynthia en febrero de 2010, con la región de la costa atlántica, en particular Charente-Maritime y Vendée, siendo la más afectada. La tormenta se cobró 53 vidas y dejó casi 80 heridos. Las autoridades francesas calculan que el coste total de los daños directos causados por la catástrofe en la zona designada asciende a 1 425,43 millones de euros.

Tras comprobar que ambas solicitudes cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 2012/2002, la Comisión ha propuesto movilizar en torno a 31 255 790 euros del Fondo de Solidaridad para Portugal (inundaciones en Madeira) y 35 635 750 euros para Francia (tormenta Xynthia), que ascienden a un total de 66 891 540 euros. Como se cumplen todas las condiciones para la intervención, he votado a favor del informe con el fin de mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y los Estados afectados.

 
  
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  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. (FR) He apoyado la votación del Parlamento Europeo que hoy, martes 14 de diciembre de 2010, ha aprobado la liberación de 35,6 millones de euros para Francia, cuya costa atlántica se vio parcialmente devastada por la tormenta Xynthia en el mes de febrero. Este dinero se utilizará para financiar la rehabilitación de las infraestructuras dañadas por la catástrofe. Como diputada al Parlamento Europeo por una de las regiones más afectadas, celebro la asignación de estos fondos para reparar los daños causados por la tormenta: es un verdadero alivio para todos los departamentos franceses afectados. Esta movilización demuestra que la solidaridad no es una palabra hueca en lo que se refiere a la Unión Europea.

Para concluir, deseo señalar que la tormenta Xynthia de febrero de 2010 afectó a una gran parte de Francia, siendo los departamentos de Charente-Maritime y Vendée los más afectados, con 53 personas fallecidas y 80 heridos. Se calcula que los daños materiales ascienden a 1 425,43 millones de euros. En total se han liberado 35,6 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para reparar estos daños.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Según el informe Böge, se han puesto a disposición 66,9 millones de euros para combatir los efectos de las graves catástrofes naturales ocurridas en Francia y Portugal. Por lo tanto, voto a favor del informe.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que, con respecto al presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2010, se debe movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por un importe de 66 891 540 euros en créditos de compromiso y de pago para atender las solicitudes presentadas por:

- Portugal de movilización del Fondo en relación con una catástrofe causada por los corrimientos de tierras y las inundaciones en la isla de Madeira; y

- Francia para movilizar el Fondo como consecuencia de una catástrofe causada por la tormenta Xynthia.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Acojo con gran satisfacción este informe que contempla la asignación de 31 255 790 euros para que Portugal pueda hacer frente a los terribles daños causados por la catástrofe que asoló la isla de Madeira en febrero de 2010. A este respecto, debo señalar el importante compromiso demostrado por la delegación portuguesa del Partido Social Democrata, especialmente la labor desarrollada por el señor Teixeira, que ha sido decisiva para la obtención de este resultado.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La Comisión propone movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a favor de Portugal y Francia en virtud del apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI). El AI permite la movilización del Fondo de Solidaridad dentro del límite máximo anual de 1 000 millones de euros. En 2010, la Comisión sólo ha presentado, hasta la fecha, una propuesta de movilización del Fondo de Solidaridad: la de 24 de septiembre de 2010 para movilizar 13,02 millones de euros tras las graves inundaciones que se produjeron en Irlanda en noviembre de 2009 [COM(2010)0534]. Esta propuesta y el correspondiente proyecto de presupuesto rectificativo (PPR nº 8/2010) están aún en proceso de adopción por las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. Junto con esta propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad en favor de Portugal y Francia, la Comisión ha presentado un proyecto de presupuesto rectificativo (PPR nº 9/2010, de 13 octubre de 2010) con vista a consignar en el presupuesto 2010 los créditos de compromiso y de pago correspondientes, con arreglo al apartado 26 del AI.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El Fondo de Solidaridad se creó con el objetivo de demostrar la solidaridad de la Unión Europea con las poblaciones de las regiones afectadas por catástrofes naturales. En febrero de este año, la región de Madeira, de la que procedo, se vio afectada por una catástrofe que causó corrimientos de tierras e inundaciones. Tras esta tragedia, Portugal presentó una solicitud de movilización del Fondo de Solidaridad para hacer frente a los daños, especialmente la reparación de las infraestructuras y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Las autoridades francesas también presentaron una solicitud de movilización del Fondo tras la tormenta Xynthia. Los daños totales ocasionados por ambas catástrofes se han evaluado en 66 891 540 euros, y este importe se movilizará en cuanto se haya modificado el presupuesto rectificativo según se requiere para ponerlo a disposición de los destinatarios. Los efectos de la catástrofe de febrero se dejaron sentir inmediatamente y causaron extensos y graves daños a las infraestructuras públicas y privadas, las empresas y los cultivos. Sin embargo, a pesar de que los efectos de la tragedia que devastó la región fueron tan graves, la ayuda europea no estuvo disponible inmediatamente. Desde entonces han transcurrido diez meses. Al tiempo que apoyo la necesidad de que todo el procedimiento sea menos lento, voto a favor de la movilización del Fondo para las regiones afectadas y pido que se haga lo más rápidamente posible.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (S&D), por escrito. (FR) La aprobación en la sesión plenaria de hoy de una enmienda presupuestaria para movilizar alrededor de 35,6 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea tras una propuesta presentada por la Comisión es una buena noticia. Esta es la respuesta a la solicitud presentada por el Gobierno francés tras la tormenta Xynthia, que asoló la costa francesa los días 27 y 28 de febrero de 2010, dejando tras de sí 53 muertos y 80 heridos en los departamentos de Vendée y Charente-Maritime. El procedimiento es sin duda prolongado y requiere alguna mejora, pero me complace observar la forma en que se demuestra la solidaridad europea ante la tragedia que han experimentado las víctimas. Había escrito al Comisario Hahn en apoyo de la solicitud de ayuda del Gobierno francés, y él ha cumplido la promesa que me hizo durante su visita a La Rochelle a principios de marzo. Estos fondos representan algo más que la asistencia financiera tan necesaria, simbolizan los valores comunes compartidos por nuestro continente.

 
  
  

Informe: László Surján (A7-0341/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) En vista del dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional y la propuesta para reducir los créditos de pago de la partida «Proyectos en el ámbito de la energía destinados a contribuir a la recuperación económica: red europea de energía eólica marina» para ayudar a los países (Portugal y Francia) afectados por importantes catástrofes naturales a través del Fondo de Solidaridad, y teniendo también en cuenta que esta decisión establece los requisitos básicos para el funcionamiento del Fondo de Solidaridad, estoy de acuerdo con el informe.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Todos recordamos la tormenta Xynthia, que devastó la costa de la Vendée hace casi un año. Desde entonces se ha procedido a la reconstrucción de los lugares que quedaron totalmente destruidos por el agua. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es el instrumento ideal para apoyar los esfuerzos locales. Mediante la votación de este texto, he ayudado a liberar 35 635 750 euros, asignados no para compensar los daños sufridos por las personas particulares, sino para la rehabilitación de las infraestructuras. Creado tras las inundaciones de 2002 en Alemania, Austria, la República Checa y Francia, el Fondo de Solidaridad está destinado a ayudar a las regiones europea afectadas por catástrofes imprevisibles. Este texto también asigna un importe equivalente a las zonas afectadas por las recientes inundaciones en Portugal.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Naturalmente, acojo con satisfacción la movilización del Fondo de Solidaridad para ayudar a las víctimas de la tragedia que asoló Madeira tras las lluvias torrenciales. Felicito a mi colega, el señor Teixeira, por su capacidad y sus continuos esfuerzos para sensibilizar a las instituciones europeas y sentar las bases para el apoyo necesario. Reitero mi convencimiento de que es necesario simplificar los procedimientos para que el Fondo de Solidaridad se pueda movilizar más rápidamente en el futuro. La ayuda de emergencia que llega demasiado tarde empaña la imagen de eficacia de la Unión y socava el sentimiento de solidaridad entre europeos.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) El único propósito del proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010 es introducir formalmente el ajuste presupuestario derivado de la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en el presupuesto 2010. Ya he votado a favor de un proyecto de informe paralelo que recomienda la aprobación de la movilización del Fondo de Solidaridad para Portugal (inundaciones de Madeira) y Francia (tormenta Xynthia), y por lo tanto con el mismo sentido de responsabilidad voto a favor de este informe sobre el presupuesto rectificativo por un importe de 31 255 790 euros para Portugal y un importe de 35 635 750 euros para Francia, que ascienden a un total de 66 891 540 euros a deducir del límite máximo del Fondo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) A pesar de la importancia de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas, y muy especialmente en energía eólica, voto a favor de la reducción de los créditos de pago procedentes de la línea presupuestaria 06 04 14 03 para que los créditos de pago por un importe total de 66 891 540 euros puedan reasignarse a la línea presupuestaria 13 06 01 para cubrir las necesidades correspondientes relacionadas con la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Mientras votamos este proyecto de presupuesto rectificativo, que permitirá la movilización del Fondo de Solidaridad a favor de la población de Madeira y las regiones de Francia afectadas por la tormenta Xynthia —que, naturalmente, apoyamos— es importante resaltar algunos puntos, además de la demora en la movilización del Fondo que hemos mencionado anteriormente.

La Comisión cree que se han cumplido los criterios de admisibilidad para la movilización, especialmente en el caso de Madeira, con respecto al umbral de daños. Cabe destacar, no obstante, que la ayuda prestada ahora por la Unión solo cubrirá el 2,89 % de los daños totales causados por la catástrofe. Madeira es una región remota y, por lo tanto, debe asumir las limitaciones vinculadas a su situación. También intenta alcanzar los objetivos de convergencia (a pesar de los perjudiciales cambios en este ámbito desde la última ampliación). Por lo tanto, estas características particulares deben tomarse en consideración mediante un aumento de la ayuda para la región, bien procedente de este Fondo o a través de otras medidas.

En consecuencia, cuando se debatían las normas del Fondo, nosotros propusimos que se tomase en consideración la idea de aumentar la asistencia financiera para los países de cohesión y para las regiones de convergencia mediante la introducción de una dimensión cohesionadora indispensable en esta cuestión de prestar apoyo para compensar los daños causados por las catástrofes naturales. Esto también reduciría las disparidades entre las distintas regiones y Estados miembros de la Unión Europea.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito.(FR) En un momento en que nos enfrentamos cada vez con más frecuencia a catástrofes naturales en Europa, la Unión Europea debe ser capaz de prestar una ayuda adecuada a sus Estados miembros cuando uno de ellos se ve afectado por una catástrofe de esta naturaleza. En consecuencia, tras la tormenta Xynthia en marzo, que afectó a las zonas costeras de Charente-Maritime y Vendée, y las inundaciones que afectaron a la isla de Madeira en Portugal en febrero, es natural que apruebe la movilización del Fondo de Solidaridad Europeo para compensar los daños causados por estas catástrofes. En mi opinión, esta votación ilustra la solidaridad que existe entre las naciones europeas, y que, de hecho, debería existir también en muchas otras zonas.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito.(PL) Cuando nos enfrentamos a una catástrofe natural —y nos enfrentamos cada vez más a este tipo de catástrofes— es imperativo que la Unión Europea proporcione ayuda a los Estados miembros y las regiones que combaten los efectos duraderos de tales tragedias. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se creó precisamente con ese fin.

El Fondo permite conceder asistencia financiera a las víctimas de las zonas afectadas por «catástrofes graves de carácter natural», como la isla portuguesa de Madeira que fue asolada por unas inundaciones, o las regiones francesas devastadas por la tormenta Xynthia. Con las inundaciones de este año en Polonia y otras partes de Europa aún frescas en la memoria, estoy de acuerdo con la propuesta de conceder ayuda a los países que han sufrido, en solidaridad con los miles de ciudadanos de las regiones afectadas por unos cataclismos tan devastadores.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe que aprueba la transferencia de 66 millones de euros de la red europea de energía eólica marina al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a fin de ayudar a las víctimas de las inundaciones en Portugal y las tormentas en Francia.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Este proyecto de presupuesto rectificativo tiene sentido, teniendo en cuenta que la finalidad de los fondos movilizados a través del Fondo de Solidaridad es abordar los efectos de los corrimientos de tierras y las graves inundaciones que tuvieron lugar en la isla de Madeira, Portugal, y los efectos de la tormenta Xynthia en Francia. Tras comprobar que ambas solicitudes cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 2012/2002, la Comisión ha propuesto movilizar alrededor de 31 255 790 euros del Fondo de Solidaridad para Portugal (inundaciones en Madeira) y 35 635 750 euros para Francia (tormenta Xynthia), que ascienden a un total de 66 891 540 euros a deducir del límite máximo de mil millones de euros en créditos de compromiso y de pago. No obstante, deseo destacar la demora en la movilización de este tipo de ayudas. El procedimiento debe ser menos burocrático y más racional a fin de responder de manera más oportuna a futuras situaciones de catástrofe.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Un aumento del presupuesto en momentos de crisis financiera y económica debería, en principio, rechazarse. Sin embargo, en este caso se trata de un ajuste debido a los daños causados por la tormenta Xynthia en Francia y Portugal. La ayuda y asistencia mutuas en caso de catástrofes naturales son un indicio claro de una activa solidaridad europea y, por lo tanto, se apoyan y se acogen con satisfacción. Por este motivo he votado a favor del informe.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Según el informe, se debe garantizar que los fondos puestos a disposición de Portugal y Francia se utilicen para ayudar en la reconstrucción de las infraestructuras en ambos países, y que se utilicen como un «instrumento de refinanciación». Por lo tanto, he votado a favor del mismo. Es necesario ayudar a las poblaciones afectadas y mejorar sus condiciones de vida y la estabilidad económica de la región.

 
  
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  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito.(PL) Apoyo plenamente la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en respuesta a las catástrofes naturales de Francia y Portugal. Considero que el Fondo de Solidaridad es una de las vías más importantes para consolidar la identidad europea y un sentido de comunidad entre los ciudadanos de la UE. En 2010, Polonia fue uno de los países que se benefició del Fondo de Solidaridad, y encontró una respuesta positiva por parte de los medios de comunicación. Me gustaría subrayar la necesidad de sensibilizar al público con respecto al Fondo de Solidaridad y los efectos de su utilización.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que, con respecto al presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2010, se debe movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para proporcionar la suma de 66 891 540 euros en créditos de compromiso y de pago para atender las solicitudes presentadas por:

- Portugal para la movilización del Fondo en relación con una catástrofe causada por los corrimientos de tierras y las inundaciones en la isla de Madeira; y

- Francia para movilizar el Fondo como consecuencia de una catástrofe causada por la tormenta Xynthia.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Acojo con satisfacción este proyecto de presupuesto rectificativo que permite movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para proporcionar la suma de 66 891 540 euros en créditos de compromiso y de pago, de los cuales 31 255 790 euros se destinarán a atender la solicitud de ayuda presentada por Portugal tras los considerables daños causados por la tormenta que asoló la región autónoma de Madeira en febrero de 2010.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – De conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento Financiero, la Comisión puede presentar proyectos de presupuestos rectificativos si existen «circunstancias inevitables, excepcionales o imprevistas». Sobre este aspecto, y en relación con la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, la Comisión ha propuesto movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en favor de Portugal y Francia sobre la base del apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI). El AI permite la movilización del Fondo de Solidaridad dentro del límite máximo anual de 1 000 millones de euros. Las condiciones de admisibilidad del Fondo se detallan en el mismo así como en el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Es importante señalar que el objetivo del fondo no es compensar los daños sufridos por las personas particulares, sino rehabilitar las infraestructuras y que se trata de un instrumento de refinanciación. En 2010, la Comisión sólo ha presentado, hasta la fecha, una propuesta de movilización del Fondo de Solidaridad: la de 24 de septiembre de 2010 para movilizar 13,02 millones de euros tras las graves inundaciones que se produjeron en Irlanda en noviembre de 2009 [COM(2010)0534].

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El objetivo del documento del Parlamento Europeo es aprobar la posición del Consejo con respecto al proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010 con vistas a introducir los cambios necesarios para la movilización del Fondo de Solidaridad. Las catástrofes ocurridas en Madeira y Francia fueron calificadas por la Comisión como una «catástrofe grave de carácter natural» y una «catástrofe regional extraordinaria», respectivamente, y ambas solicitudes de movilización del Fondo por parte de las autoridades nacionales fueron aceptadas.

De conformidad con el Reglamento Financiero, la Comisión puede presentar proyectos de presupuestos rectificativos si existen «circunstancias inevitables, excepcionales o imprevistas». En este caso, la Comisión propone movilizar 31 255 790 euros del Fondo de Solidaridad para Portugal y 35 635 750 euros para Francia, sumando un total de 66 891 540 euros. Hoy estamos aprobando, en nombre de la solidaridad europea, la reasignación de los créditos de pago correspondientes de la línea 06 04 14 03: Proyectos en el ámbito de la energía para la recuperación económica - Red europea de energía eólica marina para la reparación de las infraestructuras y la reconstrucción de las zonas afectadas por las catástrofes.

Acojo con satisfacción la medida que se ha adoptado, aunque lamento la lentitud de todo el procedimiento para movilizar el Fondo, dado el alcance de la tragedia que ha devastado la región de la que procedo, la región autónoma de Madeira.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0336/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito.(FR) Sobre la base del informe realizado por mi excelente colega italiana, Barbara Matera, he votado a favor de la propuesta de Decisión relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por un importe de 2,2 millones de euros destinados a ayudar a Eslovenia, que afronta despidos en la industria textil. La fábrica en cuestión es Mura, European Fashion Design que ha despedido a 2 554 trabajadores. Me parece extraño que 583, o el 22,8 %, del total de 2 554 trabajadores despedidos tengan un problema de salud o una discapacidad de larga data. No estoy seguro de que cumplan los requisitos del FEAG. Cabe señalar que 1 114 de los 2 554 trabajadores despedidos «no han finalizado la educación primaria». Es legítimo cuestionar el nivel educativo de las personas contratadas y su idoneidad con respecto a las actuales normas industriales. Cuestiono la independencia de los funcionarios del Ministerio esloveno de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales que deben asumir el papel de autoridad de gestión y certificación para supervisar este gasto.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Al igual que las propuestas que presentara en la última sesión plenaria, las resoluciones de la señora Matera que promueven la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en seis casos concretos están totalmente justificadas. Este Fondo proporcionará asistencia a los empleados que sufren los efectos perjudiciales de la globalización en Eslovenia, Alemania, Polonia y España. Siempre he creído que la utilización de este Fondo es eficaz porque produce resultados concretos y satisface unas necesidades específicas y perfectamente identificables. Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sencillamente he votado a favor de la adopción de estas resoluciones.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que Eslovenia ha solicitado asistencia en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal y como la ha modificado el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y la deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio internacional, es importante que la economía europea sea capaz de introducir rápidamente políticas de asistencia para los trabajadores afectados por dichos cambios, y también dotarles de las capacidades que les permitan reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Por lo tanto, la ayuda financiera debe proporcionarse a título individual. También es importante subrayar que esta asistencia no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores. Dado que Eslovenia ha solicitado asistencia en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir, en la región NUTS 3 de Pomurje, y que el 7 % de todo el personal empleado en la región de Pomurje trabajaba para Mura, y dado que los ingresos de esa región venían siendo inferiores a la media eslovena, en términos generales, voto a favor de este informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Eslovenia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El número de veces que en los últimos meses esta Cámara ha aprobado la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial es, en mi opinión, altamente indicativa de la crisis que está atravesando Europa. El FEAG no es la respuesta a esta crisis, pero es una ayuda considerable y significativa. En este caso concreto, la ayuda tiene como finalidad abordar las consecuencias de 2 554 despidos en Mura, European Fashion Design, una empresa eslovena que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir. Este sector se ha visto particularmente afectado por los cambios estructurales del comercio mundial y es una víctima de las importaciones textiles a bajo precio.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. El plan de intervención de Eslovenia, en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir, se encuadra dentro del mismo marco. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las solicitudes para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se presentan un mes tras otro. Por lo tanto, en la actualidad tenemos ocho solicitudes más de cuatro Estados miembros: Eslovenia, Alemania, Polonia y España. Varios cientos de empresas más están cerrando en diversas industrias, desde la fabricación de automóviles al sector textil a través del comercio minorista. En total, más de 6 500 trabajadores (para ser exactos 6 592) han sido despedidos. Esto significa casi 10 000 trabajadores, si sumamos los que se debatieron en esta Cámara hace un mes.

Mientras aprobamos esta movilización, no puedo evitar reiterar que lo que se necesita es una clara ruptura con las políticas neoliberales que están causando el evidente desastre económico y financiero que se observa en los países de la Unión Europea. Sin duda las medidas paliativas son necesarias, pero lo que tenemos que abordar son las causas de este desastre.

Es cada vez más urgente poner en práctica la propuesta que planteamos durante el debate sobre el presupuesto 2011 de crear un programa europeo para el empleo y el desarrollo sostenible al que se asignaría el 1 % del producto interior bruto de la Unión Europea, complementado con fondos de los Estados miembros. El objetivo de este programa sería una convergencia real, la promoción del potencial de cada país, el uso sostenible de sus recursos, inversión en la producción y la creación de empleos con derechos.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para Eslovenia porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy se refiere a una solicitud de asistencia para 2 554 despidos en Mura, European Fashion Design que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir; que asciende a un total de 2 247 940 euros financiados por el FEAG. Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los 2 554 trabajadores despedidos de la empresa Mura, European Fashion Design, en Eslovenia. Espero que los 2,2 millones de euros ayuden a los trabajadores y a la región a recuperarse rápidamente de los cambios estructurales que están afrontando.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Me abstengo por respeto a los trabajadores del Grupo Mura, sacrificados en el altar de la globalización. En la situación a la que se han visto abocados como resultado de las políticas neoliberales defendidas por la Unión Europea, uno podría verse tentado votar en contra, teniendo en cuenta la cantidad irrisoria de la ayuda. Sin embargo, lo poco que se les da tal vez alivie su angustia. Pero esto no hace que la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, sea menos intolerable. Apoya el razonamiento que lleva a los fondos de inversión propietarios del Grupo y a los bancos que invierten en esos fondos a realizar beneficios a su costa.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de ella. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de la deslocalización que tiene lugar en el contexto de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se deslocaliza, aprovechando los costes laborales reducidos de varios países, sobre todo de China y la India, con efectos nocivos para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El objetivo del FEAG es asistir a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de las empresas y es fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. Otros países de la UE ya recurrieron al FEAG en el pasado, de ahí que ahora debamos asistir a Eslovenia, que ha solicitado asistencia en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) He votado a favor, al igual que en ocasiones anteriores relacionadas con la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Debemos apoyar a las personas que han perdido sus empleos y darles la oportunidad de aplicar su potencial en diferentes áreas. Es una auténtica vergüenza que, a pesar de haberle planteado personalmente al Primer Ministro de la República de Letonia la oportunidad de aprovechar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, Letonia nunca haya hecho uso del mismo, a pesar de que el 15 % de su población está desempleada. Al parecer es necesario enviar una indicación a la dirección de la Comisión Europea acerca de la inacción del poder en la República de Letonia. Más de 100 000 letones ya han abandonado su país natal y parece que su destino no es motivo de preocupación para el Gobierno de la República de Letonia.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La empresa textil eslovena Mura, European Fashion Design, ha despedido a 2 554 entre el 21 de octubre de 2009 y el 20 de febrero de 2010 como consecuencia de la crisis económica y financiera. Por lo tanto, Eslovenia solicita 2 247 940 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a fin de poder adoptar medidas para la rápida reinserción en el mercado de trabajo de los trabajadores afectados. He votado a favor del informe porque la movilización de los fondos está plenamente justificada.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Según el informe de la señora Matera, debemos apoyar la reinserción en el mercado de trabajo de los trabajadores eslovenos que han sido despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial. Creo que es algo positivo y, por lo tanto, he votado a favor.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que Eslovenia ha solicitado asistencia en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud presentada por Eslovenia para obtener ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir, durante el período de referencia, del 21 de octubre de 2009 al 20 de febrero de 2010, cumple todos los criterios de admisibilidad legalmente establecidos. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 y por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un período de cuatro meses, de al menos quinientos trabajadores de una empresa en un Estado miembro», como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0337/2010)

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que Alemania ha solicitado ayuda para casos que afectan a 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, tal y como la ha modificado el Parlamento. También estoy de acuerdo en que debe garantizarse que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoya la reinserción laboral de los trabajadores despedidos, y quisiera reiterar que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio internacional, es importante que la economía europea sea capaz de introducir rápidamente políticas de asistencia para los trabajadores afectados por dichos cambios, y también dotarles de las capacidades que les permitan reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Por lo tanto, la ayuda financiera debe proporcionarse a título individual. También es importante subrayar que esta asistencia no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores. Dado que Alemania ha solicitado ayuda para casos que afectan a 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas, en términos generales, voto a favor de este informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Alemania.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Hoy estamos aprobando un paquete de ayuda de 8 308 555 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a favor de Alemania, a fin de abordar las consecuencias de 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas. Como siempre he señalado, si bien esta asistencia es extremadamente importante para tratar los síntomas actuales, no es una solución definitiva para los problemas que afectan a las industrias europeas, que no solo residen en la crisis económica que estamos experimentando, sino también en la necesidad de que Europa se adapte a un mundo cambiante, un mundo en el que es esencial ser competitivos.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. Es en este contexto en el que se presenta este plan de intervención para Alemania, en relación con 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  Peter Jahr (PPE), por escrito.(DE) La decisión de hoy dará como resultado que los trabajadores de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG en Baden-Württemberg que están amenazados con despidos reciban en torno a 8 millones de euros en asistencia del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Estos fondos deben utilizarse para ayudar a esos trabajadores a encontrar nuevos empleos lo más rápidamente posible. Para mí es importante que estas personas reciban los fondos rápidamente y sin pérdidas significativas por una burocracia superflua. La ayuda se necesita ahora y no dentro de seis meses o de un año. La Unión Europea y los Estados miembros también deben esforzarse por hacer algo más que contrarrestar las consecuencias negativas de la globalización. La globalización es un proceso cuyo avance podemos y, desde luego, debemos controlar.

 
  
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  Wolf Klinz (ALDE), por escrito.(DE) Mi abstención en esta votación no solo se debe a la actitud escéptica del Partido Democrático Libre alemán con respecto al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, sino que también se basa en un posible conflicto de intereses como accionista de Heidelberger Druckmaschinen AG.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para Alemania porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy se refiere a una solicitud de ayuda, a raíz de 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas, que asciende a 8 308 555 euros financiados por el FEAG. Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial. Los 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas, entran exactamente en esta categoría y, por lo tanto, apoyo la movilización de 8 308 555 euros para ayudarles.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) Me abstengo por respeto a los trabajadores alemanes del Grupo Heidelberger Druckmaschinen, que han sido sacrificados en el altar de la globalización. En la situación en la que están inmersos como resultado de las políticas neoliberales promovidas por la Unión Europea, uno podría verse tentado votar en contra, teniendo en cuenta la cantidad irrisoria de la ayuda. Sin embargo, lo poco que se les da tal vez alivie su angustia. Pero esto no hace que la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, sea menos intolerable. Apoya el razonamiento que lleva a una empresa, un líder mundial en la fabricación de maquinaria de impresión, a deslocalizarse con el objetivo de incrementar sus beneficios.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de ella. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de la deslocalización que tiene lugar en el contexto de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se deslocaliza, aprovechando los costes laborales reducidos de varios países, sobre todo de China y la India, con efectos nocivos para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El objetivo del FEAG es asistir a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de las empresas y es fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. Otros países de la UE ya recurrieron al FEAG en el pasado, de ahí que ahora debamos asistir a Alemania, que ha solicitado ayuda en relación con 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Los efectos de la crisis económica aún se sienten en toda Europa. En Alemania, también algunas empresas siguen luchando para sobrevivir y están despidiendo a muchas personas. Entre el 26 enero de 2010 y el 26 de mayo de 2010, el fabricante de maquinaria de artes gráficas Druckmaschinen AG, con sede en Heidelberg, tuvo que despedir a 1 181 trabajadores como resultado de la crisis. La República Federal de Alemania ha solicitado, por tanto, 8 308 555 euros en concepto de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Voto a favor del informe, ya que se cumplen todos los criterios estipulados para la movilización de los fondos.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Apoyo la movilización del Fondo en relación con esta solicitud porque esta medida puede proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral. Por lo tanto he votado a favor del mismo.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que Alemania ha solicitado asistencia en relación con 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas propuestas al respecto por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presentada por Alemania para casos que afectan a 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas, durante el período de referencia, del 26 de enero al 26 de mayo de 2010, cumple todos los criterios de admisibilidad legalmente establecidos. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 y por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un período de cuatro meses, de al menos quinientos trabajadores de una empresa en un Estado miembro», como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito.(DE) Aparte de la solicitud de la empresa Heidelberger Druckmaschinen, he votado sin reservas a favor de todas las solicitudes para la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización que se han sometido a votación en el día de hoy, ya que apoyo la idea general del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y, en particular, el apoyo directo dado a las personas que, sin ninguna culpa por su parte, han perdido sus empleos como consecuencia de la globalización. No obstante, con respecto a la empresa antes mencionada, Heidelberger Druckmaschinen, me abstengo en la votación. En este caso tengo claras reservas. Es bien sabido que Heidelberger Druckmaschinen es una joya del sector alemán de la ingeniería mecánica. La empresa ha recogido excelentes beneficios durante muchos años.

Luego reconozco que han tenido dos o tres ejercicios financieros difíciles. Heidelberger Druckmaschinen ha reaccionado con el típico reflejo de las grandes empresas: redujo la dotación de personal en las zonas donde los salarios eran altos, en otras palabras, en Alemania, y al mismo tiempo invirtió y aumentó la dotación de personal en China, donde los salarios son bajos. Si durante ese proceso se realiza una solicitud para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, esto representa un ejemplo negativo de cómo una medida socialmente significativa y muy responsable de la Unión Europea es explotada por las empresas internacionales para eludir su responsabilidad social.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0359/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito.(FR) Sobre la base del informe de mi colega italiana, Barbara Matera, he votado a favor de la propuesta de decisión sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por un importe de 0,6 millones de euros de ayuda para Polonia, que afronta despidos en el sector del automóvil. Se han producido 590 despidos en dos empresas de la industria automovilística. Apoyo el hecho de que esta ayuda esté siendo gestionada y controlada por los organismos responsables del Fondo Social Europeo (FSE) en Polonia, limitando así los costes de supervisión a apenas 2 000 euros. Al igual que la señora Matera, felicito a la Comisión por el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, haya propuesto una fuente alternativa de dotaciones de pago distintas a los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) no utilizados. No obstante, lamento que para poder movilizar el FEAG a favor de este caso, se hayan reasignado créditos de pago de una línea presupuestaria destinada a apoyar a las PYME y la innovación. Debemos deplorar los defectos de la Comisión a la hora de poner en práctica programas de competitividad e innovación, especialmente durante una crisis económica que es probable que incremente significativamente la necesidad de asistencia.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que Polonia ha solicitado ayuda en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal y como la ha modificado el Parlamento. También estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, en relación con la movilización del FEAG, de establecer una fuente alternativa de dotaciones de pago distintas a los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) no utilizados, tras los frecuentes recordatorios del Parlamento de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y la deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio internacional, es importante que la economía europea sea capaz de introducir rápidamente políticas de asistencia para los trabajadores afectados por dichos cambios, y también dotarles de nuevas capacidades que les permitan reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Por lo tanto, la ayuda financiera debe proporcionarse a título individual. También es importante subrayar que esta asistencia no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores. Dado que Polonia ha solicitado ayuda en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia, voto a favor de este informe o, en otras palabras, a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Polonia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La crisis económica y financiera que estamos atravesando, combinada con los constantes cambios en el mercado de trabajo causados por los cambios estructurales en el comercio mundial, han producido incontables víctimas del desempleo, que, en mucho casos, es de larga duración. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para responder a situaciones como esta. En este caso en particular, estamos hablando de la movilización de más de 600 000 euros a favor de Polonia para proporcionar apoyo a los 613 empleados despedidos de dos empresas dedicadas a la fabricación de vehículos a motor entre el 1 de marzo de 2009 y el 30 de noviembre de 2009. Puesto que la Comisión ha evaluado esta solicitud y considera que es adecuada y que cumple los requisitos establecidos, y además recomienda que se apruebe la solicitud, he votado a favor.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. Es en este contexto en el que Polonia ha solicitado ayuda en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para Polonia porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La solicitud de asistencia afecta a 1 104 trabajadores (de los cuales se seleccionaron 590 como destinatarios de la ayuda) que fueron despedidos por dos empresas clasificadas en la NACE REV 2 División 29 (Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques), y asciende a la suma de 633 077 euros financiada por el FEAG. Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – La Comisión ha propuesto conceder 633 077 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 1 104 trabajadores despedidos en Polonia por dos empresas dedicadas a la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. He votado a favor de esta propuesta.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Me abstengo por consideración a los trabajadores de la industria automovilística polaca, sacrificados en el altar de la globalización. En la situación en la que están inmersos como resultado de las políticas neoliberales promovidas por la Unión Europea, uno podría verse tentado votar en contra, teniendo en cuenta la cantidad irrisoria de la ayuda. Sin embargo, lo poco que se les da tal vez alivie su angustia. Pero esto no hace que la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, sea menos intolerable. Respalda los motivos que llevan a empresas como SEWS y Leoni Atokabel a reubicarse sin rubor alguno con el fin de incrementar sus beneficios.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de ella. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de la deslocalización que tiene lugar en el contexto de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se deslocaliza, aprovechando los costes laborales reducidos de varios países, sobre todo de China y la India, con efectos nocivos para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El objetivo del FEAG es asistir a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de las empresas y es fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. Otros países de la UE ya recurrieron al FEAG en el pasado, de ahí que ahora debamos asistir a Polonia, que ha solicitado ayuda en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Con el fin de evitar un aumento significativo del nivel de desempleo como consecuencia de la crisis económica y financiera, los Estados miembros de la UE necesitan fondos para aplicar rápidamente unas medidas políticas eficaces. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización permite disponer de una cantidad anual de 500 000 millones de euros para este fin. Si más de 500 trabajadores son despedidos durante un período concreto de una o más empresas, se puede presentar una solicitud para la movilización de fondos. Voto a favor del informe ya que la ayuda que asciende a 633 077 euros para 1 104 trabajadores polacos despedidos de empresas clasificadas en la NACE REV 2 División 29 está plenamente justificada.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) He votado a favor del informe porque se refiere a unas medidas destinadas a ayudar a los trabajadores que sufren como resultado de la crisis económica y sus consecuencias.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que Polonia ha solicitado asistencia en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas propuestas al respecto por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presentada por Polonia en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia cumple todos los criterios de admisibilidad legalmente establecidos. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 y por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II» como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0358/2010)

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de la ayuda a Aragón. Esta comunidad autónoma tiene una densidad de población inferior a la media de la UE (112 habitantes por km cuadrado); su economía tradicional es el cultivo de cereales y la cría de ganado ovino; su comercio al por menor ha sufrido 1 154 despidos de 593 empresas en un periodo de nueve meses; su desempleo en el sector servicios en febrero de 2010 representaba un 56 %, con un 73 % de mujeres; el 73,9 % de los trabajadores despedidos eran vendedores de tiendas y mercados; el 14,4 % ocupaba empleos no cualificados. Hay que lamentar que se empezaran a adoptar medidas de manera tardía, once meses después de los primeros despidos.

Sería interesante analizar cuál es el resultado de las medidas de asistencia temporal y extraordinaria en favor de los despedidos que se adoptarán para su reintegración en el mundo laboral. Pero debe quedar claro que estas acciones no deben sustituir a las que estén obligadas a adoptar las empresas sobre la base de la legislación nacional o de los convenios colectivos.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que España ha presentado una solicitud de asistencia a raíz de un despido de 1 154 trabajadores en 593 empresas cuya actividad corresponde a la División 47 de la NACE Rev 2 (Comercio al por menor, excepto de vehículos a motor y motocicletas) en la región NUTS 2 de Aragón, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal y como la ha modificado el Parlamento. el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y la deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio internacional, es esencial que la economía europea sea capaz de introducir rápidamente instrumentos diseñados para ayudar a los trabajadores afectados de este modo y proporcionarles nuevas capacidades que les permitan reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Por lo tanto, la ayuda financiera debe proporcionarse a título individual. También es importante subrayar que esta asistencia no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores. Dado que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 1 154 despidos que se han producido en 593 empresas cuya actividad corresponde a la división 47 («Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Aragón, en términos generales, voto a favor de este informe o, en otras palabras, a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para España.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La crisis financiera y económica que estamos atravesando, combinada con los constantes cambios en el mercado de trabajo causados por los cambios estructurales en el comercio mundial, han producido incontables víctimas del desempleo, que, en mucho casos, es de larga duración. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización fue creado para responder a situaciones como esta. En este caso concreto estamos hablando de la movilización de más de 1,5 millones de euros en concepto de ayuda a España a raíz de 1 154 despidos en 593 empresas del sector minorista entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de febrero de 2010. Puesto que la Comisión ha evaluado esta solicitud y considera que es adecuada y que cumple los requisitos establecidos, y como recomienda que se apruebe la solicitud, he votado a favor.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. El plan de intervención de España, en relación con el caso de 1 154 despidos que se han producido en 593 empresas cuya actividad corresponde a la división 47 («Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Aragón, se encuadra dentro del mismo marco. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) a favor de España porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La solicitud de ayuda de hoy se refiere al despido de 1 154 trabajadores en 593 empresas cuya actividad corresponde a la División 47 de la NACE Rev 2 (Comercio al por menor, excepto de vehículos a motor y motocicletas), y asciende a la suma de 1 560 000 euros financiados por el FEAG. Por último, deseo subrayar la importancia del FEAG, que demuestra que es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – El alcance de la recesión mundial se pone de manifiesto a través de esta solicitud de España para movilizar 1 560 000 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización con el fin de proporcionar apoyo a 1 154 personas despedidas en 593 empresas minoristas diferentes durante un período de nueve meses. He apoyado esta solicitud.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de ella. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de la deslocalización que tiene lugar en el contexto de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se deslocaliza, aprovechando los costes laborales reducidos de varios países, sobre todo de China y la India, con efectos nocivos para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El objetivo del FEAG es asistir a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de las empresas y es fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. Otros países de la UE ya recurrieron al FEAG en el pasado, de ahí que ahora debamos asistir a España en relación con el caso de 1 154 despidos que se han producido en 593 empresas cuya actividad corresponde a la división 47 («Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Aragón.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Se han producido 1 154 despidos que afectan a 593 empresas españolas cuya actividad corresponde a la división 47 de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Aragón. La crisis económica y financiera ha provocado un drástico descenso de las ventas en el sector minorista. Esta situación tiene graves consecuencias, especialmente en la región de Aragón, cuya densidad de población es inferior a la media de la Unión Europea. Se teme una nueva migración de esta región que, antes de la crisis, experimentaba una ligera mejora. Voto a favor del informe ya que es necesario adoptar medidas inmediatas para responder a los mayores niveles de desempleo, en particular en las regiones pequeñas con economías en dificultades.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Puesto que se trata de prestar un apoyo adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial asignándoles unos fondos complementarios para su reintegración en el mercado de trabajo, he votado a favor.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que España ha presentado asistencia en relación al despido de 1 154 trabajadores en 593 empresas cuya actividad corresponde a la División 47 de la NACE Rev 2 (Comercio al por menor, excepto de vehículos a motor y motocicletas), en la región NUTS 2 de Aragón, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas propuestas al respecto por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud de intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presentada por España a raíz del despido de 1 154 trabajadores en 593 empresas cuya actividad corresponde a la División 47 de la NACE Rev 2 (Comercio al por menor, excepto de vehículos a motor y motocicletas), en la región NUTS 2 de Aragón cumple todos los criterios de admisibilidad legalmente establecidos. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 y por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II» como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0357/2010)

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de la ayuda del fondo de adaptación a Valencia porque, como consecuencia de los cambios estructurales en el comercio mundial y la crisis financiera, se han producido de manera inesperada 544 despidos en 143 empresas entre el 13 de abril del 2009 y el 12 de enero del 2010 en la industria textil de Valencia, despidos que han tenido un gran impacto a nivel local. El 61,7 % de los despedidos son hombres y el 22 %, mayores de 55 años; el 79,9 % de ellos solo tienen educación básica y 4 de ellos son discapacitados.

Creo que la formación que se les dará en los catorce meses de prácticas remuneradas a tiempo parcial mejorará su cualificación profesional para poder incorporarse al mercado laboral. Como en el caso anterior, hay que lamentar que las medidas se hayan aplicado tarde, un año y dos meses después de los primeros despidos.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que España ha presentado una solicitud de ayuda en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal y como la ha modificado el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre la solicitud, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y la deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales que se han producido en el comercio internacional, es importante que la economía europea sea capaz de introducir rápidamente políticas de asistencia para los trabajadores afectados por dichos cambios, y también dotarles de nuevas capacidades que les permitan reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Por lo tanto, la ayuda financiera debe proporcionarse a título individual. También es importante subrayar que esta asistencia no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores. Dado que España ha presentado una solicitud de ayuda en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana, en términos generales, voto a favor de este informe o, en otras palabras, a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para España.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La crisis económica y financiera que estamos atravesando, combinada con los constantes cambios en el mercado de trabajo causados por los cambios estructurales en el comercio mundial, han producido incontables víctimas del desempleo, que, en mucho casos, es de larga duración. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para responder a situaciones como esta. En este caso concreto estamos hablando de la movilización de más de 2 millones de euros a favor de España en relación con 544 despidos en 143 empresas entre el 13 de abril del 2009 y el 12 de enero del 2010 en la industria textil de Valencia. Puesto que la Comisión ha evaluado esta solicitud y considera que es adecuada y que cumple los requisitos establecidos, y como recomienda que se apruebe la solicitud, he votado a favor.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. El plan de intervención de España en relación con el caso de 350 despidos que se han producido en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 (Comunidad Valenciana) se encuadra dentro del mismo marco. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para España porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La solicitud de ayuda de hoy se refiere a 544 despidos (de los cuales de los cuales 350 eran los destinatarios de la ayuda 350) que tuvieron lugar en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2 y asciende a la suma de 2 059 466 euros financiados por el FEAG. Para concluir, me congratulo de la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Actualmente la industria textil atraviesa una época difícil en toda Europa. La Comisión propone movilizar 1 422 850 en concepto de ayuda para los 528 trabajadores despedidos de 33 empresas del sector en España. He votado a favor.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de ella. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de la deslocalización que tiene lugar en el contexto de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se deslocaliza, aprovechando los costes laborales reducidos de varios países, sobre todo de China y la India, con efectos nocivos para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El objetivo del FEAG es asistir a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de las empresas y es fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. Otros países de la UE ya recurrieron al FEAG en el pasado, de ahí que ahora debamos asistir a España, que ha solicitado ayuda en relación con el caso de 350 despidos que se han producido en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 (Comunidad Valenciana).

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Entre el 13 de abril de 2009 y el 12 de enero de 2010, 544 trabajadores españoles han sido despedidos de 143 empresas 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil»). Para poder proporcionar asistencia a 350 de ellos, España ha solicitado la movilización de 2 059 466 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Voto a favor del informe puesto que se cumplen plenamente los criterios para la movilización del Fondo.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Dado que la proporción de pequeñas y medianas empresas especializadas principalmente en la fabricación de muebles, calzado, textiles, cerámicas y juguetes es muy elevada en la Comunidad Valenciana y el sector servicios representa el 60 % del empleo total en esta región, este sector en particular se ha visto seriamente afectado por el elevado número de despidos en los dos últimos años y ha producido un gran efecto a nivel local. Por lo tanto es especialmente importante que reforcemos y sigamos apoyando a la industria textil. Por lo tanto, voto a favor de esta solicitud.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que España ha solicitado asistencia en relación con el caso de 350 despidos que se han producido en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 (Comunidad Valenciana), he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas propuestas al respecto por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud de intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presentada por España se refiere a 544 despidos (de los cuales de los cuales 350 eran los destinatarios de la ayuda 350) en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 (Comunidad Valenciana). De conformidad con la evaluación de la Comisión, esta solicitud cumple todos los requisitos legalmente establecidos. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 y por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II» como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0356/2010)

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta iniciativa para que 330 personas de las 528 a las que se despidió en el plazo de nueve meses en 66 empresas de Valencia del sector dedicado al tratamiento de la piedra natural puedan recibir ayuda adicional para hacer posible su reincorporación al mercado laboral. De ellas, el 62 % son mayores de 45 años, tres sufren discapacidad, el 51 % carecen de formación y el 34,4 % solo tienen educación básica.

Esta comunidad ha recibido otras ayudas por pérdidas de empleo en el sector manufacturero. Por ello, debe adoptar otras medidas de manera urgente. La movilización del FEAG solo puede ser una parte de estas medidas. Y para finalizar, debo lamentar una vez más que las medidas por parte del Estado Español se hayan aplicado con tanta demora: un año y tres meses después de los despidos, cuando este tipo de medidas hay que aplicarlas de manera inmediata y urgente.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Dado que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 300 despidos que se han producido en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») de la NACE, revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal y como la ha modificado el Parlamento. También estoy de acuerdo en que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y la deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio internacional, es importante que la economía europea introduzca rápidamente los instrumentos necesarios para ayudar a los trabajadores afectados por dichos cambios, y también para dotarles de las capacidades que les permitan reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Sobre esta base, la ayuda financiera debe proporcionarse a título individual. También es importante subrayar que esta asistencia no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni debería financiar la reestructuración de empresas o sectores. Dado que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 300 despidos que se han producido en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») de la NACE, revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana, en términos generales, voto a favor de este informe o, dicho de otro modo, a favor de movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a España.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Hoy estamos aprobando la movilización de un paquete de ayuda por un total de 1 422 850 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a favor de España, una país seriamente afectado por la crisis económica mundial y que, en particular, presenta una tasa de desempleo por encima de la media europea. En este caso concreto, la ayuda se refiere a 528 despidos que se han producido en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos»). Espero que la economía española pueda responder adecuadamente a la crisis, ya que la movilización de esta ayuda solo es una parte de esa respuesta.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Ante el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido una incidencia particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia crucial en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, proporciona nuevos recursos para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. Es en este contexto en el que se ha diseñado este plan de intervención para España, un plan elaborado en relación con 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») en la región NUTS II de la Comunidad Valenciana. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas redoblen sus esfuerzos en la aplicación de medidas que aceleren y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que actualmente cuenta con niveles muy bajos de movilización. Este año, solo se solicitó el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) a favor de España porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy se refiere a la solicitud de ayuda a raíz de 528 despidos (de los cuales 300 eran los destinatarios de la ayuda del Fondo) en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») de la NACE, revisión 2, asciende a la suma de 1 422 850 euros financiados por el FEAG.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Esta solicitud se refiere a la movilización de un importe total de 1 422 850 euros con cargo al FEAG a favor de España. Afecta a 528 despidos en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 de la NACE, revisión 2, concretamente «Fabricación de otros productos minerales no metálicos», durante el período de referencia de nueve meses, entre el 31 de marzo y el 30 de diciembre de 2009. La evaluación de la Comisión se basa en el análisis del vínculo existente entre los despidos y los grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial o la crisis financiera; la naturaleza imprevista de los despidos; un número, debidamente acreditado, de personas despedidas y cumplimiento de los criterios del artículo 2, letra a); explicación del carácter imprevisto de los despidos; identificación de las empresas en las que se produjeron los despidos y de los trabajadores destinatarios de la ayuda, territorio afectado y sus autoridades y partes interesadas; efectos esperados de los despidos en el empleo local, regional o nacional; conjunto coordinado de servicios personalizados que van a financiarse, incluida su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; las fechas en las que comenzaron o se prevé que comiencen los servicios personalizados para los trabajadores afectados; procedimientos de consulta de los interlocutores sociales, sistemas de gestión y control. De conformidad con la evaluación de la Comisión, la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento del FEAG y por lo ello he dado mi apoyo.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) Me abstengo por consideración a los trabajadores españoles de empresas como Levantina, sacrificados en el altar de la globalización. En la situación en la que están inmersos como resultado de las políticas neoliberales promovidas por la Unión Europea, uno podría verse tentado votar en contra, teniendo en cuenta la cantidad irrisoria de la ayuda. Sin embargo, lo poco que se les da tal vez alivie su angustia. Pero esto no hace que la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, sea menos intolerable. Respalda los motivos que hacen que los Fondos Charterhouse e Impala aumenten su capital a costa de los trabajadores de Levantina en la Comunidad Valenciana.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de ella. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de la deslocalización que tiene lugar en el contexto de la globalización. Un número cada vez mayor de empresas se deslocaliza, aprovechando los costes laborales reducidos de varios países, sobre todo de China y la India, con efectos nocivos para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El objetivo del FEAG es asistir a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de las empresas y es fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. Otros países de la UE ya recurrieron al FEAG en el pasado, de ahí que ahora debamos asistir a España que ha presentado una solicitud de asistencia en relación con 300 trabajadores que han sido despedidos de 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») de la NACE, revisión 2 en la región NUTS II de la Comunidad Valenciana.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) El límite máximo anual para la movilización de fondos a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es de 500 millones de euros. Como entre el 31 de marzo de 2009 y el 30 de diciembre de 2009 se produjeron 528 despidos en 66 empresas españolas, la movilización de fondos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización asciende a 1 422 850 euros no resulta sorprendente. Voto a favor del informe, ya que siempre es bien acogida la plena utilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Apoyo esta solicitud, que intenta amortiguar los efectos de los numerosos despidos en este sector y ayudar a la reinserción en el mercado de trabajo de los trabajadores que han sido despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que España ha solicitado ayuda en relación con 300 despidos en 66 empresas, cuya actividad está clasificada en la división 23 (fabricación de otros productos minerales no metálicos) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de la Comunidad Valenciana, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas propuestas al respecto por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud presentada por España para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación a 300 de los 528 despidos en 66 empresas que operan en la división 23 (fabricación de otros productos minerales no metálicos) de la NACE 2, en la región NUTS II de la Comunidad Valenciana, cumple todos los criterios de elegibilidad que establece la ley. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el ámbito de aplicación del FEAG se amplió temporalmente: la intervención pasó a estar prevista en situaciones como esta, en las que, como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial, haya «por lo menos 500 despidos durante un período de nueve meses, en particular en pequeñas o medianas empresas, en una división 2 de la NACE de una región o dos regiones contiguas de nivel NUTS II». Por ello he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0351/2010)

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) La crisis ha provocado un descenso del 28 % en las matriculaciones de vehículos. En Terres de l'Ebre (Cataluña), el empleo en el sector servicios es del 60 %. El cierre de Lear Automotive ha provocado un aumento del 4 % en la tasa de desempleo de esta comarca, que, en el año 2009, ascendía al 22,7 %.

Con esta ayuda se pretende proporcionar un paquete de servicios personalizados similar a otras ayudas concedidas en la misma región, y al mismo sector, en otro expediente que cubría 1 429 de los 2 330 despidos. Este expediente se aplicará a 508 de los 515 despidos registrados en un período de cuatro meses del año 2010 debido al cierre de la empresa Lear Automotive. He votado a favor de esta iniciativa para que su aplicación permita la reincorporación al mundo laboral de las personas afectadas y contribuya a reducir el paro.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que España ha solicitado ayuda para 508 despidos en Lear Automotive (EEDS) Spain, SL Sociedad Unipersonal, una empresa que opera en el sector de la automoción, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión en su versión modificada por el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la propuesta de la Comisión, en su exposición de motivos, debería incluir información clara y detallada sobre la aplicación, analizando los criterios de elegibilidad y explicando las razones que han llevado a su aprobación, de conformidad con las peticiones formuladas por el Parlamento.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha con rapidez y eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio mundial, es vital que la economía europea sea capaz de desplegar rápidamente los instrumentos diseñados para apoyar a los trabajadores afectados por estas circunstancias, y para proporcionarles una nueva capacitación que favorezca su rápida integración en el mercado laboral. La asistencia financiera debería facilitarse, por tanto, siempre a título individual. También es importante resaltar que esta ayuda no sustituye las responsabilidades que normalmente corresponden a las empresas, ni tiene la intención de financiar y reestructurar las empresas. Teniendo en cuenta que España ha solicitado asistencia en relación con 508 despidos en Lear Automotive (EEDS), una compañía que opera en el sector de la automoción en la región de Cataluña, voto en general a favor de este informe o, en otras palabras, a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para España.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Estamos aquí de nuevo hoy para aprobar la movilización de un paquete de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por un total de 382 000 euros para apoyar a la industria automovilística española. En este caso particular, la asistencia se refiere a los 515 puestos de trabajo que se han perdido en Lear Automotive (EEDS) Spain, SL Sociedad Unipersonal, empresa que opera en el sector de la automoción en Cataluña. Antes de la crisis, el sector de la automoción era la fuente más importante de las exportaciones de España. Sin embargo, la reducción de la demanda de estos productos en la Unión Europea como consecuencia de la crisis amenaza con provocar aún más pérdidas de empleos, no solo en España sino en toda la Unión, y, en consecuencia, es importante que el recurso al FEAG pueda ayudar de forma efectiva a un sector tan importante para la economía europea.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reinserción social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, potencia nuevos recursos cualificados para satisfacer las necesidades de las empresas y dinamizar la economía. Es en este contexto donde se ha diseñado este plan de intervención para España, un plan que proporcionará ayudas a los 508 trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo en Lear Automotive (EEDS) Spain, SL Sociedad Unipersonal, una compañía que opera en el sector de la automoción. Espero, por consiguiente, que las instituciones europeas consoliden los esfuerzos para poner en práctica medidas destinadas a acelerar y mejorar el nivel de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que cuenta en la actualidad con muy bajos niveles de movilización. Este año, solo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de España porque considero que este instrumento va a ser un recurso valioso para el apoyo a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de contribuir a su reinserción en el mercado laboral.

El informe aprobado hoy tenía relación con una solicitud de asistencia para 515 despidos (de los cuales 508 han sido objeto de ayuda del Fondo) en Lear Automotive (EEDS) Spain, una empresa que opera en el sector de la automoción en Cataluña, y por un importe total de 382 000 euros financiados por el Fondo. Para concluir, acojo con agrado la aprobación del informe, lo que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo resultante de la globalización y la crisis económica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – La crisis económica en el sector de la automoción ha llevado a 515 despidos en la empresa Lear Automotive (España). Estoy a favor de la propuesta de movilizar 382 000 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los afectados.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) Me abstengo por consideración a los trabajadores españoles de Lear Automotive, que han sido sacrificados en el altar de la globalización. En la situación a la que se ven arrastrados como consecuencia de las políticas neoliberales preconizadas por la Unión Europea, uno podría estar inclinado a votar en contra, dada la limosna lamentable de este folleto. No obstante, lo poco que se va a entregar puede ayudar a aliviar su sufrimiento. Pero ello no hace que la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización sea menos insoportable. Avala la lógica que ha llevado a esta multinacional de EE.UU. y a sus principales accionistas, Pezna Investment Management y el fondo de pensiones de los profesores de California, a deslocalizar sin ningún tipo de consideración hacia aquellos que les hicieron ricos.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es una parte de ello. Esta ayuda es esencial para auxiliar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en una era de globalización. Un número cada vez mayor de empresas está deslocalizándose, aprovechándose de los costes laborales reducidos en una serie de países, en particular China y la India, con un efecto perjudicial en los países que respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de empresas que se deslocalizan y es crucial para facilitar el acceso a nuevos puestos de trabajo. El FEAG ha sido ya utilizado en el pasado por otros países de la UE, por lo que ahora debería concederse esta ayuda a España, que ha solicitado asistencia en relación con los 508 despidos en Lear Automotive (EEDS) Spain, SL Sociedad Unipersonal, una empresa que opera en el sector de la automoción en Cataluña.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Con el fin de poder solicitar los medios del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y para que la solicitud sea posteriormente aprobada, hay una serie de criterios claramente definidos que es necesario cumplir. Se pretende ayudar a trabajadores que han sido despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial mediante el establecimiento de medidas que garanticen su rápida reinserción en el mercado de trabajo. El fondo proporciona una cantidad anual de 500 millones de euros para estos casos. Sin embargo, la empresa en cuestión tiene que haber realizado al menos 500 despidos, como ocurre en la empresa española Lear Automotive, que reúne todos los criterios, para que España pueda solicitar fondos. Voto a favor del informe, ya que para esto precisamente están destinadas las ayudas del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que España ha solicitado asistencia en relación con 508 despidos en Lear Automotive (EEDS) Spain, SL Sociedad Unipersonal, una empresa que opera en el sector de la automoción, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y las enmiendas respectivas presentadas por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud presentada por España para obtener ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con 508 despidos en Lear Automotive (EEDS) Spain, SL Sociedad Unipersonal, compañía que opera en el sector de la automoción, cumple todos los criterios de elegibilidad que establece la ley. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el que se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplia temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un periodo de cuatro meses, de al menos 500 trabajadores de una empresa en un Estado miembro», como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0352/2010)

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que Polonia ha solicitado ayuda en relación con 189 despidos en H. Cegielski-Poznań y en cuatro de sus proveedores, todos ellos operando en el sector de motores diesel marinos, he votado a favor de la resolución, ya que estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión junto con las respectivas enmiendas introducidas por el Parlamento. Asimismo, estoy de acuerdo en que deberíamos garantizar que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) apoye la reintegración al mundo laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y quiero reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) La ayuda a los trabajadores despedidos debido a la reestructuración y deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda ponerse en marcha con rapidez y eficacia. En vista de los cambios estructurales en el comercio mundial, es vital que la economía europea sea capaz de desplegar rápidamente los instrumentos diseñados para apoyar a los trabajadores afectados por estas circunstancias, y para proporcionarles una nueva capacitación que favorezca su rápida integración en el mercado laboral. La asistencia financiera debería facilitarse, por tanto, siempre a título individual. También es importante resaltar que esta ayuda no sustituye las responsabilidades que normalmente corresponden a las empresas, ni tiene la intención de financiar y reestructurar las empresas. Teniendo en cuenta que Polonia ha solicitado asistencia en relación con 189 casos de despido en H. Cegielski-Poznań, un fabricante de motores diesel utilizados en buques y centrales eléctricas, y para cuatro de sus proveedores, voto en general a favor de este informe o, dicho de otra manera, a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para apoyar a Polonia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE) , por escrito. – (PT) Estamos aquí hoy para aprobar un paquete de ayudas del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por valor de 114 250 euros para que Polonia pueda hacer frente a las consecuencias de los 658 despidos en cuatro centros productivos de H. Cegielski-Poznań, una empresa dedicada a la producción de motores diesel marítimos, y en cuatro de sus proveedores en las ciudades y el distrito de Poznań. Como siempre he advertido, si bien estas ayudas son muy importantes en el tratamiento de los síntomas actuales, no son una solución definitiva a los problemas que afectan a las industrias europeas, que no solo están en relación con la crisis económica a la que nos enfrentamos, sino también con la necesidad de que Europa se adapte a un mundo en cambio, en el que la competitividad es fundamental.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) , por escrito. – (PT) Considerando el impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto especial sobre el empleo, la utilización apropiada del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental en el alivio de la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo a su reinserción social y el desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, el suministro de nuevos recursos cualificados para satisfacer las necesidades de las empresas e impulsar la economía. Es en este contexto en el que se ha diseñado este plan de intervención para Polonia, un plan relativo a las 189 personas que han perdido sus puestos de trabajo en H. Cegielski-Poznań, una empresa que produce motores diesel marítimos, y a cuatro de sus proveedores. Espero, por tanto, que las instituciones europeas consoliden sus esfuerzos para poner en práctica medidas destinadas a acelerar y mejorar el nivel de utilización de un recurso tan importante como el FEAG, que cuenta actualmente con niveles de movilización muy bajos. Este año, solo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones disponibles.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito.(PL) La crisis económica mundial ha dado lugar a grandes cambios estructurales en muchas empresas, lo que resulta en un gran número de personas que pierden sus puestos de trabajo. La propuesta que está evaluándose se refiere a las ayudas a un numeroso grupo de trabajadores despedidos en la región polaca de Wielkopolskie. Una segunda propuesta de ayuda financiera, sobre la que vamos a votar hoy, tiene relación con varios centenares más de despidos en la misma región. Hay, por consiguiente, una gran cantidad de trastornos en el mercado local de esta región de Polonia. Me congratulo de que la Comisión Europea haya confirmado que la solicitud cumple los requisitos exigidos para la concesión de ayuda financiera. Como resultado, los trabajadores despedidos podrán recuperar sus antiguos puestos de trabajo o encontrar otros nuevos, y los propietarios de las empresas harán uso de la ayuda para mitigar los efectos negativos de la crisis mundial y mantener su posición en el mercado.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de Polonia. El FEAG fue creado en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado laboral. La votación de hoy tenía relación con una solicitud de asistencia para 658 despidos (de los cuales 189 son destinatarios de la ayuda) en H. Cegielski-Poznań y cuatro de sus proveedores, empresas que operan en el sector de la fabricación de motores diesel marinos en las ciudades de Poznań y Poviat, por un valor total de 114 250 euros financiados por el FEAG.

Por último, querría señalar que la aprobación de los informes de hoy demuestra una vez más la importancia del FEAG, que es un recurso valioso para respaldar a los trabajadores en dificultades debido a la crisis económica y también es una herramienta eficaz para combatir el desempleo.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta solicitud de utilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los 658 despidos en la empresa H. Cegielski-Poznań y cuatro de sus proveedores, que trabajan en la fabricación de motores diesel marinos en Poznań y el distrito circundante. La Comisión propuso la movilización de 114 250 euros y yo respaldo la propuesta.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) Me abstengo por consideración a los trabajadores de la industria del automóvil de Polonia, que han sido sacrificados en el altar de la globalización. En la situación a la que se ven arrastrados como consecuencia de las políticas neoliberales preconizadas por la Unión Europea, uno podría estar inclinado a votar en contra, dada la limosna lamentable de este folleto. No obstante, lo poco que se va a entregar puede ayudar a aliviar su sufrimiento. Pero ello no hace que la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización sea menos insoportable. Avala la lógica que conduce a la privatización de las empresas de propiedad estatal, como Cegielski-Poznań.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es una parte de ello. Esta ayuda es esencial para auxiliar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en una era de globalización. Un número cada vez mayor de empresas está deslocalizándose, aprovechándose de los costes laborales reducidos en una serie de países, en particular China y la India, con un efecto perjudicial en los países que respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de empresas que se deslocalizan y es crucial para facilitar el acceso a nuevos puestos de trabajo. El FEAG ha sido ya utilizado en el pasado por otros países de la UE, por lo que ahora debería concederse esta ayuda a Polonia, que ha solicitado asistencia en relación con los 189 despidos en H. Cegielski-Poznań, una empresa que fabrica motores diesel marinos, y en cuatro de sus proveedores.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Para que los Estados, en los que hay trabajadores que han sido despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial, puedan apoyar activamente a esos trabajadores, la UE ha creado el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. La movilización de los fondos se destina a facilitar la reintegración en el mercado laboral de los afectados. Voto a favor del informe, ya que Polonia necesita apoyo para 658 trabajadores que han sido despedidos de la empresa H. Cegielski-Poznań.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que Polonia ha solicitado asistencia en relación con 189 despidos en H. Cegielski-Poznań y en cuatro de sus proveedores, cuya actividad está clasificada en el sector de motores diesel marinos, he votado a favor de la resolución, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas propuestas al respecto por el Parlamento.

Estoy también de acuerdo en que:

- el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería apoyar la reintegración al mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos, y querría reiterar que la asistencia del FEAG no sustituye las medidas que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos, ni tiene la intención de financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben evaluarse en el contexto de la valoración general de los programas y los otros varios instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de fondos alternativos a los recursos no empleados del Fondo Social Europeo, en respuesta a las reiteradas declaraciones del Parlamento Europeo de que es necesario identificar los mecanismos presupuestarios apropiados para la transferencia de fondos, dado que el FEAG fue creado para ser un instrumento específico y separado con sus propios objetivos y plazos de financiación.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La solicitud presentada por Polonia para obtener ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación a 189 de los 658 despidos en H. Cegielski-Poznań, una empresa que fabrica motores diesel marinos, y en cuatro de sus proveedores, en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y el 1 de enero de 2010, cumple todos los criterios de elegibilidad que establece la ley. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 y por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta en la que se ha producido «el despido, durante un período de cuatro meses, de al menos quinientos trabajadores de una empresa en un Estado miembro», como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010), (A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Con la aprobación de este texto, el Parlamento Europeo ha solicitado a las instituciones implicadas que hagan los esfuerzos necesarios para acelerar la movilización del FEAG. También recuerda el compromiso de las instituciones para garantizar de una forma sencilla y rápida la adopción de decisiones sobre la movilización del FEAG, proporcionando ayudas individuales únicas y de duración limitada orientadas a socorrer a los trabajadores que han sufrido despidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica. Se hace hincapié en el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos. Por último, destaca que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento FEAG, es necesario garantizar que el Fondo apoye la reintegración de los distintos trabajadores despedidos en el mercado de trabajo, y reitera que la asistencia del FEAG no debe reemplazar las acciones que son responsabilidad de las empresas, en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni las medidas de reestructuración de empresas o sectores.

 
  
  

Informe: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Es lamentable que esta propuesta, que se remonta a 2003 y tiene como objetivo proporcionar a los refugiados el estatuto de residente de larga duración, después de cinco años de residencia legal continuada, no se haya aplicado en el período de espera. Con las enmiendas sugeridas por el Parlamento Europeo en abril de 2008, que prevén, entre otras medidas, el cálculo de los cinco años de residencia anterior a la solicitud del estatuto de residencia, y con la falta de unanimidad en el Consejo, esta nueva propuesta va a favorecer directamente a los beneficiarios de protección internacional que hayan residido en el territorio de la UE durante más de cinco años, pero todavía carecen del estatuto de residente.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe que apoya la aplicación de la propuesta, tanto respecto a los refugiados de la Convención de Ginebra como a los beneficiarios de protección subsidiaria. En su informe, el Parlamento Europeo respalda la propuesta de la Comisión Europea y tiene en cuenta el compromiso de proteger los intereses de los beneficiarios de protección internacional. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, en la actualidad, la situación de los ciudadanos de terceros países, que son beneficiarios de protección internacional, es confusa y poco clara, ya que las condiciones para la concesión de este estatuto no están armonizadas. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, las condiciones y el procedimiento para la concesión del estatuto van a ser más simples y más claros en la Unión Europea. Adicionalmente, esta nueva Directiva permitirá a los beneficiarios de protección internacional, que se conviertan en residentes de larga duración, establecer su residencia en un Estado miembro distinto de aquel en el que fueron reconocidos.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Esta iniciativa ha sido presentada para dar seguimiento a la propuesta de 2007 de una directiva sobre la ampliación del estatuto de residente de larga duración a los refugiados y personas bajo la protección subsidiaria, algo que nunca logró la unanimidad en el Consejo que se requería para antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Su propósito es proporcionar a los beneficiarios de protección internacional, que han residido legalmente en un Estado miembro por un período de cinco años, seguridad jurídica en relación con su derecho de residencia en un Estado miembro, así como un conjunto de derechos comparables a los de los ciudadanos de la UE.

El compromiso alcanzado es de la mayor importancia, no solo porque permite tener a los refugiados dentro de la UE un nivel elevado de protección y seguridad jurídica, sino asimismo porque finalmente desaparece el trato discriminatorio de todos los nacionales de países de fuera de la UE.

También es una señal política importante, porque la aprobación de esta primera iniciativa de una serie de seis normas legislativas no es solo un primer paso, sino también un reflejo de la actitud constructiva que guía a las tres instituciones en el establecimiento de un Sistema europeo común de asilo para el año 2012.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de la aprobación de esta Directiva. El proyecto de Directiva modifica otra Directiva de 2003 para permitir también a los beneficiarios de protección internacional (los refugiados, en particular) que se les conceda el derecho a ser elegibles para un permiso de residencia de larga duración en la UE, si la persona en cuestión ya ha vivido de forma legal en la Unión durante al menos cinco años. Una vez obtenido ese permiso, podrán disfrutar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y podrán, por ejemplo, desplazarse y establecerse en cualquier país de la UE (salvo el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda). Además, se estipula que esos beneficiarios de protección internacional pueden seguir siendo expulsados de la UE, pero solo bajo normas muy estrictas que tengan en cuenta el principio de devolución y los derechos concedidos ante todo bajo la Carta de los Derechos Fundamentales.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Esta propuesta tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países, que sean residentes de larga duración, y a los beneficiarios de protección internacional, que residan legalmente en un Estado miembro desde hace más de cinco años. Al tratar a los beneficiarios de protección internacional por igual en todos los Estados miembros, tal medida pone fin a las desigualdades que han existido hasta la fecha entre los Estados miembros y permitirá que los individuos en cuestión residan en un Estado miembro distinto de aquel en el que hayan obtenido reconocimiento legal, algo que no ocurría con anterioridad. Estas medidas son importantes precisamente porque estamos construyendo un espacio común de libertad y seguridad en Europa, creando una zona en la que aquellos que estén debidamente reconocidos para gozar de la protección del Derecho internacional, deben disfrutar de los mismos derechos en los distintos Estados miembros.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Después de un primer intento fallido, ya era hora de que los beneficiarios de protección internacional recibiesen finalmente el mismo trato de igualdad que los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración. De hecho, no hay ninguna razón por la cual deberían ser tratados de forma diferente o por qué debería haber incertidumbre sobre su estatuto dentro de la Unión. Por consiguiente, he respaldado el informe de Claude Moraes, que, entre otras cosas, ha permitido fortalecer aún más las garantías contra la «devolución» y, a pesar de las reservas expresadas, llegar a la cifra favorable de cinco años de residencia. Otro hecho significativo que hay que acoger con satisfacción es que este es el único texto del «paquete sobre asilo» que ha sido aprobado en última instancia bajo la Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, y ello pese a los compromisos asumidos al inicio de su mandato. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando duro para asegurar que el Sistema europeo común se asilo, fundado, entre otras cosas, sobre procedimientos y condiciones de acogida comunes, se convierta finalmente en una realidad dentro de la Unión. Hoy en día, las cuestiones en juego están a la vista: solo mediante la mejora y armonización de los sistemas nacionales de asilo, que difieren tanto en la actualidad, podremos disponer de un sistema común.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la Directiva 1003/109/CE para ampliar su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional. He actuado así porque considero que es importante garantizarles a los refugiados los mimos derechos que a los ciudadanos de terceros países que poseen un permiso de residencia de larga duración.

A través de la votación de hoy, el Parlamento Europeo ha cubierto un vacío en la legislación de la Unión Europea que regula la situación jurídica de los residentes legales de larga duración, que no se aplicaba a los refugiados y a los beneficiarios de protección internacional. Gracias a las nuevas normas, estas personas podrán disfrutar de una mayor seguridad con respecto a su situación legal en la Unión Europea y no estarán sujetas a la desigualdad de trato en comparación con los ciudadanos de terceros países.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor esta propuesta que pretende dar el estatuto de residente de larga duración a los beneficiarios de protección internacional que hayan residido legalmente en el territorio de la UE durante más de 5 años. Ello les dará la oportunidad de integrarse, lo que significa ser capaz de comunicarse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que residen, y de aumentar el grado de concienciación sobre sus derechos y obligaciones, así como sobre los valores centrales del Estado miembro de residencia. Con este fin, el Estado miembro debe proporcionar formación lingüística a los residentes de larga duración. También se debería estimular a los Estados miembros a desarrollar programas formativos sobre las leyes y los valores fundamentales del Estado miembro de residencia y los principios democráticos, los derechos humanos y la igualdad, así como sobre los derechos y obligaciones individuales en dicho Estado miembro.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este informe porque estoy convencido de que tendría efectos positivos para todos los beneficiarios de protección internacional que hayan residido legalmente en el territorio de la Unión Europea durante más de cinco años, pero que en la actualidad no tienen derecho al estatuto de residente de larga duración.

Estamos convencidos de la necesidad de garantizar una mayor certidumbre con respecto a su situación legal en la UE, evitando toda posible diferencia de trato en relación con los nacionales de otros terceros países. Compartimos la grave preocupación de algunos Estados miembros de que pueden albergar un número desproporcionado de beneficiarios de protección internacional debido a su específica situación geográfica o demográfica.

Por consiguiente, parece que se hacen más necesarias que nunca nuevas medidas para hacer frente a las consecuencias no deseadas, incluyendo, por ejemplo, la aprobación de medidas que faciliten a esas personas el desplazamiento y establecimiento de su residencia en un Estado miembro distinto de aquel que les ha brindado protección internacional. Por ello, respaldamos todas las garantías posibles propuestas contra la devolución (solo el Estado miembro que haya concedido la protección internacional debería estar autorizado para llevar a cabo expulsiones), esforzándonos por mantener la unidad familiar cuando eso sea conveniente.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La intención es que la aprobación de este informe extienda el alcance de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países, que son residentes de larga duración, y a los beneficiarios de protección internacional, que residen legalmente en un Estado miembro desde hace más de cinco años. A partir de ahora, esto permitirá la igualdad de trato de los beneficiarios de protección internacional en todos los Estados miembros y que los individuos en cuestión residan en un Estado miembro distinto de aquel en el que hayan obtenido el reconocimiento legal, algo que no ocurría antes. La importancia de estas medidas está directamente relacionada con la pretensión de crear en Europa un espacio común de libertad y seguridad, un espacio en el que aquellos que tengan reconocida debidamente la protección del Derecho internacional, gocen de derechos equivalentes en los diferentes Estados miembros.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) El Derecho internacional y los principios morales dan la Unión Europea la oportunidad de acelerar la concesión de un estatuto jurídico a aquellas personas cuya vida en su país de nacimiento, fuera de la Unión Europea, es imposible. Todo individuo tiene derecho a ser tratado con humanidad. Sin embargo, es necesario definir el estatuto de refugiado teniendo en cuenta todas las circunstancias y prohibiendo cualquier tipo de operación especulativa, ya sea de carácter financiero o en relación con la política migratoria. Por desgracia, a menudo se aceptan como verdaderos hechos que no han sido completamente verificados, tanto en la Unión Europea como en el Parlamento Europeo. En ocasiones, se asumen como verdaderas las falsedades de los defensores de los derechos y de una variedad de diversos individuos. Es importante no tolerar el populismo. De lo contrario, pueblos enteros podrían instalarse en Europa bajo la condición de refugiados.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La cuestión de si debe concedérseles a los refugiados un permiso de residencia de larga duración, en qué circunstancias y después de qué período de residencia legal, es algo que deben decidir los Estados miembros y no ser dictado por la UE. El hecho de que esta propuesta fuese aprobada con dos años de retraso y en forma revisada no está exento de problemas, ya que una correcta interpretación de la tan citada Convención de Ginebra tendría como consecuencia la aceptación de solo una fracción de las solicitudes de asilo que se presentan. El hecho de que después de cinco años de residencia legal los beneficiarios de protección internacional deban tener derechos comparables a los de los ciudadanos de la UE, ha planteado problemas y preguntas, en particular en los Estados de la UE con fuertes sistemas sociales, lo que dará lugar a costes incalculables.

La ampliación del ámbito de aplicación para incluir a los refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria solo puede servir para sobrecargar todavía más el erario público. Sobre todo, debemos tener siempre en cuenta la tentación que ello supone para los refugiados, en otras palabras, el hecho de que las medidas destinadas a proporcionar protección y seguridad financiera son exactamente las que representan un incentivo para que muchos inmigrantes económicos entren ilegalmente en Europa, con el pretexto de solicitar asilo para escapar de circunstancias inhumanas y peligrosas para la vida. Igualmente cuestionable es la idea de tener en consideración la duración del procedimiento de asilo en el cálculo del derecho a un permiso de residencia. Por estas razones, he votado en contra del informe.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Después de residir en un Estado miembro durante cinco años, se ha de conceder a los refugiados un permiso de residencia de larga duración, que tendrá vigencia en el conjunto de la UE. Dado que los sistemas de asilo de los distintos Estados miembros tienen diferentes niveles de rigor, un refugiado bien informado se establecería inicialmente en el Estado miembro con el derecho de asilo más laxo y con la mayoría de lagunas. Al cabo de cinco años, podría entonces salir de su lugar de residencia y trasladarse a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea de su elección. El resultado sería la migración secundaria de países con bajos niveles en sus sistemas de protección social a los Estados miembros con los sistemas más generosos. La gente optará, en primer lugar, por los Estados miembros de acuerdo con la rigurosidad de sus leyes de asilo y, con posterioridad, según el nivel de sus prestaciones sociales. Eso resultaría, desde luego, una carga particular en países como Austria, Alemania o los Países Bajos. El enfoque adoptado por el presente informe no es ciertamente una forma sensata de afrontar los desafíos que plantea el asilo en la UE y de aplicar una política de integración adecuada. Por ello he votado en contra de este informe.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del presente informe dado que estoy de acuerdo con la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE, para proporcionar el estatuto de residente de larga duración a las personas que se benefician de protección en virtud del Derecho internacional y que ya hayan residido legalmente en el territorio de un Estado miembro por un período de cinco años.

En particular, quiero destacar el carácter inclusivo de la política que resultaría de la presente propuesta. El estatuto de residente de larga duración proporciona la oportunidad de integrar a esas personas, en especial mediante la enseñanza de idiomas que los Estados miembros deben ofrecer a los residentes de larga duración.

Por las mismas razones, respaldo la propuesta del ponente de alentar a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos sobre los valores fundamentales y los principios jurídicos del Estado miembro de residencia, así como sobre los principios generales de la democracia, los derechos humanos y los derechos y deberes de las personas.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Me gustaría dar las gracias al señor Moraes por su excelente trabajo. Comparto con él la idea de adoptar un enfoque constructivo que incluya la mayoría de las enmiendas propuestas por la Comisión, así como numerosas modificaciones técnicas acordadas en el Consejo durante las negociaciones sobre este instrumento. El proyecto de informe refleja el deseo de considerar algunas de las preocupaciones de los Estados miembros con el objetivo de llegar a un acuerdo en primera lectura, así como el compromiso de proteger los intereses de los beneficiarios de protección internacional, antes y después de obtener un estatuto de residencia de larga duración.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque creo que la ampliación de la condición de residente de larga duración a los beneficiarios de protección internacional, que residan legalmente en un Estado miembro desde hace cinco años, es claramente justificable, ya que garantiza la igualdad de trato a todos los nacionales de terceros países y fomenta la cohesión económica y social de la Unión Europea.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – En 2001, la Comisión presentó un proyecto de Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. En aquella propuesta se había previsto originalmente que los refugiados pudieran obtener el estatuto de residente de larga duración después de cinco años de residencia legal e ininterrumpida en un Estado miembro. En el curso de las negociaciones los Estados miembros decidieron, no obstante, excluir a los refugiados del ámbito de aplicación de la Directiva. Con posterioridad, en la Declaración Conjunta del Consejo y la Comisión, efectuada en el Consejo de JAI del 8 de mayo de 2003, se acordó que la Comisión presentase un proyecto de Directiva relativa a la ampliación del estatuto de residente de larga duración a los refugiados y las personas sujetas a protección subsidiaria.

Esa propuesta fue presentada por la Comisión en junio de 2007 con el mismo fundamento jurídico que el acto que iba a modificar, es decir, el artículo 63, apartado 3, letra a) y el artículo 63, apartado 4, del Tratado CE. El principal objetivo de la propuesta era darles a los beneficiarios de protección internacional, residentes legalmente en un Estado miembro durante más de cinco años, seguridad jurídica en relación con su derecho de residencia en un Estado miembro, así como un conjunto de derechos comparables a los de los ciudadanos de la UE.

 
  
  

Informe: Nathalie Griesbeck (A7-0345/010)

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta resolución que aprueba la conclusión de un acuerdo con Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados. Este acuerdo muestra una clara voluntad de aproximación entre Georgia y la UE, que se ha expresado en los últimos años a través de una serie de importantes actos políticos, que van desde la mejora de la cooperación bilateral entre la UE y Georgia a la adhesión de Georgia al Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. He apoyado la resolución ya que creo firmemente que el acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados facilitará los contactos entre las personas, lo que supone un requisito muy importante para el desarrollo de los vínculos económicos, sociales, humanitarios, culturales, científicos, etc.

Creo que la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos de Georgia marcará un paso importante en su camino hacia la integración europea. La facilitación de un sistema de visados tiene una gran importancia en la vida de las personas, toda vez que refuerza los contactos entre los pueblos y trae consigo la plasmación de la idea de la libre circulación, que es uno de los derechos fundamentales en Europa.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta recomendación del Parlamento Europeo sobre la facilitación de la expedición de visados para Georgia, ya que la ampliación de la Unión Europea era una oportunidad para que la Unión crease un nuevo marco para la cooperación con sus vecinos del este y sur. En concreto, el acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados va a fomentar los contactos personales, que constituyen una condición previa fundamental para el desarrollo de vínculos económicos, humanitarios, culturales, científicos, etc. Por otra parte, un régimen de facilitación de visados es de gran importancia en la vida de la gente puesto que refuerza los contactos entre los pueblos y trae consigo la realización de la idea de la libre circulación, que es uno de los derechos fundamentales en Europa. La eliminación del requisito de visado para los ciudadanos de Georgia también marca una etapa importante en su camino hacia la integración europea. Estoy de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo de que los acuerdos celebrados entre la Unión y Georgia, como el relativo a la readmisión de residentes ilegales y el de la facilitación de la expedición de visados, son, en primer lugar, una etapa muy importante, un paso adelante en las relaciones entre la Unión Europea y Georgia. Además, estos acuerdos también son relevantes desde el punto de vista regional y van a apoyar los esfuerzos de la UE para mejorar la cooperación con otros países de la región.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La Unión Europea ha acelerado el proceso de apertura a los Estados del Cáucaso meridional desde su expansión hacia Europa del Este, en un momento en el que esta región se ha vuelto extremadamente importante desde una perspectiva estratégica, de estabilidad y seguridad. Europa tiene ahora un deber respecto a los países de esta región. Su compromiso es evidente, en especial dada la proximidad de estos países a la frontera oriental de la UE. Además del potencial económico y comercial que ofrecen estos Estados, el acuerdo entre la UE y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados a los ciudadanos de ese Estado es también una medida para fomentar la democracia en el país. Para la UE es importante exportar los principios de buena gobernanza, de «justicia justa» y de total respeto a los derechos humanos. Esta iniciativa también se verá reforzada por los dos acuerdos firmados recientemente con Georgia. Uno se refiere a la readmisión de residentes ilegales y el otro a la facilitación en la emisión de visados.

La renuncia al requisito obligatorio de que los ciudadanos georgianos dispongan de visado marca un paso importante en el camino para acercarles a Europa. Un régimen de facilitación de visados es de suma importancia para la vida de las personas, ya que incrementa los contactos entre las personas y hace una realidad de la idea de la libre circulación, uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Las acciones de la Unión Europea deben basarse en los principios de buena gobernanza y respeto a los derechos humanos y la democracia. En las relaciones con la región del sur del Cáucaso, la UE debe ser socio a ella, ayudar en el desarrollo económico y comercial, con seguridad, con estabilidad, con la promoción de la prosperidad y con la resolución de conflictos. El acuerdo para facilitar la emisión de visados para Georgia contribuirá a la política de vecindad ampliada de la UE fomentando la cooperación y el intercambio de individuos entre las dos partes. Por ello he votado a favor de esta resolución.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Sin lugar a dudas, este acuerdo constituye un avance significativo en las relaciones entre la UE y Georgia. A raíz de la intensificación de la cooperación bilateral con la UE y de la participación de Georgia en el Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, este acuerdo representa un paso más hacia la mejora del funcionamiento de la justicia y un mayor respeto de las libertades fundamentales por parte de Georgia. Es de esperar que este acuerdo proporcione a Georgia el incentivo de llevar a cabo las reformas necesarias en los ámbitos de la libertad, seguridad y justicia.

Al mismo tiempo, el acuerdo debería permitir a los ciudadanos de las dos partes contratantes una mayor libertad de movimientos y de mantenimiento de contactos personales, algo que es esencial para garantizar el desarrollo de las relaciones económicas, humanitarias, culturales, etc. Asimismo, espero que se lleven a cabo en Georgia las campañas de información necesarias con el fin de informar a la población georgiana tanto de la entrada en vigor del presente régimen de facilitación de visados como de las nuevas oportunidades de las que ahora se puede beneficiar.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) Se acaban de aprobar dos importantes acuerdos para las relaciones entre la Unión Europea y Georgia: uno sobre la readmisión de residentes ilegales y otro sobre la facilitación de visados. Estos acuerdos representan un primer paso en el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Georgia. Por lo tanto, la UE quiere animar a Georgia a poner en práctica las reformas necesarias en las áreas relativas a la libertad, seguridad y justicia. Estos acuerdos son también beneficiosos en el plano regional. Contribuirán a los esfuerzos realizados por la Unión para reforzar la cooperación con otros países de la región del Cáucaso meridional, como Armenia y Azerbaiyán.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Hay que acoger con satisfacción la relación creciente entre Georgia y la Unión Europea, evidente en una serie de iniciativas recientes. El acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados es un paso importante hacia la integración de Georgia en Europa. La libertad de circulación de las personas es uno de los derechos más importantes que la UE ofrece a sus ciudadanos y, por esta razón, contemplo favorablemente la cooperación entre la UE y Georgia. La lucha contra la inmigración ilegal y el ofrecimiento de incentivos para acometer reformas en las esferas de la seguridad, la libertad y la justicia podrían dar grandes resultados si hay un espíritu de compromiso por ambas partes.

 
  
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  Sandra Kalniete (PPE) , por escrito. (LV) He insistido siempre en que es una obligación de la Unión Europea echar una mano a los pueblos que se sienten pertenecientes y quieren de hecho forma parte de Occidente y aceptar nuestros valores. En la Revolución de las Rosas, el pueblo de Georgia rechazó el estancamiento, una forma de gobernar deshonesta, el pasado y post-comunismo, y optó por el desarrollo, el futuro y los valores occidentales. Por medio de sus acciones, ese país ha confirmado su deseo de ser un socio de una sociedad moderna e internacional, que no elude asumir la responsabilidad. Georgia ha logrado mucho en poco tiempo. Ha mejorado sustancialmente sus estructuras de gobierno, ha atraído inversiones significativas y ha reducido la corrupción de modo considerable. Considero que la facilitación de la emisión de visados es un paso fundamental para que los ciudadanos de Georgia puedan abrirse a nuevas oportunidades de formación y los empresarios georgianos establezcan nuevos contactos con empresarios en los Estados miembros de la Unión Europea. De esta manera, todos saldrán ganadores, pero los ciudadanos georgianos más que nadie. Al igual que nosotros los europeos nos sentimos orgullosos de nuestros logros, nuestra historia y nuestros valores culturales, también georgianos se enorgullecen de su país, su belleza natural y antigua cultura. Espero que un régimen de facilitación de visados entre la UE y Georgia anime también a los europeos a familiarizarse con Georgia.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He respaldado este informe sobre el acuerdo UE-Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados. El proceso de profundización de relaciones entre la UE y los países del sur del Cáucaso, como Georgia, sin duda ayudará a mejorar el ejercicio de la justicia y el respeto de las libertades. Los dos recientes acuerdos con Georgia, uno sobre la readmisión de residentes ilegales y el otro sobre la facilitación de la expedición de visados, contribuirán plenamente a la consecución de estos objetivos.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Georgia ha hecho notables esfuerzos para desarrollar relaciones más estrechas con la Unión Europea, como es evidente en una serie de iniciativas recientes. El presente acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados es así otro paso importante hacia la integración de Georgia en Europa. La libertad de circulación de las personas es uno de los derechos más importantes que la UE ofrece a sus ciudadanos y, por tal motivo, esta cooperación entre la UE y Georgia es muy importante. Sin embargo, resulta esencial que se prosiga la lucha contra la inmigración ilegal y se mantengan los incentivos para las reformas en los ámbitos de la seguridad, la libertad y la justicia en Georgia.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito.(FR) El Cáucaso sur es de importancia estratégica para la Unión Europea. El proceso de fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los países del sur del Cáucaso, como Georgia, ayudará a mejorar el ejercicio de la justicia y el nivel de respeto a las libertades. Este acuerdo representa una etapa importante en las relaciones entre la Unión Europea y Georgia, y es un avance alentador teniendo en cuenta las aspiraciones europeas de Georgia. Además, el acuerdo también es beneficioso a nivel regional y contribuirá a los esfuerzos realizados por la Unión para reforzar la cooperación con otros países de la región.

Para Georgia, ello representa asimismo un paso adelante y un estímulo para seguir cooperando con sus vecinos y con la Unión Europea. Por otra parte, este tipo de acuerdos estimulará a Georgia para aplicar las reformas necesarias en los ámbitos de la libertad, seguridad y justicia, como la lucha contra la inmigración ilegal, el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Me he abstenido en la votación porque estoy bien informado acerca de la situación en Georgia y sobre la determinación del presidente georgiano de aumentar su prestigio con la firma de este acuerdo. Considero que el señor Saakashvili es un criminal de guerra. Su régimen es responsable de la muerte de miles de civiles inocentes. Lo vi con mis propios ojos en agosto de 2008 en la ciudad de Tskhinvali. Cualquier tipo de coqueteo con un criminal le servirá de inspiración para cometer nuevos delitos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Un acuerdo con Georgia conllevaría una ola de falsos solicitantes de asilo. Por ello, primero tenemos que disipar nuestras preocupaciones de seguridad. Como nos muestra la experiencia con los Balcanes, la exención de visado no se usa tan solo para viajar a la UE, sino que también desencadena una auténtica ola de turismo de asilo. Es de temer que lo mismo sucedería en el caso de la facilitación de visados a los ciudadanos georgianos. En general, la facilitación de la expedición de visados a ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión no debe concederse con demasiada premura. Antes de hacerlo, es necesario examinar con el máximo cuidado posible si los correspondientes acuerdos de readmisión para los falsos solicitantes de asilo e inmigrantes económicos podrían prevenir que se abuse del sistema.

Los problemas con el Sistema de Información Schengen II también deben solucionarse de antemano. Por último, no deben ser sobre todo los peticionarios de asilo, o incluso criminales, quienes se beneficien de la exención de visado para viajar. Los requisitos previos mencionados no se cumplen y, por consiguiente, rechazo en los términos más enérgicos posibles una ampliación de la zona libre de visado.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Según el informe, la liberalización de visados para Georgia sería un incentivo para las necesarias reformas en los ámbitos de la libertad, seguridad y justicia. Al margen de las oportunidades que la liberalización de los visados abriría para abusar del sistema, resulta necesario darle la vuelta a esta lógica: ninguna negociación sobre visados hasta que se hayan llevado a la práctica todas las reformas necesarias. Después de todo, de lo que se trata aquí es de la seguridad de los ciudadanos de la UE, que hay que proteger contra los turistas de visado y la delincuencia organizada. Por ello he votado en contra de este informe.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El proceso de fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los países del sur del Cáucaso, como Georgia, es vital si queremos crear una política exterior sólida, coherente y eficaz. La conclusión de un acuerdo para simplificar el proceso de expedición de visados ha contribuido claramente a la consecución de este objetivo.

La propuesta de decisión relativa a la celebración del acuerdo incluye elementos uniformes de la facilitación de la expedición de visados de la UE y establece plazos para que se tomen decisiones, junto con los gastos y las exenciones relevantes, la documentación necesaria y una declaración conjunta sobre la cooperación y los documentos de viaje. Yo apoyo la propuesta de incluir una declaración de la UE con respecto a la facilitación del proceso para los miembros de la familia, ya que responde a peticiones concretas formuladas por Georgia y tiene como objetivo mejorar la movilidad de un número importante de individuos, que tienen lazos familiares con los ciudadanos georgianos que residen legalmente en los territorios de los Estados miembros.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) En cuanto a la aplicación de los dos recientes acuerdos con Georgia, respaldo plenamente la afirmación de la señora Griesbeck de que la gente necesita estar informada de la nueva situación y beneficiarse de las nuevas posibilidades que se derivan de ella. Además, los cambios en la política de visados también deberían aparecer lo antes posible en los sitios web de las instituciones europeas.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la firma de este acuerdo ya que creo que, junto con el acuerdo sobre la readmisión de residentes ilegales, constituye un avance muy significativo en las relaciones entre la UE y Georgia, lo que indica una etapa importante en su integración en Europa y, al mismo tiempo, proporciona un incentivo para que ese país promueva las reformas necesarias en los ámbitos de la libertad, seguridad y justicia.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros en 2004 y luego a 27 en 2007 fue una oportunidad para que la Unión crease un nuevo marco de cooperación con sus vecinos del este y el sur. La Unión Europea se comprometió, de ese modo, en una política de vecindad ampliada que se extiende incluso hasta los países de la región del Cáucaso Meridional y perseguía el propósito de profundizar sus relaciones con los países ubicados en las fronteras exteriores de la UE, fomentando su seguridad, la estabilidad y el desarrollo y evitando nuevas divisiones en el continente europeo. Europa manifestaba así su creciente interés en los Estados del Cáucaso Sur, y debe continuar hoy su compromiso con los países de esta región como una zona a proteger cerca de sus nuevas fronteras.

El proceso de profundización de las relaciones entre la UE y los países del sur del Cáucaso, como Georgia, sin duda ayudará también a mejorar el ejercicio de la justicia y el respeto por la libertad. Los dos recientes acuerdos concluidos con Georgia, uno sobre la readmisión de residentes ilegales y el otro sobre la facilitación de la expedición de visados, contribuirá plenamente a la consecución de estos objetivos.

 
  
  

Informe: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo referente a la creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE para hacer frente a los diversos desastres de grandes proporciones, naturales o provocados por el hombre, que se han producido fuera de la UE en los últimos años. Yo considero que ello es importante para mejorar la eficacia de la capacidad de respuesta de la UE a los desastres, y que un Plan de acción preventiva se hace cada vez más necesario como respuesta global e integrada. La catástrofe que ocurrió en Haití ha mostrado la necesidad de reformas profundas por parte de la Unión Europea en relación con su respuesta rápida y eficiente a las emergencias y catástrofes. Para que esta respuesta sea rápida y eficaz, considero que será también necesario una mayor voluntad política de las diferentes partes involucradas. Es necesario asimismo proceder a una reestruturación de competencias que permita una mayor coherencia y coordinación de la respuesta de la Unión Europea a las catástrofes, y me parece esencial poner en práctica algunas propuestas concretas incluidas en el informe Barnier de 2006 sobre la creación de una fuerza europea de protección civil.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He apoyado esta resolución, ya que es evidente que la multiplicación de los desastres de grandes proporciones fuera de la Unión Europea en los últimos años ha suscitado una creciente demanda para mejorar la eficacia de la capacidad de respuesta existente de la UE a los desastres. Uno de los pasos relevantes hacia una respuesta más integrada ha sido la inclusión de la protección civil y ayuda humanitaria en la cartera de un solo Comisario para crear oportunidades con el fin de mejorar la coherencia y coordinación de la respuesta de la UE a los desastres. Con todo, es lamentable que dos años después de la publicación de la Comunicación de la Comisión de 2008, aún no se hayan llevado a la práctica numerosas iniciativas del Plan de acción, mientras que la respuesta de la UE a las crisis recientes ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema actual.

Si bien se han realizado esfuerzos recientemente para reforzar la coherencia y coordinación entre la protección civil y las dimensiones de la ayuda humanitaria de la respuesta de la UE, los pasos hacia la creación de una fuerza europea de protección civil han seguido siendo mínimos. Por consiguiente, se requiere una fuerte voluntad política para lograr una respuesta más eficiente y rápida a las emergencias.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) Estoy a favor de la necesidad de que la UE proporcione una respuesta coordinada, coherente y ambiciosa en el caso de desastres. Por ello considero que es importante desarrollar las capacidades civiles de la UE, que estén permanentemente disponibles y adopten medidas de forma independiente de las estructuras militares. Creo que la fuerza de protección civil de la UE debería mejorar los instrumentos actualmente disponibles, ya sea en términos de capacitación de respuesta a los desastres o de gestión de catástrofes mediante el desarrollo de las iniciativas adoptadas en las acciones preparatorias.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Dados los numerosos y graves desastres que ocurren en el mundo y su creciente frecuencia, causada principalmente por el cambio climático, he votado a favor del excelente informe de mi colega italiana, la señora Zanicchi, que contempla una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida. Ha llegado el momento de mejorar la capacidad de reacción de la UE en caso de catástrofes en términos de eficacia, coordinación y visibilidad. Se hace cada vez más urgente la creación de una capacidad europea de respuesta rápida, o «fuerza europea de protección civil», como el señor Barnier, ha sugerido. Es evidente que la coordinación de las fuerzas nacionales de protección civil parece ser un medio útil para ayudar a un Estado miembro incapaz de hacer frente por sí mismo a una catástrofe a gran escala (fuego, inundaciones, desastres naturales, etc.). Esta fuerza europea de protección civil sería asimismo muy útil para intervenir en situaciones externas, como en Haití. En un momento en el que vamos a celebrar, en 2011, el Año Europeo del Voluntariado, una iniciativa como esta estimularía el interés europeo y podría ayudar a consolidar la ciudadanía europea.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe. Los desastres que ocasionan significativos daños humanos, económicos y medioambientales están aumentando en todo el mundo, y tales crisis tienen una frecuencia y un alcance cada vez mayores en cada vez más partes del mundo. Aunque en los últimos años se ha progresado hacia una respuesta más coherente de la UE a los desastres, es necesario proseguir los esfuerzos para garantizar una actuación eficaz, coherente y coordinada de la UE en este ámbito.

Es necesario desarrollar un Plan de acción con una serie de iniciativas concretas para conseguir una coordinación más integrada entre los distintos instrumentos de respuesta a las catástrofes, y para evaluar las posibles respuestas de la UE y los Estados miembros. El recientemente creado Servicio Europeo de Acción Exterior debería incluirse en estas actividades con el fin de coordinar la ayuda con más eficacia fuera de la UE. Además, es necesario asegurarse de que haya suficientes recursos financieros para financiar las medidas de ayuda necesarias.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque la multiplicación en los últimos años de los grandes desastres naturales o provocados por el hombre fuera de la Unión Europea ha suscitado una creciente demanda de reforma de la capacidad de respuesta de la UE a las catástrofes y de mejora en la efectividad de esa capacidad. Por ejemplo, la falta de visibilidad de la capacidad de reacción de la UE ha sido destacada también como una de sus principales deficiencias. Por consiguiente, deberían establecerse acuerdos y procedimientos claros para garantizar una visibilidad dual (tanto para los Estados miembros como para la Unión) de los recursos de protección civil desplegados por los Estados miembros a través del mecanismo de protección civil de la UE. Otro problema con la respuesta de la UE se refiere a la coordinación y, por ello, el Parlamento Europeo confía en que, en el futuro, el Servicio Europeo de Acción Exterior cree un único mecanismo de reacción a situaciones de crisis, lo que requiere una racionalización de las plataformas existentes para situaciones de crisis. Por otra parte, deberían garantizarse mecanismos claros de coordinación entre la Comisión y el Consejo, también en relación con la coordinación y el uso de activos militares de la UE en la respuesta a las situaciones de catástrofe.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Una agencia de respuesta rápida para hacer frente a situaciones de emergencia permitiría que las intervenciones de la Unión Europea en caso de desastres naturales o accidentales fuesen mucho más coherentes y eficaces. La Unión Europea claramente intervino con rapidez y respondió a las necesidades reales a raíz del devastador terremoto en Haití. Sin embargo, también es igualmente obvio que tenemos que aprender de situaciones reales y mejorar en todo momento el servicio que prestamos. El terremoto en Haití fue seguido de inmediato por un período de confusión sobre quién debería asumir la iniciativa en la coordinación de la acción global de la UE. En el futuro, se espera que el SEAE cree un mecanismo único de respuesta a situaciones de crisis, lo que requerirá la racionalización de las plataformas existentes de crisis.

Se hace necesario definir claras responsabilidades para cada Estado miembro en el caso de una catástrofe, con los preparativos logísticos necesarios para que las capacidades puedan movilizarse cuanto antes y con el nivel más alto posible. La intervención en Haití, puso de manifiesto que las acciones de este tipo resultan efectivas cuando cada Estado se especializa en un cierto servicio, como fue el caso de Francia, que proporcionó una unidad de purificación de agua, e Italia, con un equipo médico avanzado.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. (CS) Espero que la recomendación sobre la creación de un instrumento de reacción rápida de la UE dé lugar a una mayor presión para mejorar la eficacia de la capacidad existente de la UE para responder a las catástrofes, sean naturales u ocasionadas por el ser humano. Considero que el actual mecanismo comunitario de protección civil es un paso importante, pero insuficiente, hacia un mecanismo de protección civil verdaderamente operativo civil que sea lo más eficaz posible. Los límites del mecanismo actual de protección civil se hicieron visibles, por ejemplo, en la reacción a la crisis de este año en Haití, que fue relativamente flexible y amplia, pero, por otro lado, adoleció de falta de eficacia, coordinación y visibilidad. Tampoco estaba claro quién se suponía que iba a asumir la coordinación del operativo global de la UE. En vista de la magnitud de la crisis, la Alta Representante Ashton finalmente garantizó la coordinación de la ayuda de la UE en estrecha colaboración con la Comisaria Georgieva, que es responsable de la asistencia humanitaria, protección civil y cooperación internacional. Veo un margen de ampliación de la capacidad operativa de la UE para hacer frente a las catástrofes, en particular mediante la creación de una capacidad civil disponible de forma permanente y que actuaría con independencia de las estructuras militares, y mediante la creación de presupuestos y de potencial de investigación e industrial (por ejemplo, imágenes por satélite en el programa GMES).

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) En vista de la creciente frecuencia e impacto de los desastres naturales que han acarreado graves consecuencias en términos humanos, económicos, sociales y medioambientales, reviste particular importancia la recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de reacción rápida. He votado a favor de la propuesta, ya que entiendo que comprende las cuestiones fundamentales que deben considerarse. Entre estas cuestiones, reitera que la cooperación entre los Estados miembros podría proporcionar beneficios operativos y financieros, y reconoce que debe haber un enfoque integrado para la gestión de catástrofes, que también incluya la prevención y preparación para los desastres y su gestión, así como la reconstrucción tras su impacto. Además, creo que es importante mejorar la coordinación y la eficacia de la respuesta europea, también a través de una fuerza europea de protección civil.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Me he abstenido en el informe sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida a las catástrofes humanitarias, ya que, a pesar de que contiene ideas y elementos positivos, también aporta medios militares y presencia militar a esa capacidad. Es algo excelente que el informe declare que «el uso de recursos de protección civil, cuando se despliegan en una crisis humanitaria, debe basarse en las necesidades existentes y debe ser complementario y coherente en relación con la ayuda humanitaria […], con el fin de garantizar el respeto de los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia». Sin embargo, también hay puntos en el informe que van en una dirección completamente diferente, por eso me he abstenido. Por ejemplo, la posibilidad de responder también a las «crisis militares» o «el uso de recursos y capacidades militares en la respuesta a los desastres», incluso si es «excepcional».

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Los recientes desastres naturales que han asolado el mundo ponen de relieve la urgente necesidad de mecanismos de respuesta rápida y eficaz para reducir su catastrófico impacto a nivel social, económico y cultural en las regiones afectadas.

En el seguimiento de anteriores resoluciones del Parlamento Europeo, en particular las relativas al terremoto de Haití y sobre la prevención de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, esta Cámara entra de nuevo en conflicto con este tema. En términos generales, apoyo el informe de mi colega, la señora Zanicchi, y hago hincapié en que la futura capacidad de la UE relativa a las catástrofes debe basarse en los mecanismos disponibles a nivel europeo e internacional, evitando cualquier duplicidad, haciendo el mejor uso de los recursos y permitiendo que la fuerza de protección civil europea se base en el Mecanismo Comunitario de Protección Civil ya existente.

Acojo con agrado el hecho de que, a raíz de la tragedia en Haití, haya habido una mayor voluntad política y mayores esfuerzos para fortalecer la coherencia y coordinación entre la protección civil y los sectores de ayuda humanitaria. También acojo con satisfacción la labor realizada por las partes involucradas en el logro de ese objetivo. Con todo, es lamentable que las propuestas anteriores del Parlamento Europeo todavía no se hayan aplicado del todo, en particular, las relacionadas con el informe Barnier.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) Ya sea en Haití tras el terremoto de enero, o en Pakistán tras las inundaciones de este verano, siempre que se produzca una catástrofe, Europa hace mucho, pero de una manera desorganizada. Cada Estado miembro envía a su propio personal, sus propios perros de rescate, sus propios aviones, y así sucesivamente. En conjunto, sin embargo, las respuestas individuales organizadas a toda prisa nunca podrán superar una respuesta europea planificada y organizada. La Unión Europea, con los 27 Estados miembros actuando de forma colectiva, es el mayor donante mundial de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo. Tenemos a nuestra disposición una amplia variedad de recursos civiles y militares para satisfacer las necesidades de emergencia y reconstrucción. Sin embargo, mientras perduren las respuestas reflejas y asilada de cada país, seremos incapaces, por desgracia, de obtener ningún beneficio real de esta fuerza colectiva virtual. Lo que necesitamos es una genuina «capacidad de respuesta rápida». De igual modo, el aumento de la eficiencia y la velocidad cuando se aborda una situación de emergencia exige una fuerte voluntad política por parte de las distintas partes interesadas.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La respuesta rápida a las catástrofes y los desastres naturales es esencial, ya que es en las primeras horas después del suceso cuando resulta posible salvar al mayor número de personas. Por otra parte, en los últimos años hemos sido testigos de un aumento significativo de las catástrofes, sean naturales o provocados por el ser humano, y estas requieren un alto nivel de conocimientos técnicos y de coordinación de los diferentes medios de respuesta. La creación de un Mecanismo Comunitario de Protección Civil puede ser un primer paso, pero coincido con la ponente en que queda más por hacer en este ámbito. La coordinación y cooperación de la UE en la respuesta rápida y eficaz a las catástrofes pueden resultar muy exitosas, como fue el caso del terremoto de Haití en enero de 2010. Es esencial que la respuesta sea de esta naturaleza.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Los desastres naturales pueden y deben prevenirse. Factores como el uso intensivo del suelo, un crecimiento urbano mal planificado, el éxodo rural y la desertificación, entre otros, son las causas del aumento del riesgo de desastres. El fomento de un uso sensato del suelo y del desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza es un factor vital en la prevención de catástrofes. Es, sobre todo, a este respecto donde la UE debería intensificar sus esfuerzos, llevando a la práctica las recomendaciones formuladas en un reciente informe del Parlamento y fortaleciendo este aspecto de su política de cooperación.

Con respecto a las respuestas a las catástrofes de imposible prevención, hay desde luego también espacio para el fortalecimiento de la cooperación, la asistencia mutua y la intervención entre los distintos Estados miembros y terceros países.

Las mejores formas y medios para lograr esto deben ser resultado de un debate con las distintas autoridades nacionales de protección civil y otros ámbitos, respetando la soberanía de cada Estado miembro. Esta debería ser la ruta señalada en el informe, no la «creación inmediata de una Fuerza de Protección Civil de la UE» o el uso de medios militares en respuesta a las situaciones que demandan ayuda humanitaria, que el informe admite que podrían actuar fuera de los auspicios y la coordinación de las Naciones Unidas.

 
  
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  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. (IT) Esta votación representa un paso importante hacia la creación de una fuerza europea de protección civil, que pueda intervenir de forma rápida y eficaz siempre que haya una emergencia grave.

Como todos recordarán, a pesar de que la respuesta europea en la prestación de ayuda al pueblo de Haití fue rápida y a gran escala, puso de manifiesto una serie de problemas críticos en la gestión, coordinación y visibilidad del operativo, que son atribuibles a los mecanismos del sistema actual, basado en contribuciones voluntarias y específicas sujetas a diferentes procesos nacionales de adopción de decisiones.

La reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre el papel de la protección civil y ayuda humanitaria tiene como objetivo, precisamente, sentar las bases de una sinergia efectiva y coherente de las iniciativas ya adoptadas a nivel nacional, regional y local. El Tratado de Lisboa ofrece la oportunidad de desarrollar una capacidad de respuesta a catástrofes más completa, coordinada y funcional. Ha llegado, pues, el instante de acelerar el proceso que dote a la UE de una capacidad de protección civil moderna y eficiente.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida de la Unión Europea, porque considero que la Unión debe hacer esfuerzos importantes para garantizar una reacción coordinada y eficaz a las diversas catástrofes más importantes que hemos presenciado recientemente.

La necesidad de ese compromiso se puso de manifiesto en la última Comunicación de la Comisión sobre el «Refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes», que incluía un Plan de acción diseñado para crear una coordinación integrada entre los distintos instrumentos de respuesta a los desastres. Además, estoy de acuerdo con la señora Zanicchi en que ya es hora de que reconozcamos la importancia política de fortalecer la capacidad de respuesta de la UE a los desastres, y en que deberían movilizarse todos los medios para lograr ese objetivo.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe, que:

recuerda el papel clave del Alto Representante/Vicepresidente en la coordinación de operaciones de la UE en terceros países y regiones;

subraya que la estructura y métodos de trabajo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deberían perseguir el objetivo de asegurar la coherencia y uniformidad de la acción de la UE en situaciones de crisis;

y urge por ello al Consejo a que conceda a la Alta Representante y Vicepresidenta un mandato permanente que le permita activar una célula de crisis, que reúna a representantes de todos los servicios competentes de la Comisión y del Consejo y de todas las capacidades de planificación de la UE (MIC, CMPD, EMUE, CPCC) para coordinar la respuesta de la Unión en caso de catástrofe, a fin de emprender los trabajos con rapidez sin necesidad de recurrir al Consejo de forma sistemática;

propone que esa célula de crisis cuente con el apoyo de un equipo integrado por expertos civiles (CRT, MIC), militares y conjuntos civiles-militares (EMUE, CCPE) que pueda convocarse en las primeras horas de una crisis y reciba también la asistencia de los servicios de información SitCen y SatCen;

hace hincapié en la necesidad de una coordinación óptima entre los mecanismos de la UE de respuesta a las catástrofes y otros instrumentos de la Unión, en particular la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), las misiones y los instrumentos civiles o militares (por ejemplo, las agrupaciones tácticas).

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La creación de un medio de respuesta rápida a las catástrofes y los desastres naturales es esencial, ya que es en las primeras horas después de un desastre cuando se puede salvar a un mayor número de personas. Además, en los últimos años hemos sido testigos, por desgracias, de un aumento significativo de los desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre, que exigen una capacidad de intervención significativa y rápida. La creación de un Mecanismo Comunitario de Protección Civil es muy importante por estas razones, pero aún queda mucho por hacer en este ámbito.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito.(FR) El número de grandes catástrofes en los países de la UE y terceros países por igual está aumentando de forma constante, en particular a causa del cambio climático y la creciente urbanización. Los países en desarrollo son los más afectados por las catástrofes, con una cifra de muertos muy alta como consecuencia de ello. El coste económico de tales catástrofes es también mucho mayor en esos países. La creación de una fuerza de respuesta rápida permitirá a la UE y los Estados miembros coordinar mejor sus esfuerzos y dar mayor visibilidad a la actividad de la Unión. Por ese motivo, ha respaldado esta recomendación. Al igual que su autora, insto a que se tengan en consideración las muchas excelentes propuestas prácticas formuladas en el informe Barnier.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) La ponente, la señora Zanicchi, ha actualizado la cuestión de la posibilidad de una respuesta rápida solo tras un retraso considerable, pero no por ello su interés se ha visto disminuido en modo alguno. Estoy convencido de que es obligación de la Unión Europea aumentar significativamente la financiación para la preparación, provisión y ampliación de las fuerzas de respuesta rápida. Los cataclismos naturales van a producirse con cada vez mayor frecuencia como resultado del cambio climático. No podemos arreglárnoslas en este ámbito sin un equipo de rescate cualificado, cuya preparación profesional permita la localización rápida y un control efectivo de los incendios y las catástrofes de origen técnico. Mi voto ha sido a favor.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Una unidad fuerte de reacción rápida sería algo bueno y permitiría ayudar a los ciudadanos de Europa y otros Estados durante sus momentos más difíciles. Lamentablemente, la ponente no parece estar preocupada por el fortalecimiento de la ayuda humanitaria o el programa de protección civil de la UE, sino más bien porque el sello de la «UE» resulte lo más visible posible. La promoción de la UE en todo el mundo no debe ser el objetivo de esta unidad de reacción rápida. Como consecuencia del liderazgo de las Naciones Unidas y la participación de los militares en la prestación de ayuda de emergencia, también nos arriesgamos a renunciar a nuestra independencia, algo que no deseo apoyar. Por consiguiente, he votado en contra de este informe.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. (RO) Se ha demostrado que es necesario mejorar la efectividad de la existente capacidad de reacción a las catástrofes de la UE en muchas situaciones que hemos afrontado en los últimos años. Me gustaría simplemente mencionar las catastróficas inundaciones o los incendios forestales que han afectado a varios Estados europeos. Otro ejemplo es el reciente accidente medioambiental a gran escala que ha tenido lugar en Hungría. Frente a este tipo de incidentes, ningún Estado tiene suficiente capacidad individual de respuesta. Por otro lado, también hay un deber de solidaridad entre los Estados miembros. El informe detalla los criterios que debe satisfacer una fuerza de reacción rápida, así como las condiciones que serían necesarias para que pudiese llevar a cabo sus actividades.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Parece que el informe tiene menos que ver con el aumento de la eficacia de la ayuda al desarrollo o la protección de los ciudadanos que con la promoción y la captación de atención sobre la marca «UE». Es por ello que he votado en contra de este informe.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La necesidad de una capacidad de respuesta efectiva de la Unión Europea para hacer frente al creciente número de grandes catástrofes en los últimos años es lo que me ha llevado a votar a favor de este informe. Ha habido numerosas apelaciones en los últimos años de la UE para que la UE mejore la eficacia de su respuesta y, en el momento actual, aún queda mucho por hacer para asegurar un progreso más coherente y visible. En mi opinión, tenemos que movilizar todos los recursos disponibles para lograr este objetivo, ya que, desde 2008 y la última comunicación de la Comisión sobre este asunto, nos hemos movido hacia una respuesta global e integrada de la UE. Todos nosotros esperamos que la aplicación de este informe dé lugar a un Plan de acción concreto para conseguir gradualmente una mayor coordinación integrada entre los distintos instrumentos de respuesta en caso de catástrofes.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de reacción rápida en caso de catástrofes naturales. De hecho, un análisis de las lecciones aprendidas en Haití muestra claramente la necesidad de una nueva reforma de la capacidad de respuesta de la UE a los desastres, como ya había afirmado en mi opinión «sobre un enfoque comunitario para la prevención de las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano».

La respuesta rápida y eficaz en situaciones de emergencia es absolutamente esencial si queremos garantizar que la UE demuestre solidaridad, ya sea con los Estados miembros o con terceros países, y ello requiere una firme voluntad política de los diversos órganos involucrados en la toma de decisiones.

En general, se reconocen los grandes esfuerzos en curso para fortalecer la coherencia y coordinación entre las fuerzas de protección civil y los distintos ámbitos de la ayuda humanitaria. No obstante, hay que adoptar medidas significativas para la creación de una Fuerza Europea de Protección Civil, como también señalé en mi opinión «sobre un enfoque comunitario para la prevención de las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano». Estoy de acuerdo con la ponente: es el momento de hacer un mayor progreso en esta materia, especialmente en cuanto a la aplicación de las propuestas concretas del informe Barnier de 2006.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Comparto el parecer de la ponente, la señora Zanicchi, de que ya es el momento de reconocer la importancia política del fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Unión Europea en caso de catástrofes y de que deben movilizarse todos los medios para lograr este objetivo. También estoy de acuerdo con la opinión de la señora Zanicchi de que deberían seguir evaluándose los alentadores resultados de la Acción Preparatoria de 2008, y de que debe seguir desarrollándose la idea de una agrupación voluntaria de los recursos en situación de reserva de los Estados miembros para un despliegue inmediato en operativos de la UE.

En este sentido, la ponente deseaba recordarles al Consejo y a la Comisión la recomendación en el informe del señor Barnier, de acuerdo al cual solo la organización preventiva y una puesta en común de los recursos existentes pueden dar lugar a la aparición de una fuerza europea de protección civil.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque coincido en que es esencial que nos esforzamos en poner en práctica políticas que refuercen la capacidad de la UE para responder a las catástrofes, promuevan la eficiencia, coordinación y visibilidad de estas actividades.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La multiplicación de los grandes desastres (naturales y ocasionados por el ser humano) fuera de la Unión Europea en los últimos años ha suscitado una creciente demanda para mejorar la eficacia de la actual capacidad de respuesta de la UE a las catástrofes. Si bien esta capacidad de respuesta ha evolucionado constantemente desde el establecimiento del mecanismo comunitario de protección civil en el año 2001, la ponente considera que todavía queda mucho por hacer para garantizar una respuesta coordinada, coherente y visible de la UE. Esta necesidad de una respuesta más coherente también fue destacada en la última comunicación de la Comisión sobre el «refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes», que se remonta a marzo de 2008. Se supone que esta comunicación es un primer paso en el camino hacia una respuesta global e integrada de la UE. Incluía un Plan de acción con una serie de medidas prácticas para desarrollar gradualmente una coordinación más integrada entre los distintos instrumentos de respuesta a las catástrofes. Hoy tenemos la respuesta del Parlamento a ese problema.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Ahora que, a causa del cambio climático, se ha incrementado en todo el mundo el número de desastres naturales, dando lugar a graves daños humanitarios, económicos y medioambientales, es imprescindible que la Unión Europea sea capaz de actuar con rapidez. La creación de una fuerza europea de protección civil facilita una estructura clara para este tipo de respuesta rápida. Después del terremoto en Haití, hemos aprendido la lección de que tenemos que aumentar la eficiencia, la coordinación y la visibilidad de la Unión. Por consiguiente, estoy a favor de que se reúnan la protección civil y la ayuda humanitaria en la cartera de un solo Comisario. Asimismo, opino que, allí donde sea posible, las operaciones de ayuda humanitaria siempre deberían llevarse a cabo bajo la coordinación de las Naciones Unidas.

En este informe, la Comisión ha sido invitada a establecer programas en las zonas afectadas, en colaboración con los gobiernos nacionales, las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales, con el propósito de permitir a las comunidades locales prevenir y gestionar los desastres. Los medios de la defensa militar y civil solo deben utilizarse en casos de catástrofe como un último recurso.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La incidencia de los desastres naturales y provocados por el ser humano ha ido en aumento, no solo en número sino también en su impacto y extensión y, como resultado, en sus efectos humanos, socioeconómicos y medioambientales. Esto obliga a la UE a replantearse su estrategia de respuesta en términos de prevención, gestión y ayuda para que sea más concertada y eficaz en su capacidad operativa.

Acojo con satisfacción la aprobación de este informe, que utiliza el reciente desastre en Haití como caso de estudio y solicita la creación de una Fuerza de Protección Civil de la Unión Europea, capaz de crear sinergias entre los Estados miembros y las instituciones europeas con el fin de prevenir desastres y ayudar a terceros países, en particular a los países en desarrollo asolados por alguna catástrofe. El carácter humanitario de esta iniciativa es representativa de la naturaleza cada vez más concreta de las dimensiones externas de solidaridad de la UE.

Sin embargo, considero que es extremadamente importante que esta misma iniciativa se contemple para llevar a la coordinación y gestión de los desastres que ocurren dentro de la Unión Europea. Quiero recordar el desastre que devastó la isla de Madeira en febrero pasado y, sobre esa base, considero que es esencial crear esa Fuerza de Protección Civil, mientras que, al mismo tiempo, se hace el mejor uso posible de los mecanismos existentes.

 
  
  

Informe: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) El trabajo prosigue en el ámbito de la regulación financiera. He votado a favor de este informe elaborado a iniciativa propia del Parlamento Europeo, que tiene por objeto someter todos los productos financieros a la supervisión de las autoridades del mercado. La falta de transparencia es perjudicial para la eficiencia del mercado y ha contribuido a agravar la crisis financiera. La Directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros ha facilitado la transferencia de las actividades de mercado hacia espacios de negociación más reglamentados y transparentes. Haciéndose eco de las conclusiones de la cumbre del G-20 de septiembre de 2009 en Pittsburgh, el presente informe tiene por objeto garantizar que «todos los contratos estandarizados de derivados OTC [sean] negociados en mercados o plataformas de comercio electrónico.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Desde la aplicación de la Directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros (MiFID), los mercados financieros europeos han experimentado cambios sin precedentes, tanto como consecuencia de la Directiva como por otros motivos vinculados a la crisis. Como consecuencia de ello, no ha sido posible alcanzar los objetivos de reglamentación deseados. La aplicación de la MiFID ha provocado la fragmentación de los mercados, que ha alentado el crecimiento explosivo de las estrategias de negociación de alta frecuencia. El mercado se ha adaptado a la utilización de las plataformas de negociación anónima («dark pools») para negociar pedidos de gran magnitud en redes privadas de cruce de valores entre operadores, y a las exenciones establecidas en la MiFID para esas operaciones, llamadas «transacciones opacas», que antes eran efectuadas a través de los mercados reglamentados. Es esencial aplicar la normativa, destinada a garantizar la regulación efectiva y la transparencia de estos avances tecnológicos, con el fin de evitar la creación de cualquier riesgo sistémico para el funcionamiento global de los mercados.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Parlamento Europeo sigue aprobando informes relativos a algunos elementos de la regulación financiera, pero sin llegar al fondo de la cuestión. Por supuesto, es mejor que haya una cierta reglamentación de las transacciones financieras a cargo de los operadores privados y/o las instituciones financieras. Sin embargo, este no es el tema fundamental.

El informe no va más allá de argumentar a favor de una mayor regulación de los centros de negociación, en referencia a la necesidad de «incrementar la transparencia y la seguridad en los mercados de instrumentos financieros», y de la necesidad de un «tratamiento equitativo» de los centros multilaterales de negociación y los mercados reglamentados.

La cuestión fundamental que se aborda aquí es la persistencia del mismo sistema especulativo anterior, sin embargo, el informe solo se refiere a la forma de esta especulación, y no al aspecto más importante: el contenido.

Por nuestra parte, seguimos abogando por el fin del mercado de derivados y de los paraísos fiscales, así como por el control efectivo de los poderes políticos sobre las competencias financieras, y no al revés. Hasta que esto suceda, cualquier otra política será meramente de corte cosmético.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Parece que una consecuencia importante de la competencia provocada por la Directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros (MiFID) ha sido la fragmentación del mercado, lo que estimulado en sí mismo el crecimiento explosivo de las estrategias de negociación de alta frecuencia. Los reguladores deben ser conscientes de que estos avances tecnológicos requieren ser objeto de una legislación adecuada para evitar que, debido a lagunas normativas, se produzca un riesgo sistémico que ponga en peligro el funcionamiento general de los mercados.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Con la reciente aplicación de la Directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros (MiFID), los mercados financieros europeos han experimentado cambios sin precedentes, tanto como consecuencia de la Directiva como por otros motivos vinculados a la crisis. Como consecuencia de ello, no ha sido posible alcanzar los objetivos de reglamentación previstos con la aprobación de la MIFID. El mercado se ha adaptado a la utilización de las plataformas de negociación anónima («dark pools») para negociar pedidos de gran magnitud en redes privadas de cruce de valores entre operadores, y a las exenciones establecidas en la MiFID para esas operaciones, llamadas «transacciones opacas», que antes eran efectuadas a través de los mercados reglamentados. Por estar razones, es esencial empezar a aplicar la normativa, destinada a garantizar la regulación efectiva y la transparencia de estos avances tecnológicos, con el fin de evitar una nueva creación en el futuro de cualquier riesgo sistémico para el funcionamiento global de los mercados.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Los costes de adquisición de datos en Europa son demasiado altos. A veces son diez veces más altos que en los Estados Unidos. El informe contiene algunas buenas propuestas para la reducción de estos costes y otros gastos innecesarios. Empero, me temo que la autora está en el camino equivocado con sus planes para lograr este objetivo de reducción de costes mediante la introducción de numerosas disposiciones adicionales. Existe el peligro de que al hacerlo se sustituya simplemente uno de los obstáculos burocráticos por otro. Ese es el motivo por el que me he abstenido de votar.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Mi decisión de votar a favor del informe A7-0326/2010 está en consonancia con la situación actual en los mercados de capitales europeos, que están pasando por un período de flujo sin precedentes gracias a los nuevos avances tecnológicos. Gracias a la introducción de la Directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros (MiFID), que promueve la competencia entre los centros de negociación para los servicios de ejecución, la eficiencia del proceso de formación de los precios ha aumentado, ampliando las opciones para los inversores. La fragmentación del mercado, sin embargo, condujo a una falta de transparencia posnegociación en operaciones «over-the-counter» (OTC), y esta situación significa que se necesita un marco regulador más eficaz de la información consolidada de posnegociación. En mi opinión, las autoridades reguladoras deben asegurarse de que pueden reconstruir, en todo momento, cualquier detalle de la negociación para asimilar la dinámica del mercado y la modalidad de intervención de los participantes. El impacto de las nuevas tecnologías y la llegada de nuevos participantes al mercado han dado lugar a velocidades más rápidas de negociación y a un aumento en el acceso directo al mercado por parte de clientes de los miembros de los centros de negociación. A pesar de que la introducción de la MiFID ha aportado innovación, parece que también ha contribuido a la fragmentación del mercado. He votado a favor del informe porque creo que estos avances tecnológicos deben ser regulados de manera adecuada para que no causen un riesgo sistémico al funcionamiento global de los mercados.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Estoy a favor del llamamiento de la Comisión para reforzar las infraestructuras de mercado en todas los centros de negociación y los sistemas de compensación para permitirles hacer frente a riesgos futuros a través de una mayor transparencia, mayor resistencia y la supervisión normativa de todas las operaciones agregadas. Por ello, he votado a favor de la resolución del Parlamento, ya que apoya la idea de que:

- las plataformas multilaterales de negociación deberían estar sujetas al mismo nivel de supervisión y, por tanto, reglamentadas de una manera comparable;

- las empresas de inversión que ofrezcan servicios de gestión de carteras y operen en el ámbito de gestión de carteras deben beneficiarse de las mejores condiciones posibles de ejecución de las empresas de inversión;

- la Comisión debe los efectos del establecimiento de un volumen mínimo de orden para todas las operaciones «opacas»;

- las empresas que llevan a cabo estrategias de negociación de alta frecuencia deben ser reguladas para garantizar que disponen de sistemas y controles sólidos con revisiones periódicas de los algoritmos que utilizan.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Apoyo plenamente a la ponente, la señora Swinburne, y su idea de promover la competencia entre los centros de negociación para los servicios de ejecución. Esto ha ampliado las opciones de elección del inversor, ha reducido los costes de transacción y ha contribuido a aumentar la eficiencia del proceso de formación de precios. En la actualidad hay 136 sistemas multilaterales de negociación (SMN), así como mercados primarios, que constituyen en conjunto los lugares de negociación organizada.

Estos centros organizados representan alrededor del 60 % del volumen de comercio, y el resto lo llevan a cabo los agentes de bolsa, denominados colectivamente «over the counter» (OTC). Las negociaciones bilaterales, en las que el cliente transmite una orden a su agente de bolsa, para que este encuentre una contrapartida, han pasado de ser órdenes principalmente verbales a realizarse en su mayor parte por vía electrónica. Aunque por definición no hay requisitos de transparencia pre-negociación fijados para las operaciones OTC, todavía se exige que se informe de ellas conforme a la normativa de la Directiva MiFID.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo en que la Comisión debería evaluar el impacto que supondría establecer un volumen mínimo de orden para todas las operaciones «opacas», así como la posible aplicación rigurosa de esta regla para mantener un flujo adecuado de operaciones a través de centros que operen de manera transparente en aras de la determinación de los precios.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Parece que una consecuencia importante de la competencia provocada por la aplicación de la MiFID ha sido la fragmentación del mercado, lo que ha alentado, en sí mismo, el crecimiento explosivo de las estrategias de negociación de alta frecuencia. La regulación necesita reconocer que estos avances tecnológicos requieren ser objeto de una legislación adecuada para evitar que, debido a lagunas normativas, se produzca un riesgo sistémico que ponga en peligro el funcionamiento general de los mercados. Este es, en resumen, el propósito del texto que el Parlamento Europeo ha aprobado hoy.

 
  
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  Peter Skinner (S&D), por escrito. – Este informe, elaborado a iniciativa propia, establece el marco para la discusión de la MiFID, con la cual están relacionados la Directiva OTC, el nacimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEMV), y, por supuesto, el Reglamento sobre la infraestructura del mercado. Incluso el nombre de este informe permite a la gente a comprender la naturaleza de los necesarios, pero a menudo complicados, cambios regulatorios.

A los mercados no regulados se les ha permitido el acceso directo a través del patrocinio a los centros de negociación oficiales. Esto debe cambiar.

Del mismo modo, estoy de acuerdo con la ponente en que la transparencia prenegociación y posnegociación debe mejorar, y, en particular, en que los datos posnegociación para los productos distintos de las acciones se ofrezcan en un formato ya consolidado.

Resulta vital entender la dinámica del mercado y proporcionar a los reguladores instrumentos junto con información y datos.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito.(DE) Los bancos, las bolsas de valores y los fondos desarrollan tan rápido nuevos productos financieros y prácticas comerciales que la Directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros ya se ha quedado obsoleta. El ámbito de aplicación de las normas de transparencia también debe ampliarse para incluir los sistemas de negociación interna de los bancos, y las excepciones deben redactarse de forma más restrictiva para que los institutos y productos financieros no puedan eludir una supervisión eficaz.

La divulgación de datos sobre prenegociación y posnegociación, hasta ahora solo estipulada para las acciones, va a extenderse ahora a las obligaciones, los derivados, compensados centralmente, los productos estructurados, los fondos y certificados, lo que aumentará la eficiencia y transparencia del proceso de formación de precios.

 
  
  

Informe: Ana Gomes (A7-0349/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque creo que es esencial que la UE esté preparada para los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) que han dado una nueva dimensión a los ataques terroristas, a los accidentes industriales y desastres naturales , ya que dichos riesgos no conocen fronteras y podrían ocasionar innumerables víctimas. La respuesta de la UE a este peligro no debería limitarse a los programas de intervención a posteriori, sino comenzar mucho antes, en las fases de almacenamiento, restricción del acceso y control de dichas sustancias. Creo que es esencial que la intervención a raíz de un incidente vaya acompañada de una importante cooperación entre las distintas autoridades de un Estado miembro (de protección civil, militares, policiales, etc.), así como entre las autoridades nacionales de los distintos Estados miembros y las instituciones europeas. En otras palabras, me parece esencial un enfoque coordinado y global. En junio de 2009, la Comisión presentó una Plan de acción trianual QBRN de la UE para el período 2010-2012, con los siguientes elementos: prevención, detección y preparación y respuesta. En este sentido, creo que el reconocimiento de la importancia de cada una de estas etapas es esencial para garantizar la correcta aplicación de los estudios de evaluación de riesgos, la respuesta y las contramedidas.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta importante resolución, porque ya es hora de prestar atención a los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN), que presentan una nueva dimensión de posibles ataques terroristas, accidentes, desastres naturales y/o pandemias, debido a su carácter transnacional y presencia de víctimas a gran escala. Es necesario empezar a tratar con esos materiales y su correcto almacenamiento, la restricción del acceso, el control, etc., desde el principio y no solo crear programas de intervención a posteriori. Al mismo tiempo, la intervención a posteriori exige una cooperación a gran escala entre las distintas autoridades nacionales en un Estado miembro. Por lo tanto, el Plan de acción QBRN debe garantizar la interacción eficaz de las iniciativas nacionales y la UE para hacer frente a riesgos QBRN y preparar la respuesta necesaria.

Teniendo en cuenta que los accidentes o ataques QBRN plantean serias amenazas a la seguridad de las personas que viven en la Unión Europea y pueden perturbar las infraestructuras críticas y el normal funcionamiento de las sociedades en cualquiera o en varios Estados miembros de la UE y son ajenos a las fronteras, apoyo la Resolución del Parlamento Europeo que insta al Consejo y a la Comisión a revisar rápidamente y fortalecer el Plan de acción, de acuerdo con las recomendaciones de este informe y para asegurar su rápida aplicación.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) Los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN), plantean un nuevo reto a la sociedad y representan una nueva base para posibles ataques terroristas, accidentes, desastres naturales o pandemias. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para congratularme por el informe de la señora Gomes, ya que nos permitirá establecer los fundamentos para un mecanismo adecuado de respuesta a las catástrofes. También debemos tener en cuenta, mientras reevaluamos el Plan de acción QBRN de la UE, las sugerencias formuladas por el Parlamento Europeo, destinadas a mejorar las áreas básicas que incrementan la seguridad en el caso de dichos riesgos. Estoy de acuerdo en que es vital compartir las mejores prácticas con los países que han desarrollado conocimientos especializados en el ámbito de la evaluación de riesgos, la prevención, detección, comunicación y respuesta en materia QBRN.

Creo que es importante que pongamos de relieve la necesidad de mantener reservas bien gestionadas para asegurar que los recursos de respuesta a las catástrofes, tanto si se trata de equipamientos médicos como de otros equipos pertinentes, se mantengan plenamente operativos, actuales y al día. Por eso he votado a favor de este informe.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Los desastres químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, ya sean accidentales o como resultado de un ataque terrorista, plantean serias amenazas a la seguridad y salud de los ciudadanos de la UE y son causa de la contaminación ambiental. Aunque el número de incidentes en la UE con material QBRN ha sido hasta ahora relativamente pequeño y se ha debido a accidentes industriales o al aumento y la propagación mundial de agentes patógenos peligrosos, sigue habiendo riesgos de desastres QBRN, tanto accidentales como intencionales. He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la posición de la ponente en el sentido de que el Plan de acción QBRN propuesto por la Comisión Europea, cuyo objetivo es garantizar la interacción eficaz de las iniciativas nacionales y de la UE para hacer frente a riesgos QBRN y preparar las respuestas necesarias, subestima la riesgos que no están constreñidos por las fronteras de la UE. Considero que el Plan de acción QBRN también debería evaluar correctamente e incluir los riesgos QBRN internacionales, y por lo tanto las acciones preventivas deben garantizar una dimensión internacional, haciendo hincapié en la aplicación de los acuerdos internacionales en materia de armas nucleares y químicas.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Es esencial que aprobemos un Plan de acción efectivo para que podamos afrontar el riesgo real y continuo de catástrofes químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (CBRN) dentro del territorio de la UE. Ya sean accidentales o intencionales, estos riesgos representan una amenaza grave y tienen el potencial para causar efectos devastadores y de gran alcance sobre la seguridad, el bienestar y la salud de los ciudadanos europeos, así como sobre el medio ambiente, nuestro patrimonio cultural y la infraestructura básica. Por fortuna, el número de incidentes relacionados con materiales QBRN, incluidos los actos de terrorismo, ha sido relativamente bajo.

Este Plan de acción muestra la necesidad de una respuesta global y transnacional, ya que los efectos de un desastre QBRN no conocen fronteras, y este plan debería basarse en los siguientes elementos: prevención, detección y preparación y respuesta. También debe asegurar una interacción efectiva entre las iniciativas nacionales y de la UE para hacer frente a riesgos QBRN y preparar la capacidad de reacción y limitación de las consecuencias. Al igual que la ponente, la señora Gomes, no tengo ninguna duda de que tenemos que aprobar un Plan de acción de la UE, pero lamento el hecho de que la Comisión no haya sido más ambiciosa, ya que el Plan de acción propuesto muestra falta de fuerza y coherencia en ciertos asuntos.

 
  
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  Cornelis de Jong (GUE/NGL), por escrito. – Aunque estoy de acuerdo con la mayor parte del informe Gomes, he votado en contra, ya que se centra en exceso en la Unión Europea como coordinadora de la cooperación cívico-militar. Las competencias militares deberían permanecer en los Estados miembros y no pasar a la UE y la Comisión. No tengo ningún problema con los Estados Miembros que cooperan en pie de igualdad en el caso de un incidente QBRN —lo que en el caso de un desastre medioambiental provocado por un suceso así es crucial—, pero sí tengo serias reservas respecto a este informe que abre potencialmente las puertas a la militarización de la UE.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe, ya que creo que propone medidas eficaces para prevenir, combatir y gestionar los incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). Es de suma importancia que este informe impulse la noción de un mecanismo de respuesta rápida en caso de un desastre QBRN en alguno de los Estados miembros. Por añadidura, este mecanismo se basará en una respuesta inspirada en la solidaridad de todos los Estados miembros de la UE. Otro punto de igual importancia es que el informe aprobado por el Parlamento propone la creación de equipos europeos mixtos de intervención rápida, constituidos por personal militar, agentes de policía y personal médico, que podrán proporcionar una respuesta eficaz si se produce un desastre químico, biológico, radiológico o nuclear.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Como resultado de los compromisos obtenidos por la ponente alternativa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), mi colega, la señora Hankiss, el texto sobre el que vamos a votar hoy es mucho más detallado y equilibrado, dando prioridad destacada a numerosas cuestiones especializadas relacionadas con la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear, no solo en términos de prevención de accidentes y de respuesta adecuada a los desastres naturales, sino también en referencia al peligro claro y real que representa el terrorismo de esta naturaleza. Nos enfrentamos cada vez más a amenazas difusas y no convencionales y, teniéndolo presente, Europa debe contar con una estrategia adecuada para la prevención, detección y protección, de modo que se pueda garantizar la seguridad y salud de los europeos. La Comisión debe seguir en esta línea, así que voy a votar a favor.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) han dado una nueva dimensión a los ataques terroristas, accidentes industriales, desastres naturales y las pandemias, dado que tales amenazas no conocen fronteras y podrían provocar incontables víctimas. En junio de 2009, la Comisión presentó el Plan de acción QBRN de la UE, que fue modificado por el Consejo en noviembre. El plan se llevará a la práctica durante los próximos tres años —2010 2012—, y se basa en tres elementos principales: prevención, detección y preparación y respuesta. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el Consejo han debilitado el Plan de acción y han hecho menos vinculantes las medidas previstas, así como el seguimiento y la inspección de su aplicación. Por ello, acojo con satisfacción la aprobación de este informe, que tiene por objeto encomendar a la Comisión un papel regulador fortalecido, ya que entiendo que es la única forma de cubrir las lagunas existentes en las competencias atribuidas en esta materia por los distintos Estados miembros.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Si hubiese una preocupación auténtica sobre las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), algunos países de la UE no insistirían en el mantenimiento de arsenales nucleares extremadamente poderosos, que podrían ser utilizados en ataques militares. Ni tampoco estarían todavía estacionadas las armas nucleares de los EE.UU. en diversos países europeos, una circunstancia que evidentemente contradice uno de los tres pilares del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que supuestamente pretende defender.

El informe no hace referencia a ciertas decisiones, como a la adoptada recientemente por el Reino Unido para vender tecnología nuclear a la India, un país que no ha firmado el TNP, ni a la decisión de Francia y Alemania para cooperar en el mantenimiento de sus armas nucleares, justificando esto mediante una hipócrita «racionalización de costes». Nada se dice ni sobre la ayuda prestada por las potencias principales de la UE y la OTAN al proyecto de instalación de sistemas anti-misiles en Europa, o sobre la decisión de la OTAN de mantener su papel como «alianza nuclear».

En un momento en el que la crisis del capitalismo se ha intensificado, lo que este informe evidencia es que las acciones concretas son lo que cuenta, y no las declaraciones de intenciones: y esas acciones demuestran que el poder militar sigue siendo un recurso utilizado por la globalización económica capitalista.

 
  
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  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. – Explicación de voto sobre el informe Gomes titulado «Refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea - Plan de acción QBRN de la UE» (A7-0349/2010). Aunque estoy de acuerdo con la mayor parte del informe Gomes, he votado en contra, ya que se centra en exceso en la Unión Europea como coordinadora de la cooperación cívico-militar. Las competencias militares deberían permanecer en los Estados miembros y no pasar a la UE y la Comisión. No tengo ningún problema con los Estados Miembros que cooperan en pie de igualdad en el caso de un incidente QBRN —lo que en el caso de un desastre medioambiental provocado por un suceso así es crucial—, pero sí tengo serias reservas respecto a este informe que abre potencialmente las puertas a la militarización de la UE.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) presentan una nueva dimensión de posibles ataques terroristas, accidentes, desastres naturales o pandemias debido a su carácter transnacional y la posible presencia de víctimas a gran escala. Una respuesta apropiada frente a ese peligro no incluye solo programas de intervención a posteriori, sino que comienza mucho antes cuando se empiezan a tratar dichos materiales, su almacenamiento, la restricción del acceso, el control, etc. Al mismo tiempo, una intervención a posteriori exige una cooperación a gran escala entre las distintas autoridades nacionales en un Estado miembro (protección civil, militares, policiales, etc.), así como entre las autoridades nacionales de diferentes Estados miembros y los órganos de la UE. Por lo tanto, se requiere un enfoque coordinado que englobe todos los peligros. He votado a favor de este informe, que establece un enfoque coordinado.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) No cabe duda de que tenemos que protegernos de cualquier uso malicioso de materiales y organismos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Sin embargo, es respecto a su uso cotidiano con lo que debemos ser más cautelosos. El hecho es que este texto ni una sola vez menciona la necesidad de encontrar una alternativa a la energía nuclear. En la actualidad, este representa una seria amenaza para nuestros conciudadanos. Y en cuanto al terrorismo, que está en el núcleo de este informe, ¿por qué recurrir a la OTAN, la organización que representa la mayor amenaza a la paz mundial, para abordarlo? Estas son todas las incoherencias que me impiden votar a favor de este texto.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Creo que la UE debería estar preparada para enfrentarse cualquier ataque o accidente que ponga en peligro la seguridad y salud de los europeos. Por este motivo, es necesario el Plan de acción QBRN, tanto para prevenir como para responder a cualquier tipo de amenaza o accidente ocurrido en el territorio de la UE. Las amenazas actuales son muy variadas, lo que significa que este asunto es complejo por naturaleza, pero ahora disponemos de un mecanismo adecuado y suficiente para hacer frente a las más diversas situaciones. Por eso he votado como lo hice.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito.(FR) Los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) presentan una nueva dimensión de posibles ataques terroristas, accidentes, desastres naturales y/o pandemias debido a su carácter transnacional y la posible presencia de víctimas a gran escala. Una respuesta apropiada frente a ese peligro debe comenzar cuando se empiezan a tratar dichos materiales, su almacenamiento, la restricción del acceso, el control, etc. Las intervenciones a posteriori exigen una cooperación a gran escala entre las distintas autoridades nacionales en un Estado miembro, así como entre las autoridades nacionales de diferentes Estados miembros y los órganos de la UE. Por lo tanto, se requiere un enfoque coordinado que englobe todos los peligros. He votado a favor de este informe, que establece un enfoque coordinado. La prioridad es fortalecer un régimen de no proliferación y el desarme a través de la aplicación universal y plena de todos los tratados y acuerdos internacionales.

Es asimismo importante para abordar el riesgo de la proliferación por la acción terrorista. El establecimiento urgente de un mecanismo de reacción europea en caso de crisis se hace también necesario. Este debería coordinar los medios civiles y militares para garantizar que la Unión Europea cuente con una capacidad de respuesta rápida para hacer frente a un desastre QBRN. Por último, hay que adoptar igualmente normas europeas de calidad y seguridad.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) He votado a favor porque, por desgracia, si en el momento dado no hay una mejora en la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear, la Unión Europea no se hará plenamente consciente de las posibles consecuencias. Este informe es una pequeña nota explicativa, no un Plan de acción. Con el fin de elaborar un documento exhaustivo sobre el tema de la seguridad nuclear, deberían participar los especialistas con amplia experiencia en energía nuclear y en los usos de la tecnología nuclear. Esa labor puede requerir varios años, pero debe llevarse a cabo. La Unión Europea y el Parlamento Europeo, en particular, no pueden elaborar dicho documento por sí solos. He votado a favor, pero considero que este informe es un mero epílogo para un libro sobre la seguridad nuclear de la UE. Confío en que el trabajo sobre el libro en sí se inicie en el futuro inmediato.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La seguridad de la población civil en caso de posibles incidentes de naturaleza química, biológica, radiológica o nuclear es un asunto muy importante, por lo que hay que respaldar las ambiciones que vayan en esta dirección. Por desgracia, en lo que a este informe se refiere, tengo la sensación de que el deseo es luchar contra un fantasma atemorizante que, afortunadamente, no existe en Europa en esta forma tan organizada. Por consiguiente, la intención es crear más pánico para luego poder llevar a la práctica una política específica. Por otra parte, el informe parece tratar de forma predominante el tema de la solidaridad. Creo que hay un límite en el que debemos decir «basta» en lo que atañe a las medidas de prevención del terrorismo, y lo mismo ocurre con la solidaridad de la UE. Por lo tanto, me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), por escrito. (LT) He votado a favor de aumentar la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea, y estoy encantada de haber tenido la oportunidad de ser la ponente alternativa en esta materia. Si bien la prevención y protección frente a los desastres causados por las sustancias mencionadas es un problema para los propios Estados miembros, necesitamos un planteamiento común. Esta comunicación de la Comisión Europea es un paso hacia un Plan de acción común con el objetivo de proteger a la población en la UE de diversas catástrofes. Vivimos en tiempos bastante inestables, y las amenazas no surgen solo por la actividad humana irresponsable y los accidentes, sino también como consecuencia de actos intencionales. Este problema es particularmente relevante en mi país, Lituania, que está rodeado de riesgos químicos y nucleares. En primer lugar, en el fondo del mar Báltico quedan armas químicas de la Segunda Guerra Mundial, y, en segundo lugar, hay planes para construir dos centrales nucleares cerca de la frontera con Lituania. Debemos evaluar la situación, las normas de seguridad actualmente en vigor y su adecuación a las necesidades actuales. Solo mediante la evaluación de la situación actual podemos determinar si necesitamos nuevas normas de seguridad. Esta valoración y el marco normativo deben ser lo suficientemente flexibles para que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos, que, además de hacer nuestra vida más fácil, también pueden convertirse en un arma mortal cuando están en manos de terroristas. Por otro lado, garantizar la seguridad no debería convertirse en un motivo o pretexto para centralizar la protección civil. Aunque el establecimiento y la supervisión de normas de comunes seguridad ayudarían a garantizar la seguridad, no debemos, en todo caso, crear nuevas instituciones o procedimientos excesivamente complicados.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el fortalecimiento de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea, un Plan de acción QBRN de la UE, por las mismas razones que las esgrimidas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Desearía destacar la necesidad de un planteamiento a escala comunitaria para prevenir y detectar ataques y/o accidentes, ya que la amenaza de ataques QBRN es «global», y debido al enfoque dado al asunto en el sentido de reforzar la seguridad QBRN si queremos prevenir atentados terroristas.

También querría destacar la importancia del compromiso alcanzado entre los dos principales grupos políticos para suavizar la medida que obligaba a toda la industria química a sustituir los materiales de alto riesgo, con independencia de los riesgos asociados.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) No puedo sino apoyar a la ponente, la señora Gomes, y coincido plenamente con el objetivo del Plan de acción QBRN aprobado. Debería garantizar una eficiente interacción de iniciativas nacionales y de la Unión Europea para hacer frente a riesgos QBRN y para preparar la respuesta necesaria.

Estoy de acuerdo, sin embargo, con que el Plan de acción QBRN aprobado es débil y carece de coherencia en varios puntos. Es de vital importancia resaltar que un Plan de acción QBRN ofrece una valiosa oportunidad para aplicar la cláusula de solidaridad consagrada en el Tratado de Lisboa. Por desgracia, el Plan de acción aprobado por el Consejo ni siquiera hace referencia a esa cláusula.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) Los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) presentan una nueva dimensión de posibles ataques terroristas, accidentes, desastres naturales y/o pandemias, debido a su carácter transnacional y posible presencia de víctimas a gran escala. Una respuesta apropiada ante dicho riesgo no incluye únicamente programas de intervención a posteriori, sino que es necesario empezar a tratar esos materiales y su correcto almacenamiento, la restricción del acceso, el control, etc., desde el principio. Al mismo tiempo, una intervención a posteriori requiere una cooperación a gran escala entre las distintas autoridades nacionales en un Estado miembro (protección civil, militares, policiales, etc.), así como entre las autoridades nacionales en los diversos Estados miembros y los órganos de la UE. Por consiguiente, se necesita un enfoque coordinado que englobe todos los peligros.

He votado a favor de este informe porque se insta al Consejo y la Comisión a revisar rápidamente y fortalecer el Plan de acción de acuerdo con las recomendaciones de este informe y a asegurar su ágil aplicación, habida cuenta de que los accidentes o ataques QBRN plantean serias amenazas a la seguridad de la personas que viven en la Unión Europea y pueden afectar infraestructuras básicas y el normal funcionamiento de las sociedades en uno o más Estados miembros al margen de las fronteras.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Los ataques con materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (CBRN) constituyen una seria amenaza para los ciudadanos europeos. Ello implica que debe reconocerse la necesidad de poner en práctica un Plan de acción efectivo con el fin de establecer vínculos adecuados entre los enfoques y las iniciativas de los distintos Estados miembros y la UE, con respecto a la prevención, detección, preparación y respuesta a incidentes QBRN.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) presentan una nueva dimensión de posibles ataques terroristas, accidentes, desastres naturales y/o pandemias, debido a su carácter transnacional y posible presencia de víctimas a gran escala. Una respuesta apropiada ante dicho riesgo no incluye únicamente programas de intervención a posteriori, sino que es necesario empezar a tratar esos materiales y su correcto almacenamiento, la restricción del acceso, el control, etc., desde el principio. Al mismo tiempo, una intervención a posteriori requiere una cooperación a gran escala entre las distintas autoridades nacionales en un Estado miembro (protección civil, militares, policiales, etc.), así como entre las autoridades nacionales en los diferentes Estados miembros y los órganos de la UE. Por consiguiente, se necesita un enfoque coordinado que englobe todos los peligros. Eso es lo que pretendemos hacer aprobando este informe.

 
  
  

Informe: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del presente informe y lo considero s de gran importancia durante un período de crisis económica y financiera, ya que es necesario asegurar que todas las regiones de la Unión Europea se desarrollen de forma armónica. Estoy de acuerdo con la intención general de crear un acuerdo tripartito entre la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones, ya que son fundamentales la modernización, la interconexión de infraestructuras y la ayuda a los planes de inversión y proyectos de desarrollo respetando las características específicas de cada región. También considero que es esencial la inversión continua en la infraestructura en muchas regiones europeas, en especial en el sur y el este. Considerando los diferentes niveles de descentralización de las regiones europeas, debe buscarse un equilibrio para un planteamiento horizontal entre diversos niveles de gobierno y entre todas las áreas de actividad. Los esfuerzos hacia la modernización administrativa y la reforma de las regiones, combinados con una alta calidad de la asistencia técnica de la Comisión, son requisitos esenciales para mejorar la eficiencia de las inversiones de la UE. Es esencial la simplificación de los procedimientos y la asignación de recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de una manera que sea accesible a todas las partes interesadas. Ello garantiza, por un lado, la participación de todos los actores de la sociedad y, por otro, una mejor aplicación de los programas, los instrumentos y las políticas de la UE.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta importante resolución, ya que la aplicación de la política de cohesión está en gran medida descentralizada y se basa en la responsabilidad de las autoridades subnacionales. Estoy de acuerdo en que el enfoque de múltiples niveles debería aplicarse no solo vertical sino también horizontalmente entre los actores del mismo nivel, en todas las políticas de competencias compartidas de la Unión, incluida la política de cohesión, que desempeña un papel precursor en la aplicación de la gobernanza multinivel , como un instrumento para mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones mediante la participación activa de las autoridades de nivel subnacional desde la fase prelegislativa de los debates.

Además, es importante destacar que los procedimientos de solicitud de financiación son demasiado complicados, y un número excesivo de controles desalienta probablemente a los potenciales beneficiarios de la política de cohesión de la absorción eficiente de los recursos y la maximización de su impacto. Por lo tanto, debe haber suficiente capacidad administrativa tanto en la UE como a nivel regional y local con el fin de aumentar el valor añadido de la política de cohesión y garantizar la sostenibilidad de las acciones.

 
  
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  Antonello Antinoro (PPE), por escrito. (IT) He decidido votar a favor de este informe porque tenemos que enviar una señal clara del deseo de Europa de trabajar con las administraciones locales y, en particular, las regionales.

En un momento en el que hay diversos grados de descentralización en los Estados miembros, tenemos que mostrar que el Parlamento Europeo está también del todo comprometido con la definición de la política regional como un instrumento para una mejor gobernanza en Europa.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) En mi opinión, la política regional es una de las políticas más importantes de la UE. Los fondos que distribuye en toda Europa contribuyen a la cohesión entre las diferentes regiones y las ayuda a ser competitivas. Con todo, pueden mejorarse ciertas cosas, en especial en el ámbito de la gobernanza multinivel, es decir, la acción coordinada de la Unión, los Estados miembros y de las entidades regionales y locales. La política regional acusa la complejidad de sus procedimientos, que suelen disuadir a los agentes locales de recurrir a ella. No obstante, a pesar de estos procedimientos, el número de irregularidades sigue siendo demasiado elevado. He votado a favor de esta iniciativa del Parlamento Europeo, que hace hincapié en el papel crucial que desempeñan las autoridades locales en la aplicación de la política regional, mientras que, al mismo tiempo, insta a una mejora de la gobernanza de múltiples niveles. También recomienda un mejor seguimiento por parte de la Comisión, tanto en materia de apoyo a los actores regionales como para garantizar que se haga un buen uso de los fondos.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito.(FR) He votado a favor del informe elaborado a iniciativa propia de mi colega rumana, la señora Mănescu, sobre buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE: procedimientos de ayuda y control por parte de la Comisión Europea. Acojo con satisfacción la demanda de simplificación, ya que esta es un requisito previo para una mejor comprensión y utilización de los fondos europeos por parte de funcionarios locales. Al igual que la inmensa mayoría de mis colegas, estoy a favor de una política de cohesión fuerte, en la que se mantengan los recursos financieros más allá de 2013, al tiempo que rechazo cualquier intento de renacionalización. Yo añadiría, a nivel personal, que la mejor manera de prevenir una renacionalización de la política de cohesión de ser es «europeizarla». Me parece lamentable que los recursos de la política de cohesión se utilicen, con demasiada frecuencia, para proyectos con una dimensión regional o, a veces, nacional, pero rara vez con una dimensión europea.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) La política europea de cohesión de la Unión es el principal medio para garantizar un desarrollo regional sostenible. La aplicación de la política de cohesión está en gran medida descentralizada y se basa en la responsabilidad de las autoridades subnacionales. El Tratado de Lisboa ha permitido que las autoridades territoriales se involucren más intensamente en el proceso de toma de decisiones para facilitar una aplicación mejor y más eficaz de las medidas de la política de cohesión, adaptadas a las necesidades de las distintas regiones y sus poblaciones. He votado a favor de este informe. Creo que es necesario para maximizar el potencial de la cooperación territorial, que, en algunas regiones, ha estado hasta ahora sin explotar, y para promover una aplicación más activa del principio de asociación, garantizando una cooperación eficaz entre los sectores privado y público.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) El informe de la señora Mănescu intenta acercar más la Unión Europea a sus ciudadanos: aboga por un mejor control por la Comisión de la participación de las autoridades locales en el desarrollo de la política de cohesión. Este documento se inscribe en un proceso para simplificar procedimientos administrativos muy complejos destinados al desarrollo de nuestras regiones y a la intensificación de la colaboración entre las autoridades locales en los distintos Estados miembros. El hecho de que haya sido aprobado por una amplia mayoría, confirma la importancia dada a la mejora de la utilización de los fondos europeos.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque en la política de cohesión los procesos de toma de decisiones mejoran mediante la aplicación de la gobernanza multinivel y la participación de las autoridades subnacionales. La supervisión por parte de la Comisión, tal como está prevista actualmente, se considera insuficiente y no puede compensar la ineficacia de los controles en el ámbito nacional, que persisten durante todo el período plurianual. Por lo tanto, con el fin de mejorar el sistema de control y aumentar la ayuda a las autoridades subnacionales, es necesario que la Comisión refuerce su función y procedimientos de supervisión. Deberían garantizarse mayores inversiones para las administraciones nacionales y regionales, tanto en asistencia financiera y capacitación, con el objetivo de aumentar las capacidades y el conocimiento de las normas por parte de las autoridades encargadas de la gestión de programas. También hay que señalar que los actuales procedimientos de solicitud de financiación, que son demasiado complicados, podrían desanimar a los potenciales beneficiarios de la política de cohesión. Por consiguiente, necesitamos desarrollar en el futuro una política más accesible para los interesados con normas mejor coordinadas de los Fondos Estructurales.

 
  
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  Philip Bradbourn (ECR), por escrito. – Los diputados conservadores se han abstenido en la votación final sobre el informe Mănescu por las siguientes razones.

En primer lugar, el informe se compromete a mantener una política de cohesión con una fuerte financiación, mientras que nosotros estimamos que los fondos de cohesión y sociales no deberían estar aislados y que la UE debería más bien concentrar el gasto en los nuevos desafíos que afronta, en lugar de hacerlo en las viejas prioridades, como la política de cohesión. También mantenemos la opinión de que el contenido de este informe no proporciona un progreso significativo en términos de control más estricto y amplio sobre los fondos asignados bajo esos programas; si acaso, las propuestas de este informe solo sirven para confundir aún más a los mecanismos de gestión descentralizados y enfangar las aguas.

También nos habría gustado ver que el informe aborda con contundencia las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas Europeo relacionadas con dicha financiación, lo que claramente no hace. En consecuencia, los diputados conservadores se han abstenido en la votación final.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La descentralización de las competencias de los Estados miembros se basa en un reparto de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Por esta razón, la capacidad de las autoridades regionales y locales para aplicar la política de la UE se ha visto reforzada. Estoy de acuerdo con la aprobación de esta resolución, ya que se centra en la naturaleza específica de los retos locales y regionales, llamando la atención sobre la necesidad de tener en cuenta los enfoques integrados que hacen hincapié en las características específicas de las regiones, tales como sus desventajas geográficas y naturales, la despoblación y la características peculiares de las regiones ultraperiféricas, pero que también reconoce los diferentes procesos administrativos existentes en los distintos Estados miembros. Estos enfoques deben asimismo permitir la coordinación de los intereses de los distintos actores involucrados, a fin de facilitar la gobernanza a varios niveles. La resolución también señala el hecho de que los procedimientos de aplicación son demasiado complicados y tienen un excesivo número de controles, lo cual desalienta a potenciales beneficiarios de la política de cohesión, así como la obligación de consultar al público en general con el fin de legitimar la toma de decisiones. También coincido en que el fortalecimiento del poder a nivel regional y local debe acompañarse por la reafirmación de la función supervisora de la Comisión y por una fuerte coordinación entre las políticas de cohesión y estructural.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe, que propone reforzar la gobernanza multinivel con el objetivo de lograr una mayor participación de las autoridades subnacionales en la etapa de desarrollo de políticas. Creo que los intereses de los ciudadanos estarán mucho mejor representados si las autoridades regionales y locales se involucran desde el principio en el proceso de toma de decisiones.

Además, el papel de la Comisión Europea en la supervisión de la forma en que se gestionan los Fondos Estructurales es indiscutible. Sin embargo, hay que mejorar esta función de auditoría de la Comisión Europea.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Fondo de Cohesión representa más de un tercio del presupuesto total de la UE. Su objetivo final es reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo económico en las distintas regiones, orientando los recursos específicamente hacia el crecimiento y el empleo. Sin embargo, el periódico Financial Times publicó hace poco una investigación sobre cómo se gastan en la práctica los recursos del Fondo de Cohesión, y el escenario descrito es muy preocupante: el Fondo se emplea con fines que no son en absoluto los previstos. Por esta misma razón, considero que es crucial reforzar los procedimientos de control de la Comisión relativos a la aplicación y el uso del Fondo de Cohesión, lo que fortalece los mecanismos de buena gobernanza.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Estamos de acuerdo con la necesidad de garantizar el respeto a los criterios relativos a la eficacia, la eficiencia, el rigor y la transparencia «en todas las fases de programación y ejecución de los Fondos Estructurales». Reconocemos que la «simplificación en curso del Reglamento Financiero y de los Fondos Estructurales» podría ser esencial en la supresión de algunas barreras existentes para acceder a ellos, en particular por las regiones menos desarrolladas. Respecto al principio de cofinanciación, mientras que reconocemos la importancia de la asunción de responsabilidades por las autoridades nacionales en la aplicación de la política de cohesión, consideramos que, en vista de la profunda crisis actual, algo que ha afectado particularmente a algunos Estados miembros y sus regiones, las normas relativas a la cofinanciación deberían ser más flexibles. Esto permitirá una mejor absorción de los fondos destinados a la política de cohesión. En particular, el porcentaje máximo de cofinanciación debería reducirse a 10 % para todos los Fondos Estructurales.

Todavía discrepamos y nos oponemos a algunos aspectos del informe. Un ejemplo es la «buena gobernanza» abogada para los servicios públicos que, según la ponente, solo puede lograrse a través de una asociación de los «actores públicos y privados». Otro ejemplo es el mosaico de referencias acríticas a los objetivos de la Estrategia Europa 2020: una estrategia impulsada por la liberalización, la privatización y una mayor flexibilidad del mercado laboral, lo cual es un enfoque totalmente contrario a los objetivos de la política de cohesión.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He manifestado mi acuerdo con este informe porque el informe del Tribunal de Cuentas de 2006 demostró que los sistemas de control establecidos para la política de cohesión no eran suficientemente eficaces, con un índice de error del 12 % en el reembolso de gastos, que era demasiado alto. El informe de 2008 confirmó estos datos con un reembolso indebido de los fondos del orden del 11 %. La excesiva complejidad de las normas que regulan los Fondos Estructurales es, en parte, responsable de estos errores. El sistema de gestión compartida que caracteriza la política de cohesión implica un alto grado de complejidad en la interpretación y aplicación de las normas, dado el gran número de agentes que intervienen. Por ello, convendría simplificar las normas para garantizar unos procedimientos más sencillos para el usuario y no disuadan a los potenciales beneficiarios de participar en los proyectos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – En las últimas décadas, la descentralización de competencias en varios Estados miembros ha reforzado notablemente las competencias de las autoridades regionales y locales en la ejecución de las políticas comunitarias. La incorporación por el Tratado de Reforma de la subsidiariedad subnacional en la legislación comunitaria para las políticas de competencia compartida permite hoy que las entidades territoriales puedan intervenir en mayor medida en el proceso de toma de decisiones que determinan tanto la formulación como la aplicación de las políticas, así como colaborar por derecho propio en el cumplimiento de los objetivos comunitarios. Este importante paso hacia una mejor gobernanza multinivel responde a la reiterada petición del Parlamento de reforzar la participación de las autoridades subnacionales en la formulación de las políticas, respetando siempre las diferentes configuraciones constitucionales nacionales.

La aplicación eficiente de las políticas depende en gran medida de cómo estén formuladas; implicar a las entidades locales y regionales también en esta fase —dado que son quienes mejor conocen las necesidades de su territorio y de su población— es garantía de mayor eficacia en las fases siguientes. Por lo tanto, es fundamental hacer hincapié en la fase prelegislativa del proceso decisorio y en el valor añadido que ofrece la aplicación de las políticas y las mejores prácticas a nivel local y regional para el desarrollo de las estrategias territoriales de la UE.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) Este texto actúa como contraste con la creación de macrorregiones europeas. Con el fin de imponer aún más estos polos de competitividad al servicio de los intereses del sacrosanto mercado único, esta Cámara propone que sean supervisadas por la Comisión Europea en detrimento de los gobiernos electos. La política regional de la UE debería centrarse en la reducción de las desigualdades en los ingresos y las condiciones de vida de quienes viven en las regiones europeas. Estamos muy lejos de eso.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que algunas regiones tienen claras desventajas geográficas y naturales como la despoblación, entre otros aspectos, creo que esta medida es fundamental si queremos que la política de cohesión sea más eficaz. Es fundamental para que haya un mayor rigor en la atribución del Fondo de Cohesión para que puedan reducirse las asimetrías entre los Estados miembros y las regiones de la UE. De esta manera, vamos a crear un proceso que es más transparente, menos burocrático y más equitativo en términos de distribución de la financiación. Como resultado de ello, habrá menos diferencias entre los niveles de competitividad. Por eso he votado como lo hice.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) ¡Por fin! Por fin, alguien ha pensado un poco en lo que se atañe a la política regional. Tomando solo el ejemplo de Letonia, puedo decir honestamente que ni siquiera de los funcionarios del Ministerio de Economía de Letonia he sido capaz de extraer información sobre los planes para la aplicación de los Fondos Estructurales de la UE. Esta información se mantiene en secreto para los habitantes de Letonia. ¿A cambio de qué tipo de «reconocimiento», es posible, no obstante, obtener información sobre los planes de la Comisión Europea en relación con Letonia y, quizás, obtener fondos? He votado a favor con la esperanza de que el proceso sea accesible a todos, y de que nadie haga un secreto de los planes de la Comisión Europea.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) El informe tiene como objetivo reforzar el papel de la Comisión en el apoyo a las autoridades regionales y locales. Se trata de un intento de extender el poder general de la Comisión, y que es algo a lo que debo expresar mi más rotunda oposición. Por consiguiente, he votado en contra de esta propuesta.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) En los últimos años, la Unión Europea ha sido testigo cómo las autoridades locales adquieren cada vez más importancia en los Estados miembros. La descentralización de la gestión del territorio a los órganos locales, más pequeños, ha supuesto, por el principio de subsidiariedad, que estos hayan asumido mayor poder e influencia, sobre todo respecto a las competencias específicas que les delegan los Estados miembros. Las propias autoridades regionales se han encontrado, por ello, en contacto directo con las instituciones europeas. He votado a favor del informe de la señora Mănescu, precisamente porque en esta situación hay necesidad de mayor control y apoyo a las políticas regionales de la Comisión Europea. El informe también contempla la aprobación de un Libro Blanco sobre la cohesión territorial, que sería un verdadero paso adelante de la Unión Europea hacia una nueva gobernanza multinivel que se integre a la perfección con las competencias europeas, nacionales y regionales.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El principio de subsidiariedad subnacional, introducido por el Tratado de Lisboa, pone en práctica el objetivo de implicar a las regiones en el proceso europeo de decisión. El aumento del diálogo con la Comisión Europea implica principios de buena gobernanza en relación con la política regional y la adopción de otros procedimientos de asistencia y control. He votado a favor del presente informe, que se ocupa de las competencias y del papel de las autoridades regionales y locales en el proceso de aplicación de la política de cohesión. Las autoridades regionales podrá n participar ahora más directa y activamente en la toma de decisiones. Esto incluye la elaboración y aplicación de la política y recibir un trato de verdaderos socios en la realización de objetivos de la UE.

Acojo con satisfacción este importante paso para la gobernanza, que responde a las reiteradas peticiones del Parlamento Europeo para que se aumente la participación de las entidades subnacionales en la elaboración y aplicación de la política europea.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Me gustaría felicitar a la ponente, la señora Mănescu, por su excelente trabajo, y estoy de acuerdo con ella en que el potencial de la cooperación territorial puede ser explotado mejor a través de la gobernanza multinivel, gracias a las relaciones desarrolladas entre los actores públicos y privados a través de las fronteras nacionales. También coincido en la promoción del intercambio de información entre las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT), que ya han sido creadas, así como entre las que se encuentran en proceso de creación en el marco de los programas existentes.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) En las últimas décadas, la descentralización de competencias en varios Estados miembros ha reforzado las competencias de las autoridades regionales y locales considerablemente en el desarrollo de las políticas comunitarias. Poner de relieve la fase prelegislativa del proceso de toma de decisiones y el valor añadido ofrecido por las políticas y mejores prácticas aplicadas a nivel local y regional para el desarrollo de estrategias territoriales en la UE, ayuda a garantizar su eficacia y sostenibilidad. Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta para ver cómo puede mejorarse el enfoque de la gobernanza de múltiples niveles en el ámbito de la política de cohesión: las dimensiones vertical y horizontal de la gobernanza, la creación de verdaderas asociaciones con las autoridades locales y regionales, la cohesión y cooperación territoriales, la simplificación de normas a nivel nacional y de la UE (los Estados miembros deberían simplificar sus disposiciones nacionales y desarrollar una mayor cultura de la evaluación en todos los niveles para garantizar controles efectivos y evitar errores: en 2008, el 11 % de los fondos fueron reembolsados por error).

Es necesario fortalecer el papel de la Comisión en el apoyo a las autoridades regionales y locales, con una seria reflexión sobre las vías para mejorar la gobernanza y, en consecuencia, la eficacia del sistema de reparto de los Fondos Estructurales para el período posterior a 2013.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Considero que es necesario mejorar la gobernanza en el ámbito de la política regional con el fin de que la gestión de los Fondos Estructurales y la política de cohesión no sean solo más eficaces, sino también más equilibradas. Estoy de acuerdo con la ponente cuando solicita a la Comisión una política que, en el futuro, ponga más énfasis en los resultados, basados, sobre todo, en la calidad de las intervenciones y el desarrollo de proyectos estratégicos. También creo que las redes europeas para el intercambio de buenas prácticas deberían fortalecer sus iniciativas, ya que ello contribuirá a nuestra seguridad con respecto a la aplicación en la práctica de estos procedimientos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – A lo largo de las últimas décadas, la descentralización de poderes en varios Estados miembros ha reforzado considerablemente las competencias de las entidades locales y regionales en la aplicación de las políticas comunitarias. El hecho de que el Tratado de Reforma incorporara la subsidiariedad subnacional en el Derecho comunitario para las políticas de competencias compartidas permite hoy que las entidades territoriales puedan intervenir en mayor medida en el proceso de toma de decisiones, que determinan tanto la formulación como la aplicación de las políticas, así como colaborar por derecho propio en el cumplimiento de los objetivos comunitarios. Este importante paso hacia una mejor gobernanza multinivel responde a la reiterada petición del Parlamento de reforzar la participación de las autoridades subnacionales en la formulación de las políticas, respetando siempre las diferentes configuraciones constitucionales nacionales.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) La descentralización gubernamental trae consigo una mayor responsabilidad para las autoridades regionales y locales. De hecho, son las autoridades a nivel local las que mejor entienden las necesidades de sus regiones y de la gente que vive allí, gracias a lo cual pueden adaptar los objetivos generales a su propio potencial y posibilidades. Lograremos el éxito si los Estados miembros se identifican con el trabajo que estas realizan y se delega la responsabilidad de ello a las autoridades en el nivel adecuado. Debemos apoyar un enfoque de base, que debe ser flexible e integrado.

Es importante que la política de cohesión sea accesible para los interesados. Hay una necesidad de reducir los costes administrativos y simplificar los procedimientos, cuya compleja naturaleza, en muchos casos, no solo provoca errores, sino que a menudo desalienta a los beneficiarios del uso de la ayuda disponible para ellos. Hablamos de reducir el riesgo de error, pero no deberíamos olvidar los planes y objetivos sobre los que hemos decidido. Estoy pensando, en este caso, en medidas innovadoras. Hemos concedido un lugar importante a los métodos innovadores, así que tenemos que contar con el riesgo y la posibilidad de que se comentan algunos errores. Debemos, por lo tanto, preguntarnos si queremos realizar un trabajo de carácter experimental en el espíritu de las prioridades de la Estrategia Europa 2020, o si preferiríamos reducir el número de errores, lo que supondría desalentar a nuestros ciudadanos de acometer un trabajo innovador, pero en ocasiones inseguro.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La buena gobernanza en la política regional europea es esencial para que esa política tenga éxito. Es necesario dar a la gobernanza una mayor presencia en varios niveles con el fin de fortalecer la participación de todas las instituciones en el proceso legislativo. Teniendo esto presente, es fundamental que haya un incremento en la participación de las autoridades regionales y locales, tanto en la fase prelegislativa como en la de ejecución de dichas políticas. Desearía destacar el hecho de que el Tratado de Lisboa reconoce la subsidiariedad subnacional, no solo en el ámbito de la política regional, sino también horizontalmente, es decir, en todas las políticas europeas.

Creo que con una mayor y mejor participación en los distintos niveles de toma de decisiones, el objetivo de la cohesión territorial, basado en una visión de la integración, se hará realidad. Con todo, debe adoptarse un enfoque ascendente, ya que son las instituciones locales y regionales las que mejor pueden entender las características y los problemas de las regiones. El Pacto Territorial de las Autoridades Locales y Regionales en Europa 2020 puede contribuir a la consolidación de esta aportación a los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Los principios de asociación y cofinanciación contribuirán a un aumento de la responsabilidad de estas instituciones, y la Comisión Europea debería ver reforzado su papel supervisor, en particular mediante la mejora del sistema de control y auditoría.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, ya que hace llamamientos importantes a la Comisión para que refuerce su función de vigilancia con el objetivo de reducir la tasa de error destacada por el reciente informe del Tribunal de Cuentas. Asimismo, la Comisión debe también consultar a las autoridades locales y regionales en todas las etapas de la legislación relativa a las regiones, para que sean más responsables en la elaboración de una política más orientada a los resultados. Ello también debería ayudar a reducir el nivel de error, mejorar los sistemas de control y aumentar la ayuda a las autoridades subnacionales y los beneficiarios. Mi sensación es que este informe recorre un largo camino para fomentar una mejor cooperación entre regiones de diferentes Estados miembros, lo que solo puede tener un efecto positivo en el logro de los objetivos de la política de cohesión en la UE y para garantizar que todas las regiones de la Unión Europea se desarrollen de forma armónica.

 
  
  

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de este informe, que tiene como objetivo los conocimientos y experiencias de los funcionarios de enlace de inmigración en favor de Frontex y viceversa. Esta cuestión no fue planteada en el Reglamento original aprobado en 2004. Hay una clara necesidad de las enmiendas y de inclusión de nuevas materias para mejorar el funcionamiento de Frontex, entre ellas la explotación de la información obtenida a través de las redes de funcionarios de enlace y el intercambio de esta a través de ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros), el acceso al Fondo para las Fronteras Exteriores para potenciar la creación de redes de funcionarios de enlace y facilitar su funcionamiento y, por último, facilitar el sistema de presentación de los informes semestrales. Estoy convencido de que estas enmiendas son muy oportunas y necesarias, ya que la UE tiene que hacer frente y gestionar el flujo creciente de inmigrantes legales —y también ilegales—.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) El Reglamento (CE) nº 377/2004 del 19 de febrero de 2004 estableció una red de funcionarios de enlace de inmigración. Estos funcionarios son representantes de los Estados miembros destinados en un tercer país y son responsables de facilitar los esfuerzos de la UE para luchar contra la inmigración ilegal, en particular, mediante la recopilación de información de la agencia europea Frontex. Sin embargo, la coordinación en el contexto de esta política, que todavía está en sus pasos iniciales, puede mejorarse. Las reuniones entre estos funcionarios de enlace y los representantes de la Comisión y de Frontex deberían tener lugar. Por otra parte, habría que fomentar una mejor cooperación con otros organismos, como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este es el motivo por el que se estimó necesario modificar el Reglamento (CE) nº 377/2004. Le he dado mi apoyo a este texto que, además de reiterar las exigencias que los derechos fundamentales plantean a esta política, proporciona a la gestión de las fronteras exteriores de la UE los medios de control eficaz.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con la modificación del Reglamento con el objetivo de mejorar la cooperación entre Frontex y los funcionarios de enlace de inmigración. Una cooperación más activa ayudaría a Frontex a llevar a cabo sus principales funciones en la lucha contra la inmigración ilegal, es decir, prevenir la inmigración ilegal y repatriar a los inmigrantes ilegales. Como las actividades de la agencia tienen que ver con la inmigración dentro del territorio de la UE, los funcionarios de enlace de inmigración destinados en terceros países pueden contribuir de manera decisiva a que la Agencia Frontex alcance sus objetivos fuera de la Unión.

La Agencia tendría así una oportunidad para un intercambio más eficaz de información con las autoridades competentes de terceros países o con organismos internacionales en asuntos sobre control de fronteras de la UE, a través de la formación de guardias fronterizos, el intercambio de información operativa y las operaciones conjuntas. Sería posible intercambiar información a través de ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros).

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe del Parlamento Europeo, ya que con el aumento de los flujos migratorios es importante crear redes de funcionarios de enlace. Dado que la actual crisis económica, financiera y social ha fomentado ha incitado incluso a más personas a emigrar, la Unión Europea debe hacer todo lo posible para garantizar que los flujos migratorios se gestionen adecuadamente. La creación de redes no solo contribuiría a regular la inmigración legal y la irregular e ilegal, sino que también facilitaría la cooperación operativa entre los Estados miembros y agilizaría el sistema para la presentación de los informes semestrales. Además, una cooperación más estrecha entre los funcionarios garantizaría un mejor intercambio de conocimientos técnicos y la relación con colegas que trabajan en terceros países. Me gustaría subrayar que las instituciones de la Unión deben esforzarse constantemente para asegurar un proceso de inmigración seguro y rápido y para garantizar que los ciudadanos de la UE estén protegidos ante los posibles peligros que plantea la inmigración irregular e ilegal. Esto solo puede lograrse mediante el uso de todos los posibles instrumentos eficaces de cooperación internacional e interna.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Creo que la posición del Parlamento sobre la modificación del Reglamento (CE) nº 377/2004, sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración, contribuye a la adecuada gestión de los flujos migratorios, no solo legales, sino también en lo que atañe a la inmigración irregular o clandestina. De hecho, es necesario reforzar las sinergias y la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países, en particular, a través de los funcionarios de enlace. También creo que es fundamental analizar las actividades de las redes de funcionarios de enlace de inmigración en las regiones y/o países de especial interés para la Unión Europea, en particular cuando las circunstancias de esas regiones y/o países estén relacionadas con cuestiones sobre la inmigración ilegal o los derechos humanos. Por su parte, la Comisión debería formular recomendaciones sobre el desarrollo de redes de funcionarios de enlace de inmigración.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración, ya que está diseñado para reforzar aún más la Agencia Frontex, que hace todo lo posible para fomentar la idea de la «fortaleza Europa». En otras palabras, la idea es reemplazar los avances necesarios en las políticas de inmigración y asilo con políticas represivas, que no solo entran en conflicto con los principios y derechos fundamentales, sino que también son ineficaces y tienen un impacto calamitoso sobre las comunidades de acogida y de origen y sobre la vida de los refugiados e inmigrantes.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe, puesto que considero que presenta mejoras significativas en la gestión de los flujos migratorios en la Unión Europea. El aumento de las competencias de los funcionarios de enlace de inmigración radicados en terceros países ayudará a Frontex en conjunto a funcionar de manera más eficiente, ya que se basará en la información y la asistencia de estos funcionarios. Otro punto de igual relevancia es que estos funcionarios de enlace estarán obligados a respetar los derechos fundamentales durante su misión. De hecho, se presentarán al Parlamento Europeo informes periódicos para su examen en relación con el seguimiento del respeto de estos derechos.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) A raíz de la creación formal de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), ha sido necesario hacer el mejor uso posible de los recursos fronterizos de la Unión. En este sentido, se ha convertido en un imperativo establecer una cooperación más estrecha entre las redes de funcionarios de enlace de inmigración y Frontex.

El empleo de las capacidades tanto de los dos funcionarios de enlace de inmigración como de Frontex, sobre la base de un intercambio de información obtenida por las redes de funcionarios de enlace a través de ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros), permitirá un mejor análisis de los riesgos a cargo de Frontex, así como una mayor cooperación en relación con la inmigración legal e ilegal.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) En calidad de ponente alternativa en este expediente, he apoyado el informe del señor Díaz de Mera, que nos ha permitido ir más allá de las modificaciones técnicas propuestas por la Comisión al lograr una mejor comprensión de la complejidad y la falta de transparencia de la labor llevada a cabo por los funcionarios de enlace de inmigración. En el contexto de flujos migratorios «mixtos», resulta ciertamente crucial incluir en sus actividades un enfoque que sea más consciente y respetuoso con los derechos humanos. Las misiones llevadas a cabo por funcionarios de enlace deben reflejar asimismo una mayor transparencia y un mayor control democrático; este es ahora el caso con el fortalecimiento del intercambio de información entre el Parlamento Europeo, por una parte, y organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), por otra. Teniendo en cuenta la oposición del Consejo, el compromiso encontrado al final para solucionar la controversia terminológica (inmigración «ilegal» frente a «irregular») parece satisfactorio, pero solo puede ser un primer paso. Las instituciones europeas tendrán que concretar su compromiso.

 
  
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  Jean-Marie Le Pen (NI), por escrito.(FR) El intercambio de mejores prácticas entre las fuerzas policiales de los distintos países es a veces necesario y sus objetivos loables. Debemos recordar, sin embargo, que la cooperación policial internacional existía allá por el siglo XIX, mucho antes que la integración europea. Este informe se propone, en el contexto de la Agencia Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea) una mejora en el intercambio de información sobre los flujos migratorios ilegales, la inmigración ilegal y la deportación de residentes ilegales, incluida la introducción de las redes de funcionarios de enlace. Uno podría dar la bienvenida a esta nueva iniciativa, que quiere la mayoría de los europeos, si su propósito fuese realmente la reducción drástica de la inmigración. . Sin embargo, la realidad es totalmente diferente, y el trabajo de esta Agencia, al igual que las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, ha resultado un fracaso. Francia y Europa están siendo inundadas con inmigrantes. Alrededor de 900 000 personas entran cada año ilegalmente en Europa, de acuerdo a un dato «oficial» de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que los inmigrantes ilegales, e incluso los criminales extranjeros, no son enviados de vuelta a su país de origen, uno tiene derecho a preguntarse qué más disposiciones podrían revertir los flujos migratorios sin una determinación política real respaldada por los hechos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – La propuesta que modifica el Reglamento (CE) nº 337/2004 tiene como objetivo aprovechar el conocimiento y la experiencia de los funcionarios de enlace de inmigración en beneficio de Frontex y viceversa, lo cual no fue un asunto abordado en el reglamento original.

La propuesta de modificación se presenta con los siguientes objetivos: aprovechar las competencias de los agentes de enlace y de Frontex en beneficio mutuo; aprovechar la información obtenida por las redes de funcionarios de enlace e intercambiarla a través de ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros); acceder al Fondo para las Fronteras Exteriores para potenciar la creación de redes de funcionarios de enlace y facilitar su funcionamiento y, por último, facilitar el sistema de presentación de los informes semestrales. Acojo con satisfacción esta medida.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) A raíz de la creación formal de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), ha sido necesario hacer el mejor uso posible de los recursos fronterizos de la Unión. En este sentido, se ha convertido en un imperativo establecer una cooperación más estrecha entre las redes de funcionarios de enlace de inmigración y Frontex. El intercambio de información y conocimientos entre los funcionarios de enlace de inmigración y Frontex empleando ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros) permitirá un mejor análisis de los riesgos a cargo de Frontex, así como un mayor control en relación con la inmigración legal e ilegal.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito.(FR) Estoy a favor de este Reglamento, que tiene por objeto modificar el Reglamento del 19 de febrero de 2004 sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración. Estas modificaciones son necesarias como resultado de la forma en que ha evolucionado y se practica la legislación europea en este ámbito. El nuevo Reglamento prevé, entre otras cosas: • una base legal entre Frontex y los funcionarios de enlace; • mejor uso de ICONet y, • aumento de la racionalización de los sistemas de información relativos a las actividades de la red. Con esta nueva normativa, esperamos que sea más eficaz esta red de funcionarios de enlace de inmigración.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La Agencia de protección de fronteras Frontex tiene un papel importante cuando se trata de combatir la inmigración ilegal. Esta solo puede afrontarse eficazmente en los países de tránsito. Por consiguiente, una densa red de funcionarios de enlace de inmigración y su estrecha cooperación es una medida sensata para permitirnos luchar eficazmente contra la inmigración masiva hacia Europa, con todas sus consecuencias negativas para los pueblos europeos. No obstante, este solo será el caso si la información y las evaluaciones proporcionadas por los funcionarios de enlace se ponen a disposición de Frontex y de las autoridades nacionales lo antes posible y sin trámites burocráticos. En materia de cooperación, en particular, todavía hay potencial de mejora, lo que hay que aprovechar en lo que respecta a la cuestión de la inmigración. Por ejemplo, las competencias de Frontex, con el consentimiento de los Estados miembros, deberían mejorarse tan pronto como sea posible a fin de garantizar que su trabajo sea uniforme y eficaz, sobre todo en las fronteras exteriores.

Sería importante contar con una estrategia global sobre cómo proteger mejor las fronteras exteriores de la UE y cómo combatir más eficazmente las causas de la emigración en los países de origen. Esta es una tarea para la Comisión. Si bien el informe no trata adecuadamente estas consideraciones, constituye una mejora en la situación actual y, por esa razón, he votado a favor de él.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº 377/2004 sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración, introduce modificaciones que tienen por objeto utilizar los conocimientos y la experiencia de los funcionarios de enlace de inmigración en beneficio de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) y viceversa. De hecho, Frontex todavía no podría estar plenamente operativa sin la creación de esta red de funcionarios de enlace.

Estoy de acuerdo con los objetivos de la propuesta de enmienda, en particular: las acciones para aprovechar al máximo los conocimientos y la experiencia de los funcionarios de enlace y de Frontex, haciendo uso de la información obtenida a través de ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros); permiso para usar el Fondo para las Fronteras Exteriores para potenciar la creación de redes de funcionarios de enlace y facilitar su funcionamiento; y, por último, mejorar el sistema de presentación de los informes semestrales.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Estoy de acuerdo con el señor Díaz de Mera García Consuegra en relación con la contribución decisiva que los funcionarios de enlace de inmigración destinados en terceros países podrían hacer, en virtud de sus competencias, para que Frontex alcanzase sus objetivos, en especial si consideramos que la Agencia carece de representación fuera de la Unión Europea.

También apoyo la propuesta de modificación, que tendrá los siguientes objetivos: aprovechar los conocimientos de los funcionarios de enlace y de Frontex en su mutuo beneficio; explotar la información obtenida a través de las redes de funcionarios de enlace e intercambiarla vía ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros); acceder al Fondo para las Fronteras Exteriores para potenciar la creación de redes de funcionarios de enlace y facilitar su funcionamiento; y, por último, agilizar el sistema de presentación de los informes semestrales.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial modificar la regulación para proporcionar una verdadera plataforma para el intercambio de información entre los funcionarios de enlace de inmigración y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. El intercambio de información aportará, sin duda, valor añadido a la labor de ambas partes.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Cuando fue aprobado el Reglamento que ahora se modifica, el 19 de febrero de 2004, Frontex aún no había sido creada oficialmente. Fue ocho meses después, el 26 de octubre de 2004, cuando el Consejo aprobó el Reglamento que establecía la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. En virtud de las competencias establecidas en su reglamento interno, a Frontex le compete llevar a cabo análisis de riesgos basados en la información recopilada por las autoridades responsables de los Estados miembros, facilitar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países, y cooperar con las autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales a través, por ejemplo, del intercambio de experiencias en materia de control fronterizo, la formación de guardias fronterizos, los intercambios de información operativa y las operaciones conjuntas. Las modificaciones propuestas aquí son apropiadas y necesarias. Los tiempos difíciles que la Unión Europea está atravesando exigen una gestión adecuada de los flujos migratorios. Esto debería contemplarse como si tuviese dos facetas: la gestión de la inmigración legal y la gestión de la inmigración ilegal y clandestina.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta resolución dado que la inmigración económica es un desafío creciente para la UE. Por lo tanto, la Unión debe desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan las necesidades de nuestros mercados de trabajo, teniendo en cuenta los retos demográficos y económicos que la UE deberá afrontar en el futuro próximo. Estoy convencida de que la aprobación de esta Directiva simplificará los procedimientos para la admisión de nacionales de terceros países con fines de empleo, reducirá los costes administrativos y también facilitará el control de las personas admitidas en el territorio de un Estado miembro y autorizadas a trabajar en él.

En relación con el procedimiento simplificado, tengo que subrayar que debe garantizarse la aplicación de los requisitos legales y la transparencia de la toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales. Estoy de acuerdo con la ponente en que estas decisiones sobre la admisión de nacionales de terceros países con fines de empleo tienen un fuerte impacto en la vida de las personas afectadas, y por lo tanto se deben tomarse de una manera que sea completamente transparente.

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La Directiva relativa a un único permiso de residencia y trabajo en todos los Estados miembros de la UE y el informe del Parlamento Europeo sobre ella contemplan a los inmigrantes como mano de obra barata, a merced de la cruel explotación del capital. Un inmigrante solo tendrá derecho a permanecer en el territorio de un Estado miembro de la UE si trabaja para engrosar las arcas de la plutocracia. De lo contrario, será considerado ilegal y tratado como un objeto no deseado, encarcelado hasta 18 meses y expulsado. Nada distingue a los inmigrantes de los trabajadores locales en los Estados miembros de la UE. Todos ellos están unidos por el destino común de los trabajadores, los explotados, los productores de la riqueza incautada por el capital. La lucha por las demandas justas de los inmigrantes, por su legalización, por la abolición del mercado negro de trabajo y el trabajo sin seguro, por salarios y pagas más altos, por las misma retribución diaria por una misma jornada de trabajo, por la plena protección de los derechos sociales y civiles y por la derogación del acuerdo de Dublín, es una lucha conjunta.

Los problemas de los inmigrantes solo se resolverán mediante su integración en el movimiento obrero e intensificando su lucha contra la política anti-popular y chovinista de la UE y sus gobiernos burgueses, responsables de la pobreza y miseria de los trabajadores locales e inmigrantes en la UE y en todo el mundo.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Estoy convencido de que solo seremos capaces de luchar de forma efectiva contra la inmigración ilegal y el trabajo no declarado a través de canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan las necesidades de nuestros mercados de trabajo.

Las ventajas que se derivan de la aprobación de esta Directiva son evidentes: la expedición de un único documento que autorice la residencia y el acceso al mercado laboral constituye una notable simplificación del régimen de admisión, limitará sus costes y reducirá la duración de los procedimientos administrativos.

La aprobación de esta Directiva es necesaria con el propósito de introducir medidas adicionales relativas a los trabajadores estacionales y los trabajadores desplazados dentro de su empresa y, por ello, confío en que esto se lleve a cabo tan pronto como sea posible, teniendo debidamente en cuenta la competencia de los Estados miembros para decidir cuotas máximas de entrada de trabajadores de terceros países.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) El miércoles votamos sobre el proyecto de Directiva de mi colega, Véronique Mathieu, relativo a la creación de permiso único de residencia y trabajo para los trabajadores migrantes. He votado a favor de este texto. Por desgracia, no ha sido aprobado. Este texto permitía una adaptación del sistema aplicable a los trabajadores extranjeros y, por lo tanto, abordar el dumping social. Reglamentar la inmigración ilegal con mayor eficacia permitía a la Unión tomar medidas drásticas contra el trabajo no declarado y en los sectores ilegales. Los socialistas se opusieron a esta Directiva con el pretexto de que su ámbito de aplicación excluía algunas categorías. Sin embargo, la posición de los liberales resultó totalmente inesperada y condujo al rechazo del texto. Después de haber visto una de sus posiciones sobre una enmienda rechazada, votaron en contra de la totalidad del texto sin habernos advertido de antemano de la importancia que concedían a ese punto. Así es como se ha echado a perder un precioso año de trabajo.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito.(FR) La gente debe darse cuenta de que el Parlamento Europeo no está subordinado al Consejo. A partir de ahora, incluso con respecto a la inmigración, los Estados miembros deben tomarse en serio a los eurodiputados. El procedimiento legislativo ordinario es una realidad. El proyecto de Directiva sobre el permiso único para los nacionales de terceros países fue rechazado en el Pleno: ese es un fuerte mensaje por parte del Parlamento, porque el tema era crucial. Durante años, hemos estado hablando de crear un permiso único para los nacionales de terceros países que deseen vivir y trabajar en un Estado miembro. Era una loable iniciativa para empezar, pero las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), en su forma actual, niegan la esencia misma de un permiso único. También van en contra de la igualdad de trato para todos y crean diferentes categorías de trabajadores, lo cual es sencillamente inaceptable.

La igualdad de trato es innegociable. Así, en respuesta a estas enmiendas del PPE, nos pronunciamos por mayoría en contra de la propuesta final: por 350 votos a favor frente a 306, se rechazó el proyecto, que tendrá que volver a la Comisión Europea. Tenemos que hacerlo mejor: ¡sí a una política de inmigración común responsable, pero no a una política restrictiva y discriminatoria!

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Al votar hoy sobre la Directiva sobre un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, el Parlamento Europeo ha bloqueado la propuesta de la Comisión Europea y la ha devuelto a las comisiones parlamentarias competentes para mejorar aún más su contenido. Esta votación es una victoria para el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y todos los trabajadores en la Unión Europea. Me gustaría destacar eso porque el marco de la Directiva que se nos había prometido ha sido eliminado ya de la propuesta de la Comisión. Dado que fueron eliminadas del contenido ciertas categorías de trabajadores, como los trabajadores estacionales, las personas trasladadas temporalmente dentro de una empresa y los refugiados, el Parlamento Europeo no podía aprobar esta Directiva. Esta Directiva debería ser una Directiva marco general sobre los derechos de los trabajadores de terceros países y servir como un marco para directivas específicas, porque solo entonces se alcanzará el objetivo de la Unión Europea de contar con una política común de inmigración. Al votar de esta manera, hemos demostrado que la Unión Europea no puede albergar un doble mercado de trabajo con un doble rasero, ya que con ello minaría todos los avances sociales que hemos adquirido con anterioridad.

 
  
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  Cornelis de Jong (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor de las enmiendas 30, 34, 65, 103, 109 y 114 porque, si bien respaldo del todo la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, creo que la regulación del acceso a los mercados de trabajo, los sistemas de seguridad social y vivienda pública son asuntos que deben reglamentar los Estados miembros, y no deberían regularse a nivel comunitario. Al ratificar la citada Convención de las Naciones Unidas, los Estados miembros se han comprometido a aplicarla en sus sistemas internos, sin cesión de competencias a la Unión a este respecto.

 
  
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  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. (IT) El informe sobre el permiso único de residencia y trabajo en la Unión Europea nos ha dado la oportunidad de reflexionar y debatir sobre el importante papel que los inmigrantes pueden tener en nuestras sociedades. La entrada legal, la integración efectiva y el respeto a la ley son condiciones esenciales para este importante papel y permiten una mayor participación de los inmigrantes en el desarrollo común de sus comunidades de acogida. En este sentido, el permiso único, sobre el que se ha votado, puede proporcionar una forma de gestionar las entradas y salvaguardar los derechos y deberes de todas las personas que constituyen una comunidad. He apoyado la propuesta de Directiva, incluyendo las partes que se entienden sin perjuicio de las disposiciones más favorables contenidas en la legislación de la UE y los instrumentos internacionales. Lamento que esta Cámara no haya aprobado la propuesta en discusión, que considero que podría hacer una contribución útil a la creación de un espacio europeo de libertad e integración entre las personas que desean trabajar juntas por el crecimiento de la UE.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) Durante años, hemos estado hablando de crear un permiso único para los nacionales de terceros países que deseen vivir y trabajar en un Estado miembro. Esta es una iniciativa encomiable, cuyo objetivo inicial es simplificar los requisitos administrativos para los nacionales de terceros países permitiéndoles obtener un permiso de trabajo y residencia a través de un procedimiento de «ventanilla única». La propuesta legislativa inicial estipulaba que los trabajadores de terceros países debían gozar del mismo trato que los nacionales con respecto a los derechos laborales (como el acceso a la seguridad social, educación y formación). Sin embargo, según el texto modificado por la ponente, los Estados miembros han sido autorizados para restringir algunos de estos derechos. Esto es contrario a la igualdad de trato y no es aceptable. Por ello hemos votado por mayoría en contra de la propuesta final, que ha sido rechazada. La formulación de una política migratoria humana y razonable va a constituir en los próximos años un reto fundamental para la sociedad, pero solo se puede hacerse a nivel europeo para evitar las intenciones electoralistas y las reacciones viscerales nacionales.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El tema en cuestión en esta propuesta es la introducción de un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y de un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. Esto presupone la existencia de normas comunes a todos los Estados miembros, cuyo objetivo es poner fin a las actuales diferencias en el enfoque de los distintos países de la UE, lo que haría el proceso de legalización de los trabajadores más ágil, uniforme y transparente en toda la Unión. Por un lado, la migración legal de mano de obra y, sobre todo, de mano de obra calificada, ayuda a combatir el trabajo clandestino y puede mejorar la competitividad de la economía y superar las carencias existentes. Por otro lado, sin embargo, no podemos olvidar que, durante un período de crisis económica y vulnerabilidad, cuando el desempleo está creciendo, la política de migración laboral debe ser flexible, como sostiene la Comisión, pero también sostenible y razonable.

 
  
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  Carlo Fidanza (PPE), por escrito. (IT) Estoy realmente decepcionado por el rechazo del informe de la señora Mathieu sobre el procedimiento único de solicitud de permiso de residencia y trabajo. Se trataba de un informe equilibrado, que ha mejorado mucho en la fase de votación de las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), que fueron aceptadas con la contribución decisiva de los liberales y conservadores.

Me entristece el hecho de que el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa no haya respetado el acuerdo y la valoración errónea de los Conservadores y Reformistas Europeos, lo que abre las puertas a una nueva propuesta de la Comisión, probablemente peor respecto a la actual.

La posibilidad de que los inmigrantes legales obtuvieses los documentos necesarios de residencia y trabajo a través de un procedimiento único para todo el territorio de la Unión Europea, habría sido un paso decisivo y el corolario justo y adecuado a la necesidad de reforzar la lucha contra la inmigración clandestina por medio de una mayor cooperación con los Estados miembros costeros y el fortalecimiento de Frontex.

Por el contrario, como ha ocurrido en otras varias ocasiones, prevalece el criterio de algunas obstinadas reliquias ideológicas de la izquierda, quienes, en la búsqueda de la apertura indiscriminada de las fronteras, terminan por negar la necesidad de proteger a los extranjeros honestos que vienen a Europa a trabajar.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Consideramos muy importante que una mayoría del Parlamento Europeo haya rechazado esta propuesta de Directiva relativa a un procedimiento único de solicitud de un permiso único de residencia y trabajo, toda vez que el texto del Parlamento, ya negociado con el Consejo, solo servía a los intereses de grandes empresas y grupos económicos. Estos grupos presionaban en aras del dumping social, para así disponer de una mano de obra extranjera que pudiesen explotar con salarios bajos y pocos derechos.

Con la excusa de una reglamentación única, estos grupos pretendían en la práctica legalizar el «dumping» social, fortalecer la precariedad laboral, aumentar la desigualdad y abrir el camino a diferentes resultados y normas, poniendo en riesgo los principios de igualdad y equidad de todos los trabajadores.

De algún modo, su deseo era resucitar el principio del país de origen de la famosa Directiva Bolkestein, que fue rechazada después de la resistencia común de los trabajadores. Ahora, la resistencia y los argumentos de los trabajadores y los sindicatos en varios Estados miembros han tenido sus repercusiones en el Parlamento Europeo, lo que demuestra que la lucha ha valido la pena. Los trabajadores portugueses también han contribuido a este positivo resultado a través de la huelga general del 24 de noviembre. Sin embargo, es necesario que nos mantengamos alerta.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito.(FR) En un momento en el que casi 25 millones de europeos están registrados como desempleados, se ha presentado de nuevo una Directiva destinada a facilitar la inmigración de los solicitantes de empleo. Uno tiene que admitir que hay algo obsceno en ello. Es más, este texto tenía por objeto garantizar ciertos derechos económicos y sociales a estos trabajadores inmigrantes, al parecer para evitar el «dumping» social o la competencia desleal con los trabajadores autóctonos o los trabajadores que ya están en Europa. Esta es una admisión implícita de que la inmigración empuja hacia abajo los salarios europeos y no palia la potencial escasez de mano de obra, sino que, por el contrario, resulta en competencia directa para nuestros trabajadores.

Algunas enmiendas, en su deseo de promover la igualdad de derechos —y la igualdad de costes— entre los residentes y los inmigrantes, equivalían, de hecho, a permitir el acceso a nuestras prestaciones sociales a toda clase de inmigrantes, trabajadores o no. Esto representa una elección entre el dumping social y la asistencia social automática, que ya no es tolerable, ni política ni económicamente. Es hora de optar por revertir, a nivel de los Estados miembros, los flujos migratorios, que se han vuelto cargas económicas, sociales e incluso culturales insoportables, y de decidirse por la preferencia nacional y comunitaria en todos los ámbitos.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito.(PL) Los Estados miembros de la UE se enfrentan a una lucha constante con el problema de la inmigración ilegal y el trabajo llevado a cabo en lo que se conoce como la economía sumergida de los ciudadanos de terceros países. Es necesario tomar medidas adecuadas para contrarrestar estos problemas con eficacia. La simplificación y uniformización de los procedimientos para la expedición de permisos de entrada y residencia para que los ciudadanos de terceros países puedan empezar a trabajar en un Estado miembro ayudará a restringir la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, hará posible que se cumplan los requisitos de mano de obra de los mercados europeos. La normativa propuesta deja un cierto margen de discrecionalidad a los países de acogida, en especial en lo que respecta a las condiciones de denegación de entrada. Ello garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica y que no haya interferencia en las competencias de los Estados miembros. La Directiva en discusión hará posible que todos los Estados miembros adopten una posición común sobre la inmigración económica. Eso garantizará normas transparentes, seguridad y protección jurídica de los trabajadores que sufren discriminación, una lucha continua contra la inmigración ilegal y, por último, las medidas para combatir la competencia desleal. Por esta razón, estoy de acuerdo con la posición de la ponente.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – En 2001, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo remunerado y actividades económicas por cuenta propia. A pesar de un dictamen favorable del Parlamento Europeo, aquella ambiciosa propuesta, que trataba de crear las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países que quisiesen emprender una actividad económica dentro de la Unión, no sobrevivió más allá de su primera lectura en el Consejo, y la Comisión la retiró oficialmente en 2006. Acojo con satisfacción el hecho de que la nueva base jurídica, que proporciona el Tratado de Lisboa, dé a esta propuesta una buena oportunidad de resultar aprobada.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este informe, junto con mi Grupo, porque creo que responde bien a los importantes desafíos demográficos a los que la Unión Europea se enfrentará en los próximos años, estableciendo un procedimiento único de solicitud para los nacionales de terceros países que deseen ser admitidos en el territorio de un Estado miembro para trabajar en él, y ofreciéndoles un estatuto jurídico seguro.

Por desgracia, el rechazo del Parlamento va a retrasar el análisis de esta importante Directiva, que habría simplificado los procedimientos administrativos, a menudo complejos, para recibir migrantes económicos. Así pues, habría permitido a los mercados de trabajo de nuestros Estados miembros responder a las necesidades actuales y futuras de mano de obra y habría proporcionado una forma de lucha contra la explotación y la discriminación, de las que estos trabajadores son a menudo víctimas. La Directiva tiene pretende reducir las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales: con este sistema de ventanilla única, el procedimiento administrativo sería más simple, menos costoso y más rápido.

Nuestra propuesta no habría definido las condiciones de admisión de nacionales de terceros países: los Estados miembros siempre habrían sido responsables de determinar las condiciones de entrada y establecimiento del número de migrantes que pueden acceder a su territorio por motivos laborales.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito.(FR) Este informe y el proyecto de Directiva que modifica son vergonzosos. Introducen la inmigración selectiva regida por las necesidades del mercado. Privan de sus derechos a todos los inmigrantes que ya no pueden servir, o no sirve más a esos mercados. Incluso cuando conceden unos derechos limitados a las personas que trabajan, ofrecen la opción de restringirlos aún más en el futuro. ¡Los inmigrantes no son seres humanos de segunda categoría! Esta directiva es sencillamente inhumana. Voy a votar en su contra y también la denuncio.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Este documento, que ha sido rechazado por la mayoría de los miembros, era una pieza legislativa que habría permitido una mejor gestión de los flujos migratorios. Su objetivo era eliminar las diferencias entre los Estados Miembros en sus procedimientos de trabajo y residencia, y otorgar a los nacionales de terceros países, que trabajan legalmente en la UE, el acceso a ciertos derechos. Era, pues, un paso adelante, por dos razones. En primer lugar, porque estamos creando un nuevo instrumento que pretende beneficiar a los nacionales de terceros países que desean emigrar al territorio de los Estados miembros, al conferirles un conjunto de derechos. En segundo lugar, por el mensaje político que manda al extranjero, desmintiendo la idea de que Europa está cerrada y solo es capaz de aprobar medidas represivas, y reforzando la seguridad en un momento en el que estamos respondiendo a las preocupaciones expresadas en el Programa de Estocolmo sobre la creación de políticas de inmigración flexibles para apoyar el desarrollo económico de la UE. Por eso he votado como lo hice.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Las circunstancias bajo las que los nacionales de terceros países están autorizados a residir y trabajar en un Estado miembro de la UE competen al Estado en cuestión, no a la UE. El hecho de que, en ciertas áreas, la inmigración periódica de trabajadores cualificados y educados quizás pueda ser útil, no debe dar lugar a una política de puertas abiertas porque, en primer lugar, debería contratarse a los trabajadores de nuestra propia población, en otras palabras, a los ciudadanos de la UE. Si tenemos una escasez de trabajadores en muchas áreas, hay que investigar su causa y responder adaptando en consecuencia la formación, pero también ofreciendo oportunidades de reciclaje profesional. El hecho de que la migración laboral puede ser un problema para los trabajadores, ya que presiona sobre los niveles salariales y también puede conducir a precios de dumping, se ha demostrado en el pasado en repetidas ocasiones.

Ese fue el motivo por el que, por ejemplo, se introdujeron los períodos transitorios para la libre circulación de trabajadores, ante la insistencia de los países con redes de seguridad social bien desarrolladas. En el debate, no hay que olvidar que las empresas inteligentes pueden explotar las normas y reglamentos para el suministro de mano de obra. Por consiguiente, he votado en contra del informe.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe, ya que la Unión Europea necesita desde hace muchos años normas y procedimientos claros sobre los derechos reconocidos a los trabajadores de terceros países que residen legalmente. Necesitamos un conjunto de reglas por al menos dos motivos. En primer lugar, a pesar de que deberíamos conceder un régimen preferencial a los trabajadores de la UE, los trabajadores con residencia legal participan en la vida económica de los Estados miembros y tienen derecho a protección y garantías. Deberían ser considerados como un activo para la economía de la UE y no como una amenaza a los trabajadores de la Unión.

En segundo lugar, dichas normas claras ayudarían a lograr un mejor control sobre la inmigración. Por otro lado, si evitamos esas normas, estimulamos la inmigración y el empleo ilegales, con todas las repercusiones que ello implica. Lamento decir que rechazo el informe y apelo a la Comisión para que someta una nueva propuesta.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Mathieu porque espero que, después de años de trabajo, se establezcan las directrices para elaborar una Directiva que determine un conjunto único de normas europeas sobre permisos y derechos para los trabajadores de terceros países. Hemos estado trabajando en una Directiva europea desde 2001 sin ver ningún resultado. Confiemos ahora en que el Consejo la apruebe en codecisión con el Parlamento y que se alcance una conclusión, habida cuenta de la importancia de la cuestión. Este es un punto crucial para el desarrollo de Europa, ya que la creciente demanda de mano de obra está aproximándonos cada vez más a lo que se llama «inmigración económica» y, por lo tanto, se hace urgente una regulación común sobre el tema. Hay que apoyar el desarrollo económico a largo plazo de la Unión, así que necesitamos simplificar las prácticas administrativas en materia de permisos para los nacionales de terceros países que deseen ser admitidos en el territorio de un Estado miembro con el fin de trabajar en él, ofreciéndoles un estatuto jurídico seguro. La directiva nos permitirá satisfacer las necesidades de mano de obra actuales y futuras y proporcionará una forma de lucha contra la explotación y la discriminación, de las que estos trabajadores a menudo son víctimas.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del presente informe, que no fue aprobado en la votación final. Lo he hecho porque creo que el control de la inmigración en la Unión Europea es una parte fundamental de una política responsable de acogida en los Estados miembros. La mejor manera de combatir la inmigración ilegal y el trabajo clandestino es el desarrollo de una política equilibrada hacia la migración legal, aceptando inmigrantes en función de las necesidades del mercado laboral en el Estado de acogida.

En un período sin crecimiento económico, es importante no crear falsas expectativas de inclusión y no fomentar políticas que promuevan la escasez de mano de obra. La propuesta de cumplimentar una única solicitud para las autoridades del país anfitrión, solicitando un visado de trabajo y residencia, iría en la línea de esta preocupación.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Estoy de acuerdo con la ponente, la señora Mathieu, y con el proyecto de Directiva, que forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea para desarrollar una política de migración global y es una propuesta marco para los ciudadanos de terceros países. Su objetivo es doble: a) crear un procedimiento único de solicitud de un permiso de residencia y trabajo en un Estado miembro, y b) establecer un conjunto uniforme de derechos mínimos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en la UE, sobre la base de igualdad de trato con los nacionales de la UE.

 
  
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  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito.(SV) La inmigración legal en los Estados miembros es importante para el desarrollo económico. La inmigración de trabajadores puede aumentar la competencia y vitalidad y, en vista de los retos demográficos a los que se enfrenta la UE con una población que envejece, es importante adoptar una política de inmigración flexible. Por consiguiente, acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión, que pretende introducir un procedimiento único de solicitud para los nacionales de terceros países que soliciten permisos de trabajo y residencia. Esto debería simplificar los complejos trámites administrativos relacionados con la recepción de los migrantes. Asimismo, debería posibilitar la reacción de los mercados de trabajo de nuestros Estados miembros a las necesidades laborales actuales y futuras y proporcionar una herramienta para la lucha contra la explotación y discriminación de estos trabajadores.

Sin embargo, nos oponemos a las enmiendas presentadas relativas a los documentos adicionales, que harían la propuesta contradictoria y sin sentido. Carece de sentido disponer de un procedimiento único de solicitud y un único documento si todos los Estados miembros pueden expedir y exigir documentos adicionales. La enmienda que declara que los Estados miembros pueden expedir un documento para completar el permiso de residencia, que puede ser actualizado o retirado cuando cambie la situación laboral de la persona, fue aprobada. Como no estábamos satisfechos con el texto y habríamos preferido que la propuesta hubiese ido a una segunda lectura antes de su aprobación, hemos votado a favor de la inclusión de tablas de correspondencias, en contra de los deseos del Consejo. Estos tampoco fueron aprobados, y cuando nos encontramos en una situación donde un voto positivo a favor del informe supondría su aprobación en primera lectura, con un contenido que entendíamos que socavaba toda la propuesta de un único documento en lugar de varios en la UE, optamos por votar en contra de la propuesta.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) Una de las mejores formas de luchar contra la inmigración ilegal y el trabajo clandestino es desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan las necesidades de los mercados de trabajo de nuestros países. La inmigración económica es una realidad que requiere organización, pero es también una necesidad, habida cuenta de los retos demográficos y económicos a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en un futuro próximo. La política de inmigración puede concebirse como un instrumento de regulación de nuestras necesidades de mano de obra, contribuyendo de esta forma a la aplicación de la Estrategia Europa 2020.

El Derecho de la Unión no limita la potestad de los Estados miembros para organizar sus regímenes de seguridad social. En ausencia de armonización a escala de la Unión, corresponde a cada Estado miembro regular en su legislación las condiciones de concesión de prestaciones de la seguridad social, la cuantía de tales prestaciones y el periodo durante el cual se conceden.

Sin embargo, al ejercer esta facultad, los Estados miembros deberían cumplir con el Derecho de la Unión. Además, hay que respetar las condiciones laborales, incluidas las condiciones en materia de salario y despido, así como en materia de salud y seguridad en el trabajo, el tiempo de trabajo, las vacaciones y los procedimientos disciplinarios, teniendo en cuenta los convenios colectivos en vigor.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La Unión Europea debe prepararse para los retos demográficos venideros. Las cuestiones relativas a la migración laboral son relevantes para la competitividad y la vitalidad de las economías. Exigen un tratamiento equilibrado y una profunda consideración.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito.(FR) Me complace que el Parlamento Europeo haya rechazado esta propuesta de permiso único. La votación de hoy allana el camino para nuevas negociaciones y dice «no» a la atribución de derechos en función del valor de mercado de los trabajadores. Esta directiva, lejos de garantizar un conjunto común de derechos para todos los trabajadores migrantes, fundado en la igualdad de trato y no discriminación, ha propuesto un concepto fragmentado de la migración legal, donde el valor de mercado de un trabajador migrante determinaría el alcance de sus derechos. En la víspera del vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, este orden jerárquico es totalmente inaceptable: la Unión debe incorporar por fin las conclusiones de los numerosos estudios que demuestran que los beneficios para los países receptores y los países de origen —individuales y colectivos, económicos y sociales—, van de la mano con el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los migrantes. Los Verdes continuarán prestando gran atención a este asunto para contribuir a dotar a la Unión de una política de migración ambiciosa, que se fundamente en el principio de universalidad e indivisibilidad de los derechos fundamentales. Esta será la cuestión en juego en las nuevas conversaciones impulsadas por el rechazo de este pésimo acuerdo.

 
  
  

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) El objetivo del proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección es la prevención del delito. Se basa en el hecho de que, si bien los Estados miembros proporcionan protección a las víctimas del delito, cuando están dentro de las fronteras nacionales, se ha hecho necesario desarrollar un mecanismo de nivel europeo para la alerta temprana y prevención. Esto toma en consideración las recomendaciones formuladas por el Programa de Estocolmo y los procedimientos derivados de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que permiten la transversalidad en la elaboración de informes, así como la primera propuesta del Consejo para una Directiva europea de protección de las víctimas del 5 de enero de 2010. Estoy de acuerdo con un enfoque de amplio alcance para incluir a las víctimas de diversos tipos de delitos, y con las enmiendas que prevén medidas para revocar la orden de protección, como la garantía de continuidad de la protección jurídica, la determinación de un plazo para la ejecución de una orden y la aclaración de la posición de las víctimas cuando se desplazan de un Estado miembro a otro.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta resolución porque apoya la propuesta del Consejo de una Directiva que establece medidas claras en materia de prevención del delito y de la protección de las víctimas en particular. Es importante no solo evitar el daño a las víctimas de la violencia en su país por parte del delincuente, sino que deben disponer también en toda la Unión Europea de esta clase de medidas preventivas. La aprobación y aplicación de esta Directiva mostraría que la UE está decidida a poner en práctica el Plan de acción de Estocolmo, la iniciativa de la Unión Europea para mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Es importante destacar que una orden europea de protección debería ser aplicable para todas las víctimas de delitos, incluidas las víctimas de la trata de seres humanos, las bodas forzosas, los homicidios en defensa del honor, la violencia de género, los testigos, las víctimas del terrorismo y de la delincuencia organizada, al margen de la edad o el sexo de la víctima, cuando hay un agresor identificado, Además, la protección de las víctimas no implica solo la protección física, sino que incluye también su dignidad. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en que es imperativo incluir una protección de las víctimas que aspire a restablecer su dignidad y el respeto que se les debe como seres humanos.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) La votación en el Parlamento sobre el proyecto de Directiva relativo a la orden europea de protección para las víctimas envía una señal importante para la protección de las personas que han sufrido a causa de la violencia. Desafortunadamente, a pesar de que no había mayoría cualificada en el Consejo después de los Países Bajos se pusiesen de parte de los países que están bloqueando la iniciativa, esto no tiene ningún efecto sobre la importancia de la votación de hoy.

Es necesario cubrir el vacío legislativo europeo en materia de protección de las víctimas de violencia mediante una respuesta concreta, que no solo se limite al territorio del Estado en el que la víctima está presente, sino que sea aplicable a través de las fronteras. A través de la cooperación de 12 Estados miembros, entre ellos Italia, el objetivo es activar un mecanismo de alerta temprana y de protección de las víctimas en el territorio de la Unión Europea.

Estoy convencida de la importancia de llegar a un acuerdo respecto a este instrumento —también en términos políticos— porque va a garantizar la protección a las víctimas de todo tipo de delitos y proporcionará acciones de restricción y prohibición contra las personas que constituyen una amenaza. Un aspecto igualmente importante es la posibilidad de que la víctima pueda trasladarse a otro Estado miembro, recibiendo la información y ayuda que necesita para empezar una nueva vida, sin dejar de beneficiarse de las medidas de protección.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Estoy a favor de la idea general de la orden de protección. Las víctimas de la violencia deben ser protegidas de los ataques repetidos de sus agresores, y deben beneficiarse de las medidas preventivas en toda la Unión Europea.

El proyecto de Directiva es un paso más hacia la consecución de los objetivos del Plan de acción de Estocolmo y de la iniciativa de la Unión Europea de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Soy consciente de la complejidad de esta iniciativa. Los sistemas judiciales varían en los diferentes Estados miembros, al igual que los procedimientos penales y civiles. A pesar de ello, creo que las ponentes han logrado fortalecer la continuidad de la protección jurídica y garantizar la máxima protección a las víctimas, garantizando la seguridad jurídica.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) Las víctimas de la violencia pueden beneficiarse de las medidas de protección contra de sus agresores en sus respectivos Estados miembros. Sin embargo, esta protección se detiene en las fronteras de sus Estados, y hasta ahora no había manera de extenderla más allá de las fronteras. He votado a favor de esta nueva Directiva, que permite a las autoridades judiciales de un Estado miembro, que ha puesto en marcha medidas de protección en virtud de su legislación nacional, dictar una «orden europea de protección», que protege a las víctimas en el territorio de otros Estados miembros. Obviamente, la Directiva está dirigida principalmente a las mujeres víctimas de violencia, pero puede aplicarse a cualquier persona sin importar sexo o edad, a víctimas potenciales y sus familiares.

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del proyecto de Directiva sobre la orden europea de protección, cuyo objetivo es proteger a las víctimas de la delincuencia en toda la Unión Europea. Esta iniciativa tiene por objeto introducir un mecanismo de cooperación judicial y policial entre los Estados miembros para que las víctimas de delitos, que se benefician de una medida de protección en un Estado miembro, no tengan que repetir todo el proceso judicial para obtener medidas de protección, y para también gocen de protección en el caso de que decidan residir o permanecer en otro país de la UE.

La orden europea de protección se concederá a petición de la persona protegida y se debería otorgar no solo a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, el principal grupo beneficiario, sino también a todas las demás víctimas, entre ellas las de la trata de seres humanos, de la mutilación genital femenina, de bodas forzosas, de homicidios en defensa del honor, de incesto, de violencia de género, a los testigos y las víctimas del terrorismo y la delincuencia organizada.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor del proyecto de Directiva relativo a la orden europea de protección ya que sus objetivos fundamentales son la prevención del delito y la protección de las víctimas. En la actualidad, incluso cuando los Estados miembros han previsto órdenes de protección para las víctimas, las medidas de ejecución resultantes se detienen en la frontera del Estado emisor. La Unión Europea debe hacer todo lo posible para prevenir el delito y el acoso a nivel europeo. Solo entonces estaremos en condiciones de garantizar un entorno seguro para las víctimas, sin restringir se derecho a la movilidad. Aunque los procedimientos penales, civiles y administrativos de los Estados miembros son diferentes, todos los países deben trabajar juntos para evitar la reincidencia en los delitos.

Creo que es muy importante incluir el aspecto de apoyo moral en esta propuesta. Para la mayoría de las víctimas, el delito tiene varias repercusiones psicológicas y morales que continuarán mucho después de que este haya sido cometido. La UE debe preocuparse no solo de la prevención y protección, sino también del apoyo moral a las víctimas, para que puedan comenzar una nueva vida en cualquier Estado miembro de la UE.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. (CS) He votado a favor del informe sobre la orden europea de protección, ya que tiene como objetivo mejorar la posición jurídica de las víctimas de delitos violentos. La protección jurídica es necesaria, en particular, para personas que sufren violencia reiterada a cargo de parientes cercanos, para personas que se convierten en víctimas por cuestión de género, o para víctimas de otros tipos de delito en un Estado miembro en el que no tienen ni la ciudadanía, ni un lugar de residencia. Estoy de acuerdo con las propuestas de enmienda, que limitan los motivos para denegar el reconocimiento o para rechazar una orden europea de protección, fijando un plazo de 20 días para cumplir una orden o aclarar de situación cuando la víctima se desplaza de un Estado miembro a otro.

Me complace se haya aclarado el problema del fundamento jurídico, que el Consejo y la Comisión, en particular, plantearon uno contra la otra. El conflicto concreto de los puntos de vista entre los aspectos civiles y penales de la orden europea de protección ha sido eliminado, a mi entender, mediante la adopción de la propuesta de enmienda, que añade el reconocimiento de las sentencias judiciales a la cooperación en materia penal. Esto permitirá reconciliar la objeción de la Comisión de que la legislación relativa a la orden europea de protección contraviene su derecho exclusivo de iniciativa en el ámbito del Derecho civil.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Apoyo esta resolución, ya que creo que es fundamental que las víctimas de la violencia puedan beneficiarse de medidas para prevenir los delitos y de protección en toda la Unión Europea. En otras palabras, esta protección no debe limitarse a un solo Estado miembro, sino que debe permitir que la persona resida o permanezca en otros países de la UE. Esta medida debe aplicarse a las víctimas de la trata de seres humanos, la mutilación genital femenina, bodas forzosas, homicidios en defensa del honor, incesto, violencia de género, testigos y víctimas del terrorismo y la delincuencia organizada. Para conseguirlo, será necesario superar el hecho de que los sistemas jurídicos de los Estados miembros son diferentes.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Este proyecto de Directiva tiene por objeto llenar un vacío en la legislación existente sobre las víctimas de la delincuencia, que no contempla la cuestión de la prevención de la delincuencia y la necesidad de un mecanismo de alerta y prevención para la defensa de las víctimas, que funcione de forma rápida y eficaz en todo el territorio europeo. La creación de una orden europea de protección debería convertirse, por estas razones, en una forma importante de protección de las víctimas, sin importar el tipo de violencia a la que hayan sido sometidas. Debe ser operativa a través de las fronteras de los Estados miembros, para que las víctimas no tengan que empezar de nuevo todo el proceso judicial para la obtención de medidas de protección cuando se trasladen a otro Estado miembro.

Aunque, por una parte, acabamos de aprobar legislación relativa a los derechos civiles y procesales de los sospechosos en la UE, por otra parte no podemos olvidar los derechos civiles y procesales de las víctimas que son, sin lugar a dudas, vulnerables y carecen de protección en mayor medida. La aprobación de esta Directiva es un paso importante para ayudar a las víctimas, pero espero que la Comisión pueda ir más allá y presente lo antes posible un paquete legislativo integral y más completo en relación con las víctimas.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito.(FR) He votado a favor del proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la orden europea de protección. A diferencia, quizá, de algunos de los Estados miembros más reacios (el Reino Unido, los Países Bajos desde el último cambio de gobierno, etc.), estoy en contra de limitar el ámbito de aplicación a los procedimientos penales en el sentido más estricto; yo abogo por la inclusión de una gama más amplia de procedimientos. Espero que la fuerte señal enviada por el Parlamento Europeo en sesión plenaria garantice no solo que se desbloquee el actual estancamiento provocado por la minoría de bloqueo en el Consejo, sino que la próxima Presidencia húngara continúe examinando el asunto.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La concesión de protección jurídica a las víctimas de la delincuencia es fundamental para la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Por este motivo, estoy de acuerdo, a pesar de algunas reservas, con los objetivos de la presente propuesta, que tiene como fin mejorar la situación jurídica existente en los siguientes aspectos: (i) mejora de las condiciones en las que se fundamenta la elisión de la orden europea de protección; (ii) continuidad en la defensa legal; (iii) reducción de los motivos de no reconocimiento o rechazo de la orden europea de protección; (iv) plazos para la eficacia de la orden; y (v) especificación en la situación de desplazamiento de la víctima.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Esta Directiva tiene que ver con la aplicación de medidas de protección destinadas a ayudar a las víctimas de actos delictivos cuando pongan en peligro la vida o la integridad física, psicológica o sexual de una persona.

Existen medidas de protección en todos los Estados miembros de la UE, pero dejan de tener efecto cuando alguien cruza las fronteras del país. La orden europea de protección persigue el fin de garantizar que la protección ofrecida a una persona en un Estado miembro se mantenga y continúe en cualquier otro Estado miembro al que la persona se traslada o se ha trasladado.

Esta es la posición que el Parlamento Europeo ha aprobado hoy, con 610 votos a favor, 13 en contra y 56 abstenciones. Se fundamenta en el compromiso negociado entre los diputados de esta Cámara y los representantes de la Presidencia belga de la UE. No obstante, el texto debe ser aún confirmado por una mayoría cualificada de los Estados miembros en el Consejo.

Si bien la mayoría de las medidas de protección van dirigidas a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, las nuevas normas deberían aplicarse a todas las víctimas: como dice el informe aprobado, «la presente Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas a defender a todas las víctimas y no solo a las víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta las características propias de cada tipo de delito de que se trate».

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) La orden europea de protección es la expresión práctica de la prioridad dada por la Presidencia española para combatir la violencia contra la mujer. Las víctimas que se benefician de medidas de alejamiento de un agresor gozarán de protección más allá de las fronteras nacionales. Permitiéndoles así iniciar una nueva vida donde lo consideren necesario. La orden europea de protección emitida tendrá la misma fuerza legal en toda la Unión. El ámbito de aplicación del texto se ha ampliado para incluir la protección de «la vida, la integridad física o psicológica, la dignidad, la libertad individual o la integridad sexual». Esta amplia definición incluye los conceptos de bodas forzosas, pedofilia, trata de seres humanos, mutilación genital, etc. La medida responde al objetivo principal del espacio de libertad, seguridad y justicia, que es construir una Europa protectora. Por lo tanto, he votado a favor de este texto.

 
  
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  Jim Higgins (PPE), por escrito. – Doy la bienvenida a la orden europea de protección. Es una excelente iniciativa que asegurará que las medidas de protección de las víctimas se extiendan de un Estado miembro a otro. En la actualidad, las órdenes de protección se detienen en nuestra frontera, dejando a la víctima indefensa. La orden europea de protección marca un gran paso adelante en la defensa de los derechos de las víctimas. Se trata de un instrumento sólido que ofrecerá un refugio seguro a las víctimas de violencia a través de las fronteras de los Estados miembros. Más de 100 000 mujeres en la UE son objeto de medidas de protección. Sin embargo, estoy muy preocupado por la minoría de bloqueo en el Consejo, de la que Irlanda es parte. Confió en que la gran aceptación de este informe a nivel del Parlamento Europeo anime a la minoría de bloqueo a replantearse su posición. No acepto su argumento de que la base jurídica del informe es inexacta. Tanto el Consejo como el servicio jurídico del Parlamento han considerado que la base legal era adecuada y, como ha mantenido unánimemente la Comisión de Asuntos Jurídicos, la orden de protección no establece la obligación de modificar los sistemas nacionales para la adopción de medidas de protección, ya que se solicita al Estado miembro, al que la víctima viaja, que facilite protección de conformidad con su Derecho nacional.

 
  
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  Timothy Kirkhope y Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – El Grupo ECR respalda plenamente los objetivos de la propuesta de orden europea de protección y tenemos gran interés en ver que se protege a las víctimas de delitos, terrorismo, violencia de género, acecho y/o acoso, cuando se desplacen por toda la UE. El Grupo ECR es sensible al dolor que pueden provocar en sus víctimas los abusos físicos, psicológicos y/o sexuales y al estado de vulnerabilidad en que estos dejan a quienes los sufren.

No hemos podido votar hoy a favor del informe debido a nuestras reservas respecto al fundamento jurídico y ámbito de aplicación de la Directiva. Esta propuesta tiene su base en el Derecho penal; sin embargo, algunos de los delitos que esta propuesta pretende abarcar son cuestiones de Derecho civil, con todo, falta la aplicación del artículo 81 del TFUE. El Grupo ECR está preocupado sobre el modo de aplicación efectivo de esta propuesta y sobre el mensaje que esta anomalía envía a la opinión pública de la UE en relación con nuestro modo de elaborar leyes aquí. El Grupo ECR cree firmemente que la legislación que producimos en la UE debe ser jurídicamente sólida y robusta y no debe comprometer los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Por estas razones, el Grupo ECR se ha abstenido en este informe.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – La propuesta de Directiva que han presentado 12 Estados miembros sobre la orden de protección europea es una iniciativa dirigida a la prevención del delito. En efecto, las actuaciones de los Estados miembros que han puesto en marcha las órdenes de protección de las víctimas terminan en la frontera del Estado miembro que las dicta. Pero las víctimas se desplazan por los distintos Estados miembros debido a múltiples razones, en muchos casos para evitar el delito. Estos desplazamientos las dejan inermes cuando la cooperación judicial y policial no pone en marcha un mecanismo de alerta y prevención para su propia defensa que funcione rápida y eficazmente en todo el territorio europeo. La puesta en marcha de este mecanismo de cooperación judicial y policial es el origen de esta iniciativa. Las actuaciones de los Estados miembros demuestran que a escala europea se pueden evitar los delitos cuando el agresor o los agresores están identificados.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) Gracias a la contribución del Consejo y, en especial, de las dos ponentes y de las enmiendas que presentamos en la comisión, el proyecto de Directiva sobre la orden europea de protección ofrece una excelente protección a las víctimas sin ningún tipo de restricciones legislativas nacionales. Debería contemplarse como un símbolo de los avances normativos en Europa, que está trabajando paso a paso para garantizar que los derechos y las garantías sean las mismas en todos los Estados miembros.

Tal y como ha sido presentada, la orden europea de protección hace que la protección de las víctimas que deseen desplazarse libremente dentro de la Unión Europea sea un proceso más decisivo y rápido. La diferencia entre nuestros sistemas jurídicos, incluidos sus procedimientos, sigue siendo claramente una limitación. Empero, el ámbito de aplicación definido permite a nuestros países adaptarse rápidamente al nuevo orden, fortaleciendo así nuestra Unión y dando más protección a los ciudadanos europeos, en particular a los más vulnerables.

Por lo tanto, apoyo con firmeza esta propuesta, que dará esperanza a muchas personas cuya libertad y dignidad sufren violencia a diario, y que no tienen todos los medios para reaccionar. En el futuro, podrían incluso iniciar una nueva vida en otro país.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Se trata de una cuestión de la más elemental justicia que la víctima de un delito, que cuenta con una orden de protección en un Estado miembro, también pueda gozar de protección en el caso de que decida residir o permanecer en otro país de la UE. Fue con esta intención que hoy hemos aprobado estas nuevas normas. Todas las víctimas, y no solo víctimas de violencia de género, deben poder acogerse a la orden europea de protección. Las medidas de protección existen en todos los Estados miembros de la UE, pero dejan de tener efecto cuando una persona cruza las fronteras del país. La orden europea de protección tiene por objeto garantizar que la protección ofrecida a una persona en un Estado miembro se mantenga y continúe en cualquier otro Estado miembro al que la persona se traslada o se ha trasladado, sin importar el delito del que haya sido víctima.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito.(FR) Cualquier víctima de un acto punible, que recibe protección en un Estado miembro de la Unión Europea, debería poder gozar de la misma protección cuando se desplaza a otro Estado miembro. A pesar de que la mayoría de medidas se refieren a las mujeres víctimas de violencia de género, es conveniente precisar que cualquier otra víctima de violencia, incluidos los niños, puedan acogerse a los beneficios de esta iniciativa. Además, podemos congratularnos del hecho de que también la familia de una persona protegida puede solicitar una orden de protección. La protección no debería limitarse, sin embargo, a la protección física de la víctima. Su dignidad como ser humano también debe considerarse. Soy plenamente consciente de la complejidad de la iniciativa y de los desafíos a los que puede enfrentarse, sobre todo a causa de las potenciales diferencias entre los sistemas judiciales y los procedimientos penales, civiles y administrativos de los Estados miembros. No obstante, hay que animar a los Estados miembros a continuar en esta línea.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Estoy a favor, y considero que este informe es el mejor de los sometidos a votación el 14 de diciembre. Los criterios básicos han sido definidos, todas las cuestiones han sido cuidadosamente trabajadas, y la lógica es clara. Ahora, a las personas que son víctimas de delitos se les garantizará la protección de los tribunales de cada país de la Unión Europea, si se trasladan de un Estado miembro a otro. Esto dará a las autoridades investigadoras y a la fiscalía la oportunidad de llevar a cabo sus investigaciones con eficacia, y las víctimas de delitos no tendrán que ocultar por miedo información relevante para la investigación. Doy las gracias a la ponente por su informe.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) A pesar de que se han adoptado algunas medidas en los últimos años para proteger a las víctimas, las personas afectadas a menudo se quedan en la estacada. Los abogados y jueces aprenden mucho durante su formación sobre los derechos de los acusados, pero no oyen nada acerca de la forma correcta de tratar con los testigos y las víctimas que comparecen como testigos. Si el calendario judicial se amolda solo a la parte acusada y no se concede absolutamente ninguna consideración a la víctima que inicia un procedimiento civil contra alguien, entonces eso es como una bofetada. Aquí se necesita una mayor sensibilización, pero también en la formación médica, de modo que puedan detectarse mejor los casos de violencia de género. La cuestión de la prescripción de las reclamaciones de indemnización civil es esencial en el caso de abusos a menores. La protección de las víctimas incluye asimismo que solo se permita a personas totalmente carentes de antecedentes penales que trabajen con nuestros hijos. Si las bodas forzosas están siendo perseguidas penalmente en Liechtenstein, también sin el consentimiento de la víctima, y es posible emprender acciones legales en el caso de mutilación genital llevada a cabo en un menor de edad, ello demuestra claramente el peligro potencial del tal alabado enriquecimiento multicultural.

Dado que la protección de las víctimas se encuentra todavía en pañales y las personas afectadas a menudo no saben a quién pueden acudir en su propio país y cuáles son sus derechos, es importante que la protección de las víctimas esté armonizada en la UE. He votado a favor del informe.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección porque la UE necesita un sistema que aumenta la protección de la vida, la seguridad y la integridad física, psicológica y sexual de los ciudadanos que sufren agresiones. El proyecto de Directiva aspira a reforzar la protección de las víctimas de este tipo de delitos en la UE, ya a que las medidas de protección se limitan actualmente a la legislación interna de los Estados miembros. Esta resolución tiene por objeto llenar un vacío legislativo para garantizar que las víctimas de agresiones gocen también de protección fuera de sus países, garantizando de ese modo que todos los Estados miembros ofrezca a las víctimas la protección adecuada. Los Estados miembros no estarán obligados a armonizar sus leyes internas, sino que pueden adaptarlas para que sean reconocidas recíprocamente.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) He votado hoy a favor del proyecto de Directiva que aprueba un mecanismo uniforme para facilitar y reforzar la protección concedida a las víctimas de delitos que se desplazan entre los Estados miembros en el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos. La directiva protegerá ahora a las víctimas de delitos que puedan poner en peligro su vida, su integridad física, psíquica y sexual o su libertad personal, siendo el objetivo final evitar esos delitos en el futuro.

Tras las negociaciones con el Consejo, la directiva ha sido mejorada, en particular en los siguientes puntos:

- se ha ampliado la protección jurídica, ya que la víctima ya no tendrá necesidad de reiniciar todo el procedimiento jurídico para obtener protección cuando se desplace a otro Estado miembro;

- se han mejorado y simplificado las condiciones bajo las que se expiden órdenes europeas de protección;

- se han limitado los motivos de denegación del reconocimiento o rechazo de una orden europea de protección;

- se ha establecido un plazo claro para la ejecución de una orden;

- la protección se extiende no solo a la integridad física de la víctima, sino también a su dignidad.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Este informe va en contra del ya aprobado Plan de acción de Estocolmo, una iniciativa de la Unión Europea para mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. A pesar de los problemas referentes a la base jurídica de estas enmiendas, he decidido votar a favor del informe, ya que creo que las medidas de protección para las víctimas o posibles víctimas de delitos son una cosa positiva. La posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de una orden de protección jurídica de un Estado miembro («el Estado de emisión») a otro Estado miembro, al que la persona protegida desea desplazarse («el Estado de ejecución»), es un avance significativo hacia la creación en la práctica de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, y esto es un ideal que yo comparto.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) La violencia de género es una violación de los derechos humanos fundamentales y pueden afectar a cualquier persona, con independencia de su religión, color o condición social. Rumanía registró en 2009 un aumento del 35 % en la violencia de género en comparación con 2008. De hecho, en 2010 se informa de que el número de casos de violencia de género va en aumento. Se estima que los incidentes de violencia de género afectan a 1 200 000 personas cada año, sin embargo, solo el 1 % de las víctimas de la violencia tienen el valor suficiente para informar a las autoridades.

La orden europea de protección debe ser un instrumento fuerte, capaz de proporcionar un refugio seguro a las víctimas de la violencia a través de las fronteras de los Estados miembros. Esto también incluye la protección contra los actos de violencia cometidos por grupos de personas y se aplicará a todas las víctimas de delitos, como las víctimas de la trata de seres humanos, de mutilaciones genitales femeninas, de bodas forzosas, homicidios por defender el honor, incestos, violencia de género, los testigos, las víctimas del terrorismo y de la delincuencia organizada.

Los Estados miembros deben seguir garantizando la protección jurídica, reducir los motivos de no reconocimiento o rechazo de la orden europea de protección, establecer un plazo de 20 días para la ejecución de una orden y aclarar la situación con respecto a las víctimas que se desplazan de un Estado miembro a otro.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Creo que la Directiva del Consejo es muy positiva, ya que tiene como objetivo crear un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, comparto las preocupaciones expresadas por las ponentes, en particular con respecto a las omisiones técnicas, así como a las diferencias que ponen de relieve entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

 
  
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  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. (IT) Me gustaría felicitar a la señora Jiménez Becerril Barrio y a la señora Romero López por su excelente trabajo. A las víctimas de delitos que tienen derecho a protección en un Estado miembro se les garantizará el mismo nivel de protección en toda la Unión, gracias a la nueva orden europea de protección, aprobada hoy, que amplía el ámbito de la legislación para incluir a todas las víctimas de delitos, no solo a las víctimas de violencia de género, como se había propuesto. Existen medidas de protección en todos los Estados miembros de la UE, pero se vuelven ineficaces cuando las víctimas cruzan las fronteras. La orden europea de protección debería garantizar que cualquier tipo de protección concedida a una persona en un Estado miembro sea aplicable en todos los demás Estados miembros a los que la víctima viaja o ha viajado. La orden europea de protección puede emitirse a petición de las personas bajo protección si deciden trasladarse a otro Estado miembro, o si simplemente desean pasar tiempo allí. El Estado miembro que haya dictado la medida de protección será el responsable de la expedición de una orden europea de protección y de remitirla al Estado miembro al que la persona tiene la intención de viajar. El texto aún debe ser confirmado por una mayoría cualificada de los Estados miembros en el Consejo, y tendrán tres años para incorporarlo a la legislación nacional.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La propuesta de Directiva que han presentado 12 Estados miembros sobre la orden de protección europea es una iniciativa dirigida a la prevención del delito. En efecto, las actuaciones de los Estados miembros que han puesto en marcha las órdenes de protección de las víctimas terminan en la frontera del Estado miembro que las dicta. Pero las víctimas se desplazan por los distintos Estados miembros debido a múltiples razones, en muchos casos para evitar el delito. Estos desplazamientos las dejan inermes cuando la cooperación judicial y policial no pone en marcha un mecanismo de alerta y prevención para su propia defensa que funcione rápida y eficazmente en todo el territorio europeo. La puesta en marcha de este mecanismo de cooperación judicial y policial es el origen de esta iniciativa. Las actuaciones de los Estados miembros demuestran que a escala europea se pueden evitar los delitos cuando el agresor o los agresores están identificados.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito.(PL) He votado a favor de la resolución sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección. La Directiva es indispensable para que las víctimas de violencia puedan sentirse relativamente seguras en toda la Unión Europea, con independencia del lugar donde vivan. Una vez que la Directiva haya sido aprobada, será importante llevar a cabo cursos regulares de capacitación para los órganos judiciales y otros órganos competentes, para que puedan prestar ayuda apropiada a las víctimas. También será vital llevar a cabo una campaña de información dirigida a sensibilizar a los ciudadanos sobre la posibilidad de emitir una orden europea de protección.

Como resultado, las víctimas de la violencia recibirán mucha más protección y habrá una disminución de esos delitos. La Directiva sobre la orden europea de protección representa un paso clave hacia una Directiva europea sobre violencia contra la mujer. Es necesario elaborar y aplicar lo antes posible una estrategia conjunta e integral de la UE con el objetivo de combatir la violencia contra la mujer en todos los Estados miembros de la UE. Necesitamos urgentemente normas europeas en materia legislativa para combatir la violencia contra la mujer. Esta es la única manera de apoyar a las mujeres y oponernos a la aceptación social de la violencia doméstica y la impunidad de quienes cometen ese delito. Espero que la próxima Presidencia polaca haga una contribución significativa a la elaboración y aprobación de un proyecto de Directiva sobre esta materia. Ya he escrito una carta llevando este asunto a la atención del Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk, pero aún no he recibido respuesta.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito.(FR) Acojo con satisfacción la aprobación por una mayoría contundente del informe sobre la orden europea de protección. La medida aprobada hoy permitirá a la gente a la que se ha concedido protección en un Estado miembro, gozar de la misma protección en cualquier otro Estado miembro al que viaje. La Directiva es aplicable no solo a las víctimas de violencia de género, sino también a las víctimas de bodas forzadas, trata de seres humanos y mutilación genital femenina. Ello representa un gran paso adelante para los derechos de las víctimas y su movilidad dentro de la Unión Europea. Ahora insto al Consejo a que siga la posición del Parlamento Europeo dando su apoyo abrumador a la orden europea de protección.

 
  
  

Informe: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

 
  
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  John Stuart Agnew (EFD), por escrito. – El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) condena todas las formas de trata de seres humanos como una versión moderna de la esclavitud y pide para esa actividad las penas más severas en el Reino Unido. Sin embargo, UKIP ha votado en contra de este informe ya que no podemos legitimar el hecho de dar más poder a la UE en asuntos como el Derecho penal y la protección de las fronteras. Esta propuesta tenía por objeto que la Unión Europea decidiese sentencias mínimas en los Estados miembros por delitos, y eso sencillamente no es una cuestión que competa a la UE. Debería corresponder a los gobiernos nacionales elegidos decidir sobre dichas penas individualmente y trabajar con otros países para ayudar a erradicar el tráfico de seres humanos.

La UE también agrava el problema de la trata de personas. Dado que hay libertad de movimientos dentro de la Unión y fronteras abiertas, junto con una moneda única, a la delincuencia organizada se le permite operar con mucha mayor eficacia sin controles. Si los Estados miembros tuviesen controles fronterizos apropiados, eso contribuiría a perturbar el funcionamiento de dichas organizaciones criminales. La UE es, en realidad, parte del problema, no la solución.

 
  
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  Sonia Alfano (ALDE), por escrito. (IT) No existe nada más inhumano que la explotación de las personas para la obtención de beneficios, algo que infringe todos los derechos fundamentales. La trata de seres humanos es una de las actividades más sórdidas de la historia, su práctica está ampliamente extendida y se trata de un fenómeno complejo. Me alegro de que el Parlamento haya aprobado en primera lectura la propuesta de Directiva relativa a la trata de seres humanos. Se trata de un importante avance en la lucha contra un fenómeno que constituye la actividad principal de un amplio número de grupos delictivos internacionales. El aspecto más importante es el reconocimiento de que el principal problema a tratar es el del crimen organizado. Por fin la UE distingue, de forma explícita, entre el crimen y el crimen organizado porque este último es una cuestión aislada. Existen muchos otros elementos positivos, como una definición de explotación más amplia, una mayor protección de las víctimas y una norma que estipula que las víctimas de la trata de seres humanos no deben ser acusadas de delitos que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia de la violencia o de la amenaza de violencia. Tal y como ha señalado Amnistía Internacional, es frecuente que las mujeres víctimas de la trata de seres humanos sean detenidas por prostituirse o se vean privadas del acceso a la justicia.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He respaldado esta resolución porque la trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud, un delito muy grave y una violación despiadada de los derechos humanos fundamentales. El Tratado de Lisboa ha reforzado la acción de la UE en el ámbito judicial y de cooperación policial en asuntos penales, incluyendo la lucha contra la trata de seres humanos, y el Parlamento Europeo, al convertirse en colegislador, cuenta con un papel esencial. Respaldo firmemente la propuesta del Parlamento Europeo sobre el aumento de las penas de los traficantes al nivel de la propuesta de 2009, la aplicación del decomiso de activos y la puesta en marcha de una mayor asistencia a las víctimas y, especialmente, a las víctimas infantiles.

Estoy convencida de que el Parlamento Europeo debería expresar claramente la exigencia de una mayor acción de los Estados miembros para desalentar la demanda de servicios provistos por las víctimas de la trata de seres humanos, mediante campañas de concienciación, educación y formación entre otras, que cuenten con un enfoque de igualdad de género. Es importante señalar que las sanciones penales contra los empleadores que utilizan trabajadores víctimas de la trata generan un importante efecto preventivo y, por lo tanto, estas medidas deben ser objeto de un mayor desarrollo.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) La continua existencia de desigualdades culturales y económicas a nivel global ha tenido como consecuencia el desarrollo de nuevas formas de esclavitud, que ya no se vinculan tan solo al ámbito de la explotación sexual, sino también al de la explotación económica.

Puede que estas situaciones no se correspondan con la visión histórica que tenemos de la esclavitud, pero son igualmente ofensivas. La trata de seres humanos priva a las víctimas de los valores de libertad e igualdad en los que se fundamenta la sociedad moderna. Las víctimas tienen un precio, son vendidas o intercambiadas y despojadas de su dignidad. La trata de seres humanos constituye un negocio extremadamente lucrativo que cuenta, en la actualidad, con una dimensión transfronteriza.

Un año después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se han presentado muchas iniciativas en el ámbito de la cooperación jurídica y policial en asuntos penales. Debemos trabajar ahora para reforzar el trabajo de la UE mediante la creación de incentivos para desarrollar acciones contra la trata de seres humanos, recopilando datos que nos permitan elaborar estadísticas fiables y creando una estrecha cooperación transfronteriza, que incluya la puesta en común de información y de las mejores prácticas, así como una cooperación reforzada con Eurojust y Europol.

También debemos adoptar un enfoque centrado en las víctimas. Las víctimas de la trata de seres humanos necesitan protección, incluyendo protección jurídica. Precisan, asimismo, asistencia social y programas de rehabilitación. Sobre todo, sin embargo, es fundamental aumentar las sanciones aplicadas a los traficantes y empleadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas, quienes son frecuentemente menores.

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y del informe realizado por el Parlamento Europeo, porque consideramos que impone a los Estados miembros una legislación penal uniforme y armonizada. La UE se ha propuesto explotar la vulnerabilidad de los trabajadores y convencerles, de forma gradual, de que es preciso adoptar normas uniformes de Derecho penal en todos los ámbitos y todos los Estados miembros. La imposición de un Derecho penal armonizado en los Estados miembros de la UE, con el objetivo descarado de reforzar los mecanismos de represión del Estado integrados a nivel europeo para así consolidar el poder de los monopolios es otro duro golpe contra las libertades populares. De la misma forma, constituye una restricción peligrosa e inaceptable de la soberanía popular y de los derechos soberanos de los Estados miembros.

El interés de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos es un interés fingido, ya que surge de una unión capitalista transfronteriza que admite sin complejos que está basada en el sistema capitalista. La transformación de la población activa en una mercancía capitalista, convierte a las personas en una mercancía que tiene como objetivo el servir al único valor reconocido por el podrido sistema de explotación: el beneficio capitalista.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Apoyo la aprobación de esta propuesta y de nuevas penas. La trata de seres humanos es un delito grave y una violación severa de los derechos humanos. Espero que esta nueva Directiva tenga éxito en llenar las lagunas existentes en el marco judicial anterior y que se cree el cargo de Coordinador para la lucha contra la trata de seres humanos en el seno de un marco legislativo claro.

Si bien el Tratado de Lisboa refuerza el papel del Parlamento Europeo en materia de cooperación jurídica y policial en asuntos penales, solo los Estados miembros pueden jugar un papel crucial en la lucha contra este tipo de delito. Si queremos lograr un efecto preventivo sólido, los Estados miembros deben sancionar penalmente a todo aquel que, conscientemente, utilice los servicios de las víctimas de la trata de seres humanos.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito.(FR) La trata de seres humanos es, desafortunadamente, una abominación que no puede ser ignorada por la Unión Europea. Cualesquiera que sean los motivos, explotación sexual o laboral, la trata de seres humanos es considerada como inaceptable por las autoridades de la Unión. Por este motivo, Europa ya cuenta desde hace tiempo con una amplia variedad de herramientas legislativas para luchar contra este fenómeno. Esta nueva Directiva, que he apoyado con mi voto a favor, sustituye a la antigua Decisión marco de conformidad con los nuevos poderes existentes en este ámbito. Al reunir todo el acquis communautaire existente en esta materia y condensarlo en un solo texto, esta Directiva está destinada a jugar un papel esencial en la lucha contra la trata de seres humanos. La Directiva define los principios en los que debe basarse la legislación de los Estados miembros, establece las sanciones aplicables, fija la responsabilidad de las personas jurídicas, protege a las víctimas de cualquier acción penal debida a su estatus, introduce medidas para la asistencia y la protección de las víctimas y contiene disposiciones específicas para mujeres y niños.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) Cientos de miles de personas son víctimas de la trata de seres humanos en la UE cada año para ser sometidas a explotación sexual, trabajo forzoso, comercio ilegal de órganos humanos y mendicidad. Esta versión moderna de la esclavitud constituye un delito espantoso y una grave violación de los derechos humanos.

Estoy a favor de que el informe incluya la adopción de medidas más estrictas para la prevención de la trata de seres humanos, que imponen sanciones más severas a los traficantes y que ofrecen una mayor protección a las víctimas. Debemos luchar contra esta forma moderna de esclavitud, debemos adoptar medidas de apoyo y protección y mejorar la asistencia a las víctimas, así como reforzar la prevención y la supervisión.

Debemos luchar contra la delincuencia organizada y fomentar la cooperación a nivel de la UE y a nivel internacional para lograr este objetivo de la forma apropiada.

Apoyo firmemente lo que menciona el informe sobre la imposición de sanciones más estrictas a los traficantes y sobre el decomiso de activos. Los niños son un grupo de riesgo en la trata de seres humanos y debe existir protección y ayuda disponible para todas las víctimas de la trata de seres humanos y especialmente para los niños.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Respaldo este informe. La trata de seres humanos es un delito grave y una violación severa de los derechos humanos fundamentales. Este delito está ampliamente extendido por todo el mundo y presenta muchas formas, relacionadas, por ejemplo, con la explotación sexual, el trabajo forzoso, el comercio ilegal de órganos humanos, las adopciones ilegales, etc. Es urgente, por lo tanto, que adoptemos medidas activas para respaldar una estrategia de lucha contra la trata de seres humanos en la que se preste especial atención a combatir y prevenir la trata de seres humanos.

Es necesario, además, garantizar que existen sistemas efectivos de asistencia y apoyo a las víctimas, que contemplen el derecho a compensaciones, el tratamiento médico necesario y una asistencia jurídica y psicológica gratuita, todo ello prestando especial atención a la infancia. La estrategia para combatir la trata de seres humanos también debería incluir la dimensión social y de inmigración y las políticas de asilo y de reinserción. Además, con el objetivo de reducir la magnitud de los delitos, es necesario adoptar sanciones apropiadas y efectivas para aquellos que incumplen las disposiciones de esta Directiva.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. (BG) He respaldado este informe porque la trata de seres humanos es un problema grave que hemos de abordar y porque las medidas contempladas en el Tratado de Lisboa no son lo suficientemente firmes como para acabar con los delitos en este ámbito. La trata de seres humanos es una forma de esclavitud y Europa debe proteger a sus mujeres, sus niños y, en general, a sus ciudadanos contra esta amenaza, utilizando para ello todas las herramientas a su disposición. La trata de seres humanos es un delito grave y una violación severa de los derechos humanos fundamentales y que reduce a las personas a un estado de dependencia por medio de amenazas, violencias y humillaciones, y debería estar sujeto a una sentencia mínima de 10 años. Además, en mi opinión, debemos adoptar un enfoque centrado en las víctimas que contenga la identificación de todas las categorías potenciales de víctimas, así como medidas especiales para su protección, prestando especial atención a la infancia y a otros grupos de riesgo, tal y como Edit Bauer señala en su informe.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una Directiva histórica y de una especial importancia para el fortalecimiento de la lucha contra la trata de seres humanos. Esta Directiva constituye un avance muy importante en la lucha contra este abominable delito y establece penas y sanciones más severas así como una mayor prevención y protección a las víctimas. He votado a favor de este informe porque debe existir una reacción más severa contra los traficantes y los terribles delitos que cometen y han de adoptarse unas penas y sanciones más duras que reflejen la gravedad del delito, de forma que constituyan un mecanismo de disuasión efectivo. La nueva Directiva incluye una disposición crucial por la que, además de las penas, los Estados miembros deben incluir sanciones como el embargo de propiedades y adoptar las medidas necesarias para embargar y decomisar los instrumentos y productos de los delitos, ya que solo entonces se conseguirá que estos delitos no sean económicamente viables. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que con el aumento en la magnitud de estos delitos en Europa, el enfoque de la UE debe centrarse más en los derechos humanos, prestando especial atención a las medidas de prevención, a la protección a las víctimas, a la política de retorno y reintegración y a las cuestiones sociales.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La creación del cargo de Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos mejoraría la coherencia de las medidas adoptadas para luchar contra esta versión moderna de la esclavitud. La cooperación en este ámbito entre Estados es una medida positiva, especialmente la cooperación a nivel de la UE. Sin embargo, en muchas ocasiones, los Estados pierden de vista las acciones relativas a la reintegración en la sociedad de aquellos que han sido víctimas de la trata de seres humanos. Las campañas de educación y prevención deben, obviamente, estar centradas en los Estados menos desarrollados de la Unión Europea donde existen amplios sectores de la población que son vulnerables debido a la escasez.

Con el objetivo de contar con una idea más clara y precisa de este fenómeno, es preciso recopilar estadísticas armonizadas que incluyan información sobre el número de personas objeto de la trata de seres humanos, teniendo en cuenta el género, la edad y la nacionalidad de las víctimas, así como la forma empleada en la trata de seres humanos, los tipos de servicios para los que se utiliza a las víctimas, el número de traficantes arrestados, juzgados y condenados y los mecanismos utilizados para remitir estos casos a las autoridades nacionales a cargo de las políticas de asilo. En la actualidad, la magnitud de la trata de seres humanos es enorme, pero desconocemos la escala real de este fenómeno debido a la falta de estadísticas precisas centralizadas a nivel de la UE.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) Quisiera felicitar a la señora Bauer y a la señora Hedh por acometer la difícil tarea de preparar un informe sobre una cuestión de tanta actualidad. La trata de seres humanos es uno de los mayores males de nuestros tiempos que, a la par con la esclavitud, reduce a las víctimas a una situación de explotación y dependencia por parte de grupos delictivos despiadados.

Desafortunadamente, este es un fenómeno de enormes proporciones, si bien desconocemos su magnitud exacta debido a la falta de información. Es necesario, por lo tanto, que realicemos estudios específicos para averiguar el tamaño real de este problema. Al mismo tiempo, Europa debe promover políticas que permitan una mayor cooperación en los ámbitos judicial y penal. Estas políticas pueden articularse en virtud del artículo 79 del Tratado de Lisboa, que identifica la base jurídica de la política común de inmigración.

Para finalizar, estoy de acuerdo con la petición de la ponente de aumentar las penas aplicadas a los traficantes de seres humanos y decomisar sus activos, de acusar de cometer un delito a aquellos que utilicen conscientemente los servicios de las víctimas de la trata y de ofrecer una mayor asistencia a las víctimas.

 
  
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  David Campbell Bannerman y Nigel Farage (EFD), por escrito. – El partido UKIP condena todas las formas de trata de seres humanos como una versión moderna de esclavitud y exige las penas más duras para este delito en el Reino Unido. Sin embargo, el UKIP ha votado en contra de este informe porque no podemos legitimar la concesión de mayores atribuciones a la UE en materia de Derecho penal y protección de fronteras. La propuesta contempla que la UE decida las sentencias mínimas aplicables en los Estados miembros, lo cual no es una función de la UE. Son los gobiernos nacionales electos los que deben decidir dichas penas de forma individual y trabajar con otros países para colaborar en la erradicación de la trata de seres humanos. La propia UE también incrementa los problemas de la trata de personas porque al existir libertad de circulación y fronteras abiertas, junto con una moneda común, la delincuencia organizada puede operar de forma más eficiente sin ser sometida a controles. Si los Estados miembros dispusiesen de controles fronterizos apropiados, podrían colaborar entorpeciendo las operaciones de estos infames grupos delictivos. En realidad, la UE es parte del problema y no la solución.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta Directiva porque uno de sus elementos fundamentales es el aumento de los esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos. La respuesta de la UE ante este delito incluye ahora la prostitución y otras formas de explotación sexual, la explotación de trabajadores a través de los trabajos forzosos y la mendicidad, el comercio ilegal de órganos humanos, la adopción ilegal, los matrimonios forzados, el tráfico de drogas e incluso la explotación de personas para llevar a cabo hurtos o robos. En mi opinión, el texto refuerza la prevención del delito, específicamente al tipificar legalmente el delito o al utilizar penas, el decomiso de propiedades o el cierre permanente de los establecimientos utilizados con objetivos delictivos en el caso de la trata de seres humanos. Considero que también se ofrecerá una mayor ayuda y asistencia a las víctimas, proporcionando alojamiento, asesoramiento jurídico y asistencia material, médica y psicológica.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud y la segunda actividad más lucrativa para la delincuencia organizada en todo el mundo. Esta Directiva constituye el primer instrumento legal sobre este asunto y utiliza las nuevas posibilidades introducidas por el Tratado de Lisboa. Además, la Directiva define un enfoque común para la lucha contra la trata de seres humanos y para la protección de las víctimas, llenando así las lagunas existentes en el marco jurídico anterior. Ha sido posible alcanzar un compromiso equilibrado, mediante la creación de un instrumento que permite abordar este tipo de actividad delictiva de forma más efectiva y la adopción de políticas más estrictas y de penas más severas, incluyendo penas de prisión de entre cinco y diez años y el embargo de los productos de las infracciones. Simultáneamente, la Directiva refuerza los ámbitos de prevención y protección de las víctimas, prestando una atención especial a los niños y a otros grupos vulnerables.

También respaldo la propuesta de crear un cargo de Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos, si bien debería evitarse cualquier duplicación de atribuciones con el resto de organismos ya existentes, como la Oficina Europea de Policía.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) La trata de seres humanos afecta diariamente a muchos cientos de personas en Europa, la mayoría mujeres y niñas. Era urgente, por lo tanto, llenar el vacío legal que existe en algunos países europeos, como por ejemplo España donde, por cierto, se acaba de abrir el burdel más grande del país a tan solo unos kilómetros de la frontera con Francia. De ahí que la Unión Europea por fin se ha dotado de un instrumento que crea un entorno que disuade a los traficantes y que garantiza que las víctimas de la trata de seres humanos cuentan con asistencia y protección. A partir de ahora existirán normas comunes que definirán los delitos y penas aplicables a los traficantes de seres humanos. Esto supone un avance hacia la protección de la dignidad humana y el fin del trato a las personas como mercancía.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La trata de seres humanos constituye, hoy en día, una forma moderna e inhumana de esclavitud. Para los autores de este delito —delincuentes organizados involucrados en prostitución y explotación sexual, adopciones ilegales, trabajos forzosos, inmigración ilegal y tráfico ilegal de órganos humanos— se trata de una actividad muy lucrativa. Dado que varios países europeos son el «destino» de estas redes, apoyo la iniciativa de creación de un marco común a nivel europeo para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, un enfoque que surge de la propuesta de resolución del Parlamento sobre la que votamos el 10 de febrero de 2010.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La trata de seres humanos es una violación grave de los derechos humanos y es muy lucrativa para la delincuencia organizada. La importancia de esta forma moderna de esclavitud es enorme, incluso aun cuando desconocemos su magnitud exacta.

El Tratado de Lisboa ha reforzado la acción de la UE en el ámbito judicial y de cooperación policial en asuntos penales, incluyendo la lucha contra la trata de seres humanos, y el Parlamento Europeo, al convertirse en colegislador, cuenta con un papel esencial.

Apoyo la aprobación de las medidas contenidas en este informe relativas a la necesidad de recopilar datos sobre el número de personas objeto de la trata de seres humanos y el género, edad y nacionalidad de las víctimas, las vías a través de las cuales tiene lugar esta actividad, el tipo de servicios que acaban prestando las víctimas, el número de traficantes arrestados, juzgados y condenados y los mecanismos utilizados para remitir estos casos a las autoridades nacionales a cargo de las políticas de asilo.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Somos conscientes de que para luchar contra la trata de seres humanos y proteger a sus víctimas no es suficiente con adoptar instrumentos jurídicos. La lucha por erradicar la trata de seres humanos ha de ser una prioridad en la batalla por el respeto de los derechos humanos. Para que esto ocurra, es necesario que exista voluntad política. Sobre todo es fundamental, sin embargo, que se actúe en materia de prevención, algo que precisa de otras políticas económicas y sociales y que implica el fin de la explotación capitalista y de las políticas neoliberales.

Se deben crear las condiciones que liberen de la pobreza a las personas involucradas mediante el fomento de políticas orientadas a una justa distribución de la riqueza, garantizando el acceso a los servicios públicos esenciales y promoviendo la creación de puestos de trabajos con derechos y con niveles salariales que permitan vivir con dignidad.

Por estas razones, la aprobación de este texto constituye tan solo un paso en la larga y dura batalla que debe continuar si queremos erradicar la trata de seres humanos.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito.(FR) La semana pasada aprobamos el informe sobre la Directiva relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, y yo estoy especialmente satisfecha con el resultado de dicha votación. En primer lugar, la definición de «trata de seres humanos» será ahora más amplia e incluirá la trata en la industria del sexo, la explotación laboral, especialmente en el sector agrícola y en el servicio doméstico y la mendicidad forzosa. En segundo lugar, nuestro texto establece sanciones y penas mínimas para los traficantes de seres humanos. Tercero, nuestro texto contempla un amplio abanico de medidas de asistencia y apoyo para las víctimas, y no podemos olvidar que aparentemente hay cientos de miles de víctimas anuales en la Unión Europea. El tiempo ha demostrado que el marco existente no era lo suficientemente efectivo. El texto que aprobamos la semana pasada demuestra que existe la voluntad de redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los ciudadanos y procesar a los traficantes en toda Europa.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito.(FR) La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud. Para las bandas de delincuentes es un negocio extremadamente lucrativo que puede adoptar diversas formas, como la explotación sexual, el trabajo forzoso, el tráfico de órganos humanos, la mendicidad, la adopción ilegal y la servidumbre doméstica. Este texto es la primera legislación europea vinculante en este ámbito. El texto refuerza la protección de las víctimas y endurece las sanciones contra los perpetradores. La perspectiva de género que sustenta el texto merece nuestro respaldo ya que las mujeres son, frecuentemente, víctimas de la trata de seres humanos. Otro punto importante es el relativo a que no se juzgará a las víctimas por los delitos cometidos como consecuencia de la trata de seres humanos, como el incumplimiento de las leyes de inmigración. He respaldado este texto.

 
  
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  Timothy Kirkhope y Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – El Grupo ECR cree firmemente que en el siglo XXI es simplemente repugnante que todavía exista esclavitud en nuestro continente y considera que solo se podrá combatir la trata de seres humanos si todas las naciones trabajan de forma conjunta a los más altos niveles para prevenir este delito. La actual legislación de la UE es anticuada y está lejos de ser efectiva y, por ello, el Grupo ECR apoya su revisión Hoy, el Grupo ECR ha votado a favor de esta Directiva, que se centra en la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir este crimen atroz de trata de seres humanos.

El Grupo ECR solicitó la votación por separado del artículo 4 apartados 1 y 2, y del artículo 15, apartado 4 y votó en contra de estos artículos, porque no creemos que la UE deba establecer penas máximas ni especificar un delito penal, tal y como se hace en el artículo 15, apartado 4. El Grupo ECR ha respaldado en términos generales la resolución y el texto enmendado por las Comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud y una violación severa de los derechos humanos fundamentales. La trata de seres humanos constituye también una de las actividades más lucrativas de la delincuencia organizada.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa concedió a la UE mayores atribuciones en el ámbito judicial y de cooperación policial en asuntos penales, y el informe aprobado hoy relativo a la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo de la Directiva relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, refleja el compromiso del legislador europeo en este ámbito. El texto identifica normas mínimas para la definición de delitos penales y el establecimiento de sanciones contra los traficantes e introduce también normas comunes para ampliar la protección a las víctimas, quienes han de recibir asistencia, incluyendo el asesoramiento jurídico. La trata de seres humanos, un fenómeno estrechamente vinculado con la delincuencia organizada, debe ser combatido con medidas contundentes y efectivas, tal y como se hace con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La experiencia adquirida en los últimos años nos ha demostrado que la cooperación judicial y policial junto con un alto nivel de armonización de la legislación individual de cada país son elementos cruciales para luchar contra este tipo de delitos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud, un delito grave y una importante violación de los derechos humanos fundamentales y reduce a las personas a un estado de dependencia por medio de amenazas, violencias y humillaciones. La trata de seres humanos es también una actividad comercial sumamente rentable para la delincuencia organizada, con altas posibilidades de beneficios y unos riesgos limitados. La trata de seres humanos puede adoptar muchas formas, relacionadas, por ejemplo, con la explotación sexual, el trabajo forzado, el comercio ilegal de órganos humanos, la mendicidad, incluido el empleo de una persona dependiente para ella, las adopciones ilegales y el trabajo doméstico. La importancia de este fenómeno es impresionante pero ciertamente no conocida con exactitud. El Tratado de Lisboa ha reforzado la acción de la UE en el ámbito de la cooperación judicial y policial en materia penal, incluida la lucha contra el tráfico de seres humanos. Me alegro de que el Parlamento Europeo haya adquirido la calidad de colegislador, y que tenga un papel importante que desempeñar en este ámbito. He respaldado este informe.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Las recientes conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo han revelado que existen, en todo el mundo, un mínimo de 2,45 millones de personas sujetas a trabajos forzosos como resultado de la trata de seres humanos. Este fenómeno ha aumentado en los últimos años y ahora también tiene lugar en países europeos. Por este motivo, creo que esto es una plaga contra la que debemos luchar en la UE de forma contundente, sin olvidarnos de facilitar la ayuda y protección apropiadas a las víctimas. Esto explica mi voto.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Es obvio que la trata de seres humanos es un delito grave y una violación severa de los derechos humanos fundamentales. Es obvio que todos votaremos a favor de leyes más estrictas contra la trata de seres humanos. Es obvio que yo, A. Mirsky, me mostraré a favor de una legislación más estricta, al igual que otros eurodiputados. Se trata de una cuestión «win-win». Todos estamos a favor y, en consecuencia, esto será un «plus» para la ponente. ¿Es posible encontrar un asunto más importante? De esta manera, podríamos escribir 100 informes, sobre vicios, sobre terrorismo, sobre asesinatos, sobre fanatismos, sobre el fraude, sobre robos, sobre violaciones, sobre insultos, etc. Y así podríamos seguir durante horas. ¿Es este nuestro trabajo como diputados al Parlamento Europeo? Yo voy a votar a favor. ¿Hay alguien que esté en contra?

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Oficialmente la esclavitud ya no existe. Sin embargo, extraoficialmente, su existencia es patente bajo la forma de la trata de seres humanos. Este tipo de delito se ha convertido, para muchas personas, en un negocio extremadamente lucrativo que genera miles de millones en beneficios. En lo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos, la delincuencia organizada nos lleva la delantera. Solo lograremos el objetivo mediante una combinación de diversas medidas. Por un lado, el aparato de seguridad, que en los últimos años se ha visto privado de financiación, debe contar de nuevo con fondos. En el seno de la UE, solo podemos combatir los efectos colaterales pero tenemos que eliminar la raíz de este delito. Existen cuestiones subsidiarias como la mendicidad, que es relativamente sencilla de combatir mediante una prohibición generalizada de la mendicidad en toda la UE.

Por otro lado, la cooperación con los países de origen de, por ejemplo, los trabajos forzosos o la prostitución, es crucial. Por lo tanto, las campañas de información y sensibilización a través del sistema educativo y escolar en los países de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos constituyen una herramienta importante en la lucha contra este tipo de delito. Algunas de las consideraciones fundamentales contenidas en el informe son correctas, pero en otras áreas no puedo dar mi consentimiento sin mostrar mis reservas. Me he abstenido en la votación.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Los niños rumanos son desplazados a centro Europa y se ven forzados a robar y mendigar, las personas de edad avanzada y los discapacitados también se ven forzados a mendigar. Mientras tanto, los jefes de la mafia de la mendicidad viven en sus lujosas mansiones. La trata de seres humanos es un negocio lucrativo que crece a gran velocidad. Según Europol, solo en la UE existen cientos de miles de víctimas. El refuerzo de la lucha de la UE contra la trata de seres humanos es bien recibido. Un aspecto especialmente positivo es que la mendicidad organizada está siendo abordada por primera vez. Los románticos de izquierda frecuentemente cierran los ojos y desearían que el público creyese que estas personas mendigan de forma voluntaria y que fenómenos como la mendicidad turística o la mafia de la mendicidad realmente no existen. Sin embargo, algunas de las medidas propuestas van demasiado lejos. En vez de trasladar a los países de origen la responsabilidad de la destrucción de las estructuras de las mafias y de proporcionar a las víctimas ayuda local y la oportunidad de formarse y, por tanto, de tener un futuro en su propio país, la UE se mueve en la dirección de la concesión de permisos de residencia y del indulto de las penas a las víctimas de la trata de seres humanos. Esto envía una señal equivocada: estas personas ya están llegando a Europa engañadas con falsas promesas. La concesión de permisos de residencia en el contexto de la protección de víctimas y el indulto de la pena por robo serán incentivos adicionales para que algunos se pongan en manos de la mafia. Me he abstenido, por lo tanto, de votar.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Mi decisión de votar a favor del informe A7-0348/2010 está justificada por la esencia del ser humano como tal. La protección de la libertad individual es un derecho fundamental por el que hemos de luchar, en la medida en que la violación de los derechos humanos que reduce a las personas a un estado de dependencia por medio de amenazas, violencias y humillaciones es un delito atroz y muy grave. Desafortunadamente, en los últimos años la trata de seres humanos se ha transformado en un negocio extremadamente rentable para la delincuencia organizada, con altas posibilidades de beneficios y unos riesgos limitados, motivo por el que este fenómeno crece sin control. Como resultado, la Unión Europea está adoptando medidas para prevenir y combatir este fenómeno mediante la aplicación de normas sobre la definición de delitos penales y sanciones en el ámbito de la delincuencia organizada. Doy mi consentimiento a la lucha contra este fenómeno porque espero ver el desarrollo de medidas contra la trata de seres humanos, de un enfoque centrado en las víctimas que preste una atención especial a los mujeres y a los niños y, por último, de la organización de información con objetivos precisos y de campañas de sensibilización a través del sistema educativo y escolar en los países de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La existencia de una política para prevenir y combatir la trata de seres humanos es una cuestión crucial para el funcionamiento de la UE. Comparto el objetivo de crear normas más estrictas en este ámbito, así como un entorno hostil para los traficantes, una mayor protección para las víctimas y medidas de prevención más rigurosas. Estoy, por lo tanto, de acuerdo con la propuesta del Parlamento Europeo de crear un cargo de Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos. Quiero también resaltar la naturaleza positiva de las penas propuestas y, concretamente, la pena de prisión de hasta 10 años y la posibilidad de «embargo de los activos» del delincuente, al igual que la propuesta del Consejo que insta a los Estados miembros a utilizar los activos embargados para asistir y proteger a las víctimas, incluyendo una compensación.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) La trata de seres humanos es una actividad clandestina que se lleva a cabo a escala mundial y constituye también una grave violación de los derechos humanos y un fenómeno social con repercusiones en toda la sociedad. La trata de seres humanos genera riesgos estratégicos que afectan a la estabilidad y al desarrollo socio-económico y desemboca en la desestabilización del mercado de trabajo, en el crecimiento y diversificación de la delincuencia organizada, en la desestabilización económica que resulta de la magnitud del lavado de dinero, en la desestabilización demográfica, en el aumento de la corrupción en el sector público y en la desestabilización de la inversión económica a nivel nacional. En Rumania, se registraron aproximadamente 780 víctimas en 2009. Un mínimo de 416 de éstas fueron víctimas de trabajos forzosos y al menos 320 fueron víctimas de prostitución forzosa. Las víctimas identificadas el año pasado también incluían 176 niños que fueron objeto de trata de seres humanos para trabajos forzosos y prostitución Los Estados miembros deben proporcionar fondos para la asistencia y la protección de las víctimas, incluyendo la provisión de compensaciones y la aplicación transfronteriza de la legislación de la UE contra la trata de seres humanos. En el caso de víctimas infantiles, se debe dar una consideración prioritaria a los intereses de los niños e imponer penas más severas sobre los traficantes. Las enmiendas realizadas ayudarán a crear un entorno hostil para los traficantes, colaborarán en la protección de las víctimas y prevendrán este tipo de actividad de forma más efectiva porque deben respetarse los derechos fundamentales.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución porque considero que es crucial que exista una estrategia de la Unión Europea coordinada y consolidada contra la trata de seres humanos. Dado su atribución de colegislador, el Parlamento Europeo tendrá, de ahora en adelante, un papel importante. Creo que, en línea con la resolución aprobada el 10 de febrero de 2010, el enfoque adoptado en la lucha contra la trata de seres humanos debe otorgar prioridad a una visión global del fenómeno y centrarse en la defensa de los derechos humanos.

 
  
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  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito.(IT) Felicito a la señora Bauer y a la señora Hedh por su excelente trabajo: el texto aprobado hoy hará que las sanciones contra los traficantes sean más estrictas, ofrecerá una mayor protección a las víctimas y reforzará la prevención.

La prostitución, la explotación de la infancia, el trabajo forzoso: se calcula que cada año en Europa cientos de miles de personas son comercializadas como si se tratase de mercancía. La UE considera que las víctimas principales son mujeres y niños, que son explotados para ejercer la prostitución (43 %) o realizar trabajos forzosos (32 %). Además de la prostitución y los trabajos forzosos, existen muchos otros tipos de explotación de seres humanos: mendicidad forzosa, adopciones ilegales, comercio de órganos humanos, etc. Todos estos están incluidos en el texto de la Directiva.

En virtud de las nuevas normas, las víctimas han de recibir asistencia y, concretamente, la prestación de un alojamiento apropiado y asistencia material, así como el tratamiento médico necesario, incluida asistencia psicológica, asesoramiento e información y servicios de traducción e interpretación, en su caso. La representación legal será gratuita cuando la víctima no tenga suficientes recursos económicos. Las víctimas de la trata de seres humanos también han de tener acceso a programas de protección de testigos de conformidad con los criterios definidos por los procedimientos nacionales.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Esta legislación constituye un importante avance en la lucha contra este crimen inhumano y degradante y, por lo tanto, celebramos que hoy se adopten estas medidas. Sin embargo, el objetivo de la Directiva es abordar la prevención, el enjuiciamiento y la protección, y los Verdes lamentan que las disposiciones sobre protección de las víctimas no son todo lo firmes que nosotros consideramos posible y necesario. La posición de las víctimas y su estatuto legal o sus derechos a asistencia jurídica podrían, y deberían, haber sido más firmes. Esperamos que la Comisión presente una propuesta para revisar la Directiva relativa a los permisos de residencia para las víctimas para que así consigamos un enfoque verdaderamente integrado para abordar este atroz delito, tal y como se contempló desde el principio, Me agrada que no exista una referencia directa que exija a los Estados miembros adoptar medidas legales para penalizar a aquellos que utilizan determinados servicios, como por ejemplo cenar en un restaurante que emplea a víctimas de la trata de seres humanos. Además de la complejidad y la incertidumbre para diferenciar entre «el que, quien y cuando» en este problema, la adopción de medidas de este tipo correría el riesgo de alejar todavía más a las víctimas del alcance de las autoridades.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito.(FR) Acabamos de aprobar, por mayoría aplastante, el informe sobre la propuesta de Directiva relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Se trata de una votación histórica por varios motivos. En primer lugar, es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se adopta una legislación vinculante para luchar contra la trata de seres humanos. En segundo lugar, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo en primera lectura, lo que significa que las disposiciones de esta Directiva serán aplicadas lo antes posible. Por último, esta Directiva introduce penas más severas para los traficantes (un mínimo de cinco años) y refuerza la protección y la asistencia a las víctimas. Las nuevas normas se aplicarán al tráfico de la industria sexual y a la explotación laboral en sectores como la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. Estoy, por lo tanto, encantado con el resultado de esta histórica votación.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito.(DE) La trata ilegal de seres humanos debería contemplarse como una forma actual de esclavitud. Es la industria delictiva que muestra un mayor crecimiento, con un volumen de alrededor de 23 000 millones de euros anuales. El Tratado de Lisboa ha reforzado la acción de la UE en el ámbito judicial y de cooperación policial en asuntos penales, incluyendo la lucha contra la trata de seres humanos. Debemos, por lo tanto, aumentar las penas para los traficantes de seres humanos y aumentar el apoyo que proporcionamos a las víctimas, sobre todo a los niños.

 
  
  

Informe: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta resolución que aprueba la finalización del acuerdo con Georgia sobre readmisión de residentes ilegales, que ampliará las fronteras del área de libertad y seguridad fuera de la Unión Europea e incluirá a este país vecino. Estoy convencida de que este acuerdo supone un avance alentador, habida cuenta de las aspiraciones europeas de Georgia y, por lo tanto, constituye una señal fuerte por parte de la Unión Europea, además de favorecer unas relaciones de amistad, la estabilidad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, este acuerdo alentará a Georgia a aplicar las reformas necesarias en los ámbitos de la libertad, la seguridad y la justicia. Respaldo con firmeza el acuerdo entre Georgia y la UE sobre readmisión de residentes ilegales ya que Georgia cuenta con un marco lo suficientemente sólido como para garantizar el respeto de los derechos de las personas sujetas al acuerdo.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) La ampliación de la UE en 2004 y en 2009 brindó a la UE la oportunidad de crear un nuevo marco de cooperación con sus vecinos del Este y del Sur, con objeto de consolidar sus relaciones con los países situados en las fronteras exteriores de la UE, promover su seguridad, su estabilidad y su desarrollo y evitar que surjan nuevas divisiones en el continente europeo He votado a favor de este acuerdo. La Unión Europea debe procurar un compromiso con los países del Cáucaso Meridional y proteger esta región.

Esta región reviste una importancia estratégica para la Unión Europea y esta puede ayudar a dicha región a desarrollarse a nivel económico y comercial. Pero lo más importante es que la acción de la Unión Europea se caracterice por los principios de buena gobernanza y de pleno respeto de los derechos humanos y la democracia. Considero que este acuerdo con Georgia sobre la readmisión de residentes ilegales es importante desde un punto de vista regional y colaborará con los esfuerzos de la UE por aumentar la cooperación con otros países de la región.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo del martes 14 de diciembre se votó sobre la facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Georgia y sobre la aprobación del acuerdo sobre readmisión de residentes ilegales. Mi colega, Nathalie Griesbeck, fue la ponente de los dos acuerdos relativos a la circulación de personas entre Georgia y la UE. Este acuerdo con Georgia tiene como objetivo acotar el proceso de solicitud del visado, simplificar los trámites requeridos, e incluso eximir a determinadas categorías de ciudadanos, como estudiantes, jubilados y periodistas, del requisito de obtener un visado. Simultáneamente votamos sobre el acuerdo de readmisión, por el cual Georgia y la UE han acordado la mutua readmisión de residentes ilegales. Ambos acuerdos son un síntoma de la voluntad de Georgia y de la UE de cooperar en los ámbitos de libertad, seguridad y justicia.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La acción de la Unión Europea ha de basarse en los principios de buena gobernanza y de pleno respeto de los derechos humanos y la democracia. En el contexto de las relaciones con el Cáucaso Meridional, la UE debe actuar como socio, colaborando con el desarrollo económico y comercial, con la seguridad y la estabilidad, con el fomento de la prosperidad y con la resolución de conflictos. Sobre esta base, he votado a favor del acuerdo con Georgia sobre readmisión de residentes ilegales, ya que considero que constituye una aportación a la consecución de los objetivos señalados anteriormente.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La Declaración Conjunta de la Cumbre de Praga de 7 de mayo de 2009 por la que se crea la Asociación Oriental ha resaltado la importancia de fomentar la movilidad de los ciudadanos en un entorno de seguridad, mediante la facilitación de la expedición de visados y los acuerdos de readmisión. Este acuerdo de readmisión constituye, por lo tanto, un complemento necesario para la adopción del acuerdo sobre facilitación de la expedición de visados alcanzado con Georgia, que necesariamente tendría que ir acompañado de mejoras en las condiciones de seguridad para combatir la delincuencia transfronteriza y la inmigración irregular. Espero que, basándose en este acuerdo y en el espíritu de compromiso común, Georgia y la UE puedan luchar de forma efectiva contra la inmigración irregular y contribuir al desarrollo de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la sociedad civil en Georgia.

He votado a favor de la firma de este acuerdo teniendo en cuenta los resultados del diálogo entre Georgia y la UE sobre derechos humanos, que tuvo lugar este año, el hecho de que Georgia haya ratificado varios convenios internacionales importantes relativos a la protección de los derechos fundamentales, su adhesión al Consejo de Europa y su participación en la Asociación Oriental, basadas en su compromiso con los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La estrecha y creciente relación de Georgia con la Unión Europea, que se manifiesta a través de un abanico de actividades recientes, es algo que debemos celebrar. El acuerdo sobre la readmisión de residentes ilegales constituye un estímulo importante para el fortalecimiento de las relaciones entre Georgia, sus países vecinos y la Unión Europea, así como para la lucha contra la inmigración irregular. Los incentivos para las reformas en los ámbitos de libertad, justicia y seguridad serán fructí