Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2012 (debate)
Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE). - Señor Presidente, yo también lamento que hoy no esté aquí el ponente de este informe para escuchar lo que teníamos que decir los demás compañeros. No sé las razones, pero, sin duda alguna, sí me gustaría, antes de comenzar, hacer un comentario a la señora Auken por lo que decía.
Yo lamento que la señora Auken no entienda lo que es la democracia, que no acepte, ella, lo que son las mayorías y las minorías, otorgadas por los ciudadanos europeos y votadas por los ciudadanos europeos, señora Auken.
La inquina que usted tiene contra el Partido Popular y contra todo lo que son peticiones de España la hemos vivido en la Comisión de Peticiones, pero cuando le toca a usted y cuando le toca al Gobierno de Dinamarca, claramente vemos cuál es la intransigencia que usted aplica en esos temas.
Pero permita también, señor Presidente, que me centre en lo que es la Comisión de Peticiones. Me voy a detener en un tema especialmente sensible como ha sido el tratamiento de las peticiones relacionadas con la aplicación de la Ley de Costas española del año 1998.
Para nosotros, es el ejemplo de cómo no debe funcionar una comisión parlamentaria: nuestro Reglamento establece el derecho de petición en su artículo 201 y siguientes, y deja claro que la comisión es competente para estudiar las quejas de los ciudadanos y analizar si respetan o no el Derecho comunitario. Pues bien, el caso de la Ley de Costas española en esta comisión es uno de esos casos en el que las peticiones se mantienen abiertas, a pesar de haber organizado varias sesiones con los peticionarios y las autoridades, a pesar de haber realizado una misión de investigación y de haber redactado un documento de trabajo sobre la misma. No sé si esto obedece a los intereses de algunos o a la agenda política de otros.
La utilización política de esta comisión en relación con este tema llega a ser escandalosa, y ello a pesar de que se ha dejado claro por diferentes vías que no somos competentes para intervenir y que este es un tema de ámbito nacional, consagrando así el principio de subsidiariedad.
Así se ha pronunciado en repetidas ocasiones la Comisión Europea y el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo. Por cierto, el dictamen de este último se ha intentado ocultar por todos los medios porque sus conclusiones no gustaban.
(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))