Lola Sánchez Caldentey, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, este informe habla del acceso a una justicia rápida y eficaz como mecanismo de vital importancia para las víctimas de la discriminación.

Pero en mi país, España, desde 2012, se ha dicho adiós a la justicia pública, desde que entró en vigor la Ley 10/2012, que supone una subida de las tasas judiciales de hasta 750 euros. Estas tasas también se aplican a los juicios laborales. Esto supone una situación de desigualdad e indefensión de los ciudadanos, y especialmente de los que tienen menos recursos: inmigrantes, jóvenes que viven en un estado de precariedad permanente y mujeres que siguen padeciendo una brecha salarial absolutamente inmoral.

No se puede hablar de acceso a una justicia rápida y eficaz mientras existan leyes en los Estados miembros que ponen en la balanza, de un lado, el derecho fundamental a la defensa y, del otro, el pago de una tasa muchas veces inasumible. No podemos hablar de igualdad cuando la justicia se convierte en un objeto de lujo. Lo que ha hecho el Gobierno de mi país es una vergüenza y me gustaría saber si la Comisión va a hacer algo al respecto.