Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). – Señor Presidente, el sufragio universal no es una realidad en Europa. En el Estado español hay 80 000 personas con discapacidad a las que se les niega el derecho al voto por tener una sentencia judicial de incapacidad.

El artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad dice que se garantizarán «a las personas con discapacidad los derechos políticos y la capacidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones». El Gobierno español ratificó este texto en 2008. Sin embargo, no lo cumple. Está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas pidió al ejecutivo español que modificará la ley electoral que permite esta discriminación. Pero el Gobierno español no lo ha hecho. Está impidiendo la participación en la vida política a miles de personas. Estamos ante un apartheid electoral; se les impide ejercer el derecho al voto, a decidir sobre el futuro de su país, por tener una discapacidad.

Es un incumplimiento flagrante de la legislación internacional. ¿Piensa hacer algo la Comisión Europea?