Javi López, ponente. – Señora presidenta, en esta sesión el Parlamento Europeo va a decidir con este informe sobre la desigualdad colocar en su agenda —y especialmente colocarlo como una de sus grandes prioridades— el combate contra la desigualdad, no solo porque nos interpelan las injusticias socialmente insoportables que se viven y recorren el continente, sino porque reconocemos que la mejor forma de favorecer un crecimiento inclusivo, un crecimiento duradero y un crecimiento fuerte en la Unión Europea es combatiendo la desigualdad.

Combatir la desigualdad también es la mejor forma de asegurar la estabilidad en nuestras instituciones y la mejor forma de combatir los monstruos que hemos visto en el último periodo electoral en el mundo occidental. La Unión Europea, como sabemos, y sus instituciones hemos estado muy pendientes de una larga lista de crisis durante los últimos años —desde la crisis financiera, la crisis de la deuda soberana, algunas crisis de política interna que hemos padecido—, pero ahora que el crecimiento asoma la cabeza, que la estabilidad asoma la cabeza y podemos ver un futuro de cierta estabilidad, ha llegado la hora de marcar como prioridad rehacer nuestro pacto social y responder también a la larga lista de damnificados y de víctimas de los últimos años.

Un mercado laboral que sabemos que se ha transformado durante el último tiempo y ha dejado de ser la fuente de seguridad y prosperidad que había sido hasta no hace mucho. Atender a una lista de 115 millones de ciudadanos europeos que hoy viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. Atender a las insoportables desigualdades que han aumentado durante los últimos años dentro de los países y, sobre todo, entre países, cuando habíamos sido hasta ahora una máquina de convergencia, como bien dicen los Tratados europeos.

Y para ello también hacemos y marcamos una hoja de ruta. No solo hacemos un llamamiento a la acción, no solo reconocemos el impacto económico de la desigualdad, sino que, como institución, decimos que tenemos que reequilibrar nuestra política económica e introducir la desigualdad en sus herramientas —las recomendaciones específicas por país o el Semestre Europeo—. Y, a la vez, tenemos que construir una verdadera dimensión social europea.

Y no es casualidad que aprobemos este informe en el pleno del Parlamento Europeo a pocos días de aprobar el pilar social europeo, una lista de derechos y objetivos sociales que tendrán los ciudadanos de la Unión. Pero esa lista, luego, debe poder convertirse en instrumentos, políticas, en normas europeas y en recursos. Y nosotros hemos lanzado algunas propuestas: desde la necesidad de tener una tabla de rentas mínimas a nivel europeo hasta estudiar la posibilidad de tener una caja que acompañe las prestaciones por desempleo, pasando por luchar contra la pobreza infantil con un sistema de garantía infantil como propuesta; continuar luchando también contra el desempleo juvenil, como hemos hecho durante los últimos años; atender al mercado laboral, a la mejora de los salarios, con un índice de salarios dignos; y atender también a las nuevas formas de empleo que hemos visto —algunas derivadas también de la digitalización— que nos preocupan.

Todo esto hay que hacerlo a la vez que le decimos a la Unión que hay tendencias económicas de fondo que nos preocupan, que generan crecimiento pero no distribuyen bien, como la digitalización y robotización o como el comercio internacional; que hay grupos que viven la vulnerabilidad de forma interseccionada: los discapacitados, la brecha de género —que nos preocupa mucho en este informe— o la brecha generacional. Para ello habrá que atender también a los impuestos, la otra cara de la moneda.

Con esto, la Unión marca como prioridad la lucha contra la desigualdad y, sobre todo, decimos que esa forma, la dimensión social, es la mejor forma de legitimar de nuevo a las instituciones europeas de cara a los ciudadanos, recuperando crecimiento, estabilidad y dignidad para este continente.