Pilar Ayuso (PPE). – Señor presidente, señor comisario, como no se ven las cosas igual si uno viene de un país que produce automóviles o no, yo voy a hablar de España.

España es el segundo país fabricante de turismos y el primer fabricante de vehículos comerciales a nivel europeo y, hablando de cifras, tiene diecisiete fábricas de automóviles más la industria de proveedores, contribuye a la balanza comercial con el 10 % del PIB y es el de mayor peso en la exportación con más de 34 000 millones de euros.

Además, desde el año 2005 hasta la fecha, ningún otro sector ha realizado progresos medioambientales ni inversiones semejantes para ello como el sector del automóvil.

Los niveles de reducción que está planteando la Comisión Europea ya son muy ambiciosos. Por ese motivo, parece desproporcionado que se estén debatiendo niveles de reducción aún más altos que superan ampliamente el marco estratégico.

Por supuesto que hay que incentivar la venta de vehículos de cero emisiones, pero el alto precio de los vehículos y la falta de infraestructuras de recarga hace que el tanto por ciento de ventas de estos vehículos sea muy bajo: estamos en torno al 1 %, según datos de 2017.

En este sentido, el sistema para incentivar los vehículos de cero y bajas emisiones que propone la Comisión es positivo. Sin embargo, el establecimiento de un sistema de penalización malus, como ha aprobado la Comisión de Medio Ambiente, ni es adecuado ni está de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica.

Creo que la reducción del 35 % para 2030, como propone el PPE, junto con una serie de flexibilidades, es una posición ambiciosa y razonable.