PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
27 de junio de 2002
presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento
por Armando Cossutta, Giuseppe Di Lello Finuoli, Pernille Frahm y Lucio Manisco
en nombre del Grupo GUE/NGL
sobre el Tribunal Penal Internacional y las consecuencias para las relaciones internacionales de la ley sobre la protección del personal estadounidense y aliado
Véase también la propuesta de resolución común RC-B5-0386/2002
B5‑0393/2002
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tribunal Penal Internacional y las consecuencias para las relaciones internacionales de la ley sobre la protección del personal estadounidense y aliado
El Parlamento Europeo,
– Vista la American Servicemen Protection Act (ASPA) (Ley sobre la protección del personal militar de los Estados Unidos) aprobada por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos,
– Vista la firma del Estatuto del Tribunal Penal Internacional por parte de todos los Estados miembros de la UE y la entrada en vigor del mismo el 1 de julio de 2002,
– Vista la Posición Común aprobada por el Consejo de 20 de junio en apoyo del Tribunal Penal Internacional,
A. Considerando que el amplio apoyo al Tribunal Penal Internacional manifiesta la solidaridad mundial en la lucha contra la delincuencia internacional y, en particular, contra los crímenes de guerra,
B. Considerando el principio fundamental por el que se establece la igualdad ante la ley,
1. Condena la decisión adoptada por el Congreso y el Senado los Estados Unidos de no firmar el Estatuto de Roma por el que se crea el Tribunal Penal Internacional;
2. Se opone enérgicamente a la American Servicemen Protection Act (ASPA) aprobada por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, que contraviene los derechos soberanos de la gran mayoría de las democracias del mundo y la voluntad generalizada de crear este Tribunal;
3. Se opone enérgicamente a la posición unilateral adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos, que socava el reconocimiento de la solidaridad internacional en la lucha contra la delincuencia internacional;
4. Acoge con satisfacción la Posición Común aprobada por el Consejo de 20 de junio en apoyo del Tribunal Penal Internacional; se adhiere con decisión al apoyo mundial otorgado al Tribunal Penal Internacional, y pide al Consejo que reitere su pleno apoyo en favor de una participación lo más amplia posible en el Estatuto;
5. Lamenta, sin embargo, que diversos Estados miembros que participan en las Fuerzas Internacionales de Asistencia para la Seguridad (ISAF) que operan en Afganistán encabezadas por el Reino Unido negociaran con el Gobierno provisional de Afganistán un acuerdo similar al contenido de la American Servicemen Protection Act (ASPA), que permite a las fuerzas presentes en Afganistán no tener que rendirse o entregarse a la custodia de una corte internacional o de otro organismo o Estado sin el consentimiento expreso del país contribuyente;
6. Deplora el hecho de que la American Servicemen Protection Act (ASPA) contravenga principios fundamentales del derecho internacional, destacando especialmente el principio de igualdad ante la ley, y socave principios fundamentales contenidos en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional;
7. Recuerda que el 31 de diciembre de 2000, el antiguo presidente William J. Clinton firmó la ratificación del Estatuto de Roma;
8. Pide al Parlamento Europeo que ejerza presión sobre el Congreso de los Estados Unidos para que modifique su posición en relación con la American Servicemen Protection Act (ASPA) y retire su apoyo a la misma;
9. Pide a la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos que presione al Congreso de dicho país para que retire la American Servicemen Protection Act (ASPA);
10. Pide al Consejo que haga llegar sus protestas al Gobierno de los Estados Unidos para que éste modifique su postura en relación con la American Servicemen Protection Act (ASPA), y sea posible que los Estados Unidos firmen el Estatuto de Roma por el que se crea el Tribunal Penal Internacional;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión, así como al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos.