Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B7-0617/2010

Textos presentados :

RC-B7-0617/2010

Debates :

Votaciones :

PV 24/11/2010 - 8.6

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 194kWORD 108k
23.11.2010
PE450.447v01-00}
PE450.452v01-00}
PE450.454v01-00}
PE450.455v01-00} RC1
 
B7-0617/2010}
B7-0619/2010}
B7-0620/2010}
B7-0621/2010} RC1

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B7‑0617/2010)

ALDE (B7‑0619/2010)

S&D (B7‑0620/2010)

GUE/NGL (B7‑0621/2010)


sobre el ACTA


Kader Arif, Véronique De Keyser en nombre del Grupo S&D
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak en nombre del Grupo ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre el ACTA  

El Parlamento Europeo,

–   Vistos los artículos 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

    Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8,

–    Vista la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea,

–   Vista la conclusión, el 2 de octubre de 2010, de la última ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA),

–   Vista la publicación, el 15 de noviembre de 2010, del texto final del ACTA,

–   Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional (2008/2133(INI))(1),

–   Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA(2),

–   Vista su Declaración por escrito 0012/2010 sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA),

–   Vistos los debates celebrados en el Pleno el 8 de septiembre y el 20 de octubre de 2010 sobre el ACTA,

–   Vista su Decisión, de 20 de octubre de 2010, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,

–   Visto el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» celebrado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (2003/C 321/01),

–   Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la reclamación 90/2009/(JD)OV relativa al acceso a los documentos del ACTA,

–   Vistos los dictámenes del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las negociaciones en curso por la Unión Europea sobre un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación y la carta del Grupo de trabajo sobre la protección de datos a la atención de la Comisión Europea,

–   Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(3),

–   Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas(4), cuya última modificación la constituye la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009(5),

–   Visto el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),

–   Vistas las conclusiones del Consejo sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo,

–   Vista la Diferencia DS409 de la OMC, Unión Europea y un Estado miembro – Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito,

–   Visto el comunicado de la OMC sobre el Consejo ADPIC de los días 8 y 9 de junio de 2010,

–   Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

 

Tratado de Lisboa

A.  Considerando que la UE tiene competencia exclusiva en el ámbito de la Política Comercial Común (PCC); que, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento tendrá que dar su aprobación al texto del ACTA antes de que pueda entrar en vigor en la Unión Europea,

 

         Observaciones generales

      

B.   Considerando que la lucha contra la falsificación a nivel mundial representa un elemento clave de la estrategia política de la UE destinada a garantizar la igualdad de condiciones para los productores de la UE y puestos de trabajo para sus ciudadanos,

 

C.  Considerando que la undécima y última ronda de negociaciones sobre el ACTA concluyó en Tokio, Japón, el 2 de octubre de 2010; que, del 30 de noviembre al 3 de diciembre (o, en caso necesario, el 4 de diciembre) de 2010, se celebrará en Sydney una reunión técnica para ultimar la redacción jurídica,

 

D.  Considerando que el ACTA afecta a temas cruciales, como el respeto de los derechos fundamentales, la intimidad y la protección de datos, el respeto del importante papel que desempeña una Internet libre, así como la salvaguarda de la neutralidad de los proveedores de servicios y del acceso a los medicamentos,

 

E.   Considerando que la Comisión ha presentado el ACTA al Parlamento Europeo como un instrumento para mejorar el nivel de eficacia de aquellas normas que beneficiarán a las exportaciones de la UE y protegerán a los titulares de derechos cuando operen en un mercado mundial, ya que en la actualidad son víctimas de la infracción sistemática y generalizada de sus derechos de autor, marcas comerciales, patentes, diseños e indicaciones geográficas,

 

F.   Considerando que 11 países (la UE contaba como un país) participaron en la negociaciones, y que, de ellos, solo dos eran países en desarrollo (Marruecos y México),

 

G.  Considerando que el objetivo de las partes negociadoras es ampliar el ACTA a todas las partes que deseen adherirse al mismo, incluidos los países en desarrollo y emergentes,

 

H.  Considerando que los negociadores del ACTA publicaron el texto consolidado el 6 de octubre de 2010, y que la Comisión informó posteriormente al Parlamento; que la Comisión publicó el texto final del ACTA el 15 de noviembre de 2010,

 

I.    Considerando que, tras los imperiosos llamamientos formulados por el Parlamento Europeo, se ha mejorado el grado de transparencia de las negociaciones,

 

J.    Considerando que se necesitan precisiones sobre el fundamento jurídico para el ACTA,

 

K.  Considerando que la Comisión ha hecho referencia a la decisión del Defensor del Pueblo para justificar que el ACTA se esté negociando como un acuerdo comercial y no como un tratado de ejecución; que el Defensor del Pueblo Europeo declaró que la adopción del ACTA podría exigir, en efecto, que la UE propusiera y aplicara legislación; que, en ese caso, el ACTA constituiría el único o más importante sustento de esa legislación, por lo que los ciudadanos estarían particularmente interesados en que se les informara al respecto,

 

L.       Considerando que la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, tiene la obligación de defender el acervo de la Unión; que ello implica que no puede modificar el acervo cuando negocia acuerdos internacionales que afectan a la legislación de la UE,

 

M.  Considerando que la Comisión ha declarado reiteradamente en los debates en el Pleno que el ACTA solo aborda medidas de observancia y no incluye disposiciones que modifiquen significativamente los DPI en el seno de la UE,

 

N.  Considerando que la Directiva 2001/29/CE establece un marco jurídico sobre los derechos de autor y derechos anexos, así como un sistema riguroso y eficaz para su protección; que el artículo 5 de la Directiva contiene una lista exhaustiva de las posibles excepciones y restricciones, impidiendo así que los Estados miembros introduzcan nuevas excepciones y limitaciones; que el ACTA tiene como fin ampliar el nivel de protección de los titulares de derechos mediante la ampliación de las competencias de aplicación de los derechos de autor, pero que no aborda la posibilidad de ampliar el ámbito de las excepciones y limitaciones existentes, y que puede restringir la discrecionalidad de los tribunales nacionales para interpretar las excepciones existentes con flexibilidad; que los avances tecnológicos han multiplicado y diversificado los vectores para la creación, producción y explotación de obras creativas, y que para lograr un equilibrio justo entre los intereses de los titulares de derechos y los usuarios son necesarios nuevos enfoques para liberalizar el acceso a estas obras a través de las tecnologías informáticas; que la Comisión está preparando una propuesta legislativa sobre las «obras huérfanas» con el fin de facilitar la digitalización y la difusión de las obras creativas en Europa,

 

O.  Considerando que las partes del ACTA se han comprometido a respetar las obligaciones que les conciernen en virtud del artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC para contribuir a la promoción de la innovación tecnológica; que las políticas fundamentales de la UE en relación con la interoperabilidad se basan en disposiciones del acervo de la Unión que en algunos casos permiten la ingeniería inversa,

 

Patentes

 

P.   Considerando que el Comisario de Comercio invitó al Parlamento durante el Pleno del 20 de octubre de 2010 a expresar su opinión sobre la cuestión pendiente de si deben o no incluirse las patentes en el título relativo a la observancia civil; que los negociadores del ACTA han afirmado que el Acuerdo no constituirá un obstáculo para el tránsito transfronterizo de los medicamentos genéricos legítimos; que, en su Resolución y en su Declaración por escrito, el Parlamento ha declarado que cualquier medida destinada a reforzar las competencias en materia de controles transfronterizos e incautación de mercancías no debería afectar al acceso mundial a medicamentos lícitos, asequibles y seguros; que en el Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo, cuyas disposiciones se están examinando en la actualidad en la OMC en el contexto de una diferencia, se prevén medidas de observancia fronteriza para las mercancías en tránsito; que algunas partes, como, por ejemplo, empresas del sector farmacéutico, fabricantes de medicamentos genéricos y defensores de la salud a nivel mundial, están alertando contra la inclusión de las patentes en el ACTA y sobre los posibles efectos negativos en la innovación tecnológica, el acceso a los medicamentos y la competencia entre genéricos,

 

Q.  Considerando que no hay ningún tipo de legislación de la UE en materia de patentes,

 

R.   Considerando que las patentes podrían quedar excluidas en el ACTA del ámbito de las medidas de observancia civil; que la inclusión de patentes en esta sección podría dificultar el acceso a unos medicamentos legales y asequibles;

 

Acceso a los medicamentos

 

S.   Considerando que algunos socios comerciales importantes que en la actualidad no son Parte del ACTA han afirmado en el Consejo ADPIC de la OMC que el ACTA puede ser contrario al Acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos de la OMC, suponer un riesgo para el Derecho y los procedimientos de la OMC al funcionar al margen del marco jurídico de la OMC, socavar el equilibrio de derechos, obligaciones y flexibilidad tan laboriosamente negociado en diversos acuerdos de la OMC, distorsionar el comercio o crear barreras comerciales, y socavar los regímenes de flexibilidad incorporados al Acuerdo sobre los ADPIC y a la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 2001, en ámbitos como la salud pública y el comercio de medicamentos genéricos,

 

Derechos fundamentales

 

T.   Considerando que, en su Comunicación de 19 de octubre de 2010, la Comisión declaraba que «la actuación de la Unión debe ser irreprochable en materia de derechos fundamentales» y que «a este respecto, la Unión debe ser ejemplar»; que, en el Pleno del 20 de octubre de 2010, la Comisión declaró que el ACTA aún no estaba rubricado, y que es prerrogativa de la Comisión, en su calidad de negociadora, determinar el punto en que las negociaciones se consideran técnicamente finalizadas y el Acuerdo puede rubricarse,

 

U.  Considerando que cualquier acuerdo alcanzado por la Unión Europea sobre el ACTA debe cumplir las obligaciones legales impuestas a la UE con respecto a la legislación en materia de privacidad y protección de datos, en particular lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE (cuya última modificación la constituye la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009), la Directiva 2009/136/CE y la Directiva 2009/140/CE sobre las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia,

 

V.  Considerando que la Comisión debe respetar el Acuerdo Interinstitucional de 2010 y que, por consiguiente, no puede apoyar sistemas de autorregulación o corregulación cuando estén en juego derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión,

 

W. Considerando que la Comisión publicó el 19 de octubre de 2010 una comunicación sobre la evaluación de impacto,

 

X.  Considerando que ninguna disposición del ACTA se puede interpretar de modo que se cree un precedente o se permita una excepción actual o futura o una modificación del acervo susceptible de provocar el debilitamiento de la protección de los derechos fundamentales en el marco de la legislación de la UE, y que la Comisión y el Consejo deberían declarar de forma explícita su acuerdo con este principio,

 

Indicaciones geográficas

 

Y.  Considerando que la Comisión ha afirmado reiteradamente la importancia de hacer respetar la protección de las indicaciones geográficas; que las partes han acordado que el ACTA preverá el respeto de las indicaciones geográficas,

 

Escala comercial

 

Z.   Considerando que el artículo 2.14.1 del ACTA incluye una definición de «escala comercial», a saber: «para efectos de esta sección, los actos llevados a cabo a escala comercial incluyen al menos aquellos que se llevan a cabo como actividades comerciales para ventaja económica o comercial directa o indirecta»,

 

AA. Considerando que la nota a pie de página nº 9 del ACTA establece que: «Cada Parte tratará la importación o exportación intencionada de bienes de marca registrada falsificada o de bienes de derechos de autor objeto de piratería a escala comercial como actividades ilegales sujetas a sanciones penales conforme a este Artículo. Una Parte puede cumplir con su obligación en relación con la exportación o la importación de bienes de derechos de autor objeto de piratería o de marca registrada falsificada encargándose de la distribución, la venta o la oferta para venta de bienes de marca registrada falsificada o de bienes de derechos de autor reservados a escala comercial como actividades ilegales sujetas a sanciones penales»,

 

Observancia de las disposiciones penales y sanciones

 

BB. Considerando que el título del ACTA relativo a la observancia de las disposiciones penales contiene normas sobre procedimientos penales, responsabilidad penal, delitos, enjuiciamiento penal y sanciones; que la Presidencia del Consejo ha negociado las disposiciones penales del ACTA en nombre de los Estados miembros,

 

Derechos de propiedad intelectual en el entorno digital

 

CC. Considerando que no debe recaer sobre los proveedores de servicios de Internet la responsabilidad por los datos que transmiten o albergan a través de sus servicios hasta tal punto que ello implique un control previo o el filtrado de los mismos; que en el dictamen del SEPD sobre el ACTA se advierte que los proveedores de servicios Internet podrían incluir cláusulas en sus contratos con los consumidores que les permitan supervisar sus datos e interrumpir sus abonos,

 

DD. Considerando que en el artículo 1.2 del Acuerdo se establece que «cada Parte tendrá la libertad de determinar el método apropiado para implementar las disposiciones del presente Acuerdo dentro de su propio sistema y práctica legal»,

 

EE. Considerando que la infracción de los derechos de propiedad intelectual es competencia de las autoridades judiciales nacionales,

 

Comité del ACTA

 

FF. Considerando que los acuerdos institucionales incluidos en el ACTA confieren al Comité del ACTA autoridad para, entre otras cosas, la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo, la modificación del Acuerdo, la participación no gubernamental y las decisiones relativas a las normas y los procedimientos del Comité; que el artículo 21 del Tratado TUE encomienda a la Unión que se ponga como objetivo el desarrollo de la democracia,

 

Tratado de Lisboa

 

1.   Observa que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, las competencias del Parlamento se han ampliado significativamente en el ámbito de la Política Comercial Común y, en particular, que el Parlamento Europeo debe dar su aprobación a todos los acuerdos comerciales celebrados por la Unión Europea;

 

Observaciones generales

 

2.   Reitera que la lucha contra la falsificación es una prioridad de su estrategia política internacional interior y exterior y que la cooperación internacional constituye un elemento clave para lograr este objetivo;

 

3.   Lamenta que el impacto global de este Acuerdo esté limitado por su propia naturaleza, ya que los países de donde proceden la mayoría de las falsificaciones y la mayor parte de los países en desarrollo no son partes del Acuerdo;

 

4.   Toma nota de la celebración de la undécima ronda de negociaciones sobre el ACTA; toma nota de la publicación del texto consolidado el 2 de octubre de 2010, tras la ronda de Tokio, y de la publicación del texto final el 15 de noviembre de 2010;

 

5.   Lamenta que no se hayan hecho públicos todos los textos de la negociación examinados entre el 10 de marzo de 2010 y la publicación del texto final el 15 de noviembre de 2010;

 

6.   Lamenta que estas negociaciones no se hayan llevado a cabo, y que el Acuerdo no se haya celebrado, en el marco de los foros multilaterales existentes (por ejemplo, la OMC y la OMPI), motivo por el que cuenta con tan pocos miembros en la actualidad, excluidos la mayoría de los países en desarrollo;

 

7.   Observa que la pertenencia al ACTA no es exclusiva y que pueden adherirse a él los países en desarrollo y emergentes; pide, por consiguiente, a la Comisión que se abstenga de imponer este Acuerdo a los países en desarrollo e inste a las demás partes del ACTA a que acepten que los procedimientos y las condiciones de adhesión al mismo deben ser lo suficientemente flexibles y tener en cuenta los niveles de desarrollo de los países adherentes, de conformidad con las conclusiones del Consejo sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo;

 

8.   Pide a la Comisión y al Consejo que precisen el fundamento jurídico; pide a la Comisión que precise el reparto de competencias entre ella y el Consejo en lo que se refiere al título del ACTA relativo a la observancia de las disposiciones penales, en particular en relación con su rúbrica; insiste en que, antes de que se rubrique el Acuerdo, se presenten al Parlamento pruebas que demuestren que el fundamento jurídico para la negociación del ACTA cumple en su totalidad el Tratado de Lisboa;

 

9.   Se felicita de las repetidas declaraciones de la Comisión en el sentido de que la ejecución de las disposiciones del ACTA, especialmente las relativas a los procedimientos de protección de los derechos de autor en el contexto digital, respeta plenamente el acervo de la Unión, y de que no se introducirán mediante este Acuerdo ni las búsquedas personales ni el procedimiento conocido como de los «tres avisos»; señala que ninguna parte signataria del ACTA y, en particular, la UE podrá valerse del Acuerdo para incluir el procedimiento de los «tres avisos» o cualquier régimen similar;

 

10. Pide a la Comisión que se comprometa a facilitar al Parlamento Europeo, con tiempo suficiente antes de la rúbrica del Acuerdo, pruebas por escrito de que el ACTA no limitará la armonización de las excepciones y limitaciones de los derechos de autor y derechos afines en la UE; no limitará el ámbito de la futura ampliación de las excepciones y limitaciones más allá de las enumeradas en la Directiva 2001/29/CE; no excluirá futuras opciones políticas y acciones judiciales con el fin de ampliar el acceso a las obras creativas, a la luz de los avances tecnológicos, mediante la aplicación de excepciones; no limitará las opciones legislativas en relación con las «obras huérfanas», ni impedirá que los Estados miembros adopten medidas legislativas que amplíen el acceso a las obras cuyos derechos de autor hayan prescrito, o que limiten las compensaciones por infracción de dichos derechos;

 

11. Pide a la Comisión que confirme que la aplicación del ACTA no afectará, ni ahora ni en el futuro, al acervo de la Unión sobre los derechos fundamentales y la protección de datos, ni a los actuales esfuerzos de la UE destinados a armonizar las medidas de ejecución en materia de derechos de propiedad intelectual o a la Directiva sobre comercio electrónico;

 

12.  Pide a la Comisión que confirme explícitamente, con tiempo suficiente antes de que el Parlamento inicie el procedimiento de aprobación, que las disposiciones del ACTA no afectan a disposiciones pertinentes incluidas en el acervo de la Unión, como las que figuran en la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador y en la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información ni a las medidas de aplicación de los Estados miembros con respecto a ambas directivas, que permiten en algunos casos la ingeniería informática inversa y la elusión de las medidas de protección tecnológica para permitir la interoperabilidad, promoviendo de este modo la competencia y la innovación;

 

Patentes

 

13. Observa que las patentes podrían quedar excluidas del título del ACTA relativo a la observancia civil, pero destaca que una exclusión explícita y absoluta es la única manera de garantizar que el ACTA no obstaculiza el acceso a unos medicamentos legales, asequibles y que salven vidas;

 

14. Afirma que unos aumentos importantes de las indemnizaciones y de otras sanciones por las posibles infracciones de los derechos de propiedad intelectual podrían actuar como un factor disuasorio para los fabricantes y los terceros que participan en la producción, venta o distribución de medicamentos genéricos asequibles, en particular si estas disposiciones se aplican a mercancías en tránsito; está preocupado por la posibilidad de que la aplicación de las disposiciones en materia de observancia civil del ACTA a las patentes pueda perjudicar el interés público y aumentar el riesgo de inversión y la inseguridad en el mercado, así como constituir una amenaza para la innovación tecnológica, en particular en aquellos sectores en los que es difícil determinar la existencia de infracciones, o al aplicar patentes a los seres vivos, los productos indígenas y las medicinas tradicionales; pide a la Comisión que, antes de la rúbrica del Acuerdo, examine las cuestiones de amplio alcance planteadas en la presente Resolución en lo que se refiere a la opción de aplicar las disposiciones de observancia civil a las patentes, y que posteriormente presente un informe al Parlamento;

 

Acceso a los medicamentos

 

15. Reconoce que, en su preámbulo, el texto del ACTA establece que la intención del Acuerdo es «proveer de medios efectivos y apropiados, complementando el Acuerdo sobre los ADPIC, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta las diferencias en sus respectivos sistemas legales y prácticas» en lo que se refiere a las Partes del ACTA; reconoce que «los principios que se establecieron en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Organización Mundial de Comercio en la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, llevada a cabo en Doha, Qatar» son una de las bases en las que se apoya el texto del ACTA y considera, por consiguiente, que la aplicación del ACTA debe respetar estos principios;

 

16. Acoge favorablemente las mejoras introducidas en el proyecto de texto del ACTA que aportan más salvaguardias para la vida privada y la salud pública e incorporan algunas de las protecciones contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC; encarga a la Comisión que examine si las cláusulas de salvaguardia del ACTA también son aplicables del mismo modo que las disposiciones de observancia civil; solicita a la Comisión que presente pruebas de que el ACTA no impedirá que los Estados miembros adopten medidas legislativas que limiten las indemnizaciones en caso de infracción, incluidos la ampliación del acceso a las obras cuyos derechos de autor hayan prescrito o el uso de las flexibilidades que brinda el Acuerdo sobre los ADPIC para garantizar toda una gama de opciones de actuación en el futuro; pide a la Comisión que evalúe si el ACTA va a ser en realidad un acuerdo vinculante y si su artículo 1.2 proporciona una flexibilidad generalizada para todos los elementos que pudieran estar en contradicción con el ACTA en la legislación nacional; solicita a la Comisión que presente mecanismos que prevean la flexibilidad necesaria para que las partes puedan adoptar excepciones legítimas con respecto a las obligaciones establecidas en el Acuerdo que se correspondan con los objetivos y principios del Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 2001;

 

Derechos fundamentales

 

17. Hace hincapié en que la protección de la privacidad y los datos personales son valores fundamentales de la Unión Europea, como se reconoce en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que deben respetarse en todas las políticas y en todas las normas adoptadas por la Unión Europea de conformidad con el artículo 16 del TFUE;

 

18. Encarga a la Comisión que, antes de la rúbrica del Acuerdo, presente al Parlamento un análisis jurídico del significado, la legalidad y la aplicabilidad de las políticas que pretende aplicar el ACTA con respecto a la cooperación entre proveedores de servicios y titulares de derechos, tal y como se propone en el artículo 2.18.3, con especial referencia a la forma de evitar que la cooperación en el seno de la comunidad empresarial limite los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo;

 

19. Pide una vez más a la Comisión que, con tiempo suficiente antes de la rúbrica del Acuerdo, lleve a cabo una evaluación del impacto de la aplicación del ACTA en los derechos fundamentales y la protección de datos, los esfuerzos que está llevando a cabo la UE para armonizar las medidas de aplicación de los derechos de propiedad intelectual y la Directiva sobre el comercio electrónico;

 

20. Concluye que la Comisión debe informar al Parlamento a su debido tiempo sobre los resultados de estas evaluaciones;

 

21. Manifiesta su preocupación por el contenido del artículo 2.X del título 3, que menciona que el equipaje personal de un viajero, aun cuando los bienes transportados sean de naturaleza no comercial, está cubierto por el Acuerdo salvo que las partes decidan excluirlo; considera que ese artículo constituye un incentivo para que las partes adopten normas más estrictas por lo que respecta a los controles del equipaje personal de los viajeros en las fronteras, mientras que, por el contrario, la Comisión debería haber defendido a nivel internacional una mayor protección de los derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la intimidad;

 

22. Insiste en que la Comisión tome medidas urgentes de conformidad con su Comunicación de 19 de octubre de 2010 sobre una evaluación de impacto en lo que se refiere a los derechos fundamentales;

 

Indicaciones geográficas

 

23. Pide a la Comisión que trabaje activamente para garantizar la inclusión de unas prácticas de aplicación eficaz de las indicaciones geográficas en el ACTA; subraya la importancia, para las empresas europeas y los puestos de trabajo en la UE, de proteger las indicaciones geográficas; lamenta que el Acuerdo no defina el concepto «indicaciones geográficas falsificadas» en su artículo 1.X, ya que esta omisión puede generar confusión o, como mínimo, complicar la acción de las autoridades administrativas y judiciales al interpretar y aplicar el ACTA;

 

24. Se muestra en desacuerdo con la posición de la Comisión, que afirma haber garantizado importantes mejoras por lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas; considera que, dado que las indicaciones geográficas seguirán estando desprotegidas en todos los países que no las reconocen en su legislación nacional, los avances en este ámbito no son satisfactorios;

 

Escala comercial

 

25. Observa que la definición de «escala comercial» recogida en el ACTA (artículo 2.14.1) va más allá de la definición adoptada el 25 de abril de 2007 en el marco de sus votaciones sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual – 2005/0127(COD);

 

26. Toma nota de que la Presidencia del Consejo ha negociado el título del ACTA relativo a la observancia de las disposiciones penales en nombre de los Estados miembros; pide a la Comisión y al Consejo que le presenten una interpretación precisa de «escala comercial», tal y como se menciona en el artículo 2.14.1 del Acuerdo; solicita a la Comisión y al Consejo que reafirmen que el artículo 2.14.1 no implicará modificaciones en el acervo de la Unión y, en particular, en lo que se refiere a las votaciones del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual – 2005/0127(COD); pide al Consejo y a la Comisión que, antes de que se rubrique el Acuerdo, presenten una evaluación jurídica en la que se examine si la definición de «escala comercial» que figura en el ACTA es coherente con la decisión de la OMC sobre China, cumple plenamente los principios de proporcionalidad y subsidiariedad de la UE y no limitará el uso por parte de los Estados miembros de las excepciones nacionales aplicables a las medidas penales;

 

27. Considera que las partes no deben estar obligadas a tipificar como delito la grabación con videocámaras de mano, y se felicita de que las partes hayan acordado, a instancias de la UE, que esta posibilidad sea únicamente opcional (artículos 2.14.3 y 2.15);

 

Observancia de las disposiciones penales y sanciones

 

28. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el ACTA permita a las autoridades judiciales emitir una orden (por ejemplo, medidas cautelares, artículo 2.X) contra una parte o un tercero; toma nota de que este mandamiento es contrario a la Directiva relativa a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, que solamente permite dictar un mandamiento judicial para «prevenir cualquier infracción inminente»; observa, además, que de conformidad con dicha Directiva, los terceros deben estar involucrados en la infracción para poder ser objeto de la orden emitida por las autoridades judiciales;

 

29. Solicita al Supervisor Europeo de Protección de Datos que emita un dictamen sobre la versión más reciente del ACTA;

 

Derechos de propiedad intelectual en el entorno digital

 

30. Lamenta que el artículo 2.18.3 encargue explícitamente a las partes (a saber, «se comprometerán») que cooperen con la comunidad empresarial para tratar de forma eficaz las infracciones; recuerda a la Comisión que en el Acuerdo Interinstitucional de 2003 se acuerda garantizar que el uso de los mecanismos de corregulación y autorregulación se ajuste siempre al Derecho comunitario y que no sea aplicable cuando se trate de derechos fundamentales; pide a la Comisión que evalúe, en términos generales, si el ACTA puede alterar el actual equilibrio que existe en el Derecho de la UE entre las obligaciones jurídicas de los proveedores de servicios Internet de proteger los datos personales de los usuarios finales, y revelar estos datos a los titulares de derechos de propiedad intelectual o a las autoridades administrativas o judiciales;

 

31. Pide a la Comisión que garantice que el ámbito de aplicación del Acuerdo se limite al sistema europeo existente de observancia de los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación; considera, por consiguiente, que el término «injustificable» debería quedar excluido del artículo 2.X;

 

32. Muestra su preocupación por el hecho de que una definición muy amplia de actos a «escala comercial» (artículo 2.14.1), junto con la obligación de mejorar la aplicación de sanciones penales en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual que tenga lugar en el ámbito digital (artículo 2.18.1), también por «ayudar e incitar» (artículo 2.14.4), pueda alentar a las partes contratantes del Acuerdo a adoptar una legislación que provoque en la práctica la criminalización de los usuarios privados y los intermediarios;

 

Comité del ACTA

 

33. Opina que el Comité del Acta debería actuar de una manera abierta, inclusiva y transparente; encarga a la Comisión que, antes de que el Parlamento tenga que estudiar su opinión en relación con la aprobación, presente recomendaciones para la gobernanza del Comité del ACTA, en particular en lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo y a los procedimientos para la modificación del Acuerdo;

 

34. Hace hincapié en que toda modificación de este acuerdo debe ser objeto de un control público por todas las partes involucradas y debe recibir la aprobación parlamentaria; solicita a la Comisión que consulte al Consejo y al Parlamento Europeo antes de aceptar o proponer modificaciones al texto actual relativo al Comité del ACTA en el marco de un procedimiento que garantice la transparencia, el control parlamentario y la participación del público;

 

Condiciones del Parlamento Europeo para su aprobación

 

35. Recuerda que, para su entrada en vigor, el ACTA requiere la aprobación del Parlamento y, si procede, la ratificación de los Estados miembros; pide a la Comisión y al Consejo que no propongan ninguna aplicación provisional del Acuerdo antes de que el Parlamento lo haya aprobado; recuerda a la Comisión y al Consejo que el Parlamento se reserva el derecho a negar su aprobación al ACTA; condiciona cualquier posible aprobación del Acuerdo ACTA a una colaboración plena en relación con la presente Resolución;

 

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados que son parte en las negociaciones del ACTA.

 

(1)

Textos Aprobados, P6_TA(2008)0634.

(2)

Textos Aprobados, P7_TA(2010)0058.

(3)

DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(4)

DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

(5)

DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

Última actualización: 24 de noviembre de 2010Aviso jurídico