Procedimiento : 2016/2882(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0995/2016

Textos presentados :

RC-B8-0995/2016

Debates :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Votaciones :

PV 15/09/2016 - 11.4

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0351

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 293kWORD 82k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


sobre Zimbabue (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere en nombre del Grupo PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho en nombre del Grupo S&D
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić en nombre del Grupo ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova en nombre del Grupo ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch en nombre del Grupo EFDD
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel en nombre del Grupo ENF
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Zimbabue (2016/2882(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Zimbabue,

–  Vista la Declaración local de la Unión, de 12 de julio de 2016, sobre la violencia,

–  Vista la Declaración local de la Unión, de 9 de marzo de 2016, sobre el secuestro de Itai Dzamara,

–  Vista la Decisión (PESC) 2016/220 del Consejo, de 15 de febrero de 2016(1), por la que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue,

–  Visto el Acuerdo Político Global firmado en 2008 por los tres principales partidos políticos, a saber, ZANU-PF, MDC-T y MDC,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981, que ha sido ratificada por Zimbabue,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de diciembre de 1948,

–  Vista la Constitución de Zimbabue,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la población de Zimbabue ha soportado durante muchos años un régimen autoritario dirigido por el presidente Robert Mugabe, que conserva el poder mediante corrupción, violencia, elecciones fraudulentas y un aparato de seguridad brutal; que la población de Zimbabue no ha experimentado la verdadera libertad durante décadas, por lo que muchos zimbabuenses menores de treinta años solo han conocido una vida de pobreza y represión violenta;

B.  Considerando que los disturbios vuelven a ir en aumento en un país dominado por la crisis y que tiene como telón de fondo la falta de liquidez, el desempleo generalizado, la corrupción estatal y los esfuerzos de las autoridades para acallar la libertad de expresión y la oposición política; que varios grupos están tomando posiciones en previsión del fin de la era de Mugabe;

C.  Considerando que, desde la caída del gobierno de coalición en 2013, se ha destruido la labor realizada por Tendai Biti de estabilización de la economía e incremento de los ingresos estatales al recurrirse de nuevo al sistema de clientelismo y cleptocracia y a un clima de miedo; que Zimbabue está experimentando la peor crisis económica desde la hiperinflación registrada en 2008; que el país está efectivamente en situación de quiebra;

D.  Considerando que, desde mayo de 2016, miles de manifestantes —comerciantes informales, jóvenes desempleados y, ahora también, profesionales— han salido a la calle en varias ciudades de Zimbabue para protestar contra la destrucción de puestos de trabajo, el desempleo masivo y el fracaso del Gobierno a la hora de satisfacer las expectativas económicas básicas de la población, a saber, un mercado laboral que ofrezca puestos de trabajo, un sector público que reciba los salarios puntualmente, una moneda estable y fiable, así como un régimen de precios asequibles; que solo el ejército recibe los salarios con regularidad y en una moneda con valor;

E.  Considerando que el movimiento de protesta dirigido por el pastor Evan Mawarire con la etiqueta #ThisFlag ha obtenido el apoyo de diferentes iglesias y la clase media, que hasta ahora solían permanecer al margen de la política de la calle;

F.  Considerando que, el 6 de julio de 2016, el movimiento de oposición #ThisFlag hizo un llamamiento en favor de una jornada de huelga nacional, como protesta contra la inacción del Gobierno frente a la corrupción, la impunidad y la pobreza; y que ello se tradujo en el cierre masivo de la mayor parte de los comercios y empresas de la capital, y desembocó en una actuación muy enérgica de las autoridades;

G.  Considerando que Promise Mkwananzi, líder de #Tajamuka —movimiento social vinculado a la jornada de huelga nacional del 6 de julio—, que fue detenido y acusado de incitar a la violencia pública, ha sido puesto en libertad bajo fianza; que otra activista miembro de #Tajamuka, Linda Masarira, fue detenida durante las protestas de julio y sigue encarcelada desde entonces;

H.  Considerando que hoy en día muchas manifestaciones se organizan a través de los medios sociales, y que las autoridades zimbabuenses han bloqueado el acceso a internet y la mensajería de texto WhatsApp a fin de impedir las protestas;

I.  Considerando que durante las manifestaciones han sido detenidas centenares de personas; que el 26 de agosto de 2016 se registraron sangrientos enfrentamientos en la capital, Harare, cuando la policía hizo caso omiso de una resolución judicial y atacó violentamente a miles de manifestantes que se habían congregado bajo los auspicios de la Agenda Nacional para las Reformas Electorales (NERA) para manifestar su demanda de reformas electorales con miras a las elecciones generales de 2018, cuya celebración se espera con impaciencia; y que muchas de las personas detenidas siguen encarceladas, desconociéndose el paradero exacto de muchas de ellas;

J.  Considerando que el presidente Robert Mugabe ocupa el poder desde la independencia en 1980 y está intentando ser reelegido, y que varios miembros de su Gobierno han denunciado llamamientos en favor de una reforma electoral antes de las elecciones de 2018;

K.  Considerando que varios veteranos de la lucha por la independencia que antes eran estrechos aliados de R. Mugabe en el partido gobernante boicotearon su discurso del 8 de agosto de 2016 y denunciaron su deriva dictatorial y su fracaso a la hora de resolver la grave crisis económica que asuela el país desde 2000; y que el presidente consideró el boicot como una traición y, en represalia, detuvo a tres miembros de la Asociación Nacional de Veteranos de la Independencia;

L.  Considerando que, el 2 de septiembre de 2016, la policía invocó el Decreto 101A para prohibir todas las manifestaciones en el centro de Harare pocas horas antes de que dieciocho partidos políticos participasen en una gran manifestación prevista en la capital;

M.  Considerando que, el 7 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior suspendió la mencionada prohibición por siete días, y que esta resolución judicial fue adoptada pocos días después de que el presidente R. Mugabe interfiriese en la independencia del poder judicial acusando a los jueces de Zimbabue de adoptar resoluciones «inconsideradas» que permitían la organización de manifestaciones contra su autoridad;

N.  Considerando que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue ha afirmado que la ayuda alimentaria destinada a ayudar a la hambrienta población rural víctima de la sequía en todo el país se está distribuyendo de forma partidista y los miembros de ZANU-PF deniegan la ayuda alimentaria a los partidarios de la oposición; que, en febrero de 2016, el Gobierno de Zimbabue declaró el estado de catástrofe, estimándose que aproximadamente 4,5 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria en enero de 2017 y que la mitad de la población rural sufrirá hambruna;

O.  Considerando que el 9 de marzo de 2016 se cumplió el primer aniversario del secuestro del defensor de los derechos humanos Itai Dzamara; que el Tribunal Superior ordenó al Gobierno que buscase a I. Dzamara e informase cada quince días a dicho tribunal de los avances realizados hasta que se determinase el paradero de I. Dzamara;

P.  Considerando que Zimbabue es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, en cuyo artículo 96 se establece que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación ACP-UE;

Q.  Considerando que, en febrero de 2016, se prorrogó hasta el 20 de febrero de 2017 un reducido número de medidas restrictivas de la Unión contra el régimen de Zimbabue; que la inmovilización de activos y la prohibición de viajar siguen siendo aplicables al presidente R. Mugabe, a Grace Mugabe y a la sociedad Zimbabwe Defence Industries; que seguirá aplicándose el embargo de armas; y que la Unión había anulado anteriormente las restricciones relativas a 78 personas y 8 entidades;

R.  Considerando que se ha asignado al Programa Indicativo Nacional (PIN) para Zimbabue el importe de 234 millones de euros para el periodo 2014-2020, con cargo al 11º Fondo Europeo de Desarrollo, que se centrará en tres sectores principales, a saber, la salud, el desarrollo económico basado en la agricultura y la gobernanza y el desarrollo institucional;

1.  Manifiesta su profunda preocupación a la vista del incremento de la violencia contra los manifestantes en Zimbabue en los últimos meses; toma nota con inquietud de la prohibición de las manifestaciones durante un mes que se ha anunciado recientemente; pide al Gobierno y a todos los partidos de Zimbabue que respeten el derecho de manifestación pacífica para abordar inquietudes legítimas, e insta a las autoridades zimbabuenses a investigar las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por miembros de las fuerzas policiales de Zimbabue, y a hacer que rindan cuentas;

2.  Expresa su preocupación ante el incremento del número de detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos y de participantes en manifestaciones pacíficas y legales, e insta a que se respete el Estado de Derecho y se defienda la constitución;

3.  Pide a las autoridades zimbabuenses que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos;

4.  Condena las recientes declaraciones del presidente R. Mugabe en las que ataca al poder judicial de Zimbabue, e insta a las autoridades de Zimbabue a no injerirse en la independencia de la judicatura;

5.  Recuerda que, con arreglo al Acuerdo Político Global, Zimbabue se ha comprometido a velar por que tanto su legislación como sus procedimientos y prácticas se ajusten a los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye las libertades de reunión, asociación y expresión;

6.  Señala a la atención la situación particularmente grave de numerosas mujeres en Zimbabue y la necesidad de respetar los derechos de las mujeres;

7.  Opina que la supresión del grueso de las medidas restrictivas fue prematura y que el Consejo y la Comisión deben considerar la posibilidad de volver a imponer ciertas medidas, pero aclarando que se suprimirán y se pondrá a disposición un paquete de asistencia una vez que Zimbabue se haya adentrado claramente en la senda de la democracia, el Estado de Derecho y el respecto de los derechos humanos, así como especificando concretamente que se prestará asistencia para apoyar un proceso electoral libre y justo y la reforma de las fuerzas policiales;

8.  Pide que se ponga en marcha una transición pacífica del poder sobre la base de un proceso electoral libre y justo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, a fin de desarrollar una democracia libre, próspera y plural;

9.  Condena enérgicamente el bloqueo de la ayuda alimentaria para ganar terreno político; destaca su inquietud ante la posibilidad de que se adopten nuevas medidas que vayan en perjuicio de la producción agrícola, y pide que se adopten medidas para reforzar la seguridad alimentaria;

10.  Manifiesta su persistente preocupación en relación con el secuestro de Itai Dzamara; pide que se respete el derecho de habeas corpus, y que los responsables de su secuestro comparezcan ante la justicia;

11.  Insiste en que la Unión ha de garantizar que la financiación concedida a Zimbabue para su primer Programa Indicativo Nacional se destina efectivamente a los sectores que corresponde, y pide al Gobierno de dicho país que permita a la Comisión acceder sin trabas a los proyectos financiados por la Unión y que incremente su nivel de apertura a la asistencia técnica para los proyectos y programas acordados conjuntamente;

12.  Subraya que es importante para la Unión iniciar un diálogo político con las autoridades zimbabuenses en virtud de los artículos 8 y 96 del Acuerdo de Cotonú, confirmando por ese medio el compromiso de la Unión de ayudar a la población local;

13.  Insta a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y a la Commonwealth a que vuelvan a comprometerse a ayudar a Zimbabue a retomar la senda de la democracia;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Gobierno y al Parlamento de Zimbabue, a los Gobiernos de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Secretario General de la Commonwealth.

(1)

DO L 40 de 17.2.2016, p. 11.

Última actualización: 14 de septiembre de 2016Aviso jurídico