Procedimiento : 2017/2682(RSP)
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Ciclo relativo al documento : RC-B8-0369/2017

Textos presentados :

RC-B8-0369/2017

Debates :

PV 18/05/2017 - 9.2
CRE 18/05/2017 - 9.2

Votaciones :

PV 18/05/2017 - 11.2
CRE 18/05/2017 - 11.2

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0219

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 290kWORD 51k
17.5.2017
PE605.468v01-00}
PE605.470v01-00}
PE605.472v01-00}
PE605.473v01-00}
PE605.475v01-00}
PE605.476v01-00} RC1
 
B8-0369/2017}
B8-0371/2017}
B8-0373/2017}
B8-0374/2017}
B8-0376/2017}
B8-0377/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B8‑0369/2017)

EFDD (B8‑0371/2017)

Verts/ALE (B8‑0373/2017)

S&D (B8‑0374/2017)

PPE (B8‑0376/2017)

ALDE (B8‑0377/2017)


sobre Etiopía, en particular el caso del doctor Merera Gudina (2017/2682(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Giovanni La Via en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Urszula Krupa en nombre del Grupo ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat en nombre del Grupo ALDE
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara en nombre del Grupo EFDD
Barbara Kappel
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Etiopía, en particular el caso del doctor Merera Gudina (2017/2682(RSP))  

El Parlamento Europeo,

  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Etiopía,

–  Visto el último examen periódico universal sobre Etiopía, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015,

–  Visto el comunicado de prensa del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) tras la visita de Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al primer ministro etíope Hailemariam Desalegn en Adís Abeba, el 17 de marzo de 2017,

–  Vista la Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía adoptada el 8 de diciembre de 1994 y, en particular, las disposiciones del capítulo III en materia de derechos y libertades fundamentales, derechos humanos y derechos democráticos,

–  Visto el informe oral presentado por la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ante el Parlamento de Etiopía el 18 de abril de 2017,

–  Vista la declaración efectuada el 10 de abril de 2017 por el representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, Stavros Lambrinidis, en su visita a Etiopía para recabar un compromiso estratégico en el ámbito de los derechos humanos y la gobernanza,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Etiopía en 1993,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la declaración del SEAE, de 23 de diciembre de 2015, sobre los recientes enfrentamientos en Etiopía,

–  Vistas las declaraciones del portavoz de la AR/VP, de 10 de octubre de 2016, sobre la declaración del estado de excepción por Etiopía,

–  Visto el Programa común sobre migración y movilidad firmado por la Unión y Etiopía el 11 de noviembre de 2015,

–  Vistas las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de 18 de diciembre de 2015, sobre los enfrentamientos en Oromia, en Etiopía,

–  Visto el Compromiso Estratégico entre la Unión Europea y Etiopía,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la visita a Etiopía del comisario de derechos humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, que finalizó el 4 de mayo de 2017,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Etiopía desempeña un papel fundamental en la región y goza del apoyo político de los donantes occidentales y de la mayoría de sus vecinos regionales, debido a su papel de anfitrión de la Unión Africana y a su contribución a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como por su asociación con los países occidentales en el ámbito de la ayuda y la seguridad y su compromiso con los esfuerzos internacionales dirigidos a conseguir la estabilidad en Somalia y luchar contra los grupos terroristas en la región; que asimismo, Etiopía participa también estrechamente en las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur y ha organizado conversaciones de paz bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD);

B.  Considerando que, con una población de 100 millones de habitantes, Etiopía figura entre las economías de más rápido crecimiento en África; que atrae importantes inversiones extranjeras, en particular en los sectores de la agricultura, la construcción, la industria transformadora y los proyectos de desarrollo a gran escala, como la construcción de presas hidroeléctricas, las plantaciones y el arrendamiento de tierras, a menudo a empresas extranjeras; que su tasa media de crecimiento en la última década ha sido del 10 %; que, no obstante, sigue siendo una de las economías más pobres, con una RNB per cápita de 632 dólares estadounidenses, y que ocupa el puesto 173 entre los 187 países que figuran en el índice de desarrollo humano correspondiente a 2014;

C.  Considerando que la actual crisis humanitaria en el Cuerno de África, que afecta a la región de Ogaden y a otras zonas de Etiopía, está en el origen de los brotes de cólera y de la escasez de abastecimiento alimentario, que ya han causado la muerte de muchas personas y han puesto a millares de otras en una situación de riesgo, especialmente desde principios de marzo; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha lanzado su mayor iniciativa, dirigida a obtener 96,4 millones de dólares para prestar ayuda a 1,19 millones de refugiados y antiguos refugiados en Sudán, Somalia, Etiopía y la República Centroafricana; que, en enero de 2017, Etiopía declaró una situación de emergencia debida a la sequía en sus provincias orientales, como consecuencia de la cual 5,6 millones de personas se encuentran necesitadas de asistencia urgente, por lo que el país se ha visto obligado a solicitar ayuda a la comunidad internacional, y que en 2016 la sequía provocó una hambruna que ha afectado a diez millones de personas y ha causado la muerte de cientos de miles de cabezas de ganado;

D.  Considerando que el 14 de junio de 2016 se firmó el Compromiso Estratégico entre la Unión Europea y Etiopía; que este compromiso reconoce el papel fundamental que desempeña Etiopía en el continente africano y en la comunidad internacional, así como su notable crecimiento económico y los progresos realizados para la consecución los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que la Unión apoya el papel constructivo de Etiopía en favor de la paz y la seguridad en el Cuerno de África;

E.  Considerando que Etiopía debe hacer frente a un flujo permanente de inmigrantes y emigrantes; que ha acogido a unos 800 000 refugiados, procedentes en su mayor parte de Sudán del Sur, Eritrea y Somalia, y que el 11 de noviembre de 2015, la Unión Europea y Etiopía firmaron un Programa común sobre migración y movilidad para reforzar la cooperación y el diálogo entre ambas partes en el ámbito de la migración;

F.  Considerando que Etiopía es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, cuyo artículo 96 establece que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación entre la ACP y la Unión Europea;

G.  Considerando que las autoridades etíopes han utilizado repetidamente una fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y han cometido violaciones de los derechos humanos contra miembros de la comunidad Oromo y otros grupos étnicos, como actos de persecución, detenciones arbitrarias y homicidios, motivados por su presunta oposición al gobierno; que el Gobierno de Etiopía acusa regularmente a los críticos de la política gubernamental de asociación con el terrorismo, y que la severa ley antiterrorista de 2009 ha sido aplicada a manifestantes, periodistas, blogueros y activistas;

H.  Considerando que la situación se deterioró a mediados de abril de 2014, cuando el Gobierno anunció la aplicación del plan de desarrollo regional integrado de Adís Abeba, que propone la ampliación de las instalaciones a zonas exteriores a la ciudad que pertenecen al Estado regional nacional de Oromia, la mayor región de Etiopía que circunda Adís Abeba;

I.  Considerando que el 14 de enero de 2016 el Gobierno decidió cancelar el controvertido plan de desarrollo urbano a gran escala, y que la ampliación de Adís Abeba ya ha provocado el desplazamiento de muchos agricultores de la etnia Oromo, a los que ha condenado a la pobreza;

J.  Considerando que, en 2015 y 2016, Oromia fue el escenario de protestas masivas contra la ampliación de la frontera municipal a las propiedades de los agricultores Oromo, en las que viven dos millones de personas, dado que las expropiaciones eran percibidas como actos de acaparamiento de tierras, y que la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, encargada de investigar los disturbios, informó el 19 de abril de 2017 de que entre junio y octubre de 2016 perdieron la vida 462 civiles y 33 miembros de las fuerzas de seguridad y resultaron heridos 338 civiles y 126 miembros de las fuerzas de seguridad;

K.  Considerando que, el 9 de octubre de 2016, el primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, declaró el estado de excepción, previsto en la Constitución de Etiopía; que el estado de excepción autoriza a los militares a asumir la seguridad en todo el país e impone otras restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información; que, el 15 de marzo de 2017, el Gobierno anunció la revocación de muchas de las restricciones del estado de excepción, que los puestos de mando dejarían de estar legitimados para detener arbitrariamente a personas o realizar registros sin orden judicial y que se levantaba el toque de queda y se suprimían algunas restricciones impuestas a los medios de comunicación; que, el 29 de marzo de 2017, el Parlamento etíope acordó por unanimidad la prórroga del estado de excepción durante cuatro meses;

L.  Considerando que, el 30 de noviembre de 2016, las fuerzas de seguridad etíopes detuvieron a Merera Gudina, presidente del partido de la oposición etíope, Congreso Federalista Oromo, en Adís Abeba, tras su visita al Parlamento Europeo el 9 de noviembre, donde participó en una mesa redonda con otros líderes de la oposición y supuestamente contravino la legislación que regula la declaración del estado de excepción al «ejercer presión contra el Gobierno», «amenazar a la sociedad por medio de violencia» e intentar «perturbar el orden constitucional»; que su solicitud de libertad bajo fianza ha sido denegada y continúa recluido a la espera de la sentencia, y que, el 24 de febrero de 2017, Merera Gudina y otros dos investigados, Berhanu Nega y Jawar Mohamed, fueron imputados con cuatro cargos distintos por incumplimiento del Código Penal etíope;

M.  Considerando que otros activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, como Getachew Shiferaw (redactor jefe de Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (activista en línea) y Fikadu Mirkana (Oromia Radio and TV Organisation), Eskinder Nega (destacado periodista), Bekele Gerba (pacifista oromo) y Andargachew Tsige (dirigente de la oposición) también han sido detenidos o se hallan recluidos;

N.  Considerando que Etiopía acogió recientemente a altos funcionarios de los derechos humanos, incluidos el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el representante especial de la Unión para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, para conmemorar la puesta en marcha del diálogo sectorial en materia de derechos humanos y gobernanza en el marco del Compromiso Estratégico UE-Etiopía, y que se han realizado pequeños progresos en la mejora de la situación de los derechos humanos en Etiopía, en particular en lo que se refiere al encarcelamiento de personalidades políticas, el recurso continuo a la legislación relativa a las organizaciones de la sociedad civil y a la lucha contra el terrorismo, así como a la prórroga del estado de excepción;

O.  Considerando que, el 5 de mayo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que el Decreto de Asociaciones e Instituciones de Caridad y la legislación para la lucha contra el terrorismo y sobre los medios de comunicación en Etiopía «no parecen sintonizar con las normas jurídicas internacionales pertinentes, y deben reformarse»;

1.  Pide al Gobierno etíope que deje en libertad bajo fianza y retire todos los cargos contra Merera Gudina, Berhanu Nega, Jawar Mohamed y todos los demás presos políticos; subraya que, para que el diálogo con la oposición resulte creíble, los líderes de la oposición, como Merera Gudina, deben ser puestos en libertad; pide a la Alta Representante que movilice a los Estados miembros de la Unión para que, con carácter de urgencia, prosiga el establecimiento de una investigación internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en la que se indague de forma fiable, transparente e independiente sobre las muertes de los manifestantes, y se presione al Gobierno etíope a conceder su aprobación;

2.  Insta al Gobierno etíope a que continúe manteniendo la suspensión de las restricciones y ponga fin al estado de excepción, reconociendo que esa situación limita gravemente la libertad de expresión y la manifestación de opiniones diferentes y legítimas sobre la sociedad etíope, que son muy necesarias para combatir la crisis de Etiopía; subraya que esta falta de debate pone en riesgo la estabilidad de Etiopía;

3.  Pide a las autoridades etíopes que dejen de recurrir a la legislación antiterrorista (Decreto antiterrorista n.º 652/2009) para suprimir las legítimas protestas pacíficas o la disidencia; solicita, asimismo, al Gobierno etíope que revise su legislación antiterrorista;

4.  Insta al Gobierno etíope a que respete plenamente la libertad de expresión, de asociación y de prensa, tal como prevé la Constitución etíope, y libere a todos los periodistas y blogueros detenidos injustamente; cree firmemente que la protesta pacífica forma parte de un proceso democrático y que, en cualquier circunstancia, debe evitarse toda respuesta con un uso excesivo de la fuerza; insta al Gobierno a que aplique debidamente las recomendaciones de la Comisión Etíope de Derechos Humanos sobre las recientes protestas violentas, en particular con el fin de llevar ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de la violencia, impedir los ataques selectivos contra determinadas nacionalidades y defender el derecho de los ciudadanos a la justicia;

5.  Recuerda al Gobierno etíope su obligación de garantizar los derechos fundamentales, incluido el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo, conforme a lo dispuesto en la Carta Africana y en otros instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos, incluido el Acuerdo de Cotonú y, en particular, sus artículos 8 y 96;

6.  Pide al Gobierno etíope que permita el libre acceso de las organizaciones de los derechos humanos y las ONG a todas las partes del país, especialmente aquellas zonas que son escenario de conflictos y protestas;

7.  Expresa su preocupación por la legislación que limita gravemente el derecho a la libertad de expresión, de prensa, de información, de asociación y de reunión pacífica, así como la supervisión de los derechos humanos;

8.  Recuerda que Etiopía es un país importante de destino, tránsito y origen de migrantes y de solicitantes de asilo y que alberga la mayor población de refugiados en África; toma nota de la adopción de un Programa común sobre migración entre la Unión y Etiopía en el que figuran las cuestiones de los refugiados, el control de las fronteras y la lucha contra la trata de seres humanos; pide, asimismo, a la Comisión que haga un seguimiento detallado de todos los proyectos recientemente iniciados en el marco del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para África; recuerda que Etiopía es el segundo país más poblado de África y que cuenta con una de las economías con un crecimiento más rápido en el continente, pero que, a pesar de ello, sigue siendo uno de los países más pobres; recuerda que, con 5 328 km de fronteras, Etiopía debe hacer frente a la fragilidad de sus vecinos y al flujo permanente de migrantes, acogiendo aproximadamente a 800 000 refugiados;

9.  Observa el importante papel que Etiopía desempeña en la región y, en particular, su apoyo a la estabilización de Somalia, la lucha contra el terrorismo y el proceso de paz entre Sudán y Sudán del Sur, así como dentro del propio Sudán del Sur; considera esencial que la Unión entable un diálogo político con este país, cuya importancia estratégica es fundamental;

10.  Expresa su profunda preocupación por la actual sequía en Etiopía, que ha provocado un empeoramiento de la situación humanitaria en el país; acoge con satisfacción el importe adicional de 165 millones de euros en concepto de ayuda a la región, para la crisis en Sudán del Sur y los países vecinos, así como para combatir la sequía en Somalia, Etiopía y Kenia;

11.  Elogia a Etiopía por los progresos que ha realizado en la mejora de las condiciones de su población, en rápida expansión, incluidos los refugiados de los conflictos en los países vecinos, y agradece el liderazgo que está mostrando en la región y en la Unión Africana;

12.  Considera que la futura cooperación de la Unión con Etiopía debe tener en cuenta la realización de avances sustanciales en materia de derechos humanos;

13.  Pide a las autoridades etíopes que impidan la discriminación étnica y tomen medidas para entablar un diálogo pacífico y constructivo entre las distintas comunidades;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a la Comisión de la Unión Africana y al Parlamento Panafricano, así como al Gobierno de Etiopía.

 

 

Última actualización: 18 de mayo de 2017Aviso jurídico