INFORME sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la política de productos integrada
(COM(2001) 68 – C5‑0259/2001 – 2001/2117(COS))
23 de noviembre de 2001
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor
Ponente: Cristina García-Orcoyen Tormo
PÁGINA REGLAMENTARIA
Mediante carta de 7 de febrero de 2001 la Comisión transmitió al Parlamento su Libro Verde sobre la política de productos integrada (COM(2001) 68 – 2001/2117(COS)).
En la sesión del 2 de julio de 2001, la Presidenta del Parlamento anunció que había remitido este Libro Verde, para examen del fondo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y, para opinión, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (C5‑0259/2001).
En la reunión del 12 de marzo de 2001, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor había designado ponente a Cristina García-Orcoyen Tormo.
En las reuniones de los días 26 de junio, 5 de noviembre y 21 de noviembre de 2001, la comisión examinó el Libro Verde de la Comisión y el proyecto de informe.
En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por 24 votos a favor y 17 abstenciones.
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Caroline F. Jackson (presidenta), Guido Sacconi y Alexander de Roo (vicepresidentes), Cristina García-Orcoyen Tormo (ponente), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Nirj Deva (suplente de Ria G.H.C. Oomen-Ruijten), Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (suplente de Jorge Moreira da Silva), Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (suplente de Hiltrud Breyer), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Paul A.A.J.G. Lannoye (suplente de Patricia McKenna), Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Giacomo Santini, Karin Scheele, Ursula Schleicher (suplente de Eija-Riitta Anneli Korhola), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (suplente de Peter Liese), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (suplente de David Robert Bowe) y Phillip Whitehead.
La opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía se adjunta al presente informe.
El informe se presentó el 23 de noviembre de 2001.
El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones en que se examine.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la política de productos integrada (COM(2001) 68 – C5‑0259/2001 – 2001/2117(COS))
El Parlamento Europeo,
– Vista el Libro Verde de la Comisión (COM(2001) 68 – C5‑0259/2001),
– Visto el Libro Blanco Crecimiento, competitividad, empleo (COM(1993) 700), de 5 de diciembre de 1993,
– Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5‑0419/2001),
A. Considerando que una política de productos integrada que coadyuve al desarrollo sostenible no sólo debe ser eficiente desde el punto de vista económico, sino que debe, ante todo, ser efectiva desde el punto de vista medioambiental y contribuir al bienestar social dentro y fuera de la UE,
B. Considerando que es urgente tomar medidas para invertir las tendencias no sostenibles, tales como el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, las emisiones difusas de sustancias químicas peligrosas y la producción creciente de residuos y, en particular, de residuos peligrosos,
C. Considerando que la PPI puede constituir un instrumento complementario útil para la legislación,
D. Considerando que los consumidores ejercen su libertad de elección no sólo en función de la calidad de los productos, sino también en función de su poder adquisitivo,
E. Considerando que se debe tener en cuenta la estrecha relación que existe entre el Sexto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente 2001-2010, el Libro Blanco sobre la estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos y la estrategia de la Unión Europea en relación con una Política de Productos Integrada,
F. Considerando que los programas y las correspondientes ayudas en materia de investigación y desarrollo tecnológico deben contribuir a la aplicación concreta de la Política Integrada de Productos,
G. Considerando que también se debe tener en cuenta la situación de los diferentes Estados miembros a la hora de diseñar una Política Integrada de Producto que sea asumible por todos ellos.
H. Considerando que una política integrada de producto debe estar basada en una responsabilidad compartida a lo largo de toda la cadena de producción y distribución.
1. Considera que la propuesta de la Comisión resulta insatisfactoria, aunque interesante; opina que sería deseable que la política propuesta tuviese mayor alcance y estuviese más elaborada, y ello para tomar más claramente en consideración cada uno de los componentes de la cadena de producción, como las materias primas, el consumo de energía, los envases y el transporte; señala, sin embargo, que, para partir de bases más precisas y coordinadas, hubiera sido deseable un estudio más exhaustivo de los logros y las deficiencias de las actuales políticas en materia de PPI (ecoetiquetado europeo, EMAS, legislación sobre el Nuevo Enfoque como, por ejemplo, la directiva de envases, etc.); pide asimismo que en el futuro los documentos elaborados por la Comisión como base del trabajo del Parlamento Europeo sean más precisos, lo que ahorraría mucho trabajo innecesario a todas las partes;
2. Destaca la necesidad de definir con mayor precisión las modalidades de atribución y control de una futura etiqueta ecológica europea;
3. Presupone que la Comisión no presentará ningún libro blanco sobre la Política de Productos Integrada antes de haber considerado con detenimiento la opinión del Parlamento sobre el Libro Verde;
4. Lamenta la falta de objetivos claros con calendarios para la PPI así como de métodos e indicadores para controlar sus logros, y pide a la Comisión que los desarrolle como condición indispensable para conseguir que la PPI sea un éxito;
5. Pide que la PPI tenga como objetivo una reducción significativa de la carga total medioambiental generada por la cantidad y peligrosidad de los productos en circulación con calendarios precisos;
6. Subraya que la PPI deberá complementar los instrumentos jurídicos existentes y en modo alguno deberá ser utilizada para sustituir o suavizar la legislación comunitaria;
7. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación crítica de los logros y las deficiencias de la legislación sobre el Nuevo Enfoque a fin de determinar si la misma apoya el objetivo de la PPI;
8. Pide a la Comisión que ponga en marcha, a la mayor brevedad, proyectos piloto adecuados;
9. Cree que, dada la complejidad del proceso en el que participan productores, consumidores y administraciones, es importante tener en cuenta, en el proceso de desarrollo de la Política de Productos Integrada, su repercusión en la economía, la formación y las cuestiones sociales; la Política de Productos Integrada debe contribuir, en particular, a la utilización de un trabajo cuyos conocimientos permitan integrar el desarrollo sostenible y ejercer una interacción con él, también mediante la participación de los trabajadores en los conocimientos y en el trabajo consciente;
10. Destaca la necesidad de incluir los servicios en el ámbito de aplicación de la política integrada con objeto de reducir sus efectos no deseados para el medio ambiente y lamenta que no se haya abordado suficientemente el sector de los servicios, cada vez más importante, y recomienda que los efectos medioambientales de los servicios (en particular el transporte y el turismo) estén sujetos al mismo enfoque;
11. Pide a la Comisión que examine los modelos actuales de consumo y que identifique las posibilidades de pasar a una desmaterialización, haciendo hincapié en la función que pueden desempeñar los servicios en lugar de los productos;
12. Subraya la importancia de aclarar los papeles que desempeñan los distintos agentes, mientras que los sistemas de colaboración deberían dejarse a discreción de los diferentes grupos interesados y señala que para la normalización (CEN e ISO) deben tenerse mucho más en cuenta los aspectos medioambientales; apoya la continuación del proyecto de Servicio de Asistencia Técnica Medioambiental (Environmental Help Desk, EHD) a escala europea; subraya que la integración de las cuestiones medioambientales en la normalización europea es un elemento importante de una Política de Productos Integrada; insta a la Comisión a que garantice que todas las partes interesadas están correctamente representadas en el proceso de normalización, incluidos los representantes de organizaciones medioambientales y de consumidores; alienta a la Comisión a que presente a la mayor brevedad una propuesta de revisión del Nuevo Enfoque que garantice una verdadera integración de las preocupaciones ambientales en la normalización;
13. Recuerda que la Administración debe, en el uso de sus competencias, especificar claramente su papel, estableciendo unos niveles mínimos de exigencia para los indicadores ambientales, los objetivos claros y los calendarios los acuerdos voluntarios deberían utilizarse solamente como instrumento de orientación si van acompañados de la posibilidad, por parte del Estado, de la imposición de sanciones; finalmente, la PPI y los acuerdos voluntarios no deberán sustituir la legislación actual o futura, sino sólo complementarla;
14. Hace hincapié en que una política de productos integrada debe adoptar, por principio, un planteamiento pluridimensional basado en una concepción que abarque la totalidad del ciclo de vida;
15. Considera que las limitaciones que se derivan de la necesidad de producir de manera más ecológica no deben suponer una penalización para las pequeñas y medianas empresas (PYME), las empresas artesanales ni los modos de producción tradicionales;
16. Afirma que, en esta perspectiva, para reducir el coste de las medidas y no excluir del proceso a las pequeñas y medianas empresas se deben establecer indicadores ambientales basados en la evaluación del ciclo de vida simplificado de los productos; subraya la importancia de que se establezcan parámetros comunes precisos aplicables a este análisis del ciclo de vida.
Dichos indicadores deberían ser representativos y consistentes, reflejo de los impactos ambientales prioritarios y de los aspectos ambientales más significativos de cada gama de productos; deberían establecerse por consenso (p.e. paneles de productos)trabajando con los diferentes grupos interesados con el fin de establecer los más relevantes y las metodologías de medición de los mismos. No obstante, hay que considerar que deberían revisarse con cierta periodicidad, para su actualización si fuera necesario; cabe destacar que la metodología relativa al análisis del ciclo de vida resulta todavía hoy en día difícil de aplicar, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de los recursos, el tiempo y la legibilidad de los resultados; que estas dificultades aumentan sensiblemente cuando se trata de pequeñas y medianas empresas y existen diferencias estructurales entre un país y otro, por ejemplo diferente mezcla energética;
17. Subraya la necesidad de animar a las empresas a que desarrollen indicadores ambientales sencillos que puedan ser fácilmente utilizados en las redes y cadenas internacionales de producción;
18. Hace hincapié en que, sobre la base de un análisis del ciclo de vida y de indicadores adecuados, puede establecerse un marco que los agentes económicos llenen de contenido de manera autónoma mediante la integración de los aspectos medioambientales en sus reflexiones estratégicas, el diseño de sus productos y la producción de los mismos; la acción autónoma y responsable y la capacidad de innovación son componentes importantes del planteamiento de la PPI;
19. Exige que los precios de los productos reflejen de forma fiel sus costes ambientales y que se fomenten los productos de diseño ecológico; para ello se deberían utilizar mecanismos de los precios y adoptar medidas de fomento de la internalización de los costes externos (medida por sí sola que incentivaría la mejora ambiental de los productos);
20. Pide a la Comisión que reduzca o elimine las subvenciones que perjudican los objetivos de la PPI;
21. Considera que conviene reforzar, en relación con cualquier dispositivo de penalización, los instrumentos y las medidas de incentivación pertinentes, tanto para las empresas como para los particulares, como por ejemplo las ayudas financieras (para la normalización y la adaptación de los procedimientos de producción) o los incentivos fiscales (tipos reducidos de IVA);
22. Sugiere que la Comisión estudie la posibilidad de perseguir los objetivos PPI a nivel de la OCDE y de la OMC, y recomienda una cooperación intensa entre la DG Medio Ambiente y la DG Comercio sobre la cuestión de la OMC; espera que la Comisión analice las repercusiones de las cadenas mundiales de abastecimiento en la PPI, la función de la PPI en los países en desarrollo, así como la compatibilidad de esta política con las reglas de la OMC, y que presente propuestas de revisión de la legislación necesaria a nivel bilateral y multilateral;
23. Insiste en que las autoridades públicas deben facilitar el desarrollo de productos ambientalmente más correctos mediante la estimulación de las actividades de investigación en este campo y la difusión de sus resultados; considera que tal investigación debe incluir el desarrollo de la cadena de los minoristas que se oriente a satisfacer la demanda vendiendo un servicio más que la posesión de un producto;
24. Estima que la aplicación de las medidas debe realizarse de forma gradual, ampliando poco a poco el número de categorías de productos afectadas. Todas las medidas deben facilitar al productor el conocimiento de las repercusiones ambientales de los productos que pone en el mercado, identificando así las potencialidades de mejora ambiental de los mismos;
25. Pide que se desarrolle el modelo de la Política de Productos Integrada para sectores particulares e incluso para productos determinados, a fin de que pueda aplicarse adecuadamente en la práctica;
26. Observa con satisfacción que en los Estados miembros existen planteamientos de política de productos integrada y manejable basados en investigaciones del ciclo de vida de productos determinados y considera necesario que estas experiencias se recojan en un futuro Libro Blanco y se reflejen en la futura legislación;
27. Subraya que las experiencias recogidas con el modelo de la PPI o en ámbitos sectoriales de los Estados miembros deben ser puestas a disposición de toda la UE y que debe fomentarse la interconexión en redes y la intensificación de estas actividades;
28. Resalta que una política integrada de producto se basa en la comunicación y la cooperación entre las diferentes partes interesadas. Es importante que se definan claramente los grupos objetivo para poder definir apropiadamente las herramientas de comunicación tales como la formación de quienes desarrollan los productos, los operadores de proceso así como la información de los consumidores; esta comunicación debe tener lugar de manera específica para cada producto y con arreglo a las exigencias específicas del mismo;
29. Reconoce la necesidad de definir una estrategia educativa, gradual y a largo plazo destinada a guiar a los productores y a los consumidores finales, teniendo en cuenta las necesidades de los niños y los jóvenes. Solo un esfuerzo suplementario de información al ciudadano servirá para alcanzar este objetivo, por lo que los productores y distribuidores deberán facilitar a los consumidores, de la forma que resulte apropiada, información clave sobre el conjunto del ciclo de vida de su producto o su servicio;
30. Observa que, gracias a la intensificación de la interacción entre consumidores, organizaciones de consumidores, comerciantes y productores, los derechos del consumidor resultan fortalecidos y se dispone de más información verificable y transparente;
31. Subraya que para llevar a la práctica el modelo de la PPI debe aplicarse la normativa comunitaria vigente y sólo deben crearse nuevos instrumentos cuando existan lagunas en la normativa;
32. Considera necesario que se introduzcan gravámenes fiscales diferenciados para los productos según sus efectos en el medio ambiente y que ello se haga en un marco armonizado a escala europea;
33. Destaca la necesidad de introducir criterios ambientales relativos tanto al proceso de producción como al producto final en los procedimientos de aprovisionamiento de las Administraciones públicas, de tal forma que las empresas que fabriquen productos y servicios ecológicos se sitúen en una posición de liderazgo en el mercado, después de haber elaborado la normativa técnica necesaria para determinar y verificar los criterios medioambientales exigidos;
34. Advierte que debe considerarse una combinación adecuada de los instrumentos propuestos en el Libro Verde para evitar el riesgo de duplicación y de conflicto que podría producirse si se adoptan conjuntamente;
35. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta iniciativa de la Comisión se corresponde con los principios básicos del Desarrollo Sostenible y del espíritu de Cardiff plasmados en el VI Programa de Acción Ambiental y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea.
La política integrada de producto propone un nuevo marco para la consideración de los aspectos relacionados con el ciclo de vida de los productos y reducir así sus repercusiones ambientales. Las medidas que se plantean están basadas en la creación de incentivos que potencien la mejora en el diseño, una mayor y mejor información en la cadena de valor y el ajuste de los precios y costes.
El objetivo es conseguir, sin merma de la capacidad de creación de riqueza de los Estados miembros, orientar la producción y el consumo hacia posturas más coherentes e integradas con los principios del Desarrollo Sostenible.
La creación de una Política Integrada de Producto ofrece la oportunidad de armonizar las políticas nacionales, sin olvidar la importancia de abordar una política comunitaria lo suficientemente flexible para que todos los Estados miembros puedan participar plenamente en ella.
Con este fin la Comisión propone en primer lugar una amplia participación en el proceso de todas las partes interesadas, con especial atención al papel de las fuerzas de mercado y sus instrumentos.
El éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la correcta identificación y utilización de los principales instrumentos.
Los objetivos básicos de la propuesta están enfocados hacia:
- *OBTENER EL PRECIO JUSTO
La finalidad es lograr que los precios de los productos reflejen de forma más fiel los costes externos de los mismos. De esta manera los precios ofrecerían una señal al mercado sobre el impacto medioambiental que generan los productos y de esta forma, se conseguiría orientar la demanda.
Estas medidas en todo caso se deben proponer sobre sólidas bases que demuestren la bondad de las mismas para la competitividad y sin producir efectos no deseados. La internalización de los costes externos, si no se realiza de una manera fundamentada, puede crear distorsiones en el mercado, especialmente si no hay una aceptación global a nivel internacional.
La introducción de este tipo de instrumentos necesita, por tanto, de una detallada y previa evaluación de los efectos que pueden tener sobre la competitividad de la industria europea.
En el proceso de producir y consumir bienes y servicios las responsabilidades ambientales deben ser compartidas por los diferentes actores. Así, la extracción de las materias primas, el diseño, la publicidad, los consumidores, las administraciones públicas, la eliminación de los productos, etc. son todos elementos esenciales a tener en cuenta para reducir y mejorar el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.
- *CONSUMO ECOLÓGICO
Es importante centrar el debate en los instrumentos propuestos en el Libro Verde para fomentar la demanda ecológica. El estímulo sobre la demanda es la clave para la mejora ambiental de los productos. Por ello se debe promover de forma consistente y extensa el acceso de los consumidores a una información sencilla, comprensible y veraz.
La Política Integrada de Producto debe, no sólo respetar sino hacer jugar en su favor a las fuerzas de mercado existentes. En todo mercado de productos existe una interacción continua entre productores y consumidores que es compleja, dinámica y equilibrada. Es importante no crear distorsiones en el equilibrio del mercado.
La demanda de productos verdes todavía no es elevada, sin embargo los consumidores tienen en cuenta diferentes criterios a la hora de seleccionar un producto (precio, seguridad, calidad, comportamiento medioambiental, etc.). La atención exclusiva sobre alguno de estos factores desvirtúa la realidad del comportamiento de los consumidores. Por este motivo la Política Integrada de Producto debe centrarse en la mejora continua de todos estos criterios incluyendo la dimensión medioambiental.
Los consumidores van a poder jugar un papel más activo en sus decisiones sobre la utilización de los productos y su eliminación. Es importante tener presente que los consumidores deben ser informados y formados pero no forzados a adquirir determinados tipos de productos. La demanda de productos verdes no debe crearse artificialmente.
Al mismo tiempo, el uso de las tecnologías de la información y la diversidad de prestaciones que nos ofrecen, debería estar presente a la hora de mantener informados a los consumidores, recordando que actualmente no hay grandes iniciativas desarrolladas al respecto.
- *OFERTA ECOLÓGICA
Una tercera área de atención es la compuesta por la oferta ecológica de bienes y servicios. Entendiendo en este terreno que deben establecerse medidas que fomenten la producción y consiguiente oferta de productos y servicios ambientalmente más correctos.
En este sentido ya se observa que las empresas líderes que luchan por situarse a la cabeza en el mercado en el que compiten, son las más avanzadas en la producción de productos ecológicos, y hay que fomentar que las propias empresas tomen conciencia de las oportunidades de mercado que se abren ante ellas.
La producción de productos ambientalmente correctos colaborará a impulsar la sostenibilidad de la actividad empresarial . Para promover esta tendencia será necesario incentivar a las empresas y desarrollar y poner a su disposición determinadas herramientas. Incentivos que deberían promoverse, como mínimo, a nivel europeo; siendo deseable, si es posible, a nivel internacional.
Con objeto de incentivar la producción de productos más ecológicos, el diseño del producto deberá ser una de las primeras medidas a impulsar. No sin olvidar que la tendencia deberá orientarse a la disminución de la implicación de recursos en los procesos productivos y a la disminución paulatina del uso de sustancias peligrosas. Este tipo de acciones deberían abordarse con mayor profundidad.
Es necesario que la empresa conozca los impactos y potencialidades del ciclo de vida de sus productos. Los esfuerzos deberían dedicarse a establecer una metodología sencilla de análisis del ciclo de vida, con el fin de que ésta sea accesible y asequible también a las pequeñas y medianas empresas.
Se debe contar también con la participación de los trabajadores, con el fin de integrar de forma efectiva a los principales actores en este proceso hacia una producción y un consumo más limpio.
La libertad de las empresas para decidir los instrumentos que mejor se ajusten a la mejora de sus productos debería estar presente, con el objetivo de adoptar aquellas medidas que mejor se adapten a sus circunstancias.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA
6 de noviembre de 2001
para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor
sobre el Libro Verde sobre la política de productos integrada
(COM(2001) 68 – C5‑0259/2001 – 2001/2117(COS))
Ponente de opinión: Caroline Lucas
PROCEDIMIENTO
En la reunión del 11 de julio de 2001, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía designó ponente de opinión a Caroline Lucas.
En las reuniones de los días 15 de octubre y 6 de noviembre de 2001, la comisión examinó el proyecto de opinión.
En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones siguientes por unanimidad.
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Caroline Lucas (ponente), Konstantinos Alyssandrakis, Renato Brunetta, Giles Bryan Chichester, Christos Folias, Pat the Cope Gallagher, Norbert Glante, Alfred Gomolka (suplente de Konrad K. Schwaiger), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (suplente de John Purvis), Roger Helmer, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai (suplente de Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Constanze Angela Krehl (suplente de Mechtild Rothe), Werner Langen, Albert Jan Maat (suplente de W.G. van Velzen), Nelly Maes, Erika Mann, Hans-Peter Martin (suplente de Rolf Linkohr), Eryl Margaret McNally, Angelika Niebler, Barbara O'Toole (suplente de Harlem Désir), Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (suplente de Astrid Thors), Bernhard Rapkay (suplente de Gérard Caudron), Imelda Mary Read, Paul Rübig, Ilka Schröder, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes (suplente de Yves Piétrasanta), Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Anders Wijkman, Myrsini Zorba y Olga Zrihen Zaari.
BREVE JUSTIFICACIÓN
El concepto de política de productos integrada se basa en la consideración de los efectos medioambientales de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta las fases de producción, distribución, utilización, mantenimiento, reciclado y gestión de los residuos. Aunque algunas políticas comunitarias actuales hacen referencia a temas relacionados con las diferentes etapas de la vida de los productos o abordan determinados productos específicos, no existe en la actualidad un marco general.
El Libro Verde constituye un primer paso para la aplicación de un enfoque de este tipo en la UE. Como parte de su estrategia para reforzar y reorientar la política medioambiental relativa a los productos, el Libro Verde reconoce la necesidad de un amplio abanico de instrumentos, en particular en lo que se refiere a los impuestos, los incentivos fiscales, la aplicación de un IVA reducido a los productos compatibles con el medio ambiente, la promoción de criterios para la atribución de etiquetas ecológicas y una contratación pública ecológica.
En el Libro Verde se reconoce que un enfoque de política de productos integrada debe involucrar a la industria, los gobiernos y los consumidores y se hace hincapié en la necesidad de mantener diálogos con los diferentes sectores interesados. El pasado mes de marzo se mantuvo ya una consulta de este tipo con varios sectores interesados centrada en los aspectos técnicos e industriales del Libro Verde.
En términos generales, la ponente acoge con satisfacción la publicación de este Libro Verde. Sin embargo, su análisis revela una serie de aspectos que merecen una gran atención.
Desde un punto de vista técnico, existe una cierta preocupación sobre el calendario propuesto para este Libro. La Comisión ya tiene previsto publicarlo antes de diciembre de 2001, pese a que el informe de la comisión competente no se presentará en el Pleno hasta el mes de diciembre, con lo que, por una parte, se pide un diálogo multilateral con las partes interesadas y, por otra, se intenta eludir la opinión del Parlamento Europeo. En consecuencia, se ha de reexaminar atentamente el calendario de este proceso.
Desde el punto de vista del contenido, el Libro Verde no establece con suficiente claridad los objetivos que debería perseguir la PPI, es decir, ¿está dirigida a los productores que ya ocupan una posición destacada en su sector o a aquellos (la mayoría) que necesitan más apoyo y ayuda para adaptarse a esta política? Aparte de los métodos y de los principios generales, es necesario disponer de una serie de objetivos, metas e indicadores que permitan medir su eficacia. El gran número de instrumentos de política ecológica innovadores e interesantes que se fija en el Libro Verde tiende a encubrir algunas de las limitaciones existentes que impiden que sean todo lo eficaces que pudieran, de manera que el Libro no se atiene a sus propias conclusiones.
La relación del Libro con las iniciativas existentes, incluidos la Estrategia del Desarrollo Sostenible y el 6º Programa de acción en materia de medio ambiente, requiere una aclaración. También sería útil que se evaluaran sistemáticamente las experiencias obtenidas en el pasado con las políticas en materia de productos, lo que brindaría la oportunidad de aprender de la experiencia.
Al centrarse en los productos, el Libro Verde olvida la importancia de los servicios y, por consiguiente, pierde un gran número de posibles oportunidades de ecologizar un sector cada vez más amplio de nuestras economías, en particular servicios como el transporte y el turismo. Además, los servicios tienen el potencial de ser más eficaces desde el punto de vista de los recursos que los productos, y en algunos casos pueden llegar incluso a sustituirlos.
La estrategia propuesta tiende a depender demasiado de los acuerdos voluntarios, aunque sin definir su ámbito como alternativa o complemento del reglamento ni abordar la necesidad de unos instrumentos de evaluación objetivos. Sin embargo, nosotros necesitamos referencias, objetivos y calendarios sumamente precisos para cualquier tipo de acuerdo voluntario si queremos garantizar su aplicación, de acuerdo con la preparación por parte de la Comisión de un marco legislativo para los acuerdos medioambientales voluntarios que establece criterios, condiciones, acuerdos de control y sanciones.
Además de en la industria, el Libro Verde también hace hincapié en la función de los consumidores y en la importancia de su poder adquisitivo para reducir las repercusiones medioambientales gracias a la compra de productos sostenibles. Sin embargo, el Libro se centra en el resultado de los productos y olvida el aspecto relacionado con el consumo. Los niveles de consumo también deben formar parte de un enfoque PPI.
La mención de un tipo de IVA reducido para los productos ecológicos apenas cubre la magnitud de las modificaciones necesarias en las directivas sobre el IVA. Además, también deberían tenerse en cuenta otros instrumentos basados en el mercado, como por ejemplo los impuestos sobre los productos naturales, susceptibles de fomentar el reciclado o la substitución, o los créditos al CO2 comerciable con objeto de crear incentivos que permitan reducir las emisiones de CO2, o bien un impuesto sobre el embalaje y el fomento de reducciones fiscales para los sectores de los servicios y las reparaciones.
En el Libro Verde se dice que la Comisión asumirá la vanguardia en los contratos públicos ecológicos, sin embargo el enfoque relativo al ciclo de vida de los productos de la PPI no se está integrando en la actual revisión de las directivas sobre contratos. Por el contrario, los esfuerzos por aplicar la PPI se están penalizando y ya se han emprendido acciones legales contra una serie de ciudades que han intentado aplicar una política de contratación ecológica.
El Libro Verde menciona la integración de los intereses medioambientales en el proceso de normalización, pero se basa en un proceso de consenso. Existe el peligro de que este proceso de consulta esté más abierto a las grandes industrias con recursos y que los consumidores y las organizaciones medioambientales o las PYME se encuentren en una situación de desventaja. La Comisión debería garantizar que los sectores interesados reciban el apoyo necesario para poder participar en este proceso.
Sin embargo, la principal deficiencia del Libro Verde es el hecho de que apenas tenga en cuenta el contexto comercial internacional, más amplio, y en el que, desgraciadamente, la legalidad de algunas de las propuestas sería cuestionable. La eficacia del Libro Verde se verá reducida considerablemente en caso de que la Comisión no reconozca explícitamente las realidades del sistema comercial mundial y divida las estrategias para superarlas.
El Libro Verde da la impresión de que el mundo de los productos (desde la producción al consumo y a la eliminación) empieza y termina en las fronteras de la UE. Muchos productos tienen componentes que proceden de fuera de las fronteras de la UE y muchos más están destinados al consumo y se eliminan fuera de sus fronteras. En este Libro no se contemplan las implicaciones más amplias de esta política consistente en recurrir al exterior. Además, el Libro Verde se verá gravemente limitado por las reglas de la OMC.
El desarrollo de una política de productos integrada es un primer paso necesario, pero no basta para hacer frente a los principales retos de una política de productos ecológica ni a unos objetivos de desarrollo sostenible más amplios, que no se paran en las fronteras nacionales o regionales.
CONCLUSIONES
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Acoge con satisfacción el Libro Verde sobre la política de productos integrada como una muestra del compromiso de la UE en favor del desarrollo sostenible y como respuesta a la necesidad de reunir en una estrategia global las políticas y los enfoques comunitarios existentes sobre el principio de que quien contamina paga, los procesos y métodos de producción y el ciclo de vida de los productos;
2. Destaca la necesidad, anticipándose al Libro Blanco, de que en la estrategia PPI se definan objetivos claros en lo que se refiere al contenido, el ámbito y el calendario, así como de que se identifiquen instrumentos eficaces para calibrar su éxito; pide a la Comisión que retrase el Libro Blanco hasta que se haya completado el proceso de consulta al Parlamento;
3. Lamenta que no se haya abordado suficientemente el sector de los servicios, cada vez más importante, y recomienda que los efectos medioambientales de los servicios (en particular el transporte y el turismo) estén sujetos al mismo enfoque;
4. Pide a la Comisión que examine los modelos actuales de consumo y que identifique las posibilidades de pasar a una desmaterialización, haciendo hincapié en la función que pueden desempeñar los servicios en lugar de los productos;
5. Considera que el principal elemento de una política de "obtención del precio justo" debe ser un ajuste de la estructura de precios en la sociedad, en particular para el trabajo y los recursos naturales, utilizando de la manera más eficiente posible recursos atractivos desde el punto de vista financiero para los fabricantes, distribuidores y consumidores;
6. Reconoce que un principio clave para el correcto funcionamiento de la economía de mercado consiste en disponer de unos precios de mercado reflejen el verdadero coste de los productos; por consiguiente, pide que se supriman las ayudas que son perjudiciales para el medio ambiente y que se introduzca una estructura de incentivos - cargas y/o descuentos - para nivelar la igualdad de condiciones y conseguir que las medidas de eficiencia de los recursos sean competitivas en los mercados;
7. Espera que la Comisión presente un estudio sobre las modificaciones necesarias en la legislación europea contraria a los objetivos de la PPI (por ejemplo, ayudas, IVA o contratos públicos perjudiciales desde el punto de vista medioambiental); pide a la Comisión que aplique una estrategia dividida en acciones a corto, medio y largo plazo con objeto de que se cumplan los objetivos fijados en el 6º Programa de acción en materia de medio ambiente y en la Estrategia para el Desarrollo Sostenible;
8. Reconoce que los acuerdos voluntarios con la industria tienen una función que desempeñar y que pueden ser útiles a causa de su flexibilidad, pero considera que son complementarios al reglamento, y no un sustituto del mismo, por lo que requieren metas mensurables, incluidos objetivos, calendarios y referencias; en este contexto, pide a la Comisión que presente una propuesta de legislación marco sobre los acuerdos medioambientales voluntarios, en la que se establezcan los principales criterios relacionados con las condiciones, los acuerdos de control y el cumplimiento;
9. Recomienda a la Comisión que tome medidas que faciliten la consideración por parte de los consumidores del coste asociado a la utilización de un producto ya en el momento de la compra, por ejemplo complementando los sistemas de etiquetado existentes;
10. Espera que la Comisión analice las repercusiones de las cadenas mundiales de abastecimiento en la PPI, la función de la PPI en los países en desarrollo, así como la compatibilidad de esta política con las reglas de la OMC, y que presente propuestas de revisión de la legislación necesaria a nivel bilateral y multilateral; propone asimismo a la Comisión que investigue la posibilidad de perseguir los objetivos de la PPI en la OCDE y la OMC;
11. Recomienda una cooperación más intensa entre la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Comercio en lo que se refiere a la cuestión de la OMC, y propone que se analicen las declaraciones sobre la posición de la UE ya enviadas a la Secretaria de la OMC en lo que se refiere a la compatibilidad de la PPI;
12. Insiste en que la actual revisión de la legislación comunitaria relativa a la contratación pública sea totalmente coherente con los principios de la PPI relativos a un enfoque que aborde el ciclo de vida de los productos, y sugiere que los proveedores de bienes y servicios públicos introduzcan unos sistemas de gestión medioambiental como el SGAM o la norma internacional ISO 14000; sugiere asimismo que las instituciones comunitarias participen inmediatamente en un proyecto piloto sobre un enfoque de la contratación pública de esta índole;
13. Considera que los criterios relativos al etiquetado ecológico pueden ser de utilidad para las autoridades públicas a la hora de "ecologizar" sus contratos públicos y recomienda, por consiguiente, a la Comisión que presente una propuesta de revisión del Reglamento CE sobre el sistema de adjudicación de la etiqueta ecológica de la Unión Europea, con objeto de permitir el desarrollo de criterios relacionados con este tipo de etiquetado ecológico también para los grupos de productos no destinados al consumo;
14. Recomienda que la Comisión preste una mayor atención a las necesidades específicas de las PYME para participar en la PPI, en particular como proveedoras de contratos públicos.