En la sesión del 4 de septiembre de 2003, el Presidente del Parlamento anunció que se había autorizado a la Comisión de Desarrollo y Cooperación a elaborar un informe de propia iniciativa, de conformidad con el artículo 163 del Reglamento, sobre la población y el desarrollo: 10 años después de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y que se había consultado, para opinión, a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

En la reunión del 9 de julio de 2003, la Comisión de Desarrollo y Cooperación había designado ponente a Karin Junker.

En las reuniones de los días 13 de enero y 9 de febrero de 2004, la comisión examinó el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó la propuesta de resolución por 11 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Margrietus J. van den Berg (presidente en funciones), Marieke Sanders-ten Holte (vicepresidenta), Karin Junker (ponente), Yasmine Boudjenah, Giovanni Claudio Fava (suplente de Maria Carrilho), Fernando Fernández Martín, Michael Gahler (suplente de Karsten Knolle), Karin Jöns (suplente de Miguel Angel Martínez Martínez), Constanze Angela Krehl (suplente de Wolfgang Kreissl-Dörfler), Giorgio Lisi (suplente de Jürgen Zimmerling), Mario Mantovani (suplente de Luigi Cesaro), Maria Martens (suplente de Vitaliano Gemelli), Philippe Morillon (suplente de Jean-Pierre Bebear), Sergio Ribeiro (suplente de Luisa Morgantini), Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Michel-Ange Scarbonchi (suplente de Hans Modrow), Elena Valenciano Martínez-Orozco (suplente de Marie-Arlette Carlotti) y Anne E.M. Van Lancker (suplente de Glenys Kinnock).

La opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se adjunta al presente informe.

El informe se presentó el 10 de febrero de 2004.

sobre la población y el desarrollo: 10 años después de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994)

(2003/2133(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, que fue adoptado por 179 Estados participantes,

–   Vistas las medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo adoptadas en el vigésimo primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró del 30 de junio al 2 de julio de 1999 en Nueva York,

–   Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, el apartado 1 del artículo 25, en que la salud se incluye entre los derechos humanos,

–   Vistos los objetivos estratégicos en materia de salud, tal como fueron adoptados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 y confirmados en el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado «La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI» (Beijing + 5), celebrado del 5 al 9 de junio de 2000 en Nueva York,

–   Vistos los objetivos de desarrollo del milenio adoptados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000,

–   Visto el consenso de Monterrey alcanzado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo el 22 de marzo de 2002,

–   Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 7 de noviembre de 1967,

–   Vistos los resultados de la Conferencia de Viena sobre los Derechos Humanos de 1993, que reconoció expresamente los derechos de la mujer como derechos humanos y condenó las violaciones del derecho a la autodeterminación sexual de la mujer practicadas en nombre de la cultura y de la tradición,

–   Vista la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible aprobada el 4 de septiembre de 2002 por la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible,

–   Vista la Resolución del Consejo de Europa sobre las repercusiones de la denominada «Política de la Ciudad de México» en la libre elección de contracepción en Europa (Resolución 1347 (2003)1),

–   Vista la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que se presentó para firma, ratificación y adhesión mediante la Resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989,

–   Visto el Foro Europeo de Población que se celebró del 12 al 14 de enero de 2004 en la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en el que se debatieron cuestiones urgentes para Europa, Norteamérica y los Estados independientes de la antigua Unión Soviética en materia de demografía, salud sexual y reproductiva y derechos en esta materia y en la que se examinó además en particular la puesta en práctica del Programa de Acción de El Cairo en los países en desarrollo por parte de los países donantes,

–   Visto el Reglamento (CE) n° 1567/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo(1),

–   Visto el Reglamento (CE) n° 1568/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para la lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza (VIH/SIDA, tuberculosis y malaria) en los países en desarrollo(2),

–   Vistos las letras c) y d) del artículo 25 y el artículo 31 del Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú en junio de 2000(3),

–   Vista su Resolución de 4 de julio de 1996 sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Población y Desarrollo(4),

–   Vista la Resolución sobre la importancia de las Conferencias mundiales de las Naciones Unidas celebradas entre 1990 y 1996 para la cooperación entre la Unión Europea y los Estados ACP en el marco del Convenio de Lomé aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 29 de octubre de 1997 en Togo(5),

–   Vista la Resolución sobre el seguimiento de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer (Pequín, 1995) aprobada el 23 de marzo de 2000 por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en Abuja (Nigeria)(6),

–   Vista su Resolución de 18 de mayo de 2000 sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín(7),

–   Vista la Resolución sobre los resultados de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebrada los días 5 a 9 de junio de 2000 y dedicada al tema «Mujeres 2000: Igualdad, desarrollo y paz para el siglo XXI» aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 12 de octubre de 2000 en Bruselas (Bélgica)(8),

–   Vista la Resolución sobre la importación y la producción local de medicamentos genéricos aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 22 de marzo de 2001 en Libreville (Gabón)(9),

–   Vistas las Resoluciones sobre la situación en materia de VIH/SIDA aprobadas por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 23 de marzo de 2000 en Abuja (Nigeria)(10) y el 1 de noviembre de 2001 en Bruselas (Bélgica)(11),

–   Vista la Resolución sobre los derechos de las personas con discapacidad y de edad avanzada en los países ACP aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de noviembre de 2001 en Bruselas (Bélgica)(12),

–   Vista su Resolución de 7 de febrero de 2002 sobre la política de la Unión Europea con respecto a los países mediterráneos asociados en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en dichos países(13),

–   Vista la Resolución sobre cuestiones de salud, juventud, personas de edad avanzada y personas con discapacidad aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 21 de marzo de 2002 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica)(14),

–   Vista su Resolución de 25 de abril de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el Programa de Acción para la integración del factor género en la cooperación de la Comunidad al desarrollo(15),

–   Vista su Resolución de 20 de septiembre de 2001 sobre las mutilaciones genitales femeninas(16), así como su Resolución de 3 de julio de 2002 sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia(17),

–   Vista su posición de 13 de febrero de 2003 con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda para políticas y acciones relativas a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo(18),

–   Vista la Resolución sobre los derechos de los niños, incluidos los niños soldados, aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 11 de octubre de 2003 en Roma (Italia)(19),

–   Visto el artículo 163 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (A5‑0055/2004),

A.   Considerando que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) adoptado por 179 Estados en El Cairo, en 1994, y su consiguiente consenso volvieron a confirmarse cinco años después en el contexto de la revisión del Programa,

B.   Considerando que son sobre todo mujeres y niños los que viven por debajo del límite de pobreza, estando especialmente las mujeres y las muchachas privadas del acceso a la formación, pues un 57 % de los menores que no asisten a ninguna escuela primaria son niñas, de manera que las jóvenes y las mujeres están también considerablemente desfavorecidas en lo que respecta al acceso a las medidas de planificación familiar,

C.   Considerando que en la Conferencia de El Cairo se destacaron una serie de objetivos en materia de población y desarrollo, principalmente el crecimiento económico sostenible, la erradicación de la pobreza, la educación, la igualdad entre los sexos, la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna y, por vez primera, las necesidades de hombres y mujeres concretos, y no el establecimiento de objetivos demográficos abstractos,

D.   Destacando que toda persona tiene derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud física y mental, que los programas de salud reproductiva deben proporcionar la más amplia gama de servicios sin coacción ninguna y que todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo,

D.   Destacando que toda persona tiene derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud física y mental, que los programas de salud reproductiva deben proporcionar la más amplia gama de servicios sin coacción ninguna y que todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo(20),

E.   Considerando que la educación sexual y los servicios de planificación familiar tienen que englobar también expresamente la responsabilidad de los hombres en la salud reproductiva de sus compañeras así como una planificación de los nacimientos adaptada a las familias,

F.   Considerando que, de conformidad con el Programa de Acción, «mediante el sistema de atención primaria de salud, […] la salud reproductiva [deberá estar] al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015»(21),

G.   Considerando que la ejecución del Programa de Acción sobre los objetivos de desarrollo del milenio también resulta imprescindible para asegurar la salud reproductiva, pues tres de los objetivos de desarrollo del milenio están directamente relacionados con la salud reproductiva (reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud maternal, erradicación del VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades) y que está comúnmente aceptada la relación entre la lucha contra la pobreza, el acceso de las mujeres a la educación y la formación y la salud sexual y reproductiva, por lo que las inversiones son particularmente rentables en este ámbito,

H.   Deplorando empero que en 2000 el gasto total (incluidos los créditos y pagos de las Naciones Unidas) únicamente haya supuesto el 45,6 % del importe global previsto para ese año en el Programa de Acción y que los países donantes sólo hayan aportado el 45 % de la contribución económica a que se comprometieron en el marco Programa de Acción de El Cairo mientras que los países en desarrollo han llegado hasta el 76 %,

I.   Considerando que no todos los países donantes se sienten comprometidos en la misma medida y que, por consiguiente, existe una gran laguna de financiación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, aun cuando la Unión Europea haya desempeñado un cometido clave tanto en la asignación de fondos a corto plazo como en el apoyo al Programa de Acción mediante medidas legislativas,

J.   Recordando que, en la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación de la CIPD celebrada en 2002 en Ottawa, los parlamentarios se comprometieron a reivindicar que entre el 5 y el 10 % de los presupuestos nacionales se destinaran a la población y a la salud sexual y reproductiva,

K.   Considerando que el Foro Europeo de Población, a propuesta de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, con la participación de numerosos representantes parlamentarios y de organizaciones no gubernamentales, ha confirmado expresamente el Programa de Acción de El Cairo como base común de actuación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva así como de los derechos en esta materia,

L.   Considerando que la denominada Política de la Ciudad de México priva de fondos de la USAID a toda organización extranjera que, con dinero no procedente de los EE.UU., practique, mencione, aconseje o defienda el aborto, con independencia de que éste sea legal en el país en cuestión; que la política citada ha empeorado los problemas que pretendía resolver, pues a medida que las clínicas cierran y resulta más difícil acceder a servicios de salud reproductiva, disminuye a escala mundial el número de mujeres de escasos recursos que pueden permitirse recurrir a la contracepción, lo que conlleva un aumento de embarazos no deseados y, por consiguiente, de abortos, muchos de ellos en deficientes condiciones de seguridad, lo que a su vez incrementa la tasa de mortalidad materna,

M.   Considerando que la necesidad de garantizar la igualdad de géneros no es sólo una cuestión de derechos, sino también cada vez más una cuestión de eficiencia económica, pues los avances en materia de igualdad repercuten con frecuencia benéficamente en el bienestar social general;

N.   Preocupado porque en algunas regiones del mundo el convencimiento de la existencia de una superioridad, falsa, del hombre ante la mujer desemboca en la coacción para el aborto selectivo de género o el asesinato de niñas recién nacidas de tal manera que, por ejemplo en China, en el censo de 2000 se constató que por cada cien niñas nacen 120 niños y que por tal motivo, de acuerdo con las previsiones de la UNICEF, dentro de unos años habrá 50 millones de hombres que no podrán encontrar pareja,

O.   Considerando que, con frecuencia, el contexto cultural, religioso, social y económico, así como la situación relativa al respeto de los derechos humanos constituyen factores que no favorecen la emancipación y la autodeterminación de las mujeres,

P.   Consciente de que las muchachas y las mujeres son víctimas, en gran medida, a escala mundial de violencia socioestructural, es decir, de violencia doméstica o militar, masculina, la violación en tiempos de guerra o de crisis, el embarazo no deseado, los abusos sexuales y la prostitución forzosa de mujeres y muchachas de toda edad, la mutilación genital, el matrimonio concertado impuesto, el abandono o la venta de niñas recién nacidas, etc., y que todo ello supone una violación de los derechos humanos universales, vulnera la libertad de elección sexual y constituye un riesgo considerable para salud sexual y mental de la mujer,

Q.   Tomando nota de que, de conformidad con los estudios de las Naciones Unidas, una tercera parte de los embarazos a escala mundial no han sido deseados o previstos y de que más de 300 millones de parejas no tienen acceso a métodos anticonceptivos, lo que hace que, en muchas ocasiones, las mujeres aborten en condiciones precarias, lo que, con frecuencia, tiene graves consecuencias para la salud y puede provocar su muerte,

R.   Considerando que en los embarazos y los partos fallecen anualmente unas 500 000 mujeres y que el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio es "reducir en tres cuartas partes el índice de mortalidad derivada de la maternidad", que la falta de acceso a los servicios de salud básicos, educación e información sobre salud reproductiva, por ejemplo, el asesoramiento prenatal, contribuye a que los embarazos continúen siendo una de las principales causas de discapacidad y muerte de la mujer en los países en desarrollo,

S.   Considerando que menos del 1 % de las mujeres de los países más gravemente afectados por el VIH tienen acceso a los servicios de prevención de la transmisión de madre a hijo y que 3,2 millones de niños menores de 15 años están infectados con el VIH, así como que la mitad de todas las nuevas infecciones con el VIH afectan a los jóvenes, con riesgo especial para las muchachas y mujeres jóvenes, lo que refleja la necesidad de contar con programas específicos de prevención del VIH para jóvenes,

T.   Considerando que en la actualidad un millón de adolescentes entra en la fase reproductiva y que la mitad de todas las nuevas infecciones con el VIH afectan a los jóvenes, con riesgo especial para las muchachas y mujeres jóvenes,

U.   Preocupado porque una gran parte de las infecciones por VIH/SIDA se producen con jeringuillas contaminadas, pues incluso la propia OMS admite que, a escala mundial, el 75 por ciento de las inyecciones se realizan con jeringuillas sin esterilizar, y tomando nota de que en siete provincias chinas unas 370 000 personas fueron infectadas con VIH debido a las deficientes condiciones de higiene reinantes en la donación de sangre,

V.   Considerando la alarmante propagación de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida, que entraña la necesidad de integrar plenamente los programas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual/VIH en los programas de salud sexual y reproductiva,

W.   Considerando que, en la actualidad, el 80 por ciento de todos los refugiados a escala mundial son mujeres y niños y que, en situaciones de huida, la mortalidad maternal es frecuentemente mayor debido a una alimentación deficiente y a una sucesión vertiginosa de embarazos y que mediante una actividad sexual sin protección y en situaciones de violencia específica de género se producen más enfermedades de transmisión sexual,

X.   Considerando que el plan de la OMS de ofrecer formación a decenas de miles de «médicos descalzos» para asegurar la asistencia sanitaria también en los ámbitos rurales y pobres es un paso en la dirección adecuada,

Y.   Deplorando que sectores conservadores hayan logrado restringir e incluso reducir los fondos previstos para planificación familiar y que, por ejemplo los EE.UU., mediante la reinstauración de la «Política de la Ciudad de México», hayan congelado sus compromisos con el UNFPA y las ONG que operan en este ámbito a partir de 2002 y, a este respecto, aplaudiendo la iniciativa de la Comisión de compensar la pérdida de financiación,

Z.   Elogia la actuación, a menudo muy difícil, de las organizaciones competentes como el FNUAP o la Fundación Alemana para la Población Mundial, a las que debe garantizarse un apoyo más completo, también en cooperación con los servicios de la Unión Europea y los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros, para mejorar la asistencia sanitaria, ofrecer posibilidades de decisión y prevenir los fallecimientos evitables de mujeres en sus mejores años,

AA.   Señalando que los países industrializados y en desarrollo no pueden considerar gasto en política de población medidas como los servicios de atención primaria de salud o los programas de educación elemental, aun cuando estén relacionadas con ella,

AB.   Considerando que los costes y las consecuencias sociales que entraña no afrontar de manera adecuada la salud reproductiva y los derechos en esta materia de la mayor generación de jóvenes jamás conocida, 1 200 millones de jóvenes a punto de alcanzar su edad reproductiva, serían de gran magnitud, ya que este grupo de edades se encuentra ya afectado en una medida desproporcionadamente alta por infecciones de VIH/sida y embarazos no deseados,

AC.   Considerando que la sociedad civil debe desempeñar un cometido importante y complementario en la ejecución del Programa de Acción y que la Comisión, en particular con vistas a los documentos estratégicos por país, debería colaborar estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente con las agrupaciones y asociaciones de mujeres, las organizaciones de planificación familiar y los movimientos sociales y las organizaciones caritativas y de desarrollo,

1.   Espera que todos los servicios competentes de las Naciones Unidas, así como, en particular los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, la Comisión, las instituciones ACP-UE y las organizaciones no gubernamentales implicadas, ofrezcan una visión completa sobre el estado de ejecución del Programa de Acción de El Cairo con motivo del décimo aniversario de la CIPD en 2004;

2.   Acoge favorablemente la organización de la mesa redonda sobre la CIPD+10 encargada de revisar y evaluar los progresos realizados y los retos pendientes en lo que concierne a la aplicación del Programa de Acción de la CIPD y felicita a la Comisión Europea por su apoyo a esta iniciativa;

3.   Pide a la Unión Europea que publique un balance de las iniciativas desarrolladas hasta ahora y solicita a los Estados miembros que, con arreglo a los compromisos que contrajeron en relación con la ayuda pública el desarrollo (APD), faciliten más recursos para la protección de la salud reproductiva;

4.   Insta a la Unión Europea, a los Estados miembros y a los países en vías de adhesión a cumplir plenamente los compromisos contraídos en cuanto a la aplicación y la financiación del Programa de Acción de El Cairo, también con vistas a la educación básica, secundaria y superior y la formación, especialmente para niñas y mujeres, los servicios de asistencia primaria de salud y al acceso fácil y asequible de todos los jóvenes y adultos a servicios sanitarios competentes durante toda su edad reproductiva para asegurar su salud sexual y reproductiva y su derecho a tomar decisiones en esta materia en condiciones de igualdad y de manera libre y responsable;

5.   Insta a la Comisión a que incluya el Programa de Acción en su cooperación con terceros países y en los foros internacionales y elabore estrategias para su ejecución conjunta;

6.   Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que integren la salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia en sus políticas de desarrollo y que velen en este contexto por una menor mortalidad de lactantes, niños y madres;

7.   Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que impliquen a los Estados Unidos en un debate informado sobre las repercusiones a escala internacional de la reinstauración de la «Política de la Ciudad de México» y alienten al Presidente George W. Bush a rescindirla;

8.   Pide que también una parte más importante de la ayuda humanitaria y de la ayuda de emergencia redunde en beneficio de la salud reproductiva de las personas en situaciones de emergencia;

9.   Considera indispensable que, por ejemplo, a través de una intervención sistemática en la configuración de los programas («programación»), se defina a los más pobres de los pobres en los países afectados como el principal grupo objetivo, pues estas personas son las que más sufren por la falta de acceso a las medidas en favor de la salud reproductiva;

10.   Subraya que las interrupciones del embarazo no deben considerarse un método de planificación de los nacimientos, pero se pronuncia en favor de que las mujeres que no vean otra salida a su situación de emergencia puedan recurrir, para proteger su salud reproductiva y psíquica, a una intervención que no sea sancionable y sea médicamente segura, lo que en los países en desarrollo se traduciría en un retroceso de la mortalidad materna, pues un 14 % de las mujeres que no sobreviven al puerperio son víctimas de interrupciones del embarazo realizadas de manera inadecuada;

11.   Insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que se coordinen mejor en el seno de la comunidad de donantes y destinen más fondos a los programas en materia de salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia, a fin de cumplir los compromisos internacionales contraídos en El Cairo en 1994;

12.   Pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en su conjunto que, en ausencia de una cura para el sida, aumenten los recursos destinados a la investigación y el desarrollo a escala internacional de una vacuna del sida y ensayos clínicos completos, especialmente en los países en desarrollo, así como su compromiso con todo lo anterior;

13.   Considera oportuno que se facilite a los países en desarrollo ayuda presupuestaria destinada al ámbito sanitario, pero pide sin embargo que esté garantizado que una gran parte de esta ayuda se utilice para el mantenimiento o el restablecimiento de la salud reproductiva;

14.   Subraya la necesidad de mejorar el acceso de las mujeres a la formación, la independencia económica y los procesos de decisión como derechos y requisitos esenciales para el desarrollo y para reducir así las desigualdades relacionadas con el género y la pobreza gracias a la capacitación de las mujeres;

15.   Subraya la importancia de una participación oportuna y activa de los jóvenes en los proyectos, programas y medidas de todo tipo que puedan tener repercusiones positivas sobre sus vidas;

16.   Pide a la Comisión que elabore un acuerdo marco para impulsar la realización de los objetivos de El Cairo hasta el año 2015 y para coordinar los esfuerzos en el ámbito de la cooperación financiera de la Unión Europea, de los Estados miembros y de los otros donantes institucionales, para que puedan alcanzarse con ello los objetivos convenidos en relación con los recursos globales para los programas en los ámbitos de la población y de la salud reproductiva, incluido el VIH/SIDA;

17.   Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos de investigación para desarrollar medios de protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA así como métodos fácilmente aplicables por las mujeres para prevenir embarazos no deseados;

18.   Considera necesaria la sensibilización de los miembros de las delegaciones de la Comisión con respecto a los objetivos convenidos en El Cairo y su formación continuada en materia de cuestiones específicas del sexo para acelerar la realización de los objetivos establecidos en los ámbitos de la salud y la población;

19.   Espera que la OMS y todos los demás entes implicados desplieguen todos los esfuerzos necesarios para evitar, mediante medidas adecuadas de higiene, la propagación del VIH con jeringuillas sin esterilizar para contener los perjuicios a la salud reproductiva causados por circunstancias independientes del comportamiento individual y que incluso en caso de «sexo seguro» pueden conducir a una infección que puede resultar mortal;

20.   Pide que la Unión y sus Estados miembros así como los Gobiernos y las instituciones de los países en desarrollo lleven a cabo en los países en desarrollo amplias campañas de información y asesoramiento y otras medias apropiadas con la siguiente finalidad:

21.   Pide a la Comisión y al Consejo de Ministros ACP que concedan una gran importancia a la protección de la salud reproductiva en el marco de la cooperación ACP y que incluyan en los documentos estratégicos por país las medidas necesarias para ello;

22.   Pide a los países en desarrollo que también aporten los fondos que se han comprometido a destinar a la asistencia sanitaria;

23.   Subraya que el acceso a los anticonceptivos, en especial a los preservativos, tiene que mejorar sensiblemente, sobre todo en los países más pobres para las capas más pobres de la población;

24.   Insta a todos los gobiernos a prohibir prácticas y tradiciones nocivas como, por ejemplo, la mutilación genital femenina y a informar mediante campañas de sensibilización de que se trata de una violación intolerante de la integridad física de la mujer que tiene graves consecuencias para la salud, pudiendo provocar incluso la muerte;

25.   Acoge con satisfacción que quince Estados africanos hayan prohibido legalmente la mutilación genital de las muchachas y las mujeres, espera que esa legislación se aplique también en la forma correspondiente, lo que beneficiará en último término a la salud reproductiva de las mujeres, al evitar infecciones y complicaciones peligrosas en los embarazos y los partos, y pide a los demás Estados africanos en los que se practica la mutilación genital que adopten asimismo medidas legales al respecto;

26.   Propone al Parlamento Europeo que, en el marco de sus futuros informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo y en la Unión Europea, preste una atención particular a la igualdad de los sexos y a los derechos sexuales y reproductivos;

27.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo ACP-UE, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS).

(1) DO L 224 de 6.9.2003, p. 1. (2) DO L 224 de 6.9.2003, p. 7. (3) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3. (4) DO C 211 de 22.7.1996, p. 31. (5) DO C 96 de 30.3.1998, p. 19. (6) DO C 263 de 13.9.2000, p. 41. (7) DO C 59 de 23.2.2001, p. 258. (8) DO C 64 de 28.2.2001, p. 49. (9) DO C 265 de 20.9.2001, p. 24. (10) DO C 263 de 13.9.2000, p. 44. (11) DO C 78 de 2.4.2002, p. 66. (12) DO C 78 de 2.4.2002, p. 64. (13) DO C 284 E de 21.11.2002, p. 337. (14) DO C 231 de 27.9.2002, p. 57. (15) DO C 131 E de 5.6.2003, p. 153. (16) DO C 77 E de 28.3.2002, p. 126. (17) DO C 271 E de 12.11.2003, p. 369. (18) P5_TA(2003)0060. (19) Pendiente de publicación en el DO. (20) Programa de Acción de El Cairo, principio 8. (21) Programa de Acción de El Cairo, apartado 7.6.

Entre el 5 y el 13 de septiembre de 1994 se celebró en El Cairo la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo, que fue organizada por las Naciones Unidas y se inscribió en el marco de una serie de conferencias mundiales de la ONU celebradas entre 1990 y 1996, que imprimieron un nuevo dinamismo a la cooperación internacional y, sobre todo, a la relación entre los países ricos y pobres. La citada serie de conferencias internacionales, entre las que destaca la de El Cairo, abarca desde la Conferencia «Educación para todos» celebrada en Jomtien (Tailandia) y la Cumbre Mundial en favor de la infancia que tuvo lugar en Nueva York en 1990, pasando por la Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo de Río de Janeiro en 1992, la Conferencia sobre derechos humanos de Viena en 1993, la Cumbre sobre desarrollo social de Copenhague y la Conferencia sobre la mujer de Pekín en 1995, hasta la Conferencia Hábitat II de Estambul y la Cumbre Mundial sobre la alimentación que albergó Roma en 1996. Puede considerarse que todas estas conferencias (aunque no sea su función exclusiva) se encuentran en la vanguardia de la formulación de los objetivos de desarrollo del milenio.

En el contexto del objetivo fundamental de la lucha contra la pobreza, los resultados de las conferencias de las Naciones Unidas celebradas en la década de los noventa pueden resumirse en una serie de reivindicaciones básicas que se hallan también entre los citados objetivos de desarrollo del milenio:

La Conferencia de El Cairo sobre población y desarrollo desempeñó un papel fundamental de cara a que la comunidad internacional asumiera todos estos objetivos, dado que abordó simultáneamente la base principal del desarrollo global y cuestiones transversales de carácter primordial. El progreso de la población resulta decisivo para el proceso de desarrollo, tanto a escala internacional como en el ámbito nacional. Los participantes en la Conferencia llegaron a la conclusión de que una política demográfica que aspire exclusivamente a frenar el crecimiento de la población está destinada al fracaso.

El Programa de acción propuesto en la Conferencia de El Cairo, que contó con la aprobación de un total de 179 Estados, establece unos objetivos fundamentales que en última instancia pueden conllevar una evolución demográfica equilibrada y sostenible:

El derecho a la salud reproductiva y a la planificación familiar constituye un aspecto fundamental dentro de la nueva concepción de la política demográfica. Las medidas en materia de política demográfica que se pretenden aplicar no sólo hacen referencia a la planificación familiar en sentido estricto, sino que comprenden asimismo la oferta de servicios básicos en el ámbito de la salud reproductiva, la asistencia previa y posterior al parto, los programas de prevención y lucha contra enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH/SIDA), las actividades de investigación y la consecución de una mayor capacidad de análisis a escala nacional.

El Programa de acción de El Cairo ha atraído la inversión de cantidades anuales que se consideraban imprescindibles para proceder a su ejecución. El presupuesto de dicho Programa de acción se estableció en 2000 en 17.000 millones de dólares estadounidenses, en 2005, en 18.500 millones; en 2010, la suma debería ascender a 20.500 millones y en 2015 a 21.700 millones de dólares. Alrededor de dos tercios de estas cantidades deben proceder de los países en desarrollo, mientras que los países industrializados aportarán el tercio restante a los programas previstos en el marco de la cooperación al desarrollo. Sin embargo, las cifras del año 2000 distan mucho de corresponderse con la realidad, pues en total se invirtieron menos del 50 % de los recursos económicos prometidos, si bien cabe señalar que los países en desarrollo se aproximaron más a sus objetivos que los industrializados. Desde entonces, la situación no ha mejorado. En el año 2000 se invirtieron un total de 10.900 millones de dólares estadounidenses en actividades relacionadas con la política demográfica, cantidad que disminuyó en 2001 hasta 9.400 millones de dólares, de los cuales sólo 2.300 fueron proporcionados por los países industrializados y 7.100 por los propios países en desarrollo. Entre otros aspectos, resulta problemática la reimplantación por parte del Gobierno de Bush de la denominada política «Ciudad de México», en virtud de la cual no se pueden destinar fondos públicos a aquellas organizaciones que luchan por aumentar la seguridad en las interrupciones voluntarias del embarazo. Esta actitud ha supuesto importantes recortes en la financiación de ONG y organizaciones internacionales de todo el mundo activas en el ámbito de la política demográfica, como el UNFPA y la OMS. La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que tuvo lugar septiembre de 2003 instó a todos los Estados miembros del Consejo a compensar el desequilibrio provocado por los recortes estadounidenses.

No obstante, es obvio que no sólo se pueden ponderar las consecuencias y éxitos de la Conferencia de El Cairo atendiendo a los recursos económicos que en la actualidad se destinan a la política demográfica. La primera consecuencia fue, sin duda, la elaboración del propio Programa de acción de El Cairo, cuya aprobación desencadenó una dura lucha entre la mayoría de los países y un grupo de Estados «fundamentalistas» en torno al Vaticano y algunas naciones islámicas por la cuestión de la interrupción del embarazo y la contracepción. El citado Programa, como ya se indicó con anterioridad, otorga gran importancia a salud reproductiva y a la planificación familiar. Así pues, se pasó de un planteamiento tradicional a una política demográfica que aborda las causas y consecuencias fundamentales del crecimiento de la población y los cambios que sufre la estructura demográfica. En este sentido, el primer éxito cosechado por la Conferencia fue el consenso alcanzado por los 179 Estados participantes al término de la misma.

Sin embargo, no es posible incluir en el cálculo una serie de medidas, como la existencia de servicios sanitarios primordiales o de programas en el ámbito de la educación básica, que guardan una estrecha relación con la política demográfica. En este aspecto, las cifras relativas a la aplicación del Programa de acción constituyen sólo un reflejo parcial la situación.

En el marco internacional, a menudo se considera que la política demográfica se centra o incluso se reduce a los países en desarrollo, olvidando que el desarrollo demográfico en los Estados africanos situados al sur del Sahara o en aquellos países asiáticos más poblados, como China, la India, Indonesia y Bangladesh, parece poseer también gran interés por motivos más que justificados. No obstante, no hay que pasar por alto la situación que atraviesan los países industrializados. El desarrollo demográfico en los estados «del norte» se caracteriza por la reducida tasa de natalidad y la progresiva disminución de la población autóctona, lo cual puede compensarse en parte con la inmigración. En su conjunto, la esperanza de vida de la población (sobre todo en Europa) es cada vez mayor y la pirámide de población se está invirtiendo por completo. En consecuencia, los sistemas sociales (los seguros médicos, los sistemas de pensiones, etc.) se ven sometidos a una carga creciente y se producen conflictos derivados de la estructura generacional de la población y del aumento de la inmigración. Así pues, no hay que desatender todas estas cuestiones, si bien cabe señalar que la gravedad que revisten los problemas del desarrollo demográfico varía de unos países en desarrollo a otros.

Aunque algunas de las causas y consecuencias son evidentes, sería preciso volver a hacer hincapié en su existencia en el marco de una valoración de la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo al cabo de diez años de su celebración.

Cabe señalar que el constante crecimiento demográfico que se registra en muchos países en desarrollo ha provocado que el crecimiento experimentado por la economía no se haya traducido en un aumento del producto nacional bruto ni de la renta per cápita. Los éxitos económicos se ven literalmente aniquilados por el crecimiento demográfico.

Por otra parte, el crecimiento demográfico no se justifica exclusivamente con la elevada tasa de natalidad. Así, por ejemplo, la esperanza de vida en la India se ha doblado desde que el país proclamó su independencia hace cinco décadas, pasando de los 30 a los más de 60 años (64,6 años en el caso de las mujeres y 63,2 en el de los hombres). Obviamente esta tendencia tan positiva repercute de forma considerable en el desarrollo demográfico. En consecuencia, el crecimiento de la población no sólo se debe a una elevada tasa de natalidad o al incremento de la misma, sino al aumento de la esperanza de vida. Esta situación exige nuevas respuestas por parte de los países afectados, que hasta la fecha no estaban preparados para albergar a un número tan elevado de ancianos y carecen de las infraestructuras necesarias para este colectivo, desde servicios de asistencia a la tercera edad hasta residencias de ancianos.

No obstante, los países en desarrollo ya están siendo testigos de un cambio paulatino en la mentalidad de sus habitantes, que ya no consideran que tener muchos hijos constituya un «seguro de vida». El número de hijos deseados está disminuyendo incluso en algunos países africanos que aún presentan una tasa de natalidad elevada.

Por otra parte, en algunos Estados africanos subsaharianos el crecimiento demográfico es nulo debido al creciente número de enfermedades y muertes prematuras (desencadenadas por el VIH/SIDA). Estas enfermedades afectan fundamentalmente a la población trabajadora (porque es la más activa desde el punto de vista sexual), mientras que los niños y las personas mayores no las padecen en una proporción tan elevada. En consecuencia, algunos países sufren una catástrofe económica que puede llegar a desembocar en una catástrofe en el ámbito del abastecimiento (el sector de la producción de alimentos no dispone de la suficiente mano de obra) o en una catástrofe educativa, puesto que cada vez es inferior el número de profesores y profesoras.

Aunque resulta obvio y todo el mundo reconoce que existe una conexión directa entre la lucha contra la pobreza, los derechos de las mujeres y la salud reproductiva y sexual, lo cierto es que no siempre se actúa en consonancia con esta convicción. Se ha de luchar por la protección de los derechos de la mujer al tiempo que se aplican medidas en el ámbito de la salud reproductiva (facilitando productos e información y respondiendo a cualquier pregunta). De este modo, será posible garantizar el éxito en materia de salud reproductiva, lo cual a su vez redundará en beneficio de la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, en especial el VIH/SIDA. En algunos países de África, casi el 40 % de las mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años están infectadas (Swazilandia, Lesotho y Botswana), frente al 0,05 % de Alemania o al 0,18 % de Francia.

El desarrollo económico de un país experimenta mejoras específicas mediante el aumento de las posibilidades de acceso a la educación, sobre todo entre las mujeres y las niñas. Además de la repercusión directa que ello supone para el mercado laboral, que se ve enriquecido por una mano de obra cualificada y más numerosa, aquellas mujeres que están mejor informadas y cuentan con una formación son mucho más sensibles a la importancia de la prevención sanitaria, por ejemplo de la prevención del VIH/SIDA. Además las mujeres con estudios tienden a casarse más tarde y, por ende, tienen hijos mucho después y en un número inferior, lo cual se refleja en la tasa de natalidad. En la actualidad, las posibilidades de acceso a la educación se distribuyen de forma muy irregular en todo el mundo. Mientras que el analfabetismo constituye un fenómeno insignificante en los países de la Europa occidental, en Asia y África la población analfabeta ronda o supera el 30 %. Por lo común, el número de mujeres analfabetas es superior al de hombres, en Etiopía por ejemplo asciende al 69 % (frente al 53 % de varones) y en el Pakistán al 72 % (frente al 43 % de hombres analfabetos).

Asimismo es preciso prestar una especial atención a la situación de las mujeres y los niños refugiados, pues cabe señalar que la inmensa mayoría de los refugiados pertenece a alguno de estos dos colectivos. Esta situación lleva asociados numerosos problemas, como las deficientes condiciones higiénicas, el escaso suministro de alimentos y la profusión de enfermedades que ello conlleva. El elevado índice de abusos sexuales y violaciones que se registra en los campos de refugiados ocasiona, entre otras cosas, un aumento de los casos de VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual, lo cual a su vez empeora las condiciones de vida en estos lugares.

Los indicadores de los objetivos de la Conferencia de El Cairo ponen de manifiesto asimismo en el año 2003 la existencia de desigualdades muy notables entre regiones y países ricos y pobres. Así, por ejemplo, la mortalidad de los lactantes en algunos países africanos todavía supera con creces las cien muertes por cada mil nacimientos (177 en Sierra Leona, 147 en Liberia, 140 en Angola, 126 en Nigeria y 122 en Mozambique, entre otros), frente a las 9 muertes que se registran en Europa. También resulta alarmante la elevada mortalidad de las madres en algunos países africanos y asiáticos: en Malawi, por ejemplo, por cada 100.000 nacimientos vivos mueren 1.936 mujeres como consecuencia del embarazo, el parto y complicaciones asociadas a ambos, en Kenya el número de muertes se eleva a 1.564 muertes y en el Afganistán a 1.276. Frente a estas cifras, los países europeos como Alemania y Francia presentan respectivamente 11 y 22 casos de mortandad respectivamente.

Población y desarrollo: El Cairo + 10 – no se ve el fin del sufrimiento de la mujer. Cuentas de la miseria.

"Si fueran hombres jóvenes los que murieran, al ritmo de unos 1 450 al día o 529 000 al año, por causas en gran medida evitables, sería un asunto para el Consejo de Seguridad” (Cita de un conocido médico africano).

Datos sobre la salud reproductora

I.   Global

Cada minuto muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo

Cada minuto 13 mujeres sufren complicaciones serias.

Cada año ocurren aproximadamente 200 000 muertes maternas por la carencia o el fracaso de los servicios de control de natalidad.

De los 175 millones de embarazos anuales, al menos 75 millones son no deseados, con el resultado de 45 millones de abortos y 30 millones de nacimientos vivos.

Se dan aproximadamente 100 abortos por minuto, de los cuales 40 se realizan en condiciones poco seguras por parte de personal no cualificado.

Cada año mueren 70 000 mujeres por abortos en malas condiciones

Cerca de la mitad de los partos que se dan en los países en desarrollo tienen lugar sin atención médica cualificada.

Más de 350 millones de parejas no tienen acceso a servicios de planificación familiar.

Aproximadamente126 millones de mujeres utilizarían tales servicios de forma inmediata si estuvieran disponibles y fueran económicamente asequibles.

Un millón de mujeres mueren cada año por infecciones del aparato reproductor, incluidas infecciones no relacionadas con el VIH/SIDA.

El VIH infecta a 10 personas por minuto, de las cuales la mitad tienen 24 años o menos.

Aumentan los casos de violación y otros tipos de abuso sexual, incluso en Europa.

La violencia doméstica es una de las primeras causas de suicidio entre las mujeres jóvenes.

Más de 100 millones de mujeres que estarían ahora vivas, no lo están debido al aborto selectivo, el infanticidio y la negligencia.

Cada año se introducen en el mercado sexual 2 millones de niñas de entre 5 y 15 años de edad, muchas en contra de su voluntad, en una situación de auténtica esclavitud.

Aproximadamente 130 millones de mujeres han sido víctimas de mutilación genital y cada año 2 millones se encuentran en situación de riesgo.

Hay aproximadamente 2 millones de mujeres afectadas de fístula obstétrica, una situación terrible que surge a causa de embarazos problemáticos, que se da fundamentalmente en mujeres jóvenes que tienen el conducto pélvico poco desarrollado y no tienen acceso a cuidados obstétricos de urgencia. El bebé no puede pasar por el conducto pélvico y a menudo nace muerto. Tras varios días de parto, las mujeres quedan con desgarros en la vejiga o el intestino o en ambos, y por tanto incapacitadas para controlar las funciones corporales. Se convierten en parias para la sociedad, rechazadas por sus familias y abocadas a la mendicidad. A título comparativo, el último hospital que atendía casos de fístula obstétrica en Estados Unidos cerró en 1886.

II.   Datos seleccionados

En el mundo desarrollado los problemas de reproducción son la primera causa de muerte y discapacidad de las mujeres en edad reproductora.

En Afganistán la mitad de las muertes de mujeres de entre 15 y 50 años de edad son causadas por problemas relacionados con el embarazo.

Una mujer del África subsahariana tiene un riesgo 150 veces mayor de morir por el embarazo que sus hermanas europeas.

En Dinamarca muere una mujer por causas materiales cada 4 meses, pero en Afganistán cada 26 minutos.

(Los datos son de la Declaración de Stirling Scrooges, Director de Relaciones Exteriores y Movilización de Recursos del Fondo de las Naciones Unidas sobre Población (UNFPA), emitido en la Audiencia de la Comisión de Asuntos Extranjeros, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa del Parlamento Europeo sobre Salud Reproductora como Derecho Humano el 2 de diciembre de 2003).

7 de enero de 2004

para la Comisión de Desarrollo y Cooperación

sobre población y desarrollo: 10 años después de la Conferencia de las Naciones Unidas de El Cairo

(2003/2133(INI))

Ponente de opinión: Geneviève Fraisse

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 2 de octubre de 2003, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades designó ponente de opinión a Geneviève Fraisse.

En las reuniones de los días 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2003, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las sugerencias que se presentan a continuación por unanimidad con tres abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación: Anna Karamanou (presidenta), Jillian Evans (vicepresidenta), Geneviève Fraisse (ponente de opinión), Konstantinos Alyssandrakis (suplente de Armonia Bordes, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Regina Bastos, Lone Dybkjær, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Thomas Mann, Maria Martens, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (suplente de Sabine Zissener), Elena Ornella Paciotti, Christa Prets, Patsy Sörensen, María Sornosa Martínez (suplente de Elena Valenciano Martínez-Orozco) y Helena Torres Marques.

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de Desarrollo y Cooperación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

–   Vistos el Programa de acción aprobado en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de El Cairo en 1994 y las Acciones clave para la continuación de la aplicación del programa de El Cairo decididas en la Conferencia de El Cairo + 5 en 1999,

–   Vistos los objetivos fijados en la Cumbre del Milenio que consisten en reducir la pobreza y la mortalidad maternal e infantil, en promover la igualdad entre los sexos y en garantizar la educación primaria para todos antes de 2015, y reconociendo que la educación de las mujeres constituye un requisito previo para la reducción de la pobreza,

–   Vistas la Declaración y la Plataforma de acción de Pekín aprobadas en 1995 en la 4ª Conferencia mundial sobre la mujer,

–   Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por los Estados miembros de la UE,

–   Vistos los trabajos de la Conferencia de Viena sobre los derechos humanos (1993) que reafirman los derechos humanos de las mujeres y condenan su vulneración en nombre de la cultura y la tradición,

–   Vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento de la Conferencia internacional de El Cairo, aprobada el 4 de julio de 1996,

–   Vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia, aprobada el 3 de julio de 2002,

–   Visto el Reglamento (CE) nº 1567/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo, aprobado el 15 de julio de 2003,

A.   Considerando que un 57 % de los niños no escolarizados en la enseñanza primaria son muchachas, que las mujeres representan un 70 % de la población que vive por debajo del umbral de pobreza, que muy numerosas mujeres están afectadas por el VIH/sida, y que son sobre todo las jóvenes de entre 15 y 20 años las que corren un gran riesgo,

B.   Considerando que 350 millones de mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos, debido exclusivamente a una importante carencia anual de preservativos, que el embarazo precoz afecta a 14 millones de adolescentes, que 500 000 mujeres fallecen cada año de las consecuencias de un embarazo, y que el aborto practicado en condiciones peligrosas es la causa de un 14 % de las muertes de mujeres embarazadas,

C.   Considerando que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reconocidos en El Cairo aún no se respetan en todos los países, y que la desigualdad entre los sexos sigue siendo un freno para el desarrollo de los países y la realización de los derechos sexuales y reproductivos,

D.   Considerando que el reconocimiento y la importancia de las responsabilidades masculinas son innegables,

1.   Reconoce que tanto la igualdad entre los sexos como los derechos sexuales y reproductivos desempeñan un papel esencial en el desarrollo y constituyen factores clave de cara a la reducción de la pobreza;

2.   Subraya la importancia de reforzar el acceso de las mujeres a la educación, a la independencia económica y a los procesos decisorios, como derechos esenciales y condiciones necesarias para el desarrollo, con miras a reducir la desigualdad entre los sexos y la pobreza proporcionando más medios de acción a las mujeres;

3.   Insiste en que los actos de violencia de que son objeto las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos más elementales, un obstáculo a la libertad y a la capacidad de las mujeres de llevar una vida responsable y comprometida, y pide que la lucha contra la violencia de género se inscriba entre las prioridades de la acción gubernamental;

4.   Hace un llamamiento a los Estados miembros para que presionen a aquellos países donde se practican las mutilaciones genitales femeninas, a fin de que adopten las medidas legales, administrativas, judiciales y preventivas indispensables para poner fin a dichas prácticas;

5.   Hace hincapié en la necesidad de facilitar a mujeres, hombres y adolescentes el acceso a una amplia gama de cuidados y servicios de calidad, seguros, accesibles, asequibles y fiables en materia de salud reproductiva y sexual, así como a unas oportunidades educativas y unas informaciones adecuadas, incluida la información sobre todo tipo de métodos de planificación familiar;

6.   Pide a los países que garanticen el acceso de las mujeres a los servicios de salud y planificación familiar, y pide a estos servicios que respeten los derechos y la autonomía de las mujeres;

7.   Pide que se facilite a los jóvenes una información específica, adaptada a su edad, sus capacidades y sus circunstancias;

8.   Destaca la importancia de una participación significativa y activa de los jóvenes en los proyectos, programas y políticas que afecten a las vidas de los jóvenes;

9.   Destaca que el aborto no puede promoverse como método de control de la natalidad y pide, para proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, que el aborto sea legal, seguro y accesible;

10.   Pide a los Gobiernos de los Estados miembros actuales y futuros que se abstengan de perseguir judicialmente a las mujeres que hayan abortado ilegalmente;

11.   Considera que la ayuda internacional debería contribuir a asegurar el mantenimiento de los sistemas nacionales de salud pública con el fin de garantizar el acceso del conjunto de las poblaciones y, en particular, de las mujeres y los jóvenes a los cuidados en materia de sexualidad y reproducción;

12.   Expresa su viva inquietud ante el impacto de la «Política de la Ciudad de México» sobre los servicios internacionales de planificación familiar y contracepción y pide a la Unión Europea que palie la pérdida de recursos de las agencias de las Naciones Unidas y las ONG implicadas;

13.   Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos de investigación tendentes a desarrollar medios de protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida así como métodos de prevención de embarazos no deseados susceptibles de ser controlados por las mujeres;

14.   Pide a la Unión Europea y los Estados miembros actuales y futuros, en el marco de sus medidas de cooperación y apoyo a la lucha contra el VIH/sida, que promuevan el derecho de las mujeres y adopten un enfoque integrado que incluya las cuestiones vinculadas al género, a la población así como a la salud sexual y reproductiva;

15.   Pide a la Comisión que elabore un acuerdo marco que permita acelerar la realización de los objetivos de El Cairo de ahora a 2015 y coordine los esfuerzos de cooperación financiera entre la Unión Europea, los Estados miembros y los otros proveedores de fondos institucionales, invirtiendo la situación en cuanto a las deficiencias en la realización de los objetivos en materia de recursos globales acordados para los programas relativos a la población y a la salud reproductiva, incluido el VIH/sida;

16.   Opina que la sensibilización frente a los objetivos de El Cairo y la formación en materia de cuestiones de género del personal de las delegaciones de la Comisión contribuirían a acelerar la realización de los objetivos establecidos en materia de salud y de población;

17.   Pide a la Unión Europea que publique un balance de las iniciativas tomadas hasta ahora y a los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones de destinar el 0,7 % del PIB a la AOD y reafirmen su compromiso con los objetivos de El Cairo durante el 37° período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en marzo de 2004;

18.   Propone prestar, en el marco de sus futuros informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo y en la Unión, una atención especial a la igualdad entre los sexos y los derechos sexuales y reproductivos.