Procedimiento : 2008/2160(INI)
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Ciclo relativo al documento : A6-0103/2009

Textos presentados :

A6-0103/2009

Debates :

PV 25/03/2009 - 11
CRE 25/03/2009 - 11

Votaciones :

PV 26/03/2009 - 4.10
CRE 26/03/2009 - 4.10
Explicaciones de voto
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Textos aprobados :

P6_TA(2009)0194

INFORME     
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25 de febrero de 2009
PE 416.306v03-00 A6-0103/2009

con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet

(2008/2160(INI))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Stavros Lambrinidis

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN (B6-0302/2008)
 OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derechos fundamentales en Internet - mejorados y en peligro al mismo tiempo

Vivimos en una época en que todos, desde los gobiernos a la policía, las empresas privadas e incluso los delincuentes, intentan conseguir el mayor acceso posible a nuestros datos electrónicos privados. Concretamente, Internet proporciona detalles hasta ahora inimaginables sobre nuestras vidas privadas; incluso un solo clic en una página web genera datos de los que, potencialmente, pueden hacer uso y abuso tanto los comerciales, como los servicios secretos o los ladrones de identidades.

Por tanto, una de las tareas más urgentes a las que nos enfrentamos como legisladores consiste en asegurar la protección del derecho fundamental a la privacidad, que además, constituye uno de los retos éticos, legales, tecnológicos y políticos más controvertidos a los que jamás se haya enfrentado nuestra sociedad.

Todos sabemos que Internet puede ser una herramienta de expansión de nuestros derechos fundamentales, debido a que nos concede poder mediante una información ilimitada y nos pone en contacto con personas y comunidades de todo el mundo. Sin embargo, no es tan sabido que, al mismo tiempo, Internet comporta un grave peligro para nuestros derechos fundamentales, al exponernos potencialmente a una vigilancia perniciosa, al servir de herramienta para delincuentes e incluso para terroristas. Y lo menos sabido es cómo regular Internet de modo que podamos hacer uso de sus ventajas y, al mismo tiempo, limitemos el peligro real y grave de abusos. La naturaleza peculiar de Internet complica esta cuestión, pues se trata de una red descentralizada, guiada por los usuarios, que ningún gobierno controla y que traspasa casi todas las fronteras.

Por consiguiente, el presente informe trata de poner de relieve el modo de optimizar la protección y la defensa de las libertades fundamentales en un entorno en línea. Entre los elementos básicos de nuestra respuesta deben constar los siguientes:

- Implicar a todas las partes interesadas;

- Actuar a distintas escalas, empleando los instrumentos nacionales, regionales e internacionales y observando su aplicación en la práctica legislativa actual;

- Intercambiar las mejores prácticas; y

- Dar respuesta a las necesidades y problemas de diferentes tipos de usuarios de Internet y de muchos tipos de actividades en línea en constante evolución.

El propósito fundamental de nuestra misión es alcanzar un equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad, lo cual requerirá constantemente vigilancia y ajustes, con el fin de permanecer sincronizados con el avance incontenible de la tecnología. Debemos prestar suma atención a problemas de seguridad de todo tipo, desde las cuestiones de seguridad nacional a la seguridad y fiabilidad de nuestras redes o a la seguridad personal, debido al intercambio de sus datos en línea. Si bien procurar que Internet sea más segura es un objetivo legítimo para nuestras sociedades, debemos observar y restringir el uso de técnicas de vigilancia y control que amenacen nuestras libertades fundamentales, especialmente en los casos en que se cuestiona su necesidad, proporcionalidad y eficacia. La flexibilidad, la adaptabilidad y la responsabilidad deben ser los distintivos de toda legislación y programas que promulguemos, de modo que podamos seguir un paso por delante de la evolución de las tecnologías.

Internet también puede potenciar enormemente otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, de acción política y de asociación, pero con la misma facilidad puede quebrantarlos. Un ejemplo reciente de dicho debate ha sido la iniciativa legislativa de controlar las conversaciones que tienen lugar en Internet para evitar ataques terroristas. Se trata de un ejemplo clásico de legislación que, a menos que sea diseñada de una forma muy concreta para cumplir sus propósitos, puede dar pie a una vigilancia masiva y, por consiguiente, paralizar el discurso político de las personas, que está en la base de una sociedad democrática.

Encontrar el correcto equilibrio en tales puntos es esencial. No cabe duda de que Internet ofrece a los delincuentes una nueva poderosa variedad de herramientas, y ni que decir tiene que se debería evitar que los terroristas usen Internet para planear y ejecutar atentados. Al mismo tiempo, nuestras sociedades piden con todo el derecho que impidamos la pornografía infantil en la red. Estos delincuentes, al suponer una amenaza tangible, hacen que disminuya la resistencia de nuestros conciudadanos ante las peticiones de la policía de generalizar el control de Internet ─que, por su naturaleza, es «intangible»─. Debemos resistirnos a esta tendencia. Nuestras leyes deben ser eficaces en la lucha contra la delincuencia, pero no deben ser excesivas. Internet, por su naturaleza amorfa e intangible, está por si misma abierta a tales excesos. Por ejemplo, poca gente aceptaría la idea de que la policía o las compañías de marketing pudieran abrir todas las cartas enviadas por correo para comprobar su contenido. Hace falta una vigilancia similar a la hora de proteger el contenido de las comunicaciones electrónicas.

Pero tanto las autoridades gubernamentales que persiguen a delincuentes como las compañías privadas de Internet en busca de beneficios pueden paralizar el discurso e invadir la privacidad. La tendencia más novedosa cuando esto sucede - normalmente sólo a partir del momento en el que se ha sorprendido a compañías in fraganti recogiendo, almacenando y usando nuestros datos sin autorización ─ es pedir el «consentimiento» del usuario (mediante declaraciones de inclusión o exclusión), para el uso de sus datos.

Debemos preguntarnos cuáles son los límites del consentimiento. Esta pregunta se refiere tanto a las revelaciones que una empresa puede pedir a un usuario como al grado de renuncia a la privacidad y otros derechos fundamentales que debería permitirse que una persona haga para recibir ciertos servicios o privilegios de Internet.

Las respuestas a estas preguntas no son tan evidentes. En otro ámbito, ─ el de la legislación laboral, nuestras sociedades están de acuerdo con que existen límites al consentimiento de los ciudadanos sobre su vida privada. La legislación laboral y los convenios colectivos en la mayoría de los Estados miembros determinan, por ejemplo, el máximo de horas de la jornada laboral, el salario mínimo u otros derechos laborales, a los que los individuos no pueden renunciar «negociando» con sus empresas. La razón es sencilla: se supone que no hay equilibrio de poder entre empleado y empresa y que el consentimiento resultante no puede apenas darse con equidad u obtenerse en igualdad de condiciones. Otra razón es que hemos decidido también que debemos evitar la «carrera a la baja» sobre el conjunto entero de derechos laborales que podría producirse si a los trabajadores individuales se les permitiera u obligara a negociar individualmente algunos de sus derechos.

En Internet hay diferencias similares de poder y conocimientos: el poder, el conocimiento y los intereses de las empresas y del gobierno prevalecen con fuerza sobre el usuario individual, como lo hace el peligro de que se ofrezcan servicios de Internet más «baratos» (y así más «atractivos» para algunos usuarios) a cambio de una protección de la privacidad más baja. El ponente tiene la convicción de que la próxima batalla sobre el debate de la seguridad y privacidad en Internet será sobre los límites del «consentimiento» que solicitan gobiernos y empresas privadas.

Este asunto debe importarnos de verdad, porque en la Europa de hoy, «el Gran hermano» no vendrá en forma de régimen autoritario; vendrá, si lo hace, de forma sigilosa y con nuestro «consentimiento».

Finalmente, el derecho a la educación y el derecho al acceso a Internet son dos derechos adicionales que deben promoverse por sus propios méritos, pero que también pueden verse amenazados en el contexto de la lucha contra la delincuencia en Internet. El analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI. Al igual que hoy en día todos los niños tienen derecho a la escolarización y, todos los adultos a seguir una formación, todas las personas deberían tener acceso a un ordenador y a Internet durante toda la vida. Los gobiernos deberían asegurar tal acceso incluso en las regiones más remotas y a los ciudadanos más pobres; además, este acceso no debería denegarse como «castigo» por infracciones cometidas por los ciudadanos. Las personas de todos los contextos sociales y profesiones y de cualquier región y cultura deberían poder aprovechar la amplia variedad de servicios ofrecidos por Internet. De esta manera, podrán seguir su desarrollo personal, entablar relaciones educativas, profesionales y personales, y aprovechar al máximo las oportunidades económicas que permiten las tecnologías y las leyes.


PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN (B6-0302/2008) (11.6.2008)

presentada de conformidad con el apartado 1 del artículo 114 del Reglamento

por Stavros Lambrinidis

sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la Carta de los Derechos Fundamentales, y en particular sus artículos sobre la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información y el respeto de la vida privada y familiar,

–   Vistas las recientes iniciativas para la detección de la delincuencia grave y del terrorismo (el proyecto «Check the web») y la reciente propuesta de modificación de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, así como la propuesta de revisión de la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas,

–   Vistos los trabajos iniciados en el seno del Consejo de Europa (CdE), de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de las Naciones Unidas (ONU), tanto en lo que concierne a la lucha contra la delincuencia y la ciberdelincuencia, como en lo que respecta a la protección de los derechos y las libertades fundamentales, incluido en Internet,

–   Vistas las últimas sentencias en la materia de los tribunales europeos y de los tribunales constitucionales, y en particular la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania (BVerfG) que reconoce un derecho específico a la protección de la confidencialidad y de la integridad de los sistemas informáticos,

–   Visto el apartado 1 del artículo 114 de su Reglamento,

A. Considerando que Internet se ha convertido en un instrumento esencial de amplitud mundial para el desarrollo de la libertad de expresión, así como para el desarrollo de las actividades económicas, y que, en ese contexto, es particularmente esencial que la lucha contra la delincuencia y contra los abusos de los poderes públicos y de los particulares no limite las potencialidades de este instrumento,

B.  Considerando que, dada su dimensión mundial, su rápida evolución y sus características técnicas específicas, el fenómeno Internet difícilmente podrá ser encuadrado tan solo por el Derecho nacional y que es necesario que se adopten iniciativas, concretamente en el ámbito internacional, para proteger los derechos de los individuos, tanto los que conciernen a su seguridad, como los que protegen sus libertades y las que afectan a la protección de sus vidas privadas,

1.  Dirige al Consejo las siguientes recomendaciones encaminadas a crear las condiciones para:

             a)      permitir una aproximación progresiva de las legislaciones nacionales en el interior de la UE en lo que concierne a las exigencias relativas a la protección de los derechos fundamentales en Internet,

             b)     conseguir un refuerzo del diálogo entre los legisladores nacionales y europeos, así como entre los tribunales nacionales y europeos,

             c)      favorecer el diálogo entre todos los actores implicados e interesados en el fenómeno Internet, concretamente los operadores y los usuarios de Internet,

             d)     favorecer la conclusión de los acuerdos necesarios en el ámbito internacional, tanto en el plano bilateral (concretamente las relaciones trasatlánticas) como multilateral (iniciativas a nivel del CdE, la OCDE y la ONU);

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.


OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (20.1.2009)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet

(2008/2160(INI))

Ponente de opinión: Manolis Mavrommatis

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que Internet constituye un instrumento importante y único, que contribuye, entre otros aspectos, al desarrollo y promoción de la libertad de expresión, a la formación de opiniones, a la difusión y valorización de la cultura y de los conocimientos, así como al desarrollo de actividades económicas,

B.  Considerando que, debido a su dimensión interestatal, Internet está regulado por un marco jurídico europeo e internacional que abarca temas como la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de protección de los datos personales y los derechos de propiedad intelectual, así como la seguridad en su utilización, en particular por menores de edad y grupos sociales vulnerables,

1.  Acoge con satisfacción el establecimiento de un programa comunitario plurianual sobre la protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación y expresa el deseo de que se ponga en práctica lo antes posible;

2.  Pide a los Estados miembros, a la Comisión, a los proveedores de Internet, a los representantes de los usuarios y a todas las autoridades competentes que colaboren para reducir y gradualmente suprimir los contenidos ilícitos y nocivos en línea;

3.  Reconoce que el uso generalizado de Internet puede aportar importantes ventajas económicas y sociales y contribuir significativamente a completar el mercado interior, aunque siempre deben garantizarse y protegerse los derechos fundamentales de las personas, basados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y asegurarse un justo equilibrio entre los derechos y libertades de todas las partes implicadas;

4.  Recuerda la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que entró en vigor el 18 de marzo de 2007 y en la que se subraya que las expresiones culturales no pueden considerarse como meros objetos de negociaciones comerciales ya que poseen una doble naturaleza (económica y cultural) y, por consiguiente, deben protegerse frente a los usos indebidos de Internet;

5.  Apoya, por lo tanto, el desarrollo de una oferta legal de contenidos culturales y creativos en línea, así como la lucha contra la piratería.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

20.1.2009

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

25

1

0

Miembros presentes en la votación final

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Maria Berger


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

17.2.2009

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

45

0

0

Miembros presentes en la votación final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Costas Botopoulos, Luis de Grandes Pascual, Jelko Kacin

Última actualización: 12 de marzo de 2009Aviso jurídico