Procedimiento : 2014/2159(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0058/2014

Textos presentados :

A8-0058/2014

Debates :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Votaciones :

PV 15/01/2015 - 11.4

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0009

INFORME     
PDF 216kWORD 98k
9 de diciembre de 2014
PE 539.677v05-00 A8-0058/2014

sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013

(2014/2159(INI))

Comisión de Peticiones

Ponente: Jarosław Leszek Wałęsa

PR_INI_AnnOmbud

ERRATA/ADDENDA
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013

(2014/2159(INI))

El Parlamento Europeo,

–       Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013,

–       Visto el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–       Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–       Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1),

–       Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo en septiembre de 2001,

–       Vistos los principios de transparencia e integridad para los grupos de presión publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

–       Vistas sus anteriores resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo,

–       Visto el artículo 220, apartado 2, frases segunda y tercera, de su Reglamento,

–       Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0058/2014),

A.     Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013 fue transmitido oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 15 de septiembre de 2014, y que la Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, presentó el Informe a la Comisión de Peticiones en Bruselas el 24 de septiembre de 2014;

B.     Considerando que el artículo 24 del TFUE prevé el principio de que todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 228;

C.     Considerando que el artículo 228 del TFUE faculta al Defensor del Pueblo Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;

D.     Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales afirma que: «Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

E.     Considerando que en el artículo 43 de la Carta se afirma lo siguiente: «Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.»

F.     Considerando que esta definición no limita la mala administración a aquellos casos en los que la norma o el principio vulnerado sean jurídicamente vinculantes; considerando que los principios de buena administración trascienden el ámbito estrictamente legislativo; considerando que el primer Defensor del Pueblo señaló que «se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe atenerse obligatoriamente»; considerando que esto exige de las instituciones, órganos y organismos de la Unión no solo el cumplimiento de sus obligaciones legales, sino también que actúen con voluntad de servicio y velen por que los ciudadanos reciban un trato correcto y puedan ejercer plenamente sus derechos;

G.     Considerando que debe ampliase el concepto de «buena administración» a una «mejor administración», entendida como un proceso de mejora continuada en marcha;

H.     Considerando que la principal prioridad del Defensor del Pueblo es garantizar el respeto pleno de los derechos de los ciudadanos, así como que el derecho a la buena administración refleja los niveles más elevados, tal y como se espera que hagan las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión; considerando que el Defensor del Pueblo desempeña una función esencial a la hora de ayudar a las instituciones de la UE a ser más abiertas, efectivas y beneficiosas para los ciudadanos, con el fin de reforzar la confianza de los ciudadanos en la UE;

I.      Considerando que Emily O’Reilly fue elegida Defensora del Pueblo Europeo por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria de 3 de julio de 2013 y que prestó juramento el 30 de septiembre de 2013;

J.      Considerando que, en 2013, 23 245 ciudadanos solicitaron la ayuda de los servicios de la Defensoría del Pueblo; considerando que, de ellos, 19 418 recibieron asesoramiento a través de la guía interactiva de la página web del Defensor del Pueblo, mientras que 1 407 consultas consistieron en peticiones de información; considerando que 2 420 solicitudes se registraron como reclamaciones (frente a 2 442 en 2012); considerando que la Defensoría del Pueblo tomó 2 354 medidas por reclamaciones recibidas en 2013;

K.     Considerando que es importante que el Defensor del Pueblo facilite más información detallada sobre los diferentes formatos de las reclamaciones, de modo que puedan realizarse comparaciones de las reclamaciones recibidas entre los distintos ejercicios en formato electrónico a través de la página web interactiva del Defensor del Pueblo Europeo y las recibidas por medios no electrónicos;

L.     Considerando que, en 2013, la Defensoría del Pueblo inició 350 investigaciones (465 en 2012), de las que 341 se iniciaron a partir de reclamaciones y 9 fueron investigaciones por iniciativa propia;

M.    Considerando que, en 2013, la Defensoría del Pueblo concluyó 461 investigaciones (390 en 2012), de las que 441 se basaron en reclamaciones y 20 fueron investigaciones por iniciativa propia; considerando que, de las investigaciones concluidas, 340 (un 77,1 %) fueron presentadas por ciudadanos a título individual y 101 (un 22,9 %) por empresas, asociaciones u otras entidades jurídicas;

N.     Considerando que las investigaciones concluidas en 2013 guardaron relación con peticiones de información y acceso a documentos (un 25,6 %), la gestión de la Comisión como guardiana de los Tratados (un 19,1 %), asuntos institucionales y políticos (un 17,6 %), la Administración y el Estatuto (un 16,5 % ), oposiciones y procedimientos de selección (14,8 %), la adjudicación de contratos o subvenciones (un 9,5 %), y la ejecución de contratos (un 7,4 %);

O.     Considerando que, en lo que respecta a las investigaciones iniciadas por la Defensoría del Pueblo en 2013, cabe identificar los siguientes temas clave: la transparencia dentro de las instituciones de la UE, cuestiones éticas, la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio de la UE, proyectos y programas financiados con fondos de la UE, derechos fundamentales, y cultura de servicio;

P.     Considerando que las cuestiones más comunes planteadas en el ámbito de la transparencia tienen que ver con la denegación del acceso a los documentos o a la información por parte de las instituciones, con las reuniones celebradas a puerta cerrada y con la opacidad en la designación de los miembros que componen los grupos de expertos de la UE; considerando que el acceso del público a los documentos es uno de los derechos garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE;

Q.     Considerando que la Defensoría del Pueblo trabaja en estrecha cooperación con distintas redes, la más prominente de las cuales es la Red Europea de Defensores del Pueblo, que consta de 94 oficinas en 35 países europeos; considerando que las reclamaciones que se sitúan fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo se remiten al miembro de la Red que resulte más indicado para tramitar el asunto correspondiente; considerando que el 52,5 % de las reclamaciones recibidas fueron remitidas a otros miembros de la Red;

R.     Considerando que la Comisión de Peticiones del Parlamento es miembro de pleno derecho de la Red Europea de Defensores del Pueblo; considerando que, en 2013, la Defensoría del Pueblo remitió 51 reclamaciones a dicha comisión; considerando que 178 asuntos fueron remitidos a la Comisión y 503 a otras instituciones y organismos;

S.     Considerando que el Defensor del Pueblo también coopera con otras organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas; considerando que el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo, la Comisión, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) conforman el marco de la UE en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD); considerando que este marco tiene por objeto promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención a escala de las instituciones de la UE;

T.     Considerando que el Informe anual correspondiente a 2013 no contiene cifras exactas en relación con la proporción de reclamaciones que se inscriben dentro o fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo; considerando que es fundamental que en el futuro se incluyan cifras concretas en todos los informes anuales, de modo que puedan establecerse comparaciones entre los distintos ejercicios y puedan constatarse fácilmente posibles tendencias en la (in)admisibilidad de las reclamaciones; considerando que, según el informe, de cada 100 reclamaciones recibidas, unas 68 se inscriben fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo y o bien son transferidas a los defensores del pueblos nacionales o regionales, transmitidas a la Comisión de Peticiones del Parlamento, o remitidas a otros organismos encargados de tramitar reclamaciones, tales como la Comisión Europea, SOLVIT, «Tu Europa - Asesoramiento» o los centros de consumidores europeos; considerando que se requiere una fase de seguimiento e información sobre las reclamaciones remitidas a otras instituciones y organismos con el fin de garantizar que los asuntos de los ciudadanos se gestionen de forma imparcial y justa y en un plazo razonable;

U.     Considerando que, de cada 100 reclamaciones recibidas, solamente unas 32 se inscriben dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo; de ellas, 17 no dan lugar a una investigación (9 no son admitidas a trámite, y 8 se consideran admisibles pero sin motivos suficientes para justificar el inicio de una investigación); considerando que, de cada 100 reclamaciones recibidas, 15 sí dan lugar a una investigación; que 4 de ellas se solucionan durante la investigación, 4 dan lugar a la conclusión de que no se trata de casos de mala administración, 1 da lugar a la conclusión de que se trata de un caso de mala administración, y en 6 casos se considera que no existen motivos para seguir investigando;

V.     Considerando que el 80 % de las investigaciones (40 asuntos) que sacaron a la luz casos de mala administración concluyeron con observaciones críticas dirigidas a la institución correspondiente, y el 18 % de las investigaciones (9 asuntos) concluyeron con proyectos de recomendación que fueron aceptados, en parte o en su totalidad, por la institución correspondiente; considerando que en un caso (el 2 %), el Defensor del Pueblo elaboró un «Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a su investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex»; considerando que el Defensor del Pueblo Europeo presenta, de media, un informe especial cada año;

W.    Considerando que un informe especial es el último recurso del Defensor del Pueblo para gestionar casos de mala administración por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión; considerando que el Defensor del Pueblo debe explorar en mayor medida sus competencias políticas y desarrollar los instrumentos a su disposición;

X.     Considerando que la tasa de cumplimiento de las propuestas del Defensor del Pueblo en 2012 fue del 80 %; considerando que la Comisión, a la que va dirigida la proporción más alta de las investigaciones del Defensor del Pueblo, tuvo una tasa de cumplimiento del 84 %; considerando que el Defensor del Pueblo publica todos los años un informe exhaustivo del modo en que las instituciones de la UE han respondido a las propuestas del Defensor del Pueblo encaminadas a mejorar la administración de la UE; considerando que la tasa de incumplimiento del 20 % de las propuestas del Defensor del Pueblo representa una amenaza grave que puede generar una mayor erosión de la confianza de los ciudadanos en la efectividad de las instituciones europeas;

Y.     Considerando que la Comisión Europea es la institución sobre la que la Defensora del Pueblo recibe el mayor número de quejas; considerando que una de las investigaciones concluidas en 2013 estuvo relacionada con los documentos relativos a la cláusula de exención de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para el Reino Unido;

Z.     Considerando que el plazo medio de tramitación de los asuntos concluidos por la Defensoría del Pueblo en 2013 fue de 13 meses; que un 22 % de los asuntos pudo concluirse en un plazo de 3 meses, un 37 % en un plazo de entre 3 y 12 meses, un 14 % en un plazo de entre 12 y 18 meses, y un 27 % en un plazo superior a 18 meses;

AA.  Considerando que el presupuesto del Defensor del Pueblo en 2013 fue de 9 731 371 EUR y que el organigrama de la Defensoría del Pueblo consta de 67 puestos; considerando que mantener un presupuesto y unos recursos humanos suficientes resulta fundamental para garantizar la eficiencia de los servicios de la Defensoría del Pueblo Europea, así como una respuesta rápida a las reclamaciones de los ciudadanos;

AB.  Considerando que Emily O'Reilly ha sido la primera mujer elegida para el cargo de Defensor del Pueblo Europeo;

1.      Aprueba el Informe anual correspondiente a 2013 presentado por el Defensor del Pueblo; Felicita a Emily O’Reilly por su primer informe anual como Defensora del Pueblo, además de acoger con satisfacción su enfoque de mantener una relaciones de trabajo y una cooperación positivas con el Parlamento, especialmente con la Comisión de Peticiones; reconoce que 2013 fue un año de transición y que gran parte del informe anual está dedicada a la gestión de Nikiforos Diamandouros, el Defensor del Pueblo Europeo saliente, y como tal rinde tributo a su legado;

2.      Se compromete a restablecer la práctica del Parlamento de invitar al Defensor del Pueblo al Pleno inmediatamente después de su elección;

3.      Brinda su pleno apoyo al objetivo último declarado de la nueva Defensora del Pueblo, de contribuir a reforzar las estructuras e instituciones de rendición de cuentas y transparencia a escala europea con el fin de promocionar la buena administración para todos los ciudadanos y residentes de la UE, y de mejorar la calidad de la democracia en la Unión Europea; reitera la función esencial que desempeña el Defensor del Pueblo a la hora de gestionar las preocupaciones de los ciudadanos y de ayudar a eliminar las diferencias existentes entre estos y las instituciones de la UE;

4.      Hace hincapié en la importancia de las redes sociales como medio de comunicación y anima a la oficina del Defensor del Pueblo a utilizar este medio en mayor medida con el fin de incrementar la concienciación ciudadana sobre las actividades del Defensor del Pueblo y de promocionar los derechos de los ciudadanos de la UE; Señala, no obstante, que la mayor digitalización de los servicios del Defensor del Pueblo no debería conllevar la exclusión de determinados ciudadanos que no tienen acceso a Internet, o que no saben utilizarlo; pide a la Defensora del Pueblo que preste especial atención a las necesidades de esos ciudadanos, de forma que se garantice que todos los ciudadanos de la UE disfrutan de un acceso igualitario y por ende pueden utilizar plenamente los servicios del Defensor del Pueblo;

5.      Observa que el Informe anual del Defensor del Pueblo para 2013 ha sido modernizado y que, además de la versión tradicional impresa, ahora también está disponible una versión interactiva descargable en formato de libro electrónico; observa, además, que el informe se ha dividido en dos partes, la primera de las cuales constituye un texto de referencia de fácil lectura en el que se detallan los hechos y cifras más importantes de la labor del Defensor del Pueblo en 2013, y la segunda contiene un informe pormenorizado de los asuntos clave investigados por el Defensor del Pueblo en 2013(2);

6.      Elogia este nuevo enfoque de la Defensora del Pueblo, que se adoptó para reflejar su deseo de conferir a la Defensoría del Pueblo la máxima accesibilidad y facilidad de contacto; alienta a las partes interesadas a que lean el capítulo relativo a las investigaciones pormenorizadas, titulado: «La buena administración en la práctica: las decisiones de la Defensora del Pueblo en 2013», y tomen en consideración sus consideraciones y recomendaciones;

7.      Observa que en 2013, el número más importante de reclamaciones procedió de España (416), seguida de Alemania (269), Polonia (248) y Bélgica (153); observa que, en lo que respecta a las investigaciones iniciadas por Estado miembro, Bélgica va en cabeza (50), seguida de Alemania (40), Italia (39) y España (34);

8.      Observa que, una vez más, los asuntos relacionados con la transparencia encabezan la lista de investigaciones concluidas (64,3 %), lo que representa un incremento del 52,7% respecto a 2012; observa que los demás temas clave de las reclamaciones fueron las cuestiones éticas, la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio de la UE, los proyectos financiados con fondos de la UE, los derechos fundamentales, y la cultura de servicio;

9.      Considera que la transparencia, la apertura, el acceso a la información, el respeto de los derechos de los ciudadanos y unas elevadas normas éticas son condiciones fundamentales para establecer y mantener la confianza de los ciudadanos y los residentes en la función pública europea; señala que la confianza entre ciudadanos y residentes y las instituciones reviste una importancia fundamental en la difícil situación económica actual; conviene con la Defensora del Pueblo en que la transparencia constituye una piedra angular de una democracia avanzada, en el sentido de que permite controlar las actividades de las autoridades públicas, evaluar su actuación y pedirles que rindan cuentas; conviene asimismo en que la apertura y el acceso público a los documentos forman una parte esencial del sistema de controles y equilibrios institucionales; reconoce el derecho de los ciudadanos a la privacidad y a la protección de sus datos personales;

10.    Señala que las recomendaciones y los comentarios críticos no son jurídicamente vinculantes, pero destaca que las instituciones de la UE pueden emplearlos como oportunidad para solucionar un problema, aprender una lección para el futuro y evitar la recurrencia de casos similares de mala administración; insta a todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión a que cooperen plenamente con la Defensora del Pueblo y garanticen el pleno cumplimiento de sus recomendaciones, así como a que hagan un uso pleno de los comentarios críticos; recuerda que, en su artículo 41, la Carta de los Derechos Fundamentales incluye el derecho a una buena administración como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea;

11.    Observa que una gran mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo durante el pasado año (el 64,3 %) se referían a la Comisión Europea; reconoce que la Comisión es la institución cuyas decisiones tienen más probabilidades de afectar directamente a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las empresas; entiende que la Comisión sea, por tanto, el principal objeto de control público; observa con preocupación, sin embargo, que la proporción de reclamaciones relacionadas con la Comisión ha aumentado con respecto a 2012, año en que representaron un 52,7 %; anima a la Defensora del Pueblo a analizar y determinar los motivos de este incremento con el fin de contribuir a mejorar la administración de la Comisión y de aumentar en consecuencia la credibilidad de las instituciones de la UE en su conjunto; pide a la nueva Comisión que emprenda acciones inmediatas para mejorar su rendimiento con objeto de reducir el número de reclamaciones contra la Comisión;

12.    Observa con preocupación que el porcentaje de reclamaciones en relación con los organismos de la UE casi se ha duplicado, pasando de un 12,5 % en 2012 a un 24 % en 2013; sugiere que la Defensora del Pueblo indique si este incremento se debió a una mayor sensibilización ciudadana con respecto a los procedimientos de reclamación o si obedeció a otros factores, como el posible incumplimiento por parte de los organismos de la UE de las recomendaciones del Defensor del Pueblo de años anteriores; alienta a la Defensora del Pueblo a que controle la evolución en el seno de los organismos y que informe al respecto a su debido tiempo; apoya los planes de la Defensora del Pueblo de buscar el contacto con las distintas agencias con miras a hacer hincapié en la importancia de una buena administración, una correcta tramitación de las reclamaciones, y una cultura de servicio;

13.    Observa con satisfacción que el porcentaje de reclamaciones relacionadas con la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) se redujo a menos de la mitad en 2013, pasando de un 16,8 % en 2012 a un 7,1 % en 2013; manifiesta igualmente su satisfacción por el hecho de que el porcentaje de reclamaciones contra el Parlamento Europeo haya disminuido de un 5,2 % en 2012 a un 4,3 % en 2013; reconoce la labor desarrollada por la Defensora del Pueblo y la EPSO a la hora de reducir el número de reclamaciones contra este último organismo.

14.    Observa que en 2013 la Defensora del Pueblo publicó una nueva versión del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa; pide a todas las instituciones que respeten y apliquen plenamente este código; pide a la nueva Comisión que adopte una serie de normas y principios comunes vinculantes sobre los procedimientos administrativos en la administración de la UE y, en particular, que presente un proyecto de reglamento a tal fin; recuerda que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos de modo imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

15.    Alienta a todas las instituciones, órganos y organismos de la UE a que mejoren su funcionamiento profundizando en su compromiso para con una buena administración y con los principios de una cultura de servicio a los ciudadanos, y les pide que presten asistencia a la Defensora del Pueblo respondiendo con prontitud a sus preguntas y colaborando con ella más estrechamente para acortar los plazos en el proceso de investigación; apoya a la Defensora del Pueblo en sus esfuerzos por seguir agilizando el proceso de investigación y acortar los tiempos de respuesta para la tramitación de reclamaciones, con vistas a servir a los ciudadanos que ejerzan sus derechos a tiempo y de forma adecuada;

16.    Observa que la tasa de cumplimiento general de las recomendaciones del Defensor del Pueblo se situaba en un 80 % en 2012, lo que suponía una ligera disminución con respecto al 82 % alcanzado en 2011; apoya a la Defensora del Pueblo en su afán de mejorar dicha tasa de cumplimiento; insta a la Comisión, en particular, a que haga todos los esfuerzos posibles por mejorar su tasa de cumplimiento; expresa su preocupación por la tasa de incumplimiento del 20%, e insta a las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión a que respondan y reaccionen en un plazo razonable a los comentarios críticos de la Defensora del Pueblo, así como a que realicen todos los esfuerzos necesarios para mejorar su tasa de seguimiento mediante una aplicación rápida de las recomendaciones y los comentarios críticos de la Defensora del Pueblo; espera con interés la información concreta que se incluirá en el próximo informe anual de la Defensoría del Pueblo sobe cumplimiento en 2013;

17.    Observa que la Defensora del Pueblo constató casos de mala administración en el 10,8 % de las investigaciones concluidas en 2013, y que en el 80 % de estos asuntos dirigió observaciones críticas a la institución correspondiente; observa que en el 18 % de los casos de mala administración, los proyectos de recomendaciones de la Defensora del Pueblo fueron aceptadas, en parte o en su totalidad, por la institución correspondiente;

18.    Observa que la Defensora del Pueblo presentó un Informe especial al Parlamento, que versaba sobre la ausencia de un mecanismo en la Agencia Frontex a la hora de tramitar reclamaciones en relación con infracciones de los derechos fundamentales derivadas de su trabajo; confía en que este Informe especial será objeto de un informe que deberá elaborar su Comisión de Peticiones en colaboración con su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior;

19.    Alienta a la Defensora del Pueblo a que profundice en sus relaciones y cooperación con las distintas redes, en particular la Red Europea de Defensores del Pueblo así como el marco de la UE en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; recuerda el llamamiento que hizo el Parlamento, en el Informe anual de la Comisión de Peticiones correspondiente a 2012, para que el Parlamento creara una red que englobara a las comisiones de peticiones de los Estados miembros, que podría revestir carácter complementario con respecto a la Red Europea de Defensores del Pueblo;

20.    Recuerda que la Comisión de Peticiones del Parlamento es miembro de pleno derecho de la Red Europea de Defensores del Pueblo; observa que en 2013 el Defensor del Pueblo remitió 51 reclamaciones a dicha comisión;

21.    Toma nota de la nueva estrategia de la Defensora del Pueblo «Hacia 2019», que incluye tres pilares bautizados con los términos Impacto, Relevancia y Visibilidad; comprende que la Defensora del Pueblo pretenda lograr un impacto más amplio llevando a cabo investigaciones estratégicas acerca de problemas sistémicos; que desee reforzar su papel contribuyendo a debates clave en la UE, y que pretenda incrementar su visibilidad fomentando su acercamiento a las partes interesadas y reclamando la atención hacia asuntos importantes;

22.    Insta a la Defensora del Pueblo a continuar con sus esfuerzos por mejorar los canales de comunicación y por seguir construyendo sobre el trabajo ya realizado en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos 2013, así como a mejorar la facilitación de información a los ciudadanos europeos, de modo que se encuentren adecuadamente informados sobre los servicios del Defensor del Pueblo y sobre su ámbito de responsabilidades;

23.    Reitera la importancia de la iniciativa ciudadana como nueva herramienta para permitir que los ciudadanos participen directamente en el proceso de toma de decisiones de elaboración de legislación europea;

24.    Se congratula de una serie de investigaciones importantes iniciadas por la Defensora del Pueblo, como las investigaciones relativas a la transparencia en las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), la denuncia de irregularidades en las instituciones de la UE, la transparencia en los grupos de expertos de la Comisión, los casos de las «puertas giratorias», los derechos fundamentales en la política de cohesión, y la Iniciativa Ciudadana Europea; aguarda con interés los resultados de dichas investigaciones;

25.    Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de la Unión Europea de publicar las directrices negociadoras para las negociaciones sobre la ATCI entre la UE y los Estados Unidos; celebra asimismo la decisión de la Comisión de publicar más textos de negociación de la UE y de permitir un acceso más amplio a otros documentos en el marco de las negociaciones de la ATCI; considera que el hecho de controlar atentamente la transparencia en las negociaciones de la ATCI ha reforzado el papel de la Defensora del Pueblo como guardiana de la transparencia de la UE; apoya el llamamiento de la Defensora del Pueblo en favor de la adopción de una política transparente y el lanzamiento de una campaña informativa sobre la ATCI por las instituciones europeas; se compromete con el seguimiento de los resultados de la consulta sobre la transparencia de la ATCI, atendiendo, por ejemplo, a las peticiones sobre este particular, especialmente dado el posible impacto de la ATCI y de otras negociaciones comerciales sobre las vidas de los ciudadanos europeos;

26.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el Informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a los defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos de los Estados miembros.

(1)

DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

(2)

http://www.ombudsman.europa.eu/es/activities/annualreports.faces


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, fue elegida por el Parlamento Europeo el 3 de julio de 2013 y prestó juramento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 30 de septiembre de 2013. Por consiguiente, el Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 solo abarca una parte de la labor de la Defensoría del Pueblo bajo su mandato. Gran parte de su contenido guarda relación con la labor de su predecesor, Nikiforos Diamandouros. La Defensora del Pueblo presentó su Informe anual al Presidente del Parlamento Europeo el 15 de septiembre y a la Comisión de Peticiones el 24 de septiembre de 2014.

El Informe anual se ha modernizado, a fin de reflejar el deseo de la Sra. O'Reilly de conferir a la Defensoría del Pueblo la máxima accesibilidad y facilidad de contacto. El Informe se ha dividido en dos partes. La primera parte consiste en una publicación impresa o descargable (también en formato de libro electrónico (EPUB)), en la que se detallan los hechos y cifras más importantes de la actividad del Defensor del Pueblo en 2013. La segunda parte contiene un análisis pormenorizado de los asuntos clave investigados por el Defensor del Pueblo en 2013 y se titula «La buena administración en la práctica: las decisiones de la Defensora del Pueblo en 2013»(1) Lamentablemente esta publicación solo está disponible en inglés, lo cual limita su alcance entre los lectores.

En 2013, la Defensora del Pueblo registro contactos con 23 245 ciudadanos que solicitaron sus servicios a través del portal del Defensor del Pueblo. La inmensa mayoría de ellos (19 418) recibieron ayuda en forma de asesoramiento en línea a través de la guía interactiva de la página web del Defensor del Pueblo. Las restantes consultas fueron bien peticiones de información (1 407), a las que respondieron los servicios de la Defensoría del Pueblo, bien reclamaciones (2 420) que se registraron.

El Informe anual correspondiente a 2013 no contiene las cifras exactas referentes a la proporción de reclamaciones que se inscribieron dentro o fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo. Aparte de la descripción de la trayectoria de una muestra típica de 100 reclamaciones, sería fundamental que se incluyeran también cifras concretas en todos los informes anuales, de modo que puedan establecerse comparaciones entre los distintos ejercicios y puedan constatarse fácilmente posibles tendencias en la (in)admisibilidad de las reclamaciones.

La Defensoría del Pueblo inició 341 investigaciones a partir de reclamaciones, junto con 9 investigaciones por iniciativa propia, y concluyó 441 investigaciones basadas en reclamaciones así como 20 investigaciones realizadas por iniciativa propia. La mayoría de las reclamaciones presentadas procedían de ciudadanos individuales (340) y el resto, de empresas, asociaciones y otras entidades jurídicas (101).

En lo que respecta al reparto de las reclamaciones por países, España encabezó la lista (con 416), seguida de Alemania (con 269), Polonia (con 248) y Bélgica (con 153). El hecho de que muchas reclamaciones procedan de un Estado miembro en particular no implica necesariamente que se inicie un número proporcionalmente equivalente de investigaciones. Así por ejemplo, las cifras correspondientes a 2013 muestran que, con respecto a las 153 reclamaciones de Bélgica se iniciaron 53 investigaciones, mientras que las 416 reclamaciones de España solo dieron lugar a que se iniciaran 34 investigaciones.

De las 350 investigaciones iniciadas por la Defensoría del Pueblo, 225 (un 64,3 %) se referían a la Comisión Europea, 84 (un 24 %) a las agencias de la UE, 28 (un 8 %) a otros organismos, 25 (un 7,1 %) a la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), 15 (un 4,3 %) al Parlamento Europeo, 14 (un 4 %) al Servicio Europeo de Acción Exterior, y 10 (un 2,9 %) al Banco Europeo de Inversiones. Dado que la Comisión Europea es la principal institución de la UE cuyas decisiones afectan directamente a los ciudadanos, es lógico que también sea el principal objeto de sus reclamaciones.

El cambio más notable en esta lista con respecto a 2012 es que la EPSO, que ocupaba el segundo lugar en 2012, ahora ha descendido al cuarto lugar. En el caso de la EPSO, el número de reclamaciones sobre su gestión descendió de 78 (un 16,8 %) en 2012 a 25 (un 7,1 %) en 2013.

En lo que respecta al objeto de las reclamaciones concluidas por la Defensoría del Pueblo, las peticiones de información y acceso a documentos fueron las más numerosas (118), seguidas por las referentes a la gestión de la Comisión como guardiana de los Tratados (88), a asuntos institucionales y políticos (81), a la Administración y el Estatuto (76), a oposiciones y procedimientos de selección (68), a la adjudicación de contratos o subvenciones (44), y a la ejecución de contratos (34).

En 2013, el Defensor del Pueblo intervino en relación con 2 354 reclamaciones recibidas. En 1 359 casos, sus servicios ofrecieron asesoramiento o transfirieron el asunto (por ejemplo a algún miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo o a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo), en 654 casos se informó al denunciante de que no era posible ofrecer más asesoramiento, y en 341 casos se inició una investigación.

Los temas clave de los asuntos tramitados en 2013 fueron la transparencia (por ejemplo, el acceso a documentos), las cuestiones éticas (por ejemplo, las «puertas giratorias» y las cuestiones relativas a los conflictos de intereses), la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio de la UE (por ejemplo, la Iniciativa Ciudadana Europea), los proyectos y programas financiados con fondos de la UE (por ejemplo, la demora en los pagos y los problemas con las licitaciones), los derechos fundamentales (por ejemplo, el caso de una denuncia por irregularidades en torno a la Agencia de los Derechos Fundamentales), y la cultura de servicio (por ejemplo, los retrasos excesivos o la inacción por parte de instituciones)(2).

Las instituciones están obligadas en virtud del Tratado a llevar a cabo su tarea de un modo tan abierto como sea posible con el fin de promover la buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil. El artículo 15, apartado 3, del TFUE y el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece el derecho a acceder a los documentos de las instituciones. La aplicación de este derecho se recoge en la actualidad en el Reglamento 1049/2001.

En 118 investigaciones (un 25,6 %) concluidas por la Defensora del Pueblo en 2013. el asunto objeto de la reclamación fue resuelto por la institución correspondiente o se acordó una solución amistosa. En 202 casos (un 43,8 %) no se justificó la necesidad de seguir investigando. En 120 casos (un 26 %) no se detectó mala administración alguna, y en 50 casos (un 10,8 %) sí se detectó. En 19 casos (un 4,1 %) se adoptaron otras medidas(3).

La Defensoría del Pueblo ofrece la siguiente definición de mala administración, que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea: «Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe atenerse obligatoriamente». Para las instituciones, ello implica el respeto del Estado de derecho, los principios de buena administración y los derechos fundamentales.

En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo trata de lograr un resultado positivo, trabajando hacia una solución amistosa que sea satisfactoria tanto para el denunciante como para la institución en cuestión. No obstante, cuando no es posible lograr una solución amistosa, el Defensor del Pueblo cierra el asunto con una observación crítica o elabora un proyecto de recomendación.

Una observación crítica se realiza en los casos en que ya no es posible que la institución concernida elimine el caso de mala administración, cuando la mala administración no tiene incidencia general o en caso de que no se requiera un seguimiento por parte del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también puede realizar una observación crítica cuando considere que un proyecto de recomendación no sería efectivo o en los casos en que la institución de que se trate no acepte un proyecto de recomendación, pero el caso de mala administración no justifique la elaboración de un informe especial para el Parlamento. No obstante, una observación crítica sirve para confirmar al demandante que su reclamación estaba justificada e indica claramente su error a la institución en cuestión para ayudarle a evitar tales acciones en el futuro.

Otro instrumento al que el Defensor del Pueblo recurre cuando, al tratar un asunto, identifica una oportunidad para mejorar la gestión administrativa son las observaciones complementarias. Las observaciones complementarias del Defensor del Pueblo no tienen por objeto criticar a la institución de que se trate, sino que se deben tomar como orientación y asesoramiento sobre cómo puede mejorar la institución la calidad de sus servicios.

Un proyecto de recomendación se elabora en los casos en los que la institución en cuestión puede eliminar los casos de mala administración o en los casos en los que la mala administración es grave o tiene implicaciones generales. En el caso de un proyecto de recomendación, la institución en cuestión está obligada en virtud del Tratado a enviar un dictamen detallado al Defensor del Pueblo un plazo de tres meses.

Si una institución, órgano u organismo de la UE no responde satisfactoriamente a un proyecto de recomendación, el Defensor del Pueblo puede remitir un informe especial al Parlamento Europeo. Un informe especial del Defensor del Pueblo constituye el último recurso del Defensor del Pueblo y el último paso que puede dar en el examen de un asunto. A partir de este punto, corresponde al Parlamento decidir sobre las medidas adicionales, tales como la elaboración de una resolución. Los informes especiales se presentan a la Comisión de Peticiones, que es la comisión competente para las relaciones con el Defensor del Pueblo.

En 2013, la Defensora del Pueblo dirigió observaciones críticas a instituciones en 40 casos. En 9 casos (un 18 %) se formularon proyectos de recomendación que fueron aceptados, en parte o en su totalidad, por la institución correspondiente. En un caso, la Defensora del Pueblo elaboró un informe especial(4).

La Defensora del Pueblo Europeo colabora estrechamente con sus homólogos de los Estados miembros. Esta cooperación discurre en el marco de la Red Europea de Defensores del Pueblo, que consta de 94 oficinas en 35 países. Incluye a los defensores del pueblo nacionales y regionales, a las comisiones de peticiones y órganos similares de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión a la UE y otros países del Espacio Económico Europeo o el espacio Schengen. La Comisión de Peticiones es miembro de esta red.

La Red celebra en años alternos seminarios para los defensores del pueblo nacionales y regionales. El Defensor del Pueblo Europeo y la Defensora del Pueblo de Irlanda (que ocupa el cargo de Defensora del Pueblo Europeo en la actualidad) organizaron conjuntamente el 9° Seminario Nacional de la Red. Dicho seminario se celebró en Dublín del 15 al 17 de septiembre de 2013.

De conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD), que prevé la creación de un marco de la UE encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención, el Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión de Peticiones y la Comisión de Empleo de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, la Agencia de los Derechos Fundamentales, la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad forman parte de este marco.

El cometido del Defensor del Pueblo Europeo es proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que la administración de la UE sea consciente de sus responsabilidades con respecto a estos derechos. Las personas que crean que una institución de la UE no actúa de conformidad con la CRPD tienen el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo para obtener reparación. A principios de 2014, un experto nacional en régimen de comisión de servicios pasó a formar parte del equipo de la Defensoría del Pueblo a fin de ayudar a definir el programa de trabajo en materia de discapacidad y a buscar maneras para dirigirse mejor a los ciudadanos y al personal de la UE, con objeto de informarles de sus derechos y obligaciones en el marco de la CRPD.

La Defensora del Pueblo también se reúne periódicamente con miembros y funcionarios de las instituciones de la UE con objeto de debatir sobre maneras de mejorar la calidad de la administración, hacer hincapié en la importancia de una tramitación correcta de las reclamaciones, y garantizar un seguimiento adecuado de sus recomendaciones e informes. Con miras a fomentar una cultura de servicio en la administración de la UE, la Defensora del Pueblo publicó en 2013 una nueva versión del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa.

El presupuesto de la Defensor del Pueblo constituye una sección independiente del presupuesto de la UE. El presupuesto del Defensor del Pueblo ascendió a 9 731 371 EUR en 2013, y el organigrama de la Defensoría del Pueblo consta de 67 puestos.

Al presentar su Informe anual a la Comisión de Peticiones, la Defensora del Pueblo esbozó su nueva estrategia «Hacia 2019». Dicha estrategia se basa en tres conceptos fundamentales: Impacto, Relevancia y Visibilidad. Basándose en estos tres conceptos, la Defensora del Pueblo pretende llevar a cabo más investigaciones estratégicas acerca de problemas sistémicos (Impacto), reforzar el papel del Defensor del Pueblo contribuyendo activamente a debates clave en la UE (Relevancia), e incrementar la visibilidad de la Defensoría fomentando su acercamiento a las partes interesadas, y destacando y reclamando la atención del público hacia asuntos importantes (Visibilidad). A fin de fomentar la transparencia, conviene iniciar las investigaciones de interés público significativo. En consecuencia, el hecho de seguir atentamente las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) reforzaría el papel de la Defensora del Pueblo como «guardiana de la transparencia de la UE».

(1)

Puede accederse a estas publicaciones a través de la página web de la Defensora del Pueblo: www.ombudsman.europa.eu

(2)

Para un análisis pormenorizado de los asuntos clave examinados en 2013, véase la publicación: La buena administración en la práctica: las decisiones de la Defensora del Pueblo en 2013, disponible en la página web del Defensor del Pueblo: www.ombudsman.europa.eu

(3)

Nota: En algunos casos, la Defensora del Pueblo concluyó las investigaciones por dos o más motivos. Por esta razón, la suma de los porcentajes es superior al 100 %.

(4)

Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a su investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex, disponible en la página web del Defensor del Pueblo: www.ombudsman.europa.eu


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

2.12.2014

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

0

3

Miembros presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Suplentes presentes en la votación final

Demetris Papadakis, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Klaus Buchner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Última actualización: 18 de diciembre de 2014Aviso jurídico