Procedimiento : 2014/2228(INI)
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A8-0175/2015

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PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

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PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0252

INFORME     
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1 de junio de 2015
PE 549.135v02-00 A8-0175/2015

que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Bernd Lange

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

El Parlamento Europeo,

–       Vistas las directrices de negociación de la UE relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI), entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, aprobadas por unanimidad por el Consejo el 14 de junio de 2013(1) y desclasificadas y hechas públicas por el Consejo el 9 de octubre de 2014,

–       Vistos los artículos 168 a 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el principio de cautela consagrado en el artículo 191, apartado 2,

–       Vista la declaración conjunta de la Cumbre UE-Estados Unidos, de 26 de marzo de 2014(2),

–       Vista la declaración conjunta de 20 de marzo de la comisaria Cecilia Malmström y el representante de Comercio de los Estados Unidos Michael Froman sobre la exclusión de los servicios públicos en los acuerdos comerciales entre la UE y los EE.UU.,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la ATCI, de 20 de marzo de 2015,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la ATCI, de 21 de noviembre de 2014(3),

–       Vista la declaración conjunta, de 16 de noviembre de 2014, realizada por el presidente estadounidense, Barack Obama, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el primer ministro británico, David Cameron, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés, François Hollande, el primer ministro italiano, Matteo Renzi y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tras su reunión celebrada al margen de la Cumbre del G-20 que tuvo lugar en Brisbane, Australia(4),

–       Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014(5),

–       Vistas las orientaciones políticas del presidente Juncker, de 15 de julio de 2014, dirigidas a la próxima Comisión y tituladas «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático»(6),

–       Vistas la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la transparencia en el marco de las negociaciones de la ATCI (C(2014)9052)(7), las Decisiones de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativas a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia (C(2014)9051) y a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre directores generales de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia (C(2014)9048), las sentencias y los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-350/12 P, 2/13 (2), 1/09 (3)) sobre el acceso a los documentos de las instituciones, y la Decisión de la Defensora del Pueblo Europeo, de 6 de enero de 2015, por la que se archiva su investigación por iniciativa propia (OI/10/2014/RA) relativa a la Comisión Europea sobre la tramitación de solicitudes de información y acceso a los documentos (transparencia),

–       Vista la declaración conjunta, de 3 de diciembre de 2014, del Consejo de Energía UE-Estados Unidos(8),

–       Visto el enfoque integrado de la UE en materia de seguridad alimentaria («De la granja a la mesa»), adoptado en 2004(9),

–       Visto el informe de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI (SWD(2015)0003),

–       Vistas las propuestas textuales de la Unión Europea presentadas para ser examinadas con los EE.UU. en las rondas de negociación de la ATCI, en particular las que han sido desclasificadas y hechas públicas por la Comisión, entre otras, los documentos de posición de la UE titulados «TTIP regulatory issues - engineering industries» (Cuestiones reglamentarias ATCI - Industrias de ingeniería)(10), «Test–case on functional equivalence: proposed methodology for automotive regulatory equivalence» (Caso de prueba sobre equivalencia funcional: metodología propuesta para equivalencia normativa en el sector del automóvil)(11), y «Trade and sustainable development chapter/labour and environment: EU paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP» (Capítulo relativo al comercio y el desarrollo sostenible / trabajo y medioambiente: documento de la UE en el que se describen las cuestiones y elementos fundamentales de las disposiciones de la ATCI)(12), y las propuestas textuales sobre obstáculos técnicos al comercio(13), medidas sanitarias y fitosanitarias(14), aduanas y facilitación del comercio(15), pequeñas y medianas empresas (pymes)(16), posibles disposiciones en materia de competencia(17), posibles disposiciones sobre empresas públicas y empresas a las que se han otorgado derechos o privilegios especiales o exclusivos(18), posibles disposiciones en materia de subvenciones(19) y solución de diferencias(20), así como disposiciones iniciales sobre cooperación en materia de regulación(21),

–       Vistos el dictamen del Comité de las Regiones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) (ECOS-V-063), aprobado durante la 110ª sesión plenaria (11-13 de febrero de 2015), y el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 4 de junio de 2014, sobre las relaciones comerciales transatlánticas y el punto de vista del CESE sobre el refuerzo de la cooperación y un posible acuerdo de libre comercio UE-EE.UU.,

–       Visto el informe final, de 28 de abril de 2014, elaborado por ECORYS para la Comisión titulado «Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of negotiations of a comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the United States of America» (Evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del comercio en apoyo de las negociaciones de un acuerdo global de comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América)(22),

–       Visto el informe de la Comisión de 2015 sobre los obstáculos al comercio y a la inversión(23),

–       Visto el documento titulado «Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact Assessment on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership» (Balance detallado de la evaluación de impacto de la Comisión Europea sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la UE y los EE.UU.), publicado en abril de 2014 por CEPS para el Parlamento,

–       Vistas sus anteriores Resoluciones, en particular la de 23 de octubre de 2012 sobre las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos(24), de 23 de mayo de 2013 sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América(25), y de 15 de enero de 2015 sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013(26),

–       Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento,

–       Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones (A8-0175/2015),

A.     Considerando que las exportaciones a través del comercio y el crecimiento a través de las inversiones son motores fundamentales de creación de empleo y de crecimiento económico que no exigen inversiones públicas;

B.     Considerado que el PIB de la UE depende en gran medida del comercio y de la exportación y se beneficia de un comercio y unas inversiones basados en normas, y que un acuerdo ambicioso y equilibrado con los Estados Unidos debería apoyar la reindustrialización de Europa y contribuir a conseguir el objetivo de que el PIB de la UE correspondiente a la industria pase del 15 % al 20 % en 2020 reforzando el comercio transatlántico tanto de productos como de servicios; que tiene potencial para crear oportunidades, en especial para las pymes, las microempresas, de acuerdo con la definición de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, las agrupaciones y redes de empresas que se ven mucho más afectadas por las barreras no arancelarias que las empresas más grandes, puesto que estas últimas tienen economías de escala que les permiten acceder con facilidad a los mercados a ambas orillas del Atlántico; que un acuerdo entre los dos bloques económicos mayores del mundo tiene potencial para elaborar normas y reglamentaciones que se adoptarán a nivel mundial, lo que redundaría asimismo en beneficio de terceros países y evitaría una mayor fragmentación del comercio mundial; que, si no se logra negociar un acuerdo, serán otros terceros países con diferentes normas y valores quienes asuman este papel;

C.     Considerando que nueve Estados miembros de la Unión Europea ya han firmado un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, lo que permite a la ATCI inspirarse en las buenas prácticas y responder mejor a los obstáculos que encuentran dichos Estados;

D.     Considerando que las recientes crisis en las fronteras de la UE y los acontecimientos producidos en todo el mundo demuestran la necesidad de invertir en la gobernanza mundial y en un sistema basado en normas y valores;

E.     Considerando que, dada la creciente interconexión de los mercados mundiales —hasta un 40 % de los productos industriales europeos se fabrican a partir de productos transformados importados—, es fundamental que los responsables políticos configuren y promuevan la interacción de los mercados; que, puesto que la producción industrial se llevará a cabo cada vez más en cadenas de valor mundiales, y que contar con reglas comerciales adecuadas y eliminar las barreras innecesarias es fundamental para crear valor añadido, manteniendo y desarrollando al mismo tiempo una base industrial sólida, competitiva y diversificada en Europa;

F.     Considerando que los intentos de la UE por hacer frente a los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y la seguridad de los consumidores han generado costes regulatorios elevados para las empresas de la UE, a los que se añaden los elevados precios de las materias primas energéticas y de la electricidad, que —si no se abordan en la ATCI— pueden acelerar el proceso de deslocalización, desindustrialización y pérdida de puestos de trabajo, poniendo así en peligro la reindustrialización y los objetivos de empleo de la UE, lo que también frustrará los objetivos políticos que se pretenden alcanzar con la normativa de la UE;

G.     Considerando que un acuerdo comercial bien diseñado puede contribuir a aprovechar las oportunidades de la mundialización; que un acuerdo comercial sólido y ambicioso no solo debe centrarse solo en la reducción de los aranceles y de las barreras no arancelarias, sino que también debe constituir un instrumento de protección de los trabajadores, los consumidores y el medioambiente; que un acuerdo comercial sólido y ambicioso constituye una oportunidad para crear un marco reforzando las reglamentaciones al máximo nivel, en consonancia con nuestros valores compartidos, evitando así el dumping social y ambiental y garantizando un elevado nivel de protección al consumidor a la luz del objetivo compartido de garantizar una competencia abierta en condiciones equitativas;

H.     Considerando que, a pesar de que unas normas comunes rigurosas benefician a los consumidores, hay que reconocer que la convergencia también tiene sentido para las empresas, ya que los mayores costes derivados de normas más estrictas pueden verse compensados por el aumento de las economías de escala en un mercado potencial de 850 millones de consumidores;

I.      Considerando que, aunque los anteriores acuerdos comerciales han aportado importantes beneficios para la economía europea, el impacto real de la ATCI en las economías tanto de la UE como de los Estados Unidos es difícil de evaluar y de predecir, ya que las negociaciones están aún en curso y los estudios arrojan resultados contradictorios; que la ATCI por sí sola no resolverá los problemas económicos estructurales persistentes de la UE ni sus causas subyacentes, sino que debe considerarse como un elemento de una estrategia europea más amplia para la creación de empleo y crecimiento, y que las expectativas que despierta la ATCI deben ser proporcionales al nivel de ambición que se alcance en las negociaciones;

J.      Considerando que las consecuencias del embargo ruso han demostrado claramente la gran relevancia geopolítica de la agricultura, la importancia de tener acceso a una gran variedad de mercados agrícolas y la necesidad de contar con asociaciones comerciales sólidas y estratégicas con socios comerciales fiables;

K      Considerando que para la agricultura europea es importante concluir un acuerdo comercial con los Estados Unidos que sea beneficioso para ambas partes, a fin de reforzar la posición de Europa como agente clave en el mercado mundial sin poner en peligro las actuales normas de calidad de los productos agrícolas europeos ni las futuras mejoras de dichas normas, preservando al mismo tiempo el modelo agrícola europeo y garantizando su viabilidad económica y social;

L.     Considerando que los flujos comerciales y de inversiones no son objetivos en sí mismos, y que el bienestar de los ciudadanos, los trabajadores y los consumidores de a pie, así como unas mayores oportunidades para las empresas como motores de crecimiento y empleo, son puntos de referencia para un acuerdo comercial; que la ATCI debería considerarse un modelo de buen acuerdo comercial que responda a estas necesidades, para que sirva de ejemplo para nuestras futuras negociaciones con otros socios comerciales;

M.    Considerando que las negociaciones requieren cierto grado de confidencialidad para poder obtener un resultado de calidad, y que el limitado nivel de transparencia que ha caracterizado a las negociaciones efectuadas en el pasado ha dado lugar a un déficit de control democrático del proceso de negociación;

N.     Considerando que el presidente Juncker ha reiterado claramente en sus orientaciones políticas que quiere un acuerdo comercial equilibrado y razonable con los Estados Unidos y que —aunque la UE y los Estados Unidos pueden ir mucho más allá en cuanto al reconocimiento de las respectivas normas de producto y trabajar por la elaboración de normas transatlánticas— la UE no sacrificará sus normas sociales y en materia de seguridad (alimentaria), salud, salud animal, medioambiente y protección de datos o nuestra diversidad cultural; recordando que la seguridad de los alimentos que consumimos, la protección de los datos personales de los europeos y sus servicios de interés general no son negociables, salvo que el objetivo consista en lograr un nivel de protección aún más elevado;

O.     Considerando la importancia de garantizar una conclusión satisfactoria de las negociaciones relativas al puerto seguro y al Acuerdo marco de protección de datos;

P.     Considerando que el Presidente Juncker también ha especificado claramente en sus orientaciones políticas que no aceptará que la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para los litigios entre inversores; que, ahora que los resultados de la consulta pública sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI están disponibles, se está llevando actualmente a cabo un proceso de reflexión en el seno de las tres instituciones europeas y entre las mismas, en comunicación con los representantes de la sociedad civil y las empresas y teniendo en cuenta las aportaciones, sobre la mejor manera de lograr la protección de las inversiones y la igualdad de trato de los inversores, garantizando al mismo tiempo el derecho a regular de los Estados;

Q.     Considerando que el Parlamento apoya plenamente la decisión del Consejo de desclasificar las directrices de negociación y la iniciativa de transparencia de la Comisión; que el animado debate público sobre la ATCI en Europa ha demostrado que es necesario que las negociaciones de dicha Asociación se concluyan de una forma más transparente e incluyente, teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos europeos, y comunicando los resultados de la negociación al público en general;

R.     Considerando que desde julio de 2013 se han mantenido conversaciones entre los Estados Unidos y la UE, pero que hasta el momento no se ha acordado ningún texto común;

S.     Considerando que se espera que la ATCI sea un acuerdo mixto que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los veintiocho Estados miembros de la UE;

1.      Dirige, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes recomendaciones a la Comisión:

a)      en relación con el alcance y el contexto más amplio:

i)            garantizar que unas negociaciones transparentes de la ATCI culminan en un acuerdo de comercio e inversión ambicioso, amplio y equilibrado de alto nivel que promueva el crecimiento sostenible con beneficios para todos los Estados miembros de la UE y ventajas mutuas y recíprocas para los socios, aumente la competitividad internacional y abra nuevas oportunidades para las empresas de la UE, en particular las pymes, fomente la creación de empleos de alta calidad para los ciudadanos europeos y beneficie directamente a los consumidores europeos; el contenido del acuerdo y la ejecución del mismo son más importante que la velocidad de las negociaciones; subrayar que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) es el más importante de los recientes proyectos entre la UE y los Estados Unidos, y debería revitalizar la asociación transatlántica en su conjunto, más allá de sus aspectos comerciales; destacar que la conclusión con éxito del Acuerdo reviste una gran importancia geopolítica;

ii)           hacer hincapié en que, si bien las negociaciones para la ATCI abarcan tres áreas principales —una mejora ambiciosa del acceso recíproco a los mercados (bienes, servicios, inversiones y contratación pública a todos los niveles de gobierno), la reducción de las barreras no arancelarias y la mejora de la compatibilidad de los regímenes regulatorios, así como el desarrollo de normas comunes para hacer frente a los desafíos y oportunidades comunes que representa el comercio mundial—, todas estas áreas son igualmente importantes y deben incluirse en un paquete exhaustivo; la ATCI debería ser ambiciosa y vinculante para todos los niveles de gobierno a ambas orillas del Atlántico, el acuerdo debería desembocar en una apertura genuina y duradera del mercado sobre una base recíproca y en la facilitación del comercio sobre el terreno, y debería prestar especial atención a las medidas estructurales destinadas a lograr una mayor cooperación transatlántica, manteniendo al mismo tiempo las normas reglamentarias y la protección de los consumidores y previniendo el dumping social, fiscal y ambiental;

iii)          tener en cuenta la importancia estratégica de la relación económica entre la UE y los Estados Unidos en general, y de la ATCI en particular, entre otras cosas, como una oportunidad para promover los principios y valores anclados en un marco normativo que la UE y los Estados Unidos comparten y valoran, así como diseñar un planteamiento y una visión comunes con respecto al comercio, las inversiones y otras cuestiones relacionadas con el comercio a nivel mundial como unos estándares, normas y reglamentos exigentes, con el fin de desarrollar una visión transatlántica más amplia y un conjunto común de objetivos estratégicos; tener en cuenta que, dado el tamaño del mercado transatlántico, la ATCI representa una oportunidad para dar forma y regular el orden del comercio internacional a fin de garantizar que ambos bloques se desarrollan en un mundo interconectado;

iv)          garantizar, sobre todo teniendo en cuenta los recientes avances positivos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que un acuerdo con los Estados Unidos sirva para impulsar negociaciones comerciales más amplias y no se adelante ni contrarreste el proceso de la OMC; los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales deberían considerarse en general la segunda mejor opción y no deben impedir que se realicen esfuerzos para conseguir mejoras significativas a escala multilateral; la ATCI debe garantizar sinergias con otros acuerdos comerciales en proceso de negociación;

v)           tener en cuenta que el TFUE define la política comercial de la UE como parte integrante de la acción exterior general de la Unión y, por lo tanto, evaluar las repercusiones del acuerdo final, reconociendo las oportunidades, como por ejemplo un acceso más fácil a los mercados gracias a estándares transatlánticos comunes, y los riesgos, como la desviación del comercio a partir de países en desarrollo debido a la erosión de la preferencia arancelaria;

vi)          velar por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países;

b)     en relación con el acceso al mercado:

i)            garantizar que las ofertas de acceso al mercado en los diferentes ámbitos son recíprocas, igual de ambiciosas y reflejan las expectativas de ambas partes, subrayando que las diferentes propuestas para estos ámbitos deben ser equilibradas;

ii)           tener como objetivo la eliminación de todos los derechos arancelarios, respetando al mismo tiempo la existencia de una serie de productos agrícolas e industriales sensibles para ambas partes, para los que habrá que acordar listas exhaustivas durante el proceso de negociación; observando que el ACGE podría constituir un buen punto de referencia a este respecto, prever para los productos más sensibles periodos transitorios y cuotas más adecuados y, en un pequeño número de casos, su exclusión;

iii)          hacer todo lo posible para que, tal como se expresa claramente en el mandato para la negociación, se introduzca una cláusula de protección en el acuerdo que se invocaría cuando el aumento de las importaciones de un determinado producto amenace con ocasionar un grave perjuicio para la producción nacional de alimentos;

iv)          tener en cuenta que, puesto que la UE es el principal bloque comercial del mundo, existen importantes intereses ofensivos para la UE en el sector de los servicios altamente especializados, por ejemplo en los ámbitos de la ingeniería y otros servicios profesionales, las telecomunicaciones y los servicios financieros o de transporte;

v)           aumentar el acceso al mercado de los servicios de acuerdo con un «enfoque de lista híbrida», utilizando para el acceso al mercado «listas positivas», de modo que los servicios que se vayan a abrir a empresas extranjeras se mencionen de forma explícita y se excluyan nuevos servicios, garantizando al mismo tiempo que las posibles cláusulas de mantenimiento del statu quo y de trinquete solo se aplican a disposiciones de no discriminación y se permite flexibilidad suficiente tanto para que los servicios de interés económico general vuelvan a estar bajo control público como para tener en cuenta la creación de servicios nuevos e innovadores, y utilizando un «enfoque de listas negativas» para el tratamiento nacional;

vi)          las negociaciones deberían abordar de manera significativa y eliminar las actuales restricciones aplicadas por los Estados Unidos a los servicios de transporte marítimo y aéreo propiedad de empresas europeas como consecuencia de leyes estadounidenses como la Jones Act, la Foreign Dredging Act, la Federal Aviation Act y la Air Cabotage law de los Estados Unidos, y en relación con las restricciones de capital a la propiedad extranjera de las compañías aéreas, que obstaculizan gravemente el acceso al mercado para las empresas de la UE, así como la innovación en los propios Estados Unidos;

vii)         basarse en la declaración conjunta que refleje el compromiso claro de los negociadores de excluir los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros (entre otros, agua, salud, servicios sociales, sistemas de seguridad social y educación) del ámbito de aplicación de la ATCI a fin de garantizar que las autoridades nacionales y, cuando proceda, las locales siguen teniendo pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o rechazar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos conforme a lo previsto en los Tratados y al mandato de negociación de la UE; esta exclusión se aplicará con independencia de cómo se presten y financien dichos servicios;

viii)        trabajar duro para garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, en especial mediante la creación de un marco jurídico con los estados federales que disponen de competencias de regulación en este ámbito, a fin de permitir a los profesionales de la UE y de los Estados Unidos ejercer a ambos lados del Atlántico y facilitar la movilidad de inversores, profesionales, trabajadores altamente cualificados y técnicos entre la UE y los Estados Unidos para los sectores cubiertos por la ATCI;

ix)          tener en cuenta que la facilitación de visados para los proveedores europeos de bienes y servicios constituye uno de los elementos clave para aprovechar el acuerdo y aumentar la presión política sobre los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones, con el fin de garantizar la reciprocidad plena de los visados y la igualdad de trato para todos los Estados miembros de la UE, sin discriminación en lo que se refiere a su acceso a los Estados Unidos;

x)           combinar las negociaciones sobre acceso a los mercados en relación con los servicios financieros con la convergencia de las reglamentaciones financieras al máximo nivel, a fin de respaldar la introducción y la compatibilidad de la reglamentación necesaria para reforzar la estabilidad financiera, garantizar una protección adecuada a los consumidores de productos y servicios financieros y apoyar los esfuerzos de cooperación en marcha en otros foros internacionales, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera; garantizar que estos esfuerzos de cooperación no limitan la soberanía reglamentaria y de supervisión de la UE y de los Estados miembros, incluida su capacidad para prohibir determinados productos y actividades financieros;

xi)          establecer una cooperación reforzada entre la UE, los Estados miembros y los Estados Unidos, con mecanismos para una cooperación internacional más eficaz, con vistas a fijar normas globales más estrictas contra la delincuencia financiera y fiscal y contra la corrupción;

xii)         garantizar que el acervo de la UE en materia de privacidad de los datos no se vea comprometido por la liberalización de los flujos de datos, en particular en el ámbito del comercio electrónico y los servicios financieros, reconociendo al mismo tiempo la importancia de los flujos de datos como espina dorsal para el comercio transatlántico y la economía digital; incorporar, como punto fundamental, una disposición independiente, horizontal, global e inequívoca, basada en artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que excluya plenamente del acuerdo al actual y futuro marco jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales, sin condición alguna de que deba guardar coherencia con otras partes de la ATCI; negociar sobre disposiciones que inciden en el flujo de datos personales solo si se garantiza y respeta la plena aplicación de las normas en materia de protección de datos a ambos lados del Atlántico para colaborar con los Estados Unidos, a fin de animar a terceros países de todo el mundo a que adopten normativas similares de alta protección de datos;

xiii)        tener en cuenta que la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la versión definitiva del Acuerdo ATCI podría correr peligro mientras no cesen por completo las actividades de vigilancia masiva generalizada de los Estados Unidos y no se encuentre una solución adecuada para los derechos de privacidad de datos de los ciudadanos de la UE, incluido el recurso administrativo y judicial, tal y como se prevé en el apartado 74 de la Resolución del Parlamento de 12 de marzo de 2014;

xiv)        velar por que se restablezca pronto y plenamente la confianza entre la UE y los Estados Unidos, que se ha resentido por los escándalos de la vigilancia masiva;

xv)         incluir un capítulo ambicioso en materia de competencia que garantice que la legislación europea en materia de competencia se respeta adecuadamente, en particular en el mundo digital; garantizar que las empresas privadas pueden competir de manera justa con empresas estatales o bajo el control del Estado; garantizar que las subvenciones públicas para empresas privadas estén reguladas y sujetas a un sistema de control transparente;

xvi)         abogar por una competencia abierta y el desarrollo de la economía digital, algo que es mundial por naturaleza pero que tiene sus principales bases en la UE y los Estados Unidos; hacer hincapié en las negociaciones en que la economía digital debe ser fundamental para el mercado transatlántico, con una influencia en la economía mundial y una mayor apertura de los mercados mundiales;

xvii)       tener en cuenta, con respecto a los servicios de la sociedad de la información y los servicios de telecomunicaciones, que es de especial importancia que la ATCI garantice unas condiciones de competencia equitativas con un acceso igualitario y transparente, basado en la reciprocidad, de las empresas de servicios de la UE al mercado de los Estados Unidos y con la obligación por parte de los proveedores de servicios estadounidenses de respetar y cumplir todas las normas de seguridad de los productos y de la industria, así como los derechos de los consumidores, cuando presten servicios en Europa o a clientes europeos;

xviii)       garantizar en el acuerdo que, en pleno cumplimiento de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, las partes se reservan el derecho a adoptar o mantener cualquier medida (en particular de naturaleza reglamentaria o financiera) en relación con la protección o la promoción de la diversidad cultural y lingüística, en consonancia con los artículos pertinentes tal como se recogen en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, con independencia de la plataforma tecnológica o de distribución empleada y teniendo presente que el mandato que han otorgado los Estados miembros a la Comisión Europea excluye explícitamente los servicios audiovisuales;

xix)        especificar que ningún punto del acuerdo afectará a la capacidad de la UE o de los Estados miembros de la UE para conceder subvenciones y facilitar apoyo financiero a las industrias culturales, así como a servicios culturales, educativos, audiovisuales y de prensa;

xx)         confirmar que las obligaciones que establezca el acuerdo ATCI no pondrán en peligro los sistemas de precio fijo para los libros y la fijación de precios de periódicos y revistas;

xxi)        habida cuenta del enorme interés por parte de las empresas europeas, en especial las pymes, en obtener acceso no discriminatorio a los contratos públicos en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como subfederal, por ejemplo, para los servicios de construcción, ingeniería civil, infraestructuras de transporte y energía y bienes y servicios, adoptar un enfoque ambicioso en el capítulo sobre contratación pública, asegurando al mismo tiempo que dicho capítulo respeta las nuevas directivas de contratación pública y concesión de la UE, con el objetivo de equilibrar, de conformidad con el principio de reciprocidad, la gran disparidad que existe actualmente por lo que respecta al grado de apertura de los dos mercados de contratación pública a ambos lados del Atlántico, abriendo de manera significativa el mercado de los Estados Unidos (que sigue regulándose de conformidad con la Buy American Act de 1933), tanto en el nivel federal como en el subfederal, sobre la base de los compromisos adoptados en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), y eliminando las restricciones que actualmente se aplican en el nivel federal, estatal y local en los Estados Unidos; y crear mecanismos que garanticen que los compromisos que adopten las autoridades federales de los Estados Unidos se respetarán en todos los niveles políticos y administrativos;

xxii)       garantizar que, con el objetivo de establecer requisitos procedimentales abiertos, no discriminatorios y predecibles que aseguren un acceso equitativo de las empresas de la UE y de los Estados Unidos, en especial las pymes, al concursar para contratos públicos, los Estados Unidos aumenten la transparencia del proceso de adjudicación vigente en su territorio;

xxiii)       promover la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en el ámbito internacional con el fin de promover estándares comunes de sostenibilidad para la contratación pública en todos los niveles federales y subfederales de la administración, entre otras cosas, en la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública, recientemente revisado; y la adopción y el respeto de normas de responsabilidad social de las empresas basadas en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE);

xxiv)      garantizar que los estados de los Estados Unidos estén incluidos en el proceso de negociación, con el fin de lograr resultados significativos en cuanto a la apertura de los contratos públicos estadounidense a las empresas de la UE;

xxv)       ser consciente, por lo que respecta a la contratación pública, del carácter sensible de los ámbitos de defensa y seguridad, y tener en cuenta los objetivos establecidos por los jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo de Defensa de 2013 para promover el establecimiento de un mercado europeo de seguridad y defensa y una base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE);

xxvi)      garantizar que las negociaciones sobre las normas de origen están dirigidas a conciliar el enfoque de la UE y el de los Estados Unidos y a establecer unas normas de origen eficaces, evitándose que otros acuerdos puedan socavarlas, y considerar las negociaciones como una oportunidad para avanzar hacia estándares comunes en materia de indicación obligatoria del origen de los productos; dadas la conclusión de las negociaciones para el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, y la posible actualización del acuerdo de libre comercio entre la UE y México, habrá que considerar la posibilidad y el alcance de la acumulación; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la ATCI es facilitar el comercio de productos realmente elaborados en los Estados Unidos y en la UE, y no permitir importaciones de terceros países, por lo que las exclusiones para determinados productos deberán estudiarse de forma individual, y deben fijarse excepciones para todos los tipos de acumulaciones en los sectores sensibles;

xxvii)      garantizar que la ATCI es un acuerdo abierto y buscar formas para que los socios de valor, que tienen intereses en las negociaciones de la ATCI debido a los acuerdos de la asociación aduanera con la UE o con los Estados Unidos, pueden estar más activamente informados de los avances;

c) con respecto al pilar de coherencia y cooperación en materia de regulación y a las barreras no arancelarias:

i)            garantizar que el capítulo de cooperación en materia de regulación promueve un entorno económico transparente, eficaz y favorable a la competencia a través de la detección y prevención de posibles futuras barreras no arancelarias al comercio, que afectan de manera desproporcionada a las pymes, y la facilitación del comercio y la inversión, al tiempo que se desarrolla y garantiza el más elevado nivel de protección de la legislación en los ámbitos de la salud y la seguridad, respetando el principio de precaución consagrado en el artículo 191 del TFUE, así como de los consumidores, laboral, medioambiental y del bienestar animal y la diversidad cultural que existe en la UE; apoyar, con total respeto a su autonomía en materia de regulación, el establecimiento de un diálogo estructurado y de cooperación entre reguladores de la manera más transparente posible y con la participación de las partes interesadas; incluir disciplinas transversales sobre la coherencia y transparencia en materia de regulación para el desarrollo y la aplicación de normativas eficaces, rentables y más compatibles para productos y servicios; los negociadores de ambas partes tienen que identificar y ser claros con respecto a qué procedimientos técnicos y qué medidas reglamentarias son fundamentales y no pueden ponerse en peligro, y cuáles pueden ser objeto de un enfoque común, cuáles son las áreas donde es deseable el reconocimiento mutuo basado en un elevado estándar común y un sólido sistema de vigilancia del mercado, y cuáles son los ámbitos donde simplemente es posible mejorar el intercambio de información, sobre la base de la experiencia de varios años de negociaciones en los distintos foros consagrados a ellas, como el Consejo Económico Transatlántico y el Foro de Alto Nivel sobre Cooperación en materia de Regulación, para garantizar igualmente que no va a afectar a normas que todavía no se han establecido en ámbitos en los que la legislación o las normas difieren considerablemente entre los Estados Unidos y la UE, como, por ejemplo, la aplicación de la actual legislación (marco) (por ejemplo, el Reglamento REACH), la adopción de nueva legislación (por ejemplo, sobre la clonación) o futuras definiciones que influyan en el nivel de protección (por ejemplo, los disruptores endocrinos); garantizar que ninguna disposición sobre cooperación en materia de regulación en la ATCI establezca un requisito en materia de procedimiento para la adopción de actos de la Unión a los que esta afecta, ni dé lugar a derechos exigibles en este sentido;

ii)           basar las negociaciones sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y sobre los obstáculos técnicos al comercio (OTC) en los principios claves de los acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF, y proteger las normas y los procedimientos sanitarios y fitosanitarios europeos; procurar en primer lugar eliminar o reducir significativamente las MSF excesivamente gravosas, incluidos los procedimientos de importación conexos; en particular, garantizar que las aprobaciones previas, los protocolos obligatorios o los controles previos al despacho de aduanas no se apliquen como una medida de importación permanente; aumentar la transparencia y apertura, lograr el reconocimiento mutuo de normas equivalentes, realizar intercambios de mejores prácticas, reforzar el diálogo entre los órganos reguladores y las partes interesadas e incrementar la cooperación en los organismos internacionales de normalización; garantizar, en las negociaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y en materia de obstáculos técnicos al comercio, que las normas estrictas que se han establecido para proteger la seguridad alimentaria y la vida o la salud humana, animal o vegetal en la UE, no se vean comprometidas en modo alguno;

iii)          animar a los Estados Unidos a levantar la prohibición de las importaciones de carne de vacuno de la UE;

iv)          en relación con el capítulo de cooperación reglamentaria horizontal, dar prioridad a la promoción de la cooperación bilateral entre organismos reguladores a fin de evitar divergencias innecesarias en cuanto a nuevas tecnologías y servicios, en beneficio de la competitividad de Europa y los Estados Unidos y de la capacidad de elección de los consumidores; lograr todo ello a través de un mayor intercambio de información y mejorar la adopción y aplicación de instrumentos internacionales, a la vez que se respeta el principio de subsidiariedad, sobre la base de experiencias internacionales exitosas, tales como las normas ISO o en el marco del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas; recordar que el reconocimiento de equivalencia del mayor número posible de normas sobre seguridad de los vehículos, sobre la base de un nivel de protección equivalente verificado, sería uno de los logros más importantes de la ATCI; garantizar que la evaluación de impacto previa para el acto reglamentario debería también medir su impacto en los consumidores y el medio ambiente además de su impacto en el comercio y la inversión; promover la compatibilidad reglamentaria sin poner en peligro los objetivos políticos y reglamentarios legítimos ni las competencias de los legisladores de la UE y los Estados Unidos;

v)           procurar seguir garantizando un alto nivel de seguridad de los productos dentro de la Unión, así como suprimir la duplicación innecesaria de pruebas, que genera una pérdida de recursos, en particular en los productos de bajo riesgo;

vi)          abordar los problemas aduaneros que transcienden de las disposiciones del acuerdo de la OMC sobre facilitación del comercio, y hacer hincapié en que, con miras a lograr una auténtica eliminación de las cargas administrativas, es preciso esforzarse en conseguir el máximo grado de adecuación normativa en las políticas y prácticas aduaneras y fronterizas conexas;

vii)         definir claramente, en el marco de la futura cooperación en materia de regulación, qué medidas se refieren a los OTC y a cargas y formalidades administrativas duplicadas o redundantes, y cuáles están vinculadas a estándares y reglamentaciones fundamentales o procedimientos al servicio de un objetivo de política pública;

viii)        respetar plenamente los sistemas de regulación establecidos a ambas orillas del Atlántico, así como el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones de la UE y su control democrático de los procesos de regulación de la UE, al crear el marco para la cooperación en el futuro, al mismo tiempo que se garantiza la mayor transparencia y se vela por una participación equilibrada de las partes interesadas en las consultas incluidas en el desarrollo de una propuesta de regulación y por no dilatar el proceso legislativo europeo; detallar la función, la composición y el estatuto jurídico del órgano de cooperación en materia de regulación, teniendo en cuenta que cualquier aplicación directa y obligatoria de sus recomendaciones implicaría un incumplimiento de los procedimientos legislativos establecidos en los Tratados; supervisar, además, que preserva plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas, en particular las políticas sociales y medioambientales;

d)     con respecto a la normativa:

i)            combinar las negociaciones en materia de acceso al mercado y cooperación en materia de regulación con el establecimiento de normas y principios ambiciosos teniendo presente que cada pilar incluye elementos sensibles específicos sobre cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo sostenible, la energía, las pymes, la inversión y las empresas estatales;

ii)           garantizar que el capítulo de desarrollo sostenible es vinculante, tiene fuerza ejecutoria y tiene como objetivo la ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de su contenido, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos internacionales fundamentales en materia de medio ambiente; las disposiciones han de tener por objetivo mejorar aún más los niveles de protección de los estándares laborales y medioambientales; un capítulo de comercio y desarrollo sostenible ambicioso debe, asimismo, incluir normas sobre responsabilidad social de las empresas basadas en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y un diálogo claramente estructurado con la sociedad civil;

iii)          garantizar que los estándares laborales y medioambientales no se limiten al capítulo de comercio y desarrollo sostenible, sino que se incluyan igualmente en otros ámbitos del acuerdo, como la inversión, el comercio de servicios, la cooperación en materia de regulación y la contratación pública;

iv)          garantizar que los estándares laborales y medioambientales tengan fuerza ejecutiva, partiendo de la experiencia positiva de los acuerdos de libre comercio vigentes celebrados por la UE y los Estados Unidos y las legislaciones nacionales; garantizar asimismo que la aplicación de las disposiciones laborales y su cumplimiento estén sujetos a un proceso de seguimiento eficaz en el que participen los interlocutores sociales y representantes de la sociedad civil, y al mecanismo general de solución de diferencias aplicable a todo el acuerdo;

v)           garantizar, en el pleno respeto de la legislación nacional, que los empleados de empresas transatlánticas registradas conforme a la legislación de un Estado miembro de la UE tengan acceso a la información y consulta de conformidad con la Directiva sobre los comités de empresa europeos;

vi)          garantizar que el impacto económico, social, medioambiental y en términos de empleo de la ATCI se examine asimismo mediante una evaluación ex ante exhaustiva y objetiva del impacto del acuerdo comercial sobre la sostenibilidad (EIS), en el pleno respeto de la Directiva de la UE sobre EIS, con una participación clara y estructurada de todas las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil; pide a la Comisión que lleve a cabo estudios detallados comparativos del impacto para cada Estado miembro, así como una evaluación de la competitividad de sectores de la UE en relación con sectores análogos de la industria estadounidense, con miras a realizar proyecciones sobre la pérdida y la creación de puestos de trabajo en los sectores afectados en cada Estado miembro, de manera que los costes de ajuste pudieran ser parcialmente asumidos por la financiación de la UE y de los Estados miembros;

vii)         mantener el objetivo de dedicar un capítulo específico a la energía, incluidas las materias primas industriales; garantizar que, en el curso de las negociaciones, ambas partes examinen la manera de facilitar las exportaciones de energía, en virtud de lo cual la ATCI aboliría las restricciones o los impedimentos existentes a la exportación de combustibles —incluidos el GNL y el crudo petrolífero— entre ambos socios comerciales, con miras a crear un mercado de la energía competitivo, transparente y no discriminatorio, de modo que se apoye la diversificación de las fuentes de energía, se contribuya a la seguridad del suministro y se obtengan precios de la energía más baratos; hace hincapié en que este capítulo sobre energía debe incorporar garantías claras de que no se socavarán las normas de la UE en materia de medioambiente y sus objetivos en el ámbito de la acción por el clima; promover la cooperación entre la UE y los Estados Unidos con el fin de acabar con las exenciones de los impuestos sobre hidrocarburos para la aviación comercial, de acuerdo con los compromisos del G20 de eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles;

viii)        garantizar que el derecho de cualquiera de los socios a dirigir y regular la exploración, explotación y producción de fuentes energéticas no se vea afectado por ningún acuerdo, pero que, una vez se decida la explotación, se aplique el principio de no discriminación; recordar que ninguno de los puntos del acuerdo debe socavar las decisiones democráticas legítimas y no discriminatorias en lo que respecta a la producción de energía, de conformidad con el principio de cautela; garantizar que también se conceda acceso a las materias primas así como a la energía de forma no discriminatoria a las empresas tanto de la UE como de los Estados Unidos, y que se respeten las normas de calidad para los productos energéticos, incluidas las concernientes a los productos energéticos en relación con su impacto en las emisiones de CO2, como la consagrada en la Directiva sobre la calidad de los combustibles;

ix)          garantizar que la ATCI apoye el uso y la promoción de bienes y servicios ecológicos, también facilitando el desarrollo de los mismos, y simplifique su exportación e importación, aprovechando con ello el considerable potencial de beneficios tanto medioambientales como económicos que ofrece la economía transatlántica y complementando las negociaciones multilaterales en curso en relación con el Acuerdo sobre productos ecológicos con el fin de luchar contra el calentamiento climático y de crear nuevos puestos de trabajo en la «economía verde»;

x)           garantizar que la ATCI sirva de foro para el desarrollo de estándares comunes, ambiciosos y vinculantes en materia de sostenibilidad para la producción y la eficiencia energéticas, teniendo siempre en cuenta y respetando los estándares existentes a ambos lados, como por ejemplo las Directivas de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético, y explorar maneras de mejorar la cooperación en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de energía, y el fomento de tecnologías hipocarbónicas y respetuosas con el medio ambiente;

xi)          velar por que la ATCI contribuya a la gestión sostenible de los recursos pesqueros, en particular mediante la cooperación de ambas partes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);

xii)         garantizar que la ATCI incluye un capítulo específico sobre pymes basado en el compromiso mutuo de ambas partes negociadoras y aspira a crear nuevas oportunidades para las pymes (incluidas las microempresas) europeas en los Estados Unidos, sobre la base de las experiencias transmitidas por las pymes exportadoras, por ejemplo, mediante la eliminación de los requisitos de doble certificación, el establecimiento de un sistema de información basado en la web acerca de las diferentes reglamentaciones y mejores prácticas, la facilitación del acceso de las pymes a programas de apoyo, la introducción de procedimientos acelerados en la frontera o la eliminación de los picos arancelarios específicos que siguen existiendo; debería establecer mecanismos para que ambas partes trabajen juntas a fin de facilitar la participación de las pymes en el comercio transatlántico, por ejemplo a través de una «ventanilla única» para pymes, en cuyo establecimiento las partes interesadas de las pymes habrían de desempeñar un papel clave, que facilitaría toda la información de que precisan para exportar a los Estados Unidos, importar de dicho país o invertir en él, en particular sobre derechos arancelarios, impuestos, normativas, regímenes aduaneros y oportunidades de mercado;

xiii)        garantizar que la ATCI contenga un capítulo exhaustivo sobre inversión que incluya disposiciones tanto sobre acceso al mercado como sobre protección de las inversiones, y reconozca que el acceso al capital puede estimular el empleo y el crecimiento; el capítulo de inversiones debería procurar garantizar un trato no discriminatorio en relación con el establecimiento de empresas europeas y estadounidenses en el territorio del otro socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo la naturaleza sensible de algunos sectores específicos; deberían potenciar Europa como destino para las inversiones y aumentar la confianza con respecto a las inversiones de la UE en los Estados Unidos, así como abordar las obligaciones y responsabilidades de los inversores haciendo referencia, entre otros, a los principios de la OCDE para las empresas multinacionales y los principios de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos como puntos de referencia;

xiv)        garantizar que las disposiciones en materia de protección de las inversiones se limiten a las disposiciones posteriores al establecimiento y se centren en el trato nacional, el trato de nación más favorecida, y una protección justa y equitativa contra la expropiación directa e indirecta, incluido el derecho a una compensación rápida, adecuada y eficaz; deberían elaborarse estándares de protección y definiciones de inversor e inversión de una manera precisa y legal, de modo que se proteja el derecho a regular en el interés público, se aclare el significado de expropiación indirecta y se eviten demandas infundadas o insustanciales; la libre transferencia de capital debería estar en consonancia con las disposiciones de los tratados de la UE e incluir medidas cautelares con una duración ilimitada en caso de crisis financieras;

xv)         garantizar la aplicabilidad de los tratados internacionales y poner fin al trato desigual de los inversores europeos en los Estados Unidos resultante de los acuerdos existentes de los Estados miembros; garantizar que los inversores extranjeros sean tratados de forma no discriminatoria y se les brinde una oportunidad justa para solicitar y lograr la reparación de los agravios, sin beneficiarse de derechos superiores a los de los inversores directos:

–         tomar como punto de partida el documento de análisis presentado recientemente —el 7 de mayo— por la Comisaria Malmström a la Comisión INTA, así como las negociaciones en curso en el Consejo de Ministros de Comercio, y utilizarlos como base para negociar un sistema nuevo y efectivo de protección de las inversiones, ya que establecen propuestas muy positivas para la reforma y la mejora,

–         teniendo en cuenta que tanto la UE como los Estados Unidos disponen de ordenamientos jurídicos altamente desarrollados, encomendar a los tribunales de la UE y de los Estados miembros, así como de los Estados Unidos, que proporcionen un amparo legal eficaz basado en la legitimidad democrática de forma eficaz y económica,

–         proponer una solución permanente para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados que esté sujeta a los principios y el control democráticos, en la que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación en el que se garantice la coherencia de las decisiones judiciales y se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros,

–         a medio plazo la herramienta más adecuada para abordar las controversias en materia de inversiones podría ser un Tribunal Internacional de Inversión de carácter público;

xvi)        asegurar que la ATCI incluya un capítulo ambicioso, equilibrado y moderno sobre derechos de propiedad intelectual, que cuente con ámbitos definidos con precisión, incluidos el reconocimiento y una protección mejorada de las indicaciones geográficas, y refleje un nivel justo y eficiente de protección, sin dificultar la necesidad de la UE de reforzar su sistema de derechos de autor, y garantizando al mismo tiempo un justo equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el interés público, en particular la necesidad de proteger el acceso a medicamentos asequibles, sin dejar de apoyar las flexibilidades existentes en el Acuerdo sobre los ADPIC;

xvii)       considerar de suma importancia que la UE y los Estados Unidos mantengan su compromiso con las negociaciones multilaterales mundiales en materia de armonización de patentes a través de los organismos internacionales existentes y participen en los mismos, por lo que advierte del peligro de intentar introducir en la ATCI disposiciones sobre el Derecho sustantivo de patentes, en particular sobre cuestiones relacionadas con la patentabilidad y los periodos de gracia;

xviii)       garantizar que el capítulo sobre derechos de propiedad intelectual no incluya disposiciones sobre la responsabilidad de los intermediarios en internet o sobre las sanciones penales como una herramienta para la ejecución, ya que esto fue rechazado anteriormente por el Parlamento, incluido el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) propuesto;

xix)        garantizar el pleno reconocimiento y una firme protección jurídica de las indicaciones geográficas de la UE, así como medidas para luchar contra el uso indebido de las mismas y la información y las prácticas engañosas; velar por el etiquetado, la rastreabilidad y la autenticidad del origen de estos productos en beneficio de los consumidores, y por la protección del saber hacer de los productores, en cuanto elementos esenciales de un acuerdo equilibrado;

e) en relación con la transparencia, la participación de la sociedad civil y la difusión pública y política:

i)       mantener los esfuerzos para aumentar la transparencia de las negociaciones, poniendo más propuestas de negociación a disposición del público en general, y aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo, en particular las relativas a las normas sobre el acceso público a los documentos;

ii)           velar por que estos esfuerzos de transparencia se traduzcan en resultados prácticos significativos, entre otras cosas, llegando a acuerdos con la parte estadounidense para mejorar la transparencia, incluido el acceso de los diputados al Parlamento Europeo a todos los documentos de negociación, también los textos consolidados, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad necesaria, con el fin de permitir que los parlamentarios y los Estados miembros lleven a cabo un debate constructivo con las partes interesadas y el público; garantizar que ambas partes de la negociación deban justificar cualquier negativa a revelar una propuesta de negociación;

iii)          promover un compromiso aún más estrecho con los Estados miembros —responsables del mandato para la negociación que ordenaba a la Comisión Europea iniciar las negociaciones con los Estados Unidos— con objeto de forjar su participación activa a la hora de comunicar mejor el alcance y los posibles beneficios del acuerdo para los ciudadanos europeos, a lo que se comprometieron en las Conclusiones del Consejo adoptadas el 20 de marzo de 2015, con el fin de garantizar un amplio debate público basado en hechos sobre la ATCI en Europa con miras a explorar las auténticas preocupaciones suscitadas por el acuerdo;

iv)          reforzar su compromiso continuo y transparente con una amplia gama de partes interesadas a lo largo del proceso de negociación; alentar a todas las partes interesadas a que participen activamente y propongan iniciativas e información relevantes para las negociaciones;

v)           alentar a los Estados miembros a que asocien a los parlamentos nacionales en consonancia con sus respectivas obligaciones constitucionales, facilitar el apoyo necesario para que los Estados miembros cumplan este cometido y reforzar los contactos con los parlamentos nacionales, a fin de mantener a los parlamentos nacionales oportunamente informados sobre las negociaciones en curso;

vi)          tomar como punto de partida el estrecho compromiso con el Parlamento y buscar un diálogo estructurado y aún más estrecho, que continuará vigilando de cerca el proceso de negociación, y trabajar por su parte con la Comisión, los Estados miembros y el Congreso y la Administración estadounidenses, así como con las partes interesadas a ambas orillas del Atlántico, para garantizar un resultado que beneficie a los ciudadanos de la UE, de los Estados Unidos y del resto de países;

vii)         garantizar que la ATCI y la futura ejecución de la misma vayan acompañadas de una profundización de la cooperación parlamentaria transatlántica, sobre la base del Diálogo Transatlántico de Legisladores y sirviéndose de la experiencia adquirida a ese respecto, que desemboque en el futuro en un marco político ampliado y mejorado para desarrollar planteamientos comunes, reforzar la asociación estratégica e incrementar la cooperación global entre la UE y los Estados Unidos;

2.      Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo, a la Comisión y, para información, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y a la Administración y el Congreso de los Estados Unidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando la UE negocia un acuerdo internacional, como la ATCI, el Parlamento Europeo tiene derecho a expresar su posición sobre el acuerdo en cualquier fase de las negociaciones, sobre la base del artículo 108, apartado 4, del Reglamento. El ponente desea aprovechar esta oportunidad para evaluar los principales resultados de las negociaciones después de más de un año y medio de debates y expresar las opiniones del Parlamento sobre las principales áreas de un posible acuerdo ATCI. El informe del Parlamento debería contribuir a un nuevo comienzo de las negociaciones, ahora que ya se ha formado la nueva Comisión y después de las elecciones a mitad de mandato en los Estados Unidos.

Este informe es un seguimiento de las resoluciones aprobadas en la anterior legislatura relativas a las negociaciones comerciales y de inversión con los Estados Unidos en octubre de 2012 y mayo de 2013. El objetivo del ponente es ser lo más completo posible y permitir a los miembros de las distintas comisiones en el Parlamento que realicen una contribución meditada al proceso. El Parlamento tiene la última palabra en la ratificación de los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países: Un acuerdo solo puede entrar en vigor con el consentimiento del Parlamento. El rechazo del ACTA (protección de la propiedad intelectual, entre otras cosas en el dominio digital) ha demostrado que el Parlamento se toma su papel en la política comercial muy en serio.

Dadas las muchas voces críticas de la opinión pública europea y ante la debilidad de la aceptación pública del acuerdo en negociación, el Parlamento seguirá presionando para alcanzar el más alto nivel posible de transparencia y garantizará que se adopte solo un buen acuerdo, un acuerdo que respete los valores europeos, estimule el crecimiento sostenible y contribuya al bienestar de todos los ciudadanos.

1.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Francisco José Millán Mon

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Considera que la UE y los Estados Unidos son socios estratégicos fundamentales; subraya que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) es el más importante de los recientes proyectos entre la UE y los Estados Unidos, y debería revitalizar la asociación transatlántica en su conjunto, más allá de sus aspectos comerciales; hace hincapié en que su conclusión satisfactoria es de gran importancia geopolítica en un momento en que los Estados Unidos pivotan hacia Asia y están concluyendo la Asociación Transpacífica; subraya que se prevé que la ATCI tenga un efecto positivo en el empleo, el crecimiento y la competitividad de las dos economías, golpeadas ambas por la crisis; destaca que estas negociaciones deben llevarse a cabo de la manera más abierta y transparente posible;

2.  Hace hincapié en que la política comercial es una parte esencial de la acción exterior de la UE y, como tal, debe formularse en consonancia con otras políticas exteriores e instrumentos políticos; alienta, por lo tanto, una estrecha interacción entre los comisarios competentes, las direcciones generales, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros;

3.  Señala la importancia estratégica de la ATCI respecto al fortalecimiento y el diseño de la gobernanza económica y comercial mundial regulada por normas, sobre la base de los valores compartidos por la UE y los Estados Unidos, en particular en un mundo cada vez más multipolar; apunta que su impacto iría más allá de las implicaciones bilaterales al facilitar el establecimiento de reglamentos y normas comunes que podrían aprobarse posteriormente a escala mundial; incide, en este sentido, en que las negociaciones bilaterales que mantiene la UE no deben ser un sustituto sino más bien un trampolín por lo que respecta a una mayor liberalización comercial en el seno de la OMC;

4.  Hace hincapié en que, en el marco de la ATCI, no deben reducirse los niveles de exigencia, especialmente en cuestiones importantes, como la protección de los consumidores, la salud, los derechos laborales o el medio ambiente, sino tomarse en consideración las diferencias entre los sistemas normativos europeo y estadounidense para tratar de lograr estrictas normas comunes como modelo para el mundo, ya que ello reforzaría la posición económica mundial de la UE y promovería al mismo tiempo nuestros valores; destaca que ninguna disposición del capítulo sobre la protección de la inversión debe entenderse de forma que socave el derecho de la UE y de los Estados miembros a legislar, de conformidad con sus respectivas competencias, en el marco de la consecución de los objetivos legítimos de orden público;

5.  Destaca que ambas partes de la ATCI deben comprometerse a alentar a las empresas a respetar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; señala que las partes deberían trabajar con los sindicatos para vigilar la observancia de estas Líneas Directrices por parte de las empresas multinacionales;

6.  Pide a la Comisión que, por lo que respecta a la contratación pública, sea consciente del carácter delicado de los ámbitos de defensa y seguridad y que tenga en cuenta los objetivos establecidos por los jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo de Defensa de 2013 para promover el establecimiento de un mercado europeo de seguridad y defensa y una base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE);

7.  Destaca que la celebración de la ATCI abre la perspectiva de un amplio espacio económico que incluiría a terceros países con los que la UE y los Estados Unidos mantienen estrechas relaciones económicas y comerciales; pide a la Comisión que garantice la posibilidad de ampliar cualquier acuerdo final con vistas a permitir una cooperación estrecha con aquellos países con los que la UE y los Estados Unidos han suscrito tratados de libre comercio, y que consulte en este proceso, en particular, a aquellos países que se verían afectados por la ATCI, como México y Canadá, a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Turquía debido a su unión aduanera con la UE, así como a los países del EEE; señala que los estudios indican que la ATCI tendría un efecto positivo para las economías de terceros países y brindaría nuevas oportunidades para los países en desarrollo;

8.  Subraya que el suministro de energía de la UE depende en gran medida de fuentes extranjeras y, por tanto, pide a la Comisión que vele por que en la ATCI se incluya un capítulo sólido sobre energía; hace hincapié en el potencial de la ATCI para diversificar el suministro de hidrocarburos de la UE y contribuir a su seguridad energética; insta a la Comisión a buscar formas de explotar este potencial con arreglo a estrictas normas medioambientales, la transición hacia economías hipocarbónicas y los ambiciosos objetivos de la UE para combatir el cambio climático; subraya que el acuerdo no debe afectar al derecho de cada parte para controlar la exploración y explotación de sus fuentes de energía;

9.  Considera que este acuerdo debe ir acompañado de una profundización de la cooperación parlamentaria transatlántica y que el fortalecimiento de los lazos comerciales y en materia de inversión gracias a la ATCI debe conducir en el futuro a un marco político ampliado y mejorado para desarrollar planteamientos comunes, reforzar la asociación estratégica e incrementar la cooperación global entre la UE y los Estados Unidos; hace hincapié en que los instrumentos creados para reforzar la cooperación normativa no deberían afectar a los procedimientos legislativos europeos o estadounidenses y que siempre debe implicarse de forma adecuada a los legisladores, respetando sus correspondientes derechos parlamentarios, en cualquier órgano que pueda crearse para fomentar la cooperación normativa; subraya la necesidad de contar también con la participación de todas las partes interesadas pertinentes;

10. Recuerda a la Comisión que todavía está pendiente la abolición por parte de los Estados Unidos del régimen de visados para cinco Estados miembros de la UE;

11. Toma nota de que la Comisión está tomando medidas para aumentar la transparencia de las negociaciones; reconoce que ya se han realizado avances en este sentido; pide a la Comisión que siga realizando esfuerzos, también con respecto a las autoridades estadounidenses, en aras de una mayor transparencia parlamentaria de las negociaciones, incluido el acceso oportuno a más documentos de negociación; destaca que una comunicación adecuada con la sociedad civil resulta esencial para garantizar el éxito del acuerdo y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus actividades de divulgación; espera que el enfoque más transparente de la Comisión se aplique también a otras negociaciones comerciales.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

31.3.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

20

5

Miembros presentes en la votación final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Suplentes presentes en la votación final

Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Dieter-Lebrecht Koch

24.2.2015

OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Arne Lietz

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Pide a la Comisión que respete lo dispuesto en el artículo 208 del Tratado de Lisboa en las relaciones comerciales y que incluya en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) una referencia explícita a la política de desarrollo como uno de los objetivos legítimos de las políticas públicas así como al principio de coherencia de las políticas de desarrollo, exigiendo que se tengan en cuenta los objetivos de cooperación para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo;

2.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta que, dado el tamaño y el alcance de la economía transatlántica, las repercusiones de la ATCI irán más allá de las relaciones bilaterales y sin duda afectarán a los países en desarrollo, dada la probabilidad de que este megaacuerdo comercial redefina las normas del comercio mundial y establezca nuevas disposiciones; pide a la Comisión que, en cuanto las disposiciones de la ATCI estén más claras, encargue un estudio independiente sobre el impacto de la ATCI en los países en desarrollo y sobre los futuros objetivos de desarrollo sostenible, puesto que el texto del mandato de negociación es tan general que sus posibles efectos sobre los países en desarrollo son difíciles de predecir;

3.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta que los efectos de la ATCI sobre los países en desarrollo variarán en función de su estructura económica y de sus relaciones comerciales del momento; pide igualmente a la Comisión que tenga en cuenta el hecho de que la mayoría de los países en desarrollo se benefician en algún grado de preferencias arancelarias con la UE y los Estados Unidos; insta a la Comisión a que intensifique el diálogo con los países en desarrollo con el fin de evaluar el impacto de la ATCI y a que tenga en cuenta el posible riesgo de erosión de las preferencias y el consiguiente desvío de los flujos comerciales y de las inversiones para los algunos países en desarrollo;

4.  Pide a la Comisión que, en su diálogo con los países en desarrollo, destaque el potencial de la ATCI para crear nuevas oportunidades para los países en cuestión en el comercio mundial, como resultado de un mayor crecimiento y de un aumento de la demanda de bienes de exportación tanto en la UE como en los Estados Unidos, y de una disminución de los costes del comercio como consecuencia de la necesidad de adaptarse a un único conjunto de normas y patrones para acceder a ambos mercados; recomienda a la Comisión que tome medidas para reducir los costes asociados a su cumplimiento (especialmente para las pymes) y que apoye iniciativas que favorezcan la integración de los países en desarrollo en las cadenas de valores mundiales a través de instrumentos de desarrollo adecuados;

5.  Pide a la Comisión que preste apoyo político y asistencia técnica a los países en desarrollo para que consigan una mayor integración regional y zonas comerciales más fuertes, y que avance hacia un enfoque más justo en sus negociaciones de acuerdos de asociación económica que tienen por objeto establecer un marco seguro para los flujos comerciales y de inversión entre la UE y los países ACP;

6.  Insta a la Comisión a velar por que la ATCI no reduzca la importancia de la OMC y contribuya a un sistema de comercio mundial justo y sostenible que no deje de lado cuestiones importantes para los países en desarrollo, como la seguridad de los alimentos, las subvenciones agrícolas o la mitigación del cambio climático, intensificando sus esfuerzos por progresar en instancias multilaterales democráticas, en particular la OMC, como opción preferente de la UE, y a concluir con éxito las negociaciones de la Ronda de Doha, puesto que esta es la mejor manera de lograr un sistema de comercio inclusivo y que opere en beneficio de todas las partes; pide asimismo a la Comisión que garantice que el tercer pilar de la ATCI respete las normas multilaterales que permiten a la OMC prever excepciones para los países en desarrollo, en especial en lo que respecta a la posibilidad de imponer restricciones a la exportación en el ámbito de la energía y del acceso a materias primas;

7.  Pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones, promueva unas normas más rigurosas a escala mundial en materia de protección de los derechos humanos, las normas de la OIT, el trabajo digno, la protección del medio ambiente, el acceso universal a servicios públicos de calidad, la protección social, la cobertura sanitaria pública y universal, el acceso universal a medicamentos y la seguridad alimentaria y de los productos; anima a la UE a que se posicione como defensora de los intereses de los países en desarrollo;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el nivel de transparencia y el carácter democrático de las negociaciones promoviendo el diálogo con la sociedad civil y otras partes interesadas.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.2.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

16

7

1

Miembros presentes en la votación final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Suplentes presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Kosma Złotowski

27.3.2015

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Jeppe Kofod

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

a.  que garantice la celebración en torno a la ATCI de un acuerdo global y ambicioso que promueva la competencia leal a ambas orillas del Atlántico, si bien teniendo en cuenta los valores de la economía de mercado social europea, asegurándose de que beneficie a los consumidores, a la industria y a los inversores, fomentando el crecimiento y la creación de empleo de calidad y garantizando que la cooperación reglamentaria no socava en modo alguno el control democrático a ambos lados del Atlántico y aspira asimismo a la transición hacia una sociedad más sostenible;

b.  que adopte medidas inmediatas con objeto de garantizar que el comercio y la inversión por parte de los agentes financieros a ambos lados del Atlántico, así como un acceso equitativo al mercado para todos los proveedores de servicios en los EE.UU. y en Europa, se regulan sobre la base de los más estrictos estándares, trabajando al mismo tiempo para lograr elevados niveles de protección, especialmente en ámbitos como la salud y la seguridad, la protección de los consumidores, el trabajo, los derechos sociales, la reglamentación de los servicios financieros, la legislación medioambiental, la seguridad alimentaria y la protección de datos; que se asegure de que ninguna disposición impida de forma alguna el futuro refuerzo de dichos niveles, tanto en cuanto al fondo como por generar un efecto reglamentario de enfriamiento; y que garantice que el acuerdo de la ATCI incluye un capítulo específico para pymes;

c.  que adopte la posición de que un acuerdo adecuado sobre los niveles reglamentarios puede servir como precedente mundial para futuros acuerdos de comercio e inversión, reduciendo los costes para las empresas, especialmente las pymes, en todo el mundo;

d.  que reconozca que las pymes pueden ser las principales beneficiarias de la ATCI, puesto que las grandes empresas disponen de economías de escala que les permiten acceder con facilidad a los mercados de ambos lados del Atlántico, así como que las pymes no disponen de los recursos financieros, jurídicos y de otro tipo necesarios para hacer frente a las diferencias reglamentarias y a otras barreras al comercio;

e.  que garantice una mayor transparencia y un mayor intercambio de información en el marco de las normas en materia de ayudas estatales y de la asignación de estas ayudas, al tiempo que garantiza la prestación de servicios de interés económico general, así como una cooperación más estrecha entre las autoridades de defensa de la competencia en el ámbito de las fusiones, la prevención de prácticas restrictivas de la competencia, las empresas estatales y las subvenciones; que adopte inmediatamente medidas encaminadas a garantizar la inclusión de un capítulo sobre competencia en el acuerdo;

f.   que adopte medidas inmediatas para velar por que las negociaciones sobre el acceso a los mercados en relación con los servicios financieros se combinen con el reconocimiento mutuo y una convergencia al alza de los reglamentos financieros, que implique el fomento de unos niveles más elevados y del interés general como uno de los objetivos principales; que respalde unos estándares internacionales cada vez más estrictos en las actividades de cooperación en marcha en otros foros internacionales, incluidas las normas de Basilea III, sin perjuicio de la competencia de las autoridades de la UE y de los Estados miembros para regular y supervisar prácticas y productos financieros en la ejecución de sus obligaciones de regulación y supervisión;

g.  que no escatime esfuerzos para aprovechar plenamente la oportunidad que ofrecen las negociaciones de la ATCI para avanzar conjuntamente en materia de servicios financieros de forma positiva y constructiva, teniendo en cuenta al mismo tiempo lo que ya ha logrado cada una de las partes a este respecto; el debate podría incluir consultas bilaterales en la fase previa a nuevos actos legislativos, transparencia para con las partes interesadas en lo que se refiere a los debates bilaterales sobre cuestiones financieras y una mayor rendición de cuentas a los órganos elegidos;

h.  que se abstenga de adquirir compromisos adicionales en materia de acceso al mercado para los servicios financieros, puesto que la interconexión, la complejidad y las entidades excesivamente grandes generan y propagan riesgos sistémicos y representan una amenazada para la estabilidad financiera;

i.   que presente una directiva con medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios para poner fin a la competencia nociva por parte de las empresas, especialmente multinacionales, que organizan su posición fiscal mundial, a menudo al otro lado del Atlántico, de un modo que permite deslocalizar los beneficios hacia jurisdicciones con una menor fiscalidad, teniendo en cuenta la labor de la OCDE; que garantice que a los fondos off shore cuyos gestores operan a ambos lados del Atlántico se les exige que establezcan su sede on shore; que tome medidas inmediatas para garantizar el intercambio automático de información y una notificación desglosada por países sobre las cuestiones fiscales, excluidas las pymes; que establezca una definición y una lista de los paraísos fiscales a escala de la UE, teniendo en cuenta la labor de la OCDE;

j.   que actúe de inmediato a fin de incluir en la ATCI medidas jurídicas para combatir la planificación fiscal abusiva mediante la circulación sistemática de capitales de un lado a otro del Atlántico, y que se asegure de que esta última se basa por el contrario en la actividad económica y no tiene por objeto eludir el pago de impuestos en el país de producción; que garantice una mayor transparencia y granularidad en lo relativo a las estadísticas sobre la balanza de pagos a ambos lados del Atlántico;

k.  que adopte medidas inmediatas para garantizar a las empresas europeas, incluidas las pymes, una justa competencia y un acceso equitativo al mercado de los contratos públicos y a la contratación pública en los EE. UU., y que se asegure de que esta última incluye el respeto obligatorio de criterios sociales, éticos y medioambientales; que reconozca que el actual desequilibrio en el acceso al mercado de contratos públicos y de contratación pública en los EE.UU., en comparación con la UE, constituye competencia desleal; que admita que el 85 % de las licitaciones públicas en la UE ya están abiertas a proveedores de los EE.UU., mientras que tan solo el 32 % de las licitaciones de los EE.UU. están abiertas a proveedores de la UE; que garantice que se siguen respetando las normas de la UE sobre contratación pública recientemente adoptadas;

l.   que garantice que las normas de la UE sobre contratación pública recientemente adoptadas reciben protección y apoyo en el marco de las negociaciones, especialmente en lo relativo al acceso de las pymes a contratos públicos, a unos criterios de adecuación basados en la mejor relación calidad-precio en lugar de en el precio más barato, a unos mercados reservados asignados a empresas de la economía social, a la posibilidad de que las autoridades contractuales fomenten la cooperación intercomunitaria y al mantenimiento de los umbrales para la exclusión de licitaciones de las normas internacionales y de la UE; que garantice que no se discrimina a las empresas de la UE cuando solicitan un contrato de las administraciones públicas en los EE.UU. y que se benefician de un acceso transparente equivalente al que se concede a las empresas estadounidenses en Europa con arreglo a las normas de contratación pública de la UE;

m. que adopte de inmediato medidas proactivas encaminadas a combatir el proteccionismo, y aborde la legislación que obstaculiza el acceso europeo al mercado estadounidense;

n.  que garantice que, cualesquiera que sean los mecanismos que se establezcan en el marco de la ATCI, estos respeten la máxima transparencia, estén sujetos al control y los principios democráticos y no interfieran con el derecho de los gobiernos a regular;

o.  que adopte medidas inmediatas para garantizar que se seleccione un «planteamiento de lista positiva», de manera que todos los servicios públicos cubiertos por la ATCI se especifiquen de forma positiva en el acuerdo, y que no se incluyan en el mismo cláusulas de mantenimiento del statu quo ni de trinquete;

p.  que reconozca y subraye la importancia continuada de las empresas estatales y de otros tipos de propiedad pública para los servicios públicos importantes y los servicios de interés general, y que pida que queden excluidos del acuerdo; que garantice que la gestión de los servicios públicos no se vea afectada por la ATCI, en línea con el mandato que han concedido los Estados miembros a la Comisión;

q.  que reconozca que la ATCI beneficiará más a las pymes que a las grandes empresas; que tome nota de que la eliminación de aranceles, la simplificación de los regímenes aduaneros y la convergencia de las normas de productos facilitarán de manera significativa la participación de las pymes en el comercio transatlántico, y de que la ATCI será el primer acuerdo de libre comercio que incluya un capítulo dedicado a las pymes; que se esfuerce por consolidar la cooperación actual entre los EE.UU. y la UE en materia de pymes; que procure crear páginas web en las que las pymes tanto europeas como estadounidenses puedan informarse sobre los aranceles, los regímenes aduaneros y todas las reglamentaciones de producto aplicables a nivel tanto federal como local en los EE.UU., así como a nivel de la Unión y de los Estados miembros en la UE;

r.   que garantice que la legislación europea en materia de competencia se respeta adecuadamente en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a los mercados digitales;

s.   que garantice que el acuerdo respeta plenamente los derechos de los trabajadores y la protección de los mismos, y que estos no son socavados por un aumento del acceso al mercado y de la competencia;

t.   que sea consciente de que este acuerdo tiene importancia política además de económica, ya que lo suscriben ambas orillas del Atlántico, una zona que se caracteriza por compartir su seguridad, así como los valores de libertad, igualdad, democracia, derechos humanos y la economía social de mercado;

u.  que sea consciente de las incertidumbres que existen en relación con las negociaciones de la ATCI y que, para disiparlas, haga que las negociaciones sean lo más transparentes posible y lance una campaña de información europea;

v.  que adopte medidas adicionales para mejorar la transparencia de las negociaciones, en especial en lo relativo al acceso directo a la información a escala regional y local;

w. que garantice la transparencia en las negociaciones a lo largo de todo el proceso, a tenor de la obligación contraída por la Comisión en virtud del artículo 218, apartado 10, del TFUE, cuyo carácter obligatorio fue confirmado por el Tribunal de Justicia en una sentencia reciente, de mantener al Parlamento plenamente informado, y de forma inmediata, en todas las fases de las negociaciones; que obre por un acuerdo con la Administración estadounidense en lo relativo al acceso de todos los diputados a los textos consolidados de la negociación; que garantice el acceso público a los documentos pertinentes de las negociaciones, de todas las partes, exceptuando aquellos que deban ser clasificados, con una justificación clara y determinada caso por caso, en consonancia con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

x.  que proponga iniciativas para las pymes sobre el modo de conseguir acceso al mercado e iniciar inversiones al otro lado del Atlántico;

y.  que garantice que el Parlamento Europeo desempeña una función apropiada en las decisiones de convergencia reglamentaria que se tomen tras la ratificación del acuerdo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.3.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

13

9

Miembros presentes en la votación final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Suplentes presentes en la votación final

Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jussi Halla-aho

1.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Marian Harkin

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

–   Visto el informe de evaluación de impacto de la Comisión sobre el futuro de las relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos, publicado el 12 de marzo de 2013,

1.  Formula, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

     i)          que vele por que la ATCI asegure los puestos de trabajo existentes y aporte una contribución positiva y tangible a la defensa y generación de un crecimiento sólido y sostenible para aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo más cualificado para satisfacer las nuevas necesidades del mercado de trabajo, junto con empleos mejores y más sostenibles en la UE para contribuir a alcanzar el objetivo de ocupación del 75 % de la población en 2020, teniendo en cuenta que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el bienestar; que respete plenamente y proteja las normas laborales internacionales; que garantice que se cumplan las normas, en particular las sociales, medioambientales y en materia de salud y seguridad en el trabajo, y que puedan mejorarse;

     ii)         que facilite al Parlamento estimaciones actualizadas del impacto de la ATCI para el empleo y el crecimiento en la Unión Europea, haciendo referencia en particular a las consecuencias para los Estados miembros de la Europa central y sudoriental;

     iii)         que vele por que se tomen medidas para modernizar los sistemas de formación, a fin de facilitar el desarrollo de nuevas competencias y una mayor cualificación de los trabajadores, mejorando así el acceso al mercado laboral;

     iv)        que vele por que se evalúen de forma contradictoria y en profundidad las repercusiones sociales y medioambientales que entrañaría un posible acuerdo;

     v)         que mida el riesgo de que la definición de normas comunes de protección social y medioambiental con los Estados Unidos debilite las preferencias colectivas europeas y exacerbe las diferencias económicas y sociales entre los Estados miembros de la UE;

     vi)        que garantice en todos los capítulos de la ATCI que con el acuerdo no se debiliten, infrinjan o anulen bajo ninguna circunstancia normas de la Unión Europea y de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: derechos de los trabajadores, condiciones laborales, seguridad social, inclusión social y protección social, salud y seguridad en el lugar de trabajo, formación profesional, cualificación profesional, libertad de circulación de los trabajadores y jubilados, diálogo social y lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo y en el mercado laboral; que garantice, además, que la ATCI incluya disposiciones generales y vinculantes sobre las legislaciones y las políticas laborales a todos los niveles gubernamentales que respeten los convenios fundamentales y el Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que garantice que el comercio y la inversión no se fomenten mediante la debilitación de la legislación laboral; que, cuando surjan diferencias, las disposiciones laborales estén sujetas a un mecanismo de resolución de diferencias, incluida la posibilidad de imponer sanciones; que, en este contexto, los órganos de supervisión de la OIT puedan desempeñar un papel;

     vii)        que, si los elementos finales del acuerdo de la ATCI ponen en peligro o contravienen normas de estos sectores, informe inmediatamente al respecto a la comisión competente del Parlamento Europeo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, para que pueda celebrarse una consulta y puedan tomarse decisiones;

     viii)       que rechace todo acuerdo que pueda suponer una amenaza para las normas laborales de la UE y generar dumping social;

     ix)        que garantice que se reconozcan, defiendan e integren plenamente en todas las partes operativas del acuerdo las dimensiones de las disposiciones laborales y sociales a fin de asegurar un enfoque coherente y amplio en relación con el desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales;

     x)         que garantice que, al margen de las negociaciones de la ATCI, se alcanzará un acuerdo sobre el paquete de movilidad de beneficio mutuo, teniendo en cuenta que la facilitación de visados para los proveedores europeos de bienes y servicios y la autorización para que los profesionales trabajen en los Estados Unidos mediante el reconocimiento de sus cualificaciones constituyen uno de los elementos clave para aprovechar plenamente el acuerdo de la ATCI;

     xi)        que garantice que la sociedad civil pueda contribuir de manera significativa a la aplicación de las disposiciones de la ATCI pertinentes; que, en este contexto, la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones laborales se sometan a un proceso de supervisión en el que participen los interlocutores sociales y la sociedad civil en un diálogo social en el que participen consejos consultivos, teniendo también en cuenta la dimensión más amplia del artículo 17, apartado 1, del TUE; que garantice que la sociedad civil y los ciudadanos interesados estén informados y tengan acceso a todos los textos de negociación pertinentes, y que el Parlamento y el Consejo tengan acceso a un texto de negociación consolidado, inmediatamente después de que dichos textos se hayan debatido en rondas de negociación;

     xii)        que adopte medidas inmediatas para salvaguardar el derecho de los Estados miembros a legislar, financiar, organizar, establecer normas de calidad y de seguridad, gestionar y regular los servicios públicos, incluidos los servicios sociales y educativos, los servicios de salud, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la eliminación de residuos, la seguridad social, el ferrocarril y el transporte público, la energía, los servicios culturales y audiovisuales, etc., y que garantice la exclusión de los servicios públicos (incluida el agua, la sanidad, los regímenes de seguridad social y la educación) del ámbito del tratado;

     xiii)       que garantice que los servicios públicos queden excluidos explícitamente del ámbito de aplicación de la ATCI, tal y como se prevé en el artículo 14 del TFUE, con el fin de garantizar que las autoridades nacionales y locales dispongan de libertad para introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos, según los previsto en el artículo 168 del TFUE (salud pública) y en el protocolo nº 26 (servicios de interés general) de los Tratados de la UE; que esta exclusión resulte de aplicación tanto si los servicios de que se trate se organizan como monopolio, operan con derechos exclusivos o de otra forma, y tanto si se financian o se prestan de manera pública o privada; que estos servicios incluyan los servicios de asistencia sanitaria y social, los regímenes de seguridad social, la educación con financiación pública, el transporte ferroviario y público, el agua, el gas y los servicios de electricidad;

     xiv)       que garantice que las cláusulas de bloqueo de futura liberalización y de mantenimiento del statu quo no se apliquen a ningún servicio público o social; que mantenga la libertad de renacionalizar y remunicipalizar los servicios;

     xv)       que garantice que se tengan plenamente en cuenta los retos específicos a que se enfrentan las pymes y las microempresas, como las barreras comerciales no arancelarias, la burocracia y los efectos de diversión comercial derivados de la ATCI; que garantice que las pymes beneficien plenamente de un mercado abierto mediante la creación de un marco económico que estimule las exportaciones y de un entorno comercial favorable, competitivo y sostenible; que garantice que se tengan plenamente en cuenta los retos específicos a que se enfrenta el 87 % de las pymes de la UE que no realizan exportaciones, sino que dependen de la demanda nacional;

     xvi)       que simplifique los procedimientos y estudie nuevos mecanismos para ayudar a las pymes a beneficiarse de la ATCI;

     xvii)      que cree incentivos y fomente la asunción de la responsabilidad social de las empresas (RSE), que debe complementar las legislaciones laboral y medioambiental en vigor y en ningún caso sustituirlas;

     xviii)     que garantice que el acuerdo sobre cualquier mecanismo de solución de diferencias sobre protección de inversiones tenga en cuenta los resultados de la consulta pública sobre la solución de diferencias entre los inversores y el Estado (ISDS), sea totalmente transparente y esté sujeto a control democrático, que refleje explícitamente el derecho de los Estados miembros a regular y no suponga en ningún caso una limitación o un obstáculo para los legisladores a la hora de adoptar y aplicar legislación para sus países en el ámbito de la política de empleo y de la política social; que un sistema de solución de controversias entre Estados entre la UE y los Estados Unidos, cada uno de los cuales tiene sistemas jurídicos plenamente operativos y un nivel de protección de la inversión suficiente para garantizar su seguridad jurídica, sea otra herramienta adecuada para resolver los litigios relativos a las inversiones; que se descarte la inclusión de cualquier tipo de tribunal arbitral privado en la ATCI;

     xix)       que tome medidas para incorporar al acuerdo un enfoque de «lista positiva» en lo relativo al capítulo sobre comercio de servicios y establecimiento, en el que se mencionen de forma explícita los servicios que se vayan a abrir a empresas extranjeras;

     xx)       que garantice que, dado que la Comisión reconoció en su informe de evaluación de impacto que podrían producirse costes de ajuste prolongados y sustanciales en el mercado laboral de la UE, se presenten proyecciones estadísticas realistas sobre pérdida/creación de puestos de trabajo en los sectores afectados en cada Estado miembro y que estas proyecciones se actualicen constantemente y se publiquen a fin de que la Comisión pueda intervenir a tiempo para prestar apoyo a los sectores, regiones o Estados miembros afectados; que tenga en cuenta las perturbaciones externas y prevea hipotéticas crisis en esas proyecciones; que este apoyo pueda lograrse mediante asignaciones de fondos de la UE, incluido un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización adaptado y dotado de un presupuesto reforzado;

     xxi)       que vele por una estricta reciprocidad en las condiciones de los intercambios, a fin de reforzar el tejido industrial de la UE, proteger las pymes, crear empleo y evitar cualquier competencia desleal, en especial en materia de normas sociales;

     xxii)      que tome medidas para garantizar que la cooperación reglamentaria no limite el derecho de los gobiernos y del Parlamento Europeo a legislar en el interés público; que se tomen medidas para garantizar que la cooperación reglamentaria no conlleve el debilitamiento de las normas laborales, incluidas las normas sobre salud y seguridad; que se garantice que las normas laborales y sociales no se traten como barreras no arancelarias o como barreras técnicas al comercio; que se incluya a las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, en el proceso de cooperación reglamentaria con una representación equilibrada;

     xxiii)     que garantice que las nuevas normas de la UE adoptadas mediante la revisión de las directivas sobre contratación pública se sigan protegiendo y promoviendo en el marco de las negociaciones en curso, especialmente en términos de acceso al mercado público para las pymes, criterios de concesión basados en el valor óptimo en lugar de en el precio más bajo, mercados para actores de la economía social, posibilidad de que las entidades adjudicadoras cooperen y formen intercomunalidades, y límites por debajo de los cuales la aplicación de la contratación pública no esté sujeta a normas europeas o internacionales;

     xxiv)     que garantice la salvaguardia del modelo social europeo frente a la competencia del capitalismo anglosajón estadounidense, y que no se sacrifiquen los servicios públicos financiados colectivamente ni los regímenes de seguridad social; que la ATCI no aumente la presión impuesta a los Estados miembros para reducir el gasto público como vía fácil para ganar competitividad económica y ofrecer a los inversores un clima empresarial atractivo;

     xxv)      que garantice que los gobiernos tengan la oportunidad de adoptar políticas de contratación pública que sean social y ecológicamente responsables; que las disposiciones sobre contratación pública no impidan que los gobiernos respondan a las necesidades sociales y ambientales, y que el acuerdo no se limite a la capacidad de realizar peticiones sociales, tal y como prevén las nuevas directivas de la UE sobre contratación pública; que, además, las políticas de contratación pública sean acordes al Convenio nº 94 de la OIT relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas;

     xxvi)     que tome medidas inmediatas para garantizar que se resuelve la cuestión de la planificación fiscal agresiva, por ejemplo mediante el traslado de sede al otro lado del Atlántico a fin de aprovecharse de condiciones que modifiquen la competencia y repercutan negativamente en el empleo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

1.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

30

18

3

Miembros presentes en la votación final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Suplentes presentes en la votación final

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

16.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Bart Staes

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

–   Vista la declaración conjunta, de 13 de febrero de 2013, del Presidente de los EE.UU., Barack Obama, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy(27),

–   Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América(28),

–   Vistas las directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 14 de junio de 2013(29),

–   Vistos los informes 2013 y 2014 del representante de Comercio de los EE.UU. sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias(30),

–   Vistos los informes 2013 y 2014 del representante de Comercio de los EE.UU. sobre las barreras técnicas al comercio(31),

–   Vistos los estudios de su Dirección General de Políticas Interiores titulados «Legal implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during negotiations» (implicaciones jurídicas de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) para el acervo comunitario y los ámbitos de competencia de la Comisión ENVI que podrían tratarse durante las negociaciones), de octubre de 2013(32), y «ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP)» (ámbitos legislativos relevantes para la Comisión ENVI de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la UE y los EE. UU.), de noviembre de 2014(33),

–   Vista la nota informativa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) acerca del mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados en los Estados Unidos y la Unión Europea, de junio de 2014(34),

–   Vistos los artículos 168 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el principio de cautela contemplado en el artículo 191, apartado 2,

–   Visto el enfoque integrado de la UE en materia de seguridad alimentaria («De la granja a la mesa»), adoptado en 2004(35),

–   Considerando los resultados del Eurobarómetro de noviembre de 2014 sobre el acuerdo relativo a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión;

–   Considerando la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, como parte de la aplicación de la Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, y teniendo en cuenta la legislación para categorías específicas de fuentes, como Euro 5/6 y EURO VI, que tienen por objetivo reducir la contaminación atmosférica, que causa 400 000 muertes prematuras en Europa,

A. Considerando que el comercio ha sido generador de crecimiento, empleo y prosperidad para generaciones en Europa; considerando, no obstante, que el comercio y las inversiones no constituyen objetivos en sí mismos, sino que han de ser un medio para aumentar el nivel de vida, mejorar el bienestar, proteger y promover la salud pública, y contribuir a garantizar el pleno empleo y el uso sostenible de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo del desarrollo sostenible, intentando proteger y preservar el medio ambiente;

B.  Considerando que, de conformidad con el Eurobarómetro de noviembre de 2014, en 25 de los 28 Estados miembros una mayoría de ciudadanos europeos se muestra a favor de un acuerdo transatlántico en materia de comercio e inversión;

C. Considerando que Europa, como continente con una población que envejece, tiene escasez de materias primas, presenta una baja tasa de natalidad y cuenta con un modelo social basado en elevados gastos sociales como porcentaje del PIB, dependerá cada vez más del crecimiento que se produzca fuera de la UE para ayudar a generar prosperidad a nivel interno para mantener sus sistemas sociales, que se verán sometidos a una gran presión principalmente como resultado del aumento de la esperanza de vida y del descenso de la población activa;

D. Considerando que, de conformidad con las Directivas del Consejo relativas a la negociación de la ATCI(36), el objetivo del acuerdo es aumentar el comercio y las inversiones entre la UE y los Estados Unidos con objeto de generar nuevas oportunidades económicas para la creación de empleo y el crecimiento a través de un mayor acceso al mercado y una mayor compatibilidad en materia de regulación, al tiempo que se eliminan todos los obstáculos reglamentarios superfluos al comercio y se sientan las bases para introducir normas mundiales, reconociendo que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes y que estas no fomentarán el comercio o la inversión extranjera directa reduciendo el nivel de la legislación o de las normas internas en materia de medio ambiente, salud y seguridad; considerando que la Comisión Europea(37) y el presidente Obama(38) han manifestado en público en varias ocasiones que las normas no se van a relajar en ninguno de los lados del Atlántico;

E.  Considerando que los Estados Unidos ya han concluido varios acuerdos de asociación de comercio e inversión con otros actores globales;

F.  Considerando que las negociaciones de la ATCI contienen tres pilares, que cubren: a) el acceso al mercado, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias, y c) normas;

G. Considerando que la ATCI brinda la oportunidad de poner a punto normas elevadas en algunos sectores para la protección de la salud pública, de la salud animal y del medio ambiente a escala mundial;

H. Considerando, no obstante, que produce preocupación el hecho de que el objetivo de la ATCI de reducir y eliminar las actuales barreras no arancelarias(39) pueda conducir a un acuerdo que pueda poner en peligro el nivel de protección de la UE en materia de salud pública, incluida la seguridad alimentaria, la salud animal y el medio ambiente;

I.   Considerando que hay diferencias entre los sistemas normativos de la UE y de los EE.UU. también en términos de protección de la salud pública y del medio ambiente, incluidas la seguridad alimentaria, la información a los consumidores y la salud animal, debido a una cultura jurídica y política diferente, y que se refleja en preocupaciones y enfoques diferentes, como principios (por ejemplo, el principio de cautela), juicios de valor, objetivos políticos y métodos de análisis de riesgo diferentes;

J.   Considerando que la UE y los EE.UU. consideran que determinadas normas en estos ámbitos constituyen obstáculos al comercio(40);

K. Considerando que existe preocupación por el hecho de que la intención de aprobar la ATCI y acuerdos comerciales similares ya haya afectado a propuestas y acciones de la Comisión relacionadas con, por ejemplo, la seguridad alimentaria y la protección del clima (como en el caso de los tratamientos contra los patógenos de la carne, el etiquetado de carne de animales clonados y sus crías o la aplicación de la directiva sobre calidad de los combustibles);

L.  Considerando que existe preocupación por que el proyecto de disposiciones sobre cooperación normativa en leyes que tengan o puedan tener un impacto significativo en el comercio y las inversiones entre la UE y los EE.UU.: 

     - conceda a los EE.UU. derechos formales con respecto a actos de ejecución que se aprueben de conformidad con el artículo 291 del TFUE, mientras que el Parlamento Europeo no tendrá ningún derecho de escrutinio con respecto a actos de ejecución;

     - conceda a los EE.UU. el derecho a emprender intercambios normativos relativos a la adopción de legislación nacional por los Estados miembros, incluido un examen conjunto de posibles medios para promover la compatibilidad normativa;

     - pueda complicar de hecho que la UE vaya más allá del mínimo común denominador de los instrumentos internacionales, debido a los compromisos en materia de cooperación normativa internacional y de aplicación de los instrumentos internacionales;

M. Considerando que un requisito previo para lograr una mayor compatibilidad reglamentaria sin poner en peligro las normas presentes y futuras en materia de medio ambiente y salud de la UE consiste en distinguir claramente entre los ámbitos cuyos objetivos y niveles de protección son similares y aquellos con objetivos divergentes; considerando que, en los ámbitos cuyos objetivos y niveles de protección son similares, podrían adoptarse enfoques comunes o un reconocimiento mutuo; considerando que en los ámbitos cuyos niveles de protección son manifiestamente diferentes, la cooperación debería centrarse en el intercambio de información o en una armonización al alza;

N. Considerando que los legisladores de la UE y los EE.UU. han adoptado enfoques muy distintos en lo que se refiere al reglamento relativo a la seguridad de los alimentos y piensos, en particular con respecto a la autorización, al etiquetado y a los controles por lo que respecta a los OMG en la cadena alimentaria humana y animal, a la trazabilidad de la carne, a los tratamientos con patógenos, a los plaguicidas y a los animales clonados; considerando que la normativa de la UE en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria se basa en el principio de cautela y en el enfoque «de la granja a la mesa», que elevan el nivel de las normas de la UE y, por lo tanto, debería mantenerse;

O. Considerando que el impacto de una futura ATCI en el acervo europeo en materia de medio ambiente, salud y seguridad alimentaria dependerá en buena medida de las disposiciones concretas del acuerdo; considerando que ningún acuerdo comercial puede modificar la legislación vigente en los países o partes contratantes; considerando que la aplicación de la legislación vigente, así como la adopción de la legislación futura debe permanecer en manos de los órganos democráticamente elegidos que respetan los procedimientos establecidos;

P.  Considerando que la UE en estos momentos cuenta con un acceso limitado al mercado estadounidense en el sector marítimo y que, si se aplica de manera correcta, la ATCI podría dar lugar a una mayor cooperación, más convergencia y beneficios económicos para las empresas europeas;

Q. Considerando que, a diferencia de más de 150 países en todo el mundo, los Estados Unidos no han ratificado importantes convenios internacionales sobre sustancias químicas (p. ej., el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Convenio de Rotterdam sobre productos químicos nocivos y plaguicidas), lo que muestra que los Estados Unidos están aislados por lo que se refiere a la política internacional sobre productos químicos; considerando, asimismo, que los Estados Unidos se niegan a aplicar la parte medioambiental del Sistema Armonizado Mundial de clasificación y etiquetado de productos químicos, lo que ilustra que, en lo tocante a sustancias químicas, existe un desacuerdo entre los Estados Unidos y la UE al nivel más básico;

R.  Considerando que, de conformidad con el Informe de los EE.UU. sobre barreras técnicas al comercio de 2014, los Estados Unidos han planteado su preocupación por REACH en todas las reuniones del comité OTC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2003, alegando que diversos aspectos de REACH son discriminatorios, carecen de fundamento legítimo y plantean obstáculos innecesarios, lo que indica que los Estados Unidos se oponen fundamentalmente a REACH;

S.  Considerando que es generalmente aceptada la naturaleza básicamente diferente de la Ley estadounidense sobre el control de las sustancias tóxicas (TSCA), aprobada en 1976, en comparación con REACH, aprobado en 2006; considerando que, por ese motivo, las negociaciones sobre la ATCI no tienen como objetivo armonizar los dos sistemas; considerando, sin embargo, que las negociaciones afectan a la cooperación futura en relación con la aplicación de REACH; considerando que, dados los puntos de vista tan divergentes sobre la gobernanza de riesgos de las sustancias químicas y la oposición firme y sostenida de los Estados Unidos con respecto a REACH, cooperar en la aplicación de estas leyes divergentes no reportará beneficios, máxime cuando la aplicación dista de ser un mero ejercicio técnico o falto de controversia;

T.  Considerando que hay grandes diferencias en los sistemas normativos de los Estados Unidos y la UE con respecto a los productos fitosanitarios:

     - 82 sustancias activas están prohibidas en la UE, pero permitidas en los Estados Unidos,

     - la UE aprobó deliberadamente criterios de eliminación basados en peligros para eliminar progresivamente el uso de sustancias activas que fueran carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, persistentes y tóxicas y bioacumulativas, o disruptores endocrinos en el Reglamento (CE) nº 1107/2009; - los Estados Unidos insisten en un enfoque basado en riesgos y en numerosos supuestos y extrapolaciones, tolerando así el uso de estas sustancia altamente preocupantes,

     - existe una pauta general de menos cantidades de residuos de plaguicidas permitidos en alimentos en la UE en comparación con los Estados Unidos;

U. Considerando que el proyecto de texto de negociación de la UE sobre medidas sanitarias y fitosanitarias presentado para la ronda del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014 sugiere obligar a las Partes a aplicar tolerancias y niveles máximos de residuos establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius en un plazo de 12 meses a partir de su adopción, a menos que la Parte importadora haya formulado una reserva en la reunión de dicha comisión; considerando asimismo que existe una pauta general de menos cantidades de residuos de plaguicidas permitidos en alimentos en la UE en comparación con la Comisión del Codex Alimentarius; considerando que en los últimos cuatro años, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha presentado una reserva en el 31-57 % de todos los casos, lo que destaca el alto nivel de desacuerdo de la EFSA con las normas del Codex; considerando que la EFSA actualmente tiene libertad para expresar sus reservas, dentro de los límites posibles; considerando que, sin embargo, una vez que la ATCI haya sido aprobada, resulta extremadamente cuestionable que la EFSA pueda políticamente seguir haciéndolo, dado que el borrador del texto pretende comprometer a la UE y los Estados Unidos a colaborar en los organismos reguladores internacionales de cara a alcanzar resultados satisfactorios para las dos partes, lo que desalentaría a la EFSA a la hora de presentar objeciones a la Comisión del Codex Alimentarius en el futuro y, por ende, debilitaría las normas en la UE;

V. Considera que se debe impedir la importación en la UE de carne de aves de corral tratada con baños antimicrobianos a base de hipoclorito de sodio;

W. Considerando que el Acuerdo Económico y Comercial Global (AEGC), casi ratificado, ya ha mostrado las oportunidades para el comercio en ámbitos agrícolas problemáticos como el del ganado vacuno, respetando estrictamente las normas y métodos europeos sanitarios y fitosanitarios (MSF)(41);

X. Considerando que el informe de los Estados Unidos de 2014 en materia de OTC hace referencia a las preocupaciones del sector químico y de protección cruzada en los Estados Unidos con respecto a los criterios de limitación basados en peligros para disruptores endocrinos, y manifestó que los Estados Unidos habían manifestado su preocupación por la propuesta de la DG Medio Ambiente a nivel bilateral y en las reuniones de los comités OTC y MSF de la OMC; considerando que la Comisión decidió lanzar una evaluación de impacto sobre el desarrollo de criterios para disruptores endocrinos en julio de 2013; considerando que esta decisión es el principal motivo por el que la Comisión no adoptó los criterios en el plazo previsto de cuatro años fijado para diciembre de 2013; considerando que mientras que los Estados Unidos acogieron con satisfacción la decisión de la Comisión, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo decidieron apoyar a Suecia en su demanda contra la omisión de la Comisión, lo que refleja los puntos de vista fundamentalmente divergentes en cuanto a la naturaleza de las disposiciones reguladoras en la legislación de la UE;

Y. Considerando que existen vínculos entre alimentos no saludables y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta (ENT); considerando que, de conformidad con el Relator Especial de la ONU (sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental), el comercio mundial, el aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) en el sector alimentario y el marketing omnipresente de alimentos no saludables han incrementado el consumo de estos alimentos(42); considerando que el Relator Especial concluyó su informe con una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros y al sector alimentario para que adopten medidas concretas para reducir la producción y el consumo de alimentos no saludables y aumentar la disponibilidad y asequibilidad de alternativas alimentarias más saludables;

Z.  Considerando que, de conformidad con el plan de acción global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles 2013-2020(43), las pérdidas acumulativas de producción debidas a las cuatro principales enfermedades no transmisible junto con los trastornos mentales se calcula que ascienden a 47 billones de dólares; considerando que, de conformidad con la OMS, esta pérdida representa el 75 % del PIB total en 2010 (63 billones de dólares); considerando que, de conformidad con la OMS, mantener el statu quo con respecto a las enfermedades no transmisibles se traducirá en una pérdida de productividad y una escalada de los costes de atención sanitaria en todos los países;

AA.  Considerando que la directora general de la OMS manifestó en la 8ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud de junio de 2013 que los esfuerzos para prevenir las enfermedades no transmisibles son contrarios a los intereses económicos de potentes operadores económicos(44);

AB.  Considerando que la ATCI, de la misma manera que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, podría limitar la capacidad de la UE y de los Estados miembros de proteger la política en materia de nutrición de la influencia de intereses creados, reducir el rango de intervenciones disponibles para desalentar de manera activa el consumo de alimentos menos saludables (y promover alimentos saludables), incluyendo a través de políticas de contratación pública, y limitar la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para aplicar estas intervenciones(45);

AC.  Considerando que la Ley federal estadounidense sobre bienestar animal está muy por debajo del nivel de la normativa de la UE, incluida la falta de legislación sobre normas de bienestar para animales de granja antes del sacrificio; considerando que, lamentablemente, la Comisión no considera el bienestar animal como una preocupación del mismo modo que la seguridad alimentaria o la salud animal a efectos de requisitos de importación;

AD.  Considerando que la UE y los Estados Unidos tienen enfoques divergentes con respecto a la regulación, el punto de partida medio de emisiones y el nivel de ambición en lo que respecta a la reducción de las emisiones medias de gases de efecto invernadero de los vehículos ligeros; considerando que este ámbito, por lo tanto, no debería ser objeto de reconocimiento mutuo;

AE.   Considerando que los legisladores de la UE y los EE.UU. han adoptado un enfoque muy diferente para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático; considerando que contrarrestar las amenazas importantes que plantea el cambio climático y mantener la integridad de la política adoptada en esta materia debería tener prioridad sobre el fomento del comercio;

AF.   Considerando que resulta esencial que la ATCI internalice los costes externos en materia de clima, salud y medio ambiente derivados del transporte de mercancías por aire, mar y carretera a fin de garantizar la sostenibilidad del comercio mundial de mercancías; considerando que, a falta de acción internacional eficaz para internalizar estos costes, la UE debería introducir y aplicar medidas regionales no discriminatorias para abordar estos aspectos externos;

AG.  Considerando que el objetivo de las disposiciones relativas al desarrollo sostenible en la ATCI debería garantizar que las políticas comerciales y de medio ambiente se complementen mutuamente, fomentar el uso óptimo de los recursos de conformidad con el objetivo del desarrollo sostenible, así como reforzar la cooperación y la colaboración en materia medioambiental;

AH.  Considerando que en muchos ámbitos, como las políticas de cambio climático y de control de emisiones, los Estados Unidos tienen unas normas regulatorias menos estrictas que la UE, lo que se traduce en una mayor producción y más costes de cumplimiento normativo en la UE que en los EE.UU. y, por ende, en el riesgo de fugas de carbono y emisiones;

AI.    Considerando que la reducción de aranceles de los productos sensibles en el sector energético en los que el coste del cumplimiento regulatorio, medioambiental y climático en la UE es superior al de los Estados Unidos podría dar lugar a una reducción de la competitividad de la producción de la UE en comparación con las importaciones de los Estados Unidos que no soportan dichos costes;

AJ.   Considerando que los sistemas de salud universales forman parte del modelo social europeo y que los Estados miembros tienen la competencia de la gestión y organización de los servicios sanitarios y la atención médica;

AK.  Considerando que el Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano requiere que se publique un resumen de los resultados de todos los ensayos clínicos en una base de datos de acceso público un año después de que se haya completado el ensayo, y que se publique un informe sobre el ensayo clínico completo una vez que haya terminado el proceso de autorización o el solicitante haya retirado la solicitud de autorización de comercialización; considerando que la legislación de los Estados Unidos no requiere el mismo nivel de transparencia;

AL.   Considerando que se estima que los costes farmacéuticos representan el 1,5 % del PIB europeo, por lo que un aumento de la protección de la propiedad intelectual derivada de la ATCI podría tener un impacto negativo en los costes sanitarios;

AM. Considerando que, según la UNCTAD, las medidas adoptadas en materia sanitaria y medioambiental son las medidas gubernamentales que se impugnan con más frecuencia en los procedimientos de resolución de litigios entre inversores y Estados;

AN.  Considerando que la Comisión decidió el 25 de noviembre de 2014 aumentar la transparencia en las negociaciones de la ATCI(46); considerando que se acoge con satisfacción esta decisión; considerando que, el 7 de enero de 2015, la institución del Defensor del Pueblo Europeo acogió con satisfacción los progresos realizados por la Comisión Europea en la mejora de la transparencia de las negociaciones de la ATCI y que, sin embargo, también formuló una serie de recomendaciones para efectuar más mejoras(47); considerando asimismo que el acceso a las propuestas de textos estadounidenses aumentaría la transparencia;

1.  Pide a la Comisión que siga los principios y objetivos generales que figuran en las Directivas del Consejo relativas a la negociación de la ATCI;

2.  Pide a la Comisión que garantice que las políticas y principios de la UE sobre la protección y mejora de la calidad de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente se mantienen en todas las negociaciones, tanto en la teoría como en la práctica, y se reflejan plenamente en el acuerdo ATCI final;

3.  Pide a la Comisión que garantice que la ATCI se entienda sin perjuicio del derecho, la capacidad y los procedimientos legislativos de la UE y los Estados miembros a adoptar, aplicar y hacer respetar, de conformidad con sus competencias respectivas, las medidas presentes y futuras necesarias para conseguir objetivos legítimos de orden público como, por ejemplo, la salud pública, la salud animal y la protección del medio ambiente, de manera no discriminatoria;

4.  Pide a la Comisión que garantice que cualquier acuerdo, ya sea a través de los capítulos horizontales en materia de cooperación reglamentaria o cualesquiera disposiciones sectoriales, no conduzca a una disminución del nivel de las normas existentes en materia de medio ambiente, salud y seguridad alimentaria, y que garantice asimismo que no va a influir negativamente en normas que todavía no se han establecido en ámbitos en los que la legislación o las normas son muy diferentes entre los EE.UU. y la UE, como, por ejemplo, la aplicación de la actual legislación (marco) (por ejemplo, el Reglamento REACH), la adopción de nueva legislación (por ejemplo, sobre la clonación) o futuras definiciones que influyen en el nivel de protección (por ejemplo, los disruptores endocrinos);

5.  Pide a la Comisión que limite la cooperación normativa a ámbitos sectoriales claramente definidos en los que los EE.UU. y la UE tengan niveles similares de protección o cuando existan motivos razonables para considerar que, a pesar de las diferencias en el nivel de protección, sea posible conseguir una armonización al alza o al menos valga la pena intentarlo; pide a la Comisión que garantice que cualquier disposición sobre cooperación reglamentaria en la ATCI no establezca un requisito en materia de procedimiento para la adopción de actos de la Unión a los que esta afecta, ni dé lugar a derechos exigibles en este sentido;

6.  Pide a la Comisión que garantice que todos los legisladores y partes interesadas en la cooperación reglamentaria participen en cualquier órgano que pueda crearse para explorar una futura cooperación reglamentaria;

7.  Pide a la Comisión que garantice que no haya ninguna concesión entre los objetivos económicos y la salud pública, la salud animal, el bienestar de los animales y el medio ambiente(48); solicita a la Comisión que reconozca que, cuando Europa y los Estados Unidos tengan una normativa muy diferente, como en el caso de los servicios públicos de salud, de los OMG, del uso de hormonas en el sector bovino, del sistema REACH y su aplicación, y la clonación de animales con fines ganaderos, no habrá acuerdo, y pide, por lo tanto, que no se entablen negociaciones sobre estas cuestiones;

8.  Pide a la Comisión que considere fundamentales las siguientes medidas o normas reglamentarias, que no deben ser objeto de compromiso alguno:

     - las denegaciones de autorización de las sustancias activas y los niveles máximos de residuos de la UE para los plaguicidas;

     - las medidas reglamentarias con respecto a los disruptores endocrinos;

     - la autonomía organizativa en materia de abastecimiento y saneamiento de agua;

     - el enfoque integrado de la UE en materia de seguridad alimentaria, incluidos los OMG;

     - la aplicación de la legislación de la UE sobre información alimentaria a los consumidores;

     - la aplicación del Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano y, en concreto, del requisito de publicación de los informes completos de estudio clínico de todos los ensayos en una base de datos de acceso público una vez que el proceso de autorización se haya completado;

     - la competencia de los Estados miembros en lo que respecta a la organización de los sistemas de salud, en especial al precio y al reembolso de los medicamentos, así como al acceso a los mismos;

     - las restricciones de ingredientes en productos cosméticos y la prohibición de ensayos en animales por lo que se refiere a dichos ingredientes y a los productos finales;

     - las políticas de la UE en relación con las energías renovables, la tecnología ecológica y el logro de los objetivos de la UE en materia climática y energética;

     - las medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles los procesos de la UE o internacionales que desemboquen en una descarbonización del transporte;

     - los requisitos de diseño ecológico para los productos que utilizan energía;

9.  Pide a la Comisión que excluya los servicios públicos y sociales de todas las disposiciones del acuerdo; insiste, asimismo, en que no podrá haber listas negativas, ni los llamados planteamientos híbridos, ni «cláusulas cremallera»;

10. Pide a la Comisión que garantice que se alcance un enfoque común, una cooperación reglamentaria o un mutuo reconocimiento, si procede, en los siguientes ámbitos, a condición de que no quede comprometido el nivel de las normas de la UE:

     - la protección y el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de todas las denominaciones de origen protegidas (DOP) y de las indicaciones geográficas protegidas (IGP), poniendo fin al uso engañoso de las indicaciones geográficas (IG) en los Estados Unidos;

     - una gestión de plagas integrada con objeto de evitar plagas animales y vegetales;

     - la reducción del uso de antibióticos en la ganadería, garantizando la eficacia de los antibióticos tanto para el ser humano como para los animales;

     - los sistemas de identificación de animales y las disposiciones compatibles en materia de trazabilidad, para así garantizar que pueda efectuarse un seguimiento de los alimentos procesados y no procesados que contengan productos de origen animal a lo largo de toda la cadena de suministro;

     - los métodos alternativos a la experimentación con animales;

     - las inspecciones relacionadas con la fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos;

     - las medidas de lucha contra la obesidad, especialmente en los niños;

     - la contratación pública ecológica;

     - la aplicación armonizada del Acuerdo de la CEPE de 1958 sobre adopción de prescripciones técnicas uniformes y del Acuerdo de 1998 sobre el establecimiento de reglamentos técnicos mundiales de las Naciones Unidas;

     - la introducción uniforme de un ciclo de prueba mejorado tanto en la UE como en los EE.UU. basado en los procedimientos de prueba para vehículos ligeros armonizados a nivel mundial; - la vigilancia del mercado, la certificación de la conformidad de producción y las pruebas de cumplimiento en uso, así como la transparencia de los resultados;

     - la introducción de un sistema mundial de clasificación de vehículos para vehículos ligeros y pesados;

     - la sustitución del cianuro en la minería;

11. Pide a la Comisión que prosiga la conexión en red de los sistemas de alerta temprana existentes en la UE y en los EE.UU. en el ámbito de los productos alimenticios, así como la mejora de la trazabilidad de los productos en la cadena del comercio transatlántica, con objeto de que, en caso de escándalo alimentario, puedan tomarse medidas rápidas para la protección de la salud pública;

12. Pide a la Comisión que garantice que el capítulo sobre OCT contenido en la ATCI no limite las opciones de la UE y sus Estados miembros de adoptar medidas con el objetivo de reducir el consumo de algunos productos tales como el tabaco, los alimentos con alto contenido en grasa, sal y azúcar, así como el consumo perjudicial de alcohol:

13. Pide a la Comisión que anime a los Estados Unidos a levantar la prohibición de las importaciones de carne de vacuno de la UE;

14. Pide a la Comisión que establezca un diálogo formal sobre el bienestar animal con los reguladores del Gobierno estadounidense; pide asimismo a la Comisión que defienda las posiciones en materia de bienestar animal con objeto de lograr la armonización al nivel más elevado, contando con el respaldo de los instrumentos de aplicación necesarios;

15. Pide a la Comisión, en el contexto del capítulo sobre el comercio y desarrollo sostenible, que exija a los Estados Unidos la plena observancia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (Protocolo de Montreal [ozono], Convenio de Basilea [envíos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos], Convenio de Estocolmo [contaminantes orgánicos persistentes], Convenio de Rotterdam [productos químicos nocivos y plaguicidas], Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, Convenio sobre la diversidad biológica y Protocolo de Kyoto, entre otros) antes de acordar la cooperación reglamentaria a este respecto;

16. Pide a la Comisión que evite las ambigüedades, para así evitar una interpretación amplia por parte de tribunales de arbitraje, lo cual puede lograrse garantizando que las condiciones fundamentales que se utilicen en el acuerdo estén claramente definidas;

17. Pide a la Comisión que se oponga a la inclusión del ISDS en la ATCI, puesto que, por una parte, este mecanismo presenta el riesgo de socavar la base de los derechos soberanos de la UE, sus Estados miembros y las autoridades locales y regionales de adoptar reglamentos en materia de salud pública, seguridad alimentaria y medio ambiente y, por otra, deben ser los tribunales de la UE o de los Estados miembros los que, a través de un amparo legal eficaz basado en la legitimidad democrática, deben resolver todos los casos de conflicto que quepa esperar de forma competente, eficaz y con ahorro de costes;

18. Pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones de la ATCI, acabe con las exenciones de los impuestos sobre hidrocarburos para la aviación comercial, de acuerdo con los compromisos del G20 de eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles;

19. Solicita a la Comisión que garantice que el Parlamento Europeo sea debidamente informado del proceso de negociación;

20. Pide a la Comisión que siga incrementando la transparencia en las negociaciones, en consonancia con las recomendaciones de la institución del Defensor del Pueblo Europeo de 7 de enero de 2015;

21. Pide a la Comisión que inste a los Estados Unidos a que emulen la acción desarrollada por la UE para aumentar la transparencia;

22. Pide a la Comisión que garantice que el impacto del comercio sobre la sostenibilidad (EIS) en el acuerdo de la ATCI sea exhaustivo, se actualice en cuanto el texto se consolide y antes de su finalización, previendo un claro compromiso de los interesados y de la sociedad civil; considera que el EIS deberá revisar y evaluar de forma minuciosa todas las cláusulas propuestas teniendo en cuenta su impacto potencial sobre el acervo regulador y la libertad de la UE de perseguir objetivos públicos legítimos en el futuro, verificando asimismo si el objetivo pretendido podría alcanzarse de igual manera a través de otros métodos.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

14.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

59

8

2

Miembros presentes en la votación final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suplentes presentes en la votación final

Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom Vandenkendelaere

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Ignazio Corrao

25.3.2015

OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones a la Comisión Europea sobre las negociaciones para la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Jerzy Buzek

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Subraya la importancia de un mercado transatlántico para los ciudadanos y las empresas de la UE y de los EE.UU.; recalca que el principal resultado de las negociaciones debe ser un acuerdo de libre comercio e inversión profundo, amplio, ambicioso, de alto nivel, que respete y promueva los valores europeos, estimule el crecimiento sostenible, la cooperación científica y la creación de empleos de calidad y contribuya al bienestar de los ciudadanos europeos, colocando sus intereses en el centro del acuerdo comercial de la ATCI; señala que la ATCI tiene como objetivo eliminar los aranceles, derechos y cuotas, pero también lograr la cooperación reguladora y una definición conjunta de normas rigurosas en el mercado mundial; observa que deben equilibrarse los esfuerzos de eliminación de aranceles y de armonización normativa; pide a la Comisión que fortalezca el proceso de implicar a los ciudadanos y a todas las partes interesadas con el objetivo de tomar en consideración sus opiniones, cuando sea posible, de llevar a cabo las negociaciones de la manera más transparente posible y de publicar todos los textos y documentos que se estén negociando, incluidos los documentos relacionados con posibles capítulos sobre energía y pymes, proporcionando de ese modo niveles máximos de transparencia a los ciudadanos europeos;

2.  Pide a la Comisión que mantenga el objetivo de incluir un capítulo específico sobre energía, sin olvidar las materias primas industriales, en la ATCI con el objetivo de crear un mercado competitivo, transparente y no discriminatorio que pueda incrementar significativamente la seguridad energética de la UE, mejorar la diversificación de las fuentes de energía y generar precios más bajos de la energía; destaca en este sentido la importancia de unas fuentes de energía renovables y la eficiencia energética a la hora de aumentar la seguridad energética; hace hincapié en que este capítulo específico debe incorporar garantías claras de que las normas de la UE en cuanto al medio ambiente y sus objetivos en el ámbito de la acción por el clima no se debilitarán, y que la UE debe conservar la libertad para actuar de manera independiente al decidir sus normas y objetivos futuros;

3.  Recuerda que el Parlamento Europeo tiene que dar su consentimiento al acuerdo de la ATCI, ya que sin él no podrá entrar en vigor;

4.  Hace hincapié en la necesidad de que la UE disponga de unas fuentes diversificadas y fiables de abastecimiento de energía; solicita, en este sentido, que la Comisión garantice una política de libre comercio y fomente la inversión con respecto a los combustibles, incluidos el GNL y el crudo petrolífero, y que, al mismo tiempo, la UE conserve el derecho de clasificar los combustibles según el impacto de las emisiones de CO2 durante su ciclo de vida y tenga presentes sus propios objetivos en cuanto al clima;

5.  Invita a la Comisión a buscar más allá de las restricciones a la exportación y a trabajar, cuando proceda, por la armonización y la aproximación trasatlántica de normas y reglamentaciones mutuas rigurosas que definan los principios de ayuda pública para las diferentes fuentes de energía, a fin de circunscribir los riesgos de distorsión de la competencia, por ejemplo en cuanto a la definición de la cogeneración mediante biomasa; anima a la Comisión a explorar maneras de mejorar la cooperación en la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de energía, y en el fomento de una tecnología más limpia;

6.  Señala los actuales diferenciales entre los EE.UU. y la UE no solo en los precios de la energía y el acceso a las materias primas, sino también en las emisiones de CO2 per cápita, lo que tiene como consecuencia una desigualdad de condiciones en cuanto a la competitividad y la protección del medio ambiente; pide, por tanto, a la Comisión que incluya una cláusula bilateral de salvaguardia a fin de proporcionar a los sectores con un alto consumo energético y con fuga de carbono en la UE, incluida la industria química, de las materias primas y del acero, las medidas adecuadas para mantener los actuales derechos arancelarios durante un periodo de transición adecuado delimitado a partir de la entrada en vigor de la ATCI, con una cláusula de revisión obligatoria; estima que se debe ayudar tanto a las empresas estadounidenses como a las europeas a mejorar la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética; pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la promoción de la industria manufacturera como motor de la reindustrialización europea;

7.  Pide a la Comisión que incluya los llamados «servicios verdes», como la construcción, instalación, reparación y gestión de productos medioambientales, en las negociaciones en curso con nuestros socios transatlánticos; señala que la Unión Europea es líder mundial en la importación y exportación de productos y servicios verdes, pese a lo cual siguen existiendo muchas barreras para los proveedores europeos de servicios verdes; señala que el sector tiene un considerable potencial económico para la Unión Europea;

8.  Destaca los procesos y las normas definidos con arreglo a las Directivas de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético, que no deben verse comprometidos;

9.  Hace hincapié en los considerables beneficios potenciales de la ATCI para las pymes; pide a la Comisión que garantice que las prioridades y preocupaciones de las pymes se tienen muy en cuenta en las negociaciones para la ATCI conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala», por ejemplo a través de evaluaciones de impacto exhaustivas, de consultas públicas focalizadas y de la participación de representantes de las pymes europeas; recomienda a la Comisión que busque crear un sistema de información de ventanilla única para las pymes y que dedique un apartado específico a estas empresas, en el que se contemple la reducción de las cargas administrativas en cumplimiento de los marcos reguladores pertinentes; pide a la Comisión que brinde la protección y la mejora de políticas y programas de apoyo a favor de las pymes;

10. Pide a la Comisión que garantice unas normas de origen simplificadas que puedan aplicar fácilmente los exportadores de la UE, y que reduzca al mínimo los obstáculos innecesarios al comercio y la burocracia creada por las normas de origen, especialmente para las pymes;

11. Recuerda que, en comparación con el mercado de contratación pública de la UE, el mercado de los EE.UU. sigue estando extremamente cerrado a las compañías extranjeras; solicita que la Comisión facilite la reciprocidad y una participación más activa de las empresas de la UE, incluidas las pymes, en la contratación pública de los EE.UU., en todos los niveles de la administración, pues ello puede contribuir a estimular la innovación del sector privado y a la aparición de sectores y empresas nuevos, innovadores y con alto potencial de crecimiento; destaca que esta posibilidad no debe tener como consecuencia menoscabar la capacidad de los Gobiernos europeos para mantener sus servicios públicos;

12. Señala que los diferentes enfoques reguladores en la Unión Europea y los EE.UU. son onerosos para las industrias a ambos lados del Atlántico; cree que se puede mejorar la eficiencia armonizando estos enfoques, al tiempo que se permite a las autoridades de la Unión Europea y los Estados Unidos que mantengan y alcancen niveles de calidad y seguridad más altos para sus ciudadanos;

13. Espera que la Comisión aborde en las negociaciones la cuestión de las disposiciones «Buy American», «Jones» y «Domestic Content» que, en la práctica, dificultan considerablemente a las empresas de la UE acceder al mercado estadounidense, especialmente en el sector del dragado y de la ingeniería;

14. Recuerda a la Comisión la importancia de mantener altos niveles de seguridad, protección, salvaguarda de los datos personales y apertura, neutralidad e independencia de internet, si bien acoge los beneficios potenciales del acceso al mercado, la adaptación normativa y el reconocimiento mutuo, incluido el establecimiento de unos principios comunes mundiales en las normas y especificaciones técnicas en el ámbito de las TIC;

15. Aboga por la competencia abierta y el desarrollo de la economía digital, por naturaleza mundial pero con sus bases centrales en la UE y los EE.UU.; subraya que la economía digital debe ser central para el mercado transatlántico, con una influencia en la economía mundial y una mayor apertura de los mercados mundiales;

16. Recuerda a la Comisión, con respecto a los servicios de la sociedad de la información y los servicios de telecomunicaciones, que es de especial importancia que la ATCI garantice unas condiciones de competencia equitativas con un acceso igualitario y transparente, basado en la reciprocidad, de las empresas de servicios de la UE al mercado de los EE.UU. y con la obligación por parte de los proveedores de servicios estadounidenses de respetar y cumplir todas las normas de seguridad de los productos y de la industria, así como los derechos de los consumidores, cuando presten servicios en Europa o a clientes europeos;

17. Insta a la Comisión, a fin de evitar la deslocalización a gran escala de los sectores industriales establecidos en la Unión y la pérdida masiva de empleos en los Estados miembros, a que analice la competitividad de estos sectores en relación con sectores análogos de la industria americana;

18. Pide que el capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual prevea, asimismo, una protección y un reconocimiento mayores del sistema europeo de indicaciones geográficas;

19. Pide a la Comisión que garantice la vigencia de todas las indicaciones geográficas (IG) como parte del acuerdo ATCI, incluidos los productos no agrícolas; recuerda a la Comisión el valor superior y económicamente vital que aporta la condición de IG.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.3.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

49

14

0

Miembros presentes en la votación final

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suplentes presentes en la votación final

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anne Sander, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Antanas Guoga

25.3.2015

OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Dita Charanzová

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

Formula, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

a)  prioridades políticas

i.   asegurar que el resultado principal de las negociaciones dé lugar a un acuerdo integral y ambicioso que implique una apertura significativa de los mercados y nuevas oportunidades para las empresas de la UE, en particular las pymes, y que beneficie a los ciudadanos, a los consumidores y a los trabajadores, manteniendo al mismo tiempo el modelo europeo basado en una economía social de mercado altamente competitiva;

ii.   asegurar que el Acuerdo no solo suprima barreras, sino que tienda también a promover y proteger el alto nivel de protección de los consumidores europeos consagrado en el TFUE, especialmente en lo que se refiere a la información, sin olvidar que, en la mayoría de los sectores, los estándares y los marcos reguladores de la UE y de los EE.UU. garantizan ese alto nivel de protección; señalar, por consiguiente, que la aproximación de nuestros marcos reguladores debe servir para establecer estándares y normativas de calidad elevada que podrían actuar como referentes mundiales y, de facto, como sistemas normativos internacionales;

iii.  mantener el mayor nivel posible de transparencia en las negociaciones, permitiendo el acceso a los textos de negociación y consultando a la sociedad civil durante todo el proceso;

b)  acceso pleno y transparente de los proveedores de servicios de la UE: supresión de los obstáculos a la movilidad de los profesionales

i.   insistir, al tiempo que se preserva la libertad de los Estados miembros de la UE para prestar, encargar y financiar servicios públicos de conformidad con los Tratados, en que los prestadores de servicios en la UE tengan un acceso pleno a los mercados de servicios liberalizados en los EE.UU. con arreglo a normas transparentes, recíprocas y equitativas, tanto a nivel federal como subfederal, en pie de igualdad con los prestadores de servicios locales;

ii.   garantizar que el Acuerdo no ponga en peligro la calidad de los servicios públicos de la UE y usar las mismas medidas de salvaguardia y las definiciones que se encuentran en otros acuerdos de libre comercio (ALC), como el CETA, para asegurar su protección, en particular en el caso de financiación pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, el abastecimiento, la distribución y el tratamiento del agua, las medidas de los gobiernos locales y los productos audiovisuales;

iii.  garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales entre las Partes, en particular mediante la creación de un marco jurídico con los estados federales que tienen facultades de regulación en este ámbito, y promover la movilidad de un lado a otro del Atlántico facilitando la expedición de visados para los profesionales de todos los Estados miembros de la UE en los sectores cubiertos por el Acuerdo;

iv.  promover, de forma paralela a las negociaciones, el inicio de conversaciones entre las Partes con miras a alcanzar un acuerdo complementario que suprima los requisitos en materia de permisos de trabajo, con el fin de facilitar la mayor movilidad posible de los profesionales entre las Partes;

c)  una contratación pública justa y transparente a todos los niveles

i.   adoptar un enfoque ambicioso en el capítulo de la contratación pública y asegurarse de que los operadores económicos europeos, y en particular las pymes, puedan participar en el mercado de los EE.UU. a todos los niveles administrativos sin sufrir ningún tipo de discriminación; garantizar el acceso recíproco y transparente con el fin de contrarrestar la actual situación asimétrica y examinar la posibilidad de conceder a las empresas de la UE exenciones de las cláusulas de adquisición nacionales y locales en la legislación federal y, en la medida de lo posible, en la legislación de los estados;

ii.   asegurarse de que en las negociaciones se cumplen las nuevas directivas sobre contratación pública y concesiones, en particular en lo que se refiere a la definición del concepto de cooperación público-pública, los criterios de exclusión, el acceso de las pymes y los criterios relativos a la oferta económicamente más ventajosa;

iii.  aclarar que no se verá afectado el derecho a decidir la forma de la prestación de los servicios y que, por consiguiente, la cláusula de ajuste («ratchet clause») incluida en el capítulo de servicios no será aplicable a los servicios que el poder adjudicador adjudique a un tercero privado mediante un contrato público y que, al término del contrato, este tercero se encargue de prestar por cuenta propia o de forma interna;

iv.  basarse en los resultados del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) en cuanto al ámbito de aplicación, las normas y las disciplinas, y simplificar y racionalizar los procedimientos al tiempo que se garantiza una mayor transparencia;

v.  habida cuenta de que la contratación pública representa una parte importante de las economías de la UE y de los demás socios comerciales y, por tanto, reviste un interés económico fundamental para la Unión, abogar por que dicha contratación se incluya en todo acuerdo global definitivo;

d) estándares transatlánticos con carácter global

i.   subrayar que, al tiempo que se salvaguarda la protección lograda mediante las normas y los estándares técnicos de la UE, el Acuerdo debería superar el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC en ámbitos como las evaluaciones de conformidad y los requisitos y los estándares técnicos, así como a la hora de procurar una mayor transparencia en la elaboración, la adopción y la aplicación de las normas y los estándares técnicos;

ii.   garantizar, a tal fin, que las empresas europeas puedan dirigirse a un servicio de información estadounidense al que puedan formular consultas sobre las normas aplicables en todos los sectores; defender con firmeza la labor de la UE en materia de normalización y promover sus principios, en particular los principios de coherencia, transparencia, apertura, consenso, aplicación voluntaria, independencia de intereses particulares y eficiencia;

iii.  establecer un mecanismo de cooperación y diálogo ambicioso, transparente y eficaz dirigido a crear estándares comunes siempre que sea posible, y asegurarse de que no surgen divergencias no deseadas en los futuros estándares de los sectores clave cubiertos por el Acuerdo, con la convicción de que dichos estándares deberían promoverse en todos los foros internacionales, especialmente en el ámbito de la innovación; tener en cuenta los retos que representa la armonización del sistema de normalización estadounidense, que responde a una estructura y una motivación distintos, con el mecanismo europeo;

iv.  destacar que, cuando existan y estén actualizados, los estándares ISO e IEC acordados a nivel internacional deberían ser adoptados por los EE.UU. y la UE, por ejemplo en el sector de los dispositivos electrónicos;

e)  supresión de las barreras técnicas al comercio transatlántico

i.   procurar seguir garantizando un alto nivel de seguridad de los productos dentro de la Unión, así como suprimir la duplicación innecesaria de pruebas, que genera una pérdida de recursos, en particular en los productos de bajo riesgo; garantizar el reconocimiento por los EE.UU. de la autodeclaración de conformidad de un producto cuando la legislación de la UE lo autorice;

ii.   apoyar, con total respeto de la autonomía normativa, el establecimiento de un diálogo estructural obligatorio, compartiendo las mejores prácticas reguladoras y fomentando la cooperación entre los órganos reguladores en los sectores incluidos en el Acuerdo; destacar que esta actuación debería prever mecanismos de alerta temprana e intercambios en la fase de elaboración de las regulaciones; fomentar una mejor cooperación reguladora en otros sectores y promover el sistema de vigilancia del mercado de la UE, con el fin de garantizar unas normas exigentes de protección de los consumidores;

iii.  comprometerse a garantizar que la cooperación reguladora no aumente la carga administrativa, teniendo en cuenta que las divergencias en la regulación constituyen una fuerte barrera no arancelaria al comercio, especialmente en el sector de la ingeniería, incluidas la maquinaria eléctrica y mecánica, los aparatos y los equipos, y que los órganos reguladores deberían estudiar la forma de fomentar la compatibilidad y la simetría reguladora, por ejemplo en términos de reconocimiento mutuo, armonización o adaptación de los requisitos;

iv.  insistir en que el Acuerdo no puede afectar al derecho a regular con arreglo a los niveles de protección de la salud, la seguridad, los consumidores, el trabajo y el medio ambiente, así como la diversidad cultural, que cada una de las partes considere oportunos; insistir, en este mismo contexto, en la importancia del principio de precaución establecido en el artículo 191 del TFUE; destacar que la cooperación regulatoria debe ser transparente y que el Parlamento Europeo debería contribuir a la labor de las futuras instituciones;

v.  recordar que el reconocimiento de la equivalencia del mayor número posible de normas relativas a la seguridad de los vehículos representaría uno de los logros más importantes del Acuerdo y que dicho reconocimiento exigiría verificar que las normas de la UE y de los EE.UU. garantizan un nivel de protección similar sin rebajar el nivel de protección en la Unión; destacar que este planteamiento debe representar un avance hacia una convergencia reguladora plena en el sector; señalar, no obstante, especialmente en lo que se refiere a la seguridad en el sector de la automoción, que existen muchas diferencias entre los EE.UU. y la UE, y abogar por el fortalecimiento de la cooperación UE-EE.UU. en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como en otros foros internacionales de normalización;

f)   aduanas y facilitación del comercio, en particular para las pymes

i.   habida cuenta de que las pymes se ven afectadas de forma desproporcionada por las barreras no arancelarias al comercio, que el Acuerdo debe intentar reducir o suprimir en su totalidad, abogar por la creación de un marco coherente, incluida la introducción en el Acuerdo de un capítulo específico sobre las pymes, que haga posible que estas últimas puedan someter a las autoridades competentes cuestiones relativas a las barreras no arancelarias al comercio;

ii.   asegurarse de que el Acuerdo facilite la participación de las pymes en el comercio transatlántico y reduzca los costes mediante la modernización, la digitalización, la simplificación y la racionalización de los procedimientos, la supresión de los requisitos de doble certificación y la elevación del umbral mínimo para los derechos de aduana y los controles no aleatorios;

iii.  apoyar decididamente la idea de crear un servicio estadounidense de ayuda en línea destinado a las pymes, similar al existente en la UE, en el que las empresas más pequeñas puedan encontrar toda la información que necesitan para exportar a los EE.UU., importar de dicho país o invertir en él, en particular sobre derechos arancelarios, impuestos, normativas, regímenes aduaneros y oportunidades de mercado;

iv.  abordar los problemas aduaneros que transcienden de las disposiciones del acuerdo de la OMC sobre facilitación del comercio y destacar que, con miras a conseguir una auténtica supresión de las cargas administrativas, es preciso esforzarse por conseguir un mínimo grado de adaptación normativa en las políticas y las prácticas aduaneras y fronterizas;

g)  normas claras sobre el origen

i.   establecer normas comunes que definan el origen de los productos y sean claras y fácilmente aplicables por parte de las empresas, y tener en cuenta las tendencias actuales y futuras de la producción, así como la posible futura acumulación con aquellos países con los que las Partes hayan suscrito acuerdos de libre comercio;

ii.   garantizar que el Acuerdo incluya disposiciones que impidan el uso ilegítimo de las denominaciones de las indicaciones geográficas de la UE, lo cual induciría a error a los consumidores, y proteger estos sistemas de denominación que han contribuido en gran medida a la protección de los consumidores y al suministro de información clara y precisa sobre el origen de los productos. Considerar que las negociaciones brindan la oportunidad de converger en elevados estándares comunes en materia de indicación obligatoria del origen de los productos, a fin de ofrecer plenas garantías a los consumidores y crear una situación de igualdad de condiciones de los operadores económicos en el acceso a ambos mercados.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.3.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

20

18

1

Miembros presentes en la votación final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov

16.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones para la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponentes: Paolo De Castro, James Nicholson

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el sector de la agricultura de la UE es una parte muy delicada y esencial de las negociaciones para la ATCI y puede beneficiarse de nuevas o mejores oportunidades de mercado;

B.  Considerando que la falta de unos estándares comunes en esta materia constituye una barrera esencial que dificulta el comercio agrícola-alimentario entre la UE y los EE.UU., y que incluso imposibilita el comercio de determinados artículos;

C. Considerando que las consecuencias del embargo ruso han demostrado claramente la gran relevancia geopolítica de la agricultura, la importancia de tener acceso a una variedad de mercados agrícolas diferentes y la necesidad de contar con asociaciones comerciales sólidas y estratégicas con socios comerciales fiables;

D. Considerando que las negociaciones comerciales con Estados Unidos constituyen una gran oportunidad para mejorar el acceso a ese país de determinadas producciones europeas con fuerte vocación exportadora, como frutas y hortalizas, vino y determinadas producciones con un elevado valor añadido;

E.  Considerando que la ATCI brinda la oportunidad de aliviar la carga normativa recíproca que obstaculiza innecesariamente el comercio, proporcionando más información transparente como, por ejemplo, los detalles que deben constar en las etiquetas, aclarando los trámites administrativos y aduaneros, así como armonizando y simplificando los sistemas normativos, siempre que sea factible;

F.  Considerando que para la agricultura europea es importante obtener un acuerdo comercial con los EE.UU. mutuamente beneficioso, con el fin de reforzar la posición de Europa como agente clave en el mercado global sin poner en peligro los actuales estándares de calidad de los productos agrícolas europeos ni las futuras mejoras de dichos estándares, y manteniendo al mismo tiempo el modelo agrícola europeo y garantizando su viabilidad social y económica;

G. Considerando que la ATCI brinda la oportunidad de establecer estándares elevados a nivel mundial y complementar los estándares en ambos continentes, en especial en un momento en el que cobran importancia los nuevos agentes económicos, que no comparten el compromiso de la UE o de los Estados Unidos con respecto al comercio basado en normas, al alto nivel de protección del consumidor, a la normativa medioambiental y al bienestar animal;

H. Considerando que la Comisión ha dado garantías de que el respeto por las normas europeas de seguridad alimentaria, salud humana, vegetal y animal, bienestar animal y protección del medio ambiente y de los consumidores será un principio fundamental e ineludible de las negociaciones para la agricultura europea y confirmará y consolidará los estándares de la UE dentro de un sistema político comercial abierto, justo, moderno y global;

I.   Considerando que los principales obstáculos al comercio agroalimentario entre la UE y EE.UU. se encuentran detrás de las fronteras, en la reglamentación interna y en las barreras no arancelarias;

J.   Considerando que los intereses de los consumidores deberían ser la prioridad de las negociaciones de la ATCI.

K. Considerando que la armonización de las normas entre la Unión Europea y los E.E.U.U. no puede constituir en ningún caso un peligro para la salud de los consumidores ni debilitar los estándares de calidad a los que deben ajustarse los productos estadounidenses comercializados en Europa;

L.  Considerando que las indicaciones geográficas constituyen derechos autónomos de propiedad intelectual y no una especie de marca;

M. Considerando que, gracias a los avances de la investigación, la evaluación ex ante de los riesgos relativos a la nocividad de los alimentos puede beneficiarse de metodologías informáticas avanzadas basadas en el análisis de grandes volúmenes de datos, y de estructuras de cálculo de altas prestaciones capaces de mejorar la aplicación del principio de precaución;

1.  Pide a la Comisión que:

a. se asegure de que todo acuerdo que se alcance sea global y equilibrado y cubra todos los sectores regulados por la ATCI, y que tenga en cuenta que la agricultura no debe utilizarse como moneda de cambio en los esfuerzos por asegurar el acceso al mercado estadounidense para otros sectores y que la agricultura es un tema político altamente estratégico del que dependen la seguridad alimentaria y el modo de vida de todos los europeos;

b. dé prioridad a lograr un resultado ambicioso y equilibrado en las negociaciones sobre agricultura, un sector cuyos componentes clave (acceso al mercado, indicaciones geográficas y medidas sanitarias y fitosanitarias) deben abordarse en una fase temprana, sobre la base de un mapa detallado de todas las barreras estadounidenses importantes, y en paralelo con el proceso de negociación, preservando al mismo tiempo los estándares de seguridad alimentaria y la protección del consumidor con el fin de dejar al Parlamento tiempo y claridad suficientes para debatir y evaluar este capítulo con las partes interesadas, los ciudadanos europeos, la sociedad civil y los interlocutores sociales, concentrándose en particular en los agricultores y en las pequeñas explotaciones familiares;

c. establezca en la ATCI un mecanismo moderno y mejorado de solución de controversias entre los inversores y los Estados que no socave los derechos soberanos de la UE, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, sino que proporcione una oportunidad equitativa para que los inversores extranjeros busquen y obtengan la reparación de agravios;

d. se comprometa firmemente con el estricto mantenimiento de las normas actuales y futuras en materia de seguridad alimentaria, salud humana, salud vegetal y protección medioambiental y de cultivos, protección del consumidor y salud y bienestar animal definidas por la legislación de la UE; se asegure de que la mejora de estas normas no se verá en modo alguno obstaculizada en el futuro y que valores fundamentales de la UE, tales como el principio de precaución y la agricultura sostenible, no serán menoscabados, y que los ciudadanos de la UE podrán seguir confiando en la rastreabilidad y el etiquetado de los productos en el mercado de la UE; establezca medidas específicas para defender el principio de precaución en las negociaciones;

e. se asegure de que las autoridades competentes de la UE participen en el control y la verificación de establecimientos, instalaciones y productos susceptibles de exportación a la UE con respecto al requisito sanitario y fitosanitario aplicable en la UE, y manifiesta su preocupación en relación con la propuesta de texto de la Comisión a los E.E.U.U. a este respecto, habida cuenta de que, en los anteriores acuerdos comerciales, la UE mantuvo la capacidad de auditar y verificar el programa de control de las contrapartes en los acuerdos, por lo que pide a la Comisión que mantenga este enfoque;

f.  vele por que solamente puedan autorizarse las importaciones agrícolas a la UE si estas respetan las normas europeas de protección de los consumidores, protección de los animales, protección del medio ambiente y las normas sociales mínimas;

g. tenga en cuenta que las negociaciones de la ATCI no pueden cambiar por sí mismas la aplicación o las propuestas de legislación en ningún sector, incluido el de la seguridad alimentaria, las normas MSF, el bienestar animal y las medidas medioambientales;

h. garantice un resultado positivo y ambicioso de las negociaciones sobre agricultura que refleje los intereses ofensivos y defensivos del sector agrícola de la UE en cuanto a la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, en particular las normas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios, garantizando una posición sólida para los productos europeos de calidad, de manera que los productores de la UE obtengan beneficios reales en términos de acceso al mercado de los EE.UU. y entiendan que las medidas de protección de la salud y del consumidor y de preservación de la seguridad alimentarias no deben verse como barreras no arancelarias;

i.  inste al intercambio de conocimientos técnicos entre las dos partes en lo que a la seguridad y protección alimentaria respecta;

j.  negocie un sistema ágil de control fitosanitario sobre las exportaciones europeas que respete los estándares de seguridad sin menoscabar las exportaciones europeas al mercado estadounidense y permita así un aumento de los envíos a ese país;

k. garantice la igualdad de condiciones, fomentando políticas fiscales y prácticas comerciales equitativas para los productos alimenticios y tratando como productos o sectores sensibles a aquellos cuyos productores agrícolas de la UE, incluidos los pequeños agricultores, ya sea en la UE en su conjunto ya en una región concreta, se verían sometidos a una presión excesiva o a competencia desleal por la competencia directa o indirecta, por ejemplo, en casos en los que las circunstancias reguladoras y los costes de producción asociados, como los requisitos de estabulación animal, divergen en la UE y en los EE.UU., y considere todas las posibles opciones para el tratamiento de productos sensibles, incluida la reducción arancelaria y contingentes arancelarios limitados;

l.  abogue, tal como se expresa claramente en el mandato para la negociación, por el establecimiento de una cláusula de protección en el acuerdo que se aplique en el caso de que exista el riesgo de provocar daños considerables a la producción local de alimentos mediante el aumento de la introducción de una mercancía determinada;

m. presente, como han pedido varios Estados miembros, un balance de las concesiones efectuadas en los acuerdos comerciales ya celebrados y en los que están en curso, a fin de tener una visión de conjunto de todas las concesiones por productos, sin lo cual es imposible negociar por lo que respecta a los productos sensibles;

n. informe al Parlamento y al público lo antes posible acerca de una lista potencial de productos sensibles para que todos los agentes implicados tengan tiempo suficiente para indagar y valorar las recomendaciones de forma puntual y antes del fin de las negociaciones;

o. garantice una protección legal adecuada en el mercado de EE.UU. de las indicaciones geográficas de la UE y de los productos agrícolas de calidad de la UE, así como medidas para luchar contra el uso indebido y la información y las prácticas engañosas y para garantizar la protección en cuanto al etiquetado, la rastreabilidad y la autenticidad del origen de los productos, como elementos esenciales de un acuerdo equilibrado;

p. incluya en la ATCI el acuerdo sobre productos orgánicos, ampliado a los que aún no estén cubiertos (vino);

q. integre el acuerdo sobre el vino celebrado en 2006 entre la UE y los EE.UU. en la ATCI, eliminando las 17 denominaciones semigenéricas contenidas en dicho acuerdo sectorial;

r.  tenga en cuenta el hecho de que la ayuda a la renta agraria estadounidense en tiempos de volatilidad de los precios a nivel mundial podría situar en desventaja competitiva a los agricultores de la UE, y que deben volver a evaluarse las medidas europeas de gestión de crisis, a fin de reflejar las condiciones cambiantes del mercado;

s.  cree un comité mixto de trabajo bilateral para celebrar debates comerciales sobre agricultura de forma permanente, a fin de anticipar y evitar los litigios comerciales mediante un sistema de alerta rápida en caso de evoluciones reglamentarias y que promueva la convergencia reglamentaria;

t.  entable conversaciones plenamente transparentes, oportunas y exhaustivas con el Parlamento Europeo, todos los parlamentos nacionales y las partes interesadas en la agricultura, sobre todos los aspectos de las negociaciones, y garantice el cumplimiento de todas las legislaciones en que se fundamenta nuestro modelo social y agrícola europeo;

u. garantice el levantamiento de la prohibición estadounidense de las importaciones de carne de vacuno de la UE;

v. garantice condiciones de competencia equitativas mediante la introducción de la obligación de etiquetado para productos importados que se produzcan con métodos que no cumplen la normativa europea en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria, salud humana y animal;

w. presente sin demora un estudio claro y objetivo sobre la incidencia de la ATCI en la agricultura europea, sector por sector, y particularmente sobre su impacto en las pequeñas explotaciones familiares, y se comprometa de manera transparente y puntual con las instituciones de investigación públicas y privadas que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria y pueden ofrecer importantes aportaciones en todos los aspectos de las negociaciones.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

14.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

27

18

0

Miembros presentes en la votación final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Bas Belder, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Manolis Kefalogiannis, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Estefanía Torres Martínez

17.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Helga Trüpel

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

–   Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–   Vistas las directrices de negociación de la UE relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la UE y los Estados Unidos, adoptadas por el Consejo el 14 de junio de 2013 y publicadas por el Consejo el 9 de octubre de 2014,

A. Reafirmando el compromiso jurídico de la UE con la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005;

B.  Recordando que, de conformidad con el artículo 167 del TFUE, la Unión «tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del [...] Tratado», con el fin de respetar y fomentar la diversidad de culturas; que estas otras disposiciones incluyen la política comercial común, tal y como se define en el artículo 207 del TFUE;

C.  Reafirmando que las disposiciones y políticas actuales y futuras en favor del sector cultural, especialmente en el mundo digital, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las negociaciones de la ATCI;

D.  Reconociendo el papel especial de los servicios de interés general —en particular, en la educación—, según se definen en el artículo 14 del TFUE y el Protocolo nº 26 del TFUE;

E.  Reconociendo que la diversidad cultural es un rasgo de la UE debido a la historia de Europa, a la riqueza de su variedad de tradiciones y a sus sólidas industrias culturales y creativas, y que la promoción de la diversidad cultural seguirá siendo un principio rector, al igual que lo ha sido en otros acuerdos comerciales de la UE;

F.  Recordando que la contribución de las industrias culturales y creativas al PIB de la UE asciende a aproximadamente el 2,6 % del mismo, con una tasa de crecimiento superior a la del resto de la economía; subrayando que el desarrollo del comercio en el sector de los bienes y servicios de las industrias culturales y creativas constituirá un importante vector de crecimiento económico y de creación de empleo en Europa;

G. Recordando que es práctica habitual excluir las subvenciones, en particular a los sectores cultural y educativo, de los acuerdos comerciales de la UE;

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

     a)  que se garantice, mediante una cláusula general jurídicamente vinculante y aplicable a todo el acuerdo, en pleno cumplimiento del AGCS y de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y respetando por completo las prácticas de los Estados miembros, que las partes en el acuerdo se reserven el derecho a adoptar o mantener cualquier medida (en particular de naturaleza reglamentaria y/o financiera) en relación con la protección o la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, así como a preservar o desarrollar, de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, un régimen para los servicios audiovisuales, tanto en línea como fuera de línea, en consonancia con los requisitos democráticos, sociales y culturales;

     b)  que se garantice que la excepción de los servicios audiovisuales, incluidos los servicios en línea, tiene garantía de futuro y no se verá cuestionada por ninguna disposición del futuro acuerdo, como las relativas a la inversión, ni obstaculizada por los avances tecnológicos, como los relativos a la convergencia de servicios audiovisuales, de telecomunicaciones y de comercio electrónico;

     c)  que se mantengan los esfuerzos actuales por aumentar la transparencia y promover una participación aún más cercana con el Parlamento, así como una participación plena de la sociedad civil y de los interlocutores sociales, habida cuenta del impacto que puede tener la ATCI en las vidas de los ciudadanos de la UE;

     d)  que se garantice que la ATCI no pondrá en peligro los servicios con un fuerte componente cultural, como bibliotecas, archivos o museos, más allá de los compromisos de la UE en los acuerdos vigentes;

     e)  que se confirme que las obligaciones que establezca la ATCI no pondrán en peligro los sistemas de precio fijo para los libros y la fijación de precios de periódicos y revistas;

     f)   que se garantice, mediante una cláusula general, el derecho de los Estados miembros de la UE a adoptar o mantener cualquier medida en relación con la prestación de todos los servicios educativos y culturales que funcionen de manera no lucrativa o reciban financiación pública en cualquier medida o apoyo estatal en cualquier forma, y que se garantice que los prestadores extranjeros financiados de forma privada cumplen los mismos requisitos de calidad y acreditación que los prestadores nacionales;

     g)  que se especifique que ningún punto del acuerdo afectará a la capacidad de la UE o de los Estados miembros de la UE para conceder subvenciones y facilitar apoyo financiero a las industrias culturales, así como a servicios culturales, educativos, audiovisuales y de prensa;

     h)  que se garantice que los artistas plásticos de la UE reciben un porcentaje del precio de venta de sus obras cuando las vuelva a vender un profesional del mercado del arte, de modo que se anime a los artistas europeos a comercializar sus obras en los Estados Unidos.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

16.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

2

4

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suplentes presentes en la votación final

Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Michel Reimon, Hermann Winkler

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano

4.5.2015

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Dietmar Köster

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que, dado que los sistemas judiciales funcionan correctamente tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de América, no es necesario ningún tipo de mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados (ISDS) en el presente acuerdo;

B.  Considerando que la Unión Europea y los Estados Unidos cuentan con marcos jurídicos internos eficaces y se rigen por el Estado de Derecho;

C. Considerando que los acuerdos internacionales sobre inversión y comercio celebrados por las instituciones de la UE están sujetos a los derechos garantizados por la UE y los principios subyacentes a la protección de dichos derechos en la UE, como en el principio de precaución, que se aplica a la protección del medio ambiente, la salud y los consumidores;

D. Considerando que nueve Estados miembros de la UE han concluido acuerdos bilaterales de protección de las inversiones con los EE.UU. que confieren a las empresas estadounidenses el derecho a emprender acciones judiciales contra esos Estados miembros, y habida cuenta de la existencia de múltiples acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE que recogen cláusulas ISDS, si bien el Reglamento nº 912/2014 afirma que los acuerdos bilaterales de inversión existentes de los que los Estados miembros sean parte se reemplazarán mediante la inclusión de un capítulo de inversión en la ATCI incluso sin ISDS;

E.  Considerando que las presentes negociaciones deberían conducir a un acuerdo ambicioso que proteja el modelo europeo de economía social de mercado, según está consagrado en los Tratados de la Unión Europea; acompañado de una mejora significativa para los ciudadanos, los trabajadores y los consumidores, así como de una apertura del mercado para las empresas de la Unión Europea, incluidas las pymes;

F.  Considerando que los acuerdos internacionales constituyen una de las bases de la seguridad jurídica y la previsibilidad, y que ha habido muchos casos en los que la UE y otros Estados han emprendido acciones legales contra los EE.UU. en el marco de la OMC por no haber cumplido este país, presuntamente, sus obligaciones internacionales;

G. Considerando que el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea establece que: «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible»; considerando que el artículo 10, apartado 3, del TUE establece que: «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos»; considerando que, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo tiene el derecho a ser informado «cumplida e inmediatamente en todas las fases del procedimiento» sobre la negociación y celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países; y que, en la decisión que puso fin a su investigación de oficio OI/10/2014/RA, la Defensora del Pueblo Europeo destacó la necesidad de transparencia en las negociaciones de la ATCI y el acceso público a los documentos de esta;

1.  Presenta las siguientes recomendaciones a la Comisión:

     a.  Observa que las preocupaciones de los ciudadanos deben reflejarse en las negociaciones de los acuerdos de comercio e inversión;

     b.  Señala que las reformas incorporadas al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) respecto de los mecanismos de resolución de diferencias entre los Estados y los inversores no permiten tratar de forma equitativa a los inversores nacionales y extranjeros;

     c.  Indica que garantizar que los inversores extranjeros sean tratados de forma no discriminatoria y que se les brinde una oportunidad justa para solicitar y lograr la reparación de los agravios puede conseguirse sin que se incluya en la ATCI un mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados (mecanismo ISDS); cree firmemente que ningún ATCI debe contener normas de protección de las inversiones ni mecanismos de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados, puesto que el nivel de protección de las inversiones existente en la UE y en los EE.UU. es más que suficiente para garantizar su seguridad jurídica;

     d.  Pide a la Comisión que ponga a disposición del público las versiones consolidadas que combinan las posiciones de la UE y los EE.UU. sobre los proyectos de capítulos y vele así por que se garantice la igualdad de acceso a la información a todas las partes interesadas durante todas las fases de las negociaciones;

     e.  Señala que los mecanismos de resolución de diferencias existentes presentan carencias procesales y sustanciales graves;

     f.   Pide a la Comisión que se oponga a la inclusión de un mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados en la ATCI habida cuenta de los sólidos sistemas judiciales de la UE y los Estados Unidos, y que un sistema de resolución de diferencias entre los Estados y la utilización de los sistemas jurídicos y judiciales nacionales son las herramientas más adecuadas para resolver las diferencias relativas a las inversiones;

     g.  Resalta que es necesario reforzar la legitimidad democrática de la política comercial de la UE; pide a la Comisión que tenga en cuenta las respuestas a la consulta pública que realizó y, en especial, el 97 % de respuestas que se oponen a un mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados;

     h.  Pide a la Comisión que garantice que los inversores extranjeros son tratados de forma no discriminatoria y se les brinde una oportunidad justa para solicitar y lograr la reparación de los agravios sin que se beneficien de mayores derechos que los inversores nacionales, y que se oponga a la inclusión de un mecanismo ISDS en la ATCI, ya que se dispone de otras opciones para reforzar la protección de las inversiones, como las vías nacionales;

     i.   Pide a la Comisión que garantice que, si se adopta un mecanismo de resolución de diferencias, sus decisiones individuales no sustituirán ni dejarán sin efecto al Derecho nacional en vigor de las partes contratantes, y que las modificaciones realizadas en virtud de legislación futura no puedan ser objeto de tal mecanismo, siempre y cuando esas modificaciones no tengan carácter retroactivo;

     j.   Pide a la Comisión que, al crear el marco para la cooperación futura, garantice el respeto pleno de los sistemas normativos establecidos a ambos lados del Atlántico, así como del papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones de la UE y sus competencias de control sobre los procesos normativos de la UE;

     k.  Pide a la Comisión que aclare a la contraparte negociadora que el principio de precaución es uno de los principios fundamentales de la política europea de protección del medio ambiente, la salud y los consumidores, y que constituye la base sobre la que mantener negociaciones rápidas y proactivas que eviten poner en riesgo la salud de las personas, los animales y las plantas y dañar el medio ambiente, y que garantice que las negociaciones no debilitan el principio de precaución vigente en la UE, en particular en materia de protección del medio ambiente, la salud, los alimentos y los consumidores;

     l.   Pide a la Comisión que vele por que los órganos legislativos legítimos de la UE sigan siendo los únicos que adoptan la legislación nacional, promoviendo los máximos niveles de protección de los ciudadanos en los ámbitos de la salud, la seguridad, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y los trabajadores, y los servicios públicos de interés general, entre otros; considera vital preservar la soberanía de los Estados miembros a la hora de excluir del ámbito de las negociaciones de la ATCI los servicios públicos y colectivos, como el agua, la sanidad, la educación, la seguridad social, los asuntos culturales y de los medios de comunicación, la calidad de los productos y el derecho al autogobierno de las autoridades municipales y locales; insta a la Comisión a que vele por que todo procedimiento en el contexto de la cooperación normativa respete plenamente las competencias legislativas del Parlamento Europeo y del Consejo en estricta conformidad con los Tratados de la UE, y que no dilate de forma directa o indirecta el proceso legislativo europeo;

     m. Subraya que, si bien ni los Estados miembros de la UE ni la Unión Europea han tomado una decisión sobre una armonización completa del derecho de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, las marcas comerciales y las patentes, la Comisión no debería negociar estos asuntos en el AECG o la ATCI;

     n.  Considera sumamente importante que la UE y los EE.UU. mantengan su compromiso con los debates multilaterales mundiales sobre la armonización de patentes a través de los organismos internacionales existentes y participen en los mismos, por lo que advierte del peligro de intentar introducir en la ATCI disposiciones sobre el Derecho sustantivo de patentes, en particular sobre cuestiones relacionadas con la patentabilidad y los periodos de gracia;

     o.  Pide a la Comisión que garantice que las negociaciones de la ATCI abordan también la necesidad de mejorar el reconocimiento y preservar la protección de determinados productos cuyo origen revista especial importancia; señala, por tanto, que asegurar de un modo eficaz la aplicación de las indicaciones geográficas de la UE es esencial para que puedan hacerse cumplir esas normas; solicita a la Comisión, a este respecto, que vele por que las normas relativas a la excepción cultural sigan estando excluidas del mandato negociador;

     p.  Pide a la Comisión, en materia de acceso al mercado, que asegure que existan disposiciones adecuadas para excluir los servicios críticos, como los servicios públicos y los servicios esenciales de utilidad pública (agua, salud, sistemas de seguridad social y educación, entre otros), y faciliten así a las autoridades nacionales y locales un margen de maniobra suficiente para legislar en favor del interés público; observa que debe incorporarse al acuerdo una excepción explícita relativa a dichos servicios basada en el Artículo 14 del TFUE junto con el protocolo 26, con independencia de quién los preste y de cómo se financien; señala que una declaración conjunta que refleje el compromiso claro de las partes negociadoras de excluir estos sectores de las negociaciones resultaría muy útil en este sentido;

     q.  Pide, en particular, a la Comisión que vele por que en las normas relativas a la excepción cultural se recojan todas las cuestiones que beneficien a los artistas y los productores europeos;

     r.   Solicita a la Comisión que ofrezca garantías en relación con la inclusión del sector editorial en la excepción cultural;

     s.   Señala que en el ámbito de la contratación pública no deben cuestionarse los criterios de adjudicación sociales y medioambientales ni su posible ampliación;

     t.   Pide a la Comisión que garantice que ambas partes contratantes se comprometen a respetar y poner en práctica, en especial, las normas fundamentales del trabajo de la OIT y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; estima que el cumplimiento de las normas laborales y sociales debe garantizarse de manera efectiva en los casos de conflicto;

     u.  Subraya que los derechos de cogestión, a constituir comités de empresa y a la libre negociación colectiva, así como otros derechos de protección de los trabajadores, el medio ambiente y los consumidores no deben interpretarse de ninguna manera como «barreras no arancelarias al comercio»;

     v.  Señala, además, que han de rechazarse definiciones ambiguas de términos legales en el AECG y la ATCI como «trato justo y equitativo» o «expropiación indirecta».

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

16.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

12

11

2

Miembros presentes en la votación final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suplentes presentes en la votación final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Inês Cristina Zuber

7.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Jan Philipp Albrecht

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

–   Vistas las Directivas del Consejo para la negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América;

–   Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2013, sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América(49), y en particular su apartado 13;

–   Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(50);

A. Considerando que la Unión está vinculada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta»), en particular su artículo 8 sobre el derecho a la protección de datos personales, y por el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el mismo derecho fundamental, que constituye un pilar esencial del Derecho primario de la UE que ha de respetarse plenamente en todos los acuerdos internacionales;

B.  Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) obliga a la UE, entre otras cosas, a respetar y defender los valores de la democracia y el Estado de Derecho;

C. Considerando que los artículos 20 y 21 de la Carta obligan a la UE a respetar y defender los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación;

D. Considerando que tanto el artículo 1 como el artículo 10, apartado 3, del TUE disponen que las decisiones han de tomarse de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos; que la transparencia y el diálogo abierto entre los interlocutores, incluidos los ciudadanos, son de vital importancia durante las negociaciones, así como durante la fase de ejecución; que el Parlamento respalda la petición del Defensor del Pueblo Europeo relativa a un enfoque transparente;

E.  Considerando que las negociaciones en curso sobre acuerdos comerciales internacionales, como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), también inciden en los flujos internacionales de datos, mientras que excluyen por completo la privacidad y la protección de datos, que se debatirán en paralelo dentro del marco del puerto seguro EE.UU.-UE y del acuerdo marco de protección de datos entre los Estados Unidos y la UE;

F.  Considerando que, durante la séptima ronda de negociaciones sobre la ATCI, los negociadores estadounidenses propusieron un proyecto de capítulo sobre comercio electrónico; que los diputados al Parlamento Europeo no disponen de dicho proyecto; que el proyecto de texto de los Estados Unidos sobre comercio electrónico para el ACS socavaría las normas y salvaguardias de la UE en materia de transferencia de datos personales a terceros países; que el Parlamento se reserva el derecho de expresar su opinión tras la consulta de futuros proyectos y propuestas de texto del acuerdo ATCI;

G. Considerando que los ciudadanos procedentes de Estados que sean partes contratantes de una zona de libre comercio han de gozar de facilidad de acceso a toda esa zona;

H. Considerando que la mayoría de los Estados miembros de la UE y los Estados Unidos han ratificado el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales; que varios Estados miembros de la UE y los Estados Unidos han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; que varios Estados miembros de la UE y los Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales;

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

     a)  que vele por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países;

     b)  que tenga presente que la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la versión definitiva del acuerdo ATCI podría correr peligro si no cesan por completo las actividades de vigilancia masiva generalizada y si no se encuentra una solución adecuada para los derechos de privacidad de datos de los ciudadanos de la UE, incluido el recurso administrativo y judicial, de conformidad con las disposiciones del apartado 74 de la Resolución del Parlamento, de 12 de marzo de 2014, mencionada anteriormente;

     c)   que tome medidas de inmediato para garantizar, concretamente, la aplicación de las recomendaciones formuladas en la Resolución del Parlamento, de 12 de marzo de 2014, mencionada anteriormente, sobre el desarrollo de una estrategia europea para la independencia informática y una estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea;

     d)  que incorpore, como prioridad fundamental, una disposición independiente, horizontal, global e inequívoca, basada en artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que excluya plenamente del acuerdo al actual y futuro marco jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales, sin condición alguna de que haya de guardar coherencia con otras partes del ATCI, y que vele por que el acuerdo no excluya la aplicación de excepciones relativas a la prestación de servicios que resulten justificables conforme a las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio (artículos XIV y XIV bis del AGCS);

     e)  que garantice que los datos personales únicamente puedan transferirse fuera de la Unión si se respetan las disposiciones sobre las transferencias a terceros países contenidas en la legislación de la UE sobre protección de datos; que solo negocie sobre disposiciones que inciden en el flujo de datos personales si se garantiza y respeta la plena aplicación de las normas de la UE en materia de protección de datos;

     f)   que vele por que el proyecto de capítulo sobre comercio electrónico propuesto por los negociadores estadounidenses en la séptima ronda de negociación de la ATCI no se acepte como base para las negociaciones en caso de que contenga condiciones similares a las del proyecto de capítulo de los Estados Unidos sobre el comercio electrónico en las negociaciones del ACS; que se oponga al proyecto de capítulo del ACS sobre comercio electrónico que proponen los Estados Unidos por lo que respecta a los datos personales; que garantice un conclusión satisfactoria de las negociaciones relativas al puerto seguro y al acuerdo marco de protección de datos;

     g)  que tenga presente que las normas de la UE en materia de transferencia de datos personales pueden prohibir el tratamiento de dichos datos en terceros países si no respetan el nivel de adecuación de la UE; que insista en que cualquier requisito relacionado con la localización de equipos y establecimientos de tratamiento de datos no puede socavar las normas de la UE en materia de transferencias de datos; que colabore con los Estados Unidos y otros terceros países en relación con los ajustes oportunos para adoptar normas estrictas y adecuadas en materia de protección de datos a escala internacional, en particular en el marco del puerto seguro y el acuerdo marco de protección de datos;

     h)  que garantice que las decisiones sobre conflictos jurídicos respecto a derechos fundamentales solo puedan tomarlas los tribunales ordinarios competentes; que vele por que las disposiciones relativas a un mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados no menoscaben la igualdad de acceso a la justicia ni minen la democracia;

     i)    que tome plenamente en consideración la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las negociaciones a lo largo de todo el proceso, y que cumpla la obligación contraída en virtud del artículo 218, apartado 10, del TFUE, cuyo carácter obligatorio fue confirmado por el Tribunal de Justicia en una de sus últimas sentencias(51), de mantener al Parlamento plenamente informado, y de forma inmediata, en todas las fases de las negociaciones; que garantice el acceso público a los documentos pertinentes de las negociaciones, de todas las partes, exceptuando aquellos que hayan de clasificarse con una justificación clara y determinada caso por caso, con una justificación pública de hasta qué punto el acceso a las partes del documento en cuestión que no se han publicado podría socavar de forma específica y real los intereses protegidos por las excepciones, en consonancia con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(52); que se asegure de que el acuerdo no perjudique de ninguna manera a la legislación de la UE o de los Estados miembros relativa al acceso del público a documentos oficiales;

     j)   que aumente la presión política sobre los Estados Unidos en el marco de las negociaciones, con el fin de garantizar la reciprocidad plena de los visados y la igualdad de trato para todos los Estados miembros de la UE sin discriminación por lo que respecta a su acceso a los Estados Unidos;

     k)  que incluya en el acuerdo una cláusula sobre la corrupción, el fraude fiscal, la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales a fin de establecer una cooperación reforzada entre los Estados miembros y los Estados Unidos, con mecanismos para una cooperación internacional más eficaz, asistencia jurídica mutua, recuperación de activos, asistencia técnica, intercambio de información y aplicación de normas y recomendaciones internacionales.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

31.3.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

41

10

2

Miembros presentes en la votación final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

16.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Esteban González Pons

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

–    Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, en particular, el asunto C-350/12(53) y los dictámenes 2/13(54) y 1/09(55),

A.  Considerando que el Tratado de Lisboa amplía el ámbito de la política comercial común para incluir la inversión extranjera directa, y que otorga al Parlamento un aumento significativo de competencias en materia de acuerdos de comercio internacional mediante el fortalecimiento de su derecho a recibir información periódica y la ampliación de su competencia para tomar decisiones al requerir su aprobación al final de las negociaciones, con lo que establece una representación directa de los ciudadanos en la adopción de acuerdos de comercio internacional;

B.   Considerando que el TJUE, en su dictamen 2/13, afirma que la competencia de la Unión en materia de relaciones internacionales y su capacidad para celebrar acuerdos internacionales conlleva necesariamente la facultad de someterse a las resoluciones de un órgano jurisdiccional creado o designado en virtud de tales acuerdos en lo que a la interpretación y a la aplicación de sus disposiciones se refiere; considerando, no obstante, que el Tribunal de Justicia ha precisado asimismo que un acuerdo internacional únicamente puede afectar a sus propias competencias si se cumplen los requisitos esenciales para la preservación de la naturaleza de estas y, por lo tanto, no se pone en peligro la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión;

1.   Formula, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

      d) en cuanto a las normas:

          i)       evaluar las implicaciones de la ATCI a fin de garantizar la coherencia en las políticas, concretamente, la coherencia entre los diferentes ámbitos de la acción exterior de la UE y entre estos y el resto de sus políticas;

          ii)      detallar la función y las competencias del Consejo de Cooperación Regulador, así como la calidad jurídica de sus conclusiones, teniendo en cuenta que la cooperación reglamentaria debe respetar el vigente marco constitucional e institucional de la UE así como la capacidad de las autoridades europeas, nacionales y locales de legislar sobre sus propias políticas, en particular las políticas sociales y medioambientales, y que cualquier aplicación directa de sus recomendaciones por parte de las instancias pertinentes de la UE implicaría un incumplimiento de los procedimientos legislativos establecidos en los Tratados y resultaría, por tanto, perjudicial para el proceso democrático y el interés público europeo;

          iii)     garantizar que no se menoscaba ninguna norma del marco jurídico europeo;

          iv)     velar por que este mecanismo, puesto que se espera que la ATCI sea un «acuerdo vivo» al que podrían añadirse anexos sectoriales en el futuro, asegure la posibilidad de supervisión parlamentaria de modo que el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos estén informados y puedan iniciar, conformar y controlar el diálogo regulador previsto por la ATCI, respetando los derechos parlamentarios en materia legislativa;

          v)      considera que el altísimo nivel de las normas y medidas de salvaguardia existentes en la Unión Europea, acordadas mediante procesos democráticos, es un logro digno de la máxima protección, y pide que las normas legales existentes en la UE y en sus Estados miembros —por ejemplo, en materia de seguridad de los productos, protección de la salud, de la esfera social, del medio ambiente, del clima, los alimentos y los animales, así como sobre derechos de los consumidores y de protección de los datos personales— no se debiliten en ningún caso;

          vi)     oponerse a la inclusión de un mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados en la ATCI teniendo en cuenta los avanzados sistemas judiciales de la UE y los Estados Unidos y que un sistema de solución de controversias entre Estados y la utilización de los tribunales nacionales son las herramientas más adecuadas para resolver las diferencias relativas a las inversiones;

          vii)    teniendo en cuenta que en las jurisdicciones de los EE.UU. y de la UE no existen riesgos de interferencia en el ámbito del poder judicial ni de denegación de justicia a los inversiones extranjeros, un mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados, basado en un arbitraje privado, puede menoscabar el derecho de la Unión Europea y de las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros a legislar en favor del interés público, en particular en lo que se refiere a las políticas social y medioambiental y, por tanto, no respetaría el marco constitucional de la UE; proponer una solución permanente para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados en la que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales en juicios públicos a cuya finalización se permita la presentación de, al menos, un recurso de apelación;

      e) en cuanto a transparencia, participación de la sociedad civil y divulgación pública:

          iii)     aun cuando es admisible y comprensible cierto grado de confidencialidad durante las negociaciones sobre un acuerdo comercial de tal importancia económica y política, continuar y duplicar sus esfuerzos por aumentar la transparencia y la accesibilidad al público en lo que se refiere a las negociaciones sobre la ATCI, entre otras vías, mediante la publicación de todos los textos de negociación de la UE que la Comisión ya comparta con los Estados miembros y el Parlamento, dado que las instituciones europeas deben situarse a la vanguardia en el fomento de la transparencia;

          iv)     informar al Parlamento de forma inmediata y exhaustiva en todas las etapas del procedimiento, de conformidad con la sentencia C-358/11 del TJUE; garantizar a todos los diputados europeos el acceso a todos los documentos restringidos e incluir los textos consolidados en la lista de documentos que estos pueden consultar;

          v)      aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo de 6 de enero de 2015 para mejorar la legitimidad y la transparencia del proceso negociador mediante el cumplimiento pleno, proactivo y exhaustivo de las normas en materia de acceso del público a los documentos en todas las lenguas oficiales de la UE en su página web, y garantizando una participación pública equilibrada y transparente por parte de los Parlamentos de los Estados miembros;

          vi)     pide, por tanto, a la Comisión que apoye y prosiga las negociaciones con el Consejo para desbloquear la modificación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos;

          vii)    verificar las implicaciones jurídicas de un acuerdo de «tipo-mixto»; involucrar plenamente a los Parlamentos nacionales en el debate sobre las peculiaridades de la ATCI y mantenerlos informados periódicamente sobre el desarrollo de las negociaciones y prestar atención a sus comentarios, en especial porque este acuerdo muy posiblemente se celebrará como un acuerdo de «tipo mixto», que requerirá una ratificación por parte de los Parlamentos nacionales;

          viii)   crear a la mayor brevedad un registro de transparencia obligatorio que utilicen todas las instituciones europeas a fin de asegurar una perspectiva completa de las actividades de los grupos de presión asociadas a las negociaciones de la ATCI.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

16.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

13

9

2

Miembros presentes en la votación final

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Suplentes presentes en la votación final

Max Andersson, Gerolf Annemans, Marcus Pretzell, Helmut Scholz

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Rosa Estaràs Ferragut, José Inácio Faria, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso

30.4.2015

OPINIÓN de la Comisión de Peticiones

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2014/2228(INI))

Ponente: Jarosław Wałęsa

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

–    Vistas las directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 14 de junio de 2013,

–    Vistos los artículos 206 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–    Vistas sus anteriores Resoluciones, de 23 de octubre de 2012, sobre las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos(56), de 23 de mayo de 2013, sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión con los Estados Unidos de América(57), y de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(58),

–    Vista su Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre el Informe anual 2013 del Defensor del Pueblo Europeo,

–    Vistas las peticiones 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 y 0033-15,

–    Vista la investigación llevada a cabo por la defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión y la participación pública en las mismas (OI/10/2014/RA),

–    Visto el resultado de la consulta pública llevada a cabo por la Comisión Europea sobre la protección de la inversión y la mecanismo de resolución de diferencias (ISDS) en la ATCI,

–    Vista la carta, de 5 de junio de 2014, enviada por el negociador jefe de la Unión Europea, Ignacio García-Bercero, a su homólogo estadounidense, Daniel Mullany, en la que declaraba que todos los documentos relacionados con las negociaciones se mantendrán fuera del acceso del público durante un período de hasta treinta años,

A.  Considerando que la Comisión está negociando actualmente, en nombre de la Unión Europea, un acuerdo sobre comercio e inversión con los Estados Unidos (Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión – ATCI) profundo, exhaustivo y con normas estrictas cuya finalidad es fomentar y facilitar el intercambio comercial de bienes y servicios y mejorar las inversiones mediante, entre otros elementos, la eliminación de las barreras al comercio; que un número significativo de ciudadanos europeos ha manifestado su legítima preocupación por el hecho de que este acuerdo supondrá una amenaza para la reglamentación fundamental de la UE, especialmente en materia de derechos laborales, protección del medio ambiente y normas alimentarias y de seguridad;

B.   Considerando que el presidente Juncker había invitado a todos los miembros de la Comisión entrante a hacer públicos todos los contactos y reuniones que se lleven a cabo con organizaciones profesionales o trabajadores por cuenta propia sobre cualquier cuestión de elaboración y aplicación de políticas de la UE en lo relativo a un acuerdo sobre comercio e inversión con los EE.UU. que abarca un amplio número de ámbitos y que la Comisión está negociando en estos momentos en nombre de la UE; que la única manera efectiva de evitar la confusión y los malentendidos públicos es un aumento de la transparencia y un mayor esfuerzo proactivo por informar para el debate público;

C.  Considerando que el objetivo de la ATCI es desarrollar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU. sin afectar a los principios establecidos en el acervo comunitario ni al crecimiento económico sostenible, la creación de empleos dignos o la promoción del modelo social europeo;

D.  Considerando que las negociaciones han suscitado un interés público sin precedentes habida cuenta de las posibles implicaciones económicas, sociales y políticas de la ATCI y del secretismo con el que se han llevado a cabo las negociaciones;

E.   Considerando que el expresidente de la Comisión, José Manuel Barroso, pidió a la sociedad civil que desempeñara un papel constructivo y comprometido en las negociaciones de la ATCI;

F.   Considerando que la sociedad civil ha manifestado su preocupación por la ATCI;

G.  Considerando que, el 10 de septiembre de 2014, la Comisión se negó a registrar la iniciativa ciudadana «Stop TTIP» por estimar que no entraba dentro de las competencias de la Comisión Europea en materia de presentación de actos jurídicos de la Unión necesarios para la aplicación de los Tratados; que, en consecuencia, se dio comienzo a una iniciativa «Stop TTIP» al margen del procedimiento previsto por el Reglamento (UE) nº 211/2011, que ha recogido ya más de un millón de firmas; que la Comisión de Peticiones ha recibido peticiones en las que se expresa preocupación por la ATCI; que los principales temas de preocupación para los peticionarios son la seguridad y la calidad de las importaciones de alimentos, la transferencia de datos de la UE a los EE.UU., especialmente de información recabada por los EE.UU. con respecto a las personas físicas y jurídicas (el derecho de los ciudadanos de la UE a la «autodeterminación digital»), la falta de transparencia en las negociaciones, el posible impacto económico negativo de la ATCI, especialmente en términos de empleo y salarios, y la transferencia a las empresas del derecho de regulación de las autoridades públicas mediante el mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS);

H.  Considerando que el derecho de los ciudadanos de la UE a tener acceso público a los documentos en posesión de las instituciones de la UE es un derecho fundamental destinado a garantizar que pueden participar en la toma de decisiones de la UE y hacer que la UE y sus instituciones rindan cuentas, fomentando la naturaleza democrática de la Unión;

I.    Considerando que todas las peticiones enviadas por ciudadanos de la UE, que llevan decenas de miles de firmas de ciudadanos de la UE, reflejan una postura claramente crítica hacia la negociación de la ATCI y advierten de que un acuerdo de este tipo puede suponer una amenaza para el modo de vida europeo, en concreto en materia social, económica, medioambiental y democrática;

J.    Considerando que la investigación de la defensora del Pueblo Europeo de julio de 2014 sobre la transparencia de la ATCI analizó la posesión de documentos clave y la supuesta concesión de un acceso privilegiado a determinadas partes interesadas; que la defensora del Pueblo Europeo recibió más de 6 000 correos electrónicos en respuesta a su consulta pública sobre la ATCI;

K.  Considerando que, en materia social, las diferentes peticiones expresan profundas preocupaciones sobre el impacto negativo que puede tener el acuerdo para la salud pública, los sistemas sanitarios de la UE y los servicios públicos en general, así como para los sistemas de pensiones; que surgen temores por el empeoramiento de las condiciones de trabajo, habida cuenta de la falta de regulación en materia de relaciones laborales y de la ausencia de una cultura de acuerdos colectivos en los EE.UU.;

L.   Considerando que, tras la investigación, la defensora del Pueblo Europeo expresó su preocupación por la falta de transparencia y de participación pública en las negociaciones de la ATCI;

M.  Considerando que la mayoría de las peticiones recibidas solicitan explícitamente que la Comisión Europea detenga las negociaciones o que el Parlamento Europeo rechace finalmente el acuerdo;

1.   Subraya la importancia de desarrollar relaciones comerciales y de inversión equilibradas entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América con garantías adecuadas para ofrecer las normas laborales, sociales, sanitarias y ambientales más estrictas a escala mundial con el fin de contribuir al crecimiento y al empleo, de generar nuevas oportunidades económicas y de regular la globalización, de modo que quede excluido el dumping social y medioambiental;

2.   Se felicita del objetivo consistente en suprimir las barreras técnicas al comercio y en reducir las incompatibilidades reglamentarias innecesarias entre la UE y los EE.UU. que no están justificadas por diferentes enfoques de la protección y de la gestión de riesgos, por ejemplo la duplicación de procedimientos, las incoherencias en cuanto a los requisitos aplicados a los productos y el doble ensayo;

3.   Pide a la Comisión que se oponga a la inclusión del mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI, puesto que existen otras opciones para proteger las inversiones, como los recursos internos;

4.   Observa que la compatibilidad reglamentaria no debe afectar a los servicios públicos o al derecho soberano fundamental a regular, de conformidad con el principio de precaución, en los ámbitos de la salud, el acceso a los medicamentos, la seguridad de la protección de datos, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores, la protección medioambiental, el bienestar animal y la diversidad cultural como las autoridades públicas de cada parte consideren adecuado;

5.   Pide a la Comisión que garantice que se mantienen los niveles actuales de las normas europeas en materia de medio ambiente;

6.   Hace hincapié en que los servicios y los productos culturales deben considerarse, y por lo tanto tratarse, de forma diferente a otros servicios y productos comerciales, según se prevé en la llamada excepción cultural;

7.   Destaca la importancia del paquete relativo a la movilidad y del establecimiento de la reciprocidad de los visados para los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE, recordando que la facilitación de visados para los prestadores de bienes y servicios europeos es uno de los elementos clave a la hora de obtener el máximo beneficio de la ATCI;

8.   Hace hincapié en que los Estados Unidos no han ratificado los convenios de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre normas laborales fundamentales, como la negociación colectiva, la libertad de asociación y el derecho a organizarse;

9.   Hace hincapié en que existe el riesgo de que la toma de decisiones democrática en el lugar de trabajo se vea perjudicada si la protección de los trabajadores se considera una barrera al comercio;

10. Señala que la Comisión se ha esforzado realmente por conseguir que el proceso de negociación de la ATCI sea más transparente, en particular a la vista de la publicación de las directivas europeas relativas a la negociación de la ATCI (1103/13 CL 1); señala que este documento esencial solo se hizo público el 9 de octubre de 2014, mientras que las negociaciones empezaron en junio de 2013; recuerda que la Comisión está siempre jurídicamente obligada a cumplir las normas sobre el acceso público a los documentos fijadas en el Reglamento nº 1049/2001; lamenta que el acceso a los textos de negociación de la ATCI que se concede a los diputados al Parlamento Europeo haya sido hasta ahora extremadamente limitado; hace hincapié en que los documentos disponibles en la sala de lectura asegurada del PE no contienen material consolidado ni textos presentados por los EE.UU.; hace hincapié en la necesidad de garantizar la transparencia mediante un diálogo directo y abierto en forma de consulta pública con todas las partes interesadas;

11. Acoge con satisfacción la investigación de la defensora del Pueblo Europeo sobre la necesidad de realizar una difusión más proactiva de los documentos; pide a la Comisión que aplique rápidamente las recomendaciones de la defensora del Pueblo sobre el acceso público a textos de negociación consolidados, sobre una mayor difusión proactiva de los documentos de la ATCI y sobre un aumento de la transparencia en lo relativo a las reuniones sobre la ATCI entre funcionarios de la Comisión y organizaciones empresariales, grupos de interés y ONG; cree que la adopción por la Comisión de un enfoque más proactivo con respecto a la transparencia podría aumentar la democracia y la legitimidad del proceso de negociación a los ojos de los ciudadanos, e insta, por lo tanto, a la Comisión a que publique todos los documentos de negociación, incluidas las ofertas de los EE.UU. a la UE, siguiendo la tradición de todas las negociaciones comerciales internacionales llevadas a cabo en el marco de la Organización Mundial del Trabajo, y a que promueva una participación y una implicación más integral de las diversas partes interesadas en el proceso de negociación, especialmente de la sociedad civil y de las organizaciones de consumidores;

12. Pide a la Comisión que vele por que la lista de los documentos sobre la ATCI disponible en su sitio web dedicado a la política comercial sea accesible, completa, exhaustiva y rigurosa, y que facilite el acceso a esta información celebrando reuniones regulares con sindicatos, ONG y organizaciones de la sociedad civil; destaca que los documentos más importantes, especialmente los relativos a las posiciones negociadoras de la UE, deben estar disponibles en todos los idiomas oficiales de la UE, garantizando así que todos los ciudadanos de la UE tengan un verdadero acceso a los documentos y una comprensión real de los mismos;

13. Pide a la Comisión que informe al Parlamento de forma inmediata y exhaustiva en todas las etapas del procedimiento, de conformidad con la sentencia C-358/11 del TJUE; le pide, además, que garantice a todos los diputados al Parlamento Europeo el acceso a todos los documentos restringidos y que incluya los textos consolidados en la lista de documentos que estos pueden consultar;

14. Lamenta que la Comisión no clasificara como «iniciativa ciudadana europea» la petición presentada por más de millón y medio de europeos debido a las limitaciones del marco legislativo de la iniciativa ciudadana europea; lamenta que, de hecho, estas limitaciones hacen que cualquier iniciativa ciudadana europea sobre cuestiones comerciales solo pueda admitirse después de la entrada en vigor de un acuerdo comercial, y que el marco actual no permita iniciativas ciudadanas europeas destinadas a influir en negociaciones comerciales en curso;

15. Considera que, en el interés público, no debe utilizarse la protección de datos como un obstáculo automático al control público de las actividades de los grupos de interés en el contexto de la ATCI, y que es posible gestionar las cuestiones relativas a la protección de datos informando a los participantes a los que se invita a las reuniones de la intención de publicar sus nombres y dejando claro que la ATCI no debe ir en detrimento del derecho de los ciudadanos de la UE a la autodeterminación digital ni del respeto de la legislación de la Unión en materia de protección de datos y que, en concreto, deberá tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-132/12) sobre el «derecho al olvido» y la propuesta de Reglamento general de protección de datos; pide a la Comisión que garantice que no se incluirá la protección de datos en las negociaciones, a fin de respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

16. Subraya la sensibilidad de determinados ámbitos de negociación en los que no pueden aceptarse compromisos, como, por ejemplo, el sector agrícola, en el que la percepción de los organismos modificados genéticamente (OMG), los requisitos de información del etiquetado, la clonación, los requisitos medioambientales y el resto de normas sobre la salud de los consumidores y de los animales tiende a divergir entre la UE y los EE.UU.; anima a la Comisión a adoptar a este respecto un enfoque de lista positiva, condición necesaria para la legibilidad de todos los actores; pide, por consiguiente, que estos ámbitos no estén sujetos a la cooperación reglamentaria ni a normas sanitarias o fitosanitarias adicionales o barreras al comercio; pide que, en ámbitos en los que ya se comercia en sectores delicados, como los OMG, se establezcan normas claras de etiquetado que refuercen la capacidad de elección de los consumidores;

17. Hace hincapié en los elevados niveles de control público que se concede al acuerdo a través de las peticiones, que han revelado una profunda preocupación por la transparencia de las negociaciones y por los efectos adversos para los derechos de los trabajadores y para los servicios públicos, incluida la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la educación, el agua y el saneamiento;

18. Pide a la Comisión que se comprometa firmemente con el mantenimiento estricto de las normas de seguridad alimentaria, de salud humana y animal y de bienestar animal definidas por la legislación de la UE, y que garantice que no se vean menoscabados y se respeten valores fundamentales de la UE como el principio de precaución y el reconocimiento de los animales como seres sensibles, tal como se consagra en el artículo 13 del TFUE y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE;

19. Pide a la Comisión que impida que entren en el mercado de la UE aquellos productos que no se hayan producido conforme a la normativa europea de seguridad alimentaria, salud humana y animal y bienestar animal;

20. Pide a la Comisión que garantice que productos como los OMG o los productos derivados de animales clonados y su descendencia y aquellos que contengan sustancias prohibidas en la UE no entren en el mercado europeo ni terminen en la cadena alimentaria de la UE;

21. Destaca que la protección de los consumidores y el respeto de unas normas de calidad europeas más elevadas para los alimentos y los productos, las normas más elevadas de protección medioambiental, el control más estricto de la emisiones industriales en la UE y en los EE.UU. y unas garantías adecuadas para la protección de los datos de los ciudadanos deben constituir el núcleo de las negociaciones de la ATCI, que den lugar en particular a:

      –  una transparencia y una accesibilidad pública plenas a los datos clínicos de los ensayos clínicos con medicamentos;

      –  una transparencia y una accesibilidad pública plenas a los datos clínicos de las investigaciones clínicas con productos sanitarios;

      –  la protección de la vida y la salud de personas, animales y plantas mediante el respeto y el mantenimiento de las susceptibilidades y los valores fundamentales de cada parte, como el principio de precaución de la UE;

      y destaca que los negociadores no deben considerar ningún compromiso sobre la protección de datos dentro del marco de la ATCI a la espera de la conclusión de las labores legislativas en curso en este ámbito en la UE y en los EE.UU.;

22. Hace hincapié en que el centro de las negociaciones de la ATCI debe ser el respeto de la soberanía de cada Estado y de la soberanía de la propia Unión Europea para aprobar legislación y regular en materia de economía;

23. Pide a la Comisión que indique cómo y cuándo aplicará cada una de las medidas propuestas y cómo procederá con las peticiones mencionadas; considera que, habida cuenta de que las negociaciones siguen en curso, sería útil que la Comisión ofreciera un seguimiento en los dos primeros meses, es decir, antes del 31 de mayo de 2015;

24. Señala que la Comisión recibió un total de casi 150 000 respuestas a la consulta pública sobre la protección de la inversión y sobre la resolución de diferencias entre inversores y Estados en el Acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el 97 % de las cuales rechazaba la inclusión de la ISDS en la ATCI; destaca que la compatibilidad de la ISDS con el sistema judicial de la UE y, en particular, la cuestión del respeto de la jurisdicción del TJUE y del derecho de los gobiernos a regular, son preocupaciones ampliamente compartidas por los encuestados; señala que, de forma inusual, numerosas respuestas procedían de personas a nivel individual, lo que pone de relieve el nivel de movilización pública en lo relativo a la ATCI y que algunos encuestados, como sindicatos o grandes organizaciones de la sociedad civil, representan a un gran número de miembros individuales que supera en gran medida el número total de respuestas recibidas por la Comisión; hace hincapié en que las disposiciones relativas a la protección de las inversiones deben garantizar la capacidad de los Estados de regular, y considera que a este respecto el TJUE debe mantener su jurisdicción sobre la interpretación definitiva de la legislación de la Unión Europea.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

16.4.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

25

2

3

Miembros presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes en la votación final

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

28.5.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

28

13

0

Miembros presentes en la votación final

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Suplentes presentes en la votación final

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Gabriel Mato, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Cecilia Wikström

(1)

         http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf

(2)

         http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf

(3)

         http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.

(4)

         http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm

(5)

         http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/es/pdf

(6)

         http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf

(7)

         http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf

(8)

         http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_es.htm

(9)

          http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

(10)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf

(11)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf

(12)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf

(13)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf

(14)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf

(15)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf

(16)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf

(17)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf

(18)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf

(19)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf

(20)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf

(21)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf

(22)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf

(23)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf

(24)

        DO C 68 E de 7.3.2014, p. 53.

(25)

        Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.

(26)

        Textos Aprobados, P8_TA(2015)0009.

(27)

    http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm

(28)

           Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.

(29)

           http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf

(30)

           http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf

(31)

           http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf

(32)

           http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-PECH_NT(2013)507492_EN.pdf

(33)

           http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/536293/IPOL-PECH_NT(2014)536293_EN.pdf

(34)

           http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf

(35)

           http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

(36)

           http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf

(37)

           http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm

(38)

           http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-council-president-van-rompuy-a

(39)

           Véase el informe de 2014 del representante de Comercio de los EE.UU. sobre las barreras técnicas al comercio, p. 45.

(40)

           Con relación a los Estados Unidos, véanse los informes 2013 y 2014 del representante de Comercio de los EE.UU. sobre las barreras técnicas al comercio.

(41)

            http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU

(42)

           http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A-HRC-26-31_sp.doc

(43)

           http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1

(44)

           http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/

(45)

           http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract

(46)

            C(2014)9052 final.

(47)

           http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/es/58643/html.bookmark

(48)

           Véase el discurso de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, del 11 de diciembre de 2014.

(49)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.

(50)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230.

(51)

Sentencia de 24 de junio de 2014, Parlamento/Consejo, C-658/11, EU:C:2014:2025.

(52)

DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(53)

Asunto C-350/12 Consejo de la Unión Europea/Sophie in ’t Veld.

(54)

Dictamen 2/13 Adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales – Compatibilidad de dicho proyecto con los Tratados UE y FUE.

(55)

Dictamen 1/09 Proyecto de acuerdo – Creación de un sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes – Tribunal europeo y comunitario de patentes – Compatibilidad de dicho proyecto con los Tratados.

(56)

DO C 68 E de 7.3.2014, p. 53.

(57)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.

(58)

Textos aprobados, P7_TA(2014)0230.

Última actualización: 5 de junio de 2015Aviso jurídico