INFORME sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto

23.11.2017 - (2017/2122(INI))

Comisión de Asuntos Exteriores
Ponente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto

(2017/2122(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979[1],

–  Vistas las Recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer n.º 12, 19 y 35 sobre la violencia contra la mujer, n.º 26 sobre las trabajadoras migratorias y n.º 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres,

–  Vista la Resolución 69/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), aprobada el 18 de diciembre de 2014[2], sobre la protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio;

–  Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 18 de diciembre de 1990[3],

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242 sobre la mujer, la paz y la seguridad,

–  Vista la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967[4] y los Convenios de la OIT n.º 43 y 97,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos[5],

–  Vista la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la AGNU el 19 de septiembre de 2016[6],

–  Vistos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es garantizar la paz y la prosperidad de los pueblos y del planeta[7],

–  Visto el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 12 de abril de 2011, que la Unión Europea firmó el 13 de junio de 2017[8],

–  Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, adoptadas en 1976 y revisadas en 2011[9],

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012[10],

–  Visto el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia (2015-2019), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015[11],

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión titulado «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia (2015-2019): Revisión intermedia de junio de 2017)[12],

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)), adoptado en 2015[13],

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, el 28 de junio de 2016,[14] así como el primer informe sobre su aplicación, titulado «From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy» (De una visión compartida a la acción común: aplicación de la Estrategia Global de la UE), publicado en 2017[15],

–  Vista la Decisión 2011/168/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la Corte Penal Internacional y por la que se deroga la Posición Común 2003/444/PESC[16],

–  Vista la Agenda Europea de Migración, de 13 de mayo de 2015[17], y la Comunicación de la Comisión sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración, de 7 de junio de 2016 (COM/2016/0385)[18],

–  Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del menor, adoptadas en 2007 y revisadas en 2017[19],

–  Vista la declaración conjunta del Consejo Europeo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea sobre el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: nuestro Mundo, nuestra Dignidad, nuestro Futuro, adoptada el 7 de junio de 2017 [20],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, adoptadas en 2014[21],

–  Vista la protección de la libertad de expresión en internet y fuera de internet que ofrecen el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, adoptadas en 2013[22],

–  Vista la protección internacional de la libertad de religión o creencias que ofrecen el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia basadas en la religión y las creencias, adoptadas el 21 de febrero de 2011[23],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, adoptadas en 2013[24],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas en 2001 y revisadas en 2012[25],

–  Visto el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional[26], así como el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos,

–  Vistas las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), adoptadas en 2013[27],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre los diálogos sobre derechos humanos con terceros países, adoptadas en 2001 y revisadas en 2009[28],

–  Vistas las Directrices de la UE para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, adoptadas en 2005 y revisadas en 2009[29],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, adoptadas en 2008[30],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados, adoptadas en 2003 y revisadas en 2008[31],

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo[32],

–  Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, adoptadas en 2005 y revisadas en 2008[33],

–  Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2015)[34],

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre las exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC,[35]

–  Vistas su Resolución, de 14 de diciembre de 2016, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015)[36], y sus anteriores Resoluciones sobre ese tema,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y migración en terceros países[37],

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países[38],

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión[39],

–  Vista su Resolución, de 21 de enero de 2016, sobre las prioridades de la UE para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016[40],

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen[41], que pide a la VP/AR que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la UE a la venta de armas a Arabia Saudí,

–  Vistas sus Resoluciones de urgencia sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho,

–  Visto su Premio Sájarov a la libertad de conciencia, que en 2016 se concedió a Nadia Murad y Lamiya Hayi Bashar,

–  Vistos su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre discriminación por razón de casta[42], el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, de 28 de enero de 2016, sobre minorías y discriminación basada en la casta y otros sistemas análogos de condición hereditaria[43], y el instrumento de orientación de las Naciones Unidas en materia de discriminación basada el origen,

–  Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2011, sobre el apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional: hacer frente a los retos y superar las dificultades[44],

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0365/2017),

A.  Considerando que, en virtud del artículo 21 del TUE, la Unión se compromete a desarrollar una política exterior y de seguridad común (PESC) basada en los principios que han inspirado su creación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Derecho internacional; considerando que la Unión ha de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

B.  Considerando que las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales que se registran en el mundo hoy en día, incluidos los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, obligan a toda la comunidad internacional a movilizarse con determinación;

C.  Considerando que el respeto, el fomento, la indivisibilidad y la salvaguardia de la universalidad de los derechos humanos son las piedras angulares de la PESC; que, en su papel de control de la PESC, el Parlamento tiene derecho a ser informado y consultado sobre sus principales aspectos y sus opciones fundamentales (artículo 36 del TUE);

D.  Considerando que en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, adoptada por el Consejo en junio de 2016, se afirma que los derechos humanos deben integrarse sistemáticamente en todos los ámbitos de actuación y en todas las instituciones, incluidos el comercio internacional y la política comercial;

E.  Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interior y exterior de la Unión, así como entre las propias políticas exteriores, es un requisito indispensable para que la política de la Unión en materia de derechos humanos sea satisfactoria y eficaz; que una mayor coherencia debería permitir a la Unión reaccionar con prontitud en las fases tempranas de las violaciones de los derechos humanos y en algunos casos anticipar y prevenir su comisión, incluyendo el ámbito de la política comercial internacional;

F.  Considerando que el compromiso de la Unión en favor de un multilateralismo efectivo, articulado en torno a las Naciones Unidas, forma parte integrante de la política exterior de la Unión y obedece a la convicción de que un sistema multilateral basado en normas y valores universales es el medio más adecuado para afrontar las crisis, los desafíos y las amenazas a escala mundial;

G.  Considerando que el artículo 207 del TFUE estipula que la política comercial común debe basarse en los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; que puede existir una influencia mutua entre el comercio y los derechos humanos en terceros países y que, con arreglo a un sistema de responsabilidad empresarial, tal como se está debatiendo en las Naciones Unidas, y de cadenas de valor mundiales, la comunidad empresarial debe desempeñar un papel importante a la hora de proponer incentivos positivos en términos de promoción de los derechos humanos, la democracia y la responsabilidad social de las empresas; considerando que la buena gobernanza y unos poderes públicos al servicio del interés general influyen de forma importante en el comportamiento de las empresas; considerando que la Unión participa en la redacción de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos;

H.  Considerando que la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, las mujeres, los niños, los solicitantes de asilo y los migrantes, merece una atención especial;

I.  Considerando que los niños y las mujeres se ven sometidos a amenazas, discriminación y violencia, en particular en zonas de guerra y bajo regímenes autoritarios; que la igualdad de género incorpora valores europeos fundamentales y está consagrada en el marco jurídico y político de la Unión; considerando que la violencia y la discriminación contra mujeres y niñas ha aumentado en los últimos años;

J.  Considerando que en última instancia son los Estados quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos promulgando y aplicando los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, haciendo un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos y garantizando vías de recurso eficaces a las víctimas;

K.  Considerando que es cada vez mayor el número de violaciones de los derechos humanos equivalentes a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, —incluido el genocidio— cometidas por agentes estatales y no estatales;

L.  Considerando que la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que incluye la libertad de creer o no creer, de practicar o no la religión que se elija y de adoptar, de abandonar o de cambiar de religión, debe estar garantizada en todo el mundo, y preservarse incondicionalmente, en particular a través del diálogo interreligioso e intercultural; considerando la proliferación de leyes por las que se prohíbe la blasfemia, y que los Estados que las promulgan prevén para este delito unos castigos que van desde penas de cárcel hasta latigazos o la pena capital;

M.  Considerando que las libertades de opinión y de expresión, la libertad de reunión y asociación y la celebración de procesos electorales regulares, transparentes y auténticos son elementos esenciales de la democracia; que en las sociedades frágiles, proclives a los conflictos u opresivas, las elecciones pueden desencadenar en ocasiones una violencia generalizada;

N.  Considerando que mantener contactos con los terceros países en todos los foros bilaterales y multilaterales, por ejemplo durante los diálogos sobre derechos humanos, es una de las herramientas más eficaces para abordar las cuestiones relativas a los derechos humanos;

O.  Considerando que se debe poner a disposición los recursos adecuados y utilizarlos de la manera más eficiente posible a fin de mejorar la promoción de los derechos humanos y la democracia en los terceros países;

P.  Considerando que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental, y que limitarlo es motivo de tensiones geopolíticas en determinadas regiones;

Q.  Considerando que los lugares declarados patrimonio cultural se ven cada vez más expuestos a amenazas en forma de saqueos ilícitos y vandalismo, especialmente en Oriente Próximo;

R.  Considerando que la educación desempeña un papel clave en la prevención de los conflictos y de las violaciones de derechos humanos, y que contribuye al aumento de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en el seno de los sistemas democráticos; que los Estados deben apoyar las instituciones educativas que promuevan los derechos humanos, el respeto y la diversidad; considerando que los canales de comunicación, cuyo número ha aumentado, constituyen un instrumento importante para comunicar violaciones de los derechos humanos rápidamente y para poder llegar a muchas víctimas o víctimas potenciales de violaciones de los derechos humanos en terceros países y facilitarles información y asistencia; que la recogida de datos globales desglosados es esencial para la protección de los derechos humanos, en particular de los grupos más vulnerables, marginados o en peligro de estarlo; que el uso de indicadores adecuados es también una forma eficaz de evaluar el progreso en el cumplimiento de las obligaciones de los Estados derivadas de los tratados internacionales;

Consideraciones generales

1.  Expresa su profunda preocupación por el retroceso de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que siguen amenazados en todo el mundo; recuerda que la Unión se ha comprometido a promover la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades y valores fundamentales, así como a fomentar los principios democráticos, que deben reforzarse en todo el mundo;

2.  Reitera su firme convicción de que la Unión y sus Estados miembros deben promover activamente el principio de la integración de los derechos humanos y la democracia —principios fundamentales que se refuerzan mutuamente y constituyen la esencia de la Unión— en todas las políticas de la Unión, incluidas las políticas con una dimensión exterior, como el desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la ampliación y el comercio; reafirma, a ese respecto, la importancia crucial de garantizar una mayor coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión, y una mayor coordinación entre las políticas exteriores de los Estados Miembros; subraya que la creciente complejidad de los conflictos en el mundo requiere un enfoque y una cooperación integrales, concertados y enérgicos; recuerda que el objetivo de la Unión de aumentar su influencia internacional como un actor internacional creíble y legítimo está determinado en gran medida por su capacidad para promover los derechos humanos y la democracia a escala interior y exterior, en consonancia con los compromisos consagrados en sus tratados constitutivos;

3.  Hace hincapié en la importancia que reviste una mayor cooperación entre la Comisión, el Consejo, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el Parlamento y las delegaciones de la Unión con vistas a promover y garantizar que los derechos humanos y los principios democráticos se defienden con una sola voz y de manera coherente; subraya, además, la importancia de un compromiso firme en favor de la promoción de estos valores en los foros multilaterales, en particular a través de la oportuna coordinación a escala de la Unión y un enfoque activo durante las negociaciones; anima, en este contexto, a la Unión a que ponga en marcha resoluciones y las copatrocine, y a intensificar la puesta en práctica de las iniciativas transregionales en todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

4.  Celebra el hecho de que en 2016 se mantuvieran con regularidad en sus sesiones plenarias debates sobre el Estado de Derecho, los principios democráticos y las violaciones de los derechos humanos, cuestiones que fueron objeto de varias resoluciones parlamentarias y se abordaron en diversas reuniones de comisiones y de delegaciones interparlamentarias;

5.  Destaca la labor de su Subcomisión de Derechos Humanos (DROI), que mantiene estrechas relaciones de trabajo con el SEAE, otras instituciones de la Unión, la sociedad civil, organismos multilaterales de derechos humanos y el representante especial de la Unión Europea (REUE) para los derechos humanos;

6.  Recuerda que, en 2016, la Subcomisión DROI elaboró tres informes, uno de ellos sobre los derechos humanos y la migración en terceros países, otro sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países y un tercero sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE; pide a la Comisión que tome medidas concretas basándose en estos informes de propia iniciativa;

7.  Toma nota de que, en 2016, numerosas misiones de la Subcomisión DROI viajaron a distintos países con el fin de recopilar e intercambiar información con los defensores locales de los derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales, para presentar la posición del Parlamento y para promover mejoras en la protección y el respeto de los derechos humanos;

Abordar los retos en materia de derechos humanos

8.  Expresa su profunda inquietud a la vista del creciente número de ataques contra las minorías religiosas, que con frecuencia cometen agentes no estatales como el EIIL/Dáesh; lamenta el hecho de que en muchos países existan y se apliquen leyes contra la blasfemia y contra la conversión, que limitan de forma efectiva la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión de las minorías religiosas y las personas ateas, e incluso las privan de todas estas libertades a la vez; pide medidas para proteger a las minorías religiosas, a los no creyentes y a los ateos que son víctimas de las leyes sobre la blasfemia, y que la Unión y los Estados miembros lleven a cabo debates políticos para derogar dichas leyes; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para que se respete en mayor medida la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, y que promuevan el diálogo intercultural e interreligioso en sus relaciones con terceros países; pide que se adopten medidas concretas para la aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, por ejemplo garantizando la formación continuada y sistemática del personal de la Unión en las sedes centrales y las delegaciones; apoya plenamente la práctica de la Unión de tomar la iniciativa en la elaboración de resoluciones relativas a la libertad de religión y de creencias en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y en la AGNU; respalda plenamente la labor del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión, Ján Figel;

9.  Reitera que la libertad de expresión en línea y fuera de línea es un componente esencial de cualquier sociedad democrática, puesto que alimenta una cultura del pluralismo que capacita a la sociedad civil y a los ciudadanos para pedir cuentas a sus gobiernos y responsables políticos, y apoya el respeto del Estado de Derecho; hace hincapié en que la restricción de la libertad de expresión en línea o fuera de línea, como la eliminación de contenidos en línea, ha de producirse únicamente en circunstancias excepcionales, con arreglo a lo dispuesto por la ley y en aras de un fin legítimo; destaca, por consiguiente, que la Unión debe redoblar sus esfuerzos para promover la libertad de expresión a través de sus instrumentos y políticas exteriores; reitera su petición a la Unión y a sus Estados miembros para que mejoren su seguimiento de las restricciones de todo tipo de la libertad de expresión y los medios de comunicación en terceros países, condenen pronta y sistemáticamente dichas restricciones y se sirvan de todos los medios diplomáticos a su alcance para eliminar dichas restricciones; subraya que es importante garantizar la aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, y llevar un seguimiento periódico de sus efectos; condena la muerte y el encarcelamiento de numerosos periodistas y blogueros en 2016 y pide a la Unión que los proteja eficazmente; acoge favorablemente el nuevo Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), creado en 2016 y centrado específicamente en la formación de los agentes de las delegaciones de la Unión y los medios de comunicación en terceros países sobre las modalidades de aplicación de las Directrices; subraya la importancia de denunciar y condenar los discursos de odio e incitación a la violencia en internet y fuera, pues constituyen una amenaza frontal al Estado de Derecho y a los valores encarnados por los derechos humanos;

10.  Expresa su profunda preocupación a la vista del creciente acoso de que es objeto en todo el mundo la sociedad civil, incluidas las organizaciones confesionales, mediante, por ejemplo, un número cada vez mayor de leyes represivas que se están adoptando en todo el mundo con el pretexto de combatir el terrorismo; subraya que el fenómeno de la reducción del espacio de la sociedad civil tiene carácter global; recuerda que una sociedad civil independiente juega un papel esencial en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el funcionamiento de las sociedades democráticas, en particular mediante el fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y la separación de poderes; pide a la Unión y a sus Estados miembros que lleven un seguimiento constante de los casos de violación de la libertad de reunión y asociación, incluidas las diversas formas de prohibición y restricción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de sus actividades, como las leyes que tienen por objeto reducir el espacio de la sociedad civil o la promoción de las ONG patrocinadas por gobiernos autoritarios (organizaciones no gubernamentales organizadas por los Gobiernos); pide asimismo a la Unión, a sus Estados miembros y a las delegaciones de la UE que utilicen cuantos medios tengan a su disposición —por ejemplo, los diálogos sobre derechos humanos, los diálogos políticos y la diplomacia pública— para dar visibilidad sistemáticamente a los casos particulares de defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil en situación de riesgo, y especialmente los de quienes hayan sido privados de su libertad o encarcelados de forma arbitraria y/o por sus convicciones políticas o su compromiso social, y que denuncien de forma inequívoca la represión, el acoso y el asesinato de defensores de los derechos humanos, incluidos los activistas medioambientales; pide la creación de un sistema que permita supervisar eficazmente el espacio de la sociedad civil con claros puntos de referencia e indicadores, a fin de asegurar un entorno jurídico propicio y favorable para la sociedad civil;

11.  Anima a las delegaciones de la Unión y al personal diplomático de los Estados miembros a continuar apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, por ejemplo llevando un seguimiento sistemático de los juicios, visitando a los activistas encarcelados y emitiendo comunicados sobre casos individuales cuando proceda; destaca la importancia que revisten a ese respecto los instrumentos de la diplomacia discreta; celebra que la Unión haya abordado diferentes casos de defensores de los derechos humanos en los diálogos y consultas mantenidos a nivel de la Unión con más de cincuenta países en 2016; destaca el hecho de que el Fondo de Emergencia del IEDDH ha apoyado a más de 250 defensores de los derechos humanos en la Unión en 2016, lo que representa un aumento del 30 % en comparación con 2015; celebra la creación y el satisfactorio funcionamiento del Mecanismo de la Unión para los defensores de los derechos humanos, ProtectDefenders.eu, que ha sido aplicado por la sociedad civil y ha prestado un apoyo decisivo a un gran número de defensores de los derechos humanos; insta a la Comisión a garantizar la continuación del programa después de octubre de 2018 y a aumentar su capacidad para ofrecer más apoyo a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo;

12.  Considera sumamente lamentable que se sigan practicando en todo el mundo la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte, y exhorta a la Unión a que redoble sus esfuerzos para erradicarlas; celebra, en este sentido, la revisión de la legislación de la Unión sobre comercio con determinados bienes susceptibles de ser utilizados para la aplicación de la pena capital, torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; insta, por consiguiente, al SEAE y a la VP/AR a que se comprometan más firmemente en la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida la pena de muerte, desplegando más esfuerzos diplomáticos y adoptando posicionamientos públicos de manera más sistemática; destaca, en este sentido, las preocupantes condiciones de encarcelamiento en algunas cárceles, incluido el tratamiento de asuntos relacionados con la salud, y recomienda que el SEAE, las delegaciones de la Unión y los Estados miembros hagan el mayor uso de todos los instrumentos existentes como, por ejemplo las Directrices de la Unión sobre la tortura; celebra la adopción en diciembre de 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas —con el apoyo de 117 países— de la Resolución de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte; toma nota de que en 2016 se produjo un descenso en el número de ejecuciones en todo el mundo en relación con el año anterior, y expresa su profunda preocupación por el hecho de que este número siga siendo superior al promedio del decenio anterior; hace hincapié en que con frecuencia son los disidentes y los grupos vulnerables quienes están en el punto de mira; pide a aquellos países que aún mantienen esta práctica que adopten una moratoria y procedan a abolir la pena de muerte;

13.  Reconoce que las tecnologías modernas de la información y la comunicación pueden desempeñar un papel muy importante en la promoción, defensa y restablecimiento de los derechos humanos en todo el mundo, e insta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que utilicen sus canales de información para reiterar sistemáticamente, dentro de sus marcos y competencias específicos, la posición del Parlamento sobre diversas cuestiones relativas a los derechos humanos, contribuyendo al mismo tiempo a la eficiencia y visibilidad de los esfuerzos comunes de la Unión; expresa su preocupación por el constante aumento del uso de determinadas tecnologías de cibervigilancia y de doble uso contra políticos, activistas y periodistas; acoge con satisfacción, a este respecto, el trabajo en curso de las instituciones de la Unión para actualizar el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso[45]; condena firmemente el aumento del número de defensores de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas digitales, como la exposición de la información mediante la expropiación de equipos, la vigilancia electrónica y la sustracción de datos; expresa su preocupación por que plataformas en línea eliminen pruebas legítimas grabadas en vídeo de posibles crímenes de guerra al retirar de la plataforma contenidos y propaganda relacionados con el terrorismo;

14.  Expresa su preocupación por el creciente grado de privatización del Estado de Derecho en la Red, donde empresas privadas toman decisiones sobre limitaciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión anteponiendo sus condiciones de servicio a las leyes aprobadas democráticamente;

15.  Pide a la Comisión que apruebe una directiva de procedimientos de notificación y actuación que incremente la transparencia y la proporcionalidad de los procedimientos de cierre y al mismo tiempo ofrezca vías de recurso efectivas a los usuarios cuyos contenidos hayan sido retirados injustificadamente;

16.  Condena el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas, en particular las violaciones en masa, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y las formas de persecución por razón de género, la trata de seres humanos, el turismo sexual y cualquier otra forma de violencia física, sexual o psicológica como arma de guerra; llama la atención sobre el hecho de que el Estatuto de Roma clasifica los delitos de género y de violencia sexual como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos constitutivos de genocidio o tortura; destaca la importancia de defender los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, a través de la legislación, de la educación y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil; acoge favorablemente la adopción del Plan de Acción sobre la Igualdad de Género (2016-2020), que incluye una lista exhaustiva de medidas para mejorar la situación de las mujeres en materia de igualdad de derechos y empoderamiento; destaca la importancia que reviste garantizar su aplicación efectiva; acoge favorablemente además la adopción del Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019, que promueve la igualdad de género y los derechos de la mujer en todo el mundo; hace hincapié en la importancia de la ratificación y la aplicación efectiva por todos los Estados miembros del Convenio de Estambul; señala que la educación es la mejor herramienta para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y los niños; pide que la Comisión, el SEAE y la VP/AR cumplan mejor sus obligaciones y compromisos en el campo de los derechos de la mujer en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y anima a terceros países a hacer lo propio; estima que la Unión debería seguir incorporando el apoyo a las mujeres en las actividades de la política común de seguridad y defensa (PCSD), la prevención de conflictos y la reconstrucción posterior a los conflictos; reitera una vez más la importancia de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad; insiste en la importancia de la participación plena, activa, sistemática y en pie de igualdad de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, la promoción de los derechos humanos y las reformas democráticas y en operaciones de mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria, procesos de reconstrucción y transición democrática posteriores a conflictos que conduzcan a soluciones políticas duraderas y estables; recuerda que en 2016 se concedió el Premio Sájarov a Nadia Murad y Lamiya Hayi Bashar, supervivientes de la esclavitud sexual por el EIIL/Dáesh;

17.  Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea y de sus Estados miembros, y que la integración de la perspectiva de género constituye uno de los objetivos principales de la Unión consagrado en los Tratados; pide, por tanto, a la Comisión que incorpore la dimensión de género en toda la legislación, directrices, acciones y financiación de la Unión, como un principio fundamental de esta, con especial hincapié en las políticas de relaciones exteriores; subraya la necesidad de reforzar el papel de las delegaciones de la Unión así como el papel de la asesora principal del SEAE sobre género, garantizando para ello un presupuesto específico dedicado a su ámbito de competencias;

18.  Pide al SEAE que garantice que los resultados del 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se incorporen en sus políticas y proporcionen un nuevo impulso al fomento del empoderamiento económico de la mujer y a la lucha contra las desigualdades de género en un mundo laboral en constante evolución;

19.  Toma nota de la contribución positiva del empoderamiento de la mujer para lograr una sociedad inclusiva, equitativa y pacífica y un desarrollo sostenible; subraya que todos los ODS prestan atención de manera explícita a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer y que deben redoblarse los esfuerzos por alcanzar la plena realización de los derechos de la mujer y la aplicación efectiva de las políticas que promueven el empoderamiento económico y social y la participación de las mujeres en la toma de decisiones; hace hincapié en que se debe prestar especial atención al empoderamiento de las mujeres indígenas;

20.  Destaca que debe alentarse la organización sindical de las mujeres y que estas no han de verse discriminadas al solicitar financiación para sus empresas;

21.  Pide a la Unión que apoye a todas las asociaciones de mujeres que trabajan día a día para apoyar a las mujeres inmersas en crisis humanitarias y conflictos;

22.  Reafirma que urge proceder a la ratificación universal y la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de sus protocolos facultativos para brindar a los niños protección jurídica; destaca que los niños se ven con frecuencia expuestos a abusos específicos como por ejemplo matrimonios infantiles o mutilaciones genitales, por lo que necesitan una protección reforzada; destaca que el trabajo infantil, el reclutamiento de niños para conflictos armados y los matrimonios tempranos y forzados siguen siendo problemas importantes en algunos países; pide que la Unión consulte sistemáticamente a las organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos del menor que corresponda, y que aborde en sus diálogos políticos y sobre derechos humanos con terceros países las obligaciones de los Estados Parte por lo que respecta a la aplicación de la mencionada Convención; acoge favorablemente la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos de la infancia (2016-2021); pide que la Unión siga promoviendo el Manual práctico sobre los derechos del niño de la Unión y de Unicef («Integración de los derechos del niño en la cooperación para el desarrollo») a través de sus delegaciones exteriores, y que forme al personal de la delegación de la Unión adecuadamente en ese ámbito; reitera su petición a la Comisión de que proponga una estrategia global en materia de derechos de la infancia y un plan de acción para los próximos cinco años, a fin de dar prioridad a los derechos de los niños en las políticas exteriores de la Unión; acoge con satisfacción el hecho de que, en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo de 2016, se destinaran recursos a apoyar a las agencias de las Naciones Unidas en la aplicación de medidas centradas en los derechos de los niños, que deben diseñarse para maximizar el beneficio real para los niños necesitados, especialmente en el campo de los sistemas sanitarios y el acceso a la educación, el agua y el saneamiento; pide una solución urgente a la cuestión de los niños apátridas, en particular a los nacidos fuera del país de origen de sus padres, y de los niños migrantes;

23.  Condena taxativamente todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por motivos de raza, color, religión, género, orientación sexual, características sexuales, lengua, cultura, origen social, casta, nacimiento, edad, discapacidad o cualquier otra condición; subraya que la Unión debe esforzarse más por erradicar cualquier tipo de discriminación, racismo, xenofobia u otras formas de intolerancia mediante el diálogo político y sobre derechos humanos, la labor de las delegaciones de la Unión y la diplomacia pública; destaca además que la Unión debería seguir promoviendo la ratificación y la plena aplicación de todos los convenios y convenciones de las Naciones Unidas que apoyan esta causa;

24.  Reitera que la trata de seres humanos implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de explotarla; pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten medidas para disuadir la demanda que alienta todas las formas de explotación de personas conducente a su trata, y especialmente la explotación de mujeres y niños, manteniendo un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en las víctimas; reitera la necesidad de que todos los Estados miembros apliquen la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos y la Directiva 2011/36/UE[46] sobre la cuestión; expresa su profunda preocupación por la extrema vulnerabilidad de migrantes y refugiados frente a la explotación, el tráfico y la trata de personas; destaca la necesidad de mantener la distinción entre los conceptos de trata de personas y tráfico de migrantes;

25.  Condena las constantes violaciones de los derechos humanos perpetradas contra quienes sufren el sistema jerárquico de las castas y la discriminación que este lleva aparejada, como la denegación de la igualdad y del acceso al sistema judicial y al empleo, la permanente segregación y los obstáculos que la casta impone al ejercicio de los derechos humanos más básicos y al desarrollo de la persona; reitera su petición de desarrollar una política de la Unión sobre la discriminación basada en la casta y pide a la Unión que aproveche cualquier oportunidad para expresar su grave preocupación por estas formas de violación de los derechos humanos; insta a la Unión y a sus Estados miembros a redoblar sus esfuerzos y apoyar las iniciativas a nivel de las Naciones Unidas y las delegaciones mediante la aplicación y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, la observancia de las nuevas Directrices de las Naciones Unidas sobre discriminación por razón de ascendencia y el apoyo a la aplicación por parte de los Estados de las recomendaciones de las instancias de las Naciones Unidas en materia de discriminación por casta;

26.  Manifiesta su profunda inquietud por que las minorías siguen corriendo especial peligro de ser objeto de discriminación y son especialmente vulnerables a los cambios y perturbaciones de carácter político, económico, medioambiental y laboral; observa que muchas tienen poco o ningún acceso a la representación política y están gravemente afectadas por la pobreza; hace hincapié en que la Unión debe redoblar sus esfuerzos para erradicar las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las minorías; hace hincapié en que las comunidades minoritarias presentan necesidades especiales y en que debe garantizarse que gocen de pleno acceso y reciban un trato equitativo en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural;

27.  Acoge favorablemente la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) y reitera la importancia de su ratificación y aplicación efectiva, tanto por los Estados miembros como por las instituciones de la Unión; hace hincapié en que las discapacidades no privan a las personas de su dignidad humana, lo que implica que el Estado tiene el deber de protegerlas; destaca particularmente la necesidad de integrar de forma creíble el principio de accesibilidad universal y los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas pertinentes de la Unión, incluida la cooperación al desarrollo, y subraya el carácter prescriptivo y horizontal de esta cuestión; pide a la Unión que incluya la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo; se congratula, en este sentido, de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad en el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo;

28.  Reitera su apoyo a la introducción sistemática de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países, incluidos los acuerdos de comercio e inversión; recuerda que todos los derechos humanos deben considerarse de igual importancia, indivisibles, interdependientes e interrelacionados; pide a la Comisión que supervise la ejecución de tales cláusulas de manera eficaz y sistemática, y presente al Parlamento informes periódicos sobre el respeto de los derechos humanos en los países socios; pide a la Comisión que adopte un enfoque más estructurado y estratégico para los diálogos en materia de derechos humanos en el marco de los futuros acuerdos; está a favor del régimen de preferencias SPG + como medio para fomentar la aplicación efectiva de veintisiete convenios internacionales fundamentales sobre derechos humanos y normas laborales; pide la aplicación efectiva del SPG+, y confía en que la Comisión informe al Parlamento y al Consejo sobre los avances en su ratificación y sobre los progresos realizados en el marco de este régimen; reitera la importancia que reviste la adecuada aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

29.  Reitera que las actividades de todas las empresas, incluidas las europeas, que operen en terceros países deben ajustarse por completo a las normas internacionales de derechos humanos y pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen que así sea; reitera asimismo que es importante que se promueva la responsabilidad social empresarial y que las empresas europeas desempeñen un papel protagonista en la defensa de las normas internacionales en los ámbitos mercantil y de derechos humanos, destacando que la cooperación entre las organizaciones de derechos humanos y empresariales capacitaría a los actores locales y promovería la sociedad civil; reconoce que las cadenas de valor mundiales pueden contribuir a reforzar las normas laborales, medioambientales y sociales internacionales fundamentales y representan oportunidades y desafíos en relación con el progreso sostenible y la promoción de los derechos humanos, especialmente en los países en desarrollo; pide a la Unión que asuma un papel más activo a la hora de conseguir que las cadenas de valor mundiales sean adecuadas, equitativas, transparentes y sostenibles y que limite sus efectos negativos sobre los derechos humanos, como la violación de los derechos laborales; subraya, no obstante, que en los casos de violaciones de los derechos humanos en el ámbito empresarial debe garantizarse que las víctimas puedan acceder de manera efectiva a vías de reparación; insta a la Comisión a garantizar que los proyectos que reciban apoyo del BEI estén en consonancia con las políticas de la Unión y sus compromisos en materia de derechos humanos; toma nota de la actual existencia de negociaciones para elaborar un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos; anima a la Unión a participar de forma constructiva en esas negociaciones;

30.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que utilicen todo su peso político para evitar cualesquiera actos que puedan ser considerados como un genocidio, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, para responder de manera eficiente y coordinada en los casos en los que ocurran tales crímenes, para movilizar todos los recursos necesarios a fin de llevar ante la justicia a todos los responsables, en particular mediante la aplicación del principio de jurisdicción universal, y para asistir a las víctimas y respaldar los procesos de estabilización y reconciliación; pide a la comunidad internacional que cree instrumentos —como el sistema de alerta temprana de la Unión— destinados a reducir el intervalo entre la alerta y la respuesta, a fin de evitar la aparición, la reaparición y el agravamiento de conflictos violentos;

31.  Pide a la Unión que proporcione apoyo a las organizaciones (tales como ONG, organizaciones de investigación basada en información de dominio público u organizaciones de la sociedad civil) que recopilen, conserven y protejan pruebas, digitales o en otros soportes, de los crímenes cometidos, a fin de facilitar su enjuiciamiento internacional;

32.  Expresa su grave preocupación por la destrucción, en Siria, Irak, Yemen y Libia, de lugares que constituyen patrimonio cultural; observa que, de los 38 lugares considerados patrimonio cultural en peligro en todo el mundo, 22 se encuentran en Oriente Próximo; apoya las actividades de la iniciativa para salvaguardar el patrimonio cultural y sus actividades de investigación en Siria e Irak en relación con la destrucción del patrimonio arqueológico y cultural;

33.  Celebra los esfuerzos de la Unión en apoyo del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente creado por las Naciones Unidas para ayudar en la investigación de los delitos más graves cometidos en Siria; hace hincapié en la necesidad de establecer un mecanismo independiente similar en Irak; insta a contribuir económicamente al Mecanismo tanto a la Unión como a los Estados miembros de la Unión que aún no lo hayan hecho;

34.  Expresa su firme condena de los execrables crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes estatales y no estatales; expresa su horror a la vista de la larga lista de crímenes cometidos, entre los que se cuentan asesinatos, torturas, violaciones como arma de guerra, esclavitud, incluida la esclavitud sexual, reclutamiento de niños soldado, conversiones religiosas forzosas y «limpieza» y asesinatos sistemáticos dirigidos contra minorías religiosas; recuerda que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 12 de febrero de 2015 sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico[47], calificó de genocidio la situación que sufren las minorías religiosas en los territorios dominados por el EIIL/Dáesh; hace hincapié en que la Unión y sus Estados miembros deben apoyar el enjuiciamiento de miembros de grupos no estatales tales como el EIIL/Dáesh, pidiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que atribuya competencias a la Corte Penal Internacional (CPI) o que garantice que se imparta justicia mediante un tribunal específico o la jurisdicción universal;

35.  Reitera su pleno apoyo a la CPI, al Estatuto de Roma, a la Oficina del Fiscal, a sus atribuciones para actuar de oficio y a los progresos realizados por lo que respecta al inicio de nuevas investigaciones, elementos esenciales en la lucha contra la impunidad de unos crímenes atroces; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión y que incluyan los «crímenes atroces» en la lista de crímenes respecto a los cuales la Unión tiene competencias; condena cualquier intento de minar su legitimidad o independencia y pide a la Unión y a sus Estados miembros que cooperen coherentemente para apoyar las investigaciones y decisiones de la CPI con el objetivo de acabar con la impunidad de los crímenes de Derecho internacional, en particular en lo que se refiere a la detención de personas buscadas por la CPI; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen sistemáticamente los exámenes, las investigaciones y las decisiones de la CPI y adopten medidas dirigidas a prevenir y responder eficazmente a los casos de falta de cooperación con la CPI y que aseguren una financiación adecuada; se congratula de la reunión celebrada en Bruselas el 6 de julio de 2016 entre representantes de la Unión y de la CPI para preparar la segunda Mesa Redonda UE-CPI, que ha permitido al personal correspondiente de la CPI y de las instituciones de la Unión determinar los ámbitos de interés común, intercambiar información sobre actividades relevantes y garantizar una mejor cooperación entre ambas partes; toma nota con gran consternación de los recientes anuncios de retirada del Estatuto de Roma, que suponen un reto para el acceso de las víctimas a la justicia y deben ser objeto de una enérgica condena; considera que la Comisión, el SEAE y los Estados miembros deben continuar animando a los terceros países a que ratifiquen y apliquen el Estatuto de Roma; reitera su llamamiento a la VP/AR para que designe a un REUE en materia de Derecho internacional humanitario y justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad y de la CPI en todas las políticas exteriores de la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen los mecanismos de rendición de cuentas de las Naciones Unidas y las Resoluciones de las Naciones Unidas en los foros multilaterales, incluido el Consejo de Derechos Humanos;

36.  Insta a la Unión a que redoble sus esfuerzos de promoción del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial a escala bilateral y multilateral como un principio fundamental para la consolidación de la democracia; anima a la Unión a apoyar en todo el mundo la administración equitativa de la justicia prestando asistencia en los procesos de reformas legislativas e institucionales en terceros países; anima además a las delegaciones de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros a llevar un seguimiento sistemático de los juicios con vistas a promover la independencia del poder judicial;

37.  Expresa su profunda preocupación y su solidaridad con el número cada vez mayor de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, entre ellos un número cada vez mayor de mujeres, que son víctimas de conflictos, de violencia, de persecución, de deficiencias en materia de gobernanza, de pobreza, de migración irregular y de trata y tráfico de seres humanos; destaca la urgente necesidad de tomar medidas reales para afrontar las causas profundas de los flujos migratorios y hallar soluciones a largo plazo fundamentadas en el respeto de los derechos humanos y la dignidad y, por ende, abordar la dimensión externa de la crisis de los refugiados, entre otras cosas buscando soluciones sostenibles para los conflictos en los países de nuestra vecindad mediante, por ejemplo, el desarrollo de la cooperación y las asociaciones con los terceros países en cuestión que respetan la legislación internacional y garantizan el respeto de los derechos humanos en esos países; expresa su profunda preocupación por la violencia contra los menores migrantes, incluidos los menores migrantes no acompañados desaparecidos, y pide que se introduzcan programas de reasentamiento, reagrupación familiar y corredores humanitarios; expresa su profunda preocupación por la situación y el creciente número de desplazados internos y pide su retorno seguro, integración local o reasentamiento; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten asistencia humanitaria en el ámbito de la educación, la vivienda, la salud y otros ámbitos humanitarios que ayuden a los refugiados más cercanos a sus países de origen, y que se apliquen correctamente las políticas de retorno; destaca la necesidad de enfocar la cuestión de la migración desde una perspectiva holística y basada en los derechos humanos, y pide a la Unión que colabore en mayor medida con las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, los gobiernos y las ONG; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el paquete común europeo de asilo y la legislación migratoria común, sobre todo para proteger a los solicitantes de asilo vulnerables; subraya que los conceptos de país seguro y país de origen seguro no deben impedir el examen individual de las solicitudes de asilo; advierte contra la instrumentalización de la política exterior de la Unión como «gestión de la migración»; solicita a la Unión y a los Estados miembros que garanticen la total transparencia en torno a los fondos asignados a terceros países para la cooperación en materia de migración y se aseguren de que dicha cooperación no beneficie a estructuras implicadas en violaciones de los derechos humanos, sino que vaya de la mano con una mejora de la situación de los derechos humanos en estos países;

38.  Considera que la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos, incluidos el Estado de Derecho y la buena gobernanza, deben ir de la mano; recuerda, en ese contexto, que, según las Naciones Unidas, es imposible alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo sin un enfoque basado en los derechos humanos; recuerda además que la Unión se ha comprometido a apoyar a los países socios tomando en consideración su situación de desarrollo y sus progresos en materia de derechos humanos y democracia;

39.  Señala que la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social es más elevada entre las mujeres, y pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos encaminados a aplicar medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco de sus políticas de desarrollo;

40.  Recuerda que el criterio 2 de la Posición Común del Consejo 944/2008/PESC obliga a los Estados miembros a examinar cada una de las licencias de exportación de armas en relación con el respeto de los derechos humanos por parte del país de destino; recuerda, en este contexto, el compromiso asumido por la Comisión en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia en relación con las fuerzas de seguridad y con la aplicación de la política de derechos humanos de la Unión, incluidos el desarrollo y la aplicación de una política de diligencia debida en este campo;

41.  Reitera su petición de una posición común de la UE sobre el uso de drones armados que respete los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario y que aborde cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la protección de los civiles y la transparencia; insiste una vez más a la Unión en que prohíba el desarrollo, la producción y el uso de las armas totalmente autónomas que permiten realizar ataques sin intervención humana;

42.  Considera que la Unión debe seguir esforzándose para mejorar el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI, en consonancia con las Directrices de la Unión en la materia; recomienda la aplicación rigurosa de las Directrices, también mediante la formación del personal de la Unión en terceros países; denuncia el hecho de que 72 países sigan considerando un delito la homosexualidad, le preocupa que en trece de ellos exista la pena de muerte y estima que las prácticas violentas y los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual, tales como la revelación forzosa de la orientación sexual, la incitación al odio y los delitos motivados por el odio, tanto en línea como fuera de línea, y las violaciones «curativas» no deben quedar impunes; toma nota de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y de uniones civiles entre personas del mismo sexo en algunos países y alienta su ulterior reconocimiento; condena las violaciones de la integridad física de las mujeres y los grupos minoritarios; pide a los Estados que prohíban estas prácticas, persigan a sus autores y apoyen a las víctimas;

43.  Insiste en la importancia fundamental de la lucha contra la corrupción, en cualquier forma que adopte, con objeto de salvaguardar el Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos; condena con fuerza cualquier comportamiento condescendiente con estas prácticas;

44.  Recuerda que la corrupción es una amenaza para el disfrute equitativo de los derechos humanos y socava los procesos democráticos como el Estado de Derecho y la ecuanimidad de la administración de justicia; estima que, en todas las plataformas de diálogo con los terceros países, la Unión debería insistir en la importancia de la integridad, de la rendición de cuentas y de la buena gestión de los asuntos, las finanzas y la propiedad públicos, tal como se establece en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; recomienda que la Unión se sirva de sus conocimientos especializados para apoyar de manera más coherente y sistemática a los terceros países en sus esfuerzos para atajar la corrupción, creando y consolidando instituciones anticorrupción independientes y eficaces; pide, en particular, a la Comisión que negocie disposiciones de lucha contra la corrupción en todos los futuros acuerdos comerciales que negocie con terceros Estados;

45.  Destaca las obligaciones y responsabilidades esenciales de los Estados y otros responsables para atenuar el cambio climático, evitar sus efectos negativos en los derechos humanos y fomentar la coherencia de las políticas, a fin de garantizar que los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático sean adecuados, suficientemente ambiciosos, no discriminatorios y conformes a las obligaciones en materia de derechos humanos; destaca que las Naciones Unidas calculan que en el año 2050 existirán muchos desplazados ambientales; subraya el vínculo entre las políticas del ámbito comercial, ambiental y de desarrollo, así como los efectos positivos y negativos que tales políticas pueden tener para el respeto de los derechos humanos; acoge con satisfacción el compromiso internacional de establecer una relación entre las cuestiones de medio ambiente, catástrofes naturales y cambio climático y los derechos humanos;

46.  Subraya que el acaparamiento de tierras ha aumentado considerablemente en los últimos años en los países en desarrollo; considera que la lucha contra la explotación y el acaparamiento de recursos debe constituir una prioridad; condena las prácticas como el acaparamiento de tierras y el consumo indiscriminado de los recursos naturales; pide una intervención urgente de la Comisión Europea, en respuesta a lo solicitado por el Parlamento Europeo mediante sus numerosas resoluciones recientes sobre este asunto;

47.  Destaca la importancia de velar por que los derechos humanos y el acceso a los bienes y servicios como el agua o el saneamiento queden garantizados en las políticas sociales, de educación, de salud y de seguridad;

48.  Pide a las instituciones internacionales, los gobiernos nacionales, las ONG y los particulares que colaboren de forma que se generen sinergias con el fin de establecer un marco normativo adecuado para garantizar que todos los habitantes de la tierra tienen asegurado el acceso a una cantidad mínima de agua; destaca que el agua no debe considerarse una mercancía, sino un factor de desarrollo y sostenibilidad, y que la privatización del agua no exime a los Estados de sus responsabilidades en materia de derechos humanos; pide a aquellos países en los que el agua es causa de tensiones o conflictos que cooperen en el reparto del agua para conseguir una situación favorable tanto para la sostenibilidad como para el desarrollo pacífico de la región.

Abordar las actividades y los desafíos en materia de apoyo a la democracia

49.  Destaca que la Unión debería seguir apoyando activamente los esfuerzos desplegados por las instituciones de defensa de los derechos humanos democráticas y eficaces y por la sociedad civil para promover la democratización; acoge con satisfacción la inestimable ayuda que se aporta a las OSC de todo el mundo en el marco del IEDDH, que sigue siendo el principal instrumento de la Unión para la aplicación de su política exterior de derechos humanos; acoge además con satisfacción los esfuerzos constantes de la Dotación Europea para la Democracia para promover la democracia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales en la vecindad oriental y meridional de la Unión;

50.  Recuerda que la experiencia y los conocimientos adquiridos en los procesos de transición democrática en el marco de las políticas de ampliación y vecindad podrían contribuir positivamente a determinar cuáles son las mejores prácticas que podrían utilizarse para apoyar y consolidar otros procesos de democratización en el mundo;

51.  Reitera, en este contexto, su llamamiento a la Comisión para que elabore unas directrices de la Unión para respaldar la democracia;

52.  Recomienda que la Unión redoble sus esfuerzos para desarrollar un enfoque más holístico respecto de los procesos de democratización, en los cuales las elecciones libres y justas son una dimensión más, con vistas a contribuir realmente al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales en todo el mundo;

53.  Acoge favorablemente las ocho Misiones de Observación Electoral (MOE) y las ocho Misiones de Expertos Electorales (MEE) desplegadas en todo el mundo por la Unión en 2016; destaca el hecho de que, desde 2015, la Unión ha desplegado diecisiete MOE y veintitrés MEE; reitera su valoración positiva del apoyo continuado de la Unión a los procesos electorales y de la asistencia y apoyo electorales que presta a los observadores locales; acoge favorablemente y apoya plenamente la labor del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral a este respecto;

54.  Recuerda la importancia que reviste un adecuado seguimiento de los informes y recomendaciones de las MOE como medio para potenciar su impacto y reforzar el apoyo de la Unión a los estándares democráticos de los países en cuestión;

55.  Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión, el SEAE y los Estados miembros en virtud del actual Plan de Acción sobre derechos humanos y democracia de colaborar de manera más sólida y continuada con los órganos de gestión electoral, las instituciones parlamentarias y las organizaciones de la sociedad civil de terceros países, a fin de contribuir a su empoderamiento y por ende al fortalecimiento de los procesos democráticos;

56.  Destaca que la política de ampliación es una de las herramientas más poderosas para reforzar el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos a la vista de la situación política actual en algunos países candidatos y posibles candidatos a la adhesión; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para apoyar el refuerzo de las culturas políticas democráticas, el respeto del Estado de Derecho, la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial y la lucha contra la corrupción en esos países; expresa su convicción de que la política de vecindad europea revisada debería seguir centrada en la protección, el fomento activo y la observancia de los derechos humanos y los principios democráticos; reitera que la protección, promoción y observancia de los derechos humanos y la democracia redunda en interés tanto de los países socios como de la Unión; subraya igualmente la necesidad de que la Unión mantenga su compromiso con sus socios, en especial los de su vecindad, de apoyar las reformas económicas, sociales y políticas, proteger los derechos humanos y ayudar a instaurar el Estado de Derecho, como mejores medios de fortalecer el orden internacional y garantizar la estabilidad en su vecindad; recuerda que la Unión por el Mediterráneo puede y debería configurar el diálogo político en este ámbito e impulsar un programa sólido en lo tocante a los derechos humanos y la democracia en esta región; recuerda que todo país que pretenda adherirse a la Unión debe garantizar plenamente los derechos humanos y cumplir estrictamente los criterios de Copenhague, cuyo incumplimiento podría llevar a una congelación de las negociaciones;

57.  Hace hincapié en que la consolidación de la paz conlleva la realización de esfuerzos para prevenir y reducir los conflictos y reforzar la resiliencia de las instituciones políticas, socioeconómicas y de seguridad, con objeto de establecer las bases de una paz y un desarrollo sostenibles a largo plazo; destaca que la promoción del Estado de Derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos es fundamental para el mantenimiento de la paz;

Garantizar un enfoque de apoyo a los derechos humanos y la democracia amplio y coherente a través de las políticas de la Unión

58.  Toma nota de la adopción del Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2016; considera que el Informe anual es una herramienta indispensable para el control, la comunicación y el debate sobre la política de la Unión en materia de derechos humanos y democracia en el mundo, así como un valioso instrumento para proporcionar una visión global de las prioridades, los esfuerzos y los desafíos de la Unión en este ámbito, y para abordarlos de forma efectiva;

59.  Reitera con insistencia su solicitud a la VP/AR para que participe en un debate con los diputados al Parlamento Europeo en dos sesiones plenarias al año, una cuando se presente el Informe anual y otra en respuesta a su propio informe; reitera la importancia que reviste un diálogo interinstitucional constante, especialmente en lo que respecta al seguimiento de las resoluciones de urgencia del Parlamento sobre derechos humanos; recuerda que las respuestas por escrito también desempeñan un importante papel en las relaciones interinstitucionales, puesto que permiten llevar un seguimiento sistemático y exhaustivo de todas las cuestiones planteadas por el Parlamento y contribuyen así a reforzar una coordinación eficaz; pide a la VP/AR y al SEAE que den respuestas detalladas a las preguntas escritas y que aborden las cuestiones relativas a los derechos humanos en el diálogo de más alto nivel con los países afectados;

60.  Elogia al SEAE y a la Comisión por informar exhaustivamente de las actividades emprendidas por la Unión en el ámbito de los derechos humanos y la democracia en 2016; considera, no obstante, que se podría mejorar el actual formato del Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo ofreciendo una mejor visión general del impacto concreto de las acciones de la Unión en materia de derechos humanos y democracia en terceros países;

61.  Reitera su opinión de que la adopción del Marco estratégico de la UE y del primer Plan de acción sobre derechos humanos y democracia en 2012 representó un hito para la Unión al situar los derechos humanos y la democracia en el centro de sus relaciones exteriores; celebra la adopción por el Consejo, en julio de 2015, de un nuevo Plan de acción sobre derechos humanos y democracia para 2015-2019 y la realización de una revisión intermedia en 2017; pide a la VP/AR, al SEAE, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que garanticen la ejecución eficaz y coherente del actual Plan de acción, también a través de una verdadera colaboración con las OSC; subraya que los Estados miembros deben informar sobre cómo han ejecutado el Plan; señala en particular que es importante aumentar la eficacia y maximizar el impacto local de los instrumentos utilizados para promover el respeto de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo;

62.  Reitera su punto de vista de que es necesario un consenso firme y una mejor coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión, así como una verdadera colaboración con las OSC a escala local, nacional e internacional, para hacer avanzar con coherencia el programa de derechos humanos y democracia; insiste particularmente en que los Estados miembros deben asumir en mayor medida la ejecución del Plan de acción y del Marco estratégico de la UE y utilizarlos como modelo para promover los derechos humanos y la democracia de manera bilateral y multilateral;

63.  Reconoce el papel fundamental que desempeña el REUE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, a la hora de dotar a la Unión de mayor visibilidad y eficacia en la protección y la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos en todo el mundo, y subraya su papel en la promoción de la aplicación coherente de la política de derechos humanos de la Unión; acoge con satisfacción la prórroga del mandato del REUE hasta el 28 de febrero de 2019, y reitera su petición de que el mandato adquiera un carácter permanente; recomienda, a ese respecto, que se conceda al REUE el derecho de iniciativa, una mayor visibilidad pública y unos recursos financieros y humanos suficientes para trabajar a pleno rendimiento; recomienda además que el REUE sea más transparente en sus actividades, planes, informes de evolución y revisiones;

64.  Observa que la única forma de poder evaluar, parcialmente, el trabajo del REUE para los Derechos Humanos y su impacto es a través del Informe anual sobre los derechos humanos, de sus cuentas en redes sociales y de los discursos disponibles;

65.  Apoya plenamente las estrategias de derechos humanos por país que adaptan la actuación de la Unión a la situación y las necesidades específicas de cada país; reitera su llamamiento para que los diputados al Parlamento Europeo tengan acceso a los contenidos de las estrategias; destaca la importancia de tomar en consideración las estrategias por país en todos los niveles del proceso de elaboración de políticas respecto de cada uno de los terceros países; reitera que las estrategias de derechos humanos por país deben corresponderse con las acciones de la Unión que vayan a ejecutarse en cada país en función de las situaciones específicas, y deben incluir indicadores de progreso mensurables y la posibilidad de ajustarlos si es preciso;

66.  Celebra la designación de puntos de coordinación para las cuestiones relativas a los derechos humanos y al género por parte de todas las delegaciones de la Unión y las misiones de la PCSD; recuerda su recomendación a la VP/AR y al SEAE para que desarrollen directrices operativas claras sobre el papel de los puntos de coordinación en las delegaciones, de manera que puedan introducir mejoras, actuar como auténticos consejeros en materia de derechos humanos y llevar a cabo su trabajo de forma eficaz;

67.  Reconoce que los diálogos sobre derechos humanos con terceros países pueden ser un instrumento eficaz para la participación y la cooperación bilaterales por lo que respecta al fomento y la protección de los derechos humanos; celebra que se mantengan diálogos sobre derechos humanos con un número cada vez mayor de países; celebra y respalda la participación de la sociedad civil en los diálogos preparatorios; reitera su solicitud de que se desarrolle un mecanismo global para supervisar y examinar el funcionamiento de los diálogos sobre derechos humanos;

68.  Recuerda que la Unión se ha comprometido a situar los derechos humanos y la democracia en el centro de sus relaciones con los terceros países; destaca, por consiguiente, que el avance de los derechos humanos y los principios democráticos, incluidas las cláusulas de condicionalidad sobre derechos humanos en acuerdos internacionales, deben promoverse a través de todas las políticas de la Unión que tengan una dimensión exterior, como la política de ampliación y vecindad, la PCSD y las políticas de medio ambiente, desarrollo, seguridad, lucha contra el terrorismo, comercio, migración, justicia y asuntos de interior;

69.  Recuerda que las sanciones son una herramienta esencial de la PESC; insta al Consejo a que adopte las sanciones previstas en la legislación de la Unión cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos de la PESC, y en particular para proteger los derechos humanos y consolidar y respaldar la democracia, garantizando al mismo tiempo que no tengan repercusiones para la población civil; pide que esas sanciones se centren en los funcionarios considerados responsables de violaciones de los derechos humanos con objeto de castigarlos por sus delitos y abusos;

70.  Toma nota de los esfuerzos de la Comisión para cumplir su compromiso de incluir las disposiciones sobre derechos humanos en sus evaluaciones de impacto de las propuestas legislativas y no legislativas, las medidas de ejecución y los acuerdos comerciales y de inversión; insta a la Comisión a mejorar la calidad y la exhaustividad de las evaluaciones de impacto y a garantizar la inclusión sistemática de las cuestiones de derechos humanos en el texto de las propuestas legislativas y no legislativas;

71.  Reitera su pleno apoyo al sólido compromiso de la Unión en favor del fomento de los derechos humanos y de los principios democráticos a través de la cooperación con las estructuras y agencias especializadas de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organizaciones regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), la Unión Africana, la Liga Árabe y otras organizaciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 220 del TUE;

72.  Subraya que, con el fin de alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el nuevo Plan de acción, la Unión debe destinar suficientes recursos y competencias, tanto en términos de recursos humanos específicos en las delegaciones y en la sede central como en términos de fondos disponibles;

73.  Reitera asimismo que la participación activa y continuada de la Unión en todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, particularmente la Tercera Comisión de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos (CDHNU), es de máxima importancia; reconoce los esfuerzos del SEAE, de las delegaciones de la Unión en Nueva York y Ginebra y de los Estados miembros por aumentar la coherencia de la Unión en las Naciones Unidas en las cuestiones relativas a los derechos humanos; anima a la Unión a redoblar esfuerzos para hacerse oír, por ejemplo recurriendo con mayor frecuencia a la puesta en práctica de las iniciativas transregionales, así como apoyando resoluciones y tomando iniciativas al respecto; subraya la necesidad de que los líderes de la Unión promuevan reformas en las Naciones Unidas con el fin de ampliar el impacto y la fuerza de un sistema multilateral basado en normas, y de garantizar una protección más eficaz de los derechos humanos y el avance del Derecho internacional;

°

°  °

74.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la 70.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de las Delegaciones de la Unión.

• [1]  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
• [2]  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167.
• [3]  https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf
• [4]  http://www.unhcr.org/3b66c2aa10
• [5]  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf.
• [6]  http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES‌_71_1.pdf
• [7]  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
• [8]  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
• [9]  http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
• [10]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
• [11]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/es/pdf
• [12]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf
• [13]  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
• [14]  http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
• [15]  http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf
• [16]  DO L 76 de 22.3.2011, p. 56.
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:ES:PDF
• [17]  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
• [18]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385
• [19]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
• [20]  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
• [21]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/es/pdf
• [22]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
• [23]  http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf
• [24]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/es/pdf
• [25]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf
• [26]  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
• [27]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf
• [28]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf
• [29]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf
• [30]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf
• [31]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf
• [32]  DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
• [33]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
• [34]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/es/pdf.
• [35]  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0344.
• [36]  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0502.
• [37]  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0404.
• [38]  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405.
• [39]  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0300.
• [40]  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0020.
• [41]  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.
• [42]  DO C 181 de 19.5.2016, p. 69.
• [43]  http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56dfde7b
• [44]  DO C 153 E de 31.5.2013, p. 115.
• [45]  DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
• [46]  DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
• [47]  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.

EXPLANATORY STATEMENT

Scrutiny towards an EU Human Rights cycle

The main aim of this report is to look at the human rights and democracy challenges in third countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming of human rights in the EU’s external policy.

The rapporteur will therefore

–  scrutinise and comment on the human rights policy of the European Union while keeping a clear focus on the year 2016,

–  give an overview of the actions of the European Parliament in the area of human rights including the awarding of the Sakharov Prize for 2016 and the urgency resolutions adopted,

–  take into account the mid-term review of the 2015-2019 Action Plan which has just been completed by the Council and the Commission and which accompanies the 10-year strategic framework, 2012-2022,

The European Union’s external action and Human Rights

The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect human rights, democracy and the rule of law worldwide. Sustainable peace, development and prosperity cannot exist without respect for human rights. This commitment underpins all internal and external policies of the European Union. The European Union actively promotes and defends universal human rights within its borders and when engaging in relations with non-EU countries. Over the years, the EU has adopted important reference documents on the promotion and protection of human rights and developed a range of diplomatic and cooperation tools to support the worldwide advancement of human rights.

The Lisbon Treaty

The Lisbon Treaty places human rights and democracy at the heart of the external relations of the European Union by stating that

“The Union’s action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law. The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations”. (Art 21(1) TEU)

The role of the Council and the HR/VP

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the external relations of the EU are mainly formulated and implemented by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who simultaneously serves as the Vice-President of the Commission. She is assisted by the European External Action Service (EEAS).

Strategic Framework on Human Rights 2012-2021 and Action Plans

In June 2012, the Council adopted a Strategic Framework on Human Rights and Democracy. The framework sets out the general human rights objectives of the EU. The framework defines the principles, objectives and priorities for improving the effectiveness and consistency of EU policy over ten years, 2012 - 2021. These principles include mainstreaming human rights into all EU policies.

The framework is operationalised by the periodic action plan, which accompanies the framework. This Action Plan sets concrete goals associated with timeframes and assigns relevant stakeholders. A first Action Plan for 2012-2014 was adopted which was then followed by a second action plan for 2015-2019. It builds upon the existing body of EU human rights and democracy support policies in the external action area, notably EU Guidelines, toolkits and other agreed positions, and the various external financing instruments. The current Action Plan contains 34 types of actions, which correspond to the following broader objectives: boosting ownership of local actors, addressing human rights challenges, ensuring a comprehensive human rights approach to conflict and crises, fostering better coherence and consistency and a more effective EU human rights and democracy support policy. A midterm review of the Action Plan has recently been adopted.

Human Rights Guidelines

EU Guidelines are not legally binding but they represent a strong political signal that they are priorities for the Union. Guidelines are pragmatic instruments of EU Human Rights policy and practical tools to help EU representations in the field better advance our Human Rights policy. There are 11 Guidelines.

ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

(JANUARY - DECEMBER 2016)

COUNTRY Individual	BACKGROUND	ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT
BAHRAIN
Mohamed Ramadan Ali Moosa	Mohammed Ramadan, a 32-year-old airport security guard, was arrested by the Bahraini authorities for allegedly taking part in a bombing in Al Dair on 14 February 2014, together with Ali Moosa, that killed a security officer and wounded several others.   A Bahraini court sentenced Ramadan and Moosa to death. However, both retracted their confession, claiming that they confessed after being tortured in the custody of the Criminal Investigations Directorate (CID). This sentence was upheld by the Court of Cassation, Bahrain’s highest court of appeal, in late 2015. A final date for the execution is still to be cleared.	In its Resolution of 4 February 2016, the European Parliament: - Expresses its concern and disappointment over Bahrain’s return to the practice of capital punishment; calls for the reintroduction of the moratorium on the death penalty as a first step towards its abolition; calls on the Government of Bahrain, and in particular His Majesty Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, to grant Mohammed Ramadan a royal pardon or to commute his sentence; - Condemns firmly the continuing use of torture and other cruel or degrading treatment or punishment against prisoners by the security forces; is extremely worried about the prisoners’ physical and mental integrity; Expresses its concern about the use of anti-terrorism laws in Bahrain to punish political beliefs and convictions and prevent citizens from pursuing political activities; Stresses the obligation to ensure that human rights defenders are protected and allowed to conduct their work without hindrance, intimidation or harassment;
Ali Salman Zainab al-Khawaja Nabeel Rajab	During 2016, Bahrain has intensified its campaign of repression and persecution of human rights defenders and political opposition, with the re-arrest of Nabeel Rajab, in relation to twitter posts published in 2015 and faces up to 13 years of prison charge. Poor prison conditions have brought him to hospital in numerous occasions. Equally, it forced Zainab Al-Khawaja into exile after threats of re-arrest.   Bahrain has also targeted opposition groups, such as the Al-Wefaq, whose head, Ali Salman, has been in prison since July 2015	In its resolution, adopted on 7 July 2016, the European Parliament: - Expresses grave concern about the ongoing campaign of repression against human rights defenders, political opposition and civil society, as well as the restriction of fundamental democratic rights, notably the freedoms of expression, association and assembly, political pluralism and the rule of law in Bahrain; calls for an end to all acts of violence, harassment and intimidation, including at judicial level, and to the censorship of human rights defenders, political opponents, peaceful protesters and civil society actors by state authorities and the security forces and services; - Calls for the immediate and unconditional release of Nabeel Rajab and other human rights defenders jailed on allegations relating to their rights to free expression, assembly, and association, and for all charges against them to be dropped; calls on the authorities to guarantee the physical and psychological integrity of Nabeel Rajab and to provide him with all necessary medical treatment; - notes with concern the Bahraini Government’s suppression of legitimate political opposition, including the extension of Sheikh Ali Salman’s sentence, the suspension of the Al-Wefaq National Islamic Society and the freezing of its assets; calls for greater basic freedoms for all Bahraini citizens; insists on an immediate halt to the suppression of different political opinions in the country and the repression of their leading representatives, regardless of their political or religious affiliation;
BRAZIL
Simiao Vilharva Clodiodi de Souza The Guarani-Kaiowá people	According to official local data, in the state of Mato Grosso do Sul, at least 400 indigenous people and 14 indigenous leaders have been murdered, including S. Vilharva and C. de Souza. The Guarani-Kaiowá people is acutely affected by the poor and inadequate provision of appropriate health care, education and social services. At the same time, most of their lands are located in the Amazon region, and they are entitled by virtue of the Brazilian Constitution of 1988 and international legislations to their ancestral territories.	In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament: - Strongly condemns the violence perpetrated against the indigenous communities of Brazil; deplores the poverty and human rights situation of the Guarani-Kaiowá population in Mato Grosso do Sul; - Calls on the Brazilian authorities to take immediate action to protect indigenous people’s security and to ensure that independent investigations are carried out into the murder and assault of indigenous people in their attempts to defend their human and territorial rights, so that the perpetrators can be brought to justice; - Expresses concern about the proposed constitutional amendment 215/2000 (PEC 215), to which Brazilian indigenous peoples are fiercely opposed, given that, if approved, it will threaten indigenous land rights by making it possible for anti-Indian interests related to the agro-business, timber, mining and energy industries to block the new indigenous territories from being recognised;
CAMBODIA
Sam Rainsy Kem Sokha Hong Sok Hour Pin Ratana	Sam Rainsy, the president of the leading opposition party, the CNRP, remains in self-emposed exile and faces trial in absentia, with the acting CNRP president, Kem Sokha, being under investigation. A senator from the opposition, Hong Sok Hour has been under arrest since August 2015.	In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament: - Expresses its deep concerns about the worsening climate for opposition politicians and human rights activists in Cambodia, and condemns all acts of violence, politically motivated charges, arbitrary detention, questioning, sentences and convictions in respect of these individuals; - Urges the Cambodian authorities to revoke the arrest warrant for, and drop all charges against, opposition leader Sam Rainsy and CNRP members of the National Assembly and Senate, including Senator Hong Sok Hour; calls for the immediate release of the five human rights defenders still in preventive custody, namely Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony and Ny Chakra, for these politicians, activists and human rights defenders to be allowed to work freely without fear of arrest or persecution, and for an end to political use of the courts to prosecute people on politically motivated and trumped-up charges; calls on the National Assembly to reinstate Sam Rainsy, Um Sam An and Hong Sok Hour immediately and to restore their parliamentary immunity; - Urges the Cambodian authorities to drop all politically motivated charges and other criminal proceedings against ADHOC and other Cambodian human rights defenders, to cease all threats to apply repressive LANGO provisions, together with all other attempts to intimidate and harass human rights defenders and national and international organisations, and to release immediately and unconditionally all those jailed on politically motivated and trumped-up charges;
Ny Sokha, Nay Vanda and Yi Soksan, Ny Chakrya, Soen Sally, Ee Sarom, Thav Khimsan and Rong Chlun	Notable human rights advocates and staffers of national human rights organs and UN agencies are facing charges in politically motivated cases. This is also the case for trade union leaders, such as R. Chlun. This happens in a growing restrictive climate, as the promulgation of the Law on Associations and NGOs (LANGO) and that of the Law on Trade Unions tighten the space for these entities to act.
CHINA
Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po	Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po, associated with the publishing house Mighty Current and its bookstore, sold literary works critical of Beijing. They were allegedly abducted by China’s mainland authorities, from Hong Kong and other locations. In early January 2016, Gui Minhai released a media statement in mainland China, maintaining that the travelled voluntarily to mainland China, in what appeared to be a forced confession to an earlier conviction by China.	In the resolution of 04 February 2016, the European Parliament: - Calls on the Chinese Government to report without delay any information relating to the missing booksellers, and to engage in immediate inclusive and transparent dialogue and communication on the matter between the mainland authorities and those in Hong Kong; notes as a positive development the communication from Lee Po and his reunification with his spouse; - Expresses its concerns over allegations of mainland China’s law enforcement agencies operating in Hong Kong; recalls that it would be a violation of the Basic Law if mainland law enforcement agencies had been operating in Hong Kong; believes this would be inconsistent with the ‘one country, two systems’ principle; calls on China to respect the guarantees of autonomy granted to Hong Kong in the Basic Law.
Gui Minhai	Gui Minhai, a book publisher and shareholder of the publishing house and of a bookstore selling literary works critical of Beijing, disappeared in Pattaya, Thailand, on 17 October 2015 without trace. Between October and December 2015 four other Hong Kong residents (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee and Lee Bo) who worked for the same bookstore also disappeared. Apart from Gui Minhai, the other four disappeared ones have returned to Hong kong. There is enough evidence to believe that Chinese authorities detained all detainees, forcing them to record fake confessions in front of TV cameras.	In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament: - Expresses its grave concern over the lack of knowledge of the whereabouts of Gui Minhai; calls for the immediate publication of detailed information on his whereabouts and calls for his immediate safe release and for him to be given the right to communication;
Larung Gar Tibetan Buddhist Academy	The Larung Gar Institute, the largest Tibetan Buddhist centre in the world founded in 1980, is currently facing extensive demolition by the Chinese Government with the objective of downsizing the academy by fifty percent, evicting around 4 600 residents by force and destroying around 1 500 dwellings. The evictees are to be forcibly enrolled in so-called ‘patriotic education’ exercises.	In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament: - Calls on the Chinese authorities to initiate a dialogue and to engage constructively on developments in Larung Gar with the local community and its religious leaders, and to address concerns regarding overcrowded religious institutes by allowing Tibetans to establish more institutes and build more facilities; calls for adequate compensation and the re-housing of Tibetans who have been evicted during the demolitions in Larung Gar at the place of their choice to continue their religious activities; - Strongly condemns the imprisonment of Ilham Tohti who is serving a life sentence on alleged charges of separatism; deplores the fact that the due process of law was not respected and that he did not benefit from the right to a proper defence; urges the Chinese authorities to respect the norm of granting one visit per month for family members; - Calls for the immediate and unconditional release of Ilham Tohti and of his supporters detained in relation to his case; further calls for Ilham Tohti’s teaching permit to be restored and for his free movement to be guaranteed within and outside China; - Is worried about the adoption of the package of security laws and its impact on minorities in China, particularly the law on counter-terrorism that could lead to the penalisation of peaceful expression of Tibetan culture and religion and the law on the management of international NGOs which will come into effect on 1 January 2017 and will place human rights groups under the strict control of the government, as this constitutes a strictly top-down approach instead of encouraging partnership between local and central government and civil society;
Ilham Tohti	Uighur economics professor Ilham Tohti was sentenced to life imprisonment on 23 September 2014 on the charge of alleged separatism after being arrested in January of the same year. There are allegations that the due process of law was not respected, in particular with regard to the right to a proper defence. In the Xinjiang region, in which the Muslim Uighur ethnic minority is mainly located, has experienced repeated outbreaks of ethnic unrest and violence. Ilham Tohti has always rejected separatism and violence and sought reconciliation based on respect for Uighur culture;
DJIBOUTI
Omar Ali Ewado	Omar Ali Ewado, was detained incommunicado from 29 December 2015 to 14 February 2016 for publishing a list of the victims of a massacre in which 27 people were killed and more than 150 wounded by the authorities at a cultural celebration in Buldugo on 21 December 2015 and those still missing.	In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament: - Deplores the killings carried out at the cultural ceremony on 21 December 2015 and the ensuing detentions and acts of harassment of human rights defenders and opposition members; expresses its condolences to the families of the victims and demands a full and independent inquiry with a view to identifying and bringing to justice those responsible; reiterates its condemnation of arbitrary detention and calls for the rights of the defence to be respected;
DRC
Fred Bauma, Yves Makwambala	F. Bauma and Y. Makwambala, human rights activists from the Filimbi (‘Whistle’) movement, were arrested for participating in a workshop intended to encourage Congolese young people to perform their civic duties peacefully and responsibly, were put in jail in May 2015. They were released on 23 August 2016 after a ruling by the Supreme Court of Justice.	In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament: - Expresses deep concern about the deteriorating security and human rights situation in the DRC, and in particular about the continual reports of increasing political violence and the severe restrictions and intimidation faced by human rights defenders, political opponents and journalists ahead of the upcoming electoral cycle; insists on the government’s responsibility to prevent any deepening of the current political crisis or escalation of violence and to respect, protect and promote the civil and political rights of its citizens; - Strongly condemns any use of force against peaceful, unarmed demonstrators; recalls that freedom of expression, association and assembly is the basis of a dynamic political and democratic life; strongly condemns the increasing restrictions of the democratic space and the targeted repression of members of the opposition, civil society and the media; calls for the immediate and unconditional release of all political prisoners, including Yves Makwambala, Fred Bauma and other Filimbi and LUCHA activists and supporters, and the human rights defender Christopher Ngoyi;
EGYPT
Giulio Regeni	Giulio Regeni, a 28-year-old Italian doctoral student at Cambridge University, disappeared on 25 January 2016 after leaving his home in Cairo; his body was found on 3 February 2016 next to a road in the outskirts of Cairo. Giulio Regeni was conducting research in Egypt on trade union politics. According to the Italian ambassador to Cairo, G. Regeni was found to have been subjected to severe beating and torture	In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament: - Calls on the Egyptian authorities to provide the Italian authorities with all the documents and information necessary to enable a swift, transparent and impartial joint investigation into the case of Giulio Regeni in accordance with international obligations, and for every effort to be made to bring the perpetrators of the crime to justice as soon as possible; - Underlines with grave concern that the case of Giulio Regeni is not an isolated incident, but that it occurred within a context of torture, death in custody and enforced disappearances across Egypt in recent years, in clear violation of Article 2 of the EU-Egypt Association Agreement, which states that the relations between the EU and Egypt are to be based on respect for democratic principles and fundamental human rights as set out in the Universal Declaration on Human Rights, which is an essential element of the agreement; calls, therefore, on the European External Action Service (EEAS) and the Member States to raise with the Egyptian authorities the routine practice of enforced disappearances and torture and to press for effective reform of Egypt’s security apparatus and judiciary;
ETHIOPIA
Bekele Gerba	B. Gerba, Deputy Chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC), was arrested on 23 December 2015 and reportedly hospitalised shortly afterwards.	In its resolution of 21 January 2016, the European Parliament: - Strongly condemns the recent use of excessive force by the security forces in Oromia and in all Ethiopian regions, and the increased number of cases of human rights violations; expresses its condolences to the families of the victims and urges the immediate release of all those jailed for exercising their rights to peaceful assembly and freedom of expression; - Condemns the excessive restrictions placed on human rights work by the Charities and Societies Proclamation, which denies human rights organisations access to essential funding, endows the Charities and Societies Agency with excessive powers of interference in human rights organisations and further endangers victims of human rights violations by contravening principles of confidentiality;
Getachew Shiferaw, Yoanathan Teressa and Fikadu Mirkana	These leading activists were arbitrarily arrested, without the Ethiopian authorities presenting any charges when doing so.
Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris and Tesfalidet Kidane	Ethiopia continues to imprison journalists and opposition political party members for their views and opinions, with them having been convicted in unfair trials or are detained without charge.
Andargachew Tsege	The British-Ethiopian citizen and leader of an opposition party in exile was arrested in June 2014, after being condemned in absentia to death years earlier. He is still in the death row.
GAMBIA (The)
Solo Sandeng	Opposition leader and member of the United Democratic Party, was arrested on 14 April 2016 and died in detention shortly after his arrest in suspicious circumstances.	In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament: - Calls for the immediate release of all protestors arrested in relation to the 14 and 16 April 2016 protests; requests that the Government of the Republic of The Gambia ensure due process for any suspects detained on allegations of participating in the attempted unconstitutional change of government; calls on the authorities of The Gambia to guarantee the physical and psychological integrity of these suspects in all circumstances and to secure medical treatment for those injured without delay; expresses its concern regarding the testimonies of torture and ill-treatment of other prisoners;
Ousainou Darboe	O. Darboe was arrested and put in state custody, allegedly suffering from torture.
Alagie Abdoulie Ceesay, Ousman Jammeh, Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh and Imam Cherno Gassama	Director of the independent radio station Teranga FM, A.A. Ceesay, was arrested on 2 July 2015 by state authorities arbitrarily. The other individuals are former key political figures and religious personalities, and they have also suffered from arbitrary detention by state authorities.
HONDURAS
Berta Cáceres and Nelson García	On 3 March 2016 Berta Cáceres, a prominent environmentalist and indigenous rights leader and the founder of the Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), was assassinated in her home by unidentified men. Shortly after, on 16 March 2016, Nelson García, also a member of COPINH, was murdered. Both human rights defenders had for many years had resisted the Agua Zacra hydroelectric dam in the Gualcarque River. The Honduran Government has been actively engaged in the investigation of both murderers. However, these deaths come to enlarge the list of human rights defenders killed between 2010 and 2016, amounting to 15 in late 2016.	In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament: - Condemns in the strongest terms the recent assassination of Berta Cáceres, Nelson García and Paola Barraza, as well as each of the earlier assassinations of other human rights defenders in Honduras; extends its sincere condolences to the families and friends of all of those human rights defenders; - Calls, as a matter of urgency, for immediate, independent, objective and thorough investigations into these and previous murders in order to bring their intellectual and material authors to justice and to put an end to impunity; welcomes the fact that, at the request of the Honduran Government, the investigation into the murder of Ms Cáceres includes representatives of the UN High Commissioner for Human Rights and of the OAS; takes the view that instruments available within the framework of the UN and the IACHR, such as an independent international investigation, as requested by the victims, could help to ensure impartial and fair investigation of these murders; - Expresses its deep concern at the climate of extreme violence, particularly against LGBTI people and those who defend their rights; stresses the need to carry out immediate, thorough and impartial investigations into the killings of active members of various LGBTI human rights organisations;
Paola Barraza	On 24 January 2016, Paola Barraza was murdered, who was a defender of LGBTI rights, a transexual woman and a member of the Arcoiris association. Her death increases the toll of other prominent LGBTI activists, amounting at least to seven in 2015, and at least 235 since 1994.
CHINA
Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po	Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po, associated with the publishing house Mighty Current and its bookstore, sold literary works critical of Beijing. They were allegedly abducted by China’s mainland authorities, from Hong Kong and other locations. In early January 2016, Gui Minhai released a media statement in mainland China, maintaining that the travelled voluntarily to mainland China, in what appeared to be a forced confession to an earlier conviction by China.	In the resolution of 04 February 2016, the European Parliament: - Calls on the Chinese Government to report without delay any information relating to the missing booksellers, and to engage in immediate inclusive and transparent dialogue and communication on the matter between the mainland authorities and those in Hong Kong; notes as a positive development the communication from Lee Po and his reunification with his spouse; - Expresses its concerns over allegations of mainland China’s law enforcement agencies operating in Hong Kong; recalls that it would be a violation of the Basic Law if mainland law enforcement agencies had been operating in Hong Kong; believes this would be inconsistent with the ‘one country, two systems’ principle; calls on China to respect the guarantees of autonomy granted to Hong Kong in the Basic Law.
INDIA
35 crew members, among which Estonians and Britons	On 12 October 2013 the 35-strong crew (including 14 Estonians and 6 Britons, as well as Indians and Ukrainians) of the US-based, Sierra Leone-flagged and privately owned ship the MV Seaman Guard Ohio were arrested in Tamil Nadu state (India) and charged with illegally possessing weapons in Indian waters. Despite attempts to drop the charges against them, the Supreme Court ordered the trial to proceed, which on 12 January 2016 sentenced the 35 sailors to a maximum of five years prison term and a fine of INR 3 000 (EUR 40).	In its resolution of 21 January 2016, the European Parliament: - Calls on the Indian authorities to ensure that the case of the MV Seaman Guard Ohio crew is dealt with on a basis of full respect for the human and legal rights of the defendants, in line with the obligations enshrined in the various human rights charters, treaties and conventions that India has signed up to.
IRAQ
Yazidi and other minorities	August 2014 ISIS/Daesh attacked Yazidi communities around Sinjar city in Iraq’s Nineveh province, reportedly killing thousands. Several mass graves were found after Kurdish forces retook areas north of Mount Sinjar by December 2014. When the Kurdish forces retook Sinjar city in mid-November 2015, additional killing sites and apparent mass graves were discovered. The European Parliament recognised on 4 February 2016 that ISIS/Daesh is committing genocide against Christians and Yazidis, among other minorities, which amount to war crimes, crimes against humanity and genocide.	In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament: - Strongly appeals to the international community, in particular to the UN Security Council, to consider the reported mass graves in Iraq as further evidence of genocide and to refer ISIS/Daesh to the International Criminal Court (ICC); - Is particularly alarmed by the situation of women and children in the conflict, in particular the Yazidi women and children who are victims of persecution, executions, torture, sexual exploitation and other atrocities; insist that a full range of medical services should be made available, in particular for rape victims; calls, as a matter of urgency, for the EU and its Members States to work closely with the World Health Organisation (WHO) and to support it to this end; calls for the immediate release of all women and children who remain captives of ISIS/Daesh.
KAZAKHSTAN
Guzal Baidalinova and Yulia Kozlova	In December 2015 the Kazakh authorities detained Guzal Baidalinova, a journalist and the owner of the Nakanune.kz online news site, in connection with a criminal case on charges of ‘deliberately publishing false information’. On 29 February 2016 a court acquitted journalist Yulia Kozlova, who also writes for Nakanune.kz.	In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament: - Expresses its concerns about the climate for media and free speech in Kazakhstan; is very concerned about the pressure on independent media outlets and the possible negative implications of new draft legislation on the funding of civil society organisations; points out that freedom of speech for independent media, bloggers and individual citizens is a universal value that cannot be bargained away; - Regrets the indiscriminate blocking of news, social media and other websites on the grounds that they feature unlawful content, and calls on the Kazakh authorities to ensure that any measure to restrict access to internet resources is based on law; is concerned about the amendments to the Communications Law adopted in 2014; - Calls on the Kazakh authorities to quash the convictions of bloggers, including Ermek Narymbaev, Serikzhan Mambetalin and Bolatbek Blyalov; calls for the release of Guzal Baidalinova; calls for an end to the harassment of Seytkazy and Aset Matayev; points out, in this connection, that cases involving journalists should be public and that there should be no harassment during the proceedings; - Is deeply worried about the disrespect and violation of prisoners’ rights in Kazakhstan’s prison system; is concerned about the physical and mental well-being of prisoners Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin (who won the Ludovic Trarieux International Human Rights Prize 2013) and Aron Atabek, who have been convicted on political grounds, and demands that they receive immediate access to necessary medical treatment and are allowed regular visits, including by family members, legal representatives and representatives of human rights and prisoners’ rights organisations;
Seytkazy Matayev and Aset Matayev	The head of the National Press Club and journalists’ union, Seytkazy Matayev, underwent a criminal investigation accused of corruption of public funds.
Ermek Narymbaev and Serikzhan Mambetalin, Bolatbek Blyalov	Ermek Narymbaev and Serikzhan Mambetalin were convcited on 22 January 2016 on charges of ‘inciting national discord’ to three years and two years in prison respectively. Bolatbek Blyalov was put under limited house arrest on similar grounds
Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin and Aron Atabek	V. Kozlov, C. Kuramshin and A. Atabek, human rights defenders and lawyers, were convicted on political grounds, and are being deprived of their rights as prisoners.
MALAWI
Persons with albanism	PWA are facing some of the most extreme forms of persecution and human rights violations, ranging from widespread societal discrimination, verbal abuse and exclusion from public services to killings, abductions, rape and mutilations; whereas human rights observers reported 448 attacks on albinos in 2015 alone across 25 African countries. It is highly likely that these numbers are underestimated as the authorities do not systematically monitor and document such crimes or lack the capacity and resources to conduct thorough investigations.	In its resolution of 7 July 2017, the European Parliament: - Expresses its deep concern at the continuous and widespread discrimination and persecution faced by persons with albinism in Africa, in particular following the recent rise in violence in Malawi; strongly condemns all killings, abductions, mutilations and other inhuman and degrading treatment suffered by PWA and expresses its condolences and solidarity to the families of the victims; condemns also any speculative trading in PWA’s body parts; - Deplores the silence and inertia surrounding these events; recalls that the primary responsibility of a state is to protect its citizens, including vulnerable groups, and urges the Government of Malawi and the authorities of all the countries affected to take all the necessary measures to eliminate all forms of violence and discrimination against PWA and protect their dignity, human rights and well-being, as well as those of their family members.
MYANMAR
The Rohingya people	Approximately one million Rohingya are one of the world’s most persecuted minorities, and have been officially stateless since the 1982 Burmese Citizenship Law. The Rohingya are unwanted by the Myanmar authorities and by neighbouring countries, although some of the latter host large refugee populations. The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein, in his report of 20 June 2016, described the continued serious rights violations against the Rohingya, including arbitrary deprivation of nationality, which renders them stateless, severe restriction of freedom of movement, threats to life and security, denial of the rights to health and education, forced labour, sexual violence and limitations on their political rights, ‘which may amount to crimes against humanity’.	In its resolution of 7 July 2016, the European Parliament: - Reiterates its deepest concern about the plight of Rohingya refugees in South-East Asia and calls for regional and international mobilisation to provide them with urgent assistance in their extremely vulnerable situation; expresses its condolences to the families of victims of human traffickers, violence and lack of protection from official authorities in destination countries; - Calls on the Government of Myanmar to safeguard the Rohingya people from any form of discrimination and to end impunity for violations against the Rohingya; recalls the long-overdue statement of 18 May 2015 by the spokesperson for Ms Suu Kyi’s party, the NLD, that the Government of Myanmar should grant citizenship to the Rohingya minority; calls on Ms Suu Kyi, a winner of the Sakharov Prize, to use her key positions in the Government of Myanmar to improve the situation of the Rohingya minority.
The Rohingya people	On 9 October 2016 gunmen attacked three police outposts near the Bangladesh border, leaving nine police officers dead and many weapons missing; whereas the Government of Myanmar claimed the gunmen were Rohingya militiamen and, following this, declared Maungdaw district an ‘operation zone’ with curfews and other severe restrictions, including for journalists and outside observers, who are not allowed to access the area. According to human rights organisations, local sources report serious human rights abuses by government forces in the so-called operation zone. The Government of Myanmar has reported the deaths of 69 alleged militants and 17 members of the security forces, a claim which cannot be independently verified due to access restrictions.	In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament: - Is extremely concerned about the reports of violent clashes in northern Rakhine State and deplores the loss of lives, livelihoods and shelter and the reported disproportionate use of force by the armed forces of Myanmar; confirms that the Myanmar authorities have a duty to investigate the 9 October 2016 attacks and prosecute those responsible, but that this must be done in accordance with human rights standards and obligations; - Recommends that the governments of the countries that cope with the influx of Rohingya refugees cooperate closely with the UNHCR, which has the technical expertise to screen for refugee status and the mandate to protect refugees and stateless people; urges those countries to respect the principle of non-refoulement and not to push the Rohingya refugees back, at least until a satisfactory and dignified solution for their situation has been found; calls in particular upon Bangladesh to allow the entry of Rohingya refugees, whilst acknowledging the efforts already made by Bangladesh to host several hundred thousand refugees.
NIGERIA
Victims of Boko Haram	Boko Haram killed at least 8 200 civilians in 2014 and 2015. It is estimated that more than 2,6 million people have been displaced and more than 14,8 million affected by the Boko Haram insurgency. Around 270 schoolgirls were abducted by Boko Haram on 14-15 April 2014 from a school in Chibok, north-east Nigeria, and whereas the majority are still missing. It is feared that most were forced to either marry insurgents or to become insurgents themselves, subjected to sexual violence or sold into slavery, and non-Muslim girls were forced to convert to Islam. Boko Haram has abducted more than 2 000 women and girls since 2009, including around 400 from Damasak in Borno state on 24 November 2014.	In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament: - Strongly condemns the recent violence and attacks by Boko Haram, and calls on the Federal Government to protect its population and address the root causes of the violence by ensuring equal rights for all citizens, including by addressing the issues of inequality, control of fertile farmlands, unemployment and poverty; rejects any violent retaliation in breach of humanitarian law perpetrated by the Nigerian military; welcomes, however, the Nigerian Army’s ‘Safe Corridor’ programme designed to rehabilitate Boko Haram fighters; - Calls on the Nigerian Government to develop a comprehensive strategy that addresses the root causes of terrorism, and to investigate, as promised, evidence that the Nigerian military might have committed human rights violations; welcomes the Abuja Security Summit, to take place in May 2016, and calls on all stakeholders to identify concrete, viable solutions to fight terrorism without sacrificing respect for human rights and democracy; further underlines the importance of regional cooperation in addressing the threat posed by Boko Haram;
PAKISTAN
Asia Bibi	Asia Bibi has been charged with a blasphemy crime and sentenced to death. Her case is embedded in a more general atmosphere of lack of freedom of religion and belief, where Christians and other minorities face not only persecution by extremists, but also legal discrimination, in particular through Pakistan’s blasphemy laws, which are discriminatory and are widely misused by those with personal and political motives. Certain student unions at the universities and the Khatm-e-Nubuwwat Lawyers’ Forum, are reportedly the driving force behind the rise in prosecutions for blasphemy charges in the Pakistani courts and is against any attempts by legislators to reform the relevant law.	In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament: - Expresses deep concern at the systemic and grave violations of freedom of religion and belief in Pakistan; stresses the importance of respect for the fundamental rights of all religious and ethnic minorities living in Pakistan so that they can continue to live in dignity, equality and safety, and practise their religion in complete freedom without any kind of coercion, discrimination, intimidation or harassment, in accordance with the founding principles of Pakistan;
PHILIPPINES (The)
Victims of the war on drugs	During his election campaign and first days in office, President Duterte repeatedly urged law enforcement agencies and the public to kill suspected drug traffickers who did not surrender, as well as drug users. Figures released by the Philippine National Police show that from 1 July to 4 September 2016 police killed over a thousand suspected drug pushers and users, and whereas further police statistics attribute the killing of over a thousand alleged drug dealers and users in the past two months to unknown gunmen; whereas, as reported by Al Jazeera, more than 15 000 drug suspects have been arrested, mostly on the basis of hearsay and allegations put forward by fellow citizens, and whereas almost 700 000 have surrendered ‘voluntarily’ to police and registered for treatment under the Tokhang programme in order to avoid being targeted by police or vigilantes.	In its resolution of 15 September 2016, the European Parliament: - Understands that in the Philippines millions of people are negatively affected by the high level of drug addiction and its consequences; expresses its strongest concerns, however, at the extraordinarily high numbers killed during police operations and by vigilante groups in the context of an intensified anti-crime and anti-drug campaign targeting drug dealers and users, and urges the Government of the Philippines to put an end to the current wave of extrajudicial executions and killings; - Urges the Philippine Government to condemn the actions of vigilante groups and to investigate their responsibility for the killings; urges the Philippine authorities to conduct an immediate, thorough, effective and impartial investigation in order to identify all those responsible, to bring them before a competent and impartial civil tribunal and to apply the penal sanctions provided for by the law.
RUSSIA
Ildar Dadin	In early December 2015 the Russian opposition activist Ildar Dadin was sentenced to three years in jail after organising a series of peaceful anti-war protests and assemblies, being the first person in Russia to be convicted under a tough public assembly law adopted in 2014. Ildar Dadin was sentenced to two years and a half on appeal, and has reporterdly suffered repeated torture, beatings, inhumane treatment and threats of murder at the hands of the Russian authorities. The number of political prisoners in Russia has significantly increased in recent years, which was in November 2016 of 102, according to the Memorial Human Rights Centre. At the same time, Russia is severely tightening its control and repression over human rights organisations.	In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament: - Urges the Russian authorities to conduct a thorough and transparent investigation of the allegations made by Ildar Dadin of torture and ill-treatment, with the participation of independent human rights experts; calls for an independent investigation into the allegations of torture, abuse and degrading and inhumane treatment on the part of state officials in Russian detention facilities, labour camps and prisons; - Reminds Russia of the importance of full compliance with its international legal obligations, as a member of the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and with fundamental human rights and the rule of law as enshrined in various international treaties and agreements that Russia has signed and is party to; underlines that the Russian Federation can be considered a reliable partner in the sphere of international cooperation only if it keeps up its obligations under international law; in this regard, expresses its concern over the presidential decree withdrawing Russia from the Rome Statute of the ICC;
RWANDA
Victoire Ingabire	On 30 October 2012 Victoire Ingabire, President of the Unified Democratic Forces (UDF), was sentenced to eight years’ imprisonment for conspiracy to harm the authorities using terrorism, and for minimising the 1994 genocide, on the basis of relations with the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR). In September 2016 a delegation from the European Parliament was denied access to jailed opposition leader Victoire Ingabire. Human rights organisations have denounced the first-instance trial of Victoire Ingabire, as serious irregularities were observed and she was treated unfairly. In its report, Amnesty International points to prejudicial public statements made by the Rwandan President in advance of her trial, and a reliance on confessions from detainees in Camp Kami where torture is alleged to be used. In 2015, Ms Ingabire appealed to the African Court on Human and Peoples’ Rights, accusing the Rwandan Government of violating her rights. In March 2015, Rwanda withdrew from the jurisdiction of the African Court, claiming that Rwanda’s courts were capable of dealing with all local cases. On year later, the Rwandan Government withdrew its declaration allowing individuals to file complaints directly with the African Court on Human and Peoples’ Rights, only days before judges were to hear a case brought against the Rwandan Government by Victoire Ingabire.	In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament: - Strongly condemns politically motivated trials, the prosecution of political opponents and the prejudging of the outcome of the trial; urges the Government of Rwanda to extend economic and social achievements to the field of human rights in order to fully move towards a modern and inclusive democracy; urges the Rwandan authorities to ensure that Victoire Ingabire’s appeal process is fair and meets the standards set under Rwandan and international law; underlines that trials and the charges brought against accused persons cannot be based on vague and imprecise laws, and the misuse thereof, as is occurring in the case of Victoire Ingabire; - Expresses its deep concerns at the Rwandan Supreme Court’s denial of appeal and judgement sentencing Victoire Ingabire to 15 years’ imprisonment and at the worsening conditions of her detention; believes that the appeal process conducted in Rwanda did not meet international standards, including Ms Ingabire’s right to presumption of innocence; - Stresses that Rwanda’s withdrawal in March 2016 from the jurisdiction of the African Court on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) just a few days prior to the hearing of the appeal case by Ms Ingabire is circumstantial and is aimed at limiting the direct access of individuals and NGOs to the Court; - Urges the Rwandan authorities to step up their efforts to investigate the cases of Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire and other individuals who are feared to have been forcibly disappeared, to reveal their whereabouts and release or try them, if they are in detention, as well as to ensure the fairness of the trials of actual or suspected government opponents or critics, including those of Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo and their respective co-accused;
Illuminée Iragena and Léonille Gasengayire	FDU-Inkingi, V. Ingabire’s party, is not able to register as a political party and several of its members were threatened, arrested or detained, including Illuminée Iragena and Léonille Gasengayire
SUDAN
Khalfálah Alafif Muktar, Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen and Mustafa Adam	On 29 February 2016 the NISS brutally raided the Khartoum Centre for Training and Human Development (TRACKS), a civil society organisation, following which the director Khalfálah Alafif Muktar and activists Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen and Mustafa Adam were arrested and charged with criminal conspiracy and waging war against the state, charges which carry the death penalty.	In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament: - Condemns the arbitrary arrest and detention of activists and the ongoing detention of human rights defenders and journalists in Sudan; urges the Government of Sudan to guarantee the peaceful exercise of the freedoms of expression, association and assembly; underlines that the National Dialogue will only succeed if carried out in an atmosphere in which the freedoms of expression, media, association and assembly are guaranteed; - Reaffirms that freedom of religion, conscience or belief is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone; demands that the Sudanese Government repeal any legal provisions that penalise or discriminate against individuals for their religious beliefs, especially in the case of apostasy and especially concerning Czech Christian aid worker Petr Jašek, Sudanese pastors Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Darfuri graduate student Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla.
Petr Jašek, Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla	Petr Jašek, Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla were detained and faced trial on charges of highlighting alleged Christian suffering in war-ravaged areas of Sudan.
TAJIKISTAN
Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Umarali Kuvatov and Maksud Ibragimov	Abubakr Azizkhodzhaev was detained in February 2016 after raising critical concerns about corrupt business practices. Zaid Saidov was sentenced to 29 years in prison in prosecutions linked to his having run for office in the November 2013 presidential elections. Umarali Kuvatov was killed in Istanbul in March 2015 and Maksud Ibragimov was stabbed and kidnapped in Russia before being returned to Tajikistan and sentenced in July 2015 to 17 years’ imprisonment.	In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament: - Calls for the release of all those imprisoned on politically motived charges, including Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, IRPT deputy leaders Mahmadali Hayit and Saidumar Hussaini, and 11 other IRPT members; - Urges the Tajik authorities to quash the convictions of, and to release, attorneys and lawyers, including Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov; - Urges the authorities of Tajikistan to give defence attorneys and political figures fair, open and transparent trials, to provide substantive protections and procedural guarantees in accordance with Tajikistan’s international obligations and to authorise the reinvestigation by international organisations of all reported violations of human rights and dignity; calls for all those imprisoned or detained to be granted access to independent legal services, together with the right to meet their family members regularly; recalls that, for every sentence issued, clear evidence must be presented to justify the criminal charges brought against the defendant.
Mahmadali Hayit, Saidumar Hussaini, Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov	Tajikistan’s political opposition have been systematically targeted; In September 2015 the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT) was banned after being linked to a failed coup earlier that month. On 2 June 2016 the Supreme Court in Dushanbe sentenced Mahmadali Hayit and Saidumar Hussaini, deputy leaders of the banned IRPT, to life imprisonment on charges of having been behind an attempted coup in 2015. Several lawyers who applied to act as defence attorneys for IRPT defendants have received death threats and have been arrested, detained and imprisoned; whereas the arrests of Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov raise major concerns about compliance with international standards relating to the independence of lawyers, closed trials and limited access to legal representation.
THAILAND
Andy Hall	The workers’ rights defender Mr Andy Hall, an EU citizen, was sentenced on 20 September 2016 to a three-year suspended jail term and fined THB 150 000 after contributing to a report by Finnish NGO Finnwatch exposing labour rights violations in a Thai pineapple processing plant, Natural Fruit Company Ltd. Andy Hall was formally indicted for criminal defamation and a computer crime relating to the online publication of the report, and whereas Mr Hall’s two criminal cases were allowed to proceed through the Thai judicial system. On 18 September 2015 the Prakanong Court in Bangkok, ruling in favour of Mr Hall, upheld the dismissal of the other criminal defamation proceedings brought against him, which have been appealed by Natural Fruit Company Ltd and the Thai Attorney General and which are currently before the Supreme Court	In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament: - Calls on the Thai Government to take all necessary measures to ensure that the rights – including the right to a fair trial – of Mr Hall and other human rights defenders are respected and protected, and to create an enabling environment conducive to the enjoyment of human rights and, specifically, to ensure that the promotion and protection of human rights are not criminalised; - Calls on the Thai authorities to ensure that the country’s defamation laws are compliant with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which it is a state party, and also to revise the Computer Crime Act, the current wording of which is too vague.
UKRAINE
Crimean Tatars	The Russian Federation has illegally annexed Crimea and Sevastopol and therefore violated international law, including the UN Charter, the Helsinki Final Act, the 1994 Budapest Memorandum and the 1997 Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership between the Russian Federation and Ukraine. Targeted abuses have been registered against the Tatar community, the majority of which opposed the Russian takeover and boycotted the so-called referendum on 16 March 2014, particularly through the enforcement of Russia’s vague and overly broad ‘antiextremist’ legislation to intimidate or silence critics; whereas these abuses include abduction, forced disappearance, violence, torture and extrajudicial killings that the de facto authorities have failed to investigate and prosecute	In its resolution of 4 February 2016, the European Parliament: - Condemns the severe restrictions on the freedoms of expression, association and peaceful assembly, including at traditional commemorative events such as the anniversary of the deportation of the Crimean Tatars by Stalin’s totalitarian Soviet Union regime and cultural gatherings of the Crimean Tatars; stresses that, in line with international law, the Tatars, as an indigenous people of Crimea, have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions; calls for respect for the Mejlis as the legitimate representation of the Crimean Tatar community, and for avoidance of any harassment and systematic persecution of its members; expresses concern at the infringement of their property rights and liberties, their intimidation and incarceration, and disrespect of their civic, political and cultural rights; notes with equal concern the restrictive re-registration requirements for media outlets, as well as for civil society organisations; - Calls on the Russian Federation authorities and the de facto authorities in Crimea, which are bound by international humanitarian law and international human rights law, to grant unimpeded access to Crimea for international institutions and independent experts from the OSCE, the United Nations and the Council of Europe, as well as for any human rights NGOs or news media outlets that wish to visit, assess and report on the situation in Crimea; calls on the Council and the EEAS to put pressure on Russia in this regard; welcomes the decision of the Secretary General of the Council of Europe to send his Special Representative for Human Rights to Crimea, as this was the first visit following the Russian annexation and is expected to provide a fresh assessment of the situation on the ground; looks forward to his findings; stresses that any international presence on the ground should be coordinated with Ukraine;
Crimean Tatars	On 26 April 2016 the so-called Supreme Court of Crimea ruled in favour of a request by the so-called Prosecutor-General of Crimea, Natalia Poklonskaya, accusing the Mejlis, which had been the representative body of the Crimean Tatars since its establishment in 1991 and had enjoyed full legal status since May 1999, of extremism, terrorism, human rights violations, illegal actions and acts of sabotage against the authorities The Mejlis has now been declared an extremist organisation and included in the Russian Justice Ministry’s list of NGOs whose activities must be suspended. The activities of the Mejlis have consequently been banned in Crimea and in Russia. The decision of the so-called Prosecutor-General and so-called Supreme Court of Crimea are intrinsic parts of the policy of repression and intimidation on the part of the Russian Federation, which is punishing this minority for its loyalty towards the Ukrainian state during the illegal annexation of the peninsula in 2014.	In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament: - Strongly condemns the decision of the so-called Supreme Court of Crimea to ban the Mejlis of the Crimean Tatar People, and demands its immediate reversal; considers this decision to constitute systemic and targeted persecution of the Crimean Tatars, and to be a politically motivated action aimed at further intimidating the legitimate representatives of the Tatar community; stresses the importance of this democratically elected decision-making body representing the Crimean Tatar people; - Points out that the ban on the Mejlis of the Crimean Tatar People, which is the legitimate and recognised representative body of the indigenous people of Crimea, will provide fertile ground for stigmatising the Crimean Tatars, further discriminating against them and violating their human rights and basic civil liberties, and is an attempt to expel them from Crimea, which is their historical motherland; is concerned that the branding of the Mejlis as an extremist organisation may lead to additional charges in accordance with provisions of the Criminal Code of the Russian Federation; - Recalls that the banning of the Mejlis means that it will be prohibited from convening, publishing its views in the mass media, holding public events or using bank accounts; calls for the EU to provide financial support for the activities of the Mejlis while it is in exile; calls for increased financing for human rights organisations working on behalf of Crimea;
VIETNAM
Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức, Thích Quảng Độ,	Vietnamese lawyer and human rights activist, Lê Thu Hà, was arrested on 16 December 2015, at the same time as a prominent fellow human rights lawyer, Nguyễn Văn Đài, who was arrested for conducting propaganda against the state. On 22 February 2016 human rights defender Trần Minh Nhật was attacked by a police officer at his home in Lâm Hà district, Lâm Đồng Province. Trần Huỳnh Duy Thức, who was imprisoned in 2009 after a trial with no meaningful defence, received a sentence of 16 years followed by five years under house arrest. There is serious concern for the deteriorating health of Buddhist dissident Thích Quảng Độ, who was currently under house arrest.	In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament: - Calls on the Government of Vietnam to put an immediate stop to all harassment, intimidation, and persecution of human rights, social and environmental activists; insists that the government respect these activists’ right to peaceful protest and release anyone still wrongfully held; asks for the immediate release of all activists who have been unduly arrested and imprisoned such as Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức and Thích Quảng Độ; - Condemns the conviction and harsh sentencing of journalists and bloggers in Vietnam such as Nguyễn Hữu Vinh and his colleague Nguyễn Thị Minh Thúy, and Đặng Xuân Diệu, and calls for their release; - Deplores the continuing violations of human rights in Vietnam, including political intimidation, harassment, assaults, arbitrary arrests, heavy prison sentences and unfair trials, perpetrated against political activists, journalists, bloggers, dissidents and human rights defenders, both on- and offline, in clear violation of Vietnam’s international human rights obligations;
Kim Quốc Hoa	The former editor-in-chief of the newspaper Người Cao Tuổi, had his journalist’s licence revoked in early 2015 and was later prosecuted under Article 258 of the criminal code for abusing democratic freedoms, after the newspaper exposed a number of corrupt officials.
ZIMBABWE
Promise Mkwananzi and Linda Masarira	In May 2016 thousands of demonstrators – informal traders, unemployed young people and, now, professional people – have taken to the streets in a number of urban centres across Zimbabwe to protest against job losses, mass unemployment and the government’s failure to meet people’s basic economic expectations, namely a labour market that provides jobs, a public workforce that is paid on time, a trustworthy stable currency and an affordable price regime. The protest movement led by clergyman Evan Mawarire, using the hashtag #ThisFlag, has drawn support from churches and the middle class, which had hitherto tended to steer clear of street politics. On 6 July 2016 the opposition movement #ThisFlag called for a national ‘stay-away’ day in protest against the government’s inaction against corruption, impunity and poverty. This resulted in a massive shutdown of most shops and businesses in the capital and led to a severe crackdown by the authorities. Promise Mkwananzi, the leader of #Tajamuka, a social movement linked to the July stay-away, who was arrested and charged for inciting public violence, has been released on bail. #Tajamuka activist, Linda Masarira, was arrested during the protest in July 2016.	In its resolution of 15 September 2016, the European Parliament: - Expresses serious concern about the increase in violence against demonstrators in Zimbabwe in recent months; notes with alarm the recently announced one-month ban on demonstrations; calls on the government and all parties in Zimbabwe to respect the right to demonstrate peacefully in order to address genuine concerns, and urges the Zimbabwean authorities to investigate allegations of excessive use of force and other human rights abuses by elements within the Zimbabwe police, and to hold them to account; - Expresses its continued concern about the abduction of Itai Dzamara; demands that habeas corpus be respected and that those responsible for his abduction be brought to justice;

ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2016 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

Country	Date of adoption in plenary	Title
Africa
Ethiopia +[1]	21.01.2016	Ethiopia
Libya *[2]	04.02.2016	Situation in Libya
Egypt +	10.03.2016	Egypt, notably the case of Giulio Regeni
DRC +	10.03.2016	The Democratic Republic of the Congo
DRC *	01.12.2016	Situation in the Democratic Republic of the Congo
Nigeria +	14.04.2016	Nigeria
The Gambia +	12.05.2016	The Gambia
Djibouti +	12.05.2016	Djibouti
Malawi +	07.07.2016	Situation of persons with albinism in Africa, notably in Malawi
Somalia (no individual cases or minority) +	15.09.2016	Somalia
Zimbabwe +	15.09.2016	Zimbabwe
Sudan +	06.10.2016	Sudan
Rwanda +	06.10.2016	Rwanda, the case of Victoire Ingabire
Americas
Honduras +	14.04.2016	Honduras: situation of human rights defenders
Brazil +	24.11.2016	Situation of the Guarani-Kaiowá in the Brazilian state of Mato Grosso do Sul
Asia
North Korea (no individual cases or minority) +	21.01.2016	North Korea
India +	21.01.2016	EU citizens under detention in India, notably Estonian and UK seamen
China +	04.02.2016	The case of the missing book publishers in Hong Kong
Kazakhstan +	10.03.2016	Freedom of expression in Kazakhstan
Pakistan +	14.04.2016	Pakistan, in particular the attack in Lahore
Cambodia +	09.06.2016	Cambodia
Tajikistan +	09.06.2016	Tajikistan: situation of prisoners of conscience
Vietnam +	09.06.2016	Vietnam
Myanmar +	07.07.2016	Myanmar, notably the situation of the Rohingya
The Philippines +	15.09.2016	The Philippines
Thailand +	06.10.2016	Thailand, notably the situation of Andy Hall
China +	24.11.2016	The case of Gui Minhai, jailed publisher in China
Myanmar +	15.12.2016	The situation of the Rohingya minority in Myanmar
China +	15.12.2016	The cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti
Europe
Ukraine +	04.02.2016	Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars
Ukraine +	12.05.2016	Crimean Tatars
Turkey *	27.10.2016	Situation of Journalists in Turkey
Russia +	24.11.2016	The case of Ildar Dadin, prisoner of conscience in Russia
Middle East
Bahrain +	04.02.2016	Bahrain: the case of Mohammed Ramadan
Bahrain +	07.07.2016	Bahrain
Syria *	06.10.2016	Situation in Syria
Iraq *	27.10.2016	Situation in Northern Iraq/Mosul
Syria *	26.11.2016	Situation in Syria
Iraq +	15.12.2016	Mass graves in Iraq
Yemen *	25.02.2016	Situation in Yemen
Cross-cutting issues
UNHRC sessions	21.01.2016	EU priorities for the UNHRC sessions in 2016
Persecution of religious minorities	04.02.2016	Systematic mass murder of religious minorities by ISIS
Migration	12.04.2016	The situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration
International Humanitarian Law	28.04.2016	Attacks on hospitals and schools as violations of international humanitarian law
Women & migration	08.03.2016	The situation of women refugees and asylum seekers in the EU
Trafficking	12.05.2016	Preventing and combating trafficking in human beings
Trafficking	05.07.2016	The fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations
Torture	04.10.2016	Trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other treatment or punishment
Migration	25.10.2016	Human rights in migration in third countries
Women	13.12.2016	Rights of Women in the Eastern Partnership States
Corporate liability and human rights	25.10.2016	Corporate liability for serious human rights abuses in third countries
Social and environmental standards and human rights	05.07.2016	Social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

• [1]  + - urgency resolution according to rule 135, EP RoP
• [2]  * - resolutions with human rights-related issues

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO (7.11.2017)

Para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto
(2017/2122(INI))

Ponente: Jordi Solé

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a fomentar la igualdad de género y a garantizar la integración de la dimensión de género en todas sus acciones;

B.  Considerando que, en una época de conflictos armados, las mujeres y los niños, —incluidas las mujeres y los niños refugiados— se encuentran entre los grupos más vulnerables de la sociedad;

C.  Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos humanos fundamentales y son elementos esenciales de la dignidad humana; que estos derechos no están todavía garantizados en todo el mundo;

D.  Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de derechos humanos más extendida en el mundo, que afecta a todos los estratos de la sociedad, independientemente de la edad, el nivel de educación, los ingresos, la posición social y el país de procedencia o residencia, y que representa una traba de primer orden para la igualdad de género;

E.  Considerando que la Estrategia de la Unión para la igualdad entre hombres y mujeres contempla la integración de la igualdad de género en sus políticas comerciales;

1.  Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea y de sus Estados miembros, y que la integración de la perspectiva de género constituye uno de los objetivos principales de la Unión consagrado en los Tratados; pide, por tanto, a la Comisión que integre la dimensión de género en toda la legislación, directrices, acciones y financiación de la Unión, como un principio fundamental de esta, con especial hincapié en las políticas de relaciones exteriores de la Unión; subraya la necesidad de reforzar el papel de las delegaciones de la Unión así como el papel de la asesora principal del SEAE sobre género, garantizando para ello un presupuesto específico dedicado a su ámbito de competencias;

2.  Recuerda que el Plan de Acción de la Unión sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo es una de las herramientas fundamentales de la Unión para mejorar la igualdad de género en terceros países y, por tanto, cree que el nuevo Plan de Acción de la Unión debe adoptar la forma de una comunicación de la Comisión; pide a la Comisión que tenga en cuenta la Resolución del Parlamento sobre la actualización del Plan de Acción para la igualdad de género;

3.  Pide a la Comisión que incluya en los acuerdos de libre comercio con terceros países en los que los derechos de las mujeres sean limitados o inexistentes, cláusulas que insten a dichos Estados a desarrollar políticas activas para el reconocimiento de esos derechos;

4.  Pide a los Estados miembros y la Comisión que presten su apoyo de forma constante para proteger a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones de mujeres y a las mujeres en posición de liderazgo en cuanto agentes activos comprometidos con el fomento y la protección de los derechos de las mujeres y con la concienciación acerca de estos;

5.  Pide al SEAE que garantice que los resultados del 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se incorporen en sus políticas y proporcionen un nuevo impulso al fomento del «empoderamiento económico de la mujer» para hacer frente a las desigualdades de género en el mundo cambiante del trabajo;

6.  Señala la contribución positiva del empoderamiento de la mujer a la hora de lograr una sociedad inclusiva, equitativa y pacífica y un desarrollo sostenible; subraya que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible prestan atención de manera explícita a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer y que deben redoblarse los esfuerzos por alcanzar la plena realización de los derechos de la mujer y la aplicación efectiva de las políticas que promueven el empoderamiento económico y social y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones; hace hincapié en que se debe prestar especial atención al «empoderamiento de las mujeres indígenas»;

7.  Destaca que debe alentarse la organización sindical de las mujeres y que estas no han de verse discriminadas al solicitar financiación para sus empresas;

8.  Recomienda encarecidamente que la educación se incluya en el núcleo de las políticas del SEAE con el fin de garantizar a todos los niños un acceso equitativo y pleno a la educación, en particular en el marco de conflictos y de crisis humanitarias y migratorias en las que los niños pueden verse privados de la educación básica; subraya que debe prestarse especial atención al acceso de las niñas a una educación sin riesgos;

9.  Pide al SEAE que fomente el papel de las mujeres como promotoras de la paz, que aliente la participación de las mujeres en los procesos de liderazgo y de toma de decisiones y que haga de estos cometidos el eje de la estrategia global y de los diálogos políticos de la Unión, en particular por lo que se refiere a la prevención de conflictos y la promoción de los derechos humanos y la reforma democrática en el marco de la reconstrucción posconflicto;

10.  Manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, especialmente las mujeres y los niños, y los miembros de grupos marginados, y pide la creación urgente de cauces de migración legales, seguros y adecuados, al tiempo que se adoptan todas las medidas necesarias para garantizar su protección, como el acceso al asesoramiento jurídico, el apoyo psicológico, los espacios seguros para mujeres y niños y el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto seguro, así como otros servicios de salud; subraya la necesidad de que los procedimientos de reagrupación familiar garanticen los derechos individuales de las mujeres y niñas que se reúnen con sus familias en la Unión, velando por que, para acceder a la sanidad, la educación o el trabajo, no tengan que depender de una posible relación abusiva con un miembro masculino de la familia;

11.  Pide a la Unión que apoye a todas las asociaciones de mujeres que trabajan cada día para apoyar a las mujeres que se encuentran en situaciones de crisis humanitarias y conflictos;

12.  Condena todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, así como todas las formas de violencia de género, incluidos los matrimonios forzosos, la trata de seres humanos, los crímenes de honor, la mutilación genital femenina y el uso de la violencia sexual como arma de guerra; pide a la Unión y a sus Estados miembros que ratifiquen el Convenio de Estambul, el primer instrumento jurídicamente vinculante cuyo objetivo es prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, en todas sus partes, a fin de garantizar la coherencia entre la acción interior y exterior de la Unión en este ámbito; subraya que las diferencias religiosas, culturales o tradicionales, u otras circunstancias de cualquier tipo, no pueden justificar en ningún caso la discriminación o cualquier forma de violencia; pide a la Unión que aplique políticas activas y eficaces para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género;

13.  Reitera que la violencia contra las mujeres, en particular, el acoso sexual y los actos sexistas que muchas mujeres padecen en sus lugares de trabajo, constituye uno de los obstáculos para su empoderamiento económico;

14.  Condena que el matrimonio entre adultos y menores sea legal en algunos terceros países;

15.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan frente de forma efectiva y eficaz a la trata de seres humanos; observa que algunos estudios han puesto de manifiesto que la mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres que, una vez llegan a Europa, son obligadas a ejercer la prostitución;

16.  Subraya que una asistencia sanitaria asequible y el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a ellos contribuye a la asistencia prenatal y a la capacidad de evitar partos de alto riesgo, reduciendo la mortalidad infantil; señala que la planificación familiar y el acceso a unos productos de higiene femenina adecuados y a la asistencia sanitaria materna, prenatal y neonatal y unos servicios de aborto sin riesgo son elementos importantes a la hora de salvar la vida de las mujeres y contribuir a evitar partos de alto riesgo y reducir la mortalidad infantil;

17.  Condena toda ley, norma y presión gubernamental que limite indebidamente la libertad de expresión, en particular de las mujeres y otras categorías de género discriminadas;

18.  Considera inaceptable que el cuerpo de las mujeres y las niñas, concretamente en lo que respecta a su salud y derechos sexuales y reproductivos, siga siendo un campo de batalla ideológico; pide a la Unión y a sus Estados miembros que reconozcan los derechos inalienables de las mujeres y las niñas a su integridad física y tomar decisiones de manera autónoma, y condena las frecuentes violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la denegación del acceso a servicios de planificación familiar, a los anticonceptivos y al aborto en condiciones sanitarias y legales seguras;

19.  Condena firmemente la reinstauración y la ampliación de la ley mordaza estadounidense (global gag rule) y su repercusión en la atención sanitaria y los derechos generales de mujeres y niñas, incluida la educación sexual y el aborto legal y seguro; reitera su llamamiento a la Unión y sus Estados miembros para que colmen la brecha de financiación dejada por los Estados Unidos en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en particular a través de fondos expresamente destinados a garantizar el acceso al control de natalidad y al aborto seguro y legal, recurriendo a los fondos para el desarrollo tanto nacionales como de la Unión;

20.  Condena todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTI, en particular la tipificación como delito de la homosexualidad en algunos terceros países; pide al SEAE que fomente y aumente a escala mundial la concienciación en relación con los derechos de las personas LGBTI mediante las acciones exteriores de la Unión a efectos de erradicación de la discriminación que sufren a diario;

21.  Subraya que los estereotipos de género son una de las principales causas de las violaciones de los derechos de las mujeres y de las desigualdades entre hombres y mujeres, y pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen nuevas campañas de concienciación para combatir la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, el ciberacoso y los estereotipos de género; hace hincapié en la importancia de que se incluya a hombres y niños en estas campañas de concienciación, en calidad tanto de grupos objetivo como de agentes del cambio;

22.  Señala que la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social es más elevada entre las mujeres, y pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos encaminados a aplicar medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco de sus políticas de desarrollo.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación	6.11.2017
Resultado de la votación final	+: –: 0:	14 7 1
Miembros presentes en la votación final	Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Arne Gericke, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Niebler, Marijana Petir, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Jana Žitňanská
Suplentes presentes en la votación final	Kostadinka Kuneva, Edouard Martin, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward
Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final	Ulrike Müller, Gabriele Preuß

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

14	+
ALDE	Ulrike Müller
GUE/NGL	Malin Björk, Kostadinka Kuneva
PPE	Anna Maria Corazza Bildt
S&D	Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Gabriele Preuß, Marc Tarabella, Julie Ward
VERTS/ALE	Florent Marcellesi, Terry Reintke, Jordi Solé

7	-
ECR	Arne Gericke, Jana Žitňanská, Mylène Troszczynski, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

1	0
PPE	Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación	13.11.2017
Resultado de la votación final	+: –: 0:	43 1 3
Miembros presentes en la votación final	Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano
Suplentes presentes en la votación final	Ana Gomes, Urmas Paet, Soraya Post, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko
Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final	Ignazio Corrao, Liliana Rodrigues, Renate Weber

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

43	+
ALDE	Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber
ECR	Charles Tannock
EFDD	Ignazio Corrao
GUE/NGL	Marie-Christine Vergiat
PPE	Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica
S&D	Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Elena Valenciano
VERTS/ALE	Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

1	–
NI	Janusz Korwin-Mikke

3	0
EFDD	James Carver
GUE/NGL	Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones