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Textos aprobados
Jueves 12 de marzo de 2009 - EstrasburgoEdición definitiva
Mejores carreras y más movilidad: una Asociación Europea para los Investigadores
 Protección de los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de vídeo
 Desarrollo de un espacio aéreo común con Israel
 Plan de recuperación plurianual para el atún rojo*
 Situación en Sri Lanka
 Deterioro de los terrenos agrícolas en la UE, en particular en la Europa meridional: la respuesta a través de los instrumentos de la política agrícola de la Unión Europea
 Participación de los trabajadores en empresas con un estatuto europeo
 Niños de padres migrantes
 Informe 2008 sobre los progresos realizados por Croacia
 Informe 2008 sobre los progresos realizados por Turquía
 Informe 2008 sobre los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia
 Mandato del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
 V Foro Mundial del Agua (Estambul, 16-22 de marzo de 2009
 Ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana
 Aplicación de la zona única de pagos en euros (ZUPE)
 Asociación Estratégica UE-Brasil
 Asociación Estratégica UE-México
 Quincuagésimo aniversario del levantamiento nacional del Tíbet y diálogo entre Su Santidad el Dalai Lama y el Gobierno chino
 Guinea-Bissau
 Filipinas
 Expulsión de las ONG de Darfur

Mejores carreras y más movilidad: una Asociación Europea para los Investigadores
PDF 126k   DOC 55k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre "Mejores carreras y más movilidad: una Asociación Europea para los Investigadores" (2008/2213(INI) )
P6_TA(2009)0125 A6-0067/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de mayo de 2008, titulada "Mejores carreras y más movilidad: una Asociación Europea para los Investigadores" (COM(2008)0317 ) y los documentos de trabajo de la Comisión que la acompañan, en concreto la evaluación de impacto (SEC(2008)1911 ) y el resumen de ésta (SEC(2008)1912 ),

–   Vista la Decisión del Consejo 2006/973/CE, de 19 de diciembre de 2006, relativa al programa específico "Personas" por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013)(1) ,

–   Visto del dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 3 de diciembre de 2008(2) ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 20 de junio de 2001, titulada "Una estrategia de movilidad para el espacio Europeo de investigación" (COM(2001)0331 ) y la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 18 de julio de 2003, titulada "Los investigadores en el espacio europeo de la investigación: una profesión con múltiples carreras" (COM(2003)0436 ), así como la Recomendación de la Comisión 2005/251/CE, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores(3) ,

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0067/2009 ),

A.   Considerando que Europa necesita más investigadores con capacidad para desarrollar investigación de alto nivel, entre otras cosas, ya que son indispensables para incrementar la productividad y la competitividad y contribuir al logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

B.   Considerando que para contribuir a cubrir la carencia de investigadores es necesario facilitar el retorno de científicos europeos que trabajan fuera de la Unión Europea y facilitar la entrada de científicos provenientes de terceros países que deseen trabajar en la Unión Europea,

C.   Considerando que reviste una enorme importancia ofrecer unas carreras atractivas a los investigadores en la Unión Europea, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos humanos altamente cualificados y de atraer este tipo de recursos de terceros países,

D.   Considerando que la Unión Europea debe hacer frente a las tendencias económicas adversas centrándose en la educación y la investigación, y que ya desde ahora debe realizar todos los esfuerzos que se impongan para garantizar el empleo, la seguridad y la movilidad de los investigadores para que puedan quedarse en la Unión Europea,

E.   Considerando que la movilidad de los investigadores es uno de los factores principales a la hora de velar por la plena puesta en marcha del Espacio Europeo de Investigación (EEI),

F.   Considerando que para que Europa pueda asegurar un buen desarrollo del sector de la investigación, es preciso garantizar la libre circulación de investigadores; considerando a este respecto, que una cooperación armonizada entre los Estados miembros, así como entre los sectores público y privado, es por lo tanto crucial,

G.   Considerando que, en muchos casos, existe una disponibilidad limitada de información sobre las oportunidades de empleo para investigadores, ya que muchos de los concursos se celebran con carácter interno dentro de los institutos de investigación,

H.   Considerando que la fuerza de trabajo en el sector de la investigación en Europa está envejeciendo y que, por lo tanto, se requieren con urgencia iniciativas destinadas a ofrecer carreras de investigación atractivas a los jóvenes, especialmente a las mujeres,

I.   Considerando que el sistema de promoción científica en muchos institutos de investigación sigue siendo rígido y está basado en la antigüedad en lugar de en los méritos de los investigadores,

J.   Considerando que la complejidad de los procedimientos de solicitud y la ausencia de conocimientos administrativos, relacionados, por ejemplo, con la forma de cumplimentar formularios en un idioma extranjero y el registro de patentes, desaniman a los investigadores a la hora de participar en los proyectos de movilidad,

K.   Considerando que en muchas universidades no se ha reconocido todavía la importancia de compartir el conocimiento con el sector industrial, la comunidad comercial y la sociedad, lo que entraña una falta de vínculos con el mundo empresarial y un debilitamiento de la competitividad en la Unión Europea,

L.   Considerando que los conocimientos lingüísticos desempeñan un papel importante en la movilidad de los investigadores, lo que fomenta la movilidad hacia países con lenguas más difundidas y deja a otros países menos oportunidades de beneficiarse de la labor de los investigadores que practican la movilidad,

M.   Considerando que la movilidad es un elemento esencial de la formación doctoral, ya que permite acumular más experiencia y ofrece mayores oportunidades de desarrollo de la carrera,

N.   Considerando la importancia de la movilidad a la hora de ayudar a algunos Estados miembros a superar sus dificultades al formar a sus propios jóvenes investigadores en sectores sin masa crítica de estudiantes de doctorado o de infraestructuras de investigación adecuadas,

O.   Considerando que debe mejorarse la cooperación entre institutos de investigación, empresas y el sector industrial, con el fin de garantizar el intercambio de conocimientos, una mayor innovación y un uso más eficiente de la financiación,

P.   Considerando que la participación en los programas de investigación de la UE es una forma excelente de promover las carreras de los investigadores, ya que permite la competencia a escala internacional, el acceso a redes de investigación multinacionales y una mayor financiación para la mejora de sus propias instalaciones de investigación,

Q.   Considerando que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la mayoría de ámbitos de la ciencia y la ingeniería y en los puestos de responsabilidad,

Contratación abierta y posibilidad de transferir las subvenciones

1.   Acoge favorablemente y respalda la iniciativa de la Comisión relativa a una asociación europea para investigadores y considera que las actividades propuestas deben ser eficaces a la hora de superar los principales obstáculos a la realización de un EEI;

2.   Subraya que, para tener un sistema europeo de investigación de clase mundial a través de una asociación inclusiva entre la Comisión y los Estados miembros, todos los socios a nivel regional, nacional y europeo deben contribuir plenamente;

3.   Subraya la necesidad de asumir una serie de compromisos en relación con la iniciativa propuesta mediante la adopción de propuestas concretas y garantizar la rápida continuidad de los objetivos del citado programa específico "Personas";

4.   Pide que se mejore la disponibilidad y la transparencia de la información sobre las oportunidades de contratación para investigadores, y solicita una mayor apertura en los procedimientos de contratación por parte de las instituciones públicas; considera que la información sobre contratación debe publicarse en la página web de los respectivos institutos de investigación y en la página web de EURAXESS;

5.   Señala la necesidad futura de definir e implantar un único modelo comunitario de carrera en el ámbito de la investigación, así como de instaurar un sistema integrado de información sobre ofertas de puestos de trabajo y sobre contratos de prácticas en materia de investigación en la Unión Europea, y considera que ello es esencial para crear un mercado único de trabajo para los investigadores;

6.   Subraya además, en el contexto de la necesaria contribución de todos los socios, la importancia, por una parte, de la determinación de los Estados miembros para participar en el proceso y, por otra, de la responsabilidad de la Comisión para contribuir al proceso y a la acción entre todos los socios, produciendo y difundiendo material de apoyo y una información precisa, y posibilitando un intercambio de las mejores prácticas;

7.   Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen normas para el reconocimiento mutuo de cualificaciones de investigación y, en particular, de cualificaciones no oficiales;

8.   Reitera la importancia de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) para el aprendizaje permanente(4) , y pide a la Comisión que anime y asista a los Estados miembros en la elaboración de sus propios marcos nacionales de cualificaciones para conectar con el MEC antes de 2010;

9.   Insta a los Estados miembros a reanudar sus esfuerzos en pro de la aplicación de los principios establecidos en la Carta Europea del Investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores, mencionados anteriormente;

10.   Insta a los Estados miembros y las instituciones públicas dedicadas a la investigación a ofrecer los servicios necesarios de apoyo a los investigadores, simplificando los procedimientos de solicitud y facilitando el acceso de los investigadores a la financiación, entre otros, mediante subvenciones individuales que aumenten la libertad de los investigadores para dedicarse a temas de investigación de su elección; pide a este respecto a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen la existencia de unos formularios uniformes de solicitud de movilidad para los investigadores;

11.   Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los programas de movilidad y asociación con terceros países, como Erasmus Mundus, en el contexto de la interacción en la carrera y los requisitos de movilidad de todos los investigadores participantes;

12.   Anima a los Estados miembros y a la Comisión a que examinen las condiciones necesarias para introducir el traslado de las becas individuales de investigación cuando ello habilite a las entidades financiadoras a cubrir mejor sus necesidades de investigación y a los investigadores a tener acceso a instalaciones de investigación no disponibles en sus instituciones de origen; considera que este examen debería abordar, en particular, las consecuencias del traslado para las instituciones de investigación de los Estados miembros y la amenaza de una "distribución desigual de los investigadores" dentro de la Unión Europea, desde terceros países y hacia estos;

13.   Considera que el aumento de la movilidad de los investigadores y el incremento de los recursos de las instituciones que atraigan investigadores de otros Estados miembros estimulará los centros de excelencia y difundirá dicha excelencia en toda la Unión Europea;

14.   Destaca la importancia de abrir por completo y dar transparencia a los procesos de selección y promoción de investigadores e investigadoras; pide a los Estados miembros que velen por un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos responsables de la contratación y promoción de investigadores;

15.   Considera que debería darse prioridad a la movilidad de los investigadores en Europa, a fin de asegurar que se difundan los conocimientos y que la investigación en ámbitos innovadores de diversas disciplinas atraiga a investigadores competentes y dedicados y mayores recursos financieros;

16.   Pide que se faciliten los intercambios con científicos e investigadores de países terceros, estableciendo mecanismos tales como visados especiales para investigadores;

17.   Considera que para lograr una mayor movilidad es necesario reforzar el interés y los beneficios de las instituciones de investigación y universidades en relación con la acogida de investigadores de otros Estados miembros por medio de un sistema de "vales de investigación"; considera que estos vales de investigación transferirían fondos para los investigadores y se trasladarían con aquellos que participen en instituciones de investigación de Estados miembros distintos del suyo; considera además que esta ayuda adicional a la movilidad complementaría los programas actuales de financiación y que, además, los vales de investigación serán un incentivo para que los Estados miembros y las entidades de investigación compitan por atraer a los científicos de mayor talento;

Responder a las necesidades de los investigadores móviles en materia de seguridad social y pensiones complementarias

18.   Insta a la Comisión y a los Estados miembros a explorar la posibilidad de crear un Fondo de Pensiones Europeo para investigadores, independientemente de la duración del contrato de investigación;

19.   Recuerda que un Estado miembro sólo puede elaborar un plan de acción nacional completo que lleve a una asociación europea plena si incluye los puntos de vista de los investigadores, las instituciones nacionales de investigación y las partes interesadas en la política de investigación;

Condiciones de empleo y de trabajo atractivas

20.   Pide a los Estados miembros y a las instituciones públicas dedicadas a la investigación que pongan a disposición de los investigadores de otros países los servicios de apoyo necesarios, incluido el acceso al alojamiento, a las escuelas y a los servicios de atención a la infancia; considera que estos servicios deberían anunciarse en todas las páginas web dedicadas a la contratación de investigadores;

21.   Pide una mayor flexibilidad en las condiciones laborales tanto de las investigadoras como de los investigadores, con el fin de permitirles combinar el trabajo con la vida familiar, y solicita que se elimine la diferencia de retribución entre los investigadores y las investigadoras;

22.   Pide a los Estados miembros que adopten medidas para facilitar la reunión de las familias en caso de que ambos cónyuges sean investigadores;

23.   Insta a los Estados miembros, con el fin de impedir una "fuga de cerebros" en la UE, a que aprovechen mejor las oportunidades ofrecidas por los sistemas de financiación del mencionado programa específico "Personas"; pide a los Estados miembros que aumenten el atractivo para los investigadores de regresar a sus instituciones de origen mediante un aumento salarial o la oferta de beneficios adicionales que garanticen que las condiciones económicas son comparables a las que se disfrutaron durante el período de movilidad;

24.   Solicita a los Estados miembros y las instituciones públicas dedicadas a la investigación que mejoren las carreras de los investigadores mediante el fomento de reformas que incrementen la competitividad del mercado laboral de la investigación y reduzcan las limitaciones existentes por afiliaciones institucionales; considera que, en relación con el empleo, los investigadores deberían poder contabilizar a su favor las estancias de investigación en centros de enseñanza extranjeros;

25.   Expresa su preocupación por la falta de contratos flexibles para investigadores con experiencia o en el final de sus carreras, circunstancia que obstaculiza su movilidad e inhibe el adecuado intercambio de conocimientos y experiencias; lamenta que falten a menudo en el sector privado acuerdos similares a los del sector público para el tratamiento y la gestión del personal;

26.   Pide a los Estados miembros que faciliten la participación en el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)(5) mediante el establecimiento de servicios de apoyo eficientes, en particular puntos de contacto nacionales, a fin de aprovechar mejor las oportunidades de cofinanciación;

27.   Pide a los Estados miembros y a las instituciones públicas dedicadas a la investigación que incentiven la movilidad, por ejemplo mediante la consideración de la movilidad como un mérito de peso en relación con el empleo y los ascensos en la carrera para investigadores tras regresar de estancias en otros Estados miembros;

28.   Considera que los Estados miembros deben seguir incrementando sus presupuestos de investigación, con el objetivo de crear puestos de trabajo de calidad que se ajusten a los principios éticos básicos y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

Mejorar la formación, las cualificaciones y la experiencia de los investigadores europeos

29.   Alienta a los Estados miembros a que reconozcan la experiencia de los investigadores en el sector industrial como un activo valioso para el ascenso en sus carreras, con el fin de mejorar la movilidad entre los sectores privado y público;

30.   Solicita a los Estados miembros que inviertan en investigación aplicada y establezcan una mejor colaboración entre las universidades, las entidades de investigación y el sector privado;

31.   Insta a los Estados miembros a que mejoren las oportunidades de carrera para los jóvenes investigadores, por ejemplo en términos de mayor financiación y posibilitando la promoción en la carrera sobre la base de méritos que no sean la antigüedad, como la capacidad de innovación y los períodos de formación en empresas;

32.   Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que examinen la situación legal de los estudiantes de doctorado en los Estados miembros, a fin de explorar la posibilidad de introducir un estatuto uniforme para dichos estudiantes en la legislación laboral de los Estados miembros;

33.   Insta a los Estados miembros a que promuevan el refuerzo de las perspectivas de carrera de los jóvenes investigadores mediante el apoyo a la formación interdisciplinar y el reconocimiento del valor de la movilidad interdisciplinar, entre otros;

34.   Pide a los Estados miembros que favorezcan la innovación mediante la promoción de la movilidad interdisciplinar, multidisciplinar e internacional de los investigadores de alto nivel, entre otras cosas, para contribuir al avance de las actividades didácticas destinadas a los investigadores jóvenes;

35.   Recomienda encarecidamente una mejor formación para los investigadores durante sus carreras, con el fin de incrementar su empleabilidad y sus oportunidades de promoción;

36.   Subraya que los cimientos de una investigación sobresaliente en una sociedad del conocimiento se colocan en la escuela; pide por tanto a los Estados miembros que cumplan sus compromisos presupuestarios en el ámbito de la educación;

37.   Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen la importancia concedida a la investigación científica en el presupuesto general, con arreglo al compromiso contraído de alcanzar el 3 % de crecimiento y formar a 600 000 investigadores más, de media, para 2010;

38.   Subraya que debe prestarse especial atención a los estudiantes de doctorado, dado que, en general, estos estudios constituyen el punto de partida de las carreras de investigación; considera que la movilidad de los jóvenes investigadores, particularmente entre redes de excelencia, aumentaría su potencial de contribución al desarrollo de la investigación en Europa;

39.   Insta a los Estados miembros a que respalden unos mejores vínculos y movilidad de investigadores y gestores entre la comunidad académica y el sector industrial, fomentando programas específicos tales como el programa CIFRE ("Conventions Industrielles de Formation par la Recherche ") existente en Francia;

40.   Opina que una intensificación de los intercambios en el marco de los programas pertinentes de educación superior de la UE, con la investigación como punto central, preparará a las generaciones de futuros investigadores europeos y dinamizará el sector de la investigación;

o
o   o

41.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 400 de 30.12.2006, p. 271-299.
(2) DO C 175 de 22.3.2005, p. 67.
(3) DO L 75 de 22.3.2005, p. 67.
(4) DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
(5) DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.


Protección de los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de vídeo
PDF 99k   DOC 58k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la protección de los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de vídeo (2008/2173(INI) )
P6_TA(2009)0126 A6-0051/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de abril de 2008, sobre la protección de los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de videojuegos(COM(2008)0207 ),

–   Vista la Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2002, sobre la protección de los consumidores, en especial los jóvenes, mediante el etiquetado de determinados juegos de vídeo y de ordenador, por grupos de edad(1) ,

–   Vista la Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea(2) ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, sobre un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital (COM(2007)0833 ),

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación, y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0051/2009 ),

A.   Considerando que los juegos de vídeo son ampliamente –y cada vez más– populares en Europa y que el mercado de los juegos de vídeo crece rápidamente,

B.   Considerando que los juegos de vídeo son predominantemente no violentos y proveen a sus usuarios de un entretenimiento que contribuye a menudo al desarrollo de diversas cualificaciones y del conocimiento,

C.   Considerando que los juegos de vídeo en el pasado solían estar orientados a los menores, pero que hoy día se desarrolla un mayor número de juegos de vídeo especialmente para adultos,

D.   Considerando que el mercado de los juegos de vídeo es mundial,

E.   Considerando que pertenece al ámbito de competencia de los Estados miembros decidir sobre medidas destinadas a restringir las ventas de juegos de vídeo o a prohibirlos,

F.   Considerando que la protección de la salud mental de los niños requiere una tolerancia cero y medidas drásticas contra toda violación de las disposiciones de protección de menores relacionada con los juegos de vídeo,

1.   Acoge con satisfacción la Comunicación arriba mencionada de la Comisión sobre la protección de los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de vídeo;

2.   Destaca la contribución del sector de los juegos a la consecución de los objetivos de la agenda de Lisboa y subraya las facetas multiculturales de muchos juegos;

3.   Destaca que los juegos de vídeo son un gran estimulante que, además de como entretenimiento, también pueden utilizarse con fines educativos; considera que las escuelas deben prestar atención a los juegos de vídeo e informar a niños y padres sobre los beneficios y las desventajas que pueden tener los juegos de vídeo;

4.   Subraya que los juegos de vídeo representan una de las actividades lúdicas preferidas de los ciudadanos de todas las edades y extracciones sociales; reconoce el valor formativo de los videojuegos, incluso para facilitar el acercamiento de los menores a las nuevas tecnologías; comparte, no obstante, la preocupación de la Comisión sobre los posibles peligros que plantea su uso incorrecto por parte de los menores;

5.   Opina que los juegos de vídeo pueden estimular el aprendizaje de hechos y aptitudes como el razonamiento estratégico, la creatividad, la cooperación y el pensamiento innovador, que son aptitudes importantes en la sociedad de la información;

6.   Subraya los efectos beneficiosos de los juegos de vídeo en la medicina y, en particular, que la llamada "terapia de videojuegos" ha demostrado ser eficaz para la rehabilitación de pacientes con accidentes cerebrovasculares, personas con lesiones traumáticas cerebrales, personas con problemas musculares y niños autistas;

7.   Opina que la armonización de las normas de etiquetado para los juegos de vídeo aseguraría un mejor conocimiento de los sistemas de etiquetado y fomentaría al mismo tiempo el funcionamiento efectivo del mercado interior; acoge con satisfacción, por lo tanto, el trabajo del Consejo y de la Comisión para promover la adopción de normas de etiquetado a escala comunitaria para los juegos de vídeo y para crear un código de conducta voluntario sobre los juegos interactivos destinados a los niños;

8.   Observa que las condiciones de mercado han cambiado perceptiblemente, pasándose de una situación en que los juegos de vídeo se compraban predominantemente en tiendas y se usaban en un ordenador o una consola, a la situación actual, donde los juegos se pueden adquirir y descargar de Internet;

9.   Observa que los juegos de vídeo pueden jugarse en diversas plataformas, como las consolas de juego y los ordenadores personales, pero también, y cada vez más, en dispositivos móviles, como el teléfono móvil;

10.   Recuerda que los juegos de vídeo se están haciendo más interactivos o incluso tienen un contenido dinámico que permite a los usuarios desarrollar ellos mismos partes del juego; observa que los usuarios pueden participar cada vez más en foros de debate, en charlas tanto textuales como vocales, y en comunidades integradas en determinados juegos de vídeo; recuerda la diferenciación en el mercado con un mayor número de juegos diseñados especialmente para adultos;

11.   Opina que las tendencias recientes acentúan la importancia de asegurar una protección adecuada de los menores, entre otras medidas, impidiendo que éstos puedan acceder a contenidos nocivos;

12.   Recuerda que el control parental es cada vez más difícil, puesto que los juegos de vídeo en línea no se distribuyen en un paquete físico con una etiqueta clara y fácilmente legible, y debido a que los niños pueden, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres, descargar juegos de vídeo que no son convenientes para su edad;

13.   Señala que, si bien la violencia en los videojuegos no lleva automáticamente a un comportamiento violento, algunos expertos opinan que la exposición duradera a escenas de brutalidad en los videojuegos puede tener un impacto negativo en las personas que los practican, pudiendo llevar a un comportamiento violento; señala, por consiguiente, que debe adoptarse un enfoque de cautela a la hora de estudiar el impacto de los videojuegos en el comportamiento, y especialmente en el comportamiento de los niños;

14.   Destaca que la adicción es un problema para ciertos jugadores; pide a los productores, minoristas, padres y otros interesados que tomen medidas para evitar los efectos negativos;

15.   Subraya que el desarrollo actual aumenta la necesidad de unos sistemas efectivos de verificación de la edad para los juegos y particularmente para los juegos en línea;

16.   Opina que se han de explorar varios enfoques de cara a reforzar el control de los juegos de vídeo, si bien reconoce al mismo tiempo que probablemente ninguno de estos sistemas va a garantizar en términos absolutos que los niños no accederán a juegos de vídeo inapropiados;

17.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploren, en cooperación con el sector industrial correspondiente, el interés del desarrollo de un "botón rojo" que pudiera incluirse en consolas o dispositivos de juego y ordenadores (portátiles) y estuviera destinado a bloquear ciertos juegos o que pudiera controlar el acceso a un juego durante ciertas horas o a determinadas partes de un juego;

18.   Pide que se lleven a cabo mayores esfuerzos en este sentido, incluida la posibilidad de integrar una advertencia acústica en el sistema de clasificación por edades de Información Paneuropea sobre Juegos (PEGI), y cuenta con que el sector profesional de juegos incluya sistemáticamente modelos de acceso para los juegos en línea, con objeto de garantizar que los menores no estén expuestos a contenidos nocivos en línea;

19.   Subraya la importancia de unas medidas de control adecuadas para las compras en línea relativas a los juegos de vídeo, incluidas las compras para las que se utilizan tarjetas de crédito o vales;

20.   Opina que la evolución relativa a los juegos de vídeo, y en especial los juegos de vídeo en línea, requiere más conciencia pública acerca del contenido de los juegos de vídeo, del control parental y de instrumentos como el sistema PEGI; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el sector para poner en práctica un sistema de autorregulación;

21.   Acoge con satisfacción el sistema PEGI online, que viene a ser la continuación lógica del sistema PEGI e informa sobre juegos de vídeo puestos a disposición a través de Internet, como juegos para descargar o en línea; apoya que la Comisión continúe su cofinanciación a través del Programa Safer Internet, cuyo objetivo es abarcar los temas relacionados con el uso seguro de Internet por parte de los niños y con las nuevas tecnologías en línea; pide a la Comisión, en relación con el programa Safer Internet, que promueva un estudio sistemático de los efectos de los videojuegos en los menores;

22.   Acoge con satisfacción el trabajo del Consejo de Europa para establecer directrices sobre los juegos de vídeo, así como para fomentar los conocimientos entre los menores acerca de la seguridad en Internet en general;

23.   Considera necesario organizar a escala nacional campañas de información y concienciación de los consumidores, en particular de los padres, a fin de ayudarles en la elección de videojuegos apropiados para las necesidades de sus hijos en función de su edad y conocimientos, evitando los productos que carezcan de un etiquetado adecuado; incita a los Estados miembros a que compartan las mejores prácticas en este ámbito;

24.   Opina que el sistema PEGI para la valoración de los juegos es una herramienta importante que ha aumentado la transparencia para los consumidores, especialmente para los padres, a la hora de comprar juegos, permitiéndoles tomar una decisión con conocimiento de causa sobre si un juego es conveniente para menores; lamenta, sin embargo, que muchos consumidores, y especialmente padres, no parezcan tener un conocimiento suficiente sobre los juegos de vídeo y los posibles efectos de los mismos en los menores;

25.   Pide a la Comisión que proponga medidas que contribuyan a un entorno de juego más seguro para los videojuegos en línea, incluyendo métodos innovadores para evitar que los menores accedan a videojuegos de contenido inadecuado para ellos;

26.   Pide a los Estados miembros que continúen cooperando estrechamente para promover la protección de los menores; pide a las industrias de consolas y de juegos de vídeo que sigan mejorando los sistemas PEGI y PEGI online, y, en particular, que actualicen periódicamente los criterios de evaluación y etiquetado por edad, para llevar a cabo una publicidad más activa de PEGI y aumentar la lista de signatarios; exhorta a los Estados miembros a que se aseguren de que ningún sistema nacional de evaluación se desarrolla de una manera que lleve a la fragmentación del mercado;

27.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con las organizaciones de consumidores y otros interesados para, mediante campañas de información, hacer más conscientes a los consumidores, especialmente a los consumidores jóvenes y a sus padres de los sistemas de clasificación existentes y en particular el sistema PEGI; subraya la importancia de proporcionar esta información en las escuelas;

28.   Insta a los Estados miembros a que pongan en marcha acciones de información destinadas a los padres y profesores, a fin de cerrar la brecha tecnológica generacional y de promover el sistema PEGI y los sistemas PEGI online, así como de fomentar una utilización más segura y responsable de las nuevas tecnologías, incluidos los videojuegos;

29.   Pide a la Comisión que facilite el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades educativas nacionales competentes a corto plazo, con vistas a incluir la alfabetización en el uso de juegos entre los objetivos educativos de la enseñanza primaria y secundaria; pide a todas las partes interesadas que lleven a cabo un intercambio regular de experiencias y de información, con objeto de desarrollar las mejores prácticas en materia de juegos de vídeo;

30.   Subraya que actualmente no todos los Estados miembros tienen normas que aseguren que los minoristas restringen la venta de videojuegos violentos a los adultos, y pide a los dueños de los cibercafés que eviten en sus cafés que los menores jueguen con juegos que están clasificados para un nivel de edad mayor; hace referencia a la encuesta de Eurobarómetro "Hacia un uso más seguro de Internet para los niños de la Unión Europea - perspectiva de los padres"(3) , publicado el 9 de diciembre de 2008 y en la que se estima que el 3,2 % de los menores de entre 6 y 17 años acceden a Internet en los cibercafés sin la supervisión de un adulto; considera que es necesario un planteamiento común sobre sanciones severas para minoristas y propietarios de cibercafés; pide por lo tanto a los Estados miembros que establezcan medidas adecuadas para impedir que los menores compren y utilicen juegos clasificados para edades superiores, por ejemplo a través de un control de la identidad; apoya la propuesta de la Comisión de introducir un código de conducta paneuropeo para los minoristas y los productores de juegos de vídeo con el fin de impedir la venta de juegos de vídeo violentos y perjudiciales a los menores;

31.   Pide a los Estados miembros que elaboren una legislación ad hoc, civil y penal, relativa a la venta de videojuegos violentos para televisor, consola u ordenador; considera que deben tenerse especialmente en cuenta los juegos en línea que están dirigidos fundamentalmente a niños y jóvenes con el objetivo de generar ganancias;

32.   Pide a la Comisión que ponga freno, con medidas legislativas concretas, al abuso de los juegos en línea para actividades comerciales deshonestas, como las que inducen a los usuarios menores de edad a asumir compromisos legales (por ejemplo, a través de suscripciones automáticas o programas subrepticios de marcación a números telefónicos de alto coste) y que envían mensajes promocionales desleales (por ejemplo, colocación de productos u otras técnicas de mercado furtivas);

33.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con las autoridades en otras partes del mundo para fomentar la adopción de directrices, sistemas de etiquetado y códigos de conducta internacionales a fin de promover sistemas mundiales de clasificación para juegos de vídeo y juegos en línea;

34.   Opina que se ha de animar a la industria a que siga desarrollando y mejorando los sistemas de autorregulación, y que actualmente no se necesita ninguna legislación a escala de la UE en este ámbito;

35.   Recuerda cuán importante es que los medios de comunicación fomenten una conducta de responsabilidad entre los padres y limiten la publicidad de los juegos de vídeo para adultos a horarios en los que menos cantidad de menores vean la televisión;

36.   Considera que las autoridades públicas responsables de la prohibición de los juegos de vídeo deben informar a sus homólogos de otros Estados miembros y publicar la prohibición en el sistema PEGI mediante el envío de un mensaje automático de alerta;

37.   Pide a la Comisión que apoye, en el marco del Programa MEDIA y de los mecanismos nacionales de exención fiscal, los nuevos desarrollos en este sector de la economía del conocimiento creativo, que crece con especial rapidez, en particular fomentando los elementos educativos, multimediáticos y culturales de los videojuegos, y mediante los correspondientes cursos y oportunidades de formación;

38.   Pide a la Comisión que elabore directrices para evitar posibles conflictos de intereses dentro de las instituciones de clasificación y para proteger la independencia de estas organizaciones respecto a grupos de interés relacionados con el sector;

39.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 65 de 14.3.2002, p. 2.
(2) DO L 378 de 27.12.2006, p. 72.
(3)1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf.


Desarrollo de un espacio aéreo común con Israel
PDF 67k   DOC 33k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el desarrollo de un espacio aéreo común con Israel (2008/2136(INI) )
P6_TA(2009)0127 A6-0090/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2007, titulada "Desarrollo de un espacio aéreo común con Israel" (COM(2007)0691 ),

–   Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre el desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación(1) ,

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0090/2009 ),

A.   Considerando que la convergencia de las normas es una condición previa para la conclusión con éxito de acuerdos aéreos globales, especialmente en lo que concierne a la reglamentación sobre seguridad, competencia, ayudas estatales, medio ambiente y derechos laborales de los trabajadores,

B.   Considerando que, al negociar un acuerdo global de transporte aéreo con Israel, la Comisión tiene que basarse en los conocimientos y la información de los Estados miembros y otras partes interesadas y debe contar con la participación de todos ellos antes, durante y después de las negociaciones,

C.   Considerando que Israel es el mercado más importante de la aviación en Oriente Próximo, con un fuerte potencial de crecimiento; considerando también su posición estratégica como puente entre Europa y Oriente Próximo y hacia regiones más alejadas,

1.   Acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones con Israel sobre un acuerdo global de transporte aéreo;

2.   Subraya la importancia del acuerdo para la creación de las condiciones necesarias para la ampliación del espacio aéreo común con Israel;

3.   Subraya que el acuerdo no debe limitar el nivel de acceso a los mercados ya alcanzado en los acuerdos bilaterales existentes;

4.   Subraya que el acuerdo debe ser equilibrado en términos de acceso al mercado y que, además, la apertura de los mercados debe ser gradual, recíproca y sostenible;

5.   Subraya que la apertura de los mercados debe seguir siempre la convergencia de la reglamentación en materia de seguridad, medio ambiente, ayudas estatales y aspectos jurídicos de la competencia y también de derechos laborales de los trabajadores, y que el grado de liberalización tiene que estar ligado al grado de realización de una situación equitativa en estos ámbitos;

6.   Reconoce que en el caso de las rutas aéreas de largo y medio recorrido, el sector de la aviación es la forma más rápida para conectar países, lugares y personas y seguirá siendo el medio de transporte más atractivo en términos de velocidad y coste en el futuro;

7.   Reconoce la importante contribución del sector de la aviación a la creación de trabajo, tanto directa como indirectamente, en particular al enlazar lugares del mundo donde no se dispone hoy en día de ningún otro medio de transporte competitivo; alienta, sin embargo, la utilización y el desarrollo de la intermodalidad y otros medios de transporte;

8.   Reconoce que el sector de la aviación tiene algunos efectos negativos para el medio ambiente, en particular como fuente de ruido y por su importante contribución a las emisiones contaminantes, por lo que considera esencial que el acuerdo permita la posibilidad de adoptar medidas dentro de la Unión Europea con respecto a las cuestiones ambientales, a fin de mitigar el impacto de la aviación sobre el agua, la calidad del aire y los niveles de ruido;

9.   Subraya que el acuerdo debe prever normas estrictas de seguridad y protección aéreas;

10.   Subraya que las negociaciones deben llevarse a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros, que tienen los conocimientos específicos y la experiencia necesarios para contribuir a esas negociaciones;

11.   Pide a la Comisión que garantice que el Parlamento y todas las partes interesadas estén plenamente informados y se les consulte durante las negociaciones;

12.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como al Gobierno y al Parlamento del Estado de Israel.

(1) DO C 287 E de 24.11.2006, p. 84.


Plan de recuperación plurianual para el atún rojo*
PDF 91k   DOC 53k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo (COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS) )
P6_TA(2009)0128 C6-0081/2009

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo ,

−   Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0093 ),

−   Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0081/2009 ),

−   Visto el artículo 51 y el artículo 134 de su Reglamento,

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.   Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3.   Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.   Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)    El plan de recuperación de la CICAA anima a las partes contratantes a reducir voluntariamente sus capturas de atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo en 2009 como una manera de fomentar la recuperación de la población; algunas partes contratantes así lo han hecho.
Enmienda 4
Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra g
(g) "operación de pesca conjunta": toda operación entre dos o más buques de captura que enarbolen pabellón de distintos PCC o de distintos Estados miembros en la que la captura de uno de esos buques se atribuya a otro u otros de esos buques con arreglo a una clave de reparto;
(g) "operación de pesca conjunta": toda operación entre dos o más buques de captura que enarbolen pabellón de distintos PCC o de distintos Estados miembros o por buques que enarbolen el mismo pabellón en la que la captura de uno de esos buques se atribuya a otro u otros de esos buques con arreglo a una clave de reparto;
Enmienda 5
Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 3
El Estado miembro de pabellón podrá exigir que el buque se dirija de inmediato a un puerto por él designado cuando estime que la cuota del buque se ha agotado.
El Estado miembro de pabellón suspenderá la autorización para la pesca de atún rojo y podrá exigir que el buque se dirija de inmediato a un puerto por él designado cuando estime que la cuota del buque se ha agotado.
Enmienda 6
Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 1
1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2847/93, el capitán de todo buque pesquero comunitario contemplado en el artículo 14 del presente Reglamento o su representante deberá notificar a la autoridad competente del Estado miembro (incluido el Estado miembro de pabellón) o a las PCC cuyos puertos o instalaciones de desembarque deseen utilizar, al menos cuatro horas antes de la hora estimada de llegada al puerto, los siguientes datos:
1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2847/93, el capitán de todo buque pesquero comunitario contemplado en el artículo 14 del presente Reglamento o su representante deberá notificar a la autoridad competente del Estado miembro (incluido el Estado miembro de pabellón) o a las PCC cuyos puertos o instalaciones de desembarque deseen utilizar, al menos cuatro horas antes de la hora estimada de llegada al puerto o, cuando la distancia al puerto sea menor, al término de las operaciones de pesca y antes de iniciar el regreso , los siguientes datos:
Enmienda 7
Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a
a) hora estimada de llegada;
a) fecha, puerto y hora estimada de llegada;
Enmienda 8
Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a
a) la presencia de observadores a bordo de al menos un 20 % de sus buques de captura con cerco activos de más de 24 metros;
a) la presencia de observadores a bordo del 100 % de sus buques de captura con cerco activos de más de 24 metros;
Enmienda 9
Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra b
b) en las operaciones de pesca conjuntas, la presencia de un observador durante la operación de pesca.
b) en las operaciones de pesca conjuntas, la presencia de un observador en cada buque de captura durante la operación de pesca.

Situación en Sri Lanka
PDF 62k   DOC 31k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el deterioro de la situación humanitaria en Sri Lanka
P6_TA(2009)0129 B6-0140/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vistos el artículo 91 y el artículo 90, apartado 4, de su Reglamento,

A.   Considerando que un total estimado de 170 000 civiles se encuentran en situación de emergencia, atrapados en la zona de los combates entre el ejército de Sri Lanka y las fuerzas de los Tigres de Liberación de la Eelam Tamil (LTTE), sin acceso a la asistencia más básica,

B.   Considerando que las agencias de las Naciones Unidas han documentado más de 2 300 fallecimientos de civiles y un mínimo de 6 500 heridos desde el pasado enero de 2009,

1.   Pide que el ejército de Sri Lanka y los LTTE declaren un alto el fuego inmediato a fin de permitir que la población civil abandone la zona de los combates; condena todos los actos de violencia e intimidación, que están impidiendo que los civiles abandonen la zona de conflicto;

2.   Condena los ataques a civiles que ha documentado Grupo Internacional de Crisis;

3.   Invita a ambas partes a respetar el Derecho internacional humanitario y a proteger y ayudar a la población civil en la zona de los combates, así como en la zona de seguridad;

4.   Expresa su preocupación ante las noticias de grave hacinamiento y malas condiciones en los campos de refugiados establecidos por el Gobierno de Sri Lanka;

5.   Exige que se permita el acceso pleno y sin impedimentos de las organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, así como de los periodistas, a la zona de los combates y a los campos de refugiados;

6.   Invita al Gobierno de Sri Lanka a cooperar con los países y las organizaciones de ayuda que estén dispuestos a evacuar a los civiles y sean capaces de hacerlo;

7.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y al Gobierno de Sri Lanka , al Secretario General de las Naciones Unidas y, para información, a la Comisión.


Deterioro de los terrenos agrícolas en la UE, en particular en la Europa meridional: la respuesta a través de los instrumentos de la política agrícola de la Unión Europea
PDF 101k   DOC 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el desafío del deterioro de los terrenos agrícolas en la Unión Europea, en particular en la Europa meridional: la respuesta a través de los instrumentos de la política agrícola de la Unión Europea (2008/2219(INI) )
P6_TA(2009)0130 A6-0086/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, de 1994 y sobre la diversidad biológica, de 1992,

–   Vista su Posición aprobada en primera lectura el 14 de noviembre de 2007, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la protección del suelo(1) ,

–   Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008 sobre "Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea(2) ,

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0086/2009 ),

A.   Considerando que la actividad agrícola es un sector económico que depende fuertemente de los fenómenos naturales y, al mismo tiempo, presenta un considerable potencial de intervención,

B.   Considerando que la agricultura es el mejor medio para evitar la degradación de los suelos y que ello requiere una estrategia justificada que contribuya al mantenimiento de esta actividad,

C.   Considerando la función que desempeña la población agrícola de la Unión Europea en el combate contra la desertificación y el papel crucial de los productores de la Unión en el mantenimiento de la cobertura vegetal de las regiones afectadas por las persistentes sequías, así como el beneficio que aportan muy particularmente los cultivos permanentes, los prados y los cultivos silvícolas a la captación de agua,

D.   Considerando que especialmente en los suelos agrícolas del sur de Europa y de otras regiones de los Estados miembros se registra un proceso de deterioro del medio ambiente provocado por la interacción negativa de la actividad humana y de los fenómenos climáticos,

E.   Considerando que una agricultura hiperintensiva que explote excesivamente la tierra puede contribuir a la erosión del suelo, haciéndolo improductivo,

F.   Considerando que la desertificación está considerada actualmente uno de los fenómenos que amenazan en mayor medida los suelos en los países mediterráneos,

G.   Considerando que el suelo es la base de la producción destinada a la alimentación humana, de los piensos, de los textiles y de los combustibles, y que desempeña una importante función en la captura del CO2; considerando, no obstante, que los suelos se encuentran ahora más expuestos que nunca a daños irreversibles provocados por la erosión eólica y laminar, la contaminación, la salinización, la impermeabilización, el empobrecimiento en sustancias orgánicas y por su pérdida de biodiversidad,

H.   Considerando que ya se han observado efectos negativos como el desequilibrio hidrogeológico, la intrusión de agua marina en las capas freáticas costeras, la salinización del suelo, la pérdida de suelos agrícolas, la disminución de la biodiversidad, así como un incremento de la vulnerabilidad frente al riesgo de incendios y enfermedades de plantas y animales,

I.   Considerando que las modificaciones en la interacción entre el medio ambiente natural antrópico y el productivo tienen efectos importantes en los sistemas de explotación vegetal y animal, en la orientación productiva de los suelos y en la oferta de productos alimenticios, con evidentes repercusiones en la seguridad alimentaria, así como en la estructura social, cultural y económica de las zonas afectadas, como consecuencia del fenómeno del abandono, con efectos incluso desde el punto de vista hidrogeológico,

J.   Considerando que el regadío también sirve para mantener la humedad de los suelos y para recargar las capas freáticas, y que estos factores han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar la política agrícola común (PAC),

K.   Considerando que la escasez de agua y la sequía acentúan el aumento de los precios de las materias primas agrícolas, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un suministro estable de alimentos a la población,

L.   Considerando que la gestión de los sistemas agrícola y forestal ofrece oportunidades de intervención en el ciclo general del carbono, lo que puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,

M.   Recordando la existencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación antes citada, cuyo objetivo es luchar contra la desertificación de las tierras de cultivo y contra la sequía, así como el apoyo del Parlamento a esta Convención,

N.   Reconociendo que la Directiva marco sobre la política de aguas (Directiva 2000/60/CE(3) ) tiene un valor de dispositivo regulador y sirve de instrumento de base para la protección de los suelos, que promueve la cooperación interregional, el uso sostenible del agua y la protección de los recursos hídricos disponibles y contribuye al mismo tiempo a mitigar los efectos de las inundaciones y de la sequía,

O.   Considerando la necesidad de un enfoque integrado y multidisciplinario con el fin de evitar tener que buscar soluciones en condiciones de emergencia, lo que podría suponer otras consecuencias negativas y reacciones perjudiciales en cadena,

P.   Considerando la oportunidad de llevar a cabo un seguimiento de la situación por lo que concierne a la evolución de los actuales fenómenos y la aparición de nuevas situaciones de riesgo, mediante la especialización en el uso de sistemas de detección por satélite y de los modelos geológicos y bioquímicos (cartográficos),

Q.   Considerando el aumento de la frecuencia con que se producen condiciones meteorológicas extremas, con una alternancia de períodos de sequía y de lluvias intensas que aceleran los procesos de degradación de la litosfera, en especial en las regiones en las que el suelo es estructuralmente más vulnerable, tanto en el norte como en el sur de Europa,

R.   Considerando que se ha registrado un aumento a escala mundial de la demanda y de los precios de los productos alimenticios,

1.   Estima que entre las orientaciones y métodos de gestión de la PAC es necesario incluir expresamente algunos principios e instrumentos para la protección climática en general y para limitar los daños provocados por la degradación de los suelos, en particular;

2.   Subraya que la financiación comunitaria para las medidas adoptadas para permitir al sector agrícola adaptarse al cambio climático debe basarse en un enfoque territorial que tenga en cuenta el nivel de vulnerabilidad de las regiones de la Unión; indica que, de acuerdo con evaluaciones fiables efectuadas a escala internacional y europea, los suelos agrícolas del sur de Europa son más vulnerables frente al cambio climático;

3.   Lamenta la falta de visión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros cuando decidieron recortar la dotación para el desarrollo rural; constata que los recursos previstos en el segundo pilar son demasiado limitados para hacer frente a los nuevos desafíos derivados del cambio climático;

4.   Considera que los problemas actuales, incluidos la escasez de alimentos y de agua, el aumento de las temperaturas y la evapotranspiración y el riesgo de degradación del suelo, exigen la aplicación de unas políticas agrícolas nuevas, integrales y científicas aplicables a las condiciones climáticas del Mediterráneo; opina que, con la ayuda de las instituciones de la Unión y nacionales, estas políticas han de reflejar la investigación y el desarrollo de cultivos adaptados a los nuevos desafíos medioambientales, incluido el ahorro de agua, ofreciendo al mismo tiempo a los agricultores unos ingresos suficientes para que puedan mantener un nivel de vida europeo;

5.   Considera que, en la estrategia de conservación del suelo, los principios de la PAC relativos a las buenas condiciones agronómicas y ambientales deben favorecer sobre todo las acciones destinadas a verificar y mejorar el funcionamiento y la viabilidad ecológica de los sistemas de drenaje existentes, mediante la elaboración de planes de gestión del agua sostenibles y adaptados a las condiciones locales y asesorando a los agricultores de las zonas amenazadas por la sequía la siembra eficaz de cultivos adaptados al lugar y que reduzcan el consumo de agua;

6.   Defiende un mayor apoyo de la Unión a la mejora de la gestión del agua en las tierras agrícolas, para lo que sería necesario incentivar la introducción de sistemas de riego más eficientes, adaptados a los distintos cultivos, promover la investigación en la materia e impulsar el aprovechamiento de los avances biotecnológicos;

7.   Considera necesario crear "microembalses", gestionados mediante cooperativas, destinados al riego (albercas de colina) y a la lucha contra los incendios, ubicados preferentemente en zonas en las sea imposible el riego por gravedad, lo que ofrece mejores condiciones de coste de funcionamiento, utilizando también las aguas residuales tratadas con técnicas de fitodepuración o lagunaje;

8.   Indica la importancia de las terrazas para la lucha contra la erosión y para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, y considera que deberían tomarse medidas para el mantenimiento, restauración y construcción de terrazas;

9.   Considera que las intervenciones agrarias y forestales deben incluir programas de reforestación de los terrenos agrícolas marginales o contaminados, habida cuenta de que las raíces de los arbustos pueden garantizar el afianzamiento del estrato superior instable a la roca estable, que opera como substrato de depuración;

10.   Apoya la puesta en marcha de una política comunitaria en materia forestal que tenga como principal objetivo combatir el cambio climático;

11.   Considera además necesario impulsar intervenciones agrícolas que garanticen el mantenimiento de la masa vegetal con el fin de evitar la salinización de los cauces provocada por la erosión;

12.   Subraya que muchas variedades de arbustos mediterráneos presentan una buena resistencia al fuego y una gran capacidad de recuperación, por lo que sería oportuno valorizarlas teniendo en cuenta, además, que sus raíces son aptas a contrarrestar la erosión del suelo;

13.   Opina que, a este fin, deberían cultivarse variedades que necesitan menos agua o, en determinadas circunstancias, sustituir los cultivos de primavera por cultivos de invierno, que no sólo requieren menos riego, sino que también protegen más eficazmente a los suelos de la erosión al estar cubiertos por vegetación durante el período crítico de de invierno;

14.   Considera que los viveros locales pueden producir variedades mejor adaptadas a las condiciones ambientales y que, por lo tanto, sería oportuno incentivarlos con intervenciones específicas;

15.   Pide la aplicación de medidas en favor de la protección y la plantación de setos, en particular en las regiones donde se han perdido en los últimos años;

16.   Reconoce el importante papel que desempeñan los recursos fitogenéticos en la adaptación de la agricultura a las cambiantes condiciones climáticas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren programas para fomentar la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos por parte de los agricultores y jardineros y de las empresas hortícolas pequeñas y medianas;

17.   Recuerda la importancia del barbecho para la recuperación de las tierras agrícolas y la retención del agua; pide a la Comisión y a los Estados miembros interesados que favorezcan los sistemas agrícolas adaptados a los suelos de los ecosistemas mediterráneos;

18.   Considera que, entre los criterios para mantener el contenido en sustancias orgánicas del suelo, los principios de la PAC relativos a las buenas condiciones agronómicas y ambientales deben fomentar los sistemas de absorción y fijación del carbono mediante una optimización del uso de las técnicas de cultivo de secano (labor mínima de la superficie, rotación de cultivos, genotipos adaptados al medio, control de la evapotranspiración, fertilización específica, lucha integrada, etc.);

19.   Pide a los organismos competentes a escala territorial que intervengan para programar planes de gestión y tecnologías de utilización del agua de riego en función de las nuevas exigencias y de las condiciones ambientales, y prever un uso prudente de los recursos hídricos según su calidad; pide asimismo que intervengan ante los organismos de gestión del agua de riego para optimizar la gestión de los recursos hídricos disponibles, teniendo en cuenta la necesidad de reducir la pérdida de recursos en los sistemas de distribución;

20.   Defiende la puesta en marcha de un observatorio comunitario de la sequía, como un departamento especial dentro de la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague, y un refuerzo de la capacidad de reacción coordinada de la Unión frente a los incendios, pues ambos fenómenos contribuyen notablemente a la desertificación y al deterioro de las tierras agrícolas, muy especialmente en las regiones mediterráneas;

21.   Destaca la necesidad de mejorar la eficacia de las informaciones transmitidas por los Estados miembros y la coordinación entre ellos;

22.   Recomienda el desarrollo de un sistema de alerta precoz y de control permanente del estado de los suelos que permita actuar a tiempo contra la erosión, el empobrecimiento en materia orgánica provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de tierras de cultivo y de biodiversidad;

23.   Pide, por tanto, a la Comisión que, en su propuesta de nueva definición de zonas montañosas e insulares y de otras zonas con desventajas naturales, prevista para 2009, prevea para las zonas objeto del seguimiento, entre los parámetros de evaluación prioritarios, el grado de riesgo de degradación del suelo y de desertificación;

24.   Cree necesario reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación, prestando especial atención a las regiones más afectadas por la escasez de agua y la sequía, teniendo en cuenta los avances biotecnológicos;

25.   Pide a la Comisión que, en el ámbito de la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, prevista para 2009, tome en consideración la posibilidad de mayores incentivos para apoyar, en más Estados miembros, los programas de investigación y desarrollo destinados a mejorar los conocimientos para una gestión más sostenible del suelo y de las zonas afectadas por el deterioro;

26.   Pide a la Comisión que analice la necesidad de crear un marco para luchar contra las causas y los efectos del cambio climático y, en particular, la degradación de los suelos;

27.   Considera conveniente organizar programas adecuados de formación y actualización destinados tanto a los asalariados del sector como al público, con el doble objetivo de buscar soluciones específicas y sensibilizar a los usuarios respecto de su responsabilidad colectiva en la explotación de los recursos del territorio;

28.   Pide que la Unión ponga en marcha medidas de información y formación destinadas, en particular, a los jóvenes agricultores con el fin de promover la introducción de técnicas agrícolas que favorezcan la conservación del suelo, sobre todo en lo que se refiere a los efectos del cambio climático y a la influencia de la producción agrícola en el clima;

29.   Recuerda que, sobre la base de su Resolución de 5 de junio de 2008 sobre el futuro de los jóvenes agricultores en el marco de la actual reforma de la PAC(4) , la financiación de los proyectos se deberá conceder prioritariamente a las actividades que podrán favorecer la instalación de los jóvenes en el sector agrícola;

30.   Considera necesario que la Unión refuerce y mejore la autonomía con respecto a las importaciones de productos alimenticios y piensos para el ganado y la autosuficiencia, en particular mediante una mejor defensa del suelo agrícola y de sus factores de productividad, que promueva un aprovechamiento sostenible del barbecho para la cría de ganado (mediante programas que fomenten el consumo de carne de rumiantes y primas a una gestión de los pastos que respete la naturaleza) con objeto de reducir la dependencia de la importación de piensos; opina que, si la PAC quiere contribuir a la seguridad alimentaria y a la viabilidad en el mundo, debe esforzarse por conseguir una relación equilibrada, en la agricultura de la Unión, entre la producción vegetal, la producción animal y la producción de energía;

31.   Pide, en un mercado mundial del CO2, que se fomente la protección y recuperación de los bosques, prioritariamente en los Estados miembros que han perdido su patrimonio de bosques naturales, y subraya la necesidad de una gestión integral y sostenible de los bosques en la Unión;

32.   Subraya el papel de los bosques en el ciclo del agua y la importancia de una combinación equilibrada de bosques, pastizales y tierras de cultivo para una gestión sostenible del agua; destaca, en particular, la función de los suelos con una elevada fracción orgánica y una rotación adaptada de cultivos; advierte que la creciente explotación de tierras constituye una amenaza para la agricultura, la seguridad alimentaria y la gestión sostenible del agua;

33.   Pide que, en el ámbito de las actividades agrícolas de mantenimiento de los prados, de los pastos permanentes y de las superficies boscosas, se reconozca la posibilidad de vincular la emisión de certificados "verdes" a la producción de bienes públicos (captura de CO2, biodiversidad, conservación del suelo);

34.   Pide a los Estados miembros que utilicen el segundo pilar de la PAC para conceder primas, en el ámbito de las actividades agrícolas de mantenimiento de los prados, de los pastos permanentes y de las superficies boscosas, y así contribuir a la producción de bienes públicos (captura de CO2, biodiversidad, conservación del suelo); pide a la Comisión que dé prioridad al mantenimiento del barbecho;

35.   Pide al Consejo y a la Comisión que examinen las estrategias para la recuperación de los suelos degradados, utilizando mecanismos de incentivación que limiten la degradación de los suelos;

36.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 281.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0473 .
(3) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
(4) Textos aprobados, P6_TA(2008)0258 .


Participación de los trabajadores en empresas con un estatuto europeo
PDF 64k   DOC 31k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la participación de los trabajadores en empresas con un estatuto europeo y otras medidas de acompañamiento
P6_TA(2009)0131 B6-0110/2009

El Parlamento Europeo,

–   Vistos la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada "Pensar primero a pequeña escala" "Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas (COM(2008)0394 ) y el Programa de trabajo de la Comisión para 2008 y 2009,

–   Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.   Considerando que un Estatuto de la Empresa Privada Europea (EPE) facilitará la actividad de las PYME en el mercado interior, pero también será accesible para empresas más grandes,

1.   Pide a la Comisión que, sobre la base del artículo 138 del Tratado CE, inicie una consulta con los interlocutores sociales con miras a evaluar y, en caso necesario, simplificar, establecer o reforzar las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores en el mercado interior europeo;

2.   Pide a la Comisión que evalúe el impacto de los estatutos de la empresa europea que existen actualmente y las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia (por ejemplo, en los asuntos Daily Mail and General Trust, SEVIC Systems, Inspire Art, Überseering y Cartesio) por lo que se refiere a la participación de los trabajadores en los consejos de administración de empresas y las posibilidades de evitar o eludir las disposiciones nacionales pertinentes;

3.   Pide a la Comisión que evalúe los problemas transfronterizos relativos a gobernanza empresarial, Derecho fiscal y participación financiera de los trabajadores en programas de participación accionarial en el contexto de la consulta antes propuesta; pide que, si se decide proceder a un examen o a nuevas propuestas, se discuta al respecto con el Consejo y el Parlamento;

4.   Pide a la Comisión que examine la posibilidad de introducir una cláusula en el Estatuto EPE según la cual el reembolso de un préstamo u otra contribución de un accionista tendría carácter subordinado si hubiera sido más adecuada una contribución al capital en acciones (es decir, en caso de endeudamiento excesivo de la propia empresa); considera que debe examinarse la posibilidad de introducir una cláusula que establezca que el accionista deberá reintegrar el reembolso recibido en caso de que le hubiera sido abonado en un periodo próximo a la quiebra de la empresa;

5.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


Niños de padres migrantes
PDF 68k   DOC 34k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre los niños a quienes los padres migrantes dejan atrás en sus países de origen
P6_TA(2009)0132 B6-0112/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y en particular sus artículos 3 y 20,

–   Vista la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y en especial sus artículos 38, 42 y 45,

–   Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 24,

–   Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que la libre circulación de trabajadores es beneficiosa para las economías de todos los Estados miembros y ofrece a los ciudadanos de la UE oportunidades de desarrollo económico y personal,

B.   Considerando que estas consecuencias positivas podrían verse mermadas por los efectos colaterales indeseables de las migraciones, entre ellos las deplorables condiciones de vida de los niños que se quedan en su país de origen cuando sus padres emigran a otro Estado miembro,

C.   Considerando que las migraciones por motivos laborales han ido aumentando de manera constante a lo largo de los últimos decenios y que actualmente la mayor parte de los migrantes del mundo ‐64 millones‐ viven en la Unión Europea,

D.   Considerando que la migración tiene un gran potencial para contribuir al desarrollo pero que causa problemas aún por resolver tanto en los países de origen como en los de acogida,

E.   Considerando que, según un estudio realizado por UNICEF y Alternativas Sociales de Rumanía, en 2008 cerca de 350 000 niños tenían a uno de sus progenitores trabajando en el extranjero y casi 126 000 estaban afectados por la migración de ambos padres,

F.   Considerando que la migración puede tener una incidencia positiva en los hogares del país de origen, puesto que gracias a las remesas y otras vías contribuye a reducir la pobreza y a aumentar la inversión en capital humano,

G.   Considerando, sin embargo, que los niños que se quedan en sus países cuando sus padres emigran para trabajar en otros Estados miembros se enfrentan también a posibles aspectos negativos, incluido el riesgo de desatención general en lo relativo a la salud física y mental, consecuencias relacionadas con la salud mental como depresiones, falta de tiempo libre para jugar y desarrollarse, falta de participación escolar y de participación general en la educación y formación, abusos infantiles, y malnutrición;

H.   Considerando que, si bien existe una política global para mejorar las condiciones de vida y la educación de los niños migrantes que se trasladan junto con sus padres al país de destino, se ha dedicado, por el contrario, escasa atención al fenómeno de los niños a los que sus padres dejan atrás en sus países de origen,

I.   Considerando que a los niños a menudo se les deja atrás en sus países de origen debido a la falta de información sobre las oportunidades y ventajas ofrecidas por los países de destino,

1.   Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio para valorar la extensión a escala de la UE del fenómeno de los hijos de los migrantes que se quedan en sus países de origen y recopilar datos de toda la UE sobre este fenómeno;

2.   Pide a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar la situación de los niños a los que sus padres dejan atrás en sus países de origen y para garantizar su normal desarrollo en cuanto a educación y vida social;

3.   Pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos de cooperación para evitar los efectos dañinos que sobre las familias, y especialmente sobre los niños, tienen las distancias y el vivir separados;

4.   Pide a los Estados miembros que informen mejor a los migrantes sobre sus derechos y sobre los derechos de sus familiares en relación con la libre circulación y con la información disponible a nivel nacional y europeo sobre residencia en el extranjero y sobre las condiciones de trabajo en otro Estado miembro;

5.   Pide a la Comisión que proponga a todas las partes interesadas la aplicación adecuada de los medios ya existentes para ayudar tanto a los migrantes como a los hijos de éstos que se han quedado en sus países de origen;

6.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asocien activamente a los interlocutores sociales y a las ONG en las acciones destinadas a mejorar las condiciones de los hijos de los migrantes;

7.   Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales.


Informe 2008 sobre los progresos realizados por Croacia
PDF 106k   DOC 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el informe de 2008 sobre los progresos realizados por Croacia
P6_TA(2009)0133 B6-0104/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2005, sobre la apertura de negociaciones de adhesión con Croacia,

–   Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2007(1) ,

–   Visto el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2008, publicado por la Comisión el 5 de noviembre de 2008 (SEC(2008)2694 ),

–   Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.   Considerando que Croacia ha realizado notables progresos en todos los aspectos relativos a los tres ámbitos cubiertos por los criterios de Copenhague,

B.   Considerando que es necesario consolidar estos avances importantes y que deben corresponderse con un esfuerzo sostenido dirigido a adoptar y aplicar las reformas propuestas en el Informe de la Comisión y en la presente Resolución,

C.   Considerando que la UE ha tomado medidas para mejorar la calidad del proceso de ampliación,

D.   Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2007, titulada "Estrategia y desafíos principales de la ampliación (2007-2008)" (COM(2007)0663 ) otorga una gran relevancia ‐desde las etapas iniciales de las negociaciones de adhesión‐ a los ámbitos del Estado de Derecho y del buen gobierno, especialmente en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, las reformas administrativas y judiciales y el desarrollo de la sociedad civil,

E.   Considerando que la conclusión de las negociaciones de adhesión con Croacia para el año 2009 ha de ser un objetivo común de todas las partes implicadas en el proceso,

F.   Considerando que los asesinatos y atentados perpetrados en 2008 han puesto en evidencia la necesidad de combatir de forma seria y eficaz la corrupción y la delincuencia organizada en Croacia,

G.   Considerando el nombramiento de un nuevo ministro del Interior, un nuevo ministro de Justicia y un nuevo jefe de la policía, a los que se ha otorgado el mandato de abordar estas cuestiones,

Observaciones generales

1.   Felicita a Croacia por los buenos resultados obtenidos en 2008 en el proceso de adopción del acervo legislativo y en la realización de las reformas necesarias para cumplir las condiciones de pertenencia a la Unión Europea;

2.   Celebra especialmente que el trabajo legislativo se vea finalmente correspondido por los esfuerzos dirigidos a reforzar y mejorar la capacidad administrativa necesaria para aplicar dichas reformas;

3.   Se muestra confiado en que podrá alcanzarse el objetivo de concluir las negociaciones en 2009, de acuerdo con la hoja de ruta publicada por la Comisión, siempre y cuando el Gobierno croata intensifique sus esfuerzos para abordar en particular las cuestiones más sensibles relacionadas con el proceso de adhesión, incluida la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, y cumpla finalmente las condiciones establecidas también en estos ámbitos, y a condición de que el Consejo tenga la voluntad y la capacidad de abrir sin demora todos los capítulos de la negociación;

4.   Acoge favorablemente la recomendación de la Comisión de que el Consejo cree un grupo de trabajo técnico "ad hoc" encargado de redactar el tratado de adhesión; recomienda, asimismo, que dicho grupo trabaje en paralelo con las negociaciones y, por consiguiente, inicie su actividad en el primer semestre de 2009; se congratula, por otra parte, del propósito de la Comisión de presentar una comunicación durante 2009 en la que se analice de forma detallada el impacto financiero de la adhesión de Croacia a la UE;

Criterios políticos

5.   Se muestra satisfecho con los progresos realizados en la adopción de documentos y textos legislativos fundamentales en determinados ámbitos, especialmente en lo que se refiere a la legislación para combatir la discriminación, a los derechos de la mujer y de las minorías y al retorno de los refugiados; destaca que es ahora crucial conseguir una aplicación rápida y efectiva de dicha legislación;

6.   Destaca, no obstante, la necesidad de proseguir la reforma de la administración pública introduciendo un nuevo sistema salarial y una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos, con el fin de reforzar la transparencia, la responsabilidad y la despolitización de la función pública croata; pide que se tengan especialmente en cuenta las administraciones regionales y locales, dado que su capacidad para asumir nuevas responsabilidades será crucial para conseguir el éxito del proceso de descentralización;

7.   Destaca la importancia de ofrecer seguridad jurídica e igualdad ante la ley a los inversores extranjeros y, en este contexto, insta a las autoridades croatas a resolver rápidamente los casos pendientes relativos a la restitución de la propiedad, de acuerdo con las decisiones pertinentes del Tribunal Constitucional de Croacia;

8.   Considera que deben desplegarse mayores esfuerzos en el sector judicial, con el fin de examinar las causas principales de los retrasos y de la existencia de procedimientos judiciales excesivamente largos, emprender una racionalización seria y exhaustiva de los tribunales que incluya todas sus modalidades, introducir un procedimiento de selección objetivo y transparente en la judicatura, así como criterios individuales de evaluación y promoción de los jueces, garantizar que los crímenes de guerra sean tratados de conformidad con la normativa general, sin distinciones basadas en el origen étnico y, por último, determinar la forma de abordar el problema de las sentencias y los procesos en rebeldía, reforzando en particular la cooperación regional;

9.   Toma nota de la declaración efectuada por el Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2008, en la que señala que Croacia ha respondido a la mayoría de las peticiones de asistencia remitidas por la Oficina del Fiscal, al tiempo que indica que no se ha dado cuenta todavía de determinados documentos clave relacionados con el caso de Gotovina; insta al Gobierno de Croacia a que redoble sus esfuerzos para facilitar inmediatamente el acceso del Tribunal a estos documentos clave;

10.   Se congratula de que el Gobierno croata haya tomado finalmente medidas adicionales para combatir la corrupción y la delincuencia organizada; destaca que, si se pretende que estas medidas tengan éxito, la creciente actividad de investigación y persecución desplegada por la Oficina de prevención de la corrupción y la delincuencia organizada (USKOK) debe verse acompañada por esfuerzos policiales y judiciales equiparables; considera necesario adoptar una tolerancia cero a todos los niveles y conseguir que las sentencias se dicten y apliquen, incluida la confiscación de activos; se congratula, en este contexto, de la adopción de legislación en relación con el bloqueo temporal de los activos de todos los inculpados por delitos de corrupción y delincuencia organizada;

11.   Toma nota con satisfacción de la apertura oficial, en cuatro tribunales diferentes, de departamentos que se ocupan específicamente de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y de que los sesenta magistrados asignados a estos departamentos han sido controlados y recibirán importantes incentivos financieros a fin de reflejar la complejidad y sensibilidad de las tareas que han de llevar a cabo;

12.   Insta, en este contexto, al Gobierno de Croacia a que garantice a las fuerzas del orden y al sistema judicial la libertad, la independencia de actuación y los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir el mandato que se les ha otorgado en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada;

13.   Se muestra satisfecho con la libertad de prensa en Croacia, si bien advierte de los casos recientes de intimidación e, incluso, de asesinato de periodistas que investigaban casos de corrupción y de delincuencia organizada; insta a la policía y al sistema judicial a que actúen de forma decidida para investigar y perseguir estos casos, con el fin de restablecer un clima positivo en el país y asegurar el cumplimiento en todo momento de los criterios políticos de adhesión; destaca, en este sentido, la necesidad de proteger plenamente los derechos humanos, que no pueden someterse a ninguna negociación política;

14.   Se muestra satisfecho con la adopción por parte del Gobierno croata de un plan de acción dirigido a aplicar el Derecho constitucional a las minorías nacionales, así como por el incremento de la ayuda financiera; insta a las autoridades croatas a que apliquen el plan en estrecha consulta con organizaciones no gubernamentales representativas de las comunidades minoritarias; destaca, por otra parte, la necesidad de centrarse en los derechos económicos y sociales de las minorías, especialmente en lo que se refiere a su acceso al empleo, y de concebir una estrategia a largo plazo de integración laboral de miembros de las minorías en las administraciones públicas y el sistema judicial; pide, por otra parte, que los consejos de las minorías nacionales disfruten de independencia presupuestaria con respecto a las autoridades locales a las que asesoran, de modo que puedan ejercer su mandato de forma totalmente independiente;

15.   Se felicita por los éxitos conseguidos en las políticas relativas a las minorías en Croacia, y especialmente por el hecho de que se hayan consolidado tanto las oportunidades educativas como la representación parlamentaria de las minorías en el país;

16.   Se congratula por los continuos progresos obtenidos en el ámbito de la educación para las minorías; no obstante, expresa su preocupación por el hecho de que las actuales estructuras mantienen la segregación en lugar de estar orientadas a la integración de los diferentes grupos étnicos (por ejemplo, mediante clases compartidas); expresa también su preocupación, especialmente en el caso de la comunidad romaní, por el hecho de que estas disposiciones pueden provocar una reducción del nivel de calidad de la enseñanza con respecto a las clases convencionales del sistema educativo;

17.   Constata que, si bien se han obtenido resultados concretos en la aplicación de las condiciones de retorno de los refugiados, queda todavía mucho por hacer para conseguir que ese retorno sea viable en relación con los ámbitos de la vivienda ‐especialmente en lo que se refiere a los anteriores inquilinos en las zonas urbanas‐, de la integración y del acceso al mercado laboral; destaca la necesidad de aplicar los programas de retorno de forma coherente con otros programas sociales y laborales;

18.   Acoge positivamente, por otra parte, la adopción plena de la legislación contra la discriminación y concede una gran importancia a la aplicación eficaz de dicha legislación; insta a las autoridades nacionales y locales a que adopten una tolerancia cero frente a los actos de odio racial y a cualquier forma de odio social y a que garanticen que este tipo de actos sean debidamente perseguidos por la justicia; insta a las autoridades nacionales, por otra parte, a que protejan los derechos de las minorías sexuales;

Criterios económicos

19.   Se felicita por el aumento del empleo y por el crecimiento económico sostenido en Croacia; destaca, no obstante, la elevada tasa de desempleo de los jóvenes y las minorías, así como los efectos del alza de precios de los productos alimenticios y de la inflación en general en el coste de la vida del ciudadano corriente;

20.   Destaca la necesidad de combatir el creciente déficit comercial y de la balanza por cuenta corriente, así como de abordar la deuda externa, que hacen que la economía croata sea más vulnerable y esté más expuesta a los riesgos; subraya que, con miras a mantener el ritmo actual de crecimiento económico y conseguir que Croacia pueda alcanzar el nivel de los Estados miembros de la UE, será necesario acelerar el ritmo de las reformas estructurales;

21.   Llama la atención sobre la necesidad de promover, en estrecha consulta con todas las partes interesadas, una política que concilie la seguridad energética con el desarrollo sostenible; pide a las autoridades croatas que cumplan con los objetivos fijados en el paquete climático de la UE y den la debida prioridad a la eficiencia energética y a las fuentes de energía renovables, en particular en las zonas costeras; recuerda a Croacia las oportunidades de financiación ofrecidas por la UE para el Mediterráneo en este sentido; acoge con satisfacción la aprobación de un plan de acción para la aplicación del Protocolo de Kyoto, y pide a las autoridades croatas que adopten todas las medidas apropiadas para reducir eficazmente las emisiones industriales;

Capacidad para asumir las obligaciones derivadas de la condición de miembro de la Unión Europea

22.   Se muestra satisfecho, en términos generales, con el ritmo global del proceso de armonización legislativa; considera, no obstante, que debe tenerse en cuenta en mayor medida la calidad legislativa; alienta a las autoridades croatas a proseguir sus esfuerzos encaminados a desarrollar las capacidades administrativas necesarias para aplicar el acervo comunitario;

23.   Acoge favorablemente los progresos registrados en el actual proceso de privatización de la industria siderúrgica y del sector de las telecomunicaciones, así como la decisión de las autoridades croatas de organizar procedimientos de licitación para privatizar los astilleros en Croacia, que deberían concluir en el año 2009, al tiempo que destaca que la venta de astilleros debe llevarse a cabo de forma totalmente transparente y conforme a las normas de competencia de la UE; pide al Gobierno croata que adopte, con el apoyo de la Comisión, medidas específicas dirigidas a compensar los costes sociales de la reestructuración; insta a la Comisión y al Consejo a que tengan en cuenta la actual crisis económica y financiera cuando examinen los progresos realizados por Croacia en la aplicación de las reformas necesarias;

24.   Destaca que el progreso en el sector agropecuario ha sido irregular, ya que las áreas de la política de calidad y la agricultura biológica han experimentado avances importantes, pero debe mejorarse la capacidad de absorción de los fondos de desarrollo rural; hace hincapié en que la mejora de la capacidad administrativa y la reforma de los sistemas de apoyo agrícola son elementos necesarios para llevar a cabo una transición gradual hacia el régimen de la política agrícola común de la UE y para minimizar el impacto social de dicha transición;

25.   Insta a las autoridades croatas a que garanticen la correcta absorción de los fondos de preadhesión de la UE y a que preparen a todos los niveles ‐central, regional y local‐ las estructuras y los conocimientos técnicos necesarios para aplicar los fondos estructurales y de cohesión de la UE;

Cooperación regional

26.   Lamenta profundamente el bloqueo efectivo de las negociaciones de adhesión durante un tiempo considerable por cuestiones bilaterales;

27.   Destaca que las cuestiones bilaterales no deberían representar un obstáculo para avanzar en las negociaciones de adhesión, siempre que esas negociaciones no se utilicen para anticipar la solución definitiva de aquellas cuestiones; alienta, no obstante, al Gobierno croata y a los Gobiernos de los países vecinos a que resuelvan de forma expeditiva todas las cuestiones pendientes;

28.   Destaca que las buenas relaciones de vecindad siguen siendo un elemento clave del proceso de integración europea e insta a Croacia y a sus vecinos a promover activamente la cooperación en la región y a invertir más en proyectos de cooperación transfronteriza;

29.   Recuerda el acuerdo informal alcanzado el 26 de agosto de 2007 por los primeros ministros de Croacia y Eslovenia en el sentido de someter el litigio fronterizo entre ambos países a un organismo internacional; acoge con satisfacción el grado de preparación de Croacia y Eslovenia para aceptar el ofrecimiento de mediación de la Comisión y considera que esta mediación debe basarse en el Derecho internacional; espera, en este contexto, que se avance con rapidez en las negociaciones de adhesión;

o
o   o

30.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Croacia.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0120 .


Informe 2008 sobre los progresos realizados por Turquía
PDF 152k   DOC 73k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el informe de 2008 sobre los progresos realizados por Turquía
P6_TA(2009)0134 B6-0105/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Visto el informe de 2008 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2008, sobre los progresos realizados por Turquía (SEC(2008)2699 ),

–   Vistas sus anteriores Resoluciones de 27 de septiembre de 2006 sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión(1) , de 24 de octubre de 2007 sobre las relaciones UE-Turquía(2) y de 21 de mayo de 2008 sobre el informe de 2007 sobre los progresos de Turquía(3) ,

–   Visto el marco de negociación para Turquía, adoptado el 3 de octubre de 2005,

–   Vistas la Decisión del Consejo 2008/157/CE, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía (4) ("la Asociación para la adhesión"), y las anteriores Decisiones del Consejo sobre la Asociación para la adhesión, de 2001, 2003 y 2006,

–   Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.   Considerando que las negociaciones de adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de octubre de 2005 tras la adopción del marco de negociación por el Consejo y considerando que la apertura de estas negociaciones supuso el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce,

B.   Considerando que Turquía se ha comprometido a efectuar reformas, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la UE, y considerando que estos esfuerzos deben verse como una oportunidad que se presenta a la propia Turquía para seguir modernizándose,

C.   Considerando que el pleno respeto de todos los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la Unión Europea, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión a la Unión Europea, que es una comunidad basada en valores compartidos,

D.   Considerando que la Comisión ha llegado a la conclusión de que 2008 ha sido un año marcado por fuertes tensiones políticas y que el Gobierno turco, a pesar de haber recibido un claro mandato en este sentido, no ha presentado un programa coherente y completo de reformas políticas,

E.   Considerando que Turquía no ha aplicado todavía las disposiciones derivadas del Acuerdo de Asociación CE-Turquía ni las del Protocolo adicional al mismo,

F.   Considerando que en 2008 se abrieron cuatro capítulos de la negociación,

1.   Observa con preocupación que, por tercer año consecutivo, en Turquía el proceso de reforma pierde impulso de manera continuada, y pide al Gobierno turco que dé pruebas de su voluntad política de continuar el proceso de reforma con el que se comprometió en 2005; subraya que esta modernización interesa ante todo a la propia Turquía y beneficiaría a la sociedad turca en su conjunto;

2.   Observa con preocupación la creciente polarización de la sociedad turca y de los principales partidos políticos, que se ha agudizado en 2008 y que ha afectado desfavorablemente al funcionamiento de las instituciones políticas y al proceso de reforma;

3.   Destaca que las reformas políticas ocupan el centro del proceso de reforma y celebra que el Gobierno de Turquía haya preparado y aprobado el programa nacional para la adopción del acervo comunitario;

4.   Insta a los dirigentes de los partidos políticos a esforzarse seriamente por entablar el diálogo y acordar, con espíritu de compromiso, un programa de reformas para la modernización de Turquía que lleve hacia una sociedad estable, democrática, pluralista, laica y próspera, guiada por el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y basada en el Estado de Derecho;

I. Cumplir los criterios de Copenhague
Democracia y Estado de Derecho

5.   Lamenta que el intento inicial de reformar amplia y profundamente la Constitución desembocara en una disputa sobre el uso del velo islámico y polarizara todavía más a la sociedad; pide al Gobierno turco que reanude sus trabajos sobre una nueva constitución civil que sitúe en su centro la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y le insta a que vele por que los partidos políticos, la sociedad civil y las minorías étnicas y religiosas estén estrechamente asociados a este proceso constituyente;

6.   Manifiesta su inquietud por los procedimientos de ilegalización iniciados en 2008 contra dos partidos parlamentarios, en particular el aún pendiente contra el Partido de la Turquía Democrática (DTP); subraya la necesidad de que se modifique, con carácter prioritario, la legislación turca sobre partidos políticos para hacerla plenamente acorde con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa;

7.   Pide a las autoridades turcas que tomen todas las medidas necesarias para permitir que todos los partidos que participan en las elecciones locales de marzo de 2009 estén representados en la junta electoral;

8.   Lamenta que no se haya avanzado hacia el establecimiento pleno de unas funciones de supervisión civil sistemática de las fuerzas armadas ni hacia el fortalecimiento de la supervisión parlamentaria de la política militar y de defensa;

9.   Observa los progresos hechos en relación con el desarrollo de una estrategia de reforma judicial; señala, sin embargo, la urgente necesidad de esfuerzos más sistemáticos por acrecentar la imparcialidad y profesionalidad del poder judicial y por garantizar que sus miembros se abstengan de inmiscuirse en el debate político y respeten las normas del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH);

10.   Lamenta que no se haya avanzado hacia la creación de la institución del Defensor del Pueblo; toma nota de la resolución negativa del Tribunal Constitucional sobre la Ley relativa al Defensor del Pueblo, e insta al Gobierno turco a que presente de nuevo lo antes posible los actos legislativos necesarios para instaurar este cargo, que ya ha recibido el apoyo del Gobierno y el Parlamento;

11.   Lamenta que el Gobierno turco no haya presentado ninguna estrategia detallada contra la corrupción; subraya la necesidad de reforzar el control parlamentario del gasto público y promulgar nuevas leyes sobre el Tribunal de Cuentas;

12.   Acoge con satisfacción el comienzo del juicio contra los acusados de pertenecer a la organización delictiva Ergenekon; anima a las autoridades turcas a que continúen las investigaciones y saquen a la luz por completo las redes de esta organización, que llegan hasta estructuras del Estado; expresa su preocupación por las informaciones relativas al trato dispensado a los acusados en este proceso; insta a las autoridades turcas a que les garanticen un juicio justo y a que observen estrictamente los principios del Estado de Derecho;

Derechos humanos y respeto y protección de las minorías

13.   Lamenta que la libertad de expresión y la libertad de prensa aún no gocen de plena protección en Turquía; opina que ni los frecuentes cierres de páginas web ni las presiones y los procesos contra la prensa crítica sirven a la libertad de prensa en una sociedad democrática y pluralista; opina asimismo que la enmienda al artículo 301 del Código Penal aprobada en abril del 2008 no ha sido suficiente, puesto que el artículo 301 y otros artículos del Código Penal, de la Ley contra el terrorismo o de la Ley sobre los medios de comunicación siguen sirviendo de base para perseguir a personas que expresan opiniones no violentas, como muestra el caso de la galardonada con el Premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo en 1995, Leyla Zana; reitera que, con el fin de garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión de acuerdo con las normas del TEDH, es necesario derogar el artículo 301 y acometer una reforma en profundidad del Código Penal y de otras leyes empleadas para reprimir arbitrariamente opiniones no violentas;

14.   Considera positivo que el Ministro de Justicia, Mehmet Ali Sahin, haya presentado excusas, en nombre del Gobierno, a la familia de Engin Ceber, fallecido en prisión a consecuencia de malos tratos; se suma a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento turco en su preocupación al constatar que el poder judicial no persigue casos de torturas y malos tratos, cuyo número va en aumento; pide al Gobierno turco que despliegue nuevos esfuerzos sistemáticos por eliminar la tortura y los malos tratos dentro y fuera de los lugares oficiales de detención y que ponga fin a la impunidad reinante; subraya, a este respecto, que mediante la ratificación y la aplicación del Protocolo facultativo del Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura aumentaría considerablemente la credibilidad de estos esfuerzos; manifiesta asimismo su preocupación por el recurso desproporcionado a fuerzas policiales ante manifestaciones públicas;

15.   Elogia la labor de la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de la Gran Asamblea Nacional turca en relación con la práctica de la tortura y los malos tratos en las prisiones y el asesinato del periodista Hrant Dink; insta a las autoridades turcas a que den curso cabalmente a los resultados presentados en los informes de dicha comisión y a los resultados del informe del Consejo de Inspección del Primer Ministro; considera además que la hipótesis de la participación de Ergenekon debería tomarse más en serio a la hora de examinar otros casos sin resolver, como el asesinato de Hrant Dink;

16.   Acoge con satisfacción la aprobación en febrero de 2008 de la Ley sobre fundaciones y aprecia el parecer de la Comisión de que la Ley sobre fundaciones contempla numerosas cuestiones importantes relacionadas con las propiedades de las comunidades no musulmanas; insta al Gobierno turco a que vele por la aplicación de dicha ley en consonancia con la jurisprudencia del TEDH y a que aborde la cuestión, hasta ahora no resuelta, de los inmuebles expropiados y vendidos a terceros, así como el de las propiedades de fundaciones fusionadas antes de que se aprobara la nueva legislación;

17.   Reitera que sigue siendo necesario un marco jurídico establecido en consonancia con la jurisprudencia del TEDH para que todas las comunidades religiosas puedan desarrollar su actividad sin restricciones indebidas, en particular por lo que respecta a su estatuto jurídico, la formación de clérigos, la elección de su jerarquía, la educación religiosa y la construcción de lugares de culto; anima a las autoridades turcas, a todos los partidos políticos, a la sociedad civil y a las comunidades interesadas a que creen un entorno que conduzca al pleno respeto de la libertad religiosa en la práctica; pide una vez más que se reabra de inmediato el seminario ortodoxo griego de Halki y que se permita al Patriarca Ecuménico el uso público de este título eclesiástico; acoge con satisfacción las recientes iniciativas del Gobierno y sus conversaciones con dirigentes alevíes sobre cuestiones pendientes desde hace tiempo, como los lugares de culto alevíes y la erección de un monumento conmemorativo de la masacre de Sivas, y pide al Gobierno turco que atienda sin tardanza a las preocupaciones de esta comunidad y que haga que los cursos estatales de religión no sean obligatorios; lamenta la expropiación prevista del monasterio sirio ortodoxo de San Gabriel en Tur Abdin y las acciones judiciales contra los representantes del monasterio;

18.   Pide al Gobierno turco que, con carácter prioritario, ponga en marcha una iniciativa política que propicie una solución duradera de la cuestión kurda, cree oportunidades de progreso económico y social para los ciudadanos de origen kurdo y mejore de forma tangible sus derechos culturales, ofreciéndoles posibilidades reales de aprender la lengua kurda en las escuelas públicas y privadas y de usarla en los medios de radiodifusión y en el acceso a los servicios públicos, y que permita que los funcionarios electos utilicen una segunda lengua aparte de la turca para comunicarse con los miembros de su circunscripción; celebra la entrada en servicio de un canal público de televisión que emite 24 horas al día en lengua kurda desde el 1 de enero de 2009;

19.   Condena los actos de violencia perpetrados por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y otros grupos terroristas en suelo turco; expresa nuevamente su solidaridad con Turquía en la lucha contra el terrorismo y pide una vez más al PKK que declare y respete un alto el fuego inmediato y sin condiciones;

20.   Insta al DTP y a todos sus miembros electos a que se distancien con claridad del terrorista PKK y hace un llamamiento a todos los partidos para que contribuyan a hallar una solución que refuerce la estabilidad, la prosperidad y la integridad del Estado turco;

21.   Observa que el Gobierno turco ha decidido completar el Proyecto para el Sureste de Anatolia (GAP) para el desarrollo del sureste de Turquía; llama la atención, no obstante, sobre sus consecuencias sociales, ecológicas, culturales y geopolíticas, como las que afectarán al suministro de agua de los países vecinos, Iraq y Siria, y pide al Gobierno turco que dedique toda su atención a estas cuestiones, que proteja los derechos de la población afectada y que vele por una estrecha cooperación con las autoridades locales y regionales en la continuación de los trabajos del plan; pide a la Comisión que presente un estudio sobre el GAP y sus consecuencias;

22.   Reitera que los valores europeos de pluralismo y diversidad incluyen el respeto por una definición de minoría, conforme con el Tratado de Lausana (1923), mucho más amplia que la adoptada por Turquía; expresa su inquietud ante las continuas manifestaciones de hostilidad y actos de violencia contra las minorías; observa con preocupación que Turquía no ha hecho progresos para garantizar la diversidad cultural ni promover el respeto y la protección de las minorías en consonancia con las normas del TEDH; insta al Gobierno turco a que entable sin más demoras el diálogo con el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Étnicas sobre cuestiones como la participación de las minorías en la vida pública y la radiodifusión en lenguas minoritarias;

23.   Pide al Gobierno turco que adopte medidas contra las organizaciones y los grupos que alimentan la hostilidad contra las minorías y que proteja a todas las personas amenazadas y que temen por su vida, sin cejar en sus esfuerzos por crear un entorno que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

24.   Pide al Gobierno turco que busque soluciones que permitan preservar el carácter bicultural de las islas turcas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada (Ténedos) y que aborde los problemas a los que se enfrentan los miembros de la minoría griega cuando tratan de ejercer sus derechos a la educación y a la propiedad;

25.   Acoge con satisfacción la constitución de la Comisión sobre la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Parlamento turco; acoge con satisfacción la afirmación de la Comisión en el sentido de que el marco jurídico que garantiza los derechos de la mujer y la igualdad de género ya está establecido en líneas generales; insta al Gobierno turco, no obstante, a que vele por que se aplicación tenga efectos positivos para la situación de las mujeres en Turquía; reitera sus frecuentes peticiones de que se constituya en el Parlamento turco una Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género como instrumento esencial para mejorar la situación de los derechos de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en Turquía, y señala las próximas elecciones locales como una oportunidad para remediar la escasa representación de las mujeres en las esferas políticas;

26.   Observa con inquietud que en Turquía está aumentando el número de los llamados "crímenes de honor" y pide a las autoridades turcas y a la sociedad civil que redoblen sus esfuerzos por prevenir estos asesinatos, la violencia doméstica y los matrimonios forzosos; celebra el aumento del número de centros de refugio, pero pide urgentemente políticas efectivas y sostenibles de financiación y dotación de personal así como el apoyo a las mujeres y a sus hijos después de abandonar esos centros de refugio; pide al Gobierno turco que combata la trata de mujeres en cooperación estrecha con los Estados miembros de la UE;

27.   Celebra la decisión del Tribunal Supremo de Apelación de revocar la decisión de prohibir el grupo de representación de intereses Lambda Istambul; insta al Gobierno a que vele por la garantía de la igualdad con independencia del sexo, el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual;

Existencia de una economía de mercado que funcione adecuadamente

28.   Observa con satisfacción que la Comisión califica a Turquía como economía de mercado que funciona adecuadamente;

29.   Observa que, a pesar de que la tasa de crecimiento económico de Turquía disminuyó en 2008, el rendimiento general de la economía del país demuestra que sus fundamentos y su capacidad de recuperación son sustancialmente más fuertes que hace algunos años; observa que, hasta hoy, el impacto de la crisis financiera en el sistema bancario turco se ha mantenido dentro de unos límites, aunque es inevitable la preocupación por los efectos de dicha crisis para el crecimiento económico; pide a la Comisión que informe específicamente de las consecuencias de la crisis para la economía turca; insta al Gobierno turco a que siga colaborando estrechamente con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales y europeas;

Capacidad de cumplir las obligaciones de la condición de miembro de la UE

30.   Lamenta que sigan sin cumplirse determinados compromisos adquiridos por Turquía en el marco de la unión aduanera CE-Turquía, lo que distorsiona las relaciones comerciales bilaterales;

31.   Señala que, en virtud de la unión aduanera, Turquía esta obligada a negociar y celebrar acuerdos de libre comercio (ALC) con los terceros países con los que la UE haya celebrado ALC; pide al Consejo y a la Comisión que incluyan a Turquía en las evaluaciones de impacto de ALC previstos entre la UE y terceros países y que continúen consolidando la transmisión de información sobre la posición de la UE y la situación de las negociaciones sobre ALC;

32.   Lamenta que el Gobierno turco todavía no haya aplicado íntegramente el Acuerdo de Asociación CE-Turquía ni el protocolo adicional al mismo; recuerda que el incumplimiento de los compromisos de Turquía para diciembre de 2009 podría afectar gravemente al proceso de negociaciones; pide al Consejo que siga observando y evaluando los progresos hechos en los ámbitos contemplados en la declaración emitida por la Comunidad y sus Estados miembros el 21 de septiembre de 2005, en consonancia con sus conclusiones del 11 de diciembre de 2006;

33.   Alaba a Turquía por los progresos logrados en el ámbito de la educación y la cultura; reitera que facilitar el acceso a la educación para todos no solo es una buena estrategia para la inclusión de las minorías sino que constituye también la base de una sociedad próspera y moderna; considera los planes de abrir departamentos de estudios armenios y kurdos en las universidades turcas como una señal de buena voluntad, que deberá ir seguida de acciones concretas;

II. Aumentar la prosperidad
Aumentar la cohesión social y la prosperidad

34.   Señala que una economía de mercado de orientación social es la base de una sociedad cohesionada y una de las claves de su estabilidad y prosperidad; celebra, en este sentido, la promulgación de la Ley de seguros sociales y seguros generales de enfermedad como contribución al fortalecimiento de la cohesión de la sociedad turca;

35.   Acoge con satisfacción, asimismo, la aprobación por el Parlamento turco, en mayo de 2008, del paquete de disposiciones sobre empleo orientadas a fomentar las oportunidades de empleo para las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad; manifiesta su preocupación, sin embargo, por la actual debilidad del mercado de empleo, que solamente comprende el 43 % de la población en edad de trabajar, y, en particular por la disminución de la tasa general de empleo de las mujeres; anima al Gobierno turco a que adopte más medidas para atajar el problema de la economía informal;

36.   Reitera los llamamientos hechos al Gobierno turco para que adopte nuevas medidas concretas para dotar a las mujeres de capacidad de acción en los sectores político, económico y social, por ejemplo aplicando medidas temporales encaminadas a aumentar su participación activa en la política; hace hincapié en la necesidad de que se adopten medidas efectivas para mejorar las cifras de acceso de las mujeres a la educación, que lamentablemente siguen siendo las más bajas de todos los países de la OCDE;

37.   Toma nota de los progresos hechos en el ámbito de la protección de la salud; juzga preocupante, sin embargo, que no se observen progresos en lo relativo a la salud mental; insta a las autoridades turcas a que destinen mayores recursos a la asistencia en este apartado y a que solucionen el problema de la falta de asistencia y tratamientos médicos generales adecuados a las necesidades de las personas con discapacidades mentales en los hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación; pide que en el tratamiento de niños y adultos con discapacidad en instituciones se respeten plenamente sus derechos humanos;

38.   Lamenta que no se hayan hecho progresos en la modificación de la legislación sobre derechos de los sindicatos y pide al Parlamento turco que adopte una nueva ley de sindicatos que sea conforme con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo; lamenta que, pese a que en 2004 se flexibilizó la normativa sobre la formación de sindicatos y la afiliación a los mismos, las actividades sindicales sigan estando sujetas a restricciones; pide a las autoridades turcas que encuentren una solución, junto con los sindicatos, para hacer posibles las manifestaciones pacíficas el 1 de mayo en la plaza Taksim de Estambul, respetando la libertad de asociación;

39.   Señala una vez más la necesidad de abordar el problema de las disparidades de desarrollo entre las regiones turcas y entre las zonas rurales y urbanas, que constituyen un grave obstáculo para la prosperidad de la sociedad turca; lamenta, en consecuencia, que el Gobierno turco no haya presentado hasta ahora ninguna estrategia general para solucionar este problema y expresa su decepción por el hecho de que la Comisión no haya presentado información alguna sobre la contribución de la UE a esta planificación estratégica en el marco del Instrumento de Preadhesión, a pesar de que la pidió el Parlamento en la mencionada Resolución de 21 de mayo de 2008;

III. Establecer relaciones de buena vecindad

40.   Subraya la necesidad de una solución global de la cuestión de Chipre basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en los principios en los que se fundamenta la Unión Europea; celebra el compromiso renovado de los líderes políticos de ambas partes de encontrar una solución negociada y expresa su apoyo a las negociaciones directas mantenidas actualmente por los líderes de las dos comunidades de Chipre y se declara dispuesto a aceptar cualquier acuerdo que alcancen, siempre que sea acorde con los principios fundamentales de la Unión Europea, incluidas las cuatro libertades fundamentales, salvo excepción transitoria temporal, y siempre que se apruebe en referéndum; pide a Turquía que propicie un clima apto para la negociación retirando sus tropas y permitiendo que los dos líderes negocien libremente el futuro de su país;

41.   Pide a Turquía que cumpla sus obligaciones derivadas del Derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la cuarta demanda interestatal de Chipre contra Turquía relativa a las investigaciones sobre la suerte de personas desaparecidas; insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a que pidan a Turquía que tome las medidas adecuadas al respecto, pues se trata ante todo de una cuestión humanitaria;

42.   Alienta a una mayor cooperación transfronteriza entre autoridades locales, empresarios y otros socios locales con los Estados miembros de la UE vecinos, Grecia y Bulgaria;

43.   Observa con satisfacción la comunicación y la cooperación desarrolladas durante el pasado año entre las autoridades turcas e iraquíes, incluidos los contactos entre Turquía y el Gobierno regional kurdo en el norte de Iraq; anima a dichas autoridades a intensificar su cooperación para conseguir evitar, bajo la responsabilidad de la parte iraquí, los ataques terroristas lanzados desde territorio iraquí, con el fin de garantizar la estabilidad y contribuir al desarrollo económico de la totalidad de la zona de vecindad turco-iraquí; reitera sus anteriores llamamientos al Gobierno turco para que, cuando lleve a cabo operaciones antiterroristas, respete la integridad territorial de Iraq, los derechos humanos y el Estado de Derecho y vele por evitar víctimas civiles;

44.   Acoge con satisfacción la visita del Presidente Gül a Armenia en septiembre de 2008, a raíz de la invitación cursada por el Presidente Sarkisian, y espera que dicha visita fomente un clima favorable a la normalización de relaciones entre sus países; pide al Gobierno turco que reabra su frontera con Armenia y restablezca unas relaciones económicas y políticas plenas con este país; pide una vez más a los Gobiernos turco y armenio que inicien un proceso de reconciliación, respecto del presente y el pasado, que haga posible un debate franco y abierto sobre acontecimientos pasados; pide a la Comisión que facilite este proceso de reconciliación;

45.   Elogia los continuados esfuerzos de los Gobiernos turco y griego por mejorar sus relaciones bilaterales; reitera que revocar el casus belli declarado en 1995 por la Gran Asamblea Nacional turca daría un notable impulso a la mejora de dichas relaciones; recuerda que Turquía se ha comprometido a desarrollar relaciones de buena vecindad y pide al Gobierno turco que haga esfuerzos serios e intensos para resolver las disputas pendientes de manera pacífica y acorde con la Carta de las Naciones Unidas y otros convenios internacionales, acuerdos bilaterales y obligaciones pertinentes;

IV. Fortalecer la cooperación bilateral UE-Turquía

46.   Pide al Consejo que considere la posibilidad de avanzar hacia la apertura de negociaciones sobre los capítulos en los que Turquía cumple las condiciones para ello según la evaluación de la Comisión;

47.   Reconoce la ambición de Turquía de convertirse en un nudo de distribución de energía euroasiático y el papel que puede desempeñar para contribuir a la seguridad energética de Europa; elogia los progresos registrados por Turquía en el ámbito de la energía; recuerda su mencionada Resolución de 24 de octubre 2007, que apoya el inicio de negociaciones sobre este capítulo y lamenta que en el Consejo no se haya alcanzado un acuerdo sobre este asunto; anima a Turquía a que se adhiera a la Comunidad Europea de la Energía como miembro de pleno derecho, para fortalecer la cooperación en materia de energía entre la UE y Turquía, que puede beneficiar a todas las partes; pide a Turquía que apoye plenamente el proyecto de gasoducto Nabucco, que es un proyecto europeo prioritario, y espera que se concluya en breve un acuerdo intergubernamental para ponerlo en funcionamiento;

48.   Observa los progresos hechos en el ámbito de la migración y del asilo; lamenta, no obstante, que desde diciembre de 2006 Turquía no haya reanudado las negociaciones con la CE sobre un acuerdo de readmisión, cuya firma es una condición para el acuerdo de facilitación de visados; pide al Gobierno turco que intensifique su cooperación con la UE en materia de gestión de migraciones, en particular mediante la aplicación adecuada de los actuales acuerdos y protocolos bilaterales de readmisión con los Estados miembros; señala que no se advierten progresos en la adaptación a las listas de visados de la UE; pide a la Comisión y al Gobierno turco que entablen negociaciones sobre un acuerdo de facilitación de visados; insta a los Estados miembros a que aligeren las restricciones de visado a los viajeros de buena fe como estudiantes, académicos o empresarios; pide el pleno respeto de los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los refugiados, incluido el acceso libre y sin restricciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a todos los centros de detención;

49.   Observa con satisfacción la puesta en marcha, en septiembre de 2008, de una nueva generación de proyectos encaminados a intensificar el diálogo entre las sociedades civiles de Turquía y de la UE; pide a la Comisión que informe de las actividades desarrolladas en el marco del diálogo entre las sociedades civiles de la UE y de Turquía; reitera el llamamiento hecho al Gobierno turco para que haga participar más estrechamente a la sociedad civil en el proceso de reforma;

50.   Observa que la Comisión se propone elaborar evaluaciones de impacto únicamente en determinados ámbitos(5) ; insta a la Comisión a que elabore un estudio de impacto detallado como continuación del que presentó en 2004 y que lo presente sin demora al Parlamento;

51.   Pide al Gobierno de Turquía y a las autoridades judiciales una mejor cooperación con los Estados miembros y las autoridades de la UE en causas penales en las que ciudadanos y residentes de la UE han sido víctimas de fraude, como el caso de los denominados "fondos verdes" (fondos de inversión islámicos con sede en Turquía) y en el asunto "Deniz Feneri", organización benéfica con sede en Alemania;

Cooperación internacional y asuntos de dimensión global

52.   Aprecia los esfuerzos de Turquía por aportar una solución para muchas de las regiones en crisis de todo el mundo, en particular en el Oriente Próximo y el Cáucaso Meridional, así como en lo que se refiere a las relaciones entre Afganistán y Pakistán; aprecia, en particular, la participación activa y constructiva de Turquía a raíz del conflicto entre Rusia y Georgia, destinada a promover la paz y la estabilidad en el Cáucaso Meridional, en particular a través de su propuesta de pacto de Plataforma de Estabilidad y Cooperación en el Cáucaso; pide al Consejo y a la Comisión que intensifiquen la cooperación con Turquía y busquen sinergias entre los planteamientos de la UE y de Turquía en dichas regiones;

53.   Felicita a Turquía por su elección como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y anima al Gobierno turco a que adopte en el seno de las Naciones Unidas un planteamiento estrechamente coordinado con la posición de la UE;

54.   Celebra la ratificación del Protocolo de Kyoto por el Parlamento turco;

55.   Observa con satisfacción que Turquía aporta una contribución sostenida a la Política Europea de Seguridad y Defensa y a las operaciones de la OTAN; lamenta, sin embargo, que Turquía siga bloqueando con sus objeciones toda cooperación estratégica OTAN-UE que vaya más allá de los dispositivos "Berlín Plus", lo que tiene consecuencias adversas para la protección del personal desplegado por la UE, e insta a Turquía a que retire lo antes posible sus objeciones; pide al Consejo que consulte a Turquía, como uno de los principales suministradores de tropas, en las etapas de planificación y toma de decisiones de la Política Europea de Seguridad y Defensa;.

56.   Pide al Gobierno turco que firme y someta a ratificación el Estatuto de la Corte Penal Internacional, acrecentando así la contribución y la participación de Turquía en el sistema multilateral mundial;

o
o   o

57.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía

(1) DO C 306 E de 15.12.2006, p. 284.
(2) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 452.
(3) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0224 .
(4) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.
(5) Comisión Europea: Acciones en aplicación de resoluciones no legislativas del Parlamento, mayo II, 2008.


Informe 2008 sobre los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el informe de 2008 sobre los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia
P6_TA(2009)0135 B6-0106/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003, en el que se prometió a todos los Estados de los Balcanes Occidentales que entrarían a formar parte de la Unión Europea,

–   Vistas las Resoluciones S/RES/817 de 7 de abril de 1993 y S/RES/845 de 18 de junio de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–   Vistas la Decisión del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005 de conceder a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE y las Conclusiones de la Presidencia de los Consejos Europeos de los días 15 y 16 de junio de 2006 y 14 y 15 de diciembre de 2006,

–   Visto el Acuerdo provisional de 1995 entre la República Helénica y la Antigua República Yugoslava de Macedonia,

–   Vista la Declaración UE-Balcanes Occidentales, aprobada por unanimidad por los Ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros de la UE y por los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados de los Balcanes Occidentales en Salzburgo el 11 de marzo de 2006,

–   Vistas las Conclusiones de la cuarta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia de 24 de julio de 2007,

–   Vistos los acuerdos entre la UE y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre la facilitación de visados y sobre readmisión de 18 de septiembre de 2007,

–   Vista la Decisión del Consejo 2008/212/CE de 18 de febrero de 2008 sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación para la adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia(1) ,

–   Vista la Declaración de Brdo: Nueva prioridad otorgada a los Balcanes Occidentales, realizada por la Presidencia de la UE el 29 de marzo de 2008, en la que se subraya la necesidad de dar un nuevo impulso a la Agenda de Salónica y a la Declaración de Salzburgo,

–   Visto el Informe de 2008 de la Comisión sobre los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia (SEC(2008)2695 ),

–   Vista su Resolución de 10 de julio de 2008 sobre el Documento de estrategia de la Comisión de 2007 sobre la ampliación(2) ,

–   Vista su Resolución de 23 de abril de 2008 sobre el Informe de progreso 2007 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia(3) ,

–   Vistas las Recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia de los días 29-30 de enero de 2007 y 26-27 de noviembre de 2007,

–   Vista su Posición de 24 de octubre de 2007 sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre la facilitación de la expedición de visados de corta duración(4) ,

–   Vista su Posición de 24 de octubre de 2007 sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre readmisión(5) ,

–   Vista la Decisión del Consejo 2007/824/CE de 8 de noviembre de 2007 relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre la facilitación de la expedición de visados(6) ,

–   Vista la Decisión del Consejo 2007/817/CE de 8 de noviembre de 2007 relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre readmisión de residentes ilegales(7) ,

–   Vista la declaración final de la 5ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, aprobada el 28 de noviembre de 2008,

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de noviembre de 2008, titulada "Estrategia y retos principales de la ampliación (2008-2009)" (COM(2008)0674 ) y las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrado el 9 de diciembre de 2008,

–   Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A.   Considerando que el documento de la Comisión de 2007 sobre la estrategia de ampliación otorga una gran relevancia ‐desde las etapas iniciales de dicha estrategia‐ a los ámbitos del Estado de Derecho y del buen gobierno, especialmente en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, las reformas administrativas y judiciales y el desarrollo de la sociedad civil,

B.   Considerando que la UE ha tomado medidas para mejorar la calidad del proceso de ampliación,

C.   Considerando que un Estado miembro de la UE ‐concretamente Grecia‐ y la Antigua República Yugoslava de Macedonia se encuentran inmersos en un proceso de negociación bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar una solución aceptable para ambas partes sobre la cuestión del nombre del Estado candidato; que sigue siendo fundamental garantizar unas relaciones de buena vecindad y encontrar soluciones negociadas y aceptables mutuamente sobre cuestiones no resueltas con los vecinos, en consonancia con la Declaración de Salzburgo de 11 de marzo de 2006,

1.   Acoge con satisfacción el hecho de que los partidos en el Gobierno y la oposición de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, con el apoyo generalizado de la sociedad civil y de la opinión pública, estén unidos en su deseo de cumplir con los criterios de Copenhague para adherirse a la UE lo antes posible; destaca, en este sentido, que en lo fundamental no se trata de cumplir unos requisitos impuestos desde el exterior, sino de mejorar el propio futuro del país candidato;

2.   Reitera su pleno apoyo a la perspectiva europea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y de todos los países de los Balcanes Occidentales, que es esencial para la estabilidad, la reconciliación y el futuro pacífico de la región;

3.   Acoge con satisfacción el hecho de que, siete años después del Acuerdo de Ohrid, el Parlamento nacional haya aprobado la ley sobre el uso de las lenguas en la administración y en la enseñanza; acoge con especial satisfacción las mayores posibilidades de enseñanza superior gracias a la apertura de nuevas facultades en diversas ciudades, en particular aquellas con planes de estudios en diferentes lenguas; toma nota de la mejora de la representación equitativa de miembros de las comunidades no mayoritarias, en particular en la administración pública, en la policía y en las fuerzas armadas;

4.   Elogia los progresos realizados por el país en el diálogo sobre la liberalización del régimen de visados, en particular el elevado número de documentos biométricos de viaje y de identidad expedidos, la aplicación del plan de gestión integrada de fronteras y la creación de un sistema nacional de información de visados; toma nota con satisfacción de los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos, la migración ilegal y la corrupción, y pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos en este ámbito; acoge con satisfacción la aplicación del acuerdo de readmisión con la UE y pide una cooperación más estrecha con la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust); toma nota de las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia debido al no reconocimiento de sus pasaportes por un Estado miembro de la UE, y pide a la Comisión que, habida cuenta de los progresos alcanzados, recomiende al Consejo la liberalización lo antes posible de los visados para los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y la supresión de los requisitos de visado;

5.   Elogia los esfuerzos realizados por el Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el ámbito económico, que se han traducido en progresos significativos en el cumplimiento de los criterios económicos, acercando, por lo tanto, al país a una economía de mercado operativa; acoge con satisfacción, en particular, la simplificación de los procedimientos de pago de impuestos, la reforma del registro de ventanilla única, la facilitación del comercio exterior y la disminución de la burocracia; anima al Gobierno a proseguir sus políticas destinadas a lograr un crecimiento estable del PIB, una tasa de inflación baja, la disciplina fiscal y una mejora del entorno empresarial general;

6.   Observa que, después de una serie de tentativas de perturbar las elecciones parlamentarias el 1 de junio de 2008, particularmente en el noroeste del país, el Gobierno tomó medidas efectivas, mediante una repetición parcial de las elecciones y la supervisión efectiva de los procedimientos, para llegar a unos resultados electorales correctos; acoge con satisfacción el inicio de un procedimiento judicial destinado a sancionar a quienes cometieron irregularidades electorales; elogia la aprobación de modificaciones al Código Electoral en amplia consonancia con las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, y confía en que se hará todo lo posible para prevenir cualquier tentativa de perturbación de las elecciones en el futuro, como las elecciones presidenciales y locales en marzo de 2009;

7.   Acoge con satisfacción los progresos logrados para la creación de las estructuras necesarias para una gestión descentralizada del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA); apoya los esfuerzos realizados por el Gobierno para crear las capacidades administrativas que permitirán la ejecución de la decisión del Consejo de confiar la gestión de la asistencia del IPA a las autoridades nacionales;

8.   Observa que, como la mayor parte de los Estados miembros de la UE, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, tras una decisión ampliamente apoyada de su Parlamento, reconoció la independencia del vecino país Kosovo, en el mismo momento en que lo hizo Montenegro, a pesar de las dificultades que esto podía causar a corto plazo para la preservación deseada de las buenas relaciones con otro país vecino, Serbia; acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado con las autoridades de Kosovo en relación con la demarcación de la frontera;

9.   Observa que el interés cada vez mayor por Serbia, que en 2009 podría desembocar en la concesión del estatuto de país candidato a la adhesión a la UE, no debe dar lugar a ninguna disminución del interés por la Antigua República Yugoslava de Macedonia en la UE ni a otra ralentización del progreso en el proceso de adhesión;

10.   Observa que la Antigua República Yugoslava de Macedonia está dando pasos para el cumplimiento de los criterios de adhesión a la UE, y toma nota de los progresos realizados por este país en la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación, firmado en 2001, y del Acuerdo Marco de Ohrid, así como de los recientes avances en la aplicación de los criterios de referencia de la Comisión; lamenta, sin embargo, que tres años después de que se le concediera el estatuto de candidato a la adhesión a la UE, aún no se hayan iniciado las negociaciones de adhesión, lo cual es una situación insostenible que tiene efectos desmotivadores para el país, y entraña riesgos de desestabilización de la región; considera deseable que se ponga fin a esta situación excepcional; insta a que se acelere el proceso, y recuerda que en su mencionada resolución de 23 de abril de 2008, el Parlamento manifestó su esperanza de que en 2008 se adoptara una decisión sobre la fecha de inicio de las negociaciones de adhesión, reconociendo que todos los actuales obstáculos a una pronta adhesión deberán eliminarse durante los años en que las próximas negociaciones tengan lugar; insta al Consejo a que agilice este proceso decidiendo una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión, en el presente año, pendiente de la plena aplicación de las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión;

11.   Reitera, en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 19 y 20 de junio de 2008 y las del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrado los días 8 y 9 de diciembre de 2008, la importancia de que la Antigua República Yugoslava de Macedonia, en su calidad de país candidato a la UE, continúe fomentando unas buenas relaciones de vecindad y trate de resolver los asuntos pendientes con sus vecinos, incluida una solución negociada y aceptable para ambas partes de la cuestión de la denominación, sobre la base de sus compromisos internacionales y de sus compromisos y obligaciones bilaterales y multilaterales;

12.   Apoya los esfuerzos del mediador Matthew Nimetz en las Naciones Unidas, tal como se prevé en las Resoluciones S/RES/817 y S/RES/845 de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de resolver las diferencias planteadas sobre la denominación constitucional del Estado para alcanzar cuanto antes un acuerdo definitivo entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia, sobre la base de su propuesta de 6 de octubre de 2008 sobre cómo se puede aclarar a escala internacional la distinción entre las diversas zonas pertenecientes a diferentes Estados, pero con la misma denominación, Macedonia; comprende que esta propuesta sea vista con dudas por ambas partes; toma nota del nombramiento del nuevo negociador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia; pide a las dos partes que mantengan su compromiso de negociar bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que alcancen una solución de compromiso, a fin de que esta cuestión no siga constituyendo un obstáculo para la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a las organizaciones internacionales, tal como se prevé en el mencionado Acuerdo Provisional de 1995, que sigue en vigor; advierte que, a menos que se alcance rápidamente un acuerdo entre los dos Estados, esto podría dar lugar a un retraso considerable por lo que se refiere a la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la UE; opina que las cuestiones bilaterales pendientes en los Balcanes no deberían obstaculizar la adhesión ni anteponerse al proceso de integración europea;

13.   Toma nota de la solicitud presentada por la Antigua República Yugoslava de Macedonia ante la Corte Internacional de Justicia en relación con el artículo 11 del Acuerdo Provisional; expresa su esperanza de que la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia sigan comprometidas con las negociaciones a pesar del procedimiento judicial iniciado ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la aplicación del Acuerdo Provisional; en vista de la nueva ronda de negociaciones anunciada en relación con el proceso Nimetz, expresa su esperanza de que todos los gobiernos de los países vecinos apoyen la integración de este país en la UE, contribuyendo de esa forma a la estabilidad y la prosperidad de la región;

14.   Acoge con satisfacción los esfuerzos de las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia para trabajar con los Estados miembros de la UE vecinos a fin de revisar las posibles discrepancias y malas interpretaciones de la historia que pueden causar desacuerdos, e insta a que se fomente la celebración conjunta del patrimonio cultural e histórico común del país con sus vecinos; expresa su preocupación por la falta de progresos a la hora de contrarrestar el resurgimiento del "discurso de incitación al odio", en particular en los medios de comunicación y en el sistema educativo, contra los Estados vecinos, y sigue instando al Gobierno a que garantice el cumplimiento público de las normas pertinentes de la UE y del Consejo de Europa;

15.   Observa que, en una democracia, hay una interacción entre el Gobierno y la oposición en la que siempre hay margen para opiniones opuestas, se presta atención a soluciones alternativas y hay posibilidades para crear mayorías a favor de un cambio de política, y que es importante asegurarse de que los diferentes sectores de la población no teman que esta tolerancia disminuiría si un partido tuviese una mayoría parlamentaria, lo que ha sido el caso en la Antigua República Yugoslava de Macedonia desde las últimas elecciones parlamentarias;

16.   Insiste en que los ciudadanos particulares que presenten denuncias sobre abusos del poder o casos de corrupción han de recibir un documento que certifique claramente que han actuado así; acoge con satisfacción la práctica existente de informar a los ciudadanos sobre el curso dado a su denuncia y sobre el resultado final, y el hecho de que estas denuncias sean registradas de manera clara y uniforme por parte de la policía y las autoridades judiciales;

17.   Pide al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que intensifique la lucha contra las conexiones entre la delincuencia organizada de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de Montenegro, de Kosovo y de Albania;

18.   Lamenta que la nueva Ley de 20 de septiembre de 2007 sobre el estatuto jurídico de las iglesias, comunidades religiosas y grupos religiosos aún no haya dado como resultado que los fieles de las diferentes creencias perciban que tienen las mismas oportunidades de practicar y propagar su fe y de poseer, utilizar y construir edificios a ese fin, como es el caso de las dos denominaciones que han sido tradicionalmente mayoritarias en el país: la Iglesia Ortodoxa "Macedonia" y el Islam; recuerda que las autoridades tienen el deber de proteger la tolerancia hacia aquellos cuyas convicciones son diferentes y el derecho a la diversidad religiosa;

19.   Lamenta la creciente presión ejercida sobre los medios de comunicación por las fuerzas gubernamentales, en particular durante la campaña electoral; pide que se salvaguarde una información independiente y diversa, a través de la radio y la televisión, en donde las diversas opiniones existentes en la sociedad deben seguir siendo visibles, tanto preservando la libertad editorial de quienes facilitan la información como evitando el establecimiento de estrechas relaciones entre cadenas comerciales y partidos o políticos particulares; expresa asimismo su preocupación por la gran dependencia financiera de los diarios y de las cadenas de televisión con respecto a la publicidad del Gobierno y los ingresos que ésta genera, lo que puede ir en detrimento de un enfoque periodístico crítico;

20.   Observa que, desde la adopción de las enmiendas a la Ley sobre el empleo de 2005, aún no está claro cómo los diversos sindicatos coexistentes pueden concluir convenios legalmente válidos con la administración pública y los empresarios, en especial dada la obligación actual de que los sindicatos representen al 33 % de los trabajadores afectados antes de poder actuar como partes de convenios, lo que constituye un obstáculo a la diversidad y da lugar a que las partes interesadas cuestionen constantemente el número de afiliados de estos sindicatos;

21.   Pide al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que construya cuanto antes nuevos vertederos, que clausure y limpie los vertederos antiguos, desarrollando al mismo tiempo acciones concretas para la implantación del ciclo integrado de los residuos, incluida la recogida selectiva de residuos, también mediante consorcios, para la construcción de instalaciones de recuperación de calor y de instalaciones para la producción de combustible a partir de residuos;

22.   Pide que se mejoren y preserven el nivel y la calidad del agua en los lagos fronterizos Ohrid, Prespa y Doirani y que se concluyan acuerdos efectivos sobre el particular con los países vecinos Albania y Grecia; expresa también su satisfacción por la propuesta de ley sobre la gestión del agua e insta a que se examine en el Parlamento sin demora;

23.   Observa con preocupación los efectos negativos para las personas y el medio ambiente de la refinería de petróleo de OKTA, situada en la ciudad de Ilinden, en las proximidades de Skopje, y que está considerada como la mayor fuente de contaminación del país;

24.   Advierte que, sin nuevas inversiones en el almacenamiento, tratamiento y transporte de agua, podría verse comprometida la continuidad del suministro urbano de agua potable;

25.   Pide al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que relance el proceso de liberalización y de privatización de los servicios públicos locales, con especial atención al sector de la producción, el transporte y la distribución de energía eléctrica;

26.   Lamenta que el funcionamiento de la red ferroviaria se haya deteriorado en los últimos años; observa, en particular, que tanto la frecuencia de los servicios ferroviarios nacionales de pasajeros como las conexiones con los países vecinos se han reducido a un mínimo y que el material rodante en uso es menos idóneo para servicios de pasajeros en trayectos relativamente cortos, de modo que se necesitarán nuevas inversiones si se quiere que sobrevivan en el futuro los servicios ferroviarios de pasajeros; lamenta la falta de progresos en la construcción de la conexión ferroviaria entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Bulgaria, que contribuiría al desarrollo económico y a la estabilidad de la región en su conjunto;

27.   Anima al Gobierno a acelerar la planificación y la producción de energía a partir de fuentes renovables, en particular, energía solar y eólica; pide, en este sentido, a las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que realicen todos los esfuerzos necesarios para desarrollar una política energética en consonancia con los objetivos de la Unión Europea y que apoyen la posición de la UE en la próxima conferencia sobre un tratado post-Kyoto que se celebrará en Copenhague;

28.   Expresa su inquietud sobre el gran aumento del número de noticias sobre casos de víctimas de la violencia doméstica y exhorta a las autoridades a que aprueben una ley específica contra tal violencia, además de la Ley sobre la familia que ya existe, para permitir que el ministerio fiscal procese a los autores de violencia doméstica;

29.   Se muestra alarmado por la posición de desventaja de la minoría romaní en el país, a la vista, entre otros, del informe más reciente de Amnistía Internacional, según el cual el 39 % de las mujeres romaníes recibe escasa o nula escolarización, el 83 % no ha tenido nunca un empleo remunerado en el sector formal y el 31 % padece enfermedades crónicas, porcentajes que son estructuralmente más elevados que la media de las mujeres que no son de etnia romaní;

30.   Acoge con satisfacción los progresos realizados hasta ahora en la representación política de la población romaní; insta, al mismo tiempo, al Gobierno a que acelere la aplicación de las políticas vigentes en relación con la población romaní y a que proporcione los recursos adecuados para las mismas;

31.   Coincide con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en celebrar el hecho de que, hasta la fecha, ninguna de las minorías huidas de Kosovo y cuyos miembros no han adquirido un estatuto de residente permanente se haya visto obligada a irse, y espera que se alcance pronto un acuerdo entre el Gobierno y el ACNUR sobre la responsabilidad de la ayuda financiera para este grupo;

32.   Pide a la Comisión que se mantenga vigilante, habida cuenta de que la crisis financiera internacional ha alcanzado a Europa y puede tener efectos indirectos sobre el comercio y la inversión extranjera en los Balcanes Occidentales, y que, en caso necesario, adopte las medidas adecuadas para garantizar que prosiga sin problemas el proceso de estabilización y asociación relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a los demás países de los Balcanes Occidentales, por ser un factor importante para la estabilidad de la región y redundar en interés de la propia UE;

33.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

(1) DO L 80 de 19.3.2008, p. 32.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0363 .
(3) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0172 .
(4) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 402.
(5) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 402.
(6) DO L 334 de 19.12.2007, p. 120.
(7) DO L 334 de 19.12.2007, p. 1.


Mandato del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
PDF 104k   DOC 55k
Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 12 de marzo de 2009, sobre el mandato del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (2008/2290(INI) )
P6_TA(2009)0136 A6-0112/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la propuesta de recomendación al Consejo presentada por Annemie Neyts Uyttebroeck y otros, en nombre del Grupo ALDE, sobre el mandato del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ("Tribunal") (B6-0417/2008 ), que comprende las Repúblicas que formaban el territorio que fue hasta el 25 de junio de 1991 la República Federal Socialista de Yugoslavia, a saber, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo y Eslovenia,

–   Visto que el Tribunal es un órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas que lleva a cabo su actividad en Europa y conoce de asuntos europeos, y que fue creado en 1993 como institución temporal específicamente para investigar graves violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas en la antigua Yugoslavia desde 1991 y para enjuiciar a sus responsables,

–   Visto que en aquel momento los sistemas judiciales nacionales de la Antigua Yugoslavia no podían o no querían investigar y enjuiciar a los principales responsables,

–   Visto que el Tribunal ha acusado a 161 personas y ha procesado a 116; que en la actualidad numerosos acusados se encuentran en distintas fases de los procesos en curso ante el Tribunal; que sólo cinco acusados siguen en la fase de cuestiones preliminares, esperando el inicio de sus juicios, y que solamente dos de las personas acusadas, Ratko Mladić y Goran Hadžić, siguen prófugos(1) ,

–   Vistas las Resoluciones S/RES/1503 (2003) y S/RES/1504 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que instan al Tribunal a que adopte todas las medidas posibles para concluir su labor para finales de 2010 ("estrategia de conclusión"),

–   Visto el hecho de que las fechas contempladas en dicha estrategia de conclusión son fechas previstas, y no plazos definitivos,

–   Vistas las evaluaciones semestrales presentados por el Presidente y el Fiscal del Tribunal, de conformidad con el apartado 6 de la Resolución S/RES/1534 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre el avance realizado en la aplicación de la estrategia de conclusión,

–   Vista la Resolución A/RES/63/256 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una propuesta general sobre incentivos apropiados para retener al personal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, aprobada por consenso el 23 de diciembre de 2008,

–   Visto el apoyo considerable y constante que la UE y sus Estados miembros han prestado al Tribunal,

–   Visto que la plena cooperación con el Tribunal se ha convertido en un criterio de referencia central de la política de la Unión hacia los países de los Balcanes Occidentales,

–   Vista su Resolución, de 15 de enero de 2009, sobre Srebrenica(2) ,

–   Vistos el artículo 114, apartado 3, y el artículo 83, apartado 5, de su Reglamento,

–   Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0112/2009 ),

A.   Considerando que el Tribunal, con sede en La Haya, y su labor merecen el pleno apoyo de la UE y sus Estados miembros,

B.   Considerando que las sentencias del Tribunal han sentado jurisprudencia en materia de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, y ya ha aportado una contribución significativa al proceso de reconciliación en los Balcanes Occidentales y con ello a la restauración y el mantenimiento de la paz en la región,

C.   Considerando que la plena cooperación con el Tribunal ha sido una de las condiciones estrictas establecidas por la UE en su compromiso contractual con los países de la región,

D.   Considerando que el Tribunal ha contribuido a poner los cimientos de nuevas normas en materia de resolución de conflictos y para la etapa postconflicto en todo el mundo, ha aportado lecciones para futuros tribunales ad hoc y ha demostrado que es posible la existencia de un sistema judicial internacional eficiente y transparente; considerando que su contribución al desarrollo del Derecho penal internacional es objeto de un amplio reconocimiento,

E.   Considerando que algunas de las acusaciones, decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Internacional han sido objeto de controversia en diferentes partes de los Balcanes Occidentales y fuera de ellos; que pueden aprenderse lecciones valiosas de estas reacciones, que formarán parte del legado del Tribunal, aunque también subrayan la necesidad de crear una Sala de Apelaciones, así como un programa de extensión,

F.   Considerando que el Tribunal sigue llevando a cabo una amplia variedad de actividades de extensión con objeto de hacer llegar su trabajo a los países implicados, incluyendo el favorecimiento de la cobertura de los juicios por los medios de comunicación locales, el acercamiento directo a las comunidades por parte de los funcionarios establecidos en ellas, y los esfuerzos de consolidación de capacidades con las instituciones judiciales nacionales facultadas para juzgar crímenes de guerra, así como diversos proyectos de establecimiento de mejores prácticas,

G.   Considerando que las mencionadas Resoluciones S/RES/1503 (2003) y S/RES/1504 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instaban al Tribunal y al Tribunal Penal Internacional para Ruanda a que concluyeran sus investigaciones para finales de 2004, todos los juicios en primera instancia, para finales de 2008, y todos sus trabajos, para 2010; considerando, no obstante, que el Tribunal ha indicado que no podrá concluir sus juicios en primera instancia antes de finales de 2009, debido, entre otras razones, al gran número de recursos; considerando, por consiguiente, que es necesaria una nueva decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para prorrogar el mandato del Tribunal,

H.   Considerando que el Tribunal ha tomado la iniciativa de elaborar un plan, que recibió el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las Resoluciones antes citadas, conocido como "estrategia de conclusión", cuyo objeto es garantizar la conclusión satisfactoria de su misión, de manera oportuna y coordinada con los sistemas judiciales nacionales de los países implicados,

I.   Considerando que el plan comprende tres fases y previsiones de fechas para la conclusión del mandato del Tribunal; que el objetivo actual es la conclusión de todos los procesos (en primera instancia y de apelación) para 2011, con algunos de ellos entrado el año 2012; que para conseguir estos resultados, el Tribunal se está centrando en los dirigentes de mayor rango sospechosos de haber cometido crímenes en su jurisdicción, ha transferido causas abiertas contra imputados de rango intermedio y bajo, a las jurisdicciones nacionales competentes y ha decidido acumular en un juicio varias causas, aunque debe velarse por que la acumulación no vaya en detrimento de los derechos de los acusados; considerando que los fiscales y los órganos jurisdiccionales nacionales también están iniciando y tramitando causas, si bien algunos tribunales nacionales quizás no puedan o no quieran celebrar procesos penales con arreglo a las normas internacionales y las normas sobre un juicio justo, y considerando que en algunos casos el traslado a los tribunales nacionales ha tropezado con resistencias por parte de las víctimas y los testigos directos,

J.   Considerando que las tres salas de primera instancia (y una sala de apelación) del Tribunal mantienen una productividad plena y celebran vistas con múltiples acusados; que el traslado de causas a las jurisdicciones nacionales competentes ha tenido un impacto sustancial en la carga de trabajo general del Tribunal, pero que determinados factores ajenos a su control han ocasionado ciertas demoras y no pueden descartarse retrasos imprevistos suplementarios,

K.   Considerando que los dos acusados que quedan, Ratko Mladić y Goran Hadžić, deben ser entregados a la Justicia y que su captura dependerá de la colaboración imperativa de los Estados, de conformidad con el artículo 29 del Estatuto del Tribunal, que comprende la búsqueda, la detención y el traslado de los fugitivos, así como la presentación de pruebas ubicadas, por ejemplo, en los archivos nacionales, y considerando que no siempre se han producido debidamente la detención y el traslado de acusados fugitivos y la presentación de pruebas,

L.   Considerando que el artículo 21 del Estatuto del Tribunal regula el derecho de cualquier persona acusada de comparecer a su propio juicio; que, por lo tanto, el Tribunal no podría, aunque estuviera en posesión de abundantes pruebas, proceder contra un acusado en rebeldía,

M.   Considerando que se reconoce el compromiso del Tribunal con la conclusión puntual de su mandato, pero que las causas pendientes deben examinarse sin premuras ajenas a la realidad, ya que tales premuras podrían ser perjudiciales para el derecho del acusado a un juicio justo; considerando que no puede optarse por soluciones expeditivas que puedan suponer riesgos para la seguridad y el bienestar de las víctimas y los testigos que declaren ante el Tribunal, y que la fecha prevista en la estrategia de conclusión del Tribunal no puede suponer la impunidad de los dos fugitivos que siguen en libertad ni la imposición indebida de apremios de tiempo para los juicios en curso,

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

   a) recuerda que uno de los valores fundamentales reflejados en la decisión de la comunidad internacional de crear el Tribunal fue la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad; aunque apoya plenamente el trabajo realizado por el Tribunal, señala que ello no podrá lograrse totalmente a menos que los procesos en curso puedan concluirse sin premuras indebidas y que los dos acusados prófugos, Ratko Mladić y Goran Hadžić, puedan ser entregados a la justicia y juzgados;
   b) destaca que el afán de celeridad de los procedimientos no puede perseguirse a expensas de las obligaciones derivadas de un proceso justo, y reitera la opinión actualmente general de que el legado del Tribunal se evaluará no solo en función de si logra enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves sobre los que tiene jurisdicción, sino también en función de si lo hace cumpliendo las normas de imparcialidad más estrictas;
   c) destaca que mantener un personal altamente cualificado en el Tribunal constituye un factor crítico para la conclusión satisfactoria de los juicios en primera instancia y de apelación, y que la pérdida de conocimientos especializados institucionales necesarios para concluir los juicios restantes podría verse agravada a causa del calendario previsto en la estrategia de conclusión; celebra, a este respecto, la Resolución nº A/RES/63/256, que permite que el Tribunal ofrezca contratos en línea con el calendario de la estrategia de conclusión y que explote incentivos no monetarios para retener personal clave;
   d) subraya que, por un lado, la fecha fijada para la realización de la estrategia de conclusión contribuye a la productividad del Tribunal, pero, por otro lado, si ha de hacerse justicia y debe celebrarse el juicio contra Ratko Mladić y Goran Hadžić, esta fecha no puede constituir en modo alguno un plazo límite para las actividades del Tribunal;
   e) insta, en consecuencia, al Consejo a que examine con urgencia las posibilidades de prorrogar dos años el mandato del Tribunal, y a que determine si esta medida sería suficiente teniendo en cuenta que cualquier prórroga debería evaluarse no solo en términos de tiempo sino de resultados; le insta asimismo a que adelante el examen de estos asuntos en las instancias apropiadas de las Naciones Unidas;
   f) pide al Consejo que anime al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se comprometa a dedicar recursos y apoyo suficientes al Tribunal a través del presupuesto general de las Naciones Unidas hasta la conclusión del mandato del Tribunal;
   g) insta al Consejo a que continúe apoyando los esfuerzos del Tribunal por lograr que los países en cuestión incrementen la cooperación y aceleren sus esfuerzos por capturar a los dos acusados que siguen en libertad, para que el Tribunal pueda cumplir su mandato, y asimismo que aclaren con las Naciones Unidas que debe ser palmario que los dos fugitivos que quedan deberán ser juzgados o por el Tribunal o por el mecanismo residual, evitando con ello toda impresión de impunidad;
   h) destaca que las autoridades competentes deberían entregar los documentos clave para procesar al General Ante Gotovina, así como a Mladen Markač e Ivan Čermak; destaca que debe atenderse a los recientes llamamientos del Fiscal Jefe del Tribunal, Serge Brammertz, para que se localice y ponga a disposición del Tribunal documentación pertinente perdida;
   i) señala que la UE debería seguir insistiendo en que el cumplimiento de los criterios de Copenhague incluye el establecimiento de un poder judicial plenamente operativo, capaz de celebrar juicios por violaciones del Derecho humanitario incluso cuando el marco del Tribunal ya no esté operativo; insta al Consejo a que establezca unas normas claras para evaluar la actuación del poder judicial en los países de los Balcanes Occidentales tras la conclusión del mandato del Tribunal, entre otras cosas, para garantizar que las condiciones de encarcelamiento respondan a las normas internacionales y que sean acatadas las sentencias pronunciadas por el Tribunal, y pide a la Unión Europea que preste un mayor apoyo a las investigaciones y juicios nacionales por crímenes de guerra, por ejemplo, mediante la prestación de asistencia para el cumplimiento de la ley, incluida la financiación de medidas de formación y protección de testigos;
   j) reconoce que la preeminencia de los Estados sigue siendo una piedra angular del sistema internacional, y señala que es esencial que la comunidad internacional apoye la formación de capacidades nacionales en los Balcanes para que los órganos jurisdiccionales locales puedan continuar el trabajo iniciado por el Tribunal; apoya la financiación actual por parte de la Unión Europea, por ejemplo de programas de extensión en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos; insta, en este contexto, al Consejo a que examine la posibilidad de prestar un mayor apoyo a la estrategia de continuación del Tribunal Internacional, y pide una cooperación más estrecha entre los órganos judiciales y los ministerios públicos en los Balcanes Occidentales, en particular, en asuntos que impliquen extradiciones y asistencia jurídica mutua;
   k) observa que contar con un mecanismo claro para desempeñar las funciones residuales del Tribunal cuando éste haya concluido su mandato será esencial para garantizar que su legado sirva para consolidar los principios que inspiraron su establecimiento;
   l) insta al Consejo a que realice sin demora, en las instancias oportunas de las Naciones Unidas, los trámites previstos para instaurar un mecanismo que desempeñe las funciones residuales inmediatas y a largo plazo relativas, por ejemplo, a la protección de testigos, la protección de testigos contra la intimidación, asuntos de desacato a los tribunales, revisiones en caso de recepción de pruebas exculpatorias, supervisión de los juicios remitidos a la región (actualmente supervisados por el Servicio de Fiscales del Tribunal a través de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)), condiciones de encarcelamiento y cuestiones relativas al indulto o la conmutación de penas, etc.; sugiere que se proponga al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el posible establecimiento de una oficina conjunta que desempeñe las funciones residuales futuras del Tribunal, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona;
   m) recuerda al Consejo que la UE debería tener un interés especial en asegurar el legado del Tribunal garantizando que sus archivos se almacenen de manera segura en un lugar protegido apropiado, si es posible, en la región de los Balcanes Occidentales, que sean lo más completos y accesibles posible, y que pueda accederse a dicha documentación en Internet; propone que se den también garantías adecuadas de libre acceso a todos los fiscales y abogados defensores y, tras un período apropiado, a los historiadores e investigadores;
   n) destaca que el legado del Tribunal también debería vincularse al proceso general de reconciliación; insta, en este contexto, a los Estados de los Balcanes Occidentales y a la Unión Europea a que apoyen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades que ayudan a las víctimas, promueven el diálogo y el entendimiento interétnicos y contribuyen a la búsqueda de la verdad y la reconciliación;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados Miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Presidente del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

(1) Carta del Presidente del Tribunal Internacional al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/2008/729, de 24 de noviembre de 2008.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0028 .


V Foro Mundial del Agua (Estambul, 16-22 de marzo de 2009
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el agua con vistas a la celebración del V Foro Mundial del Agua en Estambul del 16 al 22 de marzo de 2009
P6_TA(2009)0137 B6-0113/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vistas las declaraciones ministeriales de los cuatro primeros Foros Mundiales del Agua, celebrados en Marrakech (1997), La Haya (2000), Kioto (2003) y México (2006),

–   Vista la Declaración de la Conferencia de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible (1992), en la que se recomienda la adopción de una gestión integrada del agua que reconozca el valor del agua en todos sus usos, y que introduce el principio de una tarificación del agua,

–   Vista la Resolución A/RES/58/217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclama el período de 2005 a 2015 "Decenio Internacional para la Acción: el agua, fuente de vida" y declara el 22 de marzo de cada año "Día Mundial del Agua",

–   Vista la Declaración ministerial de la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce celebrada en Bonn (2001), en la que se subraya la urgente necesidad de estimular nuevas financiaciones procedentes de todas las categorías posibles de inversores, así como la necesidad de completar la financiación pública del agua mediante el aporte de capitales privados, al tiempo que se fomentan las acciones a nivel local,

–   Vista la Conferencia de Monterrey (2002), que introdujo el concepto de una Asociación Mundial del Agua para entablar un diálogo entre iguales, de carácter pluridimensional y abierto a las empresas, a las instituciones financieras y a la sociedad civil, y cuya iniciativa fue retomada por el nuevo partenariado para el desarrollo en África (NEPAD) y el G-8 en Génova en 2001 y por el Foro para la Cooperación con África en 2003,

–   Visto el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, adoptado en Helsinki en 1992 y que entró en vigor en 1996, que establece un marco jurídico para la cooperación regional en materia de protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales,

–   Vista la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva York, 6 a 8 de septiembre de 2000), que estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en los que se prevé reducir a la mitad, de aquí a 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable,

–   Vista la Carta de Zaragoza de 2008 "Una nueva visión integrada del agua" y las Recomendaciones de la Tribuna del Agua, adoptadas el 14 de septiembre de 2008, fecha de la clausura de la Expo Internacional de Zaragoza 2008, y enviadas al Secretario General de las Naciones Unidas,

–   Visto el segundo Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: "El agua, una responsabilidad compartida" publicada en 2006,

–   Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2004, sobre la estrategia para el mercado interior - Prioridades del período 2003-2006(1) , en cuyo apartado 5 "opina que, como el agua es un bien común de la humanidad, la gestión de los recursos hídricos no debe quedar sometida a las leyes del mercado interior",

–   Visto el Informe sobre Desarrollo Humano de 2006 del PNUD "Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua", en el que esta agencia de las Naciones Unidas demuestra que es la pobreza, y no la escasez material de agua, la principal causa de la falta de acceso al agua de más de 1 000 millones de personas,

–   Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre las entidades locales y la cooperación al desarrollo(2) ,

–   Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006 sobre el IV Foro Mundial del Agua celebrado en México (16 al 22 de marzo de 2006)(3) ,

–   Vistas las iniciativas significativas de la sociedad civil europea sobre el agua y el derecho al acceso al agua potable para todos, que tuvieron lugar en el Parlamento Europeo, en particular la Asamblea mundial de los políticos y los ciudadanos por el agua (AMECE, 18 a 20 de marzo de 2007) y "Peace with Water - Faire la Paix avec l'Eau" (12 y 13 de febrero de 2009), así como el Memorando sobre un protocolo mundial para el agua, que ha sido objeto de debate,

–   Vista la pregunta oral B6-0113/2009 sobre el V Foro Mundial del Agua (Estambul, 16-22 de marzo de 2009), dirigida a la Comisión,

–   Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que la falta de agua y saneamiento causa ocho millones de muertes al año, que más de 1 000 millones de personas no tienen un acceso fácil y a un precio aceptable al agua potable, y que cerca de 2 500 millones de personas no cuentan con ningún medio de saneamiento,

B.   Considerando que 2 800 millones de personas viven en zonas que sufren presión hídrica y que esa cifra aumentará a 3 900 millones de personas de aquí a 2030,

C.   Considerando que las poblaciones pobres son las más vulnerables al cambio climático y las menos capacitadas para adaptarse a éste,

D.   Considerando que la industria multinacional del "agribusiness" representa la primera usuaria de agua dulce en el mundo (70 % de las extracciones mundiales), que obtiene a un precio irrisorio, y que la sobreexplotación de los recursos hídricos lleva a la agravación y extensión del proceso de contaminación de las aguas y de la degradación generalizada de los suelos, lo que conduce a su vez a la multiplicación de fenómenos de sequía cada vez más estructural,

E.   Considerando que unos servicios de uso y gestión racionales del agua deberían determinar un nivel de precios que impida la sobreexplotación por determinados sectores y permita invertir en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, junto con medidas de acompañamiento que garanticen un reparto equitativo del agua y con el apoyo de los gobiernos para que las familias pobres puedan pagar sus necesidades fundamentales en agua,

F.   Considerando que las subvenciones globales al agua, que dan lugar a precios artificialmente bajos, llevan a la sobreexplotación por determinados sectores y son una de las causas principales de la escasez de agua,

G.   Considerando que la distribución del agua no es en absoluto igualitaria, cuando debería ser un derecho fundamental y universal, y que su definición y gestión más pertinente corresponde al ámbito local,

H.   Considerando que la liberalización y desregulación de la distribución del agua en los países en desarrollo, y en particular en los países menos adelantados (PMA), pueden conducir, si no llevan un marco regulador adecuado, a un aumento de los precios que afecte a los más pobres y reduzca su acceso al agua;

I.   Considerando, no obstante, que las asociaciones público-privadas, que deben aunar una regulación rigurosa y transparente, propiedad pública e inversiones privadas, deben orientarse hacia la mejora del acceso al agua y del sistema sanitario así como hacia un uso más eficaz en relación con el coste,

J.   Considerando que los principales obstáculos a una gestión eficaz del agua son la escasa prioridad política y financiera acordada al agua, su mala gestión, un marco jurídico insuficiente, la falta de transparencia en la negociación y adjudicación de contratos, la corrupción y la ausencia de discusiones sobre los niveles de tarifas,

K.   Considerando que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cuota de ayuda pública al desarrollo (APD) destinada al agua y al saneamiento representa tan sólo el 9 % de la APD bilateral y el 4,5 % de la APD multilateral, y que se encuentra mal repartida, ya que los PMA, que son los más necesitados, han recibido sólo el 24 % de los fondos,

L.   Considerando que el "Foro Mundial del Agua", que se reúne cada tres años, constituye un foro de debate y orientación para las decisiones políticas mundiales en materia de gestión del agua y de los recursos hídricos, y lamentando que hasta ahora las acciones del Foro Mundial del Agua se hayan integrado en escasa medida en los trabajos de las Naciones Unidas,

1.   Declara que el agua es un bien común de la Humanidad y que el acceso al agua potable debería ser un derecho fundamental y universal; pide que se realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar, de aquí a 2015, el acceso al agua potable a las poblaciones más desfavorecidas;

2.   Declara que el agua debe considerarse un bien público y que debería someterse a control público, independientemente de que su gestión la realice, en todo o en parte, el sector privado;

3.   Subraya que toda política de gestión del agua debe integrar también la protección de la salud pública y del medio ambiente, y que el Foro Mundial del Agua debería contribuir, de manera democrática, participativa y consensual al desarrollo de estrategias que fomenten un modelo de desarrollo económico y agrícola que garantice un elevado nivel de calidad del agua;

4.   Exige que se supriman los regímenes de subvenciones globales a la distribución de agua, que debilitan los incentivos en favor de una gestión más eficaz del agua al provocar una sobreexplotación, para poder liberar fondos destinados a subvenciones específicas, en particular para las poblaciones pobres y rurales, y lograr un acceso asequible para todos;

5.   Destaca el interés que reviste la creación de órganos de gestión común del agua en países ribereños de una misma cuenca, con el fin de crear o reforzar una solidaridad que propicie la reducción de las tensiones o la resolución de los conflictos;

6.   Recuerda el papel esencial que desempeñan las mujeres en el abastecimiento, la gestión y la preservación del agua;

7.   Pide a los Estados miembros que, a pesar de la crisis financiera, aumenten su contribución a la APD para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al abastecimiento en agua potable, cuyas necesidades de inversión ascienden a 180 000 000 000 USD al año;

8.   Solicita que se refuercen los recursos del Fondo Europeo para el Agua en favor de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en el marco del décimo Fondo Europeo de Desarrollo y que se desarrollen nuevos modelos de financiación, también privados, y asociaciones innovadoras, en particular la financiación solidaria;

9.   Expresa su deseo de que la APD bilateral apoye algunas acciones multilaterales, como la Iniciativa africana por el agua;

10.   Considera que la APD debe utilizarse asociada a los recursos de las entidades locales, de las donaciones voluntarias, de los préstamos bancarios y del capital privado, para garantizar al sector del agua una financiación lo más completa posible;

11.   Insiste en la creación de mecanismos de garantía que puedan poner en marcha las instituciones financieras y de desarrollo para contrarrestar el conservadurismo de los inversores en el mercado del agua;

12.   Afirma que el Estado, en su misión de definición de las políticas y de los medios necesarios, de selección de socios y de reparto de responsabilidades, sigue siendo uno de los actores principales en la política del agua, aun delegando su ejecución a las entidades locales;

13.   Insiste en que la gestión de los recursos hídricos debe basarse en un enfoque descentralizado, participativo e integrado que haga participar a los usuarios y a los responsables de la toma de decisiones en la definición de las políticas del agua a nivel local;

14.   Pide a la Comisión que desarrolle programas de concienciación sobre el agua, tanto en la UE como en sus países socios;

15.   Hace hincapié en la necesidad de apoyar a los poderes públicos locales en sus esfuerzos por establecer una gestión democrática del agua que sea eficaz y transparente, esté regulada y respete los objetivos de desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de la población;

16.   Pide al Consejo y a la Comisión que reconozcan el papel fundamental que desempeñan las autoridades locales en la protección y la gestión del agua, de forma que sean responsables en todo momento de la gestión del sector del agua, y lamenta que los programas europeos de cofinanciación no valoren lo suficiente las competencias de las entidades locales de la Unión;

17.   Pide, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión que alienten a las entidades locales de la Unión a dedicar una parte de los ingresos percibidos de los usuarios en concepto de suministro de servicios de agua y de saneamiento a acciones de cooperación descentralizadas;

18.   Pide, dentro del mantenimiento de la propiedad pública y del marco regulador y jurídico adecuado, que se redoblen los esfuerzos para que el sector privado participe en la distribución del agua, a fin de sacar partido de su capital, de sus conocimientos especializados y de su tecnología para mejorar el acceso al agua y a las instalaciones sanitarias para todos y el reconocimiento del acceso al agua como derecho fundamental;

19.   Considera que corresponde a los Estados integrar a los pequeños prestadores privados en sus estrategias nacionales de abastecimiento de agua;

20.   Considera que los sistemas de asociación público-privada, en los que las autoridades públicas siguen siendo propietarias de las infraestructuras y concluyen un contrato de gestión con el sector privado, pueden ser una manera de mejorar el acceso asequible al agua y a los sistemas sanitarios;

21.   Hace hincapié en el fomento de nuevos enfoques, como la irrigación de las zonas rurales y la creación de cinturones verdes alrededor de las ciudades para reforzar la seguridad alimentaria y la autonomía local;

22.   Considera que el papel de intermediación que desempeñan las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno con la población es un complemento irreemplazable para garantizar el éxito de los proyectos en los países pobres;

23.   Manifiesta su deseo de que se establezca una compensación de las tarifas que permita abastecer de agua a la población más desfavorecida a un precio asequible;

24.   Se muestra convencido de que el ahorro local también debe utilizarse, a sabiendas de que ello exige la supresión por los gobiernos de todos los obstáculos de orden jurídico, fiscal o administrativo que entorpezcan el desarrollo de los mercados financieros locales;

25.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una política de ayuda a la gestión del agua basada en el principio del acceso universal, equitativo y no discriminatorio a un agua sana;

26.   Pide que la Comisión y los Estados miembros faciliten y apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo en materia de adaptación y reducción de los efectos del cambio climático; recuerda a este respecto la importancia de una rápida puesta en marcha de la alianza mundial contra el cambio climático;

27.   Pide que la problemática de la gestión del agua, de los recursos hídricos y del derecho al acceso al agua para todos se incluya en la agenda de los acuerdos que se definirán en la COP 15 en Copenhague (7 a 18 de diciembre de 2009) sobre el futuro del Protocolo de Kioto, a la vista también del trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

28.   Subraya la importancia de que se tomen en consideración las necesidades de los pobres al elaborar las políticas de abastecimiento y gestión del agua, dirigidas en particular a las poblaciones más vulnerables al cambio climático;

29.  Solicita que la Presidencia de turno represente a la UE en el Foro de Estambul con el mandato de:

   - considerar el acceso al agua potable como un derecho vital y fundamental incluido entre los derechos humanos, y no sólo como un bien económico sometido únicamente a las reglas del mercado,
   - defender las orientaciones expresadas en la presente Resolución;

30.   Manifiesta su deseo de que se inicien negociaciones en el marco de las Naciones Unidas para llegar a un tratado internacional que reconozca el derecho a acceder al agua potable; pide a los Estados miembros de la UE, así como a la Presidencia de la Unión, que tomen iniciativas políticas y diplomáticas en este sentido, tanto en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas como en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

31.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Ministros ACP-UE, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Secretaría General del Comité Internacional para el Convenio Mundial del Agua.

(1) DO C 102 E de 28.4.2004, p. 857.
(2) DO C 301 E de 13.12.2007, p. 249.
(3) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 294.


Ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana
PDF 91k   DOC 44k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre un enfoque para la ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana
P6_TA(2009)0138 B6-0114/2009

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Informe especial n° 10/2008 del Tribunal de Cuentas sobre la ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana,

–   Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 18 de septiembre de 2000, que establece los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios fijados de forma colectiva por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza,

–   Vista la Comunicación de la Comisión de 7 de octubre de 2005 titulada "Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio - La contribución de la Unión Europea" (COM(2005)0132 ),

–   Visto el Programa de Acción aprobado en 1994 por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo(1) ,

–   Vista la resolución aprobada el 22 de noviembre de 2007 por la 14ª Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos, especialmente en relación con las enfermedades olvidadas(2) ,

–   Visto el Documento Estratégico para el Programa Temático 2007-2013 titulado "Invertir en las personas", basado en el Reglamento (CE) nº 1905/2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo,

–   Visto el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la salud en el mundo en 2008, titulado "Atención sanitaria primaria, ahora más que nunca",

–   Vista su Resolución de 20 de junio de 2007 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio – Balance intermedio(3) , así como su Resolución de 4 de septiembre de 2008 sobre la mortalidad materna en la perspectiva del evento de alto nivel de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2008(4) ,

–   Vista la pregunta oral a la Comisión acerca del informe del Tribunal de Cuentas n° 10/2008 sobre la ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana (O-0030/2009 - B6-0016/2009 ),

–   Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que la financiación comunitaria destinada al sector sanitario no se ha incrementado en términos relativos respecto del total de ayuda al desarrollo desde 2000, pese al compromiso contraído por la Comisión con los ODM y la crisis sanitaria en el África subsahariana,

B.   Considerando que la UE no ha adoptado medidas sistemáticas para garantizar unos conocimientos sanitarios suficientes que permitan aplicar adecuadamente su política de salud;

C.   Considerando que, si bien el actual diseño del apoyo presupuestario general incluye vínculos con el sector sanitario, su aplicación no ha llegado al punto de explorar esos vínculos y abordar las necesidades de las capas más pobres de la población;

D.   Considerando que el apoyo presupuestario sectorial, centrado en el sector sanitario, ha sido poco utilizado por la Comisión en el África subsahariana,

E.   Considerando que la mitad de la población del África subsahariana sigue viviendo en la pobreza y que África es el único continente que no registra progresos en la realización de los ODM, especialmente los tres que están relacionados con la salud ‐mortalidad infantil, mortalidad materna y lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria‐, y que pese a ser cruciales para combatir la pobreza son también los que tienen menos probabilidades de alcanzarse para 2015,

F.   Considerando que, pese a los problemas de sostenibilidad observados en los proyectos relacionados con la salud, este método de prestación de ayuda ha demostrado su utilidad en el apoyo al sector sanitario en el África subsahariana,

G.   Considerando que cada año mueren unos 3,5 millones de niños antes de cumplir los cinco años, como consecuencia de diarreas y neumonías,

1.   Considera que los sistemas sanitarios deficientes, lo que incluye los déficit de recursos humanos, suponen un obstáculo de primera línea a la consecución de los ODM en materia de salud; destaca que el refuerzo de los sistemas sanitarios debería ser un elemento esencial en la reducción de la pobreza; considera que para la consecución de los ODM en materia de salud las infraestructuras de atención sanitaria básicas exigen apoyo financiero estable a largo plazo;

2.   Considera que, para lograr mejores resultados y alcanzar los objetivos de desarrollo sanitario acordados a nivel internacional, es preciso un compromiso común; celebra, en este sentido, el compromiso contraído por los países en desarrollo de trabajar por la consecución del objetivo del 15% de los presupuestos nacionales en inversión sanitaria de conformidad con los compromisos alcanzados por los líderes africanos en Abuja, Nigeria, en abril de 2001 (el objetivo de Abuja del 15%); lamenta que la UE haya asignado a salud solo un 5,5% del total de asistencia del noveno Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

3.   Insta a la Comisión a reforzar su apoyo a los servicios sanitarios en el África subsahariana y a revisar el balance de la financiación comunitaria con vistas a priorizar el apoyo a los sistemas sanitarios;

4.   Insta a la Comisión a aumentar los recursos destinados al sector sanitario en la revisión a medio plazo del décimo FED, independientemente de una estrategia necesariamente exhaustiva, que incluye apoyar a los sectores de mayor impacto sobre los resultados en materia de salud, como son la educación, el agua, el saneamiento, el desarrollo rural y la gobernanza;

5.   Subraya que el compromiso adquirido en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo de dedicar el 20 % de los fondos a los ámbitos de la sanidad y la educación básica de aquí a 2009 debería aplicarse, en aras de la coherencia, a todos los gastos en política europea de desarrollo, incluido el FED; pide a la Comisión que informe a las comisiones competentes del Parlamento, como más tarde el 10 de abril de 2009, de los porcentajes del conjunto de las ayudas al desarrollo asignadas al África subsahariana, destinados a educación primaria y secundaria, y a salud básica, desglosados por países;

6.   Pide al Consejo que introduzca el FDE en el presupuesto comunitario, tal y como ha pedido reiteradamente el Parlamento, pues de este modo se ganaría en coherencia política y en control parlamentario del gasto en desarrollo;

7.   Insta a la Comisión a garantizar que existan unos conocimientos sanitarios suficientes para desempeñar un papel efectivo en el diálogo sanitario, procurando que todas las delegaciones en que la salud constituya un sector central cuenten con especialistas sanitarios, trabajando en cooperación más estrecha con asesores sanitarios del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) en los países que sufren situaciones postconflicto, asociándose más estrechamente a la OMS para aprovechar sus conocimientos técnicos, y suscribiendo acuerdos formales con los Estados miembros con el mismo fin; pide a la Comisión que transmita a las comisiones competentes del Parlamento, a más tardar el 10 de abril de 2009, un resumen general del número de expertos en salud y educación que ha destinado a la región, en delegaciones y en la oficina central, así como un calendario con las previsiones de incremento de este número para 2009 y 2010, indicando también los destinos de estas personas, de manera que las respuestas de la Comisión puedan ser tenidas en cuenta en el procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente a 2007;

8.   Pide a la Comisión que preste asistencia técnica al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM), a nivel de país, en la elaboración de solicitudes de subvención y en la ejecución de los contratos de subvención; pide asimismo a la Comisión que mantenga informada a la oficina central comunitaria para asegurar que desempeñe un papel efectivo en el consejo de dirección del GFATM;

9.   Insta a la Comisión a aumentar su capacidad en términos de personal y recursos, tanto en la oficina central como en las delegaciones, para apoyar su estrategia sanitaria en los países y garantizar la efectividad de los desembolsos del GFATM; pide que se dé mayor prioridad a la cuestión de las enfermedades de fácil prevención, como por ejemplo las diarreas, que podrían evitarse en gran medida con un simple acceso universal al jabón y unas campañas adecuadas de sensibilización respecto a la importancia del lavado de manos;

10.   Insta asimismo a la Comisión a hacer un mayor uso del apoyo presupuestario general para reforzar la asistencia sanitaria con indicadores de los progresos logrados en la consecución del objetivo de Abuja del 15% e índices de ejecución (deficiencias concretas en contratación pública y gestión de finanzas públicas), asistencia técnica en el diálogo sobre las políticas sanitarias y sistemas estadísticos sólidos;

11.   Confirma que los contratos ODM cuentan con el potencial necesario para asegurar una inversión sanitaria a largo plazo y sostenible en los países en desarrollo y para ayudar a éstos a alcanzar los ODM; matiza, no obstante, que esto solo se logrará si la Comisión garantiza que los contratos ODM se centren en lo esencial en los sectores sanitario y educativo; recalca, con todo, que los contratos ODM, son solo una parte de la solución cuando se trata de mejorar la efectividad de las ayudas y acelerar los progresos hacia la consecución de los ODM; insta también a la Comisión a que desarrolle planteamientos alternativos, especialmente para aquellos países que no pueden todavía optar a contratos ODM, que son con frecuencia los más alejados de la consecución de los ODM sanitarios y los más necesitados de mayores ayudas al desarrollo;

12.   Pide a la Comisión que se sirva de objetivos que permitan medir directamente los resultados de las políticas y que instaure mecanismos y herramientas de seguimiento para garantizar que se destine una proporción suficiente del apoyo presupuestario general a las necesidades básicas, en especial las de salud; destaca que esto debe ir acompañado de apoyo a la capacitación; pide a la Comisión que informe al Parlamento, a más tardar a finales de 2009, de las medidas adoptadas;

13.   Pide que se capacite a todos los ministerios con vistas a asegurar una mayor efectividad en el sector sanitario a través del gasto en forma de apoyo presupuestario, puesto que el control nacional se limita exclusivamente, las más de las veces, a los ministerios de finanzas;

14.   Insta a la Comisión a que haga mayor uso del apoyo presupuestario sectorial; pide a la Comisión que revise el requisito general de que el apoyo presupuestario sectorial únicamente puede utilizarse si la salud constituye un sector central y a que reconsidere su actual distribución de recursos entre el apoyo presupuestario sectorial y el apoyo presupuestario general;

15.   Pide a la Comisión que apoye el control de las ayudas presupuestarias por los Parlamentos, la sociedad civil y las autoridades locales, para garantizar un vínculo sólido e inequívoco entre las ayudas presupuestarias y la consecución de los ODM;

16.   Lamenta que solo en un número limitado de países socios (concretamente seis) se seleccionara la salud como sector central en el marco del décimo FED; insta a la Comisión a que aliente sistemáticamente a los países a incrementar los presupuestos nacionales de salud mediante el uso de indicadores de resultados, haciendo de dichos incrementos uno de los objetivos de sus Acuerdos de Financiación del Apoyo Presupuestario;

17.   Pide a la Comisión que desempeñe un papel mucho más fuerte como facilitadora del diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil de los países socios, el sector privado y los Parlamentos nacionales;

18.   Insta a la Comisión a que determine y divulgue unas orientaciones claras sobre el momento de utilización de cada uno de los instrumentos y sobre cómo utilizarlos en combinación a fin de maximizar sinergias; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre los diversos instrumentos financieros, teniendo en cuenta la situación en cada uno de los países, a fin de garantizar los progresos en los ODM de salud;

19.   Insiste en que la Comisión y los Estados miembros apliquen el Código de Conducta de la UE sobre la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo, con el fin de asegurar una mejor coordinación del gasto y los programas sanitarios y velar por que se preste una mayor atención a los países huérfanos de ayuda, incluidos los países frágiles y en crisis;

20.   Pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con el Tribunal de Cuentas, determine la manera de subsanar las deficiencias señaladas en el informe del Tribunal de Cuentas y que informe sobre los resultados de estos trabajos a las comisiones competentes del Parlamento antes de que concluya 2009;

21.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Tribunal de Cuentas, y a los Gobiernos y Parlamentos de los países africanos interesados.

(1) A/CONF.171/13/Rev.1
(2) DO C 58 de 1.3.2008, p.29.
(3) DO C 146 E de 12.6.2008, p. 232.
(4) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0406 .


Aplicación de la zona única de pagos en euros (ZUPE)
PDF 68k   DOC 35k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la aplicación de la zona única de pagos en euros (ZUPE)
P6_TA(2009)0139 B6-0111/2009

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Declaración conjunta de la Comisión y del Banco Central Europeo, de 4 de mayo de 2006, sobre la zona única de pagos en euros,

–   Visto el "Occasional Paper" n° 24 del Banco Central Europeo, de agosto de 2007, sobre el impacto económico de la zona única de pagos en euros,

–   Vista la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativa a los servicios en el mercado interior(1) (Directiva sobre servicios de pago),

–   Vista la propuesta de la Comisión, de 13 de octubre de 2008, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los pagos transfronterizos en la Comunidad (COM(2008)0640 ),

–   Visto el sexto Informe de Progreso SEPA del Banco Central Europeo, de noviembre de 2008,

–   Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.   A Considerando que la zona única de pagos en euros (SEPA) está concebida como un mercado integrado de servicios de pago, sujeto a la competencia efectiva y donde no hay distinción entre pagos transfronterizos y nacionales en euros,

B.   Considerando que la SEPA no es sólo una iniciativa de autorregulación del Consejo Europeo de Pagos (CEP), sino también una importante iniciativa de los poderes públicos, que refuerza la Unión Económica y Monetaria y la Agenda de Lisboa; considerando que la SEPA está apoyada por la Directiva sobre servicios de pago, que constituye el marco jurídico armonizado necesario; y considerando que el éxito es, por tanto, un asunto de particular interés para el Parlamento,

C.   Considerando que la migración hacia la SEPA empezó oficialmente el 28 de enero de 2008 con el lanzamiento del instrumento de pago de la SEPA para la transferencia de créditos, que el marco SEPA para tarjetas está en vigor desde el 1 de enero de 2008 y que el inicio del sistema de débito directo de la SEPA está previsto para el 1 de noviembre de 2009,

D.   Considerando que no se ha fijado una fecha límite jurídicamente vinculante para la migración a los instrumentos de la SEPA, y considerando que todas las partes implicadas actualmente están de acuerdo en que establecer una fecha límite es indispensable para que la SEPA tenga éxito,

E.   Considerando que la migración a la SEPA ha sido lenta: el 1 de octubre de 2008, sólo el 1,7 % del total de las transacciones se realizaron por medio del formato de transferencia de créditos de la SEPA,

F.   Considerando que es importante que todas las partes interesadas – legisladores, sector bancario y usuarios de servicios de pago (en particular el sector público, que es un usuario de gran volumen de productos de pago)– contribuyan a realizar la SEPA,

G.   Considerando que la utilización de los insrumentos de la SEPA únicamente para los pagos transfronterizos no se traduciría en el éxito del proyecto de la SEPA, ya que persistiría la fragmentación y no se producirían los beneficios esperados para el sector bancario ni para sus clientes,

H.   Considerando que el 4 de septiembre de 2008 la Comisión y el Banco Central Europeo indicaron al CEP que estarían dispuestos a apoyar la idea de aplicar una comisión interbancaria multilateral (CIM) a los débitos transfronterizos directos en el marco de la SEPA, a condición de que dichas comisiones estuvieran objetivamente justificadas y se aplicaran únicamente durante un período limitado,

I.   Considerando que la Comisión ha señalado las preocupaciones existentes acerca de la CIM y que el sector tiene dificultades para encontrar una solución adecuada,

J.   Considerando que habría que decidir la aplicación de la CIM también con respecto a la solución de una tarjeta UE sobre la base del marco de tarjetas SEPA ,

K.   Considerando que debería garantizarse la continuidad de la validez jurídica de los actuales mandatos de débito directo, ya que la obligación de firmar nuevos mandatos al cambiar de los sistemas nacionales de débito directo al sistema de débito directo de la SEPA resultaría oneroso,

1.   Hace hincapié en la continuación de su apoyo a la creación de la SEPA, sometida a una competencia efectiva y donde no existe distinción entre pagos transfronterizos y pagos nacionales en euros;

2.   Pide a la Comisión que establezca una fecha límite clara, adecuada y vinculante, que no debe ser posterior al 31 de diciembre de 2012, para la migración a los instrumentos de la SEPA, y después de la cual todos los pagos en euros deberán hacerse aplicando las normas de la SEPA;

3.   Pide a la Comisión que aporte claridad jurídica en lo que respecta a la aplicación de una CIM por débitos transfronterizos directos, en particular establecer un periodo transitorio tras el cual será posible mantener las CIM siempre que respeten las directrices de la Comisión, que se adoptarán lo antes posible, y se basen en los principios de transparencia y comparabilidad, además de en la observación de los costes de los servicios prestados por los proveedores de servicios de pagos y de las cargas aplicables a dichos servicios;

4.   Pide a la Comisión aclare más detalladamente la cuestión de las CIM por pagos con tarjeta;

5.   Pide mayores esfuerzos para encontrar soluciones adecuadas en los Estados miembros para garantizar la validez jurídica de los actuales mandatos de débito directo en el sistema de débito directo de la SEPA;

6.   Pide a los Estados miembros que alienten a sus administraciones públicas a utilizar instrumentos de la SEPA cuanto antes y a atribuirles un papel de catalizador en el proceso de migración;

7.   Pide a la Comisión que garantice que la migración a los instrumentos de la SEPA no dará lugar a un sistema de pago más caro para los ciudadanos de la Unión;

8.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.


Asociación Estratégica UE-Brasil
PDF 106k   DOC 54k
Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 12 de marzo de 2009, sobre la Asociación Estratégica Unión Europea-Brasil (2008/2288(INI) )
P6_TA(2009)0140 A6-0062/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo, presentada por Véronique De Keyser, sobre la Asociación Estratégica Unión Europea-Brasil (B6-0449/2008 ),

–   Visto el Título V del Tratado de la Unión Europea,

–   Visto el Acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil(1) ,

–   Visto el Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes, por otra(2) ,

–   Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2001, sobre una Asociación Global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina(3) ,

–   Vista su Resolución de 27 de abril de 2006 sobre una Asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina(4) ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión tilulada "Hacia una Asociación Estratégica UE-Brasil" (COM(2007)0281 ),

–   Vista la Declaración Conjunta emitida por la primera Cumbre UE-Brasil en Lisboa el 4 de julio de 2007,

–   Vista su Resolución de 24 de abril de 2008, aprobada en Lima, sobre la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea(5) ,

–   Vista la Declaración de Lima emitida en la V Cumbre de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión Europea en Lima, el 16 de mayo de 2008,

–   Vista la Declaración Conjunta emitida por la segunda Cumbre UE-Brasil en Río de Janeiro el 22 de diciembre de 2008,

–   Visto el artículo 114, apartado 3, de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A6-0062/2009 ),

A.   Considerando que Brasil se ha convertido en un país cada vez más importante a escala regional mundial y que es un interlocutor clave para la UE,

B.   Considerando que Brasil y la Unión Europea son socios que comparten la misma visión del mundo, y pueden promover cambios y soluciones a escala global,

C.   Considerando que la primera Cumbre UE-Brasil puso en marcha la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Brasil, basada en los estrechos lazos históricos, culturales y económicos entre las partes, y que la segunda Cumbre UE-Brasil adoptó un Plan de acción conjunto como marco de actuación de la Cooperación estratégica en un periodo de tres años,

D.   Considerando que ambos socios comparten valores y principios fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho, el fomento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la economía de mercado y la cohesión social, que son condiciones básicas para el desarrollo de la Asociación Estratégica,

E.   Considerando que los procesos de la integración política y económica, el avance cada vez mayor de la globalización económica y la importancia del debate sobre la democracia, los derechos humanos y el medioambiente, entre otros, han cambiado las prioridades en la agenda de ambas regiones,

F.   Considerando que Brasil ha estado a la cabeza de la integración de América del Sur a través de la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),

G.   Considerando que la puesta en marcha de la Asociación Estratégica dará un impulso significativo a la creación, para 2012, de la Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional propuesta por el Parlamento en su mencionada Resolución de 27 de abril de 2006,

H.   Considerando que la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) representó un paso decisivo para reforzar la legitimidad democrática y la dimensión política de las relaciones entre la UE y América Latina; considerando también que la futura adhesión del Parlamento de Mercosur a dicha Asamblea reforzará su papel como foro permanente de diálogo político entre ambas regiones,

1.  Formula las siguientes recomendaciones al Consejo:

   a) que la Asociación Estratégica entre la UE y Brasil se enmarque en el enfoque birregional y la visión global de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (ALC), que constituyen la base de la Asociación Estratégica Birregional decidida en el ámbito de las cumbres UE-ALC;
   b) que los mecanismos privilegiados de diálogo político resultantes de la Asociación Estratégica confieran un impulso a las relaciones con los distintos procesos de integración regional y entre dichos procesos, con miras a la salvaguardia de los valores de la Asociación Estratégica y al refuerzo del multilateralismo en las relaciones internacionales;
   c) que la Asociación Estratégica confiera un nuevo impulso a la celebración del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, un objetivo estratégico de la UE para profundizar en las relaciones económicas y comerciales, así como para ampliar el diálogo político y la cooperación entre ambas regiones;
   d) que la Asociación Estratégica implique un valor añadido real con respecto al actual Acuerdo Marco de Cooperación con Brasil, al actual Acuerdo Marco de Cooperación con Mercosur y al futuro Acuerdo de Asociación con Mercosur;
   e) que los temas prioritarios de la agenda política de la Asociación Estratégica comprendan el fomento de estrategias comunes para hacer frente a los desafíos mundiales, incluidas, entre otras cosas, la paz y la seguridad, la democracia y los derechos humanos, el cambio climático, la crisis financiera, la diversidad biológica, la seguridad energética, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza y la exclusión;
   f) que se tenga en cuenta que la forma más eficaz de abordar las cuestiones de carácter mundial es un multilateralismo efectivo centrado en el sistema de las Naciones Unidas; que los socios busquen una convergencia de posiciones mediante una cooperación más estrecha y consultas sistemáticas antes de a las reuniones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales (como la OMC y los foros (por ejemplo el G20);
   g) que la Asociación Estratégica subraye la importancia de ejecutar el proceso de reforma en curso aprobado en la cumbre de las Naciones Unidas en 2005, incluyendo la reforma de sus órganos principales;
   h) que los socios se esfuercen por consolidar la capacidad de prevención de conflictos y de gestión de crisis en las Naciones Unidas, en organizaciones regionales y a nivel bilateral, y por coordinar sus esfuerzos en las operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización de las Naciones Unidas;
   i) que la Asociación Estratégica sea una herramienta para la promoción de la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza a escala mundial, y que los socios cooperen en mayor medida en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover los derechos humanos a escala mundial;
   j) que los socios sigan trabajando con el fin de consolidar el sistema comercial multilateral a escala de la OMC; que, con la actual crisis financiera a escala mundial y las estrechas relaciones entre las finanzas y el comercio, se evite el proteccionismo; que los socios cooperen con objeto de contribuir a la fructífera conclusión de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo;
   k) que la Asociación Estratégica se utilice para promover la cooperación entre los socios en otros foros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el G20, con vistas a encontrar soluciones a la actual crisis financiera mundial, que ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reformar la estructura financiera internacional;
   l) que se respalde el punto de vista expresado en la Comunicación de la Comisión de 18 de septiembre de 2008 titulada "Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido" (COM(2008)0566 ), en la que se subraya el valor estratégico para la UE de "la dimensión exterior del multilingüismo" en el mundo globalizado de hoy; que se afirme que "algunas lenguas de la UE [...] se hablan también en un número importante de países de otros continentes", que "constituyen [...] un vínculo importante entre pueblos y naciones" y "una herramienta valiosa de comunicación para las empresas", en particular en "mercados emergentes como Brasil", así como un elemento favorable para la cooperación y el desarrollo;
   m) que se subraye la necesidad de que ambos socios trabajen conjuntamente para hacer frente a los desafíos mundiales más apremiantes en materia de paz y seguridad, incluidas, entre otras cosas, el desarme, la no proliferación y el control de armas, especialmente nucleares, químicas y biológicas y sus canales de distribución, la corrupción, la delincuencia organizada transnacional, especialmente el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas de pequeño calibre, armas ligeras y municiones, el tráfico de personas y el terrorismo; que ambos socios se comprometan plenamente con el Mecanismo de Cooperación y Coordinación UE-ALC en materia de drogas;
   n) que la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y la República Federativa de Brasil se base en el reconocimiento recíproco de las sentencias firmes;
   o) que los socios colaboren estrechamente en la promoción y la aplicación de los ODM a fin de hacer frente a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales a escala mundial, y que cooperen de forma más estrecha en el ámbito de la ayuda al desarrollo, incluida la cooperación triangular y, de igual manera, colaboren en la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la delincuencia;
   p) que se acoja con satisfacción los esfuerzos de Brasil por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se felicite al país por las positivas evoluciones registradas en ámbitos como la reducción de la pobreza y de la malnutrición infantil y la educación básica; que se insista en que Brasil debe realizar aún importantes esfuerzos para lograr la totalidad de los ODM hasta 2015, por ejemplo garantizando suficiente calidad en la educación básica de todos los niños y niñas y continuando la reducción de la mortalidad entre los niños menores de cinco años; que se señale que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano fundamental y un instrumento para la consecución de los ODM que debe estar presente en la Asociación Estratégica UE-Brasil;
   q) que se toma nota de que, pese al desarrollo económico y a la acumulación de riqueza, aún existe en Brasil un elevado número de personas que viven en la pobreza; que se haga hincapié en la necesidad de apoyar al Gobierno brasileño en sus esfuerzos por hacer frente a la pobreza en las regiones y los estratos sociales más pobres, teniendo en cuenta que el 65 % de los brasileños más pobres son negros o de origen étnico mixto, mientras que el 86 % de los más favorecidos son blancos;
   r) que la Asociación Estratégica incluya un foro para el debate y el intercambio de las mejores prácticas de los socios en el ámbito de la cohesión social y regional; que se reconozca, a este respecto, el impacto, muy positivo, del programa brasileño "Bolsa Familia" en la reducción de la pobreza del país y en el aumento de sus indicadores humanos de desarrollo;
   s) que se establezca un amplio diálogo sobre migración que dé prioridad a las cuestiones de la inmigración legal y la migración ilegal, así como a la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y las medidas destinadas a facilitar los envíos de dinero;
   t) que los socios trabajen conjuntamente para hacer avanzar los debates en los foros internacionales con objeto de celebrar en 2009 un acuerdo global y completo post-2012 sobre el cambio climático, basado especialmente en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas;
   u) que los socios colaboren estrechamente con vistas a la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la realización del objetivo de la biodiversidad de 2010;
   v) que los socios refuercen la cooperación internacional para la conservación y la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, incluida la selva tropical del Amazonas y que intercambien las mejores prácticas por lo que se refiere a la gestión forestal sostenible y a la aplicación de la legislación forestal;
   w) que los socios desarrollen tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono y aseguren la producción y el uso sostenible de energías renovables, incluidos los combustibles biológicos sostenibles que no afectan a la producción de plantas comestibles ni a la biodiversidad; que aumenten el porcentaje de energías renovables en su combinación energética global, promuevan el rendimiento energético y el acceso a la energía y logren una mayor seguridad energética;
   x) que refuercen la cooperación en el ámbito de la investigación nuclear para que Brasil pueda participar en el proyecto ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional) sobre generación de energía termonuclear;
   y) que, considerando que el acceso a los medicamentos y a la sanidad pública son objetivos primordiales, se apoyen los esfuerzos de Brasil en la lucha contra el sida a través de medicamentos de bajo coste y que la UE siga investigando las posibilidades de establecer licencias obligatorias para los medicamentos que sirven para luchar contra enfermedades pandémicas desatendidas que afectan a los pobres;
   z) que los recursos del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo(6) (ICD) disponibles para Brasil se destinen a medidas de apoyo al país en su lucha contra la pobreza, a la consecución de los ODM y a otras medidas que puedan considerarse una verdadera ayuda al desarrollo, como las dirigidas al sector medioambiental;
aa) que se refuercen los diálogos existentes y que se pongan en marcha nuevos diálogos, especialmente sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, energía, transportes, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, sociedad de la información, empleo y cuestiones sociales, desarrollo regional, cultura y educación;
ab) que la Asociación Estratégica fomente los contactos entre las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los foros de los interlocutores sociales y que promueva los intercambios a nivel educativo y cultural;
ac) que las medidas en favor de la asociación política UE-Brasil, la sensibilización y el entendimiento mutuos y los programas de intercambio se financien con un instrumento distinto del ICD;
ad) que la Asociación Estratégica prevea la instauración de un diálogo estructurado regular entre los diputados del Congreso Nacional de Brasil y los diputados al Parlamento Europeo;
ae) que se prevea una información regular y exhaustiva, por parte de las Instituciones de la UE y del Gobierno de Brasil, al Parlamento Europeo y a EuroLat sobre el estado de la Asociación Estratégica;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como al Presidente y al Congreso Nacional de la República Federativa de Brasil.

(1) DO L 262 de 1.11.1995, p. 54.
(2) DO L 69 de 19.3.1996, p. 4.
(3) DO C 140 E de 13.6.2002, p. 569.
(4) DO C 296 E de 6.12.2006, p. 123.
(5) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0177 .
(6) Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (DO L 378 de 27.12.2006, p. 41).


Asociación Estratégica UE-México
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Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 12 de marzo de 2009, sobre una Asociación Estratégica UE-México (2008/2289(INI) )
P6_TA(2009)0141 A6-0028/2009

El Parlamento Europeo ,

–   Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en nombre del Grupo del PPE-DE sobre una Asociación Estratégica UE-México (B6-0437/2008 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2008, "Hacia una Asociación Estratégica UE-México" (COM(2008)0447 ),

–   Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno(1) ,

–   Visto el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra(2) , firmado el 8 de diciembre de 1997 (Acuerdo Global)

–   Vistas la Declaraciones de las cinco Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y del Caribe (UE-ALC) celebradas hasta la fecha en Río de Janeiro (28 y 29 de junio de 1999), Madrid (17 y 18 de mayo de 2002), Guadalajara (28 y 29 de mayo de 2004), Viena (12 y 13 de mayo de 2006), y Lima (16 y 17 de mayo de 2008),

–   Visto el Comunicado conjunto de la IV Cumbre México - Unión Europea, celebrada en Lima, el 17 de mayo de 2008,

–   Visto el Comunicado conjunto de la octava reunión del Comité Conjunto UE-México, celebrada en la Ciudad de México los días 13 y 14 de octubre de 2008,

–   Vista la Declaración conjunta de la VII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Estados Unidos Mexicanos/Unión Europea, celebrada en la Ciudad de México los días 28 y 29 de octubre de 2008,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de 13 de octubre de 2008,

–   Visto el Mensaje de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana a la V Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, de 1 de mayo de 2008,

–   Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) de Lima(3) ,

–   Vista la Declaración de San Salvador, adoptada en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno de 29 a 31 de octubre de 2008,

–   Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea(4) ,

–   Vistos el artículo 114, apartado 3, y el artículo 83, apartado 5, de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0028/2009 ),

A.   Considerando que México y la Unión Europea comparten un conjunto de valores fundamentales, unos principios comunes así como vínculos históricos y culturales,

B.   Considerando que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, a los que se refiere la cláusula democrática, constituye un elemento esencial de la Asociación Estratégica así como del Acuerdo Global y que debe ser aplicado por ambas partes,

C.   Considerando que el peso político de México en la escena mundial se va consolidando cada vez más tanto a nivel mundial, como lo confirma su reciente nominación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (período 2009-2010), como a nivel regional, con la Presidencia de la Secretaría Pro-Tempore del Grupo de Río (período 2008-2010),

D.   Considerando que la Unión Europea debe reconocer la contribución de México al sistema multilateral, dado que el multilateralismo es uno de los principios fundamentales que ambas partes, México y la Unión Europea, se han comprometido a promover en la esfera internacional,

E.   Considerando que México ha iniciado un sistema de reformas estructurales en sectores estratégicos y que se ha convertido en la décima potencia económica a nivel mundial, es miembro del G-20 y del G-5 (Brasil, China, India, Sudáfrica y México) y, además, es el único miembro latinoamericano de la OCDE,

F.   Considerando que México tiene una población de más de 100 millones de habitantes, con una composición marcadamente joven, ya que el 45 % de la población es menor de 20 años, y que posee una importante posición geoestratégica, como puente entre América del Norte y del Sur y entre el Caribe y el Pacifico,

G.   Considerando que el Acuerdo Global de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea se funda en tres pilares: el diálogo político, el establecimiento progresivo de una zona de libre comercio y la cooperación; y considerando asimismo que, desde su entrada en vigor en 2000, las relaciones entre ambas partes se han profundizado y consolidado tanto en el plano político como en sus intercambios comerciales y en materia de cooperación,

H.   Considerando que en la Cumbre de Lima, la Unión Europea y México subrayaron la positiva evolución de los flujos comerciales y de inversión en el marco del Acuerdo Global,

I.   Considerando que, tanto en el ámbito bilateral como en el marco del Acuerdo Global, la Unión Europea y México han reforzado sus contactos a todos los niveles y con todas las instituciones, y especialmente en el ámbito parlamentario con la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE y con la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

J.   Considerando que la propuesta de una Asociación Estratégica coincide con la crisis financiera e económica internacional y que esta crisis puede incidir en el equilibrio económico y social de las relaciones bilaterales,

K.   Considerando que la profundización de las relaciones entre México y la Unión Europea podría favorecer el consenso entre la Unión Europea y sus socios latinoamericanos sobre cuestiones regionales y globales, y permitiría promover de forma conjunta sus valores y sus intereses comunes en los foros internacionales y regionales,

L.   Considerando que esta Asociación Estratégica debe suponer un salto cualitativo en las relaciones entre la Unión Europea y México en dos planos distintos: en el multilateral, a través de la coordinación mutua sobre asuntos de importancia mundial y, en el bilateral, mediante el desarrollo de sus relaciones e iniciativas particulares,

M.   Considerando que los procesos de la integración política y económica, el avance cada vez mayor de la globalización económica y la importancia del debate sobre la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros, han cambiado las prioridades en la agenda de ambas regiones,

N.   Considerando que la situación estratégica de México y su red de acuerdos comerciales hacen que este país tenga una gran importancia estratégica para las exportaciones europeas, siendo la Unión Europea su segunda fuente de inversión extranjera,

O.   Considerando que la zona de libre comercio entre México y la Unión Europea desempeña un papel importante en las relaciones bilaterales de la Unión Europea ya que su cobertura es muy amplia (bienes, servicios, contratos, competencia, derechos de propiedad intelectual, inversión y pagos relacionados),

P.   Considerando que la emigración mexicana a la Unión Europea es, entre otras, una de las cuestiones más importantes y sensibles para México habida cuenta del elevado número de inmigrantes mexicanos en la Unión Europea, muchos de ellos altamente cualificados,

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

   a) espera que esta Asociación Estratégica suponga un salto cualitativo en las relaciones entre México y la Unión Europea a nivel multilateral sobre asuntos de importancia mundial y que fortalezca el desarrollo de las relaciones bilaterales,
   b) insta a que dentro del marco de la Asociación Estratégica se institucionalice la celebración de Cumbres anuales entre la Unión Europea y México, de forma similar a las que se celebran con Estados Unidos, Rusia, China y Brasil,
   c) confía en que dicha Asociación Estratégica proporcione un nuevo impulso al Acuerdo Global UE-México en sus distintos ámbitos, tales como sus aspectos políticos (incluidos los derechos humanos), y los relativos a la seguridad, la lucha contra el tráfico de drogas, los medioambientales, la cooperación técnica y cultural y los socioeconómicos,
   d) desea que el capítulo comercial se base en el trato de igual a igual, en la solidaridad, el diálogo y el respeto por las características particulares de México y de la Unión Europea,
   e) reitera su apoyo al Gobierno mexicano y al Presidente Calderón en la trascendental tarea que desarrollan con el objetivo de sanear determinadas instituciones del Estado; considera que dicha lucha ha de llevarse a cabo para evitar la corrupción e impedir que la sociedad se pueda ver inmersa en una situación de desamparo,
   f) toma en consideración, dentro del ámbito de sus actividades, la lucha contra los feminicidios en ambas regiones sobre la base del dialogo, la cooperación y el intercambio recíproco de buenas prácticas,
   g) confía en que dicha Asociación Estratégica permita reforzar la coordinación de posiciones sobre situaciones de crisis y asuntos de importancia mundial, sobre la base de los intereses y preocupaciones mutuos,
   h) desea que se establezcan orientaciones claras sobre la mejor manera de colaborar estrecha y conjuntamente para fomentar el multilateralismo efectivo y reforzar las capacidades de mantenimiento y consolidación de la paz, así como el respeto por los derechos humanos, por parte de las Naciones Unidas, así como para afrontar, dentro del marco del Derecho internacional, amenazas comunes para la paz y la seguridad, incluidos el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el crimen organizado, el terrorismo y la trata de personas, en línea con la Declaración de Lima,
   i) insta a que esta Asociación Estratégica sea una oportunidad para debatir el modo de dotar de mayor operatividad a la cláusula sobre derechos humanos y democracia y para evaluar su cumplimiento – incluso mediante el desarrollo de la dimensión positiva de dicha cláusula – ya que representan valores esenciales en todos los acuerdos para ambas partes,
   j) expresa en este ámbito su apoyo al Gobierno mexicano en sus contribuciones a los trabajos de las Naciones Unidas y en su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional y el crimen organizado, en particular por lo que respecta al número creciente de víctimas del tráfico y del consumo de drogas,
   k) confía en que los mecanismos privilegiados de diálogo político resultantes de la Asociación Estratégica UE-México resulten en un impulso real para las relaciones con y entre los distintos procesos de integración regional, para la salvaguarda de los valores e intereses de la Asociación Estratégica, y para el refuerzo del multilateralismo en el campo de las relaciones internacionales,
   l) sugiere que se dé más peso al Foro de la Sociedad Civil México-UE y que se atienda en la medida de lo posible a sus recomendaciones,
   m) subraya la necesidad de que dicha Asociación Estratégica sea un instrumento que refuerce la cooperación entre ambas partes en foros internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el G-20 y el G8+G5 para buscar soluciones a la crisis financiera mundial y lanzar una respuesta conjunta con el objetivo de restaurar la confianza en las instituciones financieras, en línea con la Declaración de San Salvador,
   n) subraya la importancia, especialmente a raíz de la crisis financiera mundial, de apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, indispensables para el fortalecimiento del tejido económico y social y para la creación de empleo decente,
   o) hace hincapié en la importancia de todos los acuerdos bilaterales celebrados entre la Unión Europea y México, en particular el Acuerdo Global, que incluye una zona de libre comercio, y de su Asociación Estratégica;
   p) destaca los efectos positivos que la aplicación del Acuerdo Global ha tenido para ambas partes, con un aumento de más del 100 % en el comercio bilateral;
   q) subraya que la Asociación Estratégica dotará de un nuevo ímpetu a las relaciones bilaterales y favorecerá una ampliación y mejora de los programas de cooperación, como el Programa integral de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Piapyme), cuyos resultados beneficiarán a ambas partes; pide, en este sentido, que se realice una campaña de divulgación para dar a conocer todos los programas de los que se beneficiarán ambas partes en el marco de esta profundización en sus relaciones; destaca que la Asociación Estratégica servirá para consolidar aún más la coordinación entre ambas partes en los principales foros e instituciones multilaterales;
   r) recomienda que México se convierta en miembro permanente de la nueva arquitectura financiera y económica internacional del G-20, ya que, dentro de este contexto, la Asociación Estratégica bilateral con la Unión Europea será aún más importante;
   s) destaca la importancia de que se identifiquen coincidencias para elaborar una estrategia común ambiciosa en materia de lucha contra el cambio climático, con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en 2009 en Copenhague y de que se alcance un acuerdo global;
   t) insta a que se hagan esfuerzos más coherentes para fomentar la transferencia científica y tecnológica con vistas a impulsar la cooperación real en la lucha contra el cambio climático y mejorar la protección del medio ambiente;
   u) pide que se desarrolle aún más un diálogo comprensivo y estructurado sobre la migración, tanto la migración regular como la irregular, así como los vínculos entre migración y desarrollo, de conformidad con las experiencias de México y de la Unión Europea en la materia y en línea con la Declaración de Lima;
   v) pide al Consejo conjunto que, sobre la base de la cláusula evolutiva establecida en el artículo 43 del Acuerdo Global, considere la oportunidad de celebrar, entre otros, un acuerdo sobre política de inmigración entre las dos partes, en particular en lo que se refiere a los procedimientos del modo 4;
   w) pide que se reafirmen los compromisos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que se recuerde la importancia de colaborar de manera estrecha en los asuntos relativos a la cohesión social, la equidad de género, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la delincuencia, la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza;
   x) pide que se prevea una comunicación regular por parte de las instituciones de la Unión Europea y del Gobierno mexicano al Parlamento Europeo, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE sobre el estado de la Asociación Estratégica y sobre el seguimiento de los trabajos realizados en el contexto de la misma;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y al Gobierno y al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

(1) DO C 227 E de 4.9.2008, p. 140.
(2) DO L 276 de 28.10.2000, p. 45.
(3) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0177 .
(4) DO C 290 E de 29.11.2006, p. 107.


Quincuagésimo aniversario del levantamiento nacional del Tíbet y diálogo entre Su Santidad el Dalai Lama y el Gobierno chino
PDF 74k   DOC 35k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre el Quincuagésimo aniversario del levantamiento nacional del Tíbet y diálogo entre Su Santidad el Dalai Lama y el Gobierno chino
P6_TA(2009)0142 B6-0135 , 0136 , 0137 y 0138/2009

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre China y el Tíbet y, en particular, las de 10 de abril de 2008 sobre el Tíbet(1) y 10 de julio de 2008 sobre la situación en China tras el terremoto y en vísperas de los Juegos Olímpicos(2) ,

–   Vista la declaración pronunciada por Su Santidad el Dalai Lama ante el Parlamento Europeo el 4 de diciembre de 2008,

–   Vista la declaración sobre el Tíbet hecha por el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea en la cumbre EE.UU.-UE el 10 de junio de 2008,

–   Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que en marzo de 2009 se cumplen 50 años de la huída del Tíbet del Dalai Lama y del inicio de su exilio en la India,

B.   Considerando que en ocho rondas de diálogo entre los emisarios de Su Santidad el Dalai Lama y los representantes del Gobierno chino no se ha llegado a avance alguno y que no están programadas nuevas conversaciones,

C.   Considerando que el Memorando sobre una autonomía genuina para el pueblo tibetano, elaborado a petición del Gobierno chino y presentado en Pekín por los emisarios de Su Santidad el Dalai Lama en la octava ronda de conversaciones en noviembre de 2008, respeta los principios en los que se basa la Constitución china y la integridad territorial de la República Popular China, pero fue rechazado por el Gobierno chino, que lo consideró un intento de "independencia parcial" y de "independencia encubierta",

D.   Considerando que Su Santidad el Dalai Lama aboga por la no violencia, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1989 por sus esfuerzos y no reclama la independencia del Tíbet, sino la reanudación de las negociaciones con las autoridades chinas con miras a un acuerdo político global de autonomía genuina en el marco de la República Popular China,

E.   Considerando que en los últimos días las autoridades chinas han reforzado la seguridad en el Tíbet, con la prohibición de visitar la región a periodistas y extranjeros, y la cancelación de los permisos ya concedidos a extranjeros, y están llevando a la práctica una campaña de "mano dura" contra el pueblo tibetano,

F.   Considerando que un gran número de monjes del monasterio de An Tuo, en la provincia china de Qinghai, fueron detenidos el 25 de febrero de 2009 durante una marcha pacífica con ocasión del Año Nuevo tibetano,

1.   Insta al Gobierno chino a que considere el Memorando sobre una autonomía genuina para el pueblo tibetano, de noviembre de 2008, como base para un debate sustantivo que conduzca a un cambio positivo y significativo en el Tíbet y coherente con los principios recogidos en la Constitución y la legislación de la República Popular China;

2.   Pide al Consejo que averigüe qué ocurrió exactamente en las negociaciones entre la República Popular China y los emisarios de Su Santidad el Dalai Lama;

3.   Pide a la Presidencia del Consejo, con motivo del 50º aniversario del exilio de Su Santidad el Dalai Lama a la India, que adopte una declaración en la que se pida al Gobierno chino abrir un diálogo constructivo para alcanzar un compromiso político lo más completo posible y para incluir una referencia al Memorando sobre una autonomía genuina para el pueblo tibetano;

4.   Condena todos los actos de violencia, ya se deban a manifestantes o a una represión desproporcionada por parte de las fuerzas del orden;

5.   Pide al Gobierno chino que libere de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas por su mera participación en protestas pacíficas y que dé cuenta de todos los muertos o desaparecidos y de todos los detenidos, indicando sus nombres y paraderos y los cargos en su contra;

6.   Pide a las autoridades chinas que faciliten a los medios de comunicación extranjeros un acceso sin restricciones al Tíbet, incluidas las regiones tibetanas situadas fuera de la Región Autónoma del Tíbet, y que pongan fin a la exigencia de permisos especiales para acceder a la Región Autónoma del Tíbet;

7.   Insta a las autoridades chinas a que permitan el acceso sin restricciones al Tíbet de expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales internacionales reconocidas para que investiguen la situación en el Tíbet;

8.   Insta a la Presidencia del Consejo a que tome la iniciativa de incluir la cuestión del Tíbet en el orden del día de una reunión del Consejo de Asuntos Generales para debatir cómo podría facilitar la UE el progreso hacia una solución para el Tíbet;

9.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión. a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China, y a Su Santidad el Dalai Lama.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0119 .
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0362 .


Guinea-Bissau
PDF 80k   DOC 41k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre Guinea-Bissau
P6_TA(2009)0143 B6-0115 , 0116 , 0117 , 0119 y 0120/2009

El Parlamento Europeo,

-    Vista la declaración de la Presidencia de la UE, de 2 de marzo de 2009, sobre los trágicos acontecimientos registrados en Guinea-Bissau,

-    Vistas las elecciones presidenciales de junio y julio de 2005 y las elecciones legislativas de 16 de noviembre de 2008 en Guinea-Bissau,

-    Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 3 de marzo de 2009, sobre la crisis política actual en Guinea-Bissau,

-    Vista la declaración de la Comisión de la Unión Africana de 2 de marzo de 2009,

-    Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que el 2 de marzo de 2009 el Presidente de Guinea-Bissau João Bernardo Vieira fue muerto a tiros por soldados rebeldes, varias horas después de que en un atentado con bomba perdiera la vida el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, General Batista Tagmé Na Waié; considerando que estos asesinatos han eliminado a dos figuras muy poderosas y rivales que habían escapado en los últimos cuatro meses a varios intentos de asesinato,

B.   Considerando que los ataques no han sido considerados como un golpe de Estado, y que el Consejo de Seguridad y Paz de la Unión Africana no ha suspendido a Guinea-Bissau, al contrario de lo que hizo con los países vecinos Guinea y Mauritania después de los golpes de Estado del año pasado;

C.   Considerando que el recientemente elegido Presidente de la Asamblea Nacional Popular, Raimundo Pereira, prestó juramento como Presidente por un período limitado de tiempo en espera de las elecciones, tal como establece la Constitución; considerando que Raimundo Pereira ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a estabilizar el país,

D.   Considerando que décadas de inestabilidad política en Guinea-Bissau han llevado al país a una profunda crisis caracterizada por la falta de acceso al agua potable, a la salud y a la educación, con funcionarios que se enfrentan a atrasos salariales de meses en varios ministerios; considerando que el país forma parte de un reducido grupo de Estados que figuran en el programa de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo ayudar a países pobres a evitar caer de nuevo en la guerra o el caos; considerando que los asesinatos han llegado en un momento en que el compromiso internacional y de la Unión Europea estaba en auge, con el fin de hacer de Guinea-Bissau un Estado democrático y estable,

E.   Considerando que, desde junio de 2008, la Unión Europea ha estado proporcionando asesoramiento y asistencia en apoyo de la reforma del sector de la seguridad (SSR) de Guinea-Bissau a través de su misión de la Política europea de seguridad y defensa (PESD) "UE SSR Guinea-Bissau",

F.   Considerando que las elecciones legislativas de noviembre de 2008 fueron una prueba importante para Guinea-Bissau, cuya transición hacia un régimen democrático necesitaba un nuevo impulso; considerando que las elecciones fueron elogiadas tanto por los ciudadanos como por los observadores internacionales, en particular por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, y allanaron el camino para una mayor ayuda de las Naciones Unidas a los esfuerzos de consolidación de la paz del país; considerando que durante el período electoral las fuerzas armadas se mantuvieron fuera del proceso electoral y comprometidas a garantizar un entorno pacífico;

G.   Considerando que los asesinatos parecen estar relacionados con tensiones políticas provenientes de viejas rivalidades, divisiones étnicas e inestabilidad en los estamentos militares, así como con la creciente presencia de intereses del narcotráfico en el país, todo lo cual crea una situación de fondo sumamente compleja y peligrosa que socava constantemente la capacidad de recuperación del país;

H.   Considerando que Guinea-Bissau se enfrenta al problema del narcotráfico y sirve como principal punto de tránsito de la droga entre Sudamérica y Europa, y considerando que el tráfico de drogas constituye una grave amenaza para la estabilidad política del país,

I.   Considerando que la creciente presencia del tráfico de drogas en la región y a través de ella demuestra que éste se ha convertido en un gran peligro para el conjunto del África occidental y plantea ya también una gran amenaza para la Unión Europea, ya que afecta a las regiones vecinas,

1.   Condena enérgicamente los asesinatos del Presidente de Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira, y del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, General Tagme Na Waié;

2.   Expresa sus sinceras condolencias a las familias del difunto Presidente João Bernardo Vieira y del difunto General Tagmé Na Waié y al pueblo de Guinea-Bissau;

3.   Insta a las autoridades de Guinea-Bissau a que investiguen a fondo estos crímenes y lleven a los responsables ante la justicia, y pide a la comunidad internacional que ejerza toda la influencia necesaria y preste todo el apoyo que sea preciso para lograr ese objetivo; señala que todavía no se han aclarado los casos de los asesinatos de los Generales Ansumane Mané (2000) y Veríssimo Correia Seabra (2004) y que los asesinos no han sido localizados, acusados ni juzgados; subraya que la impunidad no es una respuesta;

4.   Acoge con satisfacción el compromiso del ejército de respetar la Constitución de Guinea-Bissau, e insta a un estricto respeto del orden constitucional del país;

5.   Insta a todas las partes a resolver sus controversias por medios pacíficos y políticos en el marco institucional de Guinea-Bissau y se opone a cualquier intento de cambiar el gobierno por medios inconstitucionales;

6.   Espera que las elecciones presidenciales se celebren dentro de 60 días, según lo establecido en la Constitución, y pide a los Estados miembros y a la comunidad internacional que garanticen que Guinea-Bissau recibirá la ayuda financiera y técnica que necesita para llevar a cabo elecciones dignas de crédito;

7.   Destaca que existe el peligro de que Guinea-Bissau siga siendo inestable e incapaz de hacer frente a la corrupción desenfrenada o cambiar su condición de país clave para el tránsito de droga en tanto sus instituciones sigan siendo estructuralmente débiles;

8.   Pide al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y a otros miembros de la comunidad internacional que vigilen la evolución en Guinea-Bissau, para ayudar a preservar su orden constitucional y continuar apoyando los esfuerzos de consolidación de la paz en el país;

9.   Pide que se inicien de inmediato conversaciones entre las diversas facciones políticas del país con vistas a elaborar un programa al que se comprometan todas las partes interesadas, que incluiría la aceleración de la reforma del sector de la seguridad, la revisión de la ley electoral, la reforma de la administración pública, medidas contra la corrupción, la estabilización macroeconómica y la consulta de la sociedad civil sobre la reconciliación nacional;

10.   Acoge con satisfacción la decisión adoptada el 3 de marzo de 2009 por la CEDEAO de enviar una delegación ministerial a Guinea-Bissau, integrada por Ministros de Nigeria, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia y Senegal, acompañada por el Presidente de la Comisión de la CEDEAO, y la decisión similar tomada el mismo día por la CPLP de enviar una misión política a Guinea-Bissau, encabezada por el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación portugués, ambas con el objetivo de implicar a todos los interesados en un esfuerzo por restablecer la confianza entre los actores políticos, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil y devolver el país a la normalidad constitucional;

11.   Llama la atención, con profunda preocupación, sobre la amenaza que representan para la consolidación de la paz en Guinea-Bissau y para la estabilidad de la región del África occidental el transbordo de drogas desde regiones tan distantes como Colombia y Afganistán y la trata de seres humanos, y pide a los organismos de las Naciones Unidas que desarrollen, con el apoyo adecuado de la CEDEAO, un plan de acción regional para hacer frente a este desafío;

12.   Pide a la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas que ayude a que siga fluyendo la prometida ayuda (tanto financiera como técnica) de los donantes, en particular para las reformas administrativas y del sector de la seguridad y para la lucha contra el tráfico de drogas;

13.   Pide al Consejo y a la Comisión que sigan prestando asesoramiento y asistencia en apoyo de la reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau a través de su misión de la PESD "UE SSR Guinea-Bissau" y que informe sobre los progresos ya realizados;

14.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y la CEDEAO, a las instituciones de la Unión Africana, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a la Secretaría de la CPLP así como al Gobierno y al Parlamento de Guinea-Bissau.


Filipinas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre Filipinas
P6_TA(2009)0144 B6-0121 , 0122 , 0123 , 0124 , 0125 y 0126/2009

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Declaración efectuada por la Presidencia, de 15 de septiembre de 2008, en nombre de la Unión Europea, sobre la situación en Mindanao,

–   Visto el llamamiento efectuado el 29 de enero de 2009 por los Embajadores de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, así como por el Jefe adjunto de la Misión de la Embajada de Australia,

–   Vista la tercera sesión de la Revisión Tripartita de la aplicación del Acuerdo de Paz de 1996 suscrito entre el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno de la República de Filipinas, celebrada entre los días 11 y 13 de marzo de 2009,

–   Vistos la Declaración Conjunta de La Haya de 1 de septiembre de 1992, pronunciada por el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF), y las Declaraciones Conjuntas Primera y Segunda de Oslo de 14 de febrero y 3 de abril de 2004,

–   Vistos el documento estratégico por país de la Comisión Europea 2007-2013 para Filipinas, el programa de apoyo al proceso de paz en el marco del instrumento de estabilidad, y las negociaciones para un acuerdo de asociación y cooperación entre la Unión Europea y Filipinas,

–   Vistas sus anteriores resoluciones, y muy especialmente la de 26 de abril de 2007(1) , y reiterando su apoyo a las negociaciones de paz entre el Gobierno de la República de Filipinas y el FDNF ya expresado en sus resoluciones de 17 de julio de 1997(2) y 14 de enero de 1999(3) ,

–   Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que diversos grupos armados, y muy especialmente el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), llevan desde 1969 combatiendo a las tropas gubernamentales en el sur del país, en lo que representa uno de los movimientos insurgentes más antiguos de Asia,

B.   Considerando que el conflicto entre el Gobierno de la República de Filipinas y los insurgentes del FDNF arroja ya más de 40 000 víctimas mortales, y que, pese al alto el fuego de 2003 y a las conversaciones de paz, han seguido produciéndose episodios esporádicos de violencia,

C.   Considerando que las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y el FMLI en Mindanao se reanudaron en agosto de 2008 después de que el Tribunal Supremo de Filipinas declarase inconstitucional el Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de la República de Filipinas y el FMLI sobre el Territorio Ancestral, documento que habría otorgado una importante autonomía al pueblo bangsamoro,

D.   Considerando que los nuevos combates han causado la muerte de más de cien personas y obligado a desplazarse a unas 300 000, muchas de las cuales permanecen aún en centros de evacuación,

E.   Considerando que Malasia, el facilitador de paz, retiró de Mindanao a sus supervisores del alto el fuego en abril de 2008 debido a la paralización del proceso de paz, y que aún así está dispuesto a reconsiderar su papel si el Gobierno de la República de Filipinas clarifica su posición negociadora,

F.   Considerando que las conversaciones de paz entre el Gobierno de la República de Filipinas y el FDNF llevan estancadas desde 2004 y que el Gobierno noruego ha hecho grandes esfuerzos por alentar a ambas partes a que reanuden las conversaciones formales,

G.   Considerando que desde 2001 cientos de activistas, sindicalistas, periodistas y líderes religiosos de Filipinas han sido asesinados o secuestrados y que el Gobierno de la República de Filipinas niega cualquier implicación de las fuerzas de seguridad y del ejército en estos crímenes políticos, pese a las numerosas pruebas que apuntan a lo contrario,

H.   Considerando que en 2008 varias resoluciones de tribunales locales declararon la ilegalidad de la detención y encarcelamiento de diversos activistas y ordenaron su liberación; considerando que estas personas fueron nuevamente detenidas y acusadas de rebelión o asesinato,

I.   Considerando que el poder judicial filipino no es independiente, puesto que abogados y jueces también son objeto a acosos y asesinatos, y que la vulnerabilidad de los testigos hace imposible investigar con eficacia los delitos y perseguir judicialmente a los responsables de los mismos,

J.   Considerando que, en la mayor parte de estas ejecuciones extrajudiciales, no se ha abierto investigación criminal alguna y que los autores permanecen impunes pese a las numerosas afirmaciones del Gobierno en el sentido de que se han adoptado medidas para poner fin a los asesinatos y llevar a sus autores ante la justicia,

K.   Considerando que, en abril de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó la situación en Filipinas y destacó la impunidad de los responsables de las ejecuciones sin juicio previo y de las desapariciones forzosas, pero que el Gobierno de la República de Filipinas rechazó las recomendaciones a favor de un informe de seguimiento,

L.   Considerando que para poner fin a los secuestros y las ejecuciones sin juicio previo es preciso abordar las causas últimas económicas, sociales y culturales de la violencia en Filipinas,

1.   Expresa su profunda preocupación por los cientos de desplazados internos en Mindanao, pide al Gobierno de la República de Filipinas y al FMLI que hagan todo lo posible por crear las condiciones para que estas personas puedan regresar a sus hogares, y pide una acción más decidida a nivel nacional e internacional para proteger a los desplazados y trabajar en favor de su rehabilitación;

2.   Cree firmemente que el conflicto solo podrá resolverse a través del diálogo y que el fin de esta prolongada situación de insurgencia es fundamental para el desarrollo global de Filipinas;

3.   Pide al Gobierno de la República de Filipinas que reanude urgentemente las negociaciones de paz con el mencionado FMLI y que clarifique la situación y el futuro del Memorándum de Acuerdo tras la resolución del Tribunal Supremo; celebra el propósito anunciado del Gobierno de la República de Filipinas de renunciar a toda condición previa para la reanudación de las conversaciones;

4.   Acoge con satisfacción las conversaciones entre el Gobierno de la República de Filipinas y el FDNF facilitadas por Noruega y que tuvieron lugar en Oslo en noviembre de 2009, y confía que también en este caso puedan reanudarse rápidamente las negociaciones formales; pide a las partes que cumplan con sus acuerdos bilaterales hacia el Comité de Supervisión Conjunto, que se reúnan conforme a lo previsto en el Acuerdo Global sobre Respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y que permitan la investigación conjunta de las violaciones de derechos humanos;

5.   Pide a la Comisión y al Consejo que presten y faciliten apoyo y asistencia a las partes en la aplicación del Acuerdo Global sobre Respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, especialmente mediante programas de desarrollo, asistencia y rehabilitación,

6.   Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que apoyen al Gobierno de la República de Filipinas en sus esfuerzos por avanzar en las negociaciones de paz, sin excluir la facilitación si así se solicita, ni el apoyo al equipo de supervisión internacional responsable del control del alto el fuego entre los militares y el FMLI;

7.   Sugiere que el papel del equipo de supervisión internacional podría potenciarse mediante un mandato reforzado para la investigación y una política consensuada de publicación de sus conclusiones;

8.   Pide al Gobierno de la República de Filipinas que incremente la ayuda al desarrollo para Mindanao, a fin de mejorar las penosas condiciones de vida de la población local; aplaude las ayudas alimentarias y no alimentarias, valoradas en 13 millones de euros, que la Unión Europea ha concedido a Mindanao tras la reanudación de los combates en agosto de 2008;

9.   Expresa su profunda preocupación por los cientos de casos de ejecuciones sin juicio previo de periodistas y activistas políticos acaecidas en Filipinas en los últimos años, y por el papel que las fuerzas de seguridad han jugado en la organización y autoría de estos asesinatos;

10.   Pide al Gobierno de la República de Filipinas que investigue los casos de ejecuciones sin juicio previo y desapariciones forzosas; pide al mismo tiempo al Gobierno de la República de Filipinas que instaure un mecanismo de control independiente para supervisar la investigación y procesamiento de los autores;

11.   Pide al Gobierno de la República de Filipinas que adopte medidas para terminar con la intimidación y acoso sistemáticos de activistas políticos y de derechos humanos, integrantes de la sociedad civil, periodistas y testigos en los procesos penales, y para garantizar una protección de testigos auténticamente efectiva;

12.   Reitera su petición a las autoridades filipinas para que permitan la entrada sin restricciones en Filipinas a los organismos especiales de Naciones Unidas encargados de la defensa de los derechos humanos; insta asimismo a las citadas autoridades a que aprueben prontamente la legislación necesaria para la transposición al ordenamiento nacional de los instrumentos internacionales de derechos humanos ya ratificados, como por ejemplo los instrumentos contra la tortura y las desapariciones forzosas;

13.   Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen que la asistencia financiera de la Unión Europea para el desarrollo económico de Filipinas irá acompañada de un control de las posibles violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, dedicándose especial atención a fomentar el diálogo y la inclusión de todos los grupos en la sociedad;

14.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Presidente y al Gobierno de la República de Filipinas, al FMLI, al FDNF, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a los Gobiernos de los Estados miembros de la ASEAN.

(1) DO C 74 E de 20.3.2008, p. 788.
(2) DO C 286 de 22.9.1997, p. 245.
(3) DO C 104 de 14.4.1999, p. 116.


Expulsión de las ONG de Darfur
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la expulsión de las ONG de Darfur
P6_TA(2009)0145 B6-0127 , 0128 , 0130 , 0131 y 0132/2009

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea tras la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), de 6 de marzo de 2009, relativa a la orden de detención del Presidente de Sudán, Omar Hassan al Bachir,

–   Vista la declaración del Comisario Louis Michel, de 5 de marzo de 2009, sobre la expulsión de las ONG de Sudán,

–   Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Sudán y Darfur, en las que expresa en particular su apoyo permanente a la CPI,

–   Vistos el Estatuto de Roma de la CPI y su entrada en vigor el 1 de julio de 2002,

–   Vista la Resolución S/Res/1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 31 de marzo de 2005, por la que se remitía la situación en Darfur a la CPI,

–   Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.   Considerando que, el 4 de marzo de 2009, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dictó una orden de detención contra el Presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bachir, relacionada con los presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en la conflictiva provincia sudanesa de Darfur,

B.   Considerando que, en respuesta a la decisión de la CPI, el Gobierno sudanés decidió expulsar del país a trece ONG importantes,

C.   Considerando que los organismos de ayuda están llevando a cabo en Darfur la operación humanitaria de mayor envergadura del mundo; considerando que, según las Naciones Unidas, hasta 4,7 millones de personas, de las cuales 2,7 millones son personas desplazadas dentro del propio país, necesitan ayuda,

D.   Considerando que la expulsión de los organismos de ayuda podría dar lugar a una mayor mortalidad y morbilidad debido a la interrupción de los servicios sanitarios y a los brotes de enfermedades infecciosas, como diarrea e infecciones respiratorias; considerando que la expulsión podría acarrear, entre otras consecuencias, una reducción de la cobertura inmunitaria y una mayor mortalidad infantil si no se ofrece acceso a la alimentación terapéutica y a los servicios de nutrición,

E.   Considerando que se ha expulsado a las ONG en un momento en el que sus servicios eran de vital importancia, debido en particular a la actual epidemia de meningitis en Darfur Occidental; considerando que la expulsión dejará sin acceso a tratamiento médico a personas enfermas, o restringirá dicho acceso en grado sumo,

F.   Considerando que la doctrina de la "responsabilidad de proteger" de las Naciones Unidas establece que, cuando las autoridades nacionales sean manifiestamente incapaces de proteger a su población, incumbe a otros la responsabilidad de prestar la protección necesaria,

G.   Considerando que el Gobierno de Sudán, en tanto que miembro de las Naciones Unidas, está obligado a cooperar con la CPI en virtud de la Resolución S/Res/1593 (2005), que fue aprobada por el Consejo de Seguridad con arreglo a las competencias que le confiere el Capítulo 7,

H.   Profundamente consternado por el hecho de que, desde que se dictó la orden de detención, el Gobierno de Sudán se ha negado repetidamente a cooperar con la CPI y, de hecho, ha multiplicado los actos de desafío hacia la CPI y la comunidad internacional,

1.   Condena enérgicamente la expulsión de Darfur de trece agencias de ayuda humanitaria en respuesta a la orden de detención internacional dictada por la CPI contra el Presidente sudanés, Omar Hassan al-Bachir, el 4 de marzo de 2009;

2.   Pide la liberación inmediata y sin condiciones de todos los trabajadores humanitarios de la sección belga de Médicos sin Fronteras (MSF) que fueron secuestrados el 11 de marzo de 2009, cuando se encontraban en sus oficinas de MSF-Bélgica en Saraf-Umra, 200 km al oeste de El-Facher, la capital de Darfur Norte;

3.   Manifiesta su profunda inquietud por el efecto inmediato que estas expulsiones tendrán en la prestación de ayuda humanitaria, que reviste una importancia vital para centenares de miles de personas;

4.   Pide al Gobierno de Sudán que se retracte inmediatamente de su decisión de expulsar a trece organismos de ayuda y que les permita seguir realizando su labor, que resulta fundamental para garantizar la supervivencia de las poblaciones vulnerables de Darfur; pide al Consejo y a la Comisión que redoblen sus esfuerzos ante la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes y China para convencer al Gobierno sudanés de que se retracte;

5.   Pide al Gobierno de Sudán que tome medidas positivas para garantizar que no se perseguirá a los defensores de los derechos humanos que se pronuncien a favor de la decisión de la CPI, y que se abstenga de todo acoso o intimidación contra los defensores de los derechos humanos;

6.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la Unión Europea para Sudán, al Gobierno de Sudán, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a las instituciones de la Liga de los Estados Árabes y al Fiscal de la Corte Penal Internacional .

Última actualización: 1 de diciembre de 2009Aviso jurídico