Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las microentidades (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

P7_TA(2010)0052 A7-0011/2010

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0083),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 44, apartado 1, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0074/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

–  Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 50, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 15 de julio de 2009(1),

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0011/2010),

1.  Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide que en 2010 se lleve a cabo una revisión general de las Directivas Cuarta y Séptima sobre Derecho de sociedades;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 10 de marzo de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2010/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las microentidades

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 50, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007 subrayó entre sus conclusiones la importancia de reducir la carga administrativa para estimular la economía europea y la necesidad de un firme esfuerzo conjunto al objeto de reducir dicha carga en la Unión Europea.

(2)  Se ha determinado que la contabilidad es una de las áreas fundamentales en las que cabe reducir la carga administrativa de las empresas dentro de la Unión.

(3)  En su Comunicación relativa a la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría, la Comisión señalaba una serie de modificaciones que cabía introducir en la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(4), modificaciones entre las que se incluía la opción de los Estados miembros de eximir a las microentidades de la obligación de elaborar cuentas anuales con arreglo a dicha Directiva.

(4)  La Recomendación 2003/361/CE de la Comisión(5) define las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las consultas mantenidas con los Estados miembros han indicado que los umbrales relativos a las microempresas que figuran en esa Recomendación pueden ser excesivamente elevados a efectos contables. Por ello, resulta oportuno introducir una subcategoría de microempresas, denominadas microentidades, que englobe a las empresas con un balance total máximo y un volumen de negocios neto máximo inferiores a los umbrales fijados en relación con las microempresas.

(5)  Las microentidades suelen operar a nivel local o regional, no desarrollan actividades transfronterizas, o sólo de forma restringida, y disponen de recursos limitados para satisfacer exigentes requisitos reglamentarios. Además, las microentidades son importantes con vistas a generar nuevos empleos, promover la investigación y el desarrollo y crear nuevas actividades económicas.

(6)  Sin embargo, las microentidades suelen estar sujetas a las mismas normas de información que las empresas de mayores dimensiones. Esas normas hacen recaer sobre ellas una carga que no guarda proporción con sus dimensiones y resulta, por tanto, desmesurada para las empresas más pequeñas en relación con las de mayor tamaño. Por ese motivo, debe existir la posibilidad de eximir a las microentidades de la obligación de elaborar cuentas anuales, aun cuando estas cuentas permitan extraer información estadística. Sin embargo, las microentidades deben seguir estando sujetas a la obligación de llevar un registro en el que consten las transacciones comerciales y la situación financiera de la empresa, como norma mínima a la que los Estados miembros pueden añadir otras obligaciones.

(7)  El Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas, en su dictamen de 10 de julio de 2008, abogó por que se hiciera efectiva rápidamente la opción de los Estados miembros de eximir a las microentidades de la obligación de elaborar cuentas anuales con arreglo a la Directiva 78/660/CEE.

(8)  En su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre requisitos contables por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, en particular las microempresas(6), el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que presentara una propuesta legislativa que permitiera a los Estados miembros excluir a las microentidades del ámbito de aplicación de la Directiva 78/660/CEE.

(9)  Dado que los umbrales definidos por la presente Directiva tienen un impacto radicalmente diferente de un Estado miembro a otro en cuanto al número de empresas que quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la misma, y que las actividades de las microentidades no tienen repercusiones sobre el comercio transfronterizo ni sobre el funcionamiento del mercado interior, los Estados miembros deben tomar en consideración esta diferencia de impacto a la hora de aplicar la presente Directiva en el ámbito nacional.

(10)  Puesto que resulta imperativo garantizar la transparencia también respecto de las microentidades, para asegurar que estén abiertas y tengan acceso a los mercados financieros, los Estados miembros deben tener en cuenta las condiciones y necesidades específicas de su propio mercado a la hora de aplicar la Directiva 78/660/CEE.

(11)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, reducir la carga administrativa de las microentidades, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(12)  Procede, por tanto, modificar la Directiva 78/660/CEE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificación de la Directiva 78/660/CEE

En la Directiva 78/660/CEE, se inserta el artículo siguiente:"

Artículo 1 bis

1.  Los Estados miembros mantendrán la obligación de llevar registros en los que consten las transacciones comerciales y la situación financiera de la empresa, pero podrán disponer que estén exentas de las obligaciones previstas en la presente Directiva, las sociedades que, en la fecha de cierre del balance, no rebasen los límites de dos de los tres criterios siguientes:

2.  Cuando en la fecha de cierre del balance una sociedad rebase los límites de dos de los tres criterios establecidos en el apartado 1 por segundo ejercicio consecutivo, esa sociedad dejará de gozar de la exención a la que se refiere dicho apartado.

Cuando en la fecha de cierre del balance una sociedad haya dejado de rebasar los límites de dos de los tres criterios establecidos en el apartado 1, podrá gozar de la exención a la que se refiere dicho apartado siempre que no haya rebasado esos límites durante dos ejercicios consecutivos.

3.  En el caso de aquellos Estados miembros que no hayan adoptado el euro, el importe en moneda nacional equivalente a los especificados en el apartado 1 será el resultante de aplicar el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la fecha de entrada en vigor de cualquier Directiva por la que se fijen tales importes.

4.  El total del balance mencionado en la letra a) del apartado 1 se compondrá de las partidas A a E del activo, según figura en el artículo 9, o de las partidas A a E previstas en el artículo 10.

Artículo 2

Transposición

1.  En el supuesto de que decidan hacer uso de la opción prevista en el artículo 1 bis de la Directiva 78/660/CEE y en el momento en que lo hagan, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, teniendo en cuenta, en particular, la situación nacional en cuanto al número de empresas que quedan incluidas en los umbrales definidos en el citado artículo. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 317 de 23.12.2009, p. 67. (2) DO C 317 de 23.12.2009, p. 67. (3) Posición del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2010. (4) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11. (5) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. (6) DO C 45 E de 23.2.2010, p. 58.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la Estrategia UE 2020

P7_TA(2010)0053 RC-B7-0151/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Consejo Europeo informal del 11 de febrero de 2010,

–  Vistas la consulta pública emprendida por la Comisión sobre la Estrategia UE 2020 y las respuestas a la misma (SEC(2010)0116),

–  Vista la evaluación de la Comisión de la Estrategia de Lisboa (SEC(2010)0114),

–  Visto el documento del Consejo Europeo que describe las siete fases para llevar a buen fin la Estrategia europea para el crecimiento y el empleo,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Estrategia UE 2020 debe favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, pues la caída del 4 % del PIB, el declive de la producción industrial y más de 23 millones de personas sin trabajo representan una catástrofe humana y económica,

B.  Considerando que la Estrategia de Lisboa ha quedado por debajo de sus expectativas, debido a una deficiente estructura de gobernanza, a la falta de responsabilidad política, a un objetivo sumamente complejo y fragmentado, al exceso de ambición en los objetivos y a la falta de claridad, foco y transparencia; considerando que, por tanto, acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de una Estrategia UE 2020, con los objetivos y el marco correspondientes,

Observaciones generales

1.  Considera que la Estrategia UE 2020 debe responder de forma eficaz a la crisis económica y financiera, confiriendo nueva ambición y coherencia europea al proceso de recuperación de la UE, movilizando y coordinando los instrumentos nacionales y europeos;

2.  Acoge con satisfacción, teniendo en cuenta que han quedado sin cumplirse demasiados objetivos europeos de la anterior Estrategia de Lisboa, la decisión del Consejo Europeo de fijar menos objetivos, pero hacerlos más claros, realistas y cuantificables;

Una economía social de mercado

3.  Considera que el pleno empleo sostenible y de calidad, tanto para los hombres como para las mujeres, es un importante objetivo que la UE debe perseguir, y que sólo se alcanzará si las instituciones de la UE y los Estados miembros llevan a cabo las reformas necesarias;

4.  Constata que el empleo es una cuestión central en el debate actual en el contexto de la crisis; considera que, para hacer frente plenamente al ya elevado y creciente desempleo, la UE debe aplicar una ambiciosa agenda social que incluya esfuerzos dirigidos al fomento de una vida más larga y saludable, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la ayuda a los trabajadores para que puedan compaginar el empleo con las responsabilidades inherentes a la prestación de cuidados, la reducción del abandono escolar, el fomento del aprendizaje permanente, la lucha contra la discriminación y el fomento de la transversalización de la dimensión de género, la igualdad de género, los derechos de los trabajadores y las buenas condiciones de trabajo; insta a los Estados miembros a luchar contra el desempleo mediante la creación de más oportunidades de formación y trabajo en prácticas para los jóvenes, protegiéndoles al mismo tiempo de las prácticas de contratación abusivas;

5.  Destaca que, para hacer frente al elevado y creciente desempleo, la UE debe aplicar una ambiciosa agenda social, una sólida estrategia de igualdad de género y una política de integración consistente;

6.  Considera que la UE debe crear mercados de trabajo incluyentes y competitivos mediante la reestructuración de los sistemas de seguridad social y el establecimiento de una mayor flexibilidad para los empleadores, en combinación con unas prestaciones de desempleo adecuadas a corto plazo y el apoyo a la reempleabilidad;

7.  Pide a la UE que facilite la libre circulación de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores y los profesionales liberales, empresarios, investigadores, estudiantes y jubilados;

8.  Insta a la UE a que examine los posibles sistemas europeos para facilitar la migración del conocimiento, impedir la «fuga de cerebros» europeos, promover la excelencia y crear una red de universidades destacadas a nivel internacional; considera que el establecimiento de la «quinta libertad» ‐la libertad de conocimiento‐ debe contribuir a este fin;

9.  Expresa su decepción por que no se mencione la agricultura en las propuestas originales para la Estrategia UE 2020, a pesar de su potencial para contribuir activamente a superar los principales retos del futuro; expresa su convencimiento de que, si se dispone del marco político correcto y de los adecuados recursos presupuestarios, los sectores agrícola y forestal pueden desempeñar un importante cometido en una estrategia europea global orientada a garantizar la recuperación económica y lograr los objetivos con respecto al clima, contribuyendo al mismo tiempo a la seguridad alimentaria de la UE y mundial, al crecimiento y a la creación de empleo;

Una gobernanza europea fuerte para una Estrategia UE 2020 satisfactoria

10.  Considera que la Estrategia UE 2020 debe constituir un enfoque ambicioso más coherente y basado en mayor medida en los objetivos para hacer frente a la crisis económica, garantizando una mayor coherencia entre estrategias superpuestas, como la estrategia para el desarrollo sostenible y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el fin de contribuir a construir una Europa justa, sostenible y próspera;

11.  Opina que la Estrategia de Lisboa ha fracasado por la falta de compromiso e identificación por parte de los Estados miembros con respecto a la ejecución de los planes de acción acordados y por la falta de incentivos eficaces e instrumentos vinculantes en el plano de la UE;

12.  Insta al Consejo Europeo a que abandone el «método abierto de coordinación», basado en el «intercambio de mejores prácticas» y la «presión de los pares», en el ámbito de la política económica; alienta a la Comisión a que recurra a todos los artículos disponibles en el Tratado de Lisboa ‐como los artículos 121, 122, 136, 172, 173 y 194‐ para coordinar las reformas económicas y los planes de acción de los Estados miembros;

13.  Insiste en que la Comisión elabore un cuadro preciso de los obstáculos y proponga acciones dirigidas específicamente a los obstáculos clave, con miras a completar el mercado interior;

14.  Pide a la Comisión que, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, proponga nuevas medidas, como reglamentos y directivas, así como posibles sanciones para los Estados miembros que no apliquen la Estrategia UE 2020 e incentivos para los que lo hagan;

15.  Recuerda que tanto la Comisión como el Consejo Europeo han destacado el cometido crucial del Parlamento en la Estrategia UE 2020, por lo que deben respetar sus prerrogativas presentándole recomendaciones políticas anuales antes de que el Consejo tome una decisión; insta al Consejo y a la Comisión a que reconozcan el papel clave del Parlamento en la aplicación de la Estrategia UE 2020; opina que es necesario elaborar un acuerdo interinstitucional que fije y formalice una vía de progreso democrática y eficaz que incluya el compromiso por parte del Consejo de no decidir cambios en la estrategia en los próximos años sin consultar oficialmente al Parlamento;

16.  Destaca la necesidad de una mejor cooperación con los Parlamentos nacionales y la sociedad civil; opina que la participación de un mayor número de agentes interesados aumentará la presión sobre las administraciones nacionales para que consigan resultados;

17.  Opina que los Estados miembros, en estrecha cooperación con la Comisión, deben elaborar los planes de acción nacionales con valores máximos y mínimos para determinados aspectos macroeconómicos de sus economías;

18.  Señala que la ejecución del presupuesto de la UE por la Comisión y los Estados miembros ha sido objeto de un dictamen negativo del Tribunal de Cuentas Europeo; opina que, dado que los Estados miembros gestionan el 80 % del presupuesto de la UE, la Comisión debe presionarles para que se responsabilicen de gastar correctamente estos recursos, y considerar la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros que rechacen la cooperación;

19.  Considera que los Estados miembros deben indicar la forma en que utilizan los recursos de la UE para conseguir los diversos objetivos de la Estrategia UE 2020, y que la financiación de la UE debe supeditarse a los resultados y a la compatibilidad con los objetivos de la Estrategia UE 2020;

Proteger la fortaleza del euro reforzando la supervisión financiera

20.  Destaca que deben coordinarse estrictamente la consolidación presupuestaria y la política económica con el fin de fomentar el crecimiento, crear empleo y garantizar la futura estabilidad del euro; opina que los Estados miembros deben cumplir los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, logrando a la vez un equilibrio entre la reducción de los déficits nacionales, la inversión y las necesidades sociales;

21.  Considera que el fracaso de algunos Estados miembros de la zona del euro en el cumplimiento de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento muestra la necesidad de reforzar la coordinación económica entre los países de la UEM; estima que los problemas de la zona del euro requieren una solución europea, y considera desafortunado que no existan mecanismos de salvaguardia de la estabilidad del euro;

22.  Constata que los ataques especulativos contra países que tienen dificultades económicas profundizan sus problemas económicos y encarecen sus posibilidades de conseguir préstamos;

23.  Destaca la necesidad de un supervisor europeo único que garantice una supervisión eficaz microprudencial y macroprudencial, previniendo así futuras crisis; destaca la necesidad de establecer un sistema bancario europeo eficiente, capaz de financiar la economía real y garantizar que Europa se mantenga entre los principales centros financieros y económicos del mundo; destaca que la supervisión no puede seguir siendo una cuestión puramente nacional, dado que los mercados son internacionales y las entidades financieras operan en un marco transfronterizo;

Liberar el potencial del mercado interior europeo

24.  Constata que el mercado único contribuye en gran medida a la prosperidad europea, y celebra que se haya encargado a Mario Monti la tarea de proponer ideas nuevas y equilibradas con miras a relanzar el mercado común europeo; opina que, dado que el mercado interior constituye un aspecto clave de la Estrategia UE 2020, el Consejo y la Comisión deben presentar propuestas dirigidas a completar el mercado interior;

25.  Constata que algunos gobiernos recurren al proteccionismo económico, poniendo en peligro el esfuerzo de 50 años de integración económica y solidaridad;

26.  Recuerda que los Estados miembros pueden aplicar el método de cooperación reforzada en ámbitos en los que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto;

27.  Opina que es esencial completar el mercado interior de la energía para garantizar el crecimiento económico, la integración de las energías renovables y la seguridad del suministro; opina que las fuentes de energía sostenibles y con pocas emisiones de carbono deben representar una parte importante del combinado energético de la UE;

28.  Considera que la industria europea debe aprovechar su liderazgo en la economía sostenible y las tecnologías ecológicas en el ámbito de la movilidad, explotando su potencial de exportación; opina que, al mismo tiempo, este enfoque reduciría la dependencia y facilitaría el cumplimiento de los necesarios objetivos del cambio climático 20-20-20; destaca no obstante que, para conseguir este objetivo, la economía de la UE necesita suficientes materias primas de alta tecnología;

Fomento de las PYME y los puestos de trabajo

29.  Considera que la Comisión debería haber concedido mayor importancia a la promoción y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas (PYME), dado que representa el sector en el que se crea más empleo y que su innovación y progreso tecnológico desempeñan un papel crucial en la revitalización de nuestra economía; opina que son necesarias nuevas propuestas encaminadas a reducir la burocracia y promover las ideas innovadoras;

30.  Destaca que las medidas a favor de la pequeña empresa («Small Business Act») representan un primer paso, si bien debería avanzarse de forma más ambiciosa; opina que debe darse prioridad a la legislación favorable a las PYME, fomentando las iniciativas emprendedoras y mejorando el acceso a la financiación;

31.  Destaca que una Estrategia UE 2020 satisfactoria no puede centrarse únicamente en el fomento de las PYME y el empleo en los sectores del comercio y los servicios, sino también en la industria y en el sector agrícola, dado que son vitales para nuestra futura economía;

32.  Opina que el envejecimiento de la población europea exige políticas de aprendizaje permanente y mayor flexibilidad en la edad de jubilación (de forma voluntaria para los trabajadores), con el fin de mantener a un número suficiente de personas en activo en el mercado laboral y reforzar su inclusión social; opina que con frecuencia se subestima el potencial de empleo de los trabajadores de más edad y con discapacidad, y espera que se presenten propuestas dirigidas a reforzar este potencial; insta, además, a la Comisión, a que proponga una estrategia de lucha contra el desempleo juvenil;

Un presupuesto que refleje un crecimiento inteligente, incluyente y sostenible como prioridades para el siglo XXI

33.  Opina que el presupuesto actual no refleja en la media suficiente las necesidades financieras para hacer frente a los retos del siglo XXI; insta a la Comisión a que presente una propuesta ambiciosa para que la Estrategia UE 2020 sea coronada por el éxito;

34.  Insta a la Comisión a mantener el objetivo de destinar el 3 % del PIB para I+D, fijado en la Estrategia de Lisboa, en la nueva estrategia, tanto en lo que se refiere a la UE como a los presupuestos nacionales; pide a la Comisión que presente una propuesta encaminada a impulsar la eficiencia de la investigación europea, mejorando la racionalización de las estructuras existentes, reduciendo la burocracia y creando un entorno para la inversión más favorable a la investigación y la innovación, tanto en el sector público como en el privado; opina que, para alcanzar un triángulo del conocimiento funcional, es esencial mejorar la educación y hacer que los sistemas de innovación sean más estructurados y eficaces, apoyando al mismo tiempo las tecnologías facilitadoras esenciales; pide a los Estados miembros que den un mejor uso al potencial de sinergia de los fondos destinados a I+D;

35.  Considera que el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo deben tener un mayor papel en el apoyo a las inversiones en infraestructuras, tecnologías limpias, innovación y PYME;

36.  Insiste en que la innovación empieza por una mejor educación, e insta a la Comisión a que estimule y fomente nuevas colaboraciones entre empresas, el ámbito científico y la investigación universitaria;

37.  Pide que se adopte un enfoque amplio para la futura política de innovación de la UE; opina que las tecnologías facilitadoras esenciales deben recibir una financiación adecuada para convertir a Europa en líder mundial en este ámbito;

38.  Considera que el sector de los transportes aporta una contribución importante al crecimiento sostenible previsto en la Estrategia UE 2020, y que dicho sector contribuye en gran medida al crecimiento económico necesario para la puesta es práctica de la misma; considera que una combinación de diferentes medidas, como un combinado energético, medidas para la fijación de precios y un enfoque realista de la internalización de los costes externos, es importante en este contexto, y que dichas medidas deberían acompañarse de objetivos más claros y realistas, que deberían ser objeto de revisiones regulares;

39.  Recuerda que la cohesión económica, social y territorial es una piedra angular del proyecto europeo, y que actualmente está en peligro debido a los efectos de la crisis económica; considera que la Estrategia 2020 ofrece una oportunidad histórica para mantener y reforzar la cohesión europea, sobre todo a través de una política de cohesión transparente, simplificada e inteligente, a salvo de la renacionalización, de un plan financiero sostenible a largo plazo para las redes transeuropeas y el acceso libre y justo a las TIC, con el fin de capacitar a las personas, en particular a los jóvenes, para que usen con facilidad, ejerciendo al mismo tiempo la autocrítica, las modernas tecnologías de comunicación;

40.  Considera que la política industrial es muy importante para facilitar la transición a una economía sostenible; opina que la UE debe promover la innovación con miras a desarrollar modos de producción ecológicos y, en caso necesario, permitir compensaciones temporales para hacer más ecológica la industria europea en el contexto de los mercados mundiales;

41.  Considera que la UE debe emprender proyectos económicos de gran importancia específicos de la UE, como una red de energía verdaderamente europea, la finalización del proyecto Galileo, la utilización generalizada de las tecnologías ecológicas, incluida la renovación sistemática del parque inmobiliario de la UE, los medios informáticos en la atención sanitaria y los esfuerzos de actualización y mejora de la infraestructura de TIC;

42.  Hace hincapié en que considera la presente Resolución como un primer paso, y que presentará una resolución más detallada sobre los puntos de congestión, los problemas y los proyectos emblemáticos con el tiempo suficiente para la cumbre de junio;

o
o   o

43.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo y a la Comisión.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone sobre Israel y Palestina

P7_TA(2010)0054 RC-B7-0136/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en los que se fundamenta la Unión, y que se recogen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

–  Vistos los Convenios de Ginebra,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Oriente Próximo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de diciembre de 2009, sobre el proceso de paz en Oriente Próximo,

–  Vista la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza,

–  Vista la Resolución 64/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Visto el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 5 de febrero de 2010, a la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 26 de febrero de 2010,

–  Visto que Hamás está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el conflicto armado de Gaza, que comenzó el 27 de diciembre de 2008 y terminó el 18 de enero de 2009, causó la muerte de más de 1 400 palestinos y de 13 israelíes, así como una destrucción importante de las infraestructuras civiles,

B.  Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió, en su Resolución 64/10 de 5 de noviembre de 2009, que ambas partes emprendiesen investigaciones independientes, fidedignas y conformes a las normas internacionales,

C.  Considerando que, el 3 de diciembre de 2009, el Secretario General de las Naciones Unidas llamó la atención a todas las partes sobre las disposiciones pertinentes de la Resolución 64/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y solicitó información por escrito en un plazo de tres meses sobre cualesquiera medidas adoptadas por las partes o en proceso de adopción,

D.  Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas pidió a las partes, en su declaración de 4 de febrero de 2010, que llevaran a cabo investigaciones internas fidedignas sobre la actuación en el conflicto de Gaza,

E.  Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución de 26 de febrero de 2010, reiteró su llamamiento a Israel y a la parte palestina para que llevaran a cabo investigaciones fidedignas y solicitó nuevos informes que deben presentarse en el plazo de cinco meses,

F.  Considerando que la actuación internacional de la UE debe guiarse por el estricto respeto de los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional; recordando, al mismo tiempo, que el Derecho internacional impone a los Estados la obligación de respetar y proteger el Derecho internacional humanitario y de velar por que sea respetado,

G.  Considerando que el Gobierno de Israel ha informado de que está investigando 150 incidentes aislados que se produjeron durante la operación en Gaza,

H.  Considerando que, el 25 de enero de 2010, las autoridades palestinas crearon una comisión independiente de investigación,

I.  Considerando que el bloqueo, que vulnera el Derecho internacional humanitario, ha agravado aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza,

1.  Destaca una vez más la importancia de alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Próximo, y en particular entre israelíes y palestinos; destaca que el respeto del Derecho internacional sobre derechos humanos y del Derecho internacional humanitario por todas las partes y en cualquier circunstancia, así como la creación de un clima de confianza entre israelíes y palestinos, son elementos esenciales de un proceso de paz cuyo fruto sea la convivencia de dos Estados en condiciones de paz y seguridad;

2.  Reitera su llamamiento a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a los Estados miembros para que trabajen con el objetivo de fortalecer la posición común de la UE en relación con el seguimiento del informe sobre la Misión de Investigación de las Naciones Unidas ‐encabezada por el Juez Goldstone‐ sobre el conflicto de Gaza y el sur de Israel, exigiendo públicamente la aplicación de sus recomendaciones, así como la asunción de responsabilidades por todas las violaciones del Derecho internacional, incluidos los presuntos crímenes de guerra;

3.  Insta a ambas partes a que, en un plazo de cinco meses, lleven a cabo investigaciones que cumplan las normas internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia, rapidez y eficacia, de conformidad con las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 5 de noviembre de 2009 y 26 de febrero de 2010; destaca que el respeto del Derecho internacional en materia de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario por todas las partes y en cualquier circunstancia es una condición previa fundamental para alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Próximo;

4.  Reitera su llamamiento a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros para que supervisen atentamente la aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone mediante la consulta a las misiones exteriores de la UE y a las ONG que trabajan sobre el terreno; pide que dichas recomendaciones y las observaciones conexas se incluyan en los diálogos de la UE con ambas partes, así como en los foros multilaterales;

5.  Pide a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que evalúe los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por todas las partes, y que informe al Parlamento Europeo sobre dichas evaluaciones;

6.  Saluda los esfuerzos desplegados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se responda de todas las violaciones del Derecho internacional sobre derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto de Gaza, al tiempo que la alienta a que persevere en su empeño;

7.  Destaca que el respeto del Estado de Derecho constituye un valor fundamental en la Unión Europea y en sus relaciones con partes y países terceros; destaca que la responsabilidad y la credibilidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros exigen que se supervisen las investigaciones en su totalidad;

8.  Insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que tengan en cuenta los resultados de las investigaciones de seguimiento y de la aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone con respecto a todas las partes a que se refiere el Informe;

9.  Destaca la importancia que reviste la cooperación entre las autoridades y las organizaciones no gubernamentales en las investigaciones de seguimiento y en la aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone por todas las partes; manifiesta su preocupación por la presión ejercida sobre las ONG que han participado en la preparación del Informe Goldstone y en las investigaciones de seguimiento, y pide a las autoridades de todas las partes que renuncien a cualesquiera medidas que restrinjan las actividades de estas organizaciones;

10.  Reconoce la situación crítica del pueblo de Gaza debida al bloqueo, y acoge con satisfacción el llamamiento realizado por el Consejo el 8 de diciembre de 2009 en favor de la apertura inmediata, permanente e incondicional de los pasos fronterizos;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Cuarteto, al enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, a la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, al Gobierno y al Parlamento de Israel, al Presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la situación de la sociedad civil y las minorías nacionales en Belarús

P7_TA(2010)0055 RC-B7-0134/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Belarús, en particular su Resolución de 17 de diciembre de 2009(1),

–  Vistas las conclusiones sobre Belarús adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en su reunión del 17 de noviembre de 2009, por las que se prorroga la suspensión de la prohibición de visado para determinados cargos de Belarús, incluido el Presidente Alexander Lukashenko, y se prorrogan las medidas restrictivas hasta octubre de 2010,

–  Vistas las conclusiones de la 2 996ª reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada el 22 de febrero de 2010, y la Declaración sobre la situación de la Unión de los Polacos en Belarús pronunciada el 16 de febrero de 2010 por la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton,

–  Vistas la declaración sobre la Asociación Oriental formulada por el Consejo Europeo celebrado el 19 de marzo de 2009 y la declaración conjunta sobre la Asociación Oriental de la Cumbre celebrada en Praga el 7 de mayo de 2009,

–  Visto el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales, de 1 de febrero de 1995,

–  Vistos los principios y normas internacionales en relación con los derechos de las minorías, en particular los contemplados en los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Acta final de Helsinki, de 1 de agosto de 1975 (sección 1.VII), el Documento de la reunión de Copenhague sobre la dimensión humana, de 29 de junio de 1990, y la Carta de París para una nueva Europa, de 21 de noviembre de 1990,

–  Vistos su debate sobre Belarús del 24 de febrero de 2010, así como la misión de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo a Belarús del 25 al 27 de febrero de 2010 y sus resultados,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 15 de febrero de 2010, fueron detenidos en Belarús cuarenta activistas, principalmente miembros de la Unión de los Polacos de Belarús(UPB), entre los que se encontraban Andzelika Borys (Presidenta de la UPB), Igor Bancer (portavoz de la UPB), Mieczysław Jaśkiewicz (Vicepresidente) y Andrzej Poczobut (presidente del órgano de supervisión de la UPB), así como Anatol Lebedzka, dirigente del Partido Civil Unido, de la oposición, con el objetivo de prohibir su participación en el juicio relativo a la Casa Polaca en Ivyanets; considerando que el 20 de febrero todos los activistas fueron puestos en libertad,

B.  Considerando que la Unión de los Polacos en Belarús, presidida por Angelika Borys, que ha resultado elegida democráticamente en dos ocasiones, en 2005 y 2009, no cuenta con el reconocimiento de las autoridades estatales y desde 2005 ha sido objeto con frecuencia de acoso y persecución, y que sus miembros han sido acusados reiteradamente de actividades ilegales y son objeto de acusaciones penales,

C.  Considerando que las autoridades de Belarús han empleado a las fuerzas de policía contra miembros de la UPB en Hrodna en 2005 y en Ivyanets en 2010,

D.  Considerando que las autoridades belarusas impidieron a representantes de la UPB que debían prestar testimonio en el juicio de Teresa Sobol, Presidenta de la agrupación local de la UPB en Ivyanet, que compareciesen en la audiencia,

E.  Considerando que la discriminación contra la Unión de los Polacos, la mayor ONG que opera en Belarús, dirigida por Andzelika Borys, es sintomática del trato general que sufren la sociedad civil y la oposición democrática en Belarús,

F.  Considerando que Polonica, empresa con sede en Hrodna, dirigida por Andzelika Borys, que es la única fuente de financiación de la UPB, fue objeto de una multa de 71 millones de rublos, acusada de violar la normativa tributaria, y se encuentra ahora en peligro de quiebra,

G.  Considerando que las autoridades belarusas reconocen a Stanislaw Siemaszko como líder legítimo de la Unión de los Polacos y declaran su apoyo a la organización que preside, considerada ilegítima por la comunidad polaca,

H.  Considerando que diversos representantes de las instituciones europeas, entre ellos Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Cecilia Malström, Comisaria de Asuntos de Interior, así como el Parlamento polaco y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, han manifestado su preocupación por las recientes medidas de las autoridades belarusas contra la UPB, y han condenado la represión policial contra sus miembros,

I.  Considerando que estas acciones de las autoridades belarusas son contrarias a las normas internacionales en materia de protección de las minorías nacionales, establecidas, en particular, por el Convenio marco sobre la protección de las minorías del Consejo de Europa, de 1 de febrero de 1995, y que Belarús ha intensificado sus acciones contra los miembros de esta organización,

J.  Considerando que la Declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental, celebrada en Praga, entre cuyos signatarios figura Belarús, establece en su primer apartado que los participantes en la Cumbre de Praga acuerdan que la Asociación Oriental se basará en el compromiso con los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

K.  Considerando que el Consejo Europeo, en sus conclusiones de 17 de noviembre de 2009, reconoce que se han abierto nuevas posibilidades de diálogo y de una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y Belarús, con el fin de fomentar un verdadero avance hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, y confirma su disposición a profundizar en las relaciones de la Unión Europea con Belarús, siempre que se siga avanzando hacia la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y a ayudar al país a lograr esos objetivos,

1.  Manifiesta su profunda inquietud ante las recientes violaciones de los derechos humanos cometidas en la República de Belarús contra miembros de la sociedad civil y, en particular, contra miembros de la Unión de los Polacos, y declara su solidaridad con los ciudadanos que no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles;

2.  Condena las acciones policiales y judiciales contra la Unión de los Polacos y todo intento de las autoridades de Belarús de imponer un nuevo liderazgo a la comunidad polaca; pide a las autoridades belarusas que legalicen de nuevo la UPB dirigida por Andzelika Borys y garanticen la devolución puntual de sus propiedades;

3.  Destaca una vez más su interés en un diálogo abierto y estructurado con Belarús, a condición de que la democratización del sistema político de Belarús produzca resultados concretos y refleje el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

4.  Insta a Belarús a que cumpla los compromisos adquiridos ante la OSCE así como a escala internacional en términos de protección y fomento de los derechos de las minorías; pide asimismo a las autoridades que mejoren las condiciones de funcionamiento de la sociedad civil, especialmente con respecto a la libertad de expresión y de reunión, la situación de los medios de comunicación independientes, incluido el acceso a Internet, y el registro de las ONG, con miras a preparar y permitir un proceso electoral libre y justo para las elecciones municipales que se celebrarán el 25 de abril de 2010;

5.  Reitera su petición de recientes resoluciones, en particular las de 15 de enero y 17 de diciembre de 2009, de que se garanticen la libertad de expresión y asociación, la libertad para registrar partidos políticos, como la Democracia Cristiana Belarusa (DCB)y la libertad religiosa y que se creen unas condiciones favorables a las actividades de las entidades de la sociedad civil, las ONG (como el centro «Viasna» de derechos humanos) y los medios de comunicación independientes en Belarús;

6.  Insta a este respecto a las autoridades de Belarús a que pongan en libertad a activistas políticos como Andrei Bandarenko y a presos de conciencia como Ivan Mikhailau y Aristyom Dubski, a que retiren las medidas restrictivas contra activistas de la sociedad civil, como Tatjana Shaputsko, participante en el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental, y a que se abstengan de adoptar medidas destinadas a controlar el contenido de las páginas belarusas de Internet;

7.  Subraya que el diálogo de la UE con Belarús puede ser recíprocamente beneficioso, y cree que puede apoyarse a Belarús para que obtenga el máximo partido de la Asociación Oriental, en particular utilizando de la forma más eficaz posible los fondos asignados en virtud de este programa a proyectos de infraestructura, energía y sociales, y aplicando los demás instrumentos y políticas de la UE, siempre y cuando las autoridades belarusas se comprometan a introducir cambios reales en el ámbito de las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías nacionales;

8.  Recuerda que la Unión Europea ya ha demostrado su disposición a iniciar relaciones con Belarús, tal como puede verse en la inclusión de Belarús en la Asociación Oriental; recuerda que el éxito de este compromiso depende de cuánto avance el Gobierno de Belarús hacia la democratización y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías;

9.  Señala que, si las autoridades belarusas se adhieren a los criterios relacionados con los derechos humanos fundamentales y la democracia, Belarús podrá beneficiarse de:

10.  Concede gran importancia a la liberalización de la vida política y cívica en Belarús, y subraya que, si continúan las violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Belarús, la Unión Europea podría revisar su posición con respecto a Belarús, incluida la imposición de nuevas sanciones;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa, a la Secretaría de la Comunidad de Estados Independientes y al Parlamento y al Gobierno de Belarús.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0117.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre el impuesto sobre las transacciones financieras - puesta en marcha

P7_TA(2010)0056 B7-0133/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 24 de abril de 2009, sobre la Cumbre del G–20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009(1),

–  Vista la Declaración final de los dirigentes del Grupo de los 20 (G–20) tras la Cumbre celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009,

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2009, sobre la Cumbre del G–20 celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009(2),

–  Visto el Comunicado, de 7 de noviembre de 2009, emanado de la reunión de los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G20 celebrada en St. Andrews (Escocia),

–  Vistas las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009 y, en particular, su apartado 15,

–  Vista la intervención del Presidente Barroso ante el Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 2009,

–  Vista la carta sobre la introducción de un canon de estabilidad en los Estados miembros remitida el 18 de enero de 2010 por el Ministro sueco de Hacienda a la Presidencia del Consejo,

–  Vista la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales(3),

–  Vista la propuesta de la Comisión para una Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros (COM(2007)0747),

–  Vista la pregunta de 24 de febrero de 2010 a la Comisión relativa a los impuestos sobre las transacciones financieras - puesta en marcha (O-0025/2010 – B7-0019/2010),

–  Vistos los artículos 115, apartado 5, y 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Parlamento ha recibido con agrado el trabajo de investigación iniciado a nivel del G–20 a raíz de la Cumbre de Pittsburgh celebrada en septiembre de 2009, con vistas al establecimiento de un marco internacional para la fiscalidad de las transacciones financieras,

B.  Considerando que el Parlamento ha pedido que se realicen progresos rápidos para procurar que el sector financiero contribuya de manera justa al desarrollo y la recuperación económica, ya que son la economía real, los contribuyentes, los consumidores, los servicios públicos y la sociedad en su conjunto quienes soportan los importantes costes y las consecuencias de la crisis financiera,

C.  Considerando que el Consejo Europeo ha destacado la importancia de renovar el contrato económico y social entre las entidades financieras y la sociedad a la que sirven, así como de garantizar que el público se beneficia en las coyunturas favorables y está protegido del riesgo; considerando que, en este contexto, el Consejo Europeo ha alentado al FMI a que examine en su revisión toda la gama de opciones disponibles, incluido un impuesto mundial sobre las transacciones financieras; considerando que, a este respecto, el Consejo Europeo también ha pedido al Consejo y a la Comisión que determinen los principios clave que deberían respetar los nuevos acuerdos mundiales,

D.  Considerando que varios Estados miembros han pedido que se graven las transacciones financieras,

E.  Considerando que nuevas iniciativas reguladoras, como las medidas contra los paraísos fiscales, la supresión de la posibilidad de actuar fuera de balance, los requisitos de negociación bursátil y de utilización de registros para las operaciones con derivados, han cambiado claramente el contexto de acción política en este ámbito,

F.  Considerando que la Comisión, al hilo de las cuestiones planteadas en la reunión celebrada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y el Comisario de Fiscalidad el 6 de octubre de 2009 y según confirmó el Presidente Barroso en su intervención ante el Parlamento el 15 de diciembre de 2009, reflexiona actualmente sobre eventuales alternativas de «financiación innovadora» en el contexto de los desafíos globales, incluido el gravamen de las transacciones financieras, con vistas a presentar, en su momento, propuestas al respecto,

G.  Considerando que el FMI recaba actualmente la opinión del público sobre la imposición en el sector financiero como parte de la solicitud hecha por el G–20 en la Cumbre de Pittsburgh celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2009,

H.  Considerando que en los Estados miembros ya existen diferentes formas de impuestos y gravámenes a las transacciones financieras; que esos impuestos y gravámenes nacionales, por lo general, solo se imponen a las transacciones de ciertos activos concretos; considerando que Bélgica y Francia han adoptado legislación sobre un impuesto a las transacciones en los mercados de cambio de divisas a nivel nacional, pero que solo pondrán en práctica esa medida cuando se decida aplicarla a escala de la UE,

I.  Considerando que, a diferencia de otras formas de fiscalidad, los impuestos indirectos sobre la concentración de capitales, como el impuesto sobre el capital, el impuesto de timbre sobre valores y el impuesto sobre las operaciones de reestructuración, son fuente de discriminación, doble fiscalidad y disparidades que afectan a la libre circulación de capitales,

J.  Considerando que durante la última década se ha registrado un inmenso y rápido incremento del volumen de transacciones comerciales con respecto al acaecido en el volumen del comercio de bienes y servicios, lo que obedece, entre otras cosas, al raudo crecimiento del mercado de derivados,

K.  Considerando que los líderes del G–20 tienen la responsabilidad colectiva de mitigar el impacto social de la crisis tanto en sus respectivos Estados miembros como en los países en desarrollo, que se han visto duramente sacudidos por los efectos de la crisis y que los impuestos sobre las transacciones comerciales contribuirían a cubrir los costes derivados de la crisis,

1.  Opina que la Unión Europea debe consensuar en el marco internacional de las reuniones del G–20 una posición común sobre las diferentes opciones existentes para que el sector financiero contribuya de manera justa y sustancial a reparar los daños que ha infligido a la economía real y sufragar el coste derivado de las intervenciones de los gobiernos para la estabilización del sistema bancario; expresa su parecer de que la UE, de manera paralela y coherente con los trabajos del G–20, debe desarrollar su propia estrategia con respecto a la gama de posibilidades de actuación existentes;

2.  Considera que, con vistas a alcanzar una posición coherente de la UE basada en un análisis objetivo, la Comisión debe elaborar con antelación suficiente antes de la próxima cumbre del G–20, una evaluación de impacto del impuesto sobre las transacciones financieras, examinando tanto sus ventajas como inconvenientes;

3.  Insta a la Comisión a que, en su evaluación, examine cuidadosamente los siguientes aspectos:

4.  Hace hincapié en que cualquier solución debe evitar imperativamente reducir la competitividad de la UE u obstaculizar la inversión, la innovación y el crecimiento sostenibles, ya que redundan en beneficio de la economía real y de la sociedad;

5.  Destaca la importancia de tomar en consideración la necesidad del sector bancario de crear capital sano que asegure la capacidad del sistema bancario de financiar las inversiones en la economía real, así como de evitar la asunción de riesgos excesivos;

6.  Insta a la Comisión y al Consejo a que evalúen el potencial de las diferentes opciones de impuestos sobre las transacciones financieras para contribuir al presupuesto de la UE;

7.  Pide a la Comisión y al Consejo que examinen en qué medida las opciones sometidas a evaluación también podrían utilizarse como mecanismos financieros innovadores que permitieran ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático o mitigar sus efectos y financiar la cooperación al desarrollo;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0330. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0028. (3) DO L 46 de 21.2.2008, p. 11.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la aplicación de la zona única de pagos en euros (SEPA)

P7_TA(2010)0057 B7-0132/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración conjunta de la Comisión y del Banco Central Europeo, de 4 de mayo de 2006, sobre la zona única de pagos en euros,

–  Visto el Occasional Paper n° 71 del Banco Central Europeo, de agosto de 2007, sobre el impacto económico de la zona única de pagos en euros,

–  Vista la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior(1) (Directiva sobre servicios de pago),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2009, sobre la aplicación de la zona única de pagos en euros (ZUPE)(2),

–  Vista la declaración conjunta de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, de 24 de marzo de 2009, por la que se aclaran determinados principios subyacentes a un futuro modelo comercial de adeudos domiciliados de la SEPA,

–  Visto el segundo estudio de la Comisión, de 22 de julio de 2009, sobre el grado de preparación de las administraciones públicas y la migración a la SEPA,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de septiembre de 2009, titulada «Finalizar la SEPA: programa de trabajo para 2009-2012» (COM(2009)0471),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2560/2001(3),

–  Visto el Documento de trabajo de la Comisión, de 30 de octubre de 2009, sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los pagos interbancarios multilaterales en el sistema de adeudos domiciliados de la SEPA (SEC(2009)1472),

–  Visto el segundo informe provisional anual de la Comisión, de 9 de noviembre de 2009, sobre el estado de la migración SEPA en 2009,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la SEPA, de 2 de diciembre de 2009,

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la zona única de pagos en euros (SEPA) está concebida como un mercado integrado de servicios de pago, sujeto a la competencia efectiva y donde no hay distinción entre pagos transfronterizos y pagos nacionales en euros,

B.  Considerando que la SEPA debería ser no sólo una iniciativa de autorregulación del Consejo Europeo de Pagos (CEP), sino también una importante iniciativa de los poderes públicos destinada a reforzar la Unión Económica y Monetaria y la futura Estrategia UE 2020; que la SEPA está apoyada por la Directiva sobre servicios de pago, que constituye el marco jurídico armonizado necesario; que el éxito de la SEPA reviste, por tanto, un interés particular para el Parlamento,

C.  Considerando que el proceso de toma de decisiones sobre la SEPA está actualmente en manos del Consejo Europeo de Pagos (CEP), en el que sólo los bancos adoptan decisiones sobre los productos SEPA, dejando de lado las solicitudes de los usuarios finales,

D.  Considerando que la SEPA comenzó oficialmente el 28 de enero de 2008 con el lanzamiento del instrumento de pago de la SEPA para la transferencia de créditos (SCT), que el marco SEPA para tarjetas está en vigor desde el 1 de enero de 2008 y que el sistema de adeudos domiciliados de la SEPA (SDD) comenzó el 2 de noviembre de 2009,

E.  Considerando que los consumidores han expresado su deseo de que las características de los productos SEPA satisfagan las necesidades de los usuarios finales, en particular respecto de la comprobación de las órdenes de domiciliación, y que es oportuno que se avance en la consideración de esta cuestión,

F.  Considerando que no se ha fijado una fecha límite jurídicamente vinculante para la migración a los instrumentos SEPA, y que, en respuesta a una consulta pública organizada por la Comisión, una amplia mayoría ha respaldado la idea de fijar esa fecha límite con objeto de estimular la migración a la SEPA,

G.  Considerando que el Comisario propuesto para la cartera de Mercado Interior y Servicios afirmó en sus respuestas escritas al cuestionario del Parlamento Europeo que tenía la intención de proponer una iniciativa legislativa, para su adopción por la Comisión, con objeto de fijar uno o varios plazos para la migración a los productos SEPA para adeudos domiciliados y transferencias de créditos, así como una iniciativa para mejorar la gobernanza,

H.  Considerando que la migración a la SEPA ha sido lenta, ya que, en agosto de 2009, solo el 4,5 % del total de las transacciones se realizaron por medio del formato de transferencia de créditos de la SEPA, y que el plazo previsto inicialmente, a saber, la migración de una masa crítica de SCT, SDD y pagos con tarjeta para finales de 2010, ya no es realista,

I.  Considerando que la migración de las administraciones públicas a los instrumentos SEPA va por detrás de las expectativas en la mayoría de los Estados miembros, aunque estos organismos deberían desempeñar un papel de catalizador y crear la masa crítica necesaria para acelerar la migración a la SEPA,

J.  Considerando que es importante que todas las partes interesadas −los legisladores, el sector bancario y los usuarios de servicios de pago− participen en la realización de la SEPA,

K.  Considerando que la utilización de los instrumentos SEPA únicamente para los pagos transfronterizos no representaría el éxito del proyecto de la SEPA, ya que persistiría la fragmentación y no se producirían los beneficios esperados para el sector bancario ni para sus clientes,

L.  Considerando que el Reglamento (CE) nº 924/2009 aporta seguridad jurídica en lo relativo a la aplicación de las tasas multilaterales de intercambio (TMI) durante un período transitorio, hasta el 31 de octubre de 2012, en el que el sector debería desarrollar y acordar un modelo económico común a largo plazo para el funcionamiento del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA que sea conforme con el Derecho comunitario de la competencia y el marco normativo comunitario,

M.  Considerando que, en marzo de 2009, la Comisión y el Banco Central Europeo indicaron que no parecía haber razones claras y convincentes para que la TMI por transacción siguiera existiendo después del 31 de octubre de 2012, y que la Comisión organizó una consulta pública sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los pagos interbancarios multilaterales en el sistema de adeudos domiciliados de la SEPA,

N.  Considerando que también habría que resolver definitivamente el problema de la aplicación de la TMI con respecto a la opción de una tarjeta UE basada en el marco SEPA para tarjetas,

O.  Considerando que en todos los Estados miembros debería garantizarse la continuidad de la validez jurídica de las órdenes de domiciliación actuales, ya que la obligación de firmar nuevas órdenes al cambiar de los sistemas nacionales de adeudos domiciliados al sistema de adeudos domiciliados de la SEPA resultaría onerosa; considerando, no obstante, que el mantenimiento de estas órdenes no contribuirá a la aplicación temprana del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA si no se encuentra una solución para la migración de las órdenes actuales,

1.  Reitera su apoyo constante a la creación de una SEPA que esté sometida a una competencia efectiva y en la que no exista distinción entre pagos transfronterizos y pagos nacionales en euros;

2.  Lamenta que apenas se hayan hecho progresos con respecto a las cuestiones mencionadas en la Resolución del Parlamento sobre la aplicación de la SEPA, de 12 de marzo de 2009, desde su aprobación, y pide que todas las partes interesadas participen en la promoción de la SEPA y contribuyan a su realización;

3.  Acoge favorablemente el programa de trabajo para la SEPA adoptado por la Comisión en septiembre de 2009, y apoya plenamente las medidas en él establecidas en seis ámbitos prioritarios (a saber: promover la migración; aumentar la sensibilización sobre la SEPA y promocionar sus productos; diseñar un sólido entorno jurídico para la SEPA y afianzar la conformidad con la SEPA; fomentar la innovación; garantizar la oportuna normalización, interoperabilidad y seguridad; aclarar y mejorar la gobernanza del proyecto SEPA);

4.  Pide una vez más a la Comisión que establezca una fecha límite clara, adecuada y vinculante, que no debe ser posterior al 31 de diciembre de 2012, para la migración a los instrumentos SEPA, y después de la cual todos los pagos en euros deberán hacerse aplicando las normas de la SEPA;

5.  Pide al Consejo Europeo de Pagos que tenga en cuenta las solicitudes de los usuarios finales y modifique sus reglas en consecuencia;

6.  Apoya sin reservas la intención de la Comisión de promover el proceso de migración de las administraciones públicas mediante la elaboración de planes nacionales de migración integrados y sincronizados; celebra, a este respecto, los esfuerzos de la Comisión por estudiar y publicar el grado de preparación de las administraciones públicas de los Estados miembros y su migración a la SEPA, y pide a los Estados miembros que participen en estos estudios;

7.  Pide a la Comisión que aclare definitivamente, a más tardar para el 30 de septiembre de 2010 y sobre la base de los resultados de la consulta en la que habrán participado todas las partes interesadas, la cuestión de un modelo económico armonizado a largo plazo para los adeudos domiciliados de la SEPA, que deberá poder aplicarse en toda Europa, ser rentable y conveniente para los usuarios finales; insiste en la necesidad de que este modelo se desarrolle en estrecha cooperación entre el sector de pagos y la Comisión y de conformidad con el Derecho comunitario de la competencia y el marco normativo comunitario;

8.  Pide a todas las partes interesadas que apoyen el establecimiento de un sistema europeo de tarjetas que adopte la forma bien de un sistema nuevo complementario, bien de una alianza entre sistemas existentes o bien una extensión de un sistema existente; pide de nuevo a la Comisión, en este contexto, que aclare en mayor medida la cuestión de una TMI para los pagos con tarjeta, y pide al sector que encuentre soluciones adecuadas, en estrecha cooperación con la Comisión, de conformidad con el Derecho comunitario de la competencia y el marco normativo comunitario;

9.  Pide a los Estados miembros que garanticen la continuidad de la validez jurídica de las órdenes de domiciliación actuales en el sistema de adeudos domiciliados de la SEPA; insiste en que la transición del sistema de adeudos domiciliados existente al sistema de adeudos domiciliados de la SEPA no debe conllevar carga alguna para los consumidores;

10.  Insiste en que debe informarse claramente a los consumidores sobre las diferencias entre el sistema precedente y el nuevo sistema;

11.  Pide a la Comisión que supervise la migración a los instrumentos SEPA y garantice que no se traduce en un sistema de pago más caro para los ciudadanos de la UE;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 319 de 5.12.2007, p. 1. (2) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0139. (3) DO L 266 de 9.10.2009, p. 11.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA

P7_TA(2010)0058 RC-B7-0154/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista su Resolución, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión para la próxima legislatura(1),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, relativa al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (versión refundida), que constituye la posición del Parlamento en primera lectura(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–  Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional(3),

–  Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 22 de febrero de 2010, sobre las negociaciones en curso de la Unión Europea con respecto a un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8,

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, cuya última modificación la constituye la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,

–  Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico),

–  Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que en 2008 la Unión Europea y otros países de la OCDE entablaron negociaciones sobre un nuevo acuerdo plurilateral dirigido a reforzar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y a combatir la falsificación y la piratería (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación – ACTA), y que establecieron de común acuerdo una cláusula de confidencialidad,

B.  Considerando que, en su informe de 11 de marzo de 2009, el Parlamento instaba a la Comisión a que permitiera «de inmediato el acceso de los ciudadanos a todos los documentos relativos a las negociaciones internacionales en curso sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación – ACTA»,

C.  Considerando que, el 27 de enero de 2010, la Comisión ofreció garantías sobre su compromiso de reforzar su asociación con el Parlamento, de conformidad con la Resolución del Parlamento, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado con la Comisión, en la que se instaba a esta a «reforzar la colaboración con el Parlamento mediante el suministro de información inmediata y completa [...] en todas las etapas de las negociaciones sobre acuerdos internacionales [...] , en particular en materia de comercio y en las negociaciones que impliquen el procedimiento de aprobación, de manera que se dé pleno efecto al artículo 218 del TFUE»,

D.  Considerando que algunos representantes del Consejo han asistido a rondas de negociaciones sobre el ACTA junto con representantes de la Comisión,

E.  Considerando que la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, tiene la obligación de defender el acervo de la Unión en la negociación de acuerdos internacionales que afecten a la legislación de la Unión,

F.  Considerando que, según documentos que se han filtrado, las negociaciones del ACTA tratan, entre otros aspectos, la legislación de la Unión pendiente sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual (2005/0127(COD) – Medidas penales destinadas a garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual (IPRED-II)) y el denominado «paquete Telecom», así como la legislación vigente de la Unión sobre comercio electrónico y protección de datos,

G.  Considerando que los esfuerzos que está haciendo la Unión para armonizar las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual no deberían verse socavados por unas negociaciones comerciales externas al ámbito del proceso normal de adopción de decisiones de la Unión,

H.  Considerando que es esencial garantizar que la elaboración de medidas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual se lleve a cabo de forma que no obstaculice la innovación ni la competencia, no socave las restricciones de los derechos de propiedad intelectual ni las disposiciones en materia de protección de datos personales, no restrinja el libre flujo de información ni suponga una carga innecesaria para el comercio legítimo,

I.  Considerando que cualquier acuerdo sobre el ACTA a que llegue la Unión deberá respetar las obligaciones jurídicas impuestas a la Unión en relación con la legislación sobre privacidad y protección de los datos personales, en particular mediante la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),

J.  Considerando que el Tratado de Lisboa está en vigor desde el 1 de diciembre de 2009,

K.  Considerando que, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento tendrá que dar su aprobación al texto del Tratado ACTA antes de que pueda entrar en vigor en la Unión Europea,

L.  Considerando que la Comisión se ha comprometido a facilitar información inmediata y completa al Parlamento en todas las etapas de las negociaciones sobre acuerdos internacionales,

1.  Señala que, desde el 1 de diciembre de 2009, la Comisión está sujeta a la obligación legal de informar de manera inmediata y completa al Parlamento en todas las fases de las negociaciones internacionales;

2.  Expresa su preocupación por la falta de un proceso transparente en la celebración de las negociaciones del ACTA, lo que es contrario a la letra y el espíritu del TFUE; manifiesta su profunda preocupación al constatar que no se determinó una base jurídica antes del comienzo de las negociaciones, ni se solicitó la aprobación parlamentaria para el mandato de negociación;

3.  Pide a la Comisión y al Consejo que permitan el acceso del público y los diputados a los textos y las actas de las negociaciones sobre el ACTA, de conformidad con el Tratado y con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

4.  Pide a la Comisión y al Consejo que intervengan de modo proactivo ante las otras partes en las negociaciones del ACTA para hacer imposible que se vuelva a negociar por sistema confidencialmente, y para que le informen sobre sus iniciativas a este respecto de manera oportuna y completa; espera que la Comisión presente las propuestas correspondientes antes de la próxima ronda de negociaciones en Nueva Zelanda, en abril de 2010, que exija que la cuestión de la transparencia figure en el orden del día de dicha reunión, y que le informe de los resultados de dicha ronda inmediatamente después de su conclusión;

5.  Destaca que, si no se le informa de manera inmediata y completa sobre todas las fases de las negociaciones, se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas, incluida la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia, para salvaguardar sus prerrogativas;

6.  Lamenta la deliberada elección de las partes de no negociar por medio de organismos internacionales ya establecidos, como la OMPI y la OMC, que han definido marcos de información y consulta públicas;

7.  Pide a la Comisión que, antes de cualquier acuerdo de la Unión sobre un texto consolidado del ACTA, lleve a cabo una evaluación del impacto de la aplicación del ACTA en el ámbito de los derechos fundamentales y la protección de datos, en las actuales iniciativas de la Unión dirigidas a armonizar las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual y en el comercio electrónico; pide a la Comisión, asimismo, que consulte oportunamente con el Parlamento sobre los resultados de dicha evaluación;

8.  Acoge con satisfacción las afirmaciones de la Comisión de que cualquier acuerdo ACTA se limitará a la aplicación de derechos de propiedad intelectual existentes, sin perjuicio alguno para el ulterior desarrollo del Derecho sustantivo sobre la propiedad intelectual en la Unión Europea;

9.  Pide a la Comisión que prosiga las negociaciones sobre el ACTA y que las limite al sistema europeo existente de observancia de los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación; considera que en las negociaciones posteriores sobre el ACTA se debe incluir a un mayor número de países en desarrollo y emergentes, con vistas a alcanzar un posible nivel multilateral de negociación;

10.  Insta a la Comisión a que garantice que el cumplimiento de las disposiciones del ACTA ‐especialmente las relativas a los procedimientos de observancia de los derechos de autor en el entorno digital‐ sea plenamente conforme al acervo de la Unión; exige que no se efectúen registros personales en las fronteras de la Unión y reclama una clarificación cabal de cualquier cláusula que pudiera permitir que las autoridades de fronteras y aduanas procedan sin orden judicial a registros y a la incautación de dispositivos de almacenamiento de información, como ordenadores portátiles, teléfonos celulares y lectores MP3;

11.  Considera que, para respetar los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, y observar plenamente el principio de subsidiariedad, el acuerdo propuesto no debe permitir la imposición de los llamados procedimientos «de tres avisos», de conformidad con la decisión del Parlamento sobre el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (de modificación) 2009/140/CE, que establece la inserción de un nuevo apartado 3 bis en el artículo 1 de la Directiva 2002/21/CE sobre la cuestión de los «tres avisos»; considera asimismo que en todos los acuerdos tiene que estipularse que la exclusión de alguien del acceso a Internet estará supeditada a un examen judicial previo;

12.  Hace hincapié en que la protección de la vida privada y los datos personales son valores fundamentales de la Unión Europea, como se reconoce en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que deben respetarse en todas las políticas y en todas las normas adoptadas por la Unión Europea de conformidad con el artículo 16 del TFUE;

13.  Señala que las disposiciones del ACTA, en particular las medidas destinadas a reforzar los poderes para la realización de inspecciones e incautaciones bienes en las fronteras, no deben afectar al acceso global a unos medicamentos legales, asequibles y seguros –incluidos los productos innovadores y genéricos–, bajo el pretexto de luchar contra la falsificación;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados que son parte en las negociaciones del ACTA.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0009. (2) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0114. (3) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0634.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre el Reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas

P7_TA(2010)0059 RC-B7-0181/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y, en particular, su «cláusula de habilitación» de 1979,

–  Vista su Resolución legislativa de 5 de junio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 (2007/0289(CNS)),

–  Visto el Reglamento (CE) del Consejo nº 732/2008, de 22 de julio de 2008,

–  Visto el capítulo 1 del título V del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE),

–  Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que la «cláusula de habilitación» constituye el fundamento jurídico de la OMC para el sistema de preferencias generalizadas,

B.  Considerando que, desde 1971, la Comunidad concede preferencias comerciales a los países en desarrollo en el marco de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas,

C.  Considerando que el Parlamento ha sido consultado sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 (COM(2007)0857),

D.  Considerando que el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009,

E.  Considerando que, de acuerdo con el Capítulo 1del título V del Tratado UE, la acción de la Unión en el ámbito internacional debe guiarse por los principios de la democracia, el Estado de derecho y la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y debe fomentar el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental de los países en desarrollo, con el objetivo primordial de erradicar la pobreza,

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 207 del TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, deben adoptar mediante reglamentos las medidas por las que se defina el marco de aplicación de la política comercial común,

1.  Reconoce la importancia del sistema de preferencias arancelarias generalizadas, que permite a los países desarrollados ofrecer un trato preferencial no recíproco con respecto a los productos originarios de los países en desarrollo;

2.  Señala que la creación del sistema de preferencias arancelarias generalizadas por la Comunidad Europea en 1971 se justificó como un instrumento destinado a resolver los desequilibrios comerciales entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y que se esperaba que dicho instrumento contribuyera al desarrollo sostenible de estos últimos; considera, asimismo, que ha sido un instrumento comercial de la CE y de la UE concebido para ayudar a los países en desarrollo a generar renta a través del comercio internacional, contribuyendo así a su desarrollo sostenible y a su buena gobernanza;

3.  Constata que el actual Reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas expirará el 31 de diciembre de 2011; pide, por tanto, a la Comisión, a la vista del plazo necesario para la adopción de un nuevo Reglamento con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, que proponga al Parlamento Europeo y al Consejo un Reglamento revisado sobre un sistema de preferencias arancelarias generalizadas antes del 1 de junio de 2010;

4.  Considera que las preferencias que se conceden en virtud del sistema de preferencias arancelarias generalizadas deberían concentrarse en aquellos países en desarrollo que más las necesiten, por lo que la nueva lista de países beneficiarios debería reflejar la situación económica real de los países en desarrollo;

5.  Hace hincapié en que todos los países que se beneficien del sistema SPG Plus deben, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, no sólo ratificar, sino también aplicar en la práctica todas y cada una de las 27 convenciones de la OIT y de las Naciones Unidas relacionadas en el anexo III del Reglamento sobre el sistema de preferencias arancelarias generalizadas;

6.  Insiste en la necesidad de mayor transparencia y más responsabilidad democrática en lo que se refiere a la forma en que se inician y tramitan los procedimientos de investigación; pide, por tanto, a la Comisión que le informe y solicite su participación de forma adecuada en todas las fases de los procedimientos SPG y SPG Plus, en particular en lo que se refiere a la propuesta del Consejo sobre las listas de países beneficiarios;

7.  Insta a la Comisión a que siga de cerca la situación en Sri Lanka y al Gobierno de Sri Lanka a que reaccione con rapidez para normalizar la situación en el país antes de que se haga efectiva la suspensión del SPG Plus;

8.  Pide a la Comisión que siga de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia e informe al respecto al Parlamento;

9.  Insta a la Comisión a que aplique una política coherente sobre el SPG Plus, especialmente cuando trate la eventual suspensión del sistema en caso de violaciones de los derechos humanos, y a que implique plenamente al Parlamento Europeo en dicho proceso;

10.  Insta a la Comisión a que presente al Parlamento Europeo y al Consejo ‐antes de que deje de aplicarse el actual Reglamento y con tiempo suficiente para el debate sobre el nuevo Reglamento‐ un informe sobre el estado de la ratificación y la aplicación de las 27 convenciones por parte de cada uno de los países beneficiarios del sistema de incentivos especiales; pide a la Comisión que, en el nuevo Reglamento revisado sobre un sistema de preferencias arancelarias generalizadas, defina los órganos de supervisión que se encargarán de recomendar si un país determinado debe adoptar medidas adicionales para la aplicación efectiva de una determinada convención; señala que, en el informe mencionado, la Comisión también deberá evaluar la eficacia del régimen especial de estímulo a la hora de lograr su objetivo y recomendará, si procede, la revisión del anexo III;

11.  Pide a la Comisión que, en el Reglamento revisado sobre un sistema de preferencias arancelarias generalizadas, prevea una evaluación periódica del cumplimiento, por parte de cada uno de los países beneficiarios, de los compromisos contraídos en virtud del SGP Plus, cerciorándose así de que no es aplicable ninguno de los motivos establecidos en los artículos 15, apartado 1 y 2, y 16, apartados 1 y 2, para la retirada temporal de los sistemas preferenciales; pide que se presente un informe anual al Parlamento y al Consejo;

12.  Pide a la Comisión que, antes de revisar el sistema, realice una evaluación de impacto de los efectos del sistema de preferencias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, y que evalúe en qué medida se han alcanzado sus objetivos iniciales en lo que se refiere a los indicadores socioeconómicos relevantes para cada país, especialmente en lo que se refiere a la reducción de la pobreza; señala que este estudio deberá presentarse posteriormente al Parlamento Europeo y al Consejo; señala que la nueva propuesta de Reglamento sobre un sistema de preferencias arancelarias generalizadas debe tener debidamente en cuenta los resultados de esta evaluación de impacto;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en 2008, presentado al Parlamento Europeo en aplicación de la parte II, sección G, apartado 43, del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 (2009/2057(INI))

P7_TA(2010)0060 A7-0023/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en 2008, presentado al Parlamento Europeo en aplicación de la parte II, sección G, apartado 43, del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006(1),

–  Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, especialmente el título V del Tratado de la Unión Europea, así modificado, «Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones específicas relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común»,

–  Vistos la Estrategia Europea de Seguridad (EES), adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003, y el informe sobre la aplicación de la EES, adoptado el 11 de diciembre de 2008,

–  Visto el mencionado Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera,

–  Vistas sus resoluciones relativas a los informes anuales 2006 y 2007 sobre la PESC, de 5 de junio de 2008(2) y de 19 de febrero de 2009(3) respectivamente,

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2009, sobre los aspectos institucionales relativos a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior(4),

–  Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A7-0023/2010),

A.  Considerando que el papel que la Unión Europea desempeña en la esfera internacional se ha consolidado durante las últimas décadas, y que son necesarios un nuevo enfoque y mayores recursos financieros para que la UE actúe colectivamente y aborde los problemas mundiales de una manera democrática, coherente, sólida y eficaz,

B.  Considerando que la Unión Europea, en sus relaciones con el resto del mundo, debe seguir desarrollando sus objetivos de política exterior, afirmar y promover sus valores e intereses, contribuir a la protección de sus ciudadanos y difundir estos valores por todo el orbe para contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como el estricto respeto y desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas; que la promoción de los derechos humanos, en particular la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben situarse en el núcleo de la acción exterior de la UE y que la Carta de los Derechos Fundamentales es ahora vinculante en las acciones exteriores de la UE,

C.  Considerando que el Tratado de Lisboa aporta una nueva dimensión a la acción exterior de la Unión en su conjunto, incluida la PESC, que, junto con la personalidad jurídica de la UE y las innovaciones institucionales pertinentes, en particular la creación del cargo de Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad («Vicepresidente/Alto Representante») y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), podría ser un factor decisivo para la coherencia y eficacia de la acción exterior de la Unión, y podría mejorar considerablemente su capacidad de configuración en la escena internacional,

D.  Considerando que es preciso desplegar mayores esfuerzos para mejorar la prontitud de la respuesta de la UE a las crisis políticas y los conflictos regionales; que los actuales mecanismos de toma de decisiones y financiación pueden hacer difícil reaccionar oportuna y convenientemente y que es preciso encontrar maneras de restringir aún más, e incluso superar, el requisito de unanimidad,

E.  Considerando que es esencial determinar correctamente los intereses europeos comunes, y actuar en consonancia con ellos, para lograr los objetivos de las acciones exteriores de la Unión y, en particular, los de su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC); que es esencial garantizar que todas las políticas acordadas y acciones emprendidas se ajusten también al Derecho internacional, incluidos los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas,

F.  Considerando que la promoción de la paz, los derechos humanos y el Estado de Derecho a escala mundial es el objetivo central de las políticas exteriores de la UE,

G.  Considerando que el Tratado de Lisboa encarga al Vicepresidente/Alto Representante que colabore con el Consejo y la Comisión para asegurar la coherencia entre los distintos ámbitos de la acción exterior y entre estos y otros ámbitos políticos de la Unión,

H.  Considerando que, a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea ejerce todos los derechos y asume todas las obligaciones de la Comunidad Europea, mientras sigue ejerciendo los derechos ya existentes y asumiendo las obligaciones de la UE,

I.  Considerando que los nuevos retos en materia de seguridad exigen que se ponga mayor énfasis en el refuerzo, la combinación y el equilibrio de diferentes instrumentos civiles y militares procedentes de toda la gama que incluye la prevención de conflictos, la resolución de conflictos, la gestión de crisis y las actividades de fomento de la paz,

J.  Considerando, unos 10 años después del inicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), y tras el despliegue durante ese período de unas 23 misiones en zonas de crisis, que es necesario mejorar las capacidades militares y civiles y consolidar las estructuras para reflejar adecuadamente el papel que desempeña la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) para respaldar la PESC y para contribuir a la seguridad internacional,

Principios de la acción exterior europea

1.  Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante y a sus servicios que elaboren, con miras a profundizar el pensamiento estratégico colectivo de la Unión, una estrategia coherente para la política exterior de la UE basada en los objetivos y principios establecidos en el artículo 21 del TUE; considera que tal estrategia debe determinar claramente los intereses de seguridad común de la UE, sirviendo así de marco de referencia para la configuración de políticas y para la formulación, financiación, aplicación y supervisión de la acción exterior de la UE; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que asocie plenamente a los órganos pertinentes del Parlamento Europeo en tal tarea; expresa su convicción de que las nociones de «seguridad humana», según se definió en el informe de Madrid de 2007 del Grupo de Estudio de Seguridad Humana, y de «responsabilidad de proteger», según se definió en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, deberían considerarse dos de sus principios rectores;

Informe Anual 2008 del Consejo sobre la PESC

2.  Celebra que el Consejo se haya esforzado, al elaborar su informe anual 2008, por adoptar un enfoque más estratégico, temático y racionalizado en relación con las cuestiones de la PESC; valora también que el Consejo haya introducido una estructura más transparente, con capítulos dedicados a actividades del pasado y, en particular, a las perspectivas de futuro en el ámbito de la PESC; toma nota asimismo de que el informe aporta mejoras en cuanto a la elaboración del contexto regional de las acciones exteriores;

3.  Subraya de nuevo que el alcance del informe no debe limitarse a una mera descripción de las actividades de la PESC sino que debe proporcionar la oportunidad de establecer un diálogo con el Parlamento Europeo para desarrollar un enfoque más estratégico sobre la PESC; recomienda que el informe anual sobre la PESC se convierta en un informe anual que examine la aplicación de la estrategia de la UE en materia de política exterior, evalúe su eficacia y perfile su futuro rumbo; recomienda además que se refiera en mayor medida a las necesidades presupuestarias y al impacto financiero de las acciones exteriores;

4.  Expresa su confianza en el valor añadido de un enfoque más detallado y global en el marco de los informes anuales de la PESC y, en particular, en sus capítulos sobre grupos y socios regionales y sobre la interrelación entre las misiones de la PESC/PCSD y otros instrumentos de promoción del cometido de la UE como actor global; considera que tal perspectiva permitiría, entre otras cosas, obtener una mejor visión general sobre la contribución total del presupuesto de la UE en un región concreta;

5.  Reitera su posición de que, con el fin de reforzar la legitimidad democrática de la PESC, debe consultarse a los órganos competentes del Parlamento sobre la puesta en marcha de las misiones de la PCSD, y que, cuando así proceda, las decisiones que se tomen tengan en cuenta las posiciones adoptadas por el Parlamento, haciendo referencia a las mismas; considera que dicha consulta debe incluir información sobre los motivos de las decisiones adoptadas, así como una explicación acerca de la relación de cada misión con las correspondientes acciones internacionales y de la UE, con las implicaciones financieras que conlleva y con la forma en que interactúa con otros instrumentos de la UE;

Implicaciones del Tratado de Lisboa

6.  Se congratula de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ofrece a la UE instrumentos para seguir mejorando su cometido y visibilidad en la escena internacional; destaca, en este contexto, el fundamental papel que cada Estado miembro, el Consejo y la nueva Vicepresidenta/Alta Representante deben desempeñar a la hora de plasmar la letra escrita del Tratado en hechos tangibles y acción sustancial, fortaleciendo las relaciones de la UE con sus socios estratégicos y consolidando su liderazgo en los foros multilaterales; destaca la importancia de la disposición del Tratado por la que la competencia de la Unión en materia de PESC pasa a comprender todos los ámbitos de la política exterior y todo lo relativo a la seguridad de la Unión, incluida la gestación paulatina de una política común de defensa, lo que podría desembocar en una defensa común;

7.  Toma nota de que el Presidente del Consejo Europeo «asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común»; advierte, sin embargo, que esto debe realizarse sin perjuicio de las atribuciones del Vicepresidente/Alto Representante, y reconociendo plenamente el papel clave desempeñado por la Comisión Europea, no sólo al establecer y mantener el acervo comunitario en materia de relaciones exteriores, sino también al asegurar la representación exterior de la Unión, con excepción de la PESC;

8.  Acoge con satisfacción el papel que debe desempeñar la Vicepresidenta/Alta Representante al presidir el Consejo de Asuntos Exteriores y el hecho de que su representante presida el Comité Político y de Seguridad (CPS); espera que estas nuevas funciones consoliden los contactos interinstitucionales y fomenten un diálogo más estable entre las instituciones; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que mantenga la práctica del Alto Representante saliente y de los Comisarios de Relaciones Exteriores de comparecer periódicamente ante el Pleno del Parlamento y su Comisión de Asuntos Exteriores, y la costumbre de celebrar reuniones oficiosas, con objeto de reforzar y desarrollar unas consultas regulares, sistemáticas y de fondo con el Parlamento y sus órganos competentes;

9.  Opina que la fusión de los pilares y funciones intergubernamentales y comunitarios en un solo puesto de Vicepresidente/Alto Representante, sometido a una votación colectiva de aprobación por el Parlamento Europeo, puede realzar la legitimidad democrática de las actividades de la PESC, siempre que se establezca un diálogo estratégico permanente en pie de igualdad a todos los niveles entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión;

10.  Destaca que los Estados miembros deberían actuar imbuidos de un espíritu de solidaridad política mutua para conseguir un grado creciente de convergencia de las acciones en el ámbito de la PESC;

11.  Insiste en que, para que la Unión Europea pueda desempeñar un papel activo en el mundo, es necesario consignar en el presupuesto de la UE los fondos suficientes para ello; lamenta que el presupuesto correspondiente siga careciendo de fondos suficientes y expresa su grave preocupación por las consecuencias de esta insuficiente financiación para la capacidad de la Unión de llevar a cabo una política exterior creíble y proactiva; subraya la necesidad de dotar a la Unión de los medios financieros necesarios para dar una respuesta coherente y adecuada a los desafíos mundiales imprevistos y, en este sentido, espera que se le consulte y asocie plenamente en los procedimientos para la concesión de un acceso rápido a los créditos del presupuesto de la Unión en materia de financiación urgente de iniciativas de la PESC; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que desarrolle al mismo tiempo una estrategia efectiva de comunicación para informar mejor a los ciudadanos de la UE sobre los fines y virtudes de la PESC y, en este sentido, reitera firmemente la importancia de la legitimidad y control democráticos de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea;

12.  Reitera su preocupación por la falta de transparencia e información sobre la financiación de los costes comunes de las operaciones de la UE con implicaciones militares o de defensa, pues el mecanismo de Atenas no permite, obviamente, obtener una visión general de las implicaciones financieras de las misiones realizadas en el marco de la PESC; celebra, por consiguiente, el establecimiento de un fondo inicial de contribuciones con arreglo al artículo 41, apartado 3, del TUE y pide que se le consulte sobre su gestión, de conformidad con las prerrogativas generales del PE relativas a la PESC y la PCSD expuestas en el artículo 36 del TUE; indica que la mayor participación del Parlamento en la definición, el control y el seguimiento de la PESC obedece tanto a la interconexión entre la PESC y la PCSD, según se destaca en el artículo 42 del TUE, como al mayor control parlamentario a escala europea y nacional consagrado en su Protocolo nº 1;

13.  Pide al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta/Alta Representante que aprovechen la oportunidad que ofrece la creación del SEAE para establecer una política exterior más coherente, sólida y eficaz; espera, en este sentido, que los valores y objetivos fundamentales de la política exterior de la Unión, como el respeto y la promoción de los derechos humanos, con arreglo a lo dispuesto en la ahora vinculante Carta de los Derechos Fundamentales, y las prioridades de la política exterior de la Unión, como la gestión de crisis y el fomento de la paz, se reflejen adecuadamente en la estructura del SEAE, incluidos los recursos humanos; reitera que en la creación y el funcionamiento del SEAE deben preservarse el derecho del Parlamento Europeo al control democrático y presupuestario;

14.  Observa que el Tratado de Lisboa tiene importantes consecuencias para la PESC al reorganizar las responsabilidades administrativas, por lo que pide al Consejo y a la Comisión que aseguren que las economías de escala, en términos de estructuras de apoyo, logran una reducción de los gastos administrativos;

15.  Subraya la necesidad de definir con mayor claridad los criterios para la designación y evaluación de los Representantes especiales de la UE (REUE), teniendo en cuenta también la necesidad de una representación suficiente de ambos géneros; recuerda que, en la actualidad, el Parlamento no tiene posibilidades de cuestionar el mandato concreto de un REUE, pues los créditos para el ejercicio de tales mandatos se consignan en el artículo 19 03 06, donde se concentran todos los mandatos de los REUE; pide, por lo tanto, un mayor control y seguimiento parlamentarios sobre los nombramientos y mandatos de los REUE; considera que los cargos de REUE pertinentes deberían suprimirse progresivamente y sus funciones deberían desempeñarlas los Jefes de Delegación de la UE en los distintos países, mientras que los REUE con responsabilidades regionales deben coordinar y proporcionar directrices políticas a los Jefes de Delegación bajo la autoridad de la Vicepresidenta/Alta Representante en los países correspondientes a fin de garantizar la solidez y coherencia de la acción exterior europea; indica que el doble mandato es, a este respecto, el primer paso ‐pero no el único‐ que conviene acometer para obtener grandes ahorros y hacer más eficiente la PESC; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que tome medidas para encomendar a los REUE la tarea de coordinar y proporcionar directrices políticas también con respecto a las misiones de la PCSD que se encuentren en el ámbito de sus competencias;

16.  Solicita a la Vicepresidenta/Alta Representante que consulte a la comisión competente del Parlamento sobre los nombramientos que decida en relación con los altos cargos del SEAE, incluidos los representantes especiales; expresa su voluntad de invitar a algunos REUE y Jefes de Delegación a comparecer en comisión antes de su nombramiento.

17.  Toma nota de que el Tratado de Lisboa incluye nuevos procedimientos financieros para la PESC, fortalece el diálogo entre el Consejo y el Parlamento sobre la PESC mediante la introducción de dos debates anuales, que se celebrarán con la Vicepresidenta/Alta Representante, y concreta las funciones y responsabilidades del Parlamento en relación con la PCSD; pide, por tanto, una revisión y ampliación de los actuales acuerdos institucionales, con la participación de la Comisión de Asuntos Exteriores, para asegurar la aplicación ordenada y eficaz de los procedimientos presupuestarios, consultivos y de supervisión sobre la PESC y la PCSD y mejorar el acceso a la información sensible; destaca especialmente, en este sentido, el mencionado Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006, y el Acuerdo Interinstitucional, de 20 de noviembre de 2002, entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativo al acceso del Parlamento Europeo a la información sensible del Consejo en el ámbito de la política de seguridad y defensa(5); expresa su firme voluntad de ejercer sus prerrogativas presupuestarias y de control democrático de la PESC con respecto a todas las innovaciones institucionales, incluidos los mecanismos de financiación del SEAE;

18.  Toma nota de que el Tratado de Lisboa amplía el procedimiento de aprobación a todos los acuerdos relativos a ámbitos en los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario y refuerza el derecho del Parlamento a ser debidamente informado por la Comisión sobre los avances de las negociaciones sobre acuerdos internacionales a que se hace referencia en el artículo 218 del TFUE; considera, por consiguiente, que convendría explorar la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo interinstitucional con el Parlamento para que éste disponga de una descripción exacta de su participación en cada fase de las negociaciones conducentes a la celebración de un acuerdo internacional;

19.  Insta al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores a que decida mediante votación por mayoría cualificada siempre que el nuevo Tratado así lo disponga;

20.  Opina que el artículo 42, apartados 2 y 7, del TUE, junto con el artículo 10 del Protocolo nº 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, hacen obsoletas las funciones residuales de la Unión Europea Occidental; pide por tanto a los correspondientes Estados miembros de la UE que actúen de conformidad con el artículo XII del Tratado de la UEO y adviertan con un año de antelación de su intención de denunciar dicho Tratado; recuerda que el derecho de control parlamentario sobre las actividades de la PESC y la PCSD recae en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE;

Asuntos de la PESC de carácter temático

21.  Sigue preocupado por la seguridad del suministro energético y las repetidas crisis del gas, como la crisis ruso-ucraniana de enero de 2009, que puso de manifiesto la creciente dependencia energética de la UE de las fuentes de abastecimiento y los conductos de tránsito; subraya también la necesidad de evitar que la dependencia energética de la UE de terceros países debilite la independencia de la política exterior de la UE; recuerda la urgente necesidad de abordar los desafíos en materia de energía mediante la puesta en práctica de una política energética exterior común de la UE; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante, en este sentido, que dé curso con determinación a las recomendaciones formuladas por el Parlamento para el desarrollo de una política coherente y coordinada, en particular, fomentando la cohesión de la Unión Europea en un diálogo constructivo con los proveedores de energía, especialmente Rusia, y los países de tránsito, apoyando las prioridades energéticas de la UE y defendiendo los intereses comunes de los Estados miembros, desarrollando una diplomacia eficiente en materia de energía y mecanismos más eficaces para responder a las situaciones de crisis y, por último, garantizando la diversificación de los suministros de energía, el uso sostenible de ésta y el desarrollo de las fuentes de energía renovables; destaca que sólo un enfoque común de la UE podrá prevenir toda interrupción futura de los suministros de petróleo y gas a los Estados miembros e incrementar la seguridad energética de la UE en su conjunto;

22.  Acoge con satisfacción la firma del acuerdo relativo al proyecto Nabucco; pide a la Comisión y al Consejo que se esfuercen por aplicar con éxito este acuerdo; hace hincapié en la importancia de garantizar la seguridad energética de la UE mediante el fomento de un corredor meridional por lo que se refiere al suministro de petróleo de Europa, incluido el oleoducto paneuropeo Constanza-Trieste;

23.  Considera que pueden surgir importantes amenazas y conflictos potenciales a causa de la mayor competencia por el acceso a los recursos naturales y energéticos y su control, y que, en consecuencia, la UE debería seguir desarrollando políticas de mitigación, adaptación y conservación energética, con miras a abordar los riesgos de seguridad que plantean la degradación ambiental y el cambio climático; subraya, a este respecto, que la UE debe fortalecer su liderazgo en la gobernanza climática global y seguir desarrollando un diálogo con otros actores clave, como las potencias emergentes (China, Brasil, Rusia, la India), los Estados Unidos y los países en desarrollo, dado que el cambio climático se ha convertido en un elemento clave de las relaciones internacionales;

24.  Apoya que la Unión siga contribuyendo activa y eficazmente a la resolución de los problemas globales, también mediante el refuerzo del sistema de las Naciones Unidas, concediendo especial importancia a la consolidación del Consejo de Derechos Humanos y a la abolición de la pena de muerte;

25.  Destaca la importancia de la prevención y gestión de conflictos, incluidas la rehabilitación y la reconstrucción después de las crisis; subraya la necesidad de que la UE siga desarrollando estrategias de prevención, mejorando los mecanismos de alerta temprana e intensificando la cooperación con organizaciones regionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

26.  Destaca que la dimensión exterior es crucial para la consecución satisfactoria de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia; reitera la importancia de gestionar ordenadamente los flujos migratorios; celebra, en este contexto, la adopción del Programa de Estocolmo por el Consejo Europeo de diciembre de 2009; considera esencial asegurarse la cooperación de los países de origen y de tránsito y promover una actitud de verdadera cooperación aplicando una política de condicionalidad positiva; señala la necesidad de prevenir la inmigración ilegal promoviendo el desarrollo local en los países de origen y luchando contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos; insiste en que conviene tener plenamente presente en la política exterior europea la dimensión exterior del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia;

27.  Subraya la necesidad de reforzar las capacidades para permitir un mejor control de las misiones civiles y militares de la Unión y extraer enseñanzas de la manera en que se llevan a cabo, a fin de mejorar la planificación y gestión de las futuras misiones; subraya asimismo, en este contexto, la necesidad de un enfoque más estratégico para las misiones de la PCSD; sugiere que las reuniones de consulta comunes celebradas regularmente también tengan por objeto la evaluación de los logros y deficiencias de las misiones realizadas, para contribuir a desarrollar un enfoque prospectivo para las necesidades futuras que abarque todos los aspectos (finanzas, realización, organización administrativa);

28.  Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante, al Consejo y a los Estados miembros que aseguren un equilibrio adecuado entre las capacidades civiles y militares de planificación en la Secretaría del Consejo y que destinen un número apropiado de efectivos de personal a los ámbitos de justicia, administración civil, aduanas y mediación, para garantizar que las misiones de la PCSD dispongan de una experiencia suficiente y adecuada;

29.  Pide, a tal efecto, una adecuada dotación de personal de la vertiente civil e insta a los Estados miembros a que aprovechen la gran oportunidad que ofrece el SEAE de aglutinar los recursos actualmente disponibles para lograr una capacidad de planificación de gestión de crisis coherente, efectiva y eficiente;

30.  Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por encontrar y desplegar un número suficiente de personal adecuado, cualificado y con equilibrio de género para participar en las intervenciones civiles y militares de la PCSD en todo el mundo en un marco coherente y bien coordinado, incluidas las zonas específicas de alto riesgo, ya que el éxito de las misiones de la PCSD depende en gran medida de las habilidades y los conocimientos de un personal capacitado; pide, en este contexto, la formación común del personal de las misiones de la PCSD; expresa su pleno apoyo a los esfuerzos ya desplegados para la elaboración de orientaciones y el intercambio de mejores prácticas para mejorar la formación común del personal; expresa su convicción de que la existencia de una mayor coherencia y cohesión con respecto al personal sobre el terreno mejorará el trascurso de las misiones y facilitará asimismo el envío de nacionales de la UE, lo que, desde una perspectiva meramente presupuestaria, es preferible a la contratación de personal internacional;

31.  Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que refuercen el compromiso de la UE con las negociaciones multilaterales sobre la reducción de los arsenales atómicos;

32.  Reitera la necesidad del desarme y de mayores garantías internacionales de no proliferación; celebra, en este contexto, la Declaración Conjunta de 4 de diciembre de 2009 en la que el Presidente de los Estados Unidos de América y el Presidente de la Federación de Rusia se comprometieron a seguir cooperando tras la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) y propone que a la mayor brevedad se firme y entre en vigor un nuevo pacto sobre armas estratégicas; pide asimismo a la UE y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos diplomáticos para lograr una revisión satisfactoria del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en mayo de 2010;

33.  Subraya la importancia de integrar plenamente la igualdad de género, los derechos humanos y los objetivos relativos a la buena gobernanza en la planificación y realización de todas las misiones y operaciones de la PCSD, incluidas las misiones de investigación sobre el terreno, dado que la conciencia y sensibilidad respecto al género contribuyen a la eficacia operativa y al conocimiento de la situación; celebra, en este contexto, el nombramiento de un asesor de género para casi todas las misiones de la PCSD; lamenta que no haya ninguna mujer entre los 11 REUE; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que incluya sistemáticamente la igualdad de género y la capacitación de la mujer en el diálogo político y las negociaciones políticas entre la UE y los países socios;

34.  Destaca el importante cometido desempeñado por los defensores de los derechos humanos a escala mundial; celebra que el Consejo de Asuntos Exteriores, en su reunión del 8 de diciembre de 2009, expresara su compromiso con el apoyo a los defensores de los derechos humanos, celebrando reuniones públicas con ellos y otorgando visibilidad a sus actividades;

35.  Pide al Consejo que incluya los derechos humanos y la buena gobernanza en los mandatos de los REUE, y que nombre consejeros en materia de derechos humanos y buena gobernanza como miembros del personal de los REUE;

Principales prioridades por zonas geográficas

36.  Recomienda que la UE refuerce el diálogo político con regiones y países terceros, en particular con los socios estratégicos para coordinar las posiciones con ellos en las organizaciones internacionales y apoyar y promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; reitera, en este contexto, el significativo papel que puede desempeñar la diplomacia parlamentaria, como instrumento complementario, en las relaciones de la Unión con regiones y países terceros; opina, por tanto, que la Vicepresidenta/Alta Representante y sus servicios, incluidos los REUE, deben elaborar, junto con el Parlamento, unas estrategias comunes respecto a regiones y países socios, y deben estar dispuestos a colaborar con el Parlamento, oralmente y por escrito, con respecto a visitas y cuestiones específicas;

37.  Pide al Consejo, a los Estados miembros y a la Vicepresidenta/Alta Representante que se esfuercen por dar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales y reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de la UE;

Organizaciones internacionales

38.  Destaca que las Naciones Unidas son el principal garante de la paz y seguridad internacionales y el marco más completo para la cooperación multilateral; opina que el fortalecimiento de la gobernanza global, las instituciones internacionales y el respeto del Derecho internacional es de vital importancia para un multilateralismo eficaz y que, por lo tanto, debe ser una prioridad estratégica fundamental para la Unión; considera que las instituciones de la UE y los Estados miembros deben proseguir sus esfuerzos por profundizar su cooperación y coordinación con los socios estratégicos que ejercen una influencia global, especialmente en el seno de las Naciones Unidas; destaca, en este contexto, la urgencia de abordar las cuestiones globales de interés común para Europa y la estabilidad mundial, como el terrorismo, la delincuencia organizada, la seguridad energética, el cambio climático, la consecución de los ODM y la erradicación de la pobreza, la gestión de crisis, la prevención y resolución de conflictos, la no proliferación de armas de destrucción masiva y el desarme, la gestión de los flujos migratorios y la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles;

39.  Considera esencial que las respectivas delegaciones de la UE en las sedes de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra estén debidamente dotadas de medios y personal para poner en práctica, de manera eficaz y creíble, las nuevas disposiciones institucionales contenidas en el Tratado de Lisboa; observa con preocupación, por tanto, que el enfoque de neutralidad presupuestaria es contrario a esta urgente necesidad de establecer, de forma rápida y eficaz, la presencia de la UE en las Naciones Unidas durante la fase inicial de la aplicación del Tratado de Lisboa;

40.  Expresa su convicción de que la OSCE ofrece un importante un marco para el restablecimiento de la confianza y la mejora de la cooperación entre los países de Europa, Asia Central y América del Norte en diferentes cuestiones, como la no proliferación, el desarme, la cooperación económica y la protección y promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho; respalda, por consiguiente, el fortalecimiento de la OCSE, incluida la opción de abrir un debate sobre la idea de otorgarle personalidad jurídica;

41.  Sin perjuicio de las obligaciones internacionales que la Carta de las Naciones Unidas impone a la UE, considera que la UE y la OTAN deben desarrollar una asociación más intensa y efectiva, teniendo en cuenta el desarrollo progresivo de la política exterior, de seguridad y de defensa de la UE, respetando la autonomía de ambas organizaciones en la toma de decisiones; recomienda para ello la revisión de los llamados acuerdos de Berlín Plus y el desarrollo de un diálogo más estratégico sobre los intereses estratégicos comunes y la planificación de contingencias; insta a que se facilite una cooperación práctica más amplia sobre el terreno a nivel militar o civil, en particular cuando ambas organizaciones intervengan en el mismo escenario de misiones; lamenta, a este respecto, la confrontación que sostienen Turquía y Chipre, que merma cada vez más la eficacia y credibilidad de la UE y la OTAN;

Relaciones transatlánticas

42.  Corrobora su compromiso con la asociación transatlántica como elemento importante y uno de los principales pilares de la acción exterior de la UE; insta a la Vicepresidenta/Alta Representante a que vele por que la UE actúe como un socio de los EE.UU. coherente, activo, igual y, por añadidura, autónomo, para fortalecer la seguridad y estabilidad mundiales y promocionar la paz, el respeto de los derechos humanos y la consecución de los ODM, así como adoptar un enfoque uniforme ante retos globales tales como la proliferación nuclear, el terrorismo, el cambio climático y la seguridad energética; considera que el Tratado de Lisboa ofrece una oportunidad favorable para mejorar y renovar el marco de las relaciones entre la UE y los EE.UU.; anima a la Vicepresidenta/Alta Representante a que trabaje por el fortalecimiento de los mecanismos institucionales UE-EE.UU. en consonancia con las resoluciones del Parlamento; hace hincapié en que la labor del Consejo Económico Transatlántico debe ser reforzada, poniendo las miras en un auténtico mercado transatlántico integrado, y en que un mercado de esta naturaleza debe servir de fundamento para una asociación transatlántica reforzada; apoya firmemente el Diálogo Transatlántico de Legisladores en su amplio esfuerzo por anudar relaciones efectivas de legislador a legislador entre el PE y el Congreso de los EE.UU.;

43.  Pide a ambos socios, la UE y los EE.UU., que alienten a China, la India, Rusia, Brasil y otras potencias emergentes a compartir la responsabilidad del orden mundial y de la prevención y resolución pacífica de conflictos de conformidad con el Derecho internacional; insiste en que, si bien la UE y los EE.UU. deben ofrecer pleno apoyo al desarrollo económico y social de estos países sobre la base de una cooperación equitativa, estos países también deben aceptar sus responsabilidades mundiales, en particular en la lucha contra el cambio climático y a favor del desarrollo sostenible;

Balcanes Occidentales

44.  Hace hincapié en que los países de los Balcanes Occidentales forman parte del proceso de ampliación; considera que la estabilidad en los Balcanes Occidentales basada en el Estado de Derecho debe seguir siendo una prioridad para la acción exterior de la Unión y, por tanto, concede la máxima importancia a los esfuerzos por acercar los países de esa región a la UE, con el objetivo compartido de la integración europea, mediante, entre otras cosas, el fomento de las reformas y el fomento de la cooperación regional y la reconciliación interétnica, con el fin de que satisfagan los criterios de Copenhague y se preparen para la adhesión; recomienda que se convoque una conferencia internacional sobre el futuro de los Balcanes Occidentales que congregue a los países de la región y a los agentes regionales y globales relevantes, con el fin de determinar los desafíos a los que se enfrenta actualmente esa región y responder a los mismos;

45.  Constata con satisfacción la situación, cada vez más pacífica y estable, de Kosovo y los esfuerzos por construir una sociedad multiétnica, como lo demuestra el desarrollo tranquilo y ordenado de las elecciones locales celebradas el 15 de noviembre de 2009; es consciente de que no todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo; celebra que la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX KOSOVO), que es, hasta ahora, la mayor misión civil de la PCSD puesta en marcha por la UE, esté trabajando con plena capacidad operativa sobre la base del planteamiento de estatuto de neutralidad de las Naciones Unidas; subraya la importancia de la misión para la promoción de la reconciliación interétnica, el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad en todo Kosovo, ayudando a las instituciones de Kosovo, las autoridades judiciales y los entes encargados de la ejecución de las leyes en su avance hacia la sostenibilidad y la responsabilidad; celebra, en este sentido, la decisión de abrir una nueva oficina de la UE en el norte; señala, sin embargo, la necesidad de aumentar el número de fiscales que trabajan para EULEX, y pide a los Estados miembros que le asignen personal adicional;

46.  Alienta al Consejo a que prosiga sus esfuerzos, con el apoyo de la comunidad internacional, para mantener un diálogo con los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina, con el fin de contribuir a que el país y su población sigan por la vía de la integración europea; toma nota de los esfuerzos diplomáticos conjuntos realizados por la Presidencia de la UE, la Comisión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos, y recomienda que se entablen nuevas negociaciones que tengan en cuenta los acuerdos alcanzados previamente entre políticos en Bosnia y Herzegovina; reitera la necesidad de implicar más estrechamente a los parlamentarios y a la sociedad civil en apoyo de un país viable;

Asociación Oriental, cooperación con la región del Mar Negro

47.  Continúa apoyando el desarrollo de la Asociación Oriental con los vecinos de la Unión Europea, integrándolos económicamente en el mercado interior e intensificando la cooperación política, económica y cultural; subraya la importancia de aportar proyectos creíbles a esta asociación y de prever incentivos tangibles para las reformas a medio y largo plazo, que reforzarán el compromiso de las sociedades en los países socios a favor de la modernización e integración en la UE; señala en particular que, junto con el mantenimiento de la seguridad para todos los ciudadanos de la UE, es necesario eliminar progresivamente los obstáculos a la libre circulación de personas (incluyendo, eventualmente, la exención de visados) y mejorar la cooperación en todos los aspectos de la seguridad, especialmente la seguridad energética; reitera su opinión de que esta asociación debe contar con unos recursos financieros adecuados; subraya la necesidad de garantizar la complementariedad de la Asociación con las iniciativas regionales, en particular con la Sinergia del Mar Negro;

48.  Reafirma la importancia que tiene para la UE mantener con los países vecinos del Este una cooperación regional más eficaz con arreglo a la cual la UE apoye la ejecución de proyectos orientados hacia resultados tangibles tanto en el marco de la Asociación Oriental como en el de la Sinergia del Mar Negro, en plena complementariedad;

49.  Solicita a la Vicepresidenta/Alta Representante que intensifique los esfuerzos a favor de la ejecución de proyectos en el marco de la Sinergia del Mar Negro; insta también a la Vicepresidenta/Alta Representante a desarrollar nuevas ideas para una estrategia de cooperación efectiva con la región del Mar Negro;

50.  Acoge con satisfacción la actitud proeuropea del nuevo Gobierno de la República de Moldova y expresa la esperanza de que las reformas internas del país se aceleren de forma tal, que se logre la integración económica, la asociación política y la aproximación institucional entre la República de Moldova y la UE; anima a la Vicepresidenta/Alta Representante a hallar soluciones multilaterales para desbloquear la situación en Transdniéster;

51.  Toma nota de la celebración y los resultados de las elecciones presidenciales en Ucrania; pide a todas las partes que contribuyan a la necesaria estabilidad política, económica y social de Ucrania, redoblando los esfuerzos de reforma; anima al país a lograr una mayor interoperabilidad con la Unión Europea, consolidando así sus perspectivas europeas;

Rusia

52.  Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que vele por que el enfoque de la UE respecto a Rusia, incluidas las negociaciones sobre un nuevo Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia, sea coherente y se base en un compromiso a favor de los valores de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, incluido el Derecho internacional; subraya, al mismo tiempo, la necesidad de una asociación revigorizada con Rusia, basada en el respeto mutuo y la reciprocidad, en materia de lucha contra el terrorismo, seguridad y suministro energéticos, cambio climático, desarme, prevención de conflictos y no proliferación nuclear, así como con respecto a Irán, Afganistán y Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo de fortalecer la seguridad y la estabilidad mundiales; considera que la cooperación en tales cuestiones debería constituir la base del nuevo acuerdo UE-Rusia y, por tanto, espera con interés la consecución de rápidos avances en las negociaciones en curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del que se esperan mejoras sustanciales de las relaciones UE-Rusia; insta a la Vicepresidenta/Alta Representante a que coordine las acciones, facilite las consultas y mejore la comunicación entre Estados miembros con respecto a cuestiones bilaterales de interés común con la Federación de Rusia; subraya la necesidad de que los Estados miembros coordinen sus relaciones con la Federación de Rusia sobre la base de los intereses generales de la Unión y reflejando y promoviendo dichos intereses de manera adecuada y consecuente;

Cáucaso Meridional

53.  Insta al Consejo a que insista en la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego entre la Federación de Rusia y Georgia, y pide a la UE que defienda el principio de integridad territorial de Georgia y el respeto de las minorías; celebra la renovación del mandato de la Misión de Observación de la UE e insta al Consejo a que vele por que los monitores de la UE tengan pleno acceso a todas las zonas afectadas por el conflicto, incluidas las regiones separatistas de Abjazia y Osetia del Sur y a que utilice para ello los instrumentos financieros de la UE con el fin de ayudar a las poblaciones de toda la zona en conflicto; pide a la UE, con respecto al informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre el conflicto en Georgia, que aprenda del pasado para elaborar mecanismos eficaces de prevención de conflictos, incluida la promoción de las relaciones interpersonales;

54.  Insta a la Vicepresidenta/Alta Representante a que redoble los esfuerzos de la UE por lograr una prevención de conflictos efectiva y una solución pacífica, basada en el Derecho internacional, de los conflictos de Nagorno Karabaj y Transdniéster y, sobre todo, de Rusia y Georgia y sus regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjazia dando un nuevo impulso a las conversaciones de Ginebra; destaca el peligro de que se extiendan los conflictos «congelados» en la región; recomienda, en este sentido, que se organice una Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Cáucaso Meridional que abarque a los países afectados y a las regiones y los actores globales relevantes, con miras a desarrollar un pacto de estabilidad para el Cáucaso Meridional; acoge con satisfacción el reciente acercamiento entre los Gobiernos de Turquía y Armenia e insta a que sus respectivos Parlamentos ratifiquen los acuerdos;

Oriente Próximo

55.  Subraya la necesidad de que las negociaciones del Proceso de Paz se lleven a cabo dentro de un plazo limitado y en un clima de confianza mutua; considera que deberían tener por objetivo la creación de un Estado palestino independiente, democrático y viable dentro de las fronteras de 1967, que coexista con el Estado de Israel en paz y seguridad dentro de unas fronteras internacionalmente reconocidas de conformidad con todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

56.  Pide a la UE que, en consonancia con las Conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2009, asuma un papel político más firme en los esfuerzos internacionales en curso por reactivar el proceso de paz, en consonancia con su compromiso financiero para apoyar la recuperación económica palestina y abordar la dramática crisis humanitaria de Gaza; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que examine todos los medios para promover una paz duradera en la región;

57.  Celebra la decisión del Consejo de extender el mandato de la Misión de Policía de la UE para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS) hasta diciembre de 2010; considera que es necesario un apoyo más sólido para el desarrollo del Estado de Derecho y de las capacidades de la policía y pide que se intensifiquen los esfuerzos al respecto; toma nota de la decisión del Consejo de prorrogar el mandato de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah (EUBAM Rafah) y de su determinación y voluntad de reactivar esa misión; considera que esta determinación debería traducirse en iniciativas concretas para restaurar la libertad de circulación en los Territorios Palestinos y reactivar el Acuerdo sobre Acceso y Movimientos, negociado en 2005 y suscrito por las partes;

Unión por el Mediterráneo

58.  Considera importante intensificar el diálogo político entre los miembros de la Unión por el Mediterráneo a todos los niveles con el fin de superar las tensiones que han retrasado la creación de la Secretaría basada en Barcelona y la promoción de proyectos concretos de interés social, económico y ecológico mutuo; espera que la Unión por el Mediterráneo contribuya positivamente a la resolución de los conflictos en Oriente Próximo, al acercamiento entre Turquía y Chipre y al desarrollo democrático de los Estados árabes;

59.  Opina que la Unión por el Mediterráneo podría contribuir a rebajar las tensiones en Oriente Próximo al fomentar proyectos concretos de cooperación para toda la región; al mismo tiempo, subraya que las medidas para incrementar la confianza mutua entre palestinos e israelíes con miras a lograr una paz justa y duradera en Oriente Próximo revisten la máxima importancia a la hora de facilitar el funcionamiento adecuado de esta nueva institución;

60.  Subraya que, desde la perspectiva de la Unión Europea, la copresidencia debe ser compatible con la representación exterior de la Unión, de conformidad con el Tratado de Lisboa; recuerda que el Tratado de Lisboa ofrece la oportunidad de que la UE garantice la coherencia y continuidad de su representación en las nuevas instituciones de la Unión por el Mediterráneo;

Asia

61.  Observa que, desde las elecciones, Afganistán está entrando en una etapa decisiva y crítica, con la formación de un nuevo gobierno en Kabul, que ofrece la oportunidad de formular una nueva agenda y un nuevo contrato con el pueblo afgano;

62.  Celebra el Plan de acción del Consejo relativo a una intervención más firme de la UE en Afganistán y Pakistán, adoptado en octubre de 2009 por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, y su declaración sobre su voluntad renovada de contribuir a abordar los desafíos de la región, en cooperación con los países interesados y los socios internacionales, pero subraya que el Plan seguirá siendo un mero proyecto hasta que los Estados miembros de la UE se comprometan claramente a contribuir a su aplicación; pide al Consejo, a la Comisión y a la Presidencia que se esfuercen en común por aplicar el Plan sin demora; insta al Consejo a que avance en mayor medida hacia el pleno despliegue del personal de EUPOL para establecer unas modalidades sostenibles y eficaces de policía civil capaces de mejorar la seguridad;

63.  Reconoce que Pakistán se sigue enfrentando a retos muy graves y se suma al firme apoyo que la UE ofrece a un gobierno de Pakistán fuerte, laico y civil; subraya el papel clave de Pakistán en la región y reitera que un Pakistán estable, democrático y próspero es también fundamental para abordar cuestiones globales tales como la lucha contra el terrorismo, la no proliferación nuclear, la lucha contra el narcotráfico y los derechos humanos, y alienta firmemente a Pakistán a que adopte una estrategia global de lucha contra el terrorismo y aborde sus causas profundas;

64.  Aprueba el compromiso de la UE de apoyar la democracia en un Iraq unificado y federal; subraya su apoyo al compromiso firme y permanente de la UE de desarrollar el Estado de Derecho en Iraq, y acoge con satisfacción la ampliación del mandato de EUJUST LEX por un año y sus actividades piloto en territorio iraquí; espera con interés los futuros trabajos previstos en este contexto, prometidos por el Consejo; pide que se intensifique la interacción institucional, en particular en materia económica, con las autoridades del Gobierno Regional kurdo; pide a la Comisión que acelere la puesta en actividad de sus propias dependencias en Bagdad;

65.  Expresa su grave preocupación por la evolución de la situación política en Irán y por las informaciones que hablan de un fraude electoral masivo en las elecciones presidenciales de junio de 2009, que ha desencadenado el mayor movimiento de protesta de los 30 años de historia de la República Islámica, entre continuas manifestaciones y actos de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad; se declara muy inquieto no sólo por las detenciones, torturas y asesinatos de miembros de la oposición política, sino también por el prolongado estancamiento de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, y pide al Gobierno iraní que entable negociaciones serias al respecto; lamenta que la visita de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Irán en enero de 2010 fuera cancelada por las autoridades de dicho país y expresa su solidaridad con los iraníes que, poniendo en peligro sus vidas, siguen reclamando públicamente el respeto de los derechos humanos y mayores libertades democráticas en Irán; condena los esfuerzos de Irán por bloquear el ejercicio de la libertad de información, perturbando la señal de emisoras extranjeras y la transmisión por Internet; pide al Consejo y a la Comisión que examinen la posibilidad de imponer sanciones a miembros concretos de la administración y de los servicios de seguridad responsables de las numerosas violaciones de los derechos humanos y que ideen medidas de apoyo para aliviar la suerte de los participantes en el «Movimiento Verde» que sufren persecución o exilio;

66.  Constata que las relaciones económicas entre la UE y China han registrado un crecimiento constante y que los contactos interpersonales han aumentado en ámbito y escala; sigue seriamente preocupado, al mismo tiempo, por la ausencia de voluntad por parte de las autoridades chinas de abordar las numerosas violaciones de los derechos humanos y asegurar que su pueblo disfrute de derechos y libertades básicos;

67.  Expresa la esperanza de que se desarrolle una relación estratégica entre la UE y China, y manifiesta su deseo de explorar de qué forma se podría intensificar la relación entre ambas partes en asuntos de interés común, más allá de los sectores económico y comercial;

68.  Saluda los esfuerzos de Taipei y Pekín por mejorar sus relaciones, con los que ayudan a reforzar la estabilidad y la seguridad en Asia Oriental, y anima a las dos partes a que sigan intensificando el diálogo, la cooperación práctica y la creación de confianza; elogia la declaración del Consejo de 8 de mayo de 2009, en la que aquella Institución reitera su apoyo a la participación de Taiwán en la OMS; apoya firmemente la participación de Taiwán como país observador en importantes organizaciones y actividades internacionales como la OACI y el CMNUCC, en las que la participación de Taiwán es importante para la UE y los intereses de todo el mundo;

69.  Reafirma su decidido apoyo al fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre la UE y la India y al estudio de nuevas maneras de intensificar las relaciones en ámbitos de mutuo interés en los sectores económico, político, comercial y de seguridad;

70.  Reconoce el papel cada vez más importante de la ASEAN en tanto que fuerza que actúa en favor de la estabilidad y la prosperidad de la región; considera que la Unión y la ASEAN, comprometidas ambas con la integración regional, tienen grandes posibilidades de cooperación; señala que se necesitan medidas para intensificar las relaciones económicas y comerciales entre la Unión y la ASEAN, con el fin de contribuir a consolidar las relaciones entre ambas regiones y propiciar nuevos avances en la cooperación política y la seguridad y en la promoción de la democracia y de los derechos humanos, y favorecer progresos adicionales en el ámbito de la energía y el medio ambiente, en el ámbito sociocultural y en el de la cooperación y el desarrollo;

África

71.  Observa con gran satisfacción que la operación EU-NAVFOR Atalanta continúa contribuyendo con éxito a la seguridad marítima en la costa somalí, protegiendo a los buques fletados por el Programa Mundial de Alimentos que suministran ayuda a Somalia, a los buques que transportan suministros cruciales a la operación de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia y a otros buques vulnerables; acoge con satisfacción la decisión del Consejo de prorrogar el mandato de la operación hasta el 12 de diciembre de 2010; expresa su apoyo a la puesta en marcha de una operación de gestión de crisis para contribuir a la formación de las Fuerzas de Seguridad Nacionales del Gobierno Federal de Transición de Somalia; hace hincapié en la necesidad de integrar las fuerzas de seguridad entrenadas en estructuras estatales y de mando, de forma que, una vez de regreso, no se levanten contra el gobierno al que deberían proteger;

América Latina

72.  Recuerda de nuevo la propuesta que formuló en su Resolución, de 15 de noviembre de 2001, sobre una Asociación global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina(6), reiterada posteriormente en sus Resoluciones, de 27 de abril de 2006(7) y 24 de abril de 2008(8), aprobadas con vistas a las Cumbres UE-ALC (América Latina y Caribe) de Viena y Lima respectivamente, de elaborar una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad que, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, permita realizar acciones e iniciativas conjuntas de índole política, estratégica y de seguridad; pide al Consejo y a la Comisión que adopten medidas activas para lograr este ambicioso objetivo y apoyen esta propuesta en la próxima cumbre UE-ALC, que tendrá lugar en mayo de 2010 en Madrid;

73.  Considera que las negociaciones sobre el acuerdo de asociación con los países centroamericanos, así como los avances conducentes a unas nuevas negociaciones sobre el acuerdo de asociación con Mercosur, deben constituir asuntos prioritarios; toma nota de la conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo multilateral con los países de la Comunidad Andina; hará lo posible por que se lleve a cabo con el debido rigor el procedimiento parlamentario de ratificación de estos acuerdos a fin de garantizar su impacto positivo en todos los aspectos de interés mutuo;

o
o   o

74.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la OTAN, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, al Presidente en ejercicio de la OSCE, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, al Presidente de a Asamblea Parlamentaria de la UEO, al Presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. (2) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0254. (3) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0074. (4) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0057. (5) DO C 298 de 30.11.2002, p. 1. (6) DO C 140 E de 13.6.2002, p. 569. (7) DO C 296 E de 6.12.2006, p. 123. (8) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0177.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa (2009/2198(INI))

P7_TA(2010)0061 A7-0026/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Título V del Tratado de la Unión Europea, el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los Protocolos 10 y 11,

–  Vista la Estrategia Europea de Seguridad (EES) titulada «Una Europa segura en un mundo mejor», aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

–  Visto el Informe sobre la aplicación de la EES titulado «Ofrecer seguridad en un mundo en evolución», aprobado por el Consejo Europeo el 12 de diciembre 2008,

–  Vistos los informes de la Presidencia del Consejo de la UE sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), de 9 de diciembre de 2008 y 16 de junio de 2009,

–  Vistas las conclusiones sobre la PESD y la Declaración titulada «Diez años de la PESD: desafíos y oportunidades», adoptadas por el Consejo el 17 de noviembre de 2009,

–  Vistas sus resoluciones anteriores al respecto, en particular, la de 14 de abril de 2005 sobre la Estrategia Europea de Seguridad(1), de 16 de noviembre de 2006 sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad en el contexto de la PESD(2), de 5 de junio de 2008 sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad y la PESD(3), y de 19 de febrero de 2009 sobre la Estrategia Europea de Seguridad y la PESD(4),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la función de la OTAN en la arquitectura de seguridad de la UE(5);

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre una solución política al problema de la piratería frente a las costas de Somalia(6),

–  Visto el Canje de Notas entre la Unión Europea y los Gobiernos de Kenia y de la República de Seychelles, sobre la entrega a estos países de sospechosos de piratería y robo a mano armada detenidos por EUNAVFOR en la zona de operaciones,

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2009, sobre los aspectos institucionales relativos a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior(7),

–  Visto el artículo 48 del Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0026/2010),

Estrategia Europea de Seguridad: enfoque integral

1.  Recuerda que en la Estrategia Europea de Seguridad (EES) y en su informe de aplicación se destacan los principales desafíos y amenazas a los que se enfrenta la Unión Europea, a saber:

2.  Subraya que, a través de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), la Unión actúa para hacer frente a los desafíos y las amenazas que se plantean en la EES, contribuyendo así a mejorar la seguridad de los ciudadanos europeos;

3.  Destaca que la Unión debe potenciar su autonomía estratégica mediante una política exterior, de seguridad y de defensa (PESD) sólida y eficaz, orientada a preservar la paz, prevenir los conflictos, reforzar la seguridad internacional, proteger la seguridad de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos afectados por las misiones de la PCSD, defender sus intereses en el mundo y sostener sus valores fundacionales, contribuyendo al mismo tiempo a un multilateralismo eficaz en apoyo del Derecho internacional, y favoreciendo el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos en todo el mundo, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 21, apartado 2, letra e), del TUE, con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, con los principios del Acta Final de Helsinki y con los objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores;

4.  Subraya que la responsabilidad primaria de mantener la paz y la seguridad en el mundo corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reitera la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas para que puedan ejercer mejor sus funciones y ofrecer soluciones eficaces a los desafíos y amenazas mundiales;

5.  Reconoce la necesidad de que la Unión persiga estos objetivos mediante un refuerzo de su capacidad institucional para responder a estos desafíos y mediante la cooperación multilateral con y en el seno de organizaciones internacionales ‐en particular, las Naciones Unidas‐ y regionales ‐en particular la OSCE y la Unión Africana‐, dentro del respeto de la Carta de las Naciones Unidas;

6.  Reitera su apoyo al desarrollo por parte de la Unión de un enfoque global y proactivo para responder a las amenazas y retos, basado en una sinergia de los distintos medios de acción, tanto civiles como militares, de que disponen la Unión y sus Estados miembros: la prevención de conflictos y la gestión de crisis, la asistencia financiera y la cooperación al desarrollo, las políticas sociales y medioambientales, los instrumentos diplomáticos y de política comercial y la ampliación; subraya que esta coordinación de los medios civiles y militares confiere un auténtico valor añadido a la Unión en su política de gestión de las crisis;

7.  Pide, en este contexto, a los Estados miembros que coordinen de manera más eficaz sus estrategias y medios nacionales con los de la Unión, a fin de lograr coherencia y eficacia y un mayor impacto y visibilidad sobre el terreno;

8.  Respalda que, en cuanto a la lucha contra el terrorismo, se mantenga la agenda marcada por la estrategia de la UE contra el terrorismo, así como por la estrategia de la UE de lucha contra la radicalización y el reclutamiento, particularmente en lo relacionado con el uso de Internet con fines terroristas y de radicalización; propone impulsar el debate sobre la protección y el fomento de los derechos humanos, con especial mención a las víctimas;

9.  Reconoce que la seguridad energética es crucial para el funcionamiento de los Estados miembros de la UE y, por ello, anima a los Estados miembros a cooperar estrechamente en este aspecto de la política de seguridad;

10.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de los Estados miembros para hacer frente a las ciberamenazas; insta al Consejo y a la Comisión a que presenten un análisis de los desafíos de carácter cibernético y de las medidas para lograr una respuesta eficaz y coordinada a tales amenazas de acuerdo con las mejores prácticas, que se traduzca, en el futuro, en una estrategia europea de ciberseguridad;

11.  Reitera su recomendación de que se lleve a cabo una revisión de la EES cada cinco años, coincidiendo con el inicio de una nueva legislatura y previa consulta al Parlamento Europeo;

12.  Subraya que un Libro Blanco, que permita generar un amplio debate público, podría reforzar la visibilidad de la PCSD y la cooperación en materia de seguridad y defensa mediante una mejor definición de los objetivos e intereses de seguridad y defensa de la Unión en relación con los medios y recursos disponibles, y volvería así más eficaz y concreta la aplicación de la EES y la planificación y el mando de las operaciones de gestión de crisis de la Unión;

Tratado de Lisboa y estructuras de la Política Común de Seguridad y Defensa

13.  Pide al Consejo que entable en 2010 un debate importante con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa que afectan a la PCSD, en particular:

14.  Pide a los países de la Unión Europea que sean miembros de la Unión Europea Occidental (UEO) que, en vista de la introducción de una cláusula de asistencia mutua, formulada en el apartado 7 del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, pongan fin al Tratado de Bruselas modificado de 1954, incluida la Asamblea Parlamentaria de la UEO;

15.  Pide al Consejo que, en vista de la introducción de una cláusula de solidaridad en el nuevo Tratado, reabra el debate sobre la creación de una fuerza europea de protección civil, sobre la base en particular del informe Barnier de mayo de 2006, mutualizando los medios de los Estados miembros para ofrecer una respuesta colectiva eficaz en caso de catástrofes naturales o de origen humano; considera que con la PCSD militar también se debe poder responder a estos riesgos civiles;

16.  Subraya, a la vista de los progresos permitidos por el Tratado de Lisboa en el ámbito de la PCSD, la legitimidad y utilidad de establecer un Consejo de Defensa en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores, que estaría compuesto por los ministros de defensa, bajo la presidencia del Alto Representante/Vicepresidente, y que tendría un papel especial en la intensificación de la cooperación y la armonización e integración de las capacidades militares;

17.  Considera que la Alta Representante/ Vicepresidenta debe actuar muy rápidamente en favor de un refuerzo de la coherencia de las distintas políticas exteriores de la Unión, y que esta coherencia debe reflejarse sobre el terreno a través de representantes especiales/jefes de delegación bajo su autoridad que puedan ejercer la autoridad necesaria ante las partes interesadas y la comunidad internacional;

18.  Respalda la creación de una dirección de gestión de crisis y planificación civil-militar (Crisis Management and Planning Directorate - CMPD) para la gestión de las crisis, que tenga como objetivo planificar, a nivel estratégico, las operaciones civiles y militares de la Unión y contribuir al desarrollo de la PCSD, sobre todo en lo que a capacidades civiles y militares se refiere; lamenta, sin embargo, los retrasos considerables que se están produciendo en la creación de esta nueva estructura; pide una cooperación estrecha dentro del SEAE entre, por un lado, el CMPD y las demás estructuras de PCSD, y por otro, la plataforma de crisis y los otros servicios correspondientes de la Comisión, que deberían estar englobados en el SEAR, para constituir una capacidad de planificación estratégica coordinada con vistas a definir un enfoque europeo global;

19.  Pide a la Alta Representante/ Vicepresidenta de la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que resuelvan el desequilibrio entre las capacidades civiles y militares de planificación y que velen por que las misiones de la PESD dispongan de conocimientos especializados suficientes y adecuados en los ámbitos de la justicia, la administración civil, las aduanas y la mediación;

20.  Aboga de nuevo por la creación de un centro de operaciones permanente de la Unión, bajo el mando del Alto Representante/Vicepresidente, encargado de la planificación operativa y el gobierno de las operaciones militares; pide que este centro de operaciones se vincule al SEAE; subraya que la división del sistema actual, con siete Estados mayores, conlleva una pérdida de eficacia y reactividad y unos gastos considerables, y que se impone un interlocutor permanente en el ámbito militar para lograr la coordinación civil-militar sobre el terreno; considera que el centro de operaciones permanente podría calificarse así de capacidad militar de planificación y ejecución, y podría situarse en el mismo lugar que la CPCC para permitir las sinergias indispensables a una coordinación civil-militar eficaz; insiste en que el centro de operaciones de la UE facilite la cooperación con la OTAN, sin comprometer la autonomía de decisión de ninguna de las dos organizaciones;

21.  Insiste en la necesidad de poner en marcha rápidamente la cooperación estructurada permanente sobre la base de unos criterios lo más inclusivos posible, lo que debería permitir alcanzar un mayor compromiso de los Estados miembros en el marco de la PCSD;

22.  Subraya que el progreso y el desarrollo de la PCSD deben respetar plenamente y no socavar la neutralidad y el no alineamiento de algunos de los Estados miembros de la UE;

23.  Insiste en la importancia de estas distintas reformas para responder al nivel de ambición fijado para la PCSD, renovado en diciembre de 2008 y aprobado por el Consejo Europeo, y para aumentar la eficacia y el valor añadido de la PCSD en un contexto en el que se recurre cada vez más a este instrumento;

Operaciones militares y misiones civiles

24.  Se felicita de los logros alcanzados por la PCSD con ocasión de su décimo aniversario y recuerda que la Unión pone en marcha operaciones civiles y militares en el marco de la PCSD para responder a las amenazas que se ciernen sobre la seguridad internacional y de los europeos; toma nota de que la mayoría de estas misiones se han realizado en el ámbito de la gestión civil de crisis; rinde homenaje a los cerca de 70 000 miembros del personal que han participado y participan en las 23 misiones y operaciones de la PESD (en curso y finalizadas); rinde homenaje a Javier Solana, hasta ahora Secretario General del Consejo y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, por los esfuerzos realizados en pro del desarrollo de la PESD; pide una vez más a los Estados miembros que definan los criterios para el despliegue de misiones PESD y que debatan la cuestión de las reservas nacionales;

Somalia - Cuerno de África

25.  Acoge con satisfacción la contribución fructífera de la operación naval de la Unión Europea en Somalia (EUNAVFOR Somalia - operación Atalanta) a la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén y a lo largo de las costas de Somalia, en un esfuerzo especial por garantizar que la ayuda humanitaria llegue a toda la población que lo necesita en este país; destaca que la operación Atalanta se ha impuesto como actor central en la lucha contra la piratería, en particular a través del Centro de Seguridad Marítima en el Cuerno de África; acoge con satisfacción la decisión del Consejo de prorrogar la misión un año más, hasta diciembre de 2010, y toma nota de la ampliación del mandato de esta operación que responde a un interés directo de seguridad de la Unión (seguridad de los ciudadanos y de los suministros, protección de los buques vulnerables) y a una emergencia humanitaria y operativa (acompañamiento de los buques fletados por el Programa Mundial de Alimentos que transportan los alimentos destinados a la población somalí y de los buques que llevan apoyo logístico a la misión de observación militar de la Unión Africana en Somalia (AMISOM)); elogia, al mismo tiempo, su contribución a la mejora de la cooperación naval en Europa y el desarrollo de la dimensión marítima de la PCSD; celebra asimismo la participación de terceros países (Noruega, Croacia y Montenegro) en la operación y la buena cooperación con las demás fuerzas navales presentes en la región, en particular en el marco de los procesos SHADE (Shared Awareness and Deconfliction); lamenta, no obstante, los problemas continuos en el procesamiento de los sospechosos de piratería y robo a mano armada detenidos en la zona de operaciones, lo que socava la credibilidad de los esfuerzos internacionales para luchar contra la piratería;

26.  Hace hincapié en la necesidad de tratar las causas del fenómeno de la piratería, que encuentran su origen en la inestabilidad y la pobreza reinantes en Somalia, y considera por tanto que la Unión debe apoyar al Gobierno Federal de Transición (GFT) a través de medidas destinadas a restablecer la seguridad, la estabilidad política y el Estado de Derecho y promover el desarrollo sostenible, en colaboración con la Unión Africana y las Naciones Unidas y desarrollar una estrategia conjunta con el objetivo de iniciar un proceso de paz regional;

27.  Pide que el enfoque de la UE sobre Somalia tenga en cuenta que solo un ejercicio a gran escala y a largo plazo de creación de estructuras de estado ‐que vaya más allá de la formación de las fuerzas de seguridad del GFT‐ contribuirá a la paz y la seguridad en ese país de manera duradera; pide, por lo tanto, al Consejo y a la Comisión que propongan una estrategia ambiciosa conjunta e integral de la UE para Somalia;

28.  Hace especial hincapié en la necesidad de actuar urgentemente para que el GFT pueda mantenerse en el poder y extender su control en el territorio somalí; en este sentido, celebra que el Consejo haya acordado, el 25 de enero de 2010, crear una misión militar PCSD (misión de formación UE, EUTM Somalia) para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes en Uganda, en estrecha coordinación con los socios de la UE, incluidos TGF, Uganda, la Unión Africana, las Naciones Unidas y Estados Unidos; pide a la Alta Representante que informe y consulte oportunamente al Parlamento Europeo;

29.  Subraya asimismo la importancia de reforzar las capacidades de vigilancia marítima en la región, en particular gracias a la formación y la conexión en red de los guardacostas de los países de la región, y considera que la Unión debe participar en estos esfuerzos apoyando el Código de Conducta de Yibuti y su plan de ejecución desarrollado por la Organización Marítima Internacional, tal y como fueron acordados por los Estados de la región (Centro de intercambio de información en Yemen y Centro de entrenamiento del personal navegante en Yibuti);

30.  Recuerda, en relación con la situación en Yemen, su resolución de 10 de febrero de 2010, y pide a la Comisión y al Consejo que, conjuntamente con los socios internacionales, incluidos los vecinos de Yemen, ayuden al gobierno mediante un enfoque global que abarque reformas en el sector de la seguridad, lucha antiterrorista, diálogo política, asistencia económica y humanitaria, y educación;

Afganistán y Pakistán

31.  Recuerda la importancia de que se estabilice la situación política y de seguridad en Afganistán y Pakistán para contener las amenazas globales que se ciernen directamente sobre la seguridad de los europeos (terrorismo, tráfico de drogas, proliferación de armas de destrucción masiva) y, a este respecto, se congratula del Plan de acción de la Unión para Afganistán y Pakistán adoptado el 27 de octubre de 2009 por el Consejo; reitera la necesidad de un enfoque integral a la hora de abordar estas cuestiones, que vincule más estrechamente la seguridad con el desarrollo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, así como con los aspectos relacionados con la igualdad de género; pide, por lo tanto, al Consejo y a la Comisión que tomen iniciativas más concretas en esta dirección, también mediante un incremento de la contribución de la Unión y haciendo más coherentes entre sí las acciones de la Unión, las de los Estados miembros y las de la comunidad internacional;

32.  Opina que el refuerzo de las capacidades institucionales y administrativas del Estado afgano, sobre todo el sistema judicial y el Estado de Derecho -más allá de las fuerzas policiales- debe constituir una prioridad en la aplicación de una nueva estrategia europea;

33.  Insta al Consejo y a la Comisión a aumentar significativamente los recursos para el compromiso civil en Afganistán a fin de que la prioridad civil de la UE sea creíble y más visible tanto a los ojos de los afganos y como a los de los socios internacionales; resalta la importancia de crear una policía civil fiable y eficaz para la construcción de un Estado de Derecho en Afganistán y felicita el trabajo de la misión EUPOL Afganistán; pide al Consejo que colme urgentemente las lagunas que persisten en cuanto al número de efectivos de la misión EUPOL y que facilite su despliegue en las provincias proporcionando alojamiento adicional y un adecuado respaldo logístico a la misión; pide a la OTAN que coopere en mayor medida con la misión y que coordine sus acciones en el ámbito policial con EUPOL en el seno de la Junta internacional de coordinación policial (IPCB);

34.  Apoya la propuesta del Consejo de examinar la posibilidad de una misión de asistencia en Pakistán para reformar los sectores de la seguridad y construir una capacidad de lucha contra el terrorismo, a fin de ayudar a este país a definir una estrategia contra el terrorismo, que incluya a la vez un diálogo sobre el Estado de Derecho y los derechos humanos;

Los Balcanes

35.  Se congratula del despliegue realizado con éxito por la misión EULEX Kosovo en el conjunto del territorio de Kosovo, e insiste en la importancia de que todos los componentes de la misión (policía, justicia, aduanas) puedan seguir operando sin obstáculos en todo el territorio de Kosovo, norte incluido;

36.  Acoge con satisfacción, a este respecto, la firma del protocolo de cooperación policial entre EULEX Kosovo y Serbia, y recuerda el carácter estrictamente técnico de este protocolo, destinado a favorecer la lucha contra la delincuencia organizada;

37.  Condena todas las acciones hostiles contra EULEX Kosovo, cuya misión consiste en actuar, junto con las autoridades de Kosovo, para establecer y consolidar un Estado de Derecho, y ello en favor de todas las comunidades de Kosovo;

38.  Pide al Consejo que considere el posible despliegue de una operación militar de la PCSD para relevar a la KFOR;

39.  Recuerda, por lo que respecta a Bosnia y Herzegovina, que, a pesar de las dificultades políticas persistentes, la situación en materia de seguridad sigue siendo relativamente tranquila y estable, y subraya la contribución de la operación militar de la Unión (Althea) en este ámbito; respalda la decisión del Consejo de centrar de nuevo las actividades de la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, y subraya la necesidad de un enfoque integral del sector del Estado de Derecho (policía-justicia-prisiones); anima al Consejo a que tome rápidamente una decisión en pro de una evolución de la operación militar Althea, centrada en la formación de las fuerzas armadas bosnias; lamenta la falta de una decisión política concertada sobre el futuro del dispositivo internacional en Bosnia y Herzegovina, que está conduciendo a la retirada unilateral de algunos Estados participantes en esta operación y que corre el riesgo de perjudicar la credibilidad y coherencia de la acción europea en Bosnia y Herzegovina; recuerda al Consejo la oportunidad de mantener la perspectiva de la adhesión a la UE según lo acordado en Tesalónica en 2003;

Cáucaso

40.  Recuerda el papel determinante desempeñado por la Unión para evitar una escalada del conflicto entre Georgia y Rusia, gracias en particular al pronto despliegue de una misión de observación dirigida a controlar la aplicación de los acuerdos de 12 de agosto y 8 de septiembre de 2008; lamenta que la Federación de Rusia no haya cumplido hasta ahora los compromisos adquiridos en virtud de dichos Acuerdos; subraya que el papel de la misión de observación de la Unión en Georgia es todavía si cabe más crucial tras la retirada de las misiones de la OSCE y de las Naciones Unidas;

41.  Apoya la prórroga de la misión por un año más y pide que se refuerce su capacidad de observación, incluyendo sus equipos técnicos; lamenta que las fuerzas rusas y locales hayan impedido a los miembros del personal de la misión visitar las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjazia;

Oriente Próximo

42.  Considera que la Unión debe intensificar sus acciones en los territorios palestinos; se congratula del trabajo efectuado por la Misión de Policía EUPOL COPPS y pide al Consejo que examine un posible refuerzo de esta misión y proponga un nuevo modelo para el mantenimiento y la mejora de la eficacia de la misión de asistencia en el puesto fronterizo de Rafah (EUBAM Rafah) y para aliviar la dramática crisis humanitaria en la Franja de Gaza;

43.  Apoya, por lo que se refiere a la misión EUJUST LEX en Iraq, la puesta en pie paulatina de actividades en territorio iraquí, en función de la situación de seguridad que se dé sobre el terreno;

África subsahariana

44.  Reconoce la necesidad de un compromiso de la Unión en el ámbito de la reforma de los sectores de seguridad de determinados países africanos, como la República Democrática del Congo y Guinea-Bissau, y pide al Consejo que base sus acciones en un enfoque integral de la reforma del sector de la seguridad y que evalúe periódicamente la eficacia y el impacto de estas misiones;

Haití

45.  Subraya, en lo que concierne a la situación en Haití, la importancia de la coordinación de las medidas de apoyo europeas; se felicita, en este sentido, de la aportación colectiva de la UE, que supera los 300 efectivos policiales, destinados a reforzar temporalmente la capacidad policial de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), así como de la decisión del Consejo de crear una célula en Bruselas (EUCO Haití) para coordinar las aportaciones de elementos militares y de seguridad de los diferentes Estados miembros destinados a responder a las necesidades señaladas por las Naciones Unidas, complementando así al Centro de Información y Seguimiento (MIC); lamenta, no obstante, la falta de coordinación entre los Estados miembros y la Unión Europea sobre el terreno en Haití; pide a la Alta Representante/ Vicepresidenta que abandere los esfuerzos europeos en este ámbito;

Experiencia adquirida

46.  Subraya la importancia de los procesos de aprendizaje en las operaciones de la UE, y pide al Consejo que reflexione sobre un mecanismo que le permita asociarse a estos procesos; desea, en este sentido, que se le tenga al corriente del primer informe anual sobre los esfuerzos por identificar y poner en práctica las conclusiones obtenidas en relación con las misiones civiles; insta a la Alta Representante/Vicepresidenta a que realice una auditoría exhaustiva y transparente de las misiones pasadas y presentes de la PESD/PCSD para identificar sus virtudes y defectos;

47.  Se congratula de la transición realizada con éxito de la operación de la Unión en el Chad y en la República Centroafricana (operación EUFOR Chad/RCA) a la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), y espera ahora que se le tenga al tanto de los actuales procesos de obtención de conclusiones, en particular en cuanto a la eliminación de carencias y problemas existentes en relación con la cooperación concreta con la Unión Africana y las Naciones Unidas en futuras misiones;

Política de ejercicios

48.  Destaca que la planificación y ejecución de ejercicios en el ámbito de la PCSD forma parte de una política de ejercicios de la UE más ambiciosa, incluyendo la posibilidad de realizar ejercicios reales (LIVEX), contribuiría notablemente a una coordinación más eficaz de las capacidades de los Estados miembros, potenciando así la interoperabilidad y el intercambio de experiencias;

Integración de las perspectivas de género y de derechos humanos
49.Recuerda la importancia de abordar sistemáticamente las cuestiones de derechos humanos y de igualdad de género en todas las fases de las operaciones de la PCSD, tanto durante la fase de planificación como durante la de ejecución; Insta a que se observen las Resoluciones 1325 (2000) y 1889 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, tanto durante la formación como durante las operaciones, y pide que se incremente la presencia de mujeres entre el personal enviado a las operaciones; insta a que se mejore la formación del personal en materia de derechos humanos y conocimiento de la sociedad civil;
No proliferación y desarme

50.  Acoge con satisfacción la Resolución 1887 (2009) del CSNU y apoya plenamente su llamamiento para que se ponga fin a la proliferación de armas nucleares y se intensifiquen los esfuerzos para lograr el desarme bajo un estricto y eficaz control internacional; pide a los Estados miembros que formulen una posición común sólida para el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 2010, y recuerda su Recomendación, de 24 de abril de 2009, destinada al Consejo sobre la no proliferación y el futuro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)(8), en la que subraya la necesidad de reforzar aún más los tres pilares del TNP, a saber, la no proliferación, el desarme y la cooperación en el uso civil de la energía nuclear; insta, además, a la ratificación y a la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE);

51.  Destaca la importancia de desarrollar un sistema internacional de suministro seguro y garantizado de combustible nuclear (es decir, un sistema internacional de banco de combustible bajo el control del OIEA) y los mecanismos para mejorar el cumplimiento de la denominada cláusula de armas de destrucción masiva, que es parte de los acuerdos de cooperación de la UE con terceros países;

52.  Acoge con satisfacción las declaraciones y los objetivos anunciados por la nueva administración estadounidense, por los que se comprometen a avanzar en la vía del desarme nuclear y pide una estrecha cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos para promover la no proliferación nuclear; pide a las dos potencias nucleares de Europa que expresen su apoyo explícito a este compromiso y que presenten nuevas medidas para llevarlo a cabo; acoge con satisfacción, al mismo tiempo, el compromiso de la Federación de Rusia y los Estados Unidos de continuar las negociaciones para concluir un nuevo acuerdo global jurídicamente vinculante que sustituya al Tratado sobre la reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas (START I), que expiró en diciembre de 2009; permanece a la espera de resultados tangibles a este respecto en el plazo más breve posible;

53.  Toma nota del pacto de coalición alemán de 24 de octubre de 2009 sobre la retirada de armas nucleares estadounidenses de Alemania en el contexto de su apoyo a la política del Presidente Obama en favor de un mundo libre de armas nucleares, la conveniencia de los pasos intermedios para alcanzar este objetivo y la necesidad de introducir una nueva dinámica en el control de armamentos y el desarme en la Conferencia de Revisión del TNP de 2010; insta a otros Estados miembros con armas nucleares estadounidenses en su territorio a que asuman un compromiso igualmente claro; acoge con satisfacción, a este respecto, la carta remitida el 26 de febrero de 2010 por los Ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Noruega al Secretario General de la OTAN en la que pedían un debate exhaustivo en el seno de la Alianza sobre el modo de aproximarse al objetivo político general de un mundo libre de armas nucleares;

54.  Reafirma su preocupación ante la situación en Iraq y Corea del Norte, y recuerda el compromiso contraído por la Unión de utilizar el conjunto de instrumentos a su disposición para prevenir, no fomentar, poner fin y, de ser posible, suprimir los programas de proliferación que suscitan preocupación a nivel mundial; recuerda, no obstante, que el desarme iniciado por algunos Estados miembros no guarda relación directa con la voluntad de otros Estados de acabar o continuar con sus programas de proliferación, lo que debe dar lugar a una política de firmeza frente a los Estados y organizaciones dispuestos a participar o que participan ya en procesos de proliferación de armas de destrucción masiva; subraya la importancia de que todos los Estados miembros actúen en consecuencia, de acuerdo con el enfoque que la Unión ha dado a este asunto;

55.  Recuerda que, en el ámbito del desarme convencional, deberá prestarse especial atención al avance de los debates en pos de un futuro tratado internacional para la regulación del comercio de armas;

56.  Reitera su pleno apoyo a un desarme más amplio y a la prohibición total de las armas que causan gran sufrimiento a la población civil, como las armas químicas y biológicas, las minas antipersonas y las municiones de racimo y de uranio empobrecido; insta, por consiguiente, al aumento de los esfuerzos multilaterales para garantizar la plena aplicación de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas (CABT), la Convención sobre Municiones de Racimo (CCM), la Convención sobre las minas antipersonas (CMAP), y al desarrollo del régimen internacional contra la proliferación de armas de destrucción masiva; acoge con satisfacción, a este respecto, los compromisos asumidos por todos los Estados miembros de la UE con la adopción de la Posición común de la UE sobre las exportaciones de armas, así como lo dispuesto en el artículo 28 ter, apartado 1) del Tratado de Lisboa, por el que se confían a la UE operaciones conjuntas de desarme;

Desarrollo de capacidades

57.  Recuerda que, para responder a las cada vez mayores exigencias operativas y profesionalizar su gestión de crisis, la Unión debe desarrollar sus capacidades civiles y militares; anima, a este respecto, al Consejo a que defina un nuevo objetivo global, que podría ser de carácter civil-militar y que debería tender sobre todo a la producción eficaz de capacidades;

58.  Subraya la pertinencia de buscar sinergias entre las capacidades civiles y militares, y ámbitos de mutualización de capacidades entre Estados miembros en un contexto económico difícil, algo esencial para superar los efectos combinados del aumento de los costes del material de defensa y las actuales limitaciones del gasto de defensa, utilizando también la oportunidad facilitada por la creación del SEAE, que debería tener una única unidad que supervise el desarrollo de capacidades civiles y militares;

59.  Reitera su apoyo a los objetivos ambiciosos de refuerzo de las capacidades civiles y militares definidos en el Consejo Europeo de diciembre de 2008; pide al Consejo que siga avanzando en la puesta en práctica de los proyectos propuestos en este ámbito, a pesar de la actual crisis económica; pide al Consejo que le tenga regularmente informado de los esfuerzos realizados por los Estados miembros para alcanzar estos objetivos;

60.  Hace hincapié en los numerosos obstáculos al despliegue rápido de las misiones civiles que han sido identificados; pide a los Estados miembros que movilicen sus Ministerios de Justicia y de Interior para que asuman su responsabilidad en este ámbito; apoya, en este sentido, los esfuerzos del Consejo dirigidos a facilitar la puesta a disposición y el despliegue de personal civil cualificado, adecuadamente formado y en que estén representados ambos sexos de manera equilibrada (mediante la adopción de estrategias nacionales y normas comunes, mejora del proceso de generación de fuerzas y de la formación previa al despliegue, revisión del concepto de los equipos de intervención civil - CRT), así como la pronta puesta a disposición de equipos para las nuevas misiones civiles (establecimiento de contratos marco y proyecto de almacén permanente); se congratula, a este respecto, de la decisión de establecer a título provisional un almacén de equipos para la misión de policía de la Unión en Bosnia y Herzegovina;

61.  Resalta las necesidades de las misiones civiles a la hora de disponer de herramientas de comunicación integradas, seguras y compatibles con los sistemas de comunicación militares;

62.  Pide al Consejo que dote al SEAE de una estructura permanente que concentre las funciones de apoyo comunes a las misiones civiles y a las operaciones militares (procedimientos de contratación y de adjudicación de contratos) para que éstas puedan concentrarse en su tarea fundamental;

63.  Insiste en la necesidad de una coordinación estrecha entre las misiones civiles de la PCSD y los demás instrumentos de la Unión, para racionalizar el empleo de los recursos; pide a la Alta Representante/Vicepresidenta que coordine con la Comisión la planificación, junto con el SEAE, de sus acciones en ámbitos similares; aboga por un intercambio continuo de información entre las misiones civiles de la PCSD y los agentes encargados de la cooperación policial y judicial intraeuropea, en particular Europol, sobre todo en lo que a lucha contra la delincuencia organizada se refiere;

64.  Observa que, a pesar del coste que conllevan, las agrupaciones tácticas no se han utilizado nunca hasta ahora, por razones políticas pero también porque sus condiciones de despliegue son muy estrictas; respalda un uso más eficaz y flexible de las agrupaciones tácticas para que puedan emplearse también como fuerza de reserva o como sustituto parcial en caso de que el proceso de generación de fuerzas sea decepcionante, siempre y cuando se tenga debidamente en cuenta la voluntad de los países que conforman las agrupaciones en cuestión; solicita la prórroga del acuerdo provisional por el que se cubren los gastos vinculados al despliegue estratégico de las agrupaciones tácticas, así como la ampliación de los gastos comunes para el empleo de dichas agrupaciones; pide al Consejo que las despliegue en el marco de ejercicios militares a escala real; acoge con satisfacción los trabajos realizados bajo el impulso de la Presidencia sueca en el marco del empleo y la flexibilidad de empleo de las agrupaciones tácticas y, sobre esta base, pide a los Estados miembros que pongan en práctica las recomendaciones adoptadas;

65.  Se congratula de los avances logrados en el ámbito de las capacidades militares y civiles y pide que se progrese rápidamente en:

66.  Se felicita del papel determinante desempeñado por la AED a la hora de desarrollar estas capacidades de defensa críticas, sobre todo gracias a la creación de programas comunes; pide a los Estados miembros que exploten más el potencial de la AED de conformidad con el nuevo Tratado, que doten a esta agencia de un presupuesto a la altura de las expectativas depositadas en ella y que confieran una mayor previsibilidad a sus trabajos gracias a la aprobación de un marco financiero y de un programa de trabajo trienales; pide a los Estados miembros que concluyan cuanto antes el Acuerdo administrativo entre la AED y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), así como el Acuerdo de seguridad entre la Unión y la OCCAR para organizar eficazmente su cooperación en materia de armamento;

67.  Respalda la creación de una base industrial y tecnológica de defensa europea competitiva y de un mercado europeo de material de defensa abierto y transparente; pide, en este sentido, a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos de búsqueda y desarrollo, respetando el compromiso contraído de dedicarles el 2 % de los gastos de defensa, y que transpongan de manera armoniosa las directivas del paquete de defensa;

68.  Pide a las agencias nacionales de contratación pública de defensa que adopten medidas concretas, con el apoyo de la AED, para hacer adquisiciones más europeas, por ejemplo, mediante la firma de un código de conducta voluntario que introduzca el principio de «preferencia europea» en algunos ámbitos del equipamiento de defensa en los que es importante mantener la autonomía estratégica y la soberanía operativa desde una perspectiva europea, y para sostener la preeminencia industrial y tecnológica europea;

69.  Respalda firmemente el establecimiento de sinergias civil-militares en el ámbito de las capacidades; espera que la CMPD y la AED puedan determinar rápidamente sus papeles complementarios, correspondiéndole a la CMPD, bajo la autoridad de la Alta Representante/ Vicepresidenta y en el marco del SEAE, un papel estratégico de impulso y coordinación de los trabajos, en particular en materia de identificación de las necesidades comunes, y a la AED, un papel operativo de desarrollo de las tecnologías duales y de las capacidades civiles y militares; considera que estas sinergias pueden investigarse en particular sobre la base del componente «seguridad» del Programa marco de investigación y desarrollo;

70.  Se congratula de los progresos realizados bajo la Presidencia sueca para crear una cantera de expertos civil-militares para la reforma de los sectores de la seguridad, al tiempo que deplora los plazos de aplicación de esta medida, aprobada en otoño de 2008, y espera que se cree rápidamente esta cantera;

71.  Apoya, con vistas a reforzar la capacidad del personal europeo para trabajar conjuntamente, las iniciativas en materia de formación, en particular:

72.  Considera, con vistas a mejorar la formación del personal desplegado y rentabilizar los medios de formación, que conviene establecer un vínculo más sistemático entre el personal participante en las formaciones y el personal desplegado en las misiones; pide al Consejo que elabore un estatuto común europeo del personal enviado en misión que regule el nivel de formación, las normas de intervención, el grado de libertad de operación, los derechos y deberes, la calidad de los equipos, y la atención médica y los aspectos de seguridad social en caso de fallecimiento, lesiones o incapacidad para el servicio;

73.  Acoge con satisfacción la firma, el 26 de febrero de 2009, del Tratado de Estrasburgo, que confiere personalidad jurídica al cuerpo militar europeo (Eurocuerpo); aboga por que, en su caso, la Unión recurra al uso de esta fuerza multinacional;

Financiación de la PCSD

74.  Recuerda que el Tratado de Lisboa no modifica de forma fundamental la financiación de las misiones y operaciones realizadas en el marco de la PCSD, a saber que:

75.  Recuerda la disposición del Tratado de Lisboa relativa al fondo inicial, puesto a disposición del Vicepresidente/Alto Representante, y con el que se deben financiar los preparativos de las misiones de la PCSD que, por una razón u otra, no se imputen al presupuesto de la Unión; subraya la plusvalía de este fondo, con el que se debería poder reforzar la capacidad del Vicepresidente/Alto Representante para preparar eficaz y rápidamente las acciones de la PCSD; anima, en este sentido, a los Estados miembros a emprender rápidamente los trabajos de puesta en marcha;

76.  Pide a los Estados miembros que amplíen la lista de gastos comunes, financiados por el mecanismo Athena, para crear más solidaridad entre ellos e incitar a un mayor número de Estados a tomar parte en las operaciones militares de la Unión;

77.  Propone que, en el marco de la revisión del Reglamento financiero, se flexibilicen las normas y procedimientos aplicables para la gestión de crisis, ámbito que debe responder a unas exigencias específicas (rapidez del despliegue, consideraciones relativas a la seguridad, etc.);

78.  Recuerda el carácter determinante de los instrumentos financieros gestionados por la Comisión en la gestión de crisis, en particular el Instrumento de Estabilidad y el Fondo Europeo de Desarrollo (que incluye el Fondo de Paz para África); destaca la importancia de coordinar estos distintos instrumentos;

Asociaciones
UE-OTAN

79.  Recuerda la necesidad de consolidar la asociación estratégica entre la Unión y la OTAN, asegurando una cooperación constructiva entre ambas; recomienda evitar los bloqueos y pide una revisión de los actuales acuerdos de cooperación operativa UE-OTAN (acuerdo Berlín plus), así como el desarrollo de una nuevo marco funcional que facilite una cooperación más amplia cuando las dos organizaciones estén presentes en el mismo teatro de operaciones;

80.  Insiste en que la Vicepresidenta/Alta Representante debe entablar un diálogo riguroso con el Secretario General de la OTAN con respecto a la revisión que la Organización hace actualmente de su concepción estratégica, para garantizar que la OTAN tenga plenamente en cuenta la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, incluida la posible cooperación estructurada y permanente en el ámbito de la defensa;

81.  Lamenta que sigan sin firmarse los acuerdos técnicos entre las operaciones de la OTAN y de la Unión en Afganistán y Kosovo; pide al Consejo y a los Estados miembros que actúen políticamente en las instancias adecuadas de la UE y la OTAN para avanzar en este sentido;

82.  Subraya la buena cooperación entre las dos organizaciones en la lucha contra la piratería (operación Atalanta y operación Ocean Shield de la OTAN);

83.  Felicita al Secretario General de la OTAN por querer asociar a la Unión, Parlamento Europeo incluido, a los debates sobre la revisión del concepto estratégico de dicha organización; espera que la voluntad manifestada se plasme rápidamente en iniciativas concretas;

84.  Celebra la cooperación entre la Unión y la OTAN en el ámbito de las capacidades militares, a semejanza de los trabajos relativos a la mejora de la capacidad operativa de los helicópteros;

UE-Naciones Unidas

85.  Recuerda la importancia de una cooperación estrecha entre la Unión y las Naciones Unidas en la gestión de las crisis, en particular en los teatros de operaciones en los que se hallan presentes ambas organizaciones o en los que estén llamadas a relevarse mutuamente; pide que se refuerce esta cooperación en las fases previas a la crisis, en particular en el ámbito de la planificación;

UE-Unión Africana

86.  Destaca la importancia de una buena cooperación entre la Unión Europea y la Unión Africana, conforme a los compromisos adoptados en el marco de la asociación «Paz y Seguridad» de la estrategia UE-África; considera que la Unión Europea debería, en la medida de lo posible, apoyar a la Unión Africana, en particular en los teatros de operaciones en los que esta última sea, como en Somalia, la única organización presente sobre el terreno, y pide al mismo tiempo a la Unión Africana que se esfuerce en desarrollar la capacidad africana de respuesta frente a las crisis y en mejorar la eficacia en el uso de las ayudas recibidas de los socios internacionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen especial atención al problema de la proliferación incontrolada de armas de pequeño calibre y de armas ligeras, especialmente en África, y que en este sentido hagan hincapié en el cumplimiento por parte de todos los Estados miembros de las normas vigentes sobre armamento en regiones en crisis;

UE-Estados Unidos

87.  Insta al Consejo a que desarrolle la relación entre la Unión y los Estados Unidos en el ámbito de la consolidación de la paz y la gestión de crisis, incluidas las cuestiones de orden militar y las catástrofes naturales; cooperación ésta que resulta particularmente importante en la lucha contra la piratería y en Somalia, así como en la consolidación de las capacidades africanas de mantenimiento de la paz, también en Kosovo y Afganistán; se congratula muy especialmente de la participación de los Estados Unidos en la misión EULEX en Kosovo, bajo la cadena de mando europea;

88.  Considera que la nueva versión del escudo antimisiles previsto por la administración estadounidense debería examinarse en profundidad, y que si de ha de desarrollar dicho sistema debería tomar en consideración un enfoque común de los países europeos para proteger a Europa frente a amenazas balísticas, en el marco de un diálogo a escala continental, y favoreciendo la participación de la industria de defensa europea en el establecimiento de dicho escudo;

Participación de terceros países en la PESD

89.  Recuerda que, hasta ahora, ha habido 24 países de cinco continentes que han participado en 16 operaciones civiles y militares de la Unión; subraya que la participación de terceros países en las operaciones supone un valor añadido importante, a la vez político y operativo, para las operaciones de la Unión; opina que la Unión debe continuar por esa vía y examinar las posibles maneras de asociar mejor a esos países terceros, sin que ello afecte a su autonomía de decisión;

Prerrogativas parlamentarias

90.  Se congratula de la participación creciente del Consejo en los trabajos del Parlamento en materia de seguridad y defensa, en particular en el seno de la subcomisión especializada; acoge con satisfacción la inclusión de una sección sobre las relaciones con el Parlamento en las últimas conclusiones del Consejo sobre la PESD; anima a la Vicepresidenta/Alta Representante a que, en el marco del Tratado de Lisboa, prosiga esta vía para dotar a la PCSD de una fuerte legitimidad democrática;

91.  Recuerda que el Parlamento Europeo es la única institución supranacional que puede aspirar legítimamente a efectuar un seguimiento democrático de la política de seguridad y defensa de la Unión, y que este papel se ha visto reforzado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; considera, en este contexto, que la Asamblea de la UEO -que debe su existencia a un tratado, el Tratado de Bruselas modificado, que no está firmado por el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea- no está políticamente equipada ni habilitada legalmente para ejercer el seguimiento parlamentario de la PCSD;

92.  Alienta, por tanto, al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales a que, en atención a las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa, hagan plenamente uso del Protocolo nº 1 de éste para reforzar su cooperación en el ámbito de la PESC y la PCSD, mediante el desarrollo de relaciones de trabajo más estrechas y estructuradas sobre las cuestiones de seguridad y defensa entre sus respectivas comisiones competentes; subraya que esta cooperación reforzada entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales irá sustituyéndose a las prerrogativas que la Asamblea de la UEO se ha arrogado indebidamente; subraya asimismo la necesidad de adaptar sus propias estructuras para garantizar un mejor seguimiento de la PCSD; insta al Consejo y a la Alta Representante/ Vicepresidenta a que encuentren formas para hacer que el Parlamento Europeo y su comisión competente participen desde las primeras etapas en la creación de los conceptos de gestión civil de crisis y en los planes operativos;

93.  Pide al Consejo que le informe por adelantado de las misiones y operaciones en fase de preparación, así como de su desarrollo; sugiere al Consejo que, en aras de la transparencia, le informe regularmente del uso del mecanismo Athena y del fondo inicial, como ya hace con el uso de los créditos de la PESC para las misiones civiles; considera que en aras de la claridad presupuestaria deberían consignarse en el presupuesto de la UE en primer lugar todos los gastos no militares, antes de consignar también en una segunda fase y previa modificación del Tratado en la medida necesaria, los gastos militares;

94.  Solicita la revisión de los acuerdos interinstitucionales de 2002 entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el acceso del Parlamento Europeo a la información sensible del Consejo en los ámbitos de la PESD y de la PCSD, para que los diputados responsables, en particular los presidentes de las subcomisiones de Seguridad y Defensa y de Derechos Humanos, puedan disponer de la información necesaria para ejercer sus prerrogativas con conocimiento de causa;

o
o   o

95.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así como a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OTAN.

(1) DO C 33 E de 9.2.2006, p. 580. (2) DO C 314 E de 21.12.2006, p. 334. (3) DO C 285 E de 26.11.2009, p. 23. (4) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0075. (5) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0076. (6) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0099. (7) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0057. (8) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0333.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre el Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares

P7_TA(2010)0062 RC-B7-0137/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Recomendación, de 24 de abril de 2009, destinada al Consejo sobre la no proliferación y el futuro del Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares (TNP) (2008/2324(INI))(1),

–  Vistas sus Resoluciones anteriores, de 26 de febrero de 2004(2), 10 de marzo de 2005(3), 17 de noviembre de 2005(4) y 14 de marzo de 2007(5), sobre la no proliferación nuclear y el desarme nuclear,

–  Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre Irán(6),

–  Vista la próxima Conferencia de Examen de 2010 de las Partes del Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de la no proliferación y el desarme nuclear, especialmente las Resoluciones 1540 (2004), 1673 (2006) y 1887 (2009),

–  Vista la Declaración de la Cumbre UE-EE.UU. del 3 de noviembre de 2009 (Anexo 3),

–  Vista su Resolución, de 5 de junio de 2008, sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad y la PESD(7),

–  Vista la Estrategia de la Unión Europea contra la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

–  Visto el reciente Informe semestral de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva (2009/II),

–  Vista la declaración del Consejo de 8 de diciembre de 2008 sobre el refuerzo de la seguridad internacional y, en particular, sus puntos 6, 8 y 9, en la que se expresa la «resolución de la UE de luchar contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores»,

–  Vistos el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, los acuerdos de salvaguardias generalizadas del OIEA y sus protocolos adicionales, la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, el Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, el Código de Conducta de La Haya contra la Proliferación de Misiles Balísticos, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I), que expiró en 2009, y el Tratado de Reducciones Estratégicas Ofensivas (SORT),

–  Visto el Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 2008,

–  Vistas las preguntas, de 21 de diciembre de 2009, a la Comisión y al Consejo sobre el Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares (O-0170/2009 – B7-0010/2010, O-0169/2009 – B7-0009/2010),

–  Vista la Declaración del Consejo Europeo, de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, sobre Irán,

–  Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de suministro representa una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales, y que las prioridades más urgentes en materia de seguridad son impedir que terroristas u otros Estados obtengan o utilicen armas nucleares, reducir los arsenales a escala mundial y avanzar hacia un mundo sin armas nucleares,

B.  Considerando que se ha registrado una clara falta de progresos en la consecución de objetivos concretos (tales como los llamados «13 pasos»(8)) en el marco de la realización de los fines del TNP, según se acordó en las anteriores conferencias de examen, especialmente ahora que surgen amenazas de varias fuentes, incluida la proliferación creciente; considerando asimismo que a ello se añade una mayor demanda y disponibilidad de tecnología nuclear, y la posibilidad de que esa tecnología nuclear y material radiactivo caigan en manos de organizaciones delictivas y terroristas,

C.  Considerando que el TNP, piedra angular del régimen mundial de no proliferación, ha de ser reforzado, y que también urge contar con un liderazgo político audaz y emprender una serie de acciones progresivas para reafirmar la validez del TNP y reforzar los acuerdos, tratados y organismos que configuran el régimen existente de proliferación y desarme, incluidos, en particular, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA),

D.  Considerando que es necesario reforzar en mayor medida los tres pilares del TNP, a saber, la no proliferación, el desarme y la cooperación en el uso civil de la energía nuclear,

E.  Considerando que los Estados poseedores de armas nucleares signatarios del TNP están retrasando la reducción o eliminación de sus arsenales nucleares y que disminuye su adhesión a la doctrina militar de la disuasión nuclear,

F.  Pidiendo mayores avances en todos los aspectos del desarme con el fin de reforzar la seguridad mundial,

G.  Considerando que la UE se ha comprometido a hacer uso de todos los instrumentos a su alcance para prevenir, disuadir, detener y, si es posible, eliminar los programas de proliferación que suscitan preocupación a nivel mundial, como quedó claramente expuesto en la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

H.  Considerando que es necesario que la UE intensifique sus esfuerzos para contrarrestar los flujos y la financiación de la proliferación, sancione los actos de proliferación y desarrolle medidas para prevenir las transferencias intangibles de conocimiento y saber hacer a través de todos los instrumentos disponibles, incluidos los tratados multilaterales y los mecanismos de verificación, los controles de las exportaciones coordinados a nivel nacional e internacional, programas de cooperación para la reducción de las amenazas y medios de presión de carácter político y económico,

I.  Expresando su satisfacción por la Declaración sobre no proliferación y desarme (Anexo 3) adoptada en la Cumbre UE-EE.UU. del 3 de noviembre de 2009, en la que se hace hincapié en la necesidad de mantener y reforzar las medidas multilaterales relevantes y, en particular, el Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares, se apoya la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y se pide el inicio de las negociaciones sobre un tratado que prohíba la producción de materiales fisibles en enero de 2010; señalando, asimismo, que en dicha Declaración se reitera la necesidad de que Irán y la República Popular Democrática de Corea cumplan sus obligaciones internacionales en materia nuclear,

J.  Considerando que Irán ha incumplido el plazo, que vencía a final de año, para atender a los llamamientos de apertura de sus instalaciones nucleares a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA); y que, hasta la fecha, Irán no ha hecho nada por restaurar la confianza de la comunidad internacional en el carácter exclusivamente pacífico de su programa nuclear,

K.  Animado por las nuevas propuestas de desarme solicitadas por Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry y Sam Nunn en enero de 2007 y enero de 2008, por el respaldo que han manifestado en el mismo sentido en Europa antiguos estadistas del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica, por la Convención Tipo sobre Armas Nucleares y el Protocolo de Hiroshima-Nagasaki, promovidos a escala mundial por organizaciones cívicas y líderes políticos, y por campañas como «Global Zero»,

L.  Considerando que el Concepto Estratégico de la OTAN ofrece una oportunidad para volver a evaluar el conjunto de la política nuclear de la Alianza, con el fin de alcanzar el objetivo consistente en un mundo sin armas nucleares, y considerando que, en el marco de los acuerdos de «nuclear sharing» o bilaterales de la OTAN, se calcula que entre 150 y 200 armas tácticas nucleares siguen estando desplegadas en cinco países miembros de la OTAN que no poseen armamento nuclear (Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía),

M.  Considerando que son necesarias una coordinación y una cooperación estrechas entre la UE y sus socios, en particular los Estados Unidos y Rusia, con vistas a reactivar y reforzar el régimen de no proliferación,

N.  Acogiendo favorablemente, a este respecto, la iniciativa conjunta británico-noruega encaminada a evaluar la viabilidad del eventual desmantelamiento de las armas nucleares, así como a establecer pasos procedimentales claros para ello, y de los procedimientos de verificación al respecto, siendo dicha iniciativa una contribución concreta en la dirección correcta,

O.  Considerando que, en 2008, los Gobiernos francés y británico anunciaron reducciones del número de sus cabezas operativas pero decidieron simultáneamente modernizar sus arsenales nucleares, y considerando que todos los Estados miembros tienen la obligación de contribuir satisfactoriamente a las políticas de la UE en materia de no proliferación y desarme,

1.  Pide a todas las partes interesadas que aprovechen la oportunidad que ofrece la próxima Conferencia de Examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de las Naciones Unidas de 2010 para avanzar en la consecución del objetivo consistente en el desarme nuclear sobre la base de un tratado internacional para la eliminación progresiva de las armas nucleares a escala mundial, y también el objetivo consistente en el desarme nuclear mundial completo, que se ha de alcanzar sobre una base multilateral, concertada y por fases;

2.  Subraya la necesidad de que, en la Conferencia de Examen del TNP de 2010, se desarrollen estrategias con vistas a alcanzar un acuerdo sobre un tratado para poner fin a la producción de material fisible para armas de una manera que no sea discriminatoria, lo que significa que el tratado negociado de esta forma debe instar a los Estados sin armas nucleares o a los Estados que actualmente no son partes del TNP, a renunciar firmemente a la producción de material fisible para armas y a desmantelar todas sus instalaciones de producción de material fisible para tales armas;

3.  Subraya que los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos ellos poseedores de armas nucleares, deben tener el objetivo de renunciar progresivamente a la producción de material fisible para armas y desmantelar todas sus instalaciones de producción de material fisible para tales armas;

4.  Pide a todas las partes que reexaminen su doctrina militar para renunciar a la opción del ataque preventivo;

5.  Pide al Consejo y a los Estados miembros que aporten una contribución coordinada, positiva y visible a los debates de la Conferencia de Examen del TNP de 2010, en particular proponiendo un calendario ambicioso para un mundo desnuclearizado e iniciativas concretas para la revitalización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarme, y promoviendo iniciativas de desarme sobre la base de la «Declaración de Principios y Objetivos» acordada al final de la Conferencia de Revisión de 1995 del TNP y de los «13 pasos prácticos» acordados por unanimidad en la Conferencia de Revisión de 2000;

6.  Expresa su preocupación por el hecho de que Israel, la India y Pakistán no sean Estados Parte del TNP y porque Corea del Norte se retiró del mismo en 2003; pide a estos países que se adhieran a dicho Tratado;

7.  Insta a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión a que mantengan al Parlamento periódicamente informado sobre todas las reuniones preparatorias en el período previo a la Conferencia de Examen del TNP de 2010, y tomen debidamente en consideración, en lo que se refiere a dicha conferencia, sus puntos de vista con respecto a las cuestiones de la no proliferación y el desarme;

8.  Insta, a este respecto, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión a que hagan todo lo posible para conseguir un mayor nivel de sensibilización en Europa sobre las cuestiones relacionadas con la no proliferación, en colaboración con todas las partes y los agentes no estatales que trabajan en pos de un mundo desnuclearizado, en particular las redes de Alcaldes por la paz;

9.  Celebra la inclusión de cláusulas de no proliferación de armas de destrucción masiva en los acuerdos de la Unión Europea con terceros países y en los correspondientes planes de acción; señala que dichas medidas deben ser aplicadas por todos los países socios de la Unión sin excepción;

10.  Acoge muy positivamente el discurso que el Presidente Barack Obama pronunció en Praga el 5 de abril de 2009, durante el que expresó su compromiso para seguir adelante con el desarme nuclear y expuso su visión de un mundo sin armas nucleares emprendiendo esfuerzos concertados al efecto; pide al Consejo que exprese su apoyo explícito a dicho compromiso;

11.  Reitera la importancia que reviste que el Consejo preste un apoyo activo, en cooperación con sus socios, a propuestas concretas para poner la producción, el uso y el reprocesamiento de todo combustible nuclear bajo el control del OIEA, inclusive mediante la creación de un banco internacional de combustible; apoya además otras iniciativas de multilateralización del ciclo del combustible nuclear con fines de uso pacífico de la energía nuclear, teniendo en cuenta que el Parlamento acoge con satisfacción la disposición del Consejo y de la Comisión a contribuir con una financiación de hasta 25 millones de euros a la creación de un banco de combustible nuclear controlado por el OIEA, y desea que se apruebe rápidamente la Acción Común sobre este asunto;

12.  Apoya los nuevos esfuerzos para reforzar el mandato del OIEA, incluidas la generalización de los protocolos adicionales a los acuerdos de salvaguardias del OIEA y otras acciones destinadas a desarrollar medidas de fomento de la confianza; aspira a que se asegure que se ponen suficientes recursos a disposición de dicho Organismo, de forma que pueda cumplir su mandato de vital importancia y conseguir que las actividades nucleares sean seguras; anima al Consejo y a la Comisión a seguir esforzándose para reforzar las capacidades del Organismo Internacional de la Energía Atómica, incluida la modernización del Laboratorio Analítico de Salvaguardias del OIEA en Seibersdorf (Austria);

13.  Subraya la importancia de que entre en vigor lo antes posible el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN); celebra, a este respecto, la intención del Gobierno de los Estados Unidos de asegurar la ratificación del Tratado; pide al Consejo que apoye plenamente la negociación de un tratado que prohíba la producción de material fisible para armas nucleares u otros artefactos nucleares cuanto antes; queda a la espera de la Nueva estrategia nuclear, en virtud de la cual los EE.UU. deberían comprometerse a no desarrollar nuevas armas nucleares, incluidas las cabezas nucleares de penetración terrestre, prever una reducción radical del arsenal nuclear y tender a adoptar una posición más centrada en la defensa no nuclear;

14.  Pide que se profundice el diálogo con el nuevo Gobierno de los EE.UU. y todas las potencias con armas nucleares con objeto de hacer avanzar una agenda común dirigida a la reducción progresiva del arsenal de cabezas nucleares; apoya, en particular, los pasos que están dando los Estados Unidos y Rusia para reducir sustancialmente sus armas nucleares según lo acordado en START I y en SORT;

15.  Celebra, en este contexto, la decisión de la Federación de Rusia y de los EE.UU. de entablar negociaciones con vistas a celebrar un nuevo acuerdo global y jurídicamente vinculante que sustituya al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), que expiró en diciembre de 2009, así como la firma de la «Declaración conjunta sobre un acuerdo de continuación del tratado START-1» por parte de los Presidentes Barack Obama y Dmitri Medvédev el 6 de julio de 2009, en Moscú; celebra los recientes avances en las negociaciones entre los Estados Unidos y Rusia, y espera que se llegue a un acuerdo final en la próxima ronda de conversaciones que comenzará el 9 de marzo de 2010 en Ginebra;

16.  Toma nota de que los EE.UU. han abandonado sus planes originales para un escudo antimisiles en Europa; apoya un nuevo enfoque que implique a la totalidad de Europa y Rusia;

17.  Pide que se establezcan zonas desnuclearizadas a modo de paso positivo en la vía hacia un mundo desnuclearizado; opina, a este respecto, que la creación de una zona desnuclearizada en Oriente Próximo es un factor fundamental para el logro de una paz duradera y general en la región; señala que la retirada de todas las cabezas tácticas en Europa podría sentar entretanto un precedente para un mayor desarme nuclear;

18.  Llama la atención sobre el anacronismo estratégico de las armas nucleares tácticas y la necesidad de que Europea contribuya a reducirlas y eliminarlas del territorio europeo en el marco de un diálogo más amplio con Rusia; toma nota, en este contexto, del acuerdo de la coalición alemana de 24 de octubre de 2009 para trabajar en favor de la retirada de armas nucleares de Alemania como parte del proceso global de consecución de un mundo desnuclearizado; acoge con satisfacción la carta enviada por los Ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Noruega al Secretario General de la OTAN el 26 de febrero de 2010, en la que pedían un debate global en el seno de la Alianza sobre la forma de acercarse al objetivo político general de un mundo sin armas nucleares;

19.  Apoya el enfoque dual relativo al programa nuclear iraní; insta una vez más a Irán a que respete plenamente y sin mayores dilaciones las obligaciones que se derivan de las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del OIEA, y en particular a que cumpla los requisitos establecidos en la Resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA de 27 de noviembre de 2009; insta al Consejo a que apoye las actuaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si Irán sigue sin cooperar con la comunidad internacional respecto a su programa nuclear; pide al Consejo que esté dispuesto a adoptar las medidas «inteligentes», pertinentes y encaminadas a la no proliferación que se requieran para acompañar este proceso del CSNU, incluidas sanciones;

20.  Lamenta el último ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea y su rechazo de la Resolución 1887(2009), de 24 de septiembre de 2009, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; apoya, no obstante, el enfoque de diálogo bilateral adoptado por los EE.UU. en el marco del diálogo a seis bandas, destinado a lograr la desnuclearización de la península de Corea, y señala que China desempeña un papel especial a este respecto;

21.  Apoya la convocatoria de la Cumbre de Seguridad Nuclear de abril de 2010, reconociendo que el comercio y la utilización no autorizados de materiales nucleares es una amenaza grave e inmediata para la seguridad mundial; espera que se tomen medidas concretas para aumentar la seguridad de los materiales nucleares sensibles, entre las que podrían contarse las medidas para investigar de forma eficaz los casos en que se ha sustraído material de forma ilegal y llevar ante la justicia a los responsables;

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Estados miembros, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Conferencia de Examen del TNP de 2010 y al Director General del OIEA.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0333. (2) DO C 98 E de 23.4.2004, p. 152. (3) DO C 320 E de 15.12.2005, p. 253. (4) DO C 280 E de 18.11.2006, p. 453. (5) DO C 301 E de 13.12.2007, p. 146. (6) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0016. (7) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0255. (8) Naciones Unidas: Conferencia de Examen de 2000 de las Partes del Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares, TNP/CONF.2000/28 (partes I y II).