Índice 
Textos aprobados
Jueves 19 de enero de 2017 - EstrasburgoEdición provisional
Indonesia, en particular los casos de Hosea Yeimo, Ismael Alua y el gobernador de Yakarta
 República Centroafricana
 Situación en Burundi
 Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo: procedimientos de aplicación ***I
  Resolución
  Texto consolidado
 Importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén cubiertos por regímenes específicos de importación de la Unión ***I
  Resolución
  Texto consolidado
 Celebración del Acuerdo de continuación del Centro Internacional para la Ciencia y la Tecnología ***
 Objeciones a un acto delegado: identificación de los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas
 Logística en la Unión y transporte multimodal en los nuevos corredores de la RTE-T
 Un pilar europeo de derechos sociales
 Abordar los retos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión

Indonesia, en particular los casos de Hosea Yeimo, Ismael Alua y el gobernador de Yakarta
PDF 170k
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre Indonesia, en particular el caso de Hosea Yeimo e Ismael Alua y el gobernador de Yakarta (2017/2506(RSP) )
P8_TA-PROV(2017)0002 B8-0072 , 0073 , 0077 , 0079 , 0083 y 0088/2017

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Indonesia, en particular la de 26 de febrero de 2014 sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra, con excepción de los asuntos relacionados con la readmisión(1) ,

–   Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión e Indonesia, que entró en vigor el 1 de mayo de 2014,

–   Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini (VP/AR), de 23 de mayo de 2015, sobre la posibilidad de nuevas ejecuciones en Indonesia,

–   Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 27 de julio de 2016, sobre las ejecuciones previstas en Indonesia,

–   Visto el sexto diálogo sobre derechos humanos entre la Unión e Indonesia, de 28 de junio de 2016,

–   Vista la Declaración de Bangkok sobre la promoción de una asociación global entre la ASEAN y la Unión por los objetivos estratégicos comunes, de 14 de octubre de 2016,

–   Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–   Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Indonesia ratificó en 2006,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1987,

–   Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.   Considerando que Indonesia es la cuarta nación más poblada del mundo, la tercera mayor democracia y el país más grande de mayoría musulmana, y que cuenta con millones de fieles de otras creencias y con una sociedad diversa compuesta por más de 255 millones de ciudadanos de diversas etnias, lenguas y culturas;

B.   Considerando que Indonesia es un socio importante de la Unión; que las relaciones entre la Unión y Indonesia, miembro del G-20, son robustas; y que la Unión e Indonesia comparten los mismos valores en materia de derechos humanos, gobernanza y democracia;

C.   Considerando que en la primera reunión ministerial del diálogo estratégico (de 8 de abril de 2016) el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión expresaron conjuntamente su intención de conferir una nueva dimensión a la asociación entre la Unión e Indonesia;

D.   Considerando que el 19 de diciembre de 2016 Hosea Yeimo e Ismael Alua, dos activistas políticos papúes, fueron detenidos y acusados ​​de «rebelión» en virtud del código penal indonesio tras su participación en actividades políticas pacíficas; que Hosea Yeimo e Ismael Alua fueron puestos en libertad bajo fianza el 11 de enero de 2017; que las actuaciones judiciales en relación con este caso siguen adelante; y que, en caso de ser inculpados, pueden ser condenados a cadena perpetua;

E.   Considerando que el presidente Joko Widodo ha prometido a los papúes un cambio, comenzando con «un diálogo abierto para una Papúa mejor», y que se ha comprometido a poner fin al uso excesivo de la fuerza y a ​​los abusos contra los derechos humanos; que el presidente ha visitado Papúa en cuatro ocasiones desde su elección en 2014; y que ha ordenado recientemente la liberación de un gran número de presos papúes como gesto de apaciguamiento;

F.   Considerando que el gobernador de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama, más conocido como Ahok, está siendo juzgado, acusado por algunos grupos religiosos de insultar al Islam; y que desde octubre de 2016 se han convocado tres manifestaciones, organizadas por una coalición de grupos islamistas denominada «Movimiento Nacional para el Mantenimiento de la Fatwa del Consejo de Ulemas de Indonesia» (GNPF-MUI), que incluye a miembros del Frente de Defensores del Islam (FPI), en las que se pedía el encarcelamiento de Ahok;

G.   Considerando que la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la libertad de religión, el derecho a no ser arbitrariamente detenido o privado de libertad y el derecho a no ser torturado son libertades y derechos fundamentales e inalienables;

H.   Considerando que Indonesia restableció la pena de muerte en 2013 y ha ejecutado a una serie de presos;

1.   Aprecia la estrecha relación entre la Unión e Indonesia y reitera la importancia de los fuertes lazos políticos, económicos y culturales existentes desde hace tiempo entre las dos partes;

2.   Expresa su preocupación por la creciente intolerancia hacia las minorías étnicas, religiosas y sexuales en Indonesia; condena enérgicamente todos los actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra las minorías, así como la impunidad de tales actos, y condena el creciente abuso de las reglamentaciones existentes para discriminar, perseguir y encarcelar a miembros de minorías religiosas, religiones tradicionales y minorías étnicas y sexuales;

3.   Acoge con satisfacción la contribución de Indonesia en la lucha contra el extremismo violento y su experiencia al respecto, basada en la promoción de una sociedad tolerante y del diálogo interreligioso; toma nota de los esfuerzos de Indonesia en apoyo de su democracia, el respeto de los derechos humanos y el recuerdo a su propia «unidad en la diversidad»; subraya la necesidad de garantizar la protección de todos los derechos humanos, en particular los de los grupos minoritarios y vulnerables, garantizando la no discriminación en el ejercicio de las libertades de religión o creencia, opinión, expresión, asociación y reunión pacífica;

4.   Acoge con satisfacción el diálogo permanente en materia de derechos humanos entre la Unión e Indonesia, iniciado en 2010; celebra la estrecha cooperación entre la Unión e Indonesia en relación con una amplia gama de cuestiones; subraya que la Unión e Indonesia han acordado llevar a cabo proyectos concretos de cooperación en una amplia gama de ámbitos, incluido el acceso a la justicia y la política penal, la lucha contra el extremismo violento, los derechos de los migrantes, las empresas y los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad, así como los de personas pertenecientes a minorías y grupos vulnerables;

5.   Recuerda que la mejora de la situación en materia de derechos humanos en Indonesia es una prioridad del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión e Indonesia;

6.   Se congratula de la buena salud de las relaciones entre Indonesia y sus vecinos y de su compromiso activo en favor de las Naciones Unidas;

7.   Alienta al Gobierno de Indonesia a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los activistas pacíficos y a que vele por el establecimiento de un entorno propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación pacífica;

8.   Acoge con satisfacción la liberación bajo fianza de Hosea Yeimo e Ismael Alua el 11 de enero de 2017; observa que las actuaciones judiciales en relación con este caso seguirán adelante; pide a la Delegación de la Unión en Indonesia que haga un seguimiento de estas actuaciones;

9.   Pide a las autoridades indonesias que se planteen la posibilidad de retirar todos los cargos contra Hosea Yeimo, Ismael Alua y otros prisioneros de conciencia que han sido imputados por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;

10.   Insta a las autoridades indonesias y locales de Papúa a que apliquen medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y la protección de los activistas políticos pacíficos que ejercen sus derechos; pide a las autoridades que garanticen que el pueblo de Papúa pueda expresar sus ideas y opiniones sin temor a sufrir castigos, represalias o intimidaciones;

11.   Condena enérgicamente todo acto de violencia o terror y transmite sus condolencias a las familias de las víctimas;

12.   Toma nota con preocupación del caso de blasfemia contra Ahok; subraya que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión están protegidas por el Derecho internacional en materia de derechos humanos;

13.   Exhorta a las autoridades de Indonesia a que revoquen los artículos 156 y 156 bis) del código penal; a que supriman las disposiciones sobre blasfemia del actual proyecto de ley de revisión del código penal (RUU Revisi KUHP), de la Ley sobre la información y las transacciones electrónicas y de la Ley sobre la rebelión (en particular, los artículos 106 y 110 del código penal indonesio); y a que adapten todas las leyes a las obligaciones que impone el Derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular en relación con la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, la igualdad ante la ley, la libertad contra la discriminación y el derecho a la expresión y a la reunión pública; toma nota de que puede encarcelarse a una persona por «difamación» por un máximo de cinco años;

14.   Subraya la necesidad de que el Gobierno indonesio proteja la tradición indonesia de tolerancia y pluralismo religioso investigando, deteniendo y persiguiendo a personas o grupos que discriminan o cometen actos de violencia contra comunidades religiosas;

15.   Manifiesta su preocupación por la intensificación de la retórica contra las personas LGBTI, que ha desembocado en numerosas amenazas y ataques violentos contra las ONG, los activistas y las personas LGBTI; pide al gobierno y a los legisladores que se abstengan de restringir en mayor medida los derechos de las personas LGBTI y que garanticen su derecho a la libertad de expresión y de reunión;

16.   Lamenta el restablecimiento de la pena de muerte; pide a las autoridades que decreten una moratoria de todas las ejecuciones de cara a la abolición de la pena de muerte; manifiesta su preocupación por el caso del ciudadano de la Unión Serge Atlaoui;

17.   Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Indonesia, al secretario general de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0141 .


República Centroafricana
PDF 184k
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre la situación en la República Centroafricana (2017/2507(RSP) )
P8_TA-PROV(2017)0003 B8-0074 , 0076 , 0085 y 0092/2017

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Centroafricana, en particular la de 7 de junio de 2016, sobre las operaciones de apoyo a la paz - compromiso de la UE con las Naciones Unidas y la Unión Africana(1) ,

–   Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2301 (2016), por la que se prorroga el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) hasta el 15 de noviembre de 2017, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7747ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2016,

–   Vistos el informe de derechos humanos de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 2016 y la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de 6 de enero de 2017 sobre los ataques sufridos por la MINUSCA,

–   Vista la copresidencia de la Conferencia de Bruselas sobre la República Centroafricana de 17 de noviembre de 2016 a cargo de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, y el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra,

–   Visto el informe de la Unión, de 21 de octubre de 2016, sobre la República Centroafricana presentado ante el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas por Joanne Adamson, jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas,

–   Visto el informe de 22 de julio de 2016 de la experta independiente de las Naciones Unidas designada por el Consejo de los Derechos Humanos para supervisar, informar y asesorar respecto de la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, y su declaración de 16 de noviembre de 2016 previa a la reunión de donantes de Bruselas,

–   Vistas las conclusiones del Consejo de 9 de febrero de 2015, 20 de julio de 2015 y 14 de marzo de 2016 sobre la República Centroafricana, y de 19 de abril de 2016 sobre la celebración pacífica de elecciones en la República Centroafricana,

–   Vista la declaración de 8 de julio de 2016 del presidente de la Configuración para la República Centroafricana de la Comisión de Consolidación de la Paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informar sobre la situación de dicho país,

–   Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,

–   Visto el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por la República Centroafricana en 2001,

–   Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que ha sido firmado por la República Centroafricana,

–   Visto el informe de Amnistía Internacional de 11 de enero de 2017 titulado «The long wait for justice: accountability in Central African Republic»,

–   Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.   Considerando que, tras el violento conflicto entre la coalición rebelde Seleka y la milicia antibalaka, la República Centroafricana, con el apoyo de la comunidad internacional, ha avanzado de modo impresionante desde 2013 hacia la restauración del orden constitucional, al organizar con éxito unas elecciones pacíficas, y la realización de la transición política;

B.   Considerando que a pesar de los avances políticos, la República Centroafricana sigue sumida en la inestabilidad, con disturbios esporádicos agravados por enfrentamientos violentos en diversos lugares, lo que ha provocado numerosos desplazamientos de la población en el oeste, el norte y el este del país; que la falta de libertades civiles, la desigualdad de género y las restricciones de la libertad de religión, así como las tensiones entre comunidades, siguen causando una grave preocupación por lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana;

C.   Considerando que la misión de las Naciones Unidas cuenta con hasta 10 750 miembros dedicados al mantenimiento de la paz, pero que algunos civiles han denunciado que no se hace lo suficiente para protegerlos de las decenas de grupos armados; que en el informe de derechos humanos de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 2016, sobre homicidios arbitrarios se citaba la violencia sexual en la República Centroafricana;

D.   Considerando que en diciembre de 2016, la misión MINUSCA apoyó un nuevo diálogo entre 11 de los 14 grupos armados y el Gobierno, como parte del esfuerzo en curso por desarmar a las facciones que actúan en la República Centroafricana; que el 4 de enero de 2017, según la MINUSCA, una cincuentena de personas atacó a una patrulla de sus fuerzas de mantenimiento de la paz cuando volvía de la ciudad de Koui, a unos 60 km al oeste de Obo, muriendo dos de sus miembros a manos de insurgentes no identificados, y que otro miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz murió en un ataque similar que tuvo lugar el 7 de enero de 2017 al noroeste de Bokayi;

E.   Considerando que la reconstrucción del sector de la justicia está aún en sus inicios, y que la capacidad de la policía sigue siendo extremadamente limitada, lo que, junto a la falta de un sistema judicial que funcione correctamente, implica que apenas se haya actuado para poner fin o responder a los abusos de los derechos humanos y llevar a los responsables ante los tribunales;

F.   Considerando que, según Amnistía Internacional, la falta de justicia en la República Centroafricana es tan grave que algunas víctimas tienen que convivir cotidianamente con sus agresores, ya que cientos de ellos han escapado de las cárceles y muchos de los acusados de los peores crímenes nunca han sido detenidos; que solo 8 de los 35 centros penitenciarios están en funcionamiento y que pocos son los tribunales que están en activo fuera de Bangui;

G.   Considerando que, desde agosto de 2016, se ha registrado en la República Centroafricana un aumento alarmante del número de casos de abusos de los derechos humanos y de violaciones del Derecho humanitario internacional perpetrados por las diferentes facciones de los antiguos Seleka, los antibalaka y sus afines, con el resultado de al menos un centenar de muertes, el desplazamiento forzoso de civiles y la destrucción de bienes; que las organizaciones de derechos humanos han informado de importantes combates en la República Centroafricana a finales de noviembre de 2016 entre dos grupos Seleka, en los que han perdido la vida al menos 14 civiles y 76 han resultado heridos;

H.   Considerando que según Vladimir Montero, portavoz de la MINUSCA en Bangui, estos ataques no solo se dirigen contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, sino también contra actores humanitarios y la población civil;

I.   Considerando que entre el 28 y el 30 de noviembre de 2016 murieron al menos 115 personas en las escaramuzas entre dos grupos (ambos facciones de Seleka: el Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana [FPRC] y la Unión para la Paz en la República Centroafricana [UPC]) por el control de las carreteras que conducen a las minas de diamantes de los alrededores de Kalaga, ciudad a unos 45 km de Bria, en las que ambas facciones recaudan «impuestos de circulación», especialmente en las zonas mineras y en las rutas migratorias de los pastores peuhl;

J.   Considerando que, en mayo de 2016, la Quinta Comisión de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre cuestiones intersectoriales relativas al mantenimiento de la paz en la que acogía con beneplácito la determinación del secretario general de aplicar plenamente la política de tolerancia cero, reafirmaba la necesidad de una mayor coordinación en el apoyo a las víctimas y ampliaba la política de transparencia de las Naciones Unidas respecto de las denuncias de explotación y abusos sexuales;

K.   Considerando que, el 17 de noviembre de 2016, la VP/AR, Federica Mogherini, y el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, movilizaron a la comunidad internacional con el fin de generar apoyo político y compromisos concretos para apoyar la ambiciosa agenda de las autoridades de la República Centroafricana para lograr la paz, la seguridad y la reconciliación en todo el país, así como para promover el desarrollo y la recuperación económica;

L.   Considerando que, según las Naciones Unidas, casi la mitad de la población de la República Centroafricana sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia humanitaria; que el 40 % de los niños menores de tres años sufren malnutrición crónica y uno de cada cinco niños no llegará a cumplir los cinco años;

M.   Considerando que, según las estimaciones, 2,2 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria este año, entre ellas, 1,1 millón de niños; que se estima que a finales de 2016 había 420 000 desplazados internos y otras 453 000 personas habían buscado refugio en los países vecinos;

N.   Considerando que en los tres últimos años la Unión ha sido el mayor donante de asistencia a la República Centroafricana, al haber comprometido más de 500 millones de euros para el país; que, por lo que se refiere a la ayuda humanitaria, solo la Comisión ha contribuido con 124 millones de euros (además de 30 millones destinados a los refugiados centroafricanos en los países vecinos) desde diciembre de 2013; que la Unión anunció en la conferencia de donantes de Bruselas, el 17 de noviembre de 2016, un aumento de 409 millones de euros de financiación para la reconstrucción, la consolidación de la paz y las necesidades humanitarias de la República Centroafricana;

O.   Considerando que el Ejército de Resistencia del Señor (ERS) ha aumentado sus actividades en el este de la República Centroafricana, expandiéndose más allá de las zonas mineras y perpetrando ataques en los que se han producido saqueos, privaciones arbitrarias de libertad, destrucción y confiscación de bienes de civiles y secuestros; que, según las indicaciones del instrumento de seguimiento de las crisis provocadas por el ERS (el LRA Crisis Tracker ), desde enero de 2016 se ha denunciado el secuestro, a manos del ERS, de 344 personas, entre ellos más de 60 niños, y que, además, miles de civiles se han visto desplazados en las zonas en las que opera;

P.   Considerando que, el 15 de julio de 2014, la Unión creó su primer fondo fiduciario de donantes múltiples, denominado «Bêkou» y dedicado a la República Centroafricana, que contribuye a la estabilización y la reconstrucción del país;

Q.   Considerando que la situación general en materia de seguridad ha mejorado desde 2013, en particular en Bangui, pero sigue siendo delicada y los brotes de violencia han aumentado nuevamente en los últimos meses; que en todo el país siguen cometiéndose delitos como asesinatos, torturas, violencia sexual, robos, secuestros, destrucción de bienes y tenencia y comercio ilegal de armas;

R.   Considerando que, debido a las limitaciones de financiación, el Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que será necesario reducir en mayor medida la cantidad de alimentos que proporciona y que, a partir de febrero de 2017, podría tener que suspender la ayuda alimentaria totalmente;

S.   Considerando que el comercio ilícito y la extracción de diamantes y madera alimentan el conflicto, dado que contribuyen a la financiación de los grupos armados;

T.   Considerando que la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) ha trabajado de forma continuada, desde 2003, para consolidar la democracia, el Estado de Derecho y la paz en la República Centroafricana, y continúa trabajando en el contexto actual de reconstrucción después de la crisis; que la labor de la OIF es crucial para reforzar las capacidades de las instituciones centroafricanas, prestar ayuda técnica para el establecimiento de un tribunal penal especial, apoyar el establecimiento de una comisión nacional de derechos humanos, apoyar la consolidación del marco administrativo y jurídico para la celebración de elecciones, proporcionar asistencia técnica para la aplicación de programas de desarme, desmovilización y reintegración, y de reforma del sector de la seguridad, así como prestar ayuda técnica al tribunal penal especial mediante la movilización de jueces francófonos;

1.   Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el presidente Touadéra y su Gobierno en favor de la paz y la reconciliación en la República Centroafricana, en un contexto de décadas de subdesarrollo y fragilidad, y varios años de conflicto armado; pide al Gobierno de la República Centroafricana que intensifique en mayor medida estos esfuerzos, en particular en lo que respecta al diálogo con los grupos armados, a la reforma del sector de la seguridad y al desarme, la desmovilización y la reintegración, así como en lo relativo a la restauración de los sistemas judicial y penal, a fin de luchar contra la impunidad;

2.   Condena enérgicamente la pérdida de medios de subsistencia y de bienes, las violaciones y abusos del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, en particular los asesinatos arbitrarios, la violencia sexual, el trato inhumano y todas las formas de ataque, así como las agresiones y provocaciones contra la población civil y las fuerzas de mantenimiento de la paz; recuerda que ese tipo de ataques selectivos puede constituir un crimen de guerra con arreglo al Derecho internacional humanitario; transmite sus sinceras condolencias a los Gobiernos de Marruecos y Bangladesh, a las familias de las víctimas y a la MINUSCA; hace hincapié en que los ataques dirigidos contra las fuerzas de mantenimiento de la paz son inaceptables y contravienen todas las normas internacionales;

3.   Considera que la celebración pacífica de las elecciones conjuntas del 14 de febrero de 2016 en la República Centroafricana, con una considerable tasa de participación, supone un verdadero éxito para el proceso de transición política; elogia a las autoridades por sus esfuerzos, que han contribuido a aumentar la credibilidad y la transparencia de las elecciones; acoge con satisfacción el compromiso de la MINUSCA y el apoyo de la operación Sangaris, que han contribuido en gran medida a garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

4.   Apoya firmemente a la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas en lo que respecta a la aplicación de la política de transparencia de las Naciones Unidas (tolerancia cero) en relación con las acusaciones de explotación y abusos sexuales, y acoge con satisfacción las iniciativas que ha llevado a cabo hasta el momento en la República Centroafricana; pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que garanticen que los equipos de la MINUSCA responsables en materia de conducta y disciplina, y de control interno reciban los recursos necesarios para responder de manera eficaz a los casos de explotación y abusos sexuales, así como otros delitos;

5.   Subraya la importancia primordial de la seguridad; destaca, en este sentido, la necesidad de llevar a cabo reformas para convertir las fuerzas armadas de la República Centroafricana en un ejército profesional, controlado democráticamente y étnicamente representativo; acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo, de 19 de abril de 2016, de crear una misión de formación militar en la República Centroafricana (EUTM RCA), para contribuir a la reforma del sector de la defensa del país; confía en que esta misión ayudará a modernizar las fuerzas armadas de la República Centroafricana y a mejorar su eficacia y su capacidad de inclusión, ofreciendo asesoramiento estratégico al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor de la República Centroafricana, y a través de la educación y la formación;

6.   Pide al Gobierno de la República Centroafricana que investigue lo antes posible y de forma imparcial todas las presuntas violaciones del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, que lleve adecuadamente a los responsables ante la justicia (los delincuentes y los asesinos deben responder ante la justicia independientemente del grupo al que pertenezcan), y que ofrezca compensación adecuada a las víctimas de estos actos; apoya firmemente la rápida creación de un tribunal penal especial (cuya finalización está prevista para mediados de 2017) que deberá ser financiado de forma sostenible con el fin de garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la actual impunidad generalizada; acoge con satisfacción el inicio, por parte de las Naciones Unidas, en diciembre de 2016, del proceso de contratación de ocho jueces internacionales;

7.   Lamenta que el sistema judicial de la República Centroafricana, que ya era frágil antes de la guerra civil, se haya visto gravemente debilitado por los continuos combates, que han dado lugar a la destrucción de muchos registros judiciales y al exilio forzado de personal judicial; pide al Gobierno de la República Centroafricana que, con el apoyo de la comunidad internacional, invierta considerablemente en su sistema judicial, en particular en la reconstrucción de sus tribunales, fuerzas de policía y centros penitenciarios; recuerda, al mismo tiempo, que solo se tienen garantías de éxito si se respetan los principios de buena gobernanza democrática y económica, y se adopta un enfoque constructivo de diálogo, en el espíritu del Foro de Bangui;

8.   Subraya, especialmente, la importancia de una estrecha coordinación con los socios, en particular las autoridades de la República Centroafricana, la Unión Europea, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, a fin de lograr una buena cooperación y la complementariedad de los esfuerzos en curso destinados a restablecer la estabilidad de la República Centroafricana; pide la inmediata adopción de medidas de lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra y otros delitos, y de ayuda a la reconstrucción del sistema judicial, dado que la falta de justicia ha contribuido al aumento de los enfrentamientos violentos en los últimos meses;

9.   Lamenta que, debido a la falta de financiación, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas corra el riesgo de tener que suspender la ayuda que proporciona a 150 000 personas que, en un país en crisis, se han visto desplazadas por la violencia; observa que los alimentos que distribuye el Programa Mundial de Alimentos constituyen una gran ayuda para estas personas desplazadas, que lo han perdido todo, y que suspender esta ayuda podría tener graves consecuencias para sus vidas; pide a los donantes, en este sentido, que respeten los compromisos contraídos con el Programa Mundial de Alimentos con el fin de evitar que la entrega de ayuda humanitaria siga deteriorándose;

10.   Acoge con satisfacción el refuerzo del compromiso humanitario de la Unión y de sus Estados miembros en la República Centroafricana teniendo en cuenta los cambios que se registran en relación con las necesidades; hace un llamamiento a todos los donantes internacionales para que apoyen la financiación humanitaria de la Unión, incluido el Programa Mundial de Alimentos, y ayuden a las personas afectadas por la crisis en la República Centroafricana, tanto las que se encuentran dentro del país, como los refugiados en los países vecinos;

11.   Pide a la República Centroafricana que desarrolle políticas nacionales y marcos legislativos que protejan adecuadamente los derechos humanos de los desplazados, incluida la libertad de circulación; pide, asimismo, a la República Centroafricana que adopte soluciones duraderas para los desplazados y los refugiados, incluido el regreso voluntario, duradero, seguro y digno a sus hogares, la integración local o el reasentamiento;

12.   Opina que el diálogo sigue siendo la única manera de garantizar una paz duradera en las regiones de la República Centroafricana en conflicto, e insta al Gobierno a que responda de forma concreta a las preocupaciones de la comunidad internacional en lo que respecta a la resolución de la crisis mediante la adopción de un enfoque proactivo para garantizar la seguridad de la población local;

13.   Pide al Gobierno de la República Centroafricana que, con el apoyo de sus socios internacionales, aplique con urgencia su plan nacional de recuperación y consolidación de la paz, en particular mediante el refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad nacionales, el desarme, la desmovilización y la reinserción de los grupos armados, así como mediante la lucha contra la impunidad;

14.   Pide a las autoridades de la República Centroafricana que desarrollen una estrategia de carácter nacional para hacer frente a la explotación ilícita y a las redes de tráfico ilegales de recursos naturales;

15.   Sugiere que las Naciones Unidas establezcan una unidad en el marco de la MINUSCA para luchar contra el contrabando de diamantes, madera, oro y marfil, y la caza furtiva militarizada;

16.   Pide a las empresas internacionales de diamantes que dejen de alimentar el conflicto y las violaciones de los derechos humanos mediante la compra de diamantes procedentes de la República Centroafricana extraídos y comercializados ilegalmente;

17.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y las autoridades de la República Centroafricana, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la Comunidad Económica de los Estados del África Central, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y a los Estados miembros de la Unión Europea.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0249 .


Situación en Burundi
PDF 177k
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre la situación en Burundi (2017/2508(RSP) )
P8_TA-PROV(2017)0004 B8-0075 , 0078 , 0082 , 0084 , 0089 y 0091/2017

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Burundi, y en particular las dos últimas, de 9 de julio de 2015(1) y 17 de diciembre de 2015(2) ,

–   Visto el Acuerdo de Cotonú revisado, en particular su artículo 96,

–   Vista la Decisión (UE) 2016/394 del Consejo, de 14 de marzo de 2016, relativa a la conclusión del procedimiento de consultas con la República de Burundi al amparo del artículo 96 del Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra(3) ,

–   Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020(4) ,

–   Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 9 de diciembre de 2015, sobre la situación en Burundi,

–   Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, de 28 de agosto de 2000,

–   Vista la Constitución de Burundi, y en particular su artículo 96,

–   Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–   Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–   Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–   Vista la declaración de 21 de octubre de 2016 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en nombre de la Unión Europea sobre Sudáfrica y Burundi y la Corte Penal Internacional (CPI),

–   Visto el Reglamento (UE) 2015/1755 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi(5) , y su renovación el 29 de septiembre de 2016,

–   Vista la Resolución, de 4 de noviembre de 2016, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la situación de los derechos humanos en la República de Burundi,

–   Visto el informe, de 20 de septiembre de 2016, de la Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas sobre Burundi (UNIIB), elaborado de conformidad con la Resolución S-24/1 del Consejo de Derechos Humanos,

–   Visto el informe, de 17 de junio de 2015, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Burundi,

–   Vista la Resolución, de 30 de septiembre de 2016, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Burundi,

–   Visto el informe, de 17 de mayo de 2016, de la Delegación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre su misión de investigación en Burundi desarrollada del 7 al 13 de diciembre de 2015,

–   Vista la declaración del portavoz del SEAE sobre la prohibición de Ligue Iteka en Burundi, de 6 de enero de 2017,

–   Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.   Considerando que Burundi se encuentra en una situación de profunda crisis política, social y económica desde que su presidente Pierre Nkurunziza, conculcando el Acuerdo de Arusha y la Constitución del país, decidió presentarse a su tercer mandato presidencial en abril de 2015, y que el presidente Nkurunziza ha declarado recientemente que no descarta la posibilidad de revisar la Constitución de Burundi para poder presentarse a un cuarto mandato después de 2020;

B.   Considerando que Burundi notificó a la CPI su retirada del Estatuto de Roma y de la CPI el 19 de octubre de 2016 a raíz de la decisión de la CPI de iniciar una investigación preliminar sobre la violencia y las violaciones de los derechos humanos en el país;

C.   Considerando que, el 15 de noviembre de 2016, Ligue Iteka publicó, tras dos años de investigación en el país, un informe elaborado en colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre la represión y la dinámica genocida en Burundi, que aporta información actualizada sobre la represión gubernamental y las violaciones masivas de los derechos humanos en el país; que, unas semanas después, Ligue Iteka publicó asimismo varios informes de investigación sobre los crímenes más graves cometidos por fuerzas gubernamentales en Burundi: asesinatos, secuestros, desapariciones forzosas, torturas, violaciones y detenciones masivas; que estos crímenes prosiguen con absoluta impunidad, y que en octubre de 2016 ya fueron prohibidas otras cinco organizaciones pro derechos humanos, concretamente, Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), Forum pour la conscience et le développement (FOCODE), Action chrétienne pour l’abolition de la torture (ACAT), Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH) y Réseau des citoyens probes (RCP);

D.   Considerando que, en noviembre de 2016, la FIDH informó de más de 1 000 muertes, 8 000 detenidos por motivos políticos, entre 300 y 800 personas desparecidas, cientos de casos de torturas, cientos de mujeres víctima de violencia sexual, miles de detenciones arbitrarias, más de 310 000 refugiados en países vecinos y 61 000 desplazados internos, y que la situación de seguridad en Burundi plantea riesgos para la estabilidad del conjunto de la región;

E.   Considerando que el Gobierno ha intensificado su represión de los medios de comunicación y los periódicos independientes, y que hay casos de periodistas que sufren desapariciones forzadas, amenazas físicas y ataques o acoso judicial; que han sido suspendidas todas las emisoras de radio independientes, y que Reporteros sin Fronteras clasifica a Burundi en el puesto 156 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2016;

F.   Considerando que, en marzo de 2016, la Unión concluyó las consultas en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú y suspendió la ayuda financiera directa al Gobierno de Burundi, por considerar que no eran satisfactorios los compromisos propuestos por el Gobierno en materia de derechos humanos, principios democráticos y Estado de Derecho;

G.   Considerando que el sistema judicial de Burundi está profundamente corrompido y, a pesar de las muertes y las torturas sufridas desde el inicio de la crisis por cientos de personas, perpetradas en muchos casos por la policía y los servicios de inteligencia, muy pocos responsables han sido llevados ante los tribunales;

H.   Considerando que hay temores de «etnicización» de la crisis por el Gobierno y que se está haciendo habitual el empleo de una retórica de división por parte de cargos del Estado, como han indicado asimismo representantes de las Naciones Unidas;

I.   Considerando que se ha informado de que miembros de la liga juvenil del partido gubernamental, la milicia Imbonerakure, detienen, dan palizas y roban a ciudadanos, y asimismo recurren a la violación como un arma; que centran sus ataques en miembros de la oposición, especialmente de Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), y que docenas de miembros de la oposición y personas consideradas opositoras han sido asesinados, detenidos, apaleados o torturados en estos últimos meses;

J.   Considerando que el 29 de septiembre de 2016 el Consejo renovó las medidas restrictivas impuestas por la Unión contra Burundi, extendiéndolas hasta el 31 de octubre de 2017, y que estas medidas consisten en la prohibición de desplazamientos y el bloqueo de activos aplicados contra individuos cuyas actividades se consideran contrarias a la democracia o a la búsqueda de una solución política a la crisis de Burundi;

K.   Considerando que la labor de mediación sigue adelante, con el pleno apoyo de la Unión Africana, la Comunidad del África Oriental, la Unión Europea y las Naciones Unidas, con objeto de promover un diálogo interburundés con miras a hallar una solución consensuada y pacífica a la crisis en Burundi;

1.   Expresa su profunda preocupación ante el agravamiento de la situación política y de seguridad en Burundi; condena la violencia registrada en Burundi desde 2015, que se ha manifestado en muertes, torturas violencia contra las mujeres (incluidas violaciones colectivas), el acoso y el encarcelamiento de miles de personas, el desplazamiento de cientos de miles de burundeses, detenciones y retenciones ilegales y violaciones de la libertad de prensa y de expresión, así como en la impunidad generalizada de tales actos; pide una investigación independiente exhaustiva de los homicidios y los malos tratos, y que sean llevados a la justicia los autores de estos hechos;

2.   Recuerda a las autoridades de Burundi su deber de garantizar, proteger y promover los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, como la libertad de expresión y la libertad de reunión, conforme a lo establecido en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos; recuerda al Gobierno de Burundi sus obligaciones internacionales contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en lo relativo al respeto de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho y el tratamiento de los asuntos en los tribunales, en particular el derecho a un juicio justo e imparcial;

3.   Expresa su profunda preocupación ante la aprobación por la Asamblea Nacional de Burundi los días 23 y 28 de diciembre de dos proyectos de ley para el establecimiento de controles más estrictos de las actividades de las ONG nacionales e internacionales; destaca que el 3 de enero de 2017 esas leyes dieron lugar a la prohibición de las actividades de Ligue Iteka en el país; insta a las autoridades de Burundi a que reconsideren esta decisión; insiste en el papel fundamental de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en una sociedad democrática; pide a las autoridades locales que les permitan actuar con libertad y seguridad;

4.   Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por proteger y apoyar a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones en peligro en el país;

5.   Pide a las autoridades de Burundi que abran sin demora los medios de comunicación y permitan a los líderes de la oposición en el exilio regresar al país;

6.   Insta al Gobierno de Burundi a que reanude la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a que facilite el acceso del personal de la OACNUDH a los lugares de detención; insta al Gobierno de Burundi a que respete y garantice los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, de conformidad con sus obligaciones internacionales;

7.   Apoya firmemente los principios y valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho como elementos esenciales del Acuerdo de Asociación ACP-UE, así como los principios establecidos en el Acuerdo de Arusha; insta a todas las partes a que creen las condiciones necesarias para restablecer la confianza y fomentar la unidad nacional mediante un diálogo nacional integrador y transparente, contando con la participación del Gobierno, los partidos de la oposición y los representantes de la sociedad civil, de conformidad con el Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi;

8.   Observa con profunda preocupación que Burundi ha formalizado su retirada del Estatuto de Roma; recuerda que la CPI es una institución fundamental para ayudar a los ciudadanos a hacer valer la justicia cuando se ven confrontados con los delitos más graves, cuando ello no es posible a nivel nacional;

9.   Pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la CPI que incoen cuanto antes un procedimiento de investigación exhaustivo sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos en Burundi perpetradas durante la reciente crisis en el país, y que investiguen en particular el peligro de genocidio en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones;

10.   Condena la promulgación de una nueva ley sobre la creación de un cuerpo nacional de voluntarios que legalizaría las actividades de la violenta milicia juvenil Imbonerakure, acusada repetidamente por las organizaciones internacionales de derechos humanos y las Naciones Unidas de violaciones graves de los derechos humanos y de actuar en un clima de impunidad; exige el desarme inmediato de esta milicia;

11.   Apoya la decisión del Consejo, después del fracaso de las negociaciones entabladas de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, de suspender la ayuda financiera directa a la administración de Burundi, en particular el apoyo presupuestario, manteniendo todas las ayudas de carácter financiero a la población, así como la ayuda humanitaria a través de canales directos;

12.   Acoge con satisfacción las sanciones específicas aprobadas por la Unión Europea, que son coherentes con la decisión adoptada por la Unión Africana de imponer sanciones específicas, incluidas la restricción de viajar y la inmovilización de activos de ciudadanos burundeses responsables de violaciones de derechos humanos y de aquellos que obstaculizan los esfuerzos desplegados para encontrar una solución política a la crisis; pide a la Unión que amplíe esas sanciones a todas las personas cuyos actos constituyan una amenaza para la paz y la estabilidad en la región, al incitar al odio y violar el Acuerdo de Arusha;

13.   Expresa su temor de que las crisis políticas puedan conducir a un conflicto étnico; condena la inclusión de personas en la administración y el ejército de Burundi en función de sus etnias; insta a todas las partes a que respeten el Acuerdo de Arusha;

14.   Celebra la creación, en noviembre de 2016, de la comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Burundi para investigar las violaciones y los abusos de estos derechos perpetrados en el país desde abril de 2015; insta a las autoridades de Burundi a que colaboren plenamente con los miembros de dicha comisión;

15.   Apoya la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de julio de 2016, por la que se autoriza el despliegue en Burundi de una fuerza policial de las Naciones Unidas con miras a reducir los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en el país; insta al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a que envíe con carácter de urgencia una delegación a Bujumbura encargada de reunirse con el presidente Nkurunziza para conminarlo a que ponga fin a los actos de violencia de las fuerzas de seguridad;

16.   Pide a la Unión Africana, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea que consideren seriamente la dimensión regional y eviten todas las actuaciones que puedan desestabilizar todavía más la región; insta a la VP/AR a que entable negociaciones con las autoridades de Burundi y con todas las demás partes interesadas pertinentes, y a que apoye, renueve y refuerce la credibilidad de los esfuerzos regionales de mediación desplegados por la Comunidad de África Oriental con el fin de buscar una solución duradera a la crisis que sea respetuosa con el Acuerdo de Arusha y con el Derecho internacional humanitario, mediante un diálogo abierto e integrador;

17.   Expresa su profunda preocupación por el creciente flujo de refugiados hacia los países vecinos y por la alarmante situación humanitaria en Burundi; reitera su apoyo y solidaridad con todas las organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno, así como con los países de acogida vecinos; pide, por otra parte, que la Unión Europea intensifique su ayuda a la región;

18.   Expresa su profunda preocupación por el anuncio del presidente Nkurunziza, de 30 de diciembre de 2016, de que podría presentar de nuevo su candidatura a un cuarto mandato presidencial en 2020;

19.   Expresa su profunda preocupación por los graves niveles de discriminación y criminalización a que se ven sometidas las personas LGBTI en Burundi; insta, por tanto, a la Asamblea Nacional y al Gobierno de Burundi a que deroguen los artículos del Código Penal que discriminan a las personas LGBTI;

20.   Encarga a su presidente que trasmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Burundi, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión, al Consejo, a la Comunidad del África Oriental y a los Gobiernos de sus Estados miembros, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las instituciones de la Unión Africana y al secretario general de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0275 .
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0474 .
(3) DO L 73 de 18.3.2016, p. 90.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0371 .
(5) DO L 257 de 2.10.2015, p. 1.


Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo: procedimientos de aplicación ***I
PDF 278k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo (1) , por otra (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD) ) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
P8_TA-PROV(2017)0005 A8-0361/2016

El Parlamento Europeo,

–   Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0460 ),

–   Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0327/2016 ),

–   Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–   Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 12 de diciembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0361/2016 ),

1.   Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.   Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 19 de enero de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo (2) , por otra

P8_TC1-COD(2016)0218


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3) ,

Considerando lo siguiente:

(1)   El 27 de octubre de 2015 se firmó el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo(4) , por otra(5) (en lo sucesivo, «el Acuerdo»). El Acuerdo entró en vigor el 1 de abril de 2016.

(2)   Es necesario establecer normas para la aplicación de determinadas disposiciones del Acuerdo, así como los procedimientos para la adopción de normas de aplicación detalladas.

(3)   A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del Acuerdo, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) . De conformidad con dicho Reglamento, se aplica el procedimiento de examen, en particular, para la adopción de actos de ejecución relativos a la política comercial común. Sin embargo, puede aplicarse el procedimiento consultivo en casos debidamente justificados . Cuando el Acuerdo prevea la posibilidad, en circunstancias excepcionales y graves, de aplicar con efecto inmediato las medidas necesarias para hacer frente a la situación, la Comisión debe adoptar dichos actos de ejecución inmediatamente. La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con medidas relativas a los productos agrícolas y pesqueros, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(4)   El Acuerdo establece que determinados productos agrícolas y pesqueros originarios de Kosovo pueden importarse en la Unión con derechos de aduana reducidos, dentro de los límites de los contingentes arancelarios. Por lo tanto, es necesario establecer disposiciones que regulen la gestión y revisión de esos contingentes arancelarios para posibilitar una evaluación exhaustiva de los mismos.

(5)   Cuando sean necesarias medidas de defensa comercial, deben adoptarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo(7) , el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo(8) o, en su caso, el Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) .

(6)   La correspondiente legislación de la Unión, en particular el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo(10) , debe aplicarse en caso de que un Estado miembro facilite a la Comisión información sobre un posible fraude o falta de cooperación administrativa.

(7)   El presente Reglamento contiene medidas destinadas a la aplicación del Acuerdo y, por lo tanto, debe aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece las normas y los procedimientos para la adopción de normas detalladas para la aplicación de determinadas disposiciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo(11) , por otra (en lo sucesivo, «el Acuerdo»).

Artículo 2

Concesiones relativas al pescado y los productos de la pesca

La Comisión adoptará mediante actos de ejecución las normas de aplicación detalladas del artículo 31 del Acuerdo en lo relativo a los contingentes arancelarios para el pescado y los productos de la pesca. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 , apartado 3, del presente Reglamento.

Artículo 3

Reducciones arancelarias

1.   A reserva de lo dispuesto en el apartado 2, los tipos del derecho preferente se redondearán al primer decimal inferior.

2.   El tipo preferente se asimilará a una exención de derechos cuando el cálculo de los tipos de los derechos preferentes de conformidad con el apartado 1 dé como resultado uno de los dos tipos siguientes:

a)   1 % o menos en el caso de derechos ad valorem ;

b)   1 EUR o menos por cantidad individual en el caso de derechos específicos.

Artículo 4

Adaptaciones técnicas

La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las modificaciones y adaptaciones técnicas de las disposiciones adoptadas con arreglo al presente Reglamento que sean necesarias a raíz de modificaciones de los códigos de la nomenclatura combinada o de las subdivisiones del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas o resulten de la celebración de acuerdos, de protocolos, de canjes de notas nuevos o modificados u otros actos entre la Unión y Kosovo. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 , apartado 3, del presente Reglamento .

Artículo 5

Cláusula general de salvaguardia

Cuando la Unión necesite tomar una medida conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo, la Comisión adoptará dicha medida mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 , apartado 3, del presente Reglamento, salvo que se disponga lo contrario en el artículo 43 del Acuerdo.

Artículo 6

Cláusula relativa a la escasez de un producto

Cuando la Unión necesite tomar una medida conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Acuerdo, la Comisión adoptará dicha medida mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 , apartado 3, del presente Reglamento.

Artículo 7

Circunstancias excepcionales y graves

Cuando se produzcan circunstancias excepcionales y graves en el sentido del artículo 43, apartado 5, letra b), y del artículo 44, apartado 4, del Acuerdo, la Comisión podrá tomar medidas inmediatamente aplicables previstas en los artículos 43 44 del Acuerdo, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 12 , apartado 4, del presente Reglamento.

Artículo 8

Cláusula de salvaguardia para productos agrícolas y pesqueros

1.   Sin perjuicio de los procedimientos previstos en los artículos 5 y 6 del presente Reglamento, cuando la Unión deba tomar una medida conforme a lo dispuesto en los artículos 34 ▌ o 43 del Acuerdo relativa a los productos agrícolas y pesqueros, la Comisión, a instancias de un Estado miembro o por propia iniciativa, decidirá las medidas necesarias tras haber recurrido, en su caso, al procedimiento de remisión previsto en el artículo 43 del Acuerdo. La Comisión adoptará dichas medidas mediante actos de ejecución. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 , apartado 3, del presente Reglamento.

De existir razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, incluido el caso al que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la Comisión adoptará actos de ejecución inmediatamente aplicables, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 12 , apartado 4, del presente Reglamento.

2.   Si la Comisión recibe de un Estado miembro la solicitud a que se refiere el apartado 1, tomará una decisión al respecto:

a)   en el plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de esa solicitud, cuando no sea de aplicación el procedimiento de remisión previsto en el artículo 43 del Acuerdo, o

b)   en el plazo de tres días hábiles a partir del final del período de treinta días contemplado en el artículo 43, apartado 5, letra a), del Acuerdo, cuando sea de aplicación el procedimiento de remisión previsto en el artículo 43 del Acuerdo.

La Comisión informará al Consejo de cualquier medida que haya tomado.

Artículo 9

Dumping y subvenciones

En caso de prácticas que puedan hacer que la Unión tome las medidas contempladas en el artículo 42, apartado 2, del Acuerdo, se decidirá la introducción de medidas antidumping o compensatorias, o ambas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/1036 y el Reglamento (UE) 2016/1037, respectivamente.

Artículo 10

Competencia

1.   En caso de prácticas que considere incompatibles con el artículo 75 del Acuerdo, la Comisión, tras examinar el expediente por propia iniciativa o a instancias de un Estado miembro, decidirá la aplicación de la medida apropiada contemplada en el artículo 75 del Acuerdo.

Las medidas previstas en el artículo 75, apartado 9, del Acuerdo se adoptarán en los casos de ayuda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/1037.

2.   Cuando una práctica pueda tener por efecto que Kosovo aplique respecto de la Unión medidas basadas en el artículo 75 del Acuerdo, la Comisión, después de examinar el caso, decidirá si la práctica es compatible con los principios establecidos en el Acuerdo. En caso necesario, la Comisión tomará las decisiones apropiadas sobre la base de los criterios derivados de la aplicación de los artículos 101, 102 y 107 del Tratado.

Artículo 11

Fraude o falta de cooperación administrativa

1.   Cuando, basándose en la información facilitada por un Estado miembro o por iniciativa propia, la Comisión concluya que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 48 del Acuerdo, la Comisión, sin demora injustificada:

a)   informará de ello al Parlamento Europeo y al Consejo, y

b)   notificará su conclusión, junto con la información objetiva en que se base, al Comité de Estabilización y Asociación, e iniciará consultasen el seno del mismo.

2.   Cualquier publicación en virtud del artículo 48, apartado 5, del Acuerdo será efectuada por la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea .

3.   La Comisión podrá decidir, mediante actos de ejecución, suspender temporalmente el correspondiente trato preferente de los productos como prevé el artículo 48, apartado 4, del Acuerdo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 , apartado 3, del presente Reglamento.

Artículo 12

Procedimiento de comité

1.   A efectos de los artículos 2, 4 y 11 del presente Reglamento, la Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero establecido por el artículo 285 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) . Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.   A efectos de la aplicación de los artículos 5 a 8 del presente Reglamento, la Comisión estará asistida por el Comité sobre salvaguardias establecido por el artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/478. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

4.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8, apartados 1 a 4, del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 13

Notificación

La Comisión, actuando en nombre de la Unión, será responsable de la notificación al Consejo de Estabilización y Asociación, y al Comité de Estabilización y Asociación, respectivamente, tal como previsto en el Acuerdo.

Artículo 14

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Será aplicable a partir del 1 de abril de 2016.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1)* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(2)* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(3)Posición del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2017.
(4)* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(5)DO L 71 de 16.3.2016, p. 3.
(6)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(7)Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (DO L 83 de 27.3.2015, p. 16).
(8)Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21).
(9)Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 55).
(10)Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
(11)* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(12)Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).


Importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén cubiertos por regímenes específicos de importación de la Unión ***I
PDF 670k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión (COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD) ) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
P8_TA-PROV(2017)0006 A8-0311/2016

El Parlamento Europeo,

–   Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0044 ),

–   Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0022/2016 ),

–   Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 8 de diciembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0311/2016 ),

1.   Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.   Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 19 de enero de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/936 relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión

P8_TC1-COD(2016)0029


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(1) ,

Considerando lo siguiente:

(1)   El Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo(2) establece el régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión.

(2)   La liberación de presos políticos en la República de Bielorrusia, el 22 de agosto de 2015, fue un paso importante que, junto con varias iniciativas positivas emprendidas por la República de Bielorrusia en los dos últimos años, por ejemplo la reanudación del diálogo UE‑Bielorrusia sobre derechos humanos, ha contribuido a mejorar las relaciones entre la Unión y la República de Bielorrusia.

(3)   Las relaciones entre la Unión y Bielorrusia deben basarse en valores comunes, en particular en cuanto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y es necesario recordar que la situación de los derechos humanos en la República de Bielorrusia sigue siendo motivo de preocupación para la Unión, en especial respecto de cuestiones como la pena de muerte, que debe ser abolida.

(4)   Es preciso reconocer esas evoluciones políticas positivas entre la Unión y la República de Bielorrusia y mejorar las relaciones bilaterales. En consecuencia, el presente Reglamento debe derogar los contingentes autónomos para las importaciones de productos textiles y prendas de vestir originarios de la República de Bielorrusia, previstos en los anexos II y III del Reglamento (UE) 2015/936, sin perjuicio de la capacidad de la Unión de recurrir a la aplicación de contingentes en el futuro en caso de un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en la República de Bielorrusia.

(5)   La supresión de contingentes autónomos para las importaciones de productos textiles y de prendas de vestir originarios de la República de Bielorrusia hace que ya no sean necesarios los contingentes para el tráfico de perfeccionamiento pasivo. A consecuencia de ello, deben suprimirse el artículo 4, apartado 2 y el capítulo V del Reglamento (UE)2015/936, junto con su anexo V. El artículo  31 de dicho Reglamento relativo a la adopción de actos delegados también debe modificarse en consecuencia. El uso limitado de contingentes autónomos y de tráfico de perfeccionamiento pasivo para las importaciones de productos textiles y de prendas de vestir originarios de la República de Bielorrusia implica que la supresión de dichos contingentes tendría un impacto limitado sobre el comercio de la Unión .

(6)   A fin de corregir los códigos  erróneos de la nomenclatura combinada de las categorías 12, 13, 18, 68, 78 y 83 (Grupo II B), 67, 70, 94 y 96 (Grupo III B) y 161 (Grupo V), el anexo I del Reglamento (UE) 2015/936 debe modificarse.

(7)   En los anexos II, III y IV del Reglamento (UE) 2015/936 debe utilizarse el nombre oficial de la República Popular Democrática de Corea ▌.

(8)   Con el fin de facilitar los procedimientos administrativos, el periodo de validez de las autorizaciones de importación establecido en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/936 debe pasar de seis a nueve meses.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (UE) 2015/936 queda modificado como sigue:

1)   En el artículo 4, se suprime el apartado 2.

2)   El artículo 21, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:"

«2. El período de validez de las autorizaciones de importación que expidan las autoridades competentes de los Estados miembros será de nueve meses. En caso necesario, dicho período de validez podrá modificarse de acuerdo con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 30, apartado 3.».

"

3)   Se suprime el capítulo V.

4)   En el artículo 31, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: "

«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apartado 3, el artículo 5, apartado 2, el artículo 12, apartado 3, el artículo 13 y el artículo 35 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 20 de febrero de 2014. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 3, el artículo 5, apartado 2, el artículo 12, apartado 3, el artículo 13 y el artículo 35 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La revocación surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.».

"

5)   En el artículo 31, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: "

«6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 3, o del artículo 12, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará cuatro meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

"

6)   La sección A del anexo I▌ queda modificada conforme a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento y los anexos II, III y IV▌ se sustituyen por los textos que figuran en el anexo del presente Reglamento.

7)   Se suprime el anexo V.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Los anexos I, II, III y IV del Reglamento (UE) 2015/936 se modifican como sigue:

1)   La sección A del anexo I se sustituye por el texto siguiente:

«A. PRODUCTOS TEXTILES A QUE SE REFIERE EN EL ARTÍCULO 1

1.   Sin perjuicio de las normas de interpretación de la nomenclatura combinada (NC), el texto de la descripción de la mercancía se considera de carácter puramente indicativo, puesto que los productos incluidos en cada categoría quedan determinados, en el presente anexo, por los códigos NC. En los casos en que el prefijo «ex» anteceda al código NC, los productos incluidos en cada categoría vienen determinados por el ámbito del código NC y por el de la descripción correspondiente.

2.   Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas para hombres o niños o bien como prendas para mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas.

3.   La expresión «prendas para bebé» comprende las prendas hasta la talla comercial 86 inclusive.

Categoría

Descripción

Código NC 2016

Tabla de equivalencias

piezas/kg

g/pieza

GRUPO I A

1

Hilados de algodón, excepto para la venta al por menor

52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 52064400 52064500 ex56049090

2

Tejidos de algodón, que no sean tejidos de gasa de vuelta, con bucles de la clase esponja, cintas, terciopelos, felpas, tejidos rizados, tejidos de chenilla o felpilla, tules y tejidos de mallas anudadas

52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000

2 a)

De los cuales: distintos de los crudos o blanqueados

52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000

3

Tejidos de fibras textiles sintéticas discontinuas, que no sean cintas, terciopelos, felpas, tejidos rizados (incluidos los tejidos con bucles de la clase esponja) y tejidos de chenilla o felpilla

55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 55131190 55131200 55131300 55131900 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000

3 a)

De los cuales: distintos de los crudos o blanqueados

55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 55159190 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000

GRUPO I B

4

Camisas, t-shirts, prendas de cuello de cisne (excepto las de lana o de pelos finos), camisetas interiores y artículos similares, de punto

6,48

154

61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 61099020 61102010 61103010

5

Suéteres (jerseys), pullovers (con o sin mangas), chalecos, conjuntos de jerseys abiertos o cerrados «twinset», cardiganes y mañanitas [excepto chaquetones y chaquetas (sacos)], anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto

4,53

221

ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 61103091 61103099

6

Pantalones largos, cortos y shorts (excepto los de baño), de tela, para hombres o niños; pantalones, de tela, para mujeres o niñas: de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales; partes inferiores de prendas de vestir para deporte (chándales), con forro, excepto las de las categorías 16 o 29, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

1,76

568

62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 62046918 62113242 62113342 62114242 62114342

7

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto o no, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres y niñas

5,55

180

61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 62064000

8

Camisas y camisetas, de tejido (que no sean de punto) para hombres y niños, de lana, de algodón o de fibras textiles sintéticas o artificiales

4,60

217

ex62059080 62052000 62053000

GRUPO II A

9

Tejidos de algodón con bucles del tipo toalla; ropa de tocador o de cocina (excepto la de punto) de tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón

58021100 58021900 ex63026000

20

Ropa de cama, excepto la de punto

63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 63023990

22

Hilados de fibras sintéticas discontinuas o desperdicios, sin acondicionar para la venta al por menor

55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 55096900 55099100 55099200 55099900

22 a)

Acrílicos

ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 55096900

23

Hilados de fibras artificiales discontinuas o desperdicios, sin acondicionar para la venta al por menor

55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 55109000

32

Terciopelo, felpa y tejidos de chenilla (excepto los tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón, y las cintas), superficies textiles con mechón insertado, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 58013700 58022000 58023000

32 a)

De los cuales: terciopelos de algodón rayados

58012200

39

Ropa de mesa, de tocador o de cocina, excepto la de punto o de tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón

63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 ex63029990

GRUPO II B

12

Calzas, panty-medias y leotardos, medias, escarpines, calcetines, salvamedias y artículos similares, de punto, que no sean para bebés, incluidas las medias para varices, exceptuados los productos de la categoría 70

24,3 pares

41

ex61151010 61151090 61152200 61152900 61153011 61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 61159900

13

Calzoncillos y slips para hombres o niños, bragas para mujeres o niñas, de punto, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

17

59

61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 61082900 ex62121010 ex96190050

14

Gabanes, impermeables y otros abrigos, incluidas las capas, de tela, para hombres o niños, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales (distintos de las parkas) (de la categoría 21)

0,72

1389

62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62102000

15

Abrigos, impermeables y otros abrigos, incluidas las capas, de tela, para mujeres o niñas; chaquetones y chaquetas (sacos) de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales (distintos de las parkas) (de la categoría 21)

0,84

1190

62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 62103000

16

Trajes completos y conjuntos, con excepción de los de punto, para hombres y niños, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, con excepción de los monos y conjuntos de esquí; prendas de vestir para deporte, con forro, cuyo exterior esté realizado con un único tejido, para hombres y niños, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

0,80

1250

62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 62032380 62032918 62032930 62113231 62113331

17

Chaquetas (sacos) o chaquetones, excepto los de punto, para hombres y niños, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

1,43

700

62033100 62033290 62033390 62033919

18

Camisetas, slips, calzoncillos, pijamas y camisolas, albornoces, batas y artículos análogos para hombres o niños, excepto de punto

62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 62079100 ex58030090 62079990

Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los de punto

62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 62089100 62089200 62089900 ex62121010 ex96190050

19

Pañuelos de bolsillo, excepto los de punto

59

17

62132000 ex62139000

21

Parkas; anoraks, cazadoras y artículos similares, excepto los de punto, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales; partes superiores de prendas de vestir para deporte, con forro, excepto las de las categorías 16 o 29, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

2,3

435

ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62019100 62019200 62019300 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 62114341

24

Camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares de punto, para hombres o niños

3,9

257

61072100 61072200 61072900 61079100 ex61079900

Camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas

61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 ex61089900

26

Vestidos para mujeres o niñas, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

3,1

323

61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 62044200 62044300 62044400

27

Faldas, incluidas las faldas pantalón, para mujeres o niñas

2,6

385

61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 62045200 62045300 62045910

28

Pantalones largos, pantalones de peto, pantalones cortos y shorts (excepto los de baño), de punto, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

1,61

620

61034100 61034200 61034300 ex61034900 61046100 61046200 61046300 ex61046900

29

Trajes sastre y conjuntos, excepto los de punto, para mujeres o niñas, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, con excepción de los monos y conjuntos de esquí; prendas de vestir para deporte, con forro, cuyo exterior esté realizado con un único tejido, para mujeres o niñas, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

1,37

730

62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 62042280 62042380 62042918 62114231 62114331

31

Sostenes (corpiños) y corsés, de tela o de punto

18,2

55

ex62121010 62121090

68

Prendas y complementos de vestir para bebés, excepto los guantes, mitones y manoplas para bebés, de las categorías 10 y 87, y leotardos, calcetines y escarpines para bebés, excepto los de punto, de la categoría 88

61119019 61112090 61113090 ex61119090 ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 ex96190050

73

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

1,67

600

61121100 61121200 61121900

76

Prendas de trabajo, excepto de punto, para hombres o niños

62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 62034911 62034931 62113210 62113310

Delantales, batas y demás prendas de trabajo, excepto de punto, para mujeres o niñas

62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 62046911 62046931 62114210 62114310

77

Monos (overoles) y conjuntos de esquí, excepto los de punto

ex62112000

78

Prendas que no sean de punto, excepto las prendas de las categorías 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 y 77

62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 ex96190050

83

Abrigos, chaquetas (sacos), chaquetones y otras prendas, incluidos los monos y conjuntos de esquí, de punto, excepto las prendas de las categorías 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 y 75

ex61019020 61012010 61013010 61021010 61022010 61023010 61033100 61033200 61033300 ex61033900 61043100 61043200 61043300 ex61043900 61122000 61130090 61142000 61143000 ex61149000 ex96190050

GRUPO III A

33

Tejidos de hilos de filamentos sintéticos fabricados con tiras o formas similares de polietileno o de polipropileno, de anchura inferior a 3 m

54072011

Sacos (bolsas) y talegas para envasar, excepto los de punto, obtenidos a partir de tiras o formas similares

63053219 63053390

34

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, fabricados con tiras o formas similares de polietileno o de polipropileno, de anchura superior o igual a 3 m

54072019

35

Tejidos de hilos de filamentos sintéticos, distintos de los utilizados para neumáticos, de la categoría 114

54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 54079100 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070

35 a)

De los cuales: distintos de los crudos o blanqueados

ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070

36

Tejidos de filamentos artificiales, que no sean los destinados a neumáticos de la categoría 114

54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070

36 a)

De los cuales: distintos de los crudos o blanqueados

ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070

37

Tejidos de fibras artificiales discontinuas

55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070

37 a)

De los cuales: distintos de los crudos o blanqueados

55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070

38 A

Telas sintéticas de punto para cortinas y visillos

60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 60063210 60063310 60063410

38 B

Visillos que no sean de punto

ex63039100 ex63039290 ex63039990

40

Cortinas y visillos (incluidos guardamalletas, rodapiés de cama y otros artículos de tapicería) de tejidos de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, excepto los de punto

ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900

41

Hilados de filamentos sintéticos continuos, sin acondicionar para la venta al por menor, distintos de los hilados sin texturar, simples, sin torsión o con una torsión máxima de 50 vueltas por metro

54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 54026200 54026910 54026990 ex56049010 ex56049090

42

Hilados de fibras sintéticas o artificiales continuas, sin acondicionar para la venta al por menor

54012010

Hilados de fibras artificiales; hilados de filamentos artificiales sin acondicionar para la venta al por menor, distintos de los hilados simples de rayón viscosa sin torsión o con una torsión máxima de 250 vueltas por metro, e hilados simples sin texturar de acetato de celulosa

54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 54034200 54034900 ex56049010

43

Hilados de filamentos sintéticos o artificiales, hilados de fibras artificiales discontinuas, hilados de algodón, acondicionados para la venta al por menor

52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 54060000 55082090 55113000

46

Lana y pelos finos de ovino u otros pelos finos de animales, cardados o peinados

51051000 51052100 51052900 51053100 51053900

47

Hilados de lana cardada de ovino (hilados de lana) o de pelo fino cardado, sin acondicionar para la venta al por menor

51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 51081010 51081090

48

Hilados de lana peinada de ovino o de pelo fino peinado, sin acondicionar para la venta al por menor

51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 51072059 51072091 51072099 51082010 51082090

49

Hilados de lana de ovino o de pelo fino peinado, acondicionados para la venta al por menor

51091010 51091090 51099000

50

Tejidos de lana de ovino o de pelo fino Algodón cardado o peinado

51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 51129098

51

Algodón cardado o peinado

52030000

53

Tejidos de algodón de gasa de vuelta

58030010

54

Fibras artificiales discontinuas, incluidos los desperdicios, cardadas, peinadas o preparadas de otra forma para la hilatura

55070000

55

Fibras sintéticas discontinuas, incluidos los desperdicios, cardadas, peinadas o preparadas de otra forma para la hilatura

55061000 55062000 55063000 55069000

56

Hilados de fibras sintéticas discontinuas (incluidos los desperdicios), acondicionados para la venta al por menor

55081090 55111000 55112000

58

Alfombras, alfombrillas y tapetes de nudo (incluso confeccionados)

57011010 57011090 57019010 57019090

59

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, distintos de las alfombras de la categoría 58

57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 ex57024900 57025010 57025031 57025039 ex57025090 57029100 57029210 57029290 ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 ex57050080

60

Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo, de petit point, de punto de cruz, etc.), incluso confeccionadas

58050000

61

Cintas, cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados, excepto las etiquetas y artículos similares de la categoría 62

Tejidos elásticos y pasamanería (excepto los de punto) fabricados de materias textiles combinadas con hilos de caucho

ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 58063900 58064000

62

Hilados de chenilla o felpilla, hilados entorchados (excepto los hilados metalizados y los hilados de crin entorchados)

56060091 56060099

Tules, tules-bobinots y tejidos de mallas anudadas (red), labrados; encajes (a mano o a máquina) en piezas, tiras o motivos

58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 58042990 58043000

Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, sin bordar, en pieza, en cintas o recortados, de tela

58071010 58071090

Trenzas, artículos de pasamanería y artículos ornamentales análogos, en pieza; bellotas, pompones, borlas y artículos similares

58081000 58089000

Bordados en piezas, tiras o motivos

58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 58109290 58109910 58109990

63

Tejidos de punto de fibras sintéticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso y tejidos de punto con un contenido de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso

59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 60049000

Encajes Raschel y tejidos «de pelo largo» de fibras sintéticas

ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 60053450

65

Tejidos de punto (excepto los de las categorías 38 A y 63), de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

56060010 ex60011000 60012100 60012200 ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 60064300 60064400

66

Mantas y mantas de viaje (excepto las de punto), de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

63011000 63012090 63013090 ex63014090 ex63019090

GRUPO III B

10

Guantes, mitones y manoplas, de punto

17 pares

59

61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 61161080 61169100 61169200 61169300 61169900

67

Complementos (accesorios) de vestir, de punto, que no sean para bebés; ropa de casa de todo tipo, de punto; cortinas y visillos (incluidos guardamalletas, rodapiés de cama y otros artículos de tapicería), de punto; mantas y mantas de viaje, de punto, otros artículos de punto, incluidas las partes de prendas de vestir o sus accesorios

58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 63041100 63049100 ex63052000 63053211 ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 63071010 63079010 ex96190040 ex96190050

67 a)

De los cuales: sacos (bolsas) y talegas para envasar, fabricados con tiras de polietileno o de propileno

63053211 63053310

69

Combinaciones y enaguas, de punto, para mujeres y niñas

7,8

128

61081100 61081900

70

Calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas, de capítulo inferior a 67 decitex (6,7 tex) por hilo sencillo

30,4 pares

33

ex61151010 61152100 61153019

Medias de fibras sintéticas para mujeres

ex61151010 61159691

72

Prendas de baño, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

9,7

103

61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 62111100 62111200

74

Trajes sastre y conjuntos de punto para mujeres y niñas, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, con excepción de los monos y conjuntos de esquí

1,54

650

61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 61042910 ex61042990

75

Trajes completos y conjuntos de punto para hombres y niños, de lana, algodón o fibras sintéticas o artificiales, excepto los monos y conjuntos de esquí

0,80

1 250

61031010 61031090 61032200 61032300 61032900

84

Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares (excepto los de punto), de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

62142000 62143000 62144000 ex62149000

85

Corbatas y lazos similares (excepto los de punto), de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

17,9

56

62152000 62159000

86

Corsés, cinturillas, tirantes, ligas, ligueros y artículos similares, y sus partes, incluso de punto

8,8

114

62122000 62123000 62129000

87

Guantes, mitones y manoplas, excepto los de punto

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62160000

88

Medias, calcetines y salvamedias, excepto los de punto; otros accesorios de vestir, elementos de prendas o de accesorios de vestir, que no sean para bebés, distintos de los de punto

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62171000 62179000

90

Cordeles, cuerdas y cordajes, de fibras sintéticas, trenzados o sin trenzar

56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 56075019 56075030 56075090

91

Tiendas (carpas)

63062200 63062900

93

Sacos (bolsas) y talegas para envasar en tejidos distintos de los obtenidos a partir de tiras o formas similares de polietileno o propileno

ex63052000 ex63053290 ex63053900

94

Guata de materias textiles y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil

56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 56013000 96190030

95

Fieltro y artículos de fieltro, incluso impregnado o recubierto, excepto los revestimientos para suelos

56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 62101010 63079091

96

Tela sin tejer y artículos de esta tela, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada

56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 ex96190040 ex96190050

97

Redes fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes, y redes confeccionadas para la pesca, de hilados, cordeles, cuerdas o cordajes

56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 56081990 56089000

98

Los demás artículos fabricados con hilados, cordeles, cuerdas o cordajes, con exclusión de los tejidos, de los artículos de tejidos y de los artículos de la categoría 97

56090000 59050010

99

Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, del tipo de las utilizadas para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares; transparentes textiles para calcar o dibujar; lienzos preparados para pintar; bucarán y telas rígidas similares de los tipos utilizados en sombrerería

59011000 59019000

Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento o revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados

59041000 59049000

Telas cauchutadas, excepto de punto, con exclusión de las utilizadas para neumáticos

59061000 59069910 59069990

Las demás telas impregnadas o recubiertas; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos, excepto los de la categoría 100

59070000

100

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con derivados de la celulosa o de otras materias plásticas artificiales

59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 59039091 59039099

101

Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, excepto los de fibras sintéticas

ex56079090

109

Toldos de cualquier clase y velas para embarcaciones

63061200 63061900 63063000

110

Colchones neumáticos, tejidos

63064000

111

Artículos para acampar, tejidos, excepto los colchones neumáticos y las tiendas (carpas)

63069000

112

Los demás artículos confeccionados con tejidos, excepto los de las categorías 113 y 114

63072000 ex63079098

113

Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla) franelas para limpieza, excepto los de punto

63071090

114

Tejidos y artículos para usos técnicos

59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 59119090

GRUPO IV

115

Hilos de lino o de ramio

53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 53062090 53089012 53089019

117

Tejidos de lino o de ramio

53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 53110010 ex58030090 59050030

118

Ropa de mesa, de tocador o de cocina, de lino o de ramio, que no sea de punto

63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 ex63029990

120

Cortinas y visillos (incluidos guardamalletas, rodapiés de cama y otros artículos de tapicería), de lino o de ramio, excepto los de punto

ex63039990 63041930 ex63049900

121

Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o sin trenzar, de lino o de ramio

ex56079090

122

Sacos (bolsas) y talegas para envasar, usados, de lino, excepto los de punto

ex63059000

123

Terciopelo y felpa tejidos, tejidos de chenilla, de lino o de ramio, excepto las cintas

58019010 ex58019090

Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de lino o de ramio, excepto los de punto

ex62149000

GRUPO V

124

Fibras sintéticas discontinuas

55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 55051090

125 A

Hilados de filamentos sintéticos (continuos) sin acondicionar para la venta al por menor, excepto los hilados de la categoría 41

54024500 54024600 54024700

125 B

Monofilamentos, tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) e imitación de catgut de materias textiles sintéticas

54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 ex56049010 ex56049090

126

Fibras artificiales discontinuas

55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 55052000

127 A

Hilados de filamentos artificiales (continuos), sin acondicionar para la venta al por menor, excepto los hilados de la categoría 42

54033100 ex54033200 ex54033300

127 B

Monofilamentos, tiras (por ejemplo: paja artificial y similares) e imitación de catgut de materias textiles artificiales

54050000 ex56049090

128

Pelo ordinario cardado o peinado

51054000

129

Hilados de pelo ordinario o de crin

51100000

130 A

Hilados de seda, excepto los hilados de desperdicios de seda

50040010 50040090 50060010

130 B

Hilados de seda, excepto los de la categoría 130 A; «pelo de Mesina» («crin de Florencia»)

50050010 50050090 50060090 ex56049090

131

Hilados de otras fibras textiles vegetales

53089090

132

Hilados de papel

53089050

133

Hilados de cáñamo

53082010 53082090

134

Hilados metalizados

56050000

135

Tejidos de pelo ordinario o de crin

51130000

136

Tejidos de seda o de desperdicios de seda

50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 50079090 58030030 ex59050090 ex59112000

137

Terciopelo, felpa, tejidos de chenilla y cintas de seda o de desperdicios de seda

ex58019090 ex58061000

138

Tejidos de hilados de papel y otras fibras textiles, excepto el ramio

53110090 ex59050090

139

Tejidos de hilos de metal o de hilados metalizados

58090000

140

Tejidos de punto, excepto los de lana, pelo fino, algodón o fibras artificiales o sintéticas

ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 60059090 60069000

141

Mantas y mantas de viaje de materias textiles, excepto las de lana, pelo fino, algodón o fibras artificiales o sintéticas

ex63019090

142

Alfombras y otros revestimientos textiles para el suelo, de sisal, de otras fibras del género Agave o de cáñamo de Manila

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 ex57050080

144

Fieltro de pelo ordinario

ex56021038 ex56022900

145

Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, de abacá (cáñamo de Manila) o de cáñamo

ex56079020 ex56079090

146 A

Cordeles, para atar o engavillar, para máquinas agrícolas, de sisal y de otras fibras del género Agave

ex56072100

146 B

Cordeles, cuerdas y cordajes de sisal u otras fibras del género Agave, que no sean productos de la categoría 146 A

ex56072100 56072900

146 C

Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, de yute y demás fibras textiles de líber de la partida 5303

ex56079020

147

Desperdicios de seda (incluidos los capullos de seda no aptos para el devanado), desperdicios de hilados e hilachas, exceptuados los no cardados ni peinados

ex50030000

148 A

Hilados de yute y demás fibras textiles del líber de la partida 5303

53071000 53072000

148 B

Hilados de coco

53081000

149

Tejidos de yute y demás fibras textiles del líber de anchura superior a 150 cm

53101090 ex53109000

150

Tejidos de yute y demás fibras textiles del líber, de anchura igual o inferior a 150 cm; sacos (bolsas) y talegas para envasar, de yute y demás fibras textiles del líber, excepto los usados

53101010 ex53109000 59050050 63051090

151 A

Revestimientos para el suelo de fibras de coco

57022000

151 B

Alfombras y otros revestimientos textiles para el suelo, de yute y demás fibras textiles del líber, excepto los de pelo insertado o flocado

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900

152

Fieltros punzonados de yute y demás fibras textiles del líber, sin impregnar o recubrir, excepto los recubrimientos para suelos

56021011

153

Sacos (bolsas) y talegas para envasar, usados, de yute y demás fibras textiles del líber de la partida 5303

63051010

154

Capullos de seda aptos para el devanado

50010000

Seda cruda (sin torcer)

50020000

Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado), desperdicios de hilados e hilachas, sin peinar ni cardar

ex50030000

Lana sin cardar ni peinar

51011100 51011900 51012100 51012900 51013000

Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar

51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 51022000

Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados (excepto las hilachas)

51031010 51031090 51032000 51033000

Hilachas de lana o pelo fino u ordinario

51040000

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

53011000 53012100 53012900 53013000

Ramio y otras fibras textiles vegetales, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de ramio distintos del coco y abacá

53050000

Algodón sin cardar ni peinar

52010010 52010090

Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

52021000 52029100 52029900

Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

53021000 53029000

Abacá (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de abacá (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

53050000

Yute y demás fibras textiles de líber (con exclusión del lino, cáñamo y ramio) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

53031000 53039000

Otras fibras textiles vegetales, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

53050000

156

Blusas y «pullovers» de punto, de seda o desperdicios de seda para mujeres o niñas

61069030 ex61109090

157

Prendas de punto, excepto las de las categorías 1 a 123 o de la categoría 156

ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 ex61149000

159

Vestidos, blusas y blusas camiseras (excepto los de punto) de seda o de desperdicios de seda

62044910 62061000

Chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y artículos similares (excepto los de punto), de seda o de desperdicios de seda

62141000

Corbatas, lazos y similares, de seda o de desperdicios de seda

62151000

160

Pañuelos de bolsillo de seda o de desperdicios de seda

ex62139000

161

Prendas de vestir, excepto las de punto y las de las categorías 1 a 123 o de la categoría 159

62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 ex62113900 ex62114900 ex96190050

163

Gasas y artículos de gasa acondicionados para la venta al por menor

3005 90 31

».

2)   El anexo II se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO II

LISTA DE PAISES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2

República Popular Democrática de Corea».

3)   El anexo III se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO III

LÍMITES CUANTITATIVOS ANUALES DE LA UNIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3, APARTADO 1

República Popular Democrática de Corea

Categoría

Unidad

Cantidad

1

toneladas

128

2

toneladas

153

3

toneladas

117

4

1 000 piezas

289

5

1 000 piezas

189

6

1 000 piezas

218

7

1 000 piezas

101

8

1 000 piezas

302

9

toneladas

71

12

1 000 pares

1 308

13

1 000 piezas

1 509

14

1 000 piezas

154

15

1 000 piezas

175

16

1 000 piezas

88

17

1 000 piezas

61

18

toneladas

61

19

1 000 piezas

411

20

toneladas

142

21

1 000 piezas

3 416

24

1 000 piezas

263

26

1 000 piezas

176

27

1 000 piezas

289

28

1 000 piezas

286

29

1 000 piezas

120

31

1 000 piezas

293

36

toneladas

96

37

toneladas

394

39

toneladas

51

59

toneladas

466

61

toneladas

40

68

toneladas

120

69

1 000 piezas

184

70

1 000 piezas

270

73

1 000 piezas

149

74

1 000 piezas

133

75

1 000 piezas

39

76

toneladas

120

77

toneladas

14

78

toneladas

184

83

toneladas

54

87

toneladas

8

109

toneladas

11

117

toneladas

52

118

toneladas

23

142

toneladas

10

151 A

toneladas

10

151 B

toneladas

10

161

toneladas

152

».

4)   El anexo IV se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO V

A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3, APARTADO 3

(Las descripciones de los productos de las categorías que figuran en el presente anexo se encuentran en la sección A del anexo I)

República Popular Democrática de Corea

Categorías:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

».

(1)Posición del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2017.
(2)Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión (DO L 160 de 25.6.2015, p. 1).


Celebración del Acuerdo de continuación del Centro Internacional para la Ciencia y la Tecnología ***
PDF 236k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de continuación del Centro Internacional para la Ciencia y la Tecnología (08558/16 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE)) (Aprobación)
P8_TA-PROV(2017)0007 A8-0363/2016

El Parlamento Europeo,

–   Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08558/2016),

–   Visto el proyecto de Acuerdo de continuación del Centro Internacional para la Ciencia y la Tecnología (12681/2015),

–   Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 31, apartado 1, y el artículo 37, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 180 y 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0214/2016 ),

–   Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–   Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0363/2016 ),

1.   Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de las Partes participantes en el Acuerdo.


Objeciones a un acto delegado: identificación de los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 24 de noviembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))
P8_TA-PROV(2017)0008 B8-0001/2017

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2016)07495),

–   Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión(1) , en particular sus artículos 9, apartado 2, y 64, apartado 5,

–   Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas(2) , en particular su anexo,

–   Vistas la carta conjunta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 19 de septiembre de 2016, relativa al Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2016/1675, y la correspondiente respuesta de la comisaria Jourová, de 26 de octubre de 2016,

–   Vistos el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas hasta ahora por las dos comisiones especiales del Parlamento, la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares y la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales,

–   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de la Comisión COM(2016)0450 , en particular su apartado 3.8 sobre la lista de terceros países de alto riesgo,

–   Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–   Visto el artículo 105, apartado 3, de su Reglamento,

A.   Considerando que el Reglamento Delegado, su anexo y el Reglamento Delegado de modificación tienen como objetivo identificar a los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que representan una amenaza para el sistema financiero de la Unión y que exigen unas medidas de diligencia debida con respecto al cliente reforzadas en las entidades de la Unión obligadas con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 (cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo);

B.   Considerando que el Reglamento Delegado de la Comisión más reciente, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas, ha estado en vigor desde el 23 de septiembre de 2016;

C.   Considerando que el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2016/1675 seguirá en vigor aunque se rechace el Reglamento Delegado de modificación;

D.   Considerando que la lista de países, incluso después de la modificación introducida por el Reglamento Delegado de modificación adoptado por la Comisión el 24 de noviembre de 2016, coincide con los que identificó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su 28ª reunión plenaria celebrada del 19 al 21 de octubre de 2016;

E.   Considerando que, tal como se establece en el considerando 28 de la cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo y se repite en el memorándum explicativo (C(2016)4180) del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2016/1675, la evaluación de la Comisión es un proceso autónomo; que la Comisión es, por lo tanto, libre de ir más allá de las normas del GAFI, manteniendo a un tercer país en su lista incluso si lo ha excluido el GAFI, o incluyendo a otros terceros países siempre que esto cumpla los criterios específicos establecidos en el artículo 9, apartado 2, de la cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo;

F.   Considerando que la evaluación de la Comisión es un proceso autónomo que debe llevarse a cabo de manera exhaustiva e imparcial, evaluando a todos los terceros países a partir de los mismos criterios definidos en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849;

G.   Considerando que la evaluación de la Comisión debe ser un proceso totalmente independiente y no politizado;

H.   Considerando que la Comisión establece, en su carta de 26 de octubre de 2016, que debe identificar a los países de alto riesgo basándose exclusivamente en los motivos que se enumeran en el artículo 9, apartado 2, de la cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo relativos únicamente a las deficiencias de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

I.   Considerando que las pruebas reunidas por la Comisión Especial del Parlamento sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares y la Comisión de Investigación del Parlamento Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales, indican que puede haber efectivamente deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en lo que se refiere a varios aspectos del artículo 9, apartado 2, en países no incluidos en la presente lista de terceros países de alto riesgo;

J.   Considerando que, además, el Parlamento considera que la lista de criterios del artículo 9, apartado 2, de la cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo no es exhaustiva («en particular»), y que delitos cualificados relacionados con el blanqueo de capitales, como los delitos fiscales, entran en el ámbito de estos criterios y deberían tenerse debidamente en cuenta en el proceso autónomo de la Comisión;

K.   Considerando que el Parlamento está de acuerdo con la opinión expresada por la Comisión, en su carta de 26 de octubre de 2016, en el sentido de que la evasión fiscal y el blanqueo de capitales no siempre coinciden, pero que está en profundo desacuerdo con la posibilidad de una distinción absoluta entre jurisdicciones que no cooperen en materia fiscal y las deficiencias relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular cuando se trata de requisitos para comunicar operaciones sospechosas;

L.   Considerando que el Parlamento espera que la Comisión lleve a cabo su propia evaluación y no se base exclusivamente en fuentes de información externas;

1.   Presenta objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y la informe de que el Reglamento Delegado no puede entrar en vigor;

3.   Pide a la Comisión que presente un nuevo acto delegado que tenga en cuenta las reservas mencionadas;

4.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 141, 5.6.2015, p. 73.
(2) DO L 254 de 20.9.2016, p. 1.


Logística en la Unión y transporte multimodal en los nuevos corredores de la RTE-T
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre la logística en la Unión y el transporte multimodal en los nuevos corredores de la RTE-T (2015/2348(INI) )
P8_TA-PROV(2017)0009 A8-0384/2016

El Parlamento Europeo,

–   Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible(1) ,

–   Vista su Resolución, de 2 de diciembre de 2015, sobre movilidad urbana sostenible(2) ,

–   Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre el transporte de mercancías en Europa(3) ,

–   Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre la logística del transporte de mercancías en Europa – la clave para la movilidad sostenible(4) ,

–   Vistos el Reglamento (UE) n.º 1315/2013(5) y el Reglamento (UE) n.º 1316/2013(6) ,

–   Visto el Reglamento (UE) n.º 913/2010(7) ,

–   Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Acelerar la transición de Europa hacia una economía hipocarbónica» (COM(2016)0500 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones» (COM(2016)0501 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: Hacia una segunda fase del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores» (COM(2016)0581 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2016, titulada «Estrategia de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas» (COM(2016)0049 ),

–   Vista la Declaración Ministerial de Róterdam, de 20 de junio de 2016, sobre la ejecución de la red transeuropea de transportes (RTE-T)(8) ,

–   Vistos los documentos temáticos preparados por los Coordinadores europeos sobre los corredores de la RTE-T para las jornadas sobre las RTE-T de 2016 celebradas en Róterdam(9) ,

–   Vistos los Planes de Trabajo de Corredores, redactados por los Coordinadores europeos de la RTE-T,

–   Visto el Informe especial n.º 08/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Transporte de mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no avanza por la buena vía»(10) ,

–   Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0384/2016 ),

A.   Considerando que la eficiencia y la innovación del transporte y la logística son fundamentales para el correcto funcionamiento del mercado interior de la Unión y son importantes para garantizar la competitividad, crear nuevas oportunidades empresariales y de empleo, proteger el medio ambiente y atenuar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en el transporte;

B.   Considerando que el tercer objetivo del Libro Blanco de la Comisión sobre el Transporte consiste en transferir a otros modos más sostenibles, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del transporte de mercancías por carretera mayor de 300 km y, para 2050, más del 50 %, lo que requiere también desarrollar la infraestructura adecuada; que la política europea de transporte y la RTE-T pueden contribuir sustancialmente al logro de los objetivos climáticos de la Unión y de los objetivos del Acuerdo de París de la COP21;

C.   Considerando que la política de logística de la Unión, orientada hacia el futuro, debe esforzarse por ayudar al sector de la logística a mantener su competitividad y su contribución global al crecimiento económico de la Unión teniendo en cuenta la evolución de las tendencias tecnológicas, económicas y sociales y las relaciones comerciales a nivel mundial;

D.   Considerando que la política de la RTE-T aspira a posibilitar un transporte eficiente, inteligente y sostenible, y que una logística orientada hacia el futuro y unas soluciones multimodales de transporte requieren especialmente una cooperación intersectorial;

E.   Considerando deben priorizarse las conexiones de transporte multimodal entre puertos, aeropuertos, plataformas multimodales y los principales corredores de la RTE-T, así como otras secciones, para impulsar la economía de la Unión y la creación de puestos de trabajo;

F.   Considerando que los principales corredores de la RTE-T estimulan las sinergias a través de un mayor énfasis en terminales y nodos urbanos, así como la integración de sistemas de transporte con combustible inteligente y limpio, y que la función de acceso complementario a la red completa es asimismo vital;

G.   Considerando que siguen existiendo grandes diferencias respecto al nivel de productividad y eficiencia del transporte entre los Estados miembros, como reflejo de su fortaleza económica, el papel de su industria, sus condiciones geográficas, la calidad de sus infraestructuras y su densidad de población;

H.   Considerando que con los vehículos aéreos no tripulados (drones) de transporte se abren nuevas posibilidades para el transporte de mercancías en la cadena logística pero que, con el fin de explotar todo su potencial, se requiere, además de un fundamento jurídico armonizado, una integración sin fisuras en los modos de transporte tradicionales para poder garantizar la competitividad europea también en el futuro;

I.   Considerando que el nivel de ejecución actual de los corredores prioritarios fijados en la red europea de transporte podría tener un gran impacto positivo en la economía de países que han sido gravemente afectados por la crisis económica;

J.   Considerando los problemas detectados en el transporte de mercancías vinculados con diferentes voltajes en las conexiones transfronterizas;

K.   Considerando que actualmente la normativa sobre transporte está vinculada al medio de transporte y se incluye en el ámbito de competencias de diferentes organismos internacionales, como la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

Logística de la Unión y necesidad de medidas adicionales en el programa de la RTE-T

1.   Hace hincapié en la importancia de garantizar la libre circulación de personas, bienes y servicios, por ejemplo mediante un sistema de transporte de mercancías eficiente y sostenible, en aras del desarrollo del mercado interior, de la prosperidad y de la cohesión económica, social y territorial de la Unión;

2.   Considera que un sistema de infraestructuras de la Unión sin fisuras aportará beneficios al sector de la logística y, por consiguiente, también al desarrollo y crecimiento regional únicamente si se aplica conforme a la legislación de la Unión y es coherente con esta y con la política de la RTE-T ya adoptada; insta a los Estados miembros a transponer correctamente la legislación al Derecho nacional sin que se obstaculice el libre intercambio de bienes; pide a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos para la aplicación y el cumplimiento de la legislación europea y se abstengan de introducir nuevas barreras; insta a la Comisión a que lleve al Tribunal de Justicia a los Estados miembros que demoren o modifiquen la aplicación de la legislación de la Unión, y a que promueva la acción de todos los demás agentes relevantes para evitar dichas demoras o modificaciones;

3.   Manifiesta su preocupación por el impacto negativo en el sector de la logística y, por consiguiente, también en el desarrollo y crecimiento regional de los cierres de fronteras interiores a causa de la crisis humanitaria y migratoria y la amenaza terrorista en la Unión; pide a los Estados miembros y a la Comisión que en lo posible prevengan los daños colaterales en los flujos de mercancías cuando propongan ese tipo de medidas; insta a la Comisión a que, en caso de una obstaculización intencionada de la circulación de mercancías, adopte medidas disciplinarias contra los Estados miembros que impidan la libre circulación;

4.  Subraya que la logística desempeña un papel fundamental, no reconocido suficientemente, a la hora de garantizar unas operaciones de transporte de mercancías eficaces y sostenibles en la Unión; subraya la necesidad de que se desarrolle una estrategia renovada de la Unión para la logística del transporte de mercancías,

   que tenga en cuenta la nueva política de infraestructuras de la RTE-T,
   que tenga por objeto seguir reduciendo los obstáculos reglamentarios, técnicos y operativos,
   que esté concebida para garantizar un uso óptimo de los recursos,
   que esté destinada a la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que mejorarán los resultados del sector y acelerarán la transición hacia un sistema de transporte seguro y con bajas emisiones de carbono,
   que tenga por objeto aumentar la conectividad y el desarrollo de las infraestructuras en aquellas zonas que precisen de ello,
   que promueva y apoye la industria de suministro ferroviario europea, y que fomente una política europea de reindustrialización ferroviaria, con una perspectiva en la que todos ganen, para hacer que la logística de la Unión sea más sostenible y obtener una mejor posición competitiva de los productos ferroviarios en el mercado mundial,
   que considere desde el principio los vehículos aéreos no tripulados como futuro modo de transporte,
   que promueva un desarrollo continuo de la investigación y la formación académica en el sector de los transportes y la logística, y
   que presente un estudio científico independiente que exponga detalladamente el alcance y los costes de una posible transferencia del transporte de mercancías por carretera al transporte ferroviario y por vías navegables interiores antes de 2030 y antes de 2050, y hasta qué punto esta medida puede prevenir cargas medioambientales, tales como el ruido y la contaminación atmosférica;

5.   Hace hincapié en que la ejecución de la RTE-T, con especial atención a las conexiones transfronterizas, dentro de los plazos establecidos y concluida para el 2030, reducirá los cuellos de botella, mejorará la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte y contribuirá a una integración multimodal de transporte de mercancías en la Unión; recuerda que debe ponerse en marcha una planificación nacional en la red global, en coherencia con la red principal, para integrarse en las infraestructuras nacionales, regionales y locales, que deberá estar finalizada para el 2050 a más tardar;

6.   Celebra el mayor énfasis, dentro del enfoque de corredores de la red principal, a fin de mejorar la calidad de los nodos de transporte y sus conexiones de « último kilómetro », identificar y superar las barreras de interoperabilidad, mejorar e innovar las soluciones en materia de TIC y colmar cualquier otra brecha (física, técnica u organizativa) que pueda obstaculizar un servicio logístico de mercancías óptimo;

7.   Recuerda, en este contexto, la importancia de los nodos urbanos, donde se encuentra una gran parte de los modos de transporte (puertos, aeropuertos, terminales de enlace, terminales logísticos, etc.) y en los que tienen lugar los transbordos y las distribuciones de « último kilómetro », ya que son la clave de todas las cadenas logísticas, requiriendo una mayor atención para garantizar una logística urbana óptima; recalca la importancia de las inversiones en estos nodos urbanos, así como de la promoción de las conexiones ferroviarias con plantas industriales y de una mejor interconectividad del ferrocarril con los puertos marítimos, los puertos fluviales y las zonas del interior; pide a la Comisión que dé prioridad a estas inversiones en la revisión del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) de 2017;

8.   Señala que la falta de armonización eficaz, de una aplicación a su debido tiempo por parte de los Estados miembros y de una cooperación política equitativa entre Estados miembros vecinos puede obstaculizar los proyectos transfronterizos; celebra el creciente interés de las instituciones europeas en apoyar las infraestructuras e instalaciones transfronterizas, en particular los enlaces regionales transfronterizos por ferrocarril de importancia significativa y con valor añadido para la Unión; subraya que debe subsanarse el problema de los enlaces que faltan en la infraestructura ferroviaria en las regiones transfronterizas de modo que se permita un transporte ferroviario eficiente y eficaz; pide a la Comisión, a los Coordinadores europeos y a las partes interesadas que presten igual importancia a los proyectos de la RTE-T de menor y de mayor tamaño, así como a los beneficios a corto, medio y largo plazo que pueden generarse de tales proyectos; anima a los agentes a que promuevan las ganancias a corto plazo; alienta a la Comisión a que facilite y garantice su inclusión en la financiación del MCE;

9.   Considera que, si bien la red global es fundamentalmente responsabilidad de los Estados Miembros, con miras a no excluir la conectividad de algunas zonas de la Unión, los dos niveles de la RTE-T son cruciales para la logística de la Unión, al aportar capilaridad a la red principal realizar la distribución de «último kilómetro»; opina que las redes regionales no deben dejarse fuera del ámbito europeo, en particular en términos de financiación y medidas reglamentarias, sobre todo por lo que se refiere al acceso a la red ferroviaria, la asignación de franjas horarias y las tasas; subraya que debe subsanarse el problema de los enlaces que faltan en la infraestructura ferroviaria en las regiones transfronterizas de modo que se permita un transporte ferroviario transfronterizo eficiente y eficaz;

10.   Desea señalar el papel fundamental de la multimodalidad en la logística del transporte de mercancías y pide, por tanto, una mayor integración de las plataformas multimodales tanto en la planificación de los Estados miembros como en el desarrollo posterior de los corredores;

11.   Toma nota de que una gran parte de los nodos y del tráfico de mercancías en la RTE-T se concentra en zonas muy pobladas y en redes densas, incluidas zonas transfronterizas, cuya capacidad es compartida con el tráfico de viajeros; considera necesario optimizar la configuración de las infraestructuras de transporte de mercancías en la RTE-T, en particular en zonas muy congestionadas, a fin de incluir estrategias innovadoras de logística urbana; pide a la Comisión que, en coordinación con los Coordinadores europeos, evalúen la progresión de la ejecución de los proyectos e insten a los Estados miembros a que cumplan; pide asimismo a la Comisión que vuelva a evaluar la metodología y los criterios para el establecimiento de las redes de transporte de mercancías y que garantice inversiones sobre todo en rutas alternativas con nodos, terminales, aeropuertos y puertos menos congestionados, prestando también atención a la protección del medio ambiente y la reducción del ruido;

12.   Lamenta que los planes de infraestructuras nacionales de los Estados miembros se decidan demasiado a menudo sin hacer referencia a los objetivos de la RTE-T; insta a la Comisión a que examine los motivos de esta falta de cooperación y mejore la coordinación entre los dos niveles de planificación, y propone que se añada al Semestre Europeo un capítulo dedicado a la supervisión de su coherencia y clara eficacia con las medidas correctoras adecuadas; pide a la Comisión que dé prioridad a los proyectos de los Estados miembros que estén en consonancia con la RTE-T y centre sus esfuerzos en aquellos que revistan mayor valor añadido europeo, además de supervisar los proyectos transfronterizos de transporte; insta a los Estados miembros a que decidan sus planes de infraestructura nacionales de acuerdo con los objetivos de la RTE-T;

13.   Toma nota de que los Estados miembros que sufren dificultades económicas y presupuestarias no pueden cofinanciar proyectos de transporte de mercancías como consecuencia de una interpretación estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; aboga por el uso optimizado de los regímenes de financiación pública y privada, también a la vista de combinar el Mecanismo «Conectar Europa» y el programa Horizonte 2020 con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y otros instrumentos financieros; considera que los proyectos gestionados en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» deben excluirse del cálculo de la deuda pública; insta a la Comisión a que elabore un estudio para evaluar si semejante medida es apropiada para elevar significativamente las inversiones en infraestructuras de transporte de mercancías;

14.   Considera que para poder contar con un sistema de logística eficiente en la Unión es necesaria una mayor coordinación más allá de la conectividad física y de una RTE-T operativa; pide a la Comisión que convierta la logística en parte integrante de los corredores de la red principal, aumente su coordinación con las autoridades nacionales, regionales y locales y, en este contexto, se centre asimismo en la interconectividad entre los diferentes corredores y las redes regionales y urbanas de transporte de mercancías; pide a la Comisión que refuerce el ámbito de acción de los Coordinadores europeos de la RTE-T para que miren más allá del alcance geográfico de los corredores bajo su respectiva responsabilidad, y abarque asuntos de política horizontal como la multimodalidad y una logística de transporte de mercancías eficiente; pide a la Comisión que evalúe cada dos años este trabajo sobre logística y multimodalidad en los corredores;

15.   Considera que un mantenimiento insuficiente de la red puede afectar a la sostenibilidad y al rendimiento de la infraestructura de la RTE-T; hace hincapié en que la infraestructura de transporte no solo tiene que ser renovada y modernizada, sino también debe ser regularmente mantenida; toma nota con preocupación de que la falta persistente de atención de los agentes de infraestructura y los Estados miembros por el mantenimiento reduce la competitividad de las líneas (restricciones de velocidad, fiabilidad, seguridad), particularmente en el caso de los ferrocarriles, llegando en ocasiones al cierre de líneas; pide a la Comisión y a los Estados miembros, junto con el BEI, que estudien nuevos regímenes de financiación para facilitar las inversiones en el mantenimiento de la red;

16.   Pide a la Comisión que informe regularmente al Parlamento sobre las conclusiones y las medidas adoptadas en el Foro de Transporte y Logística Digitales para apoyar ulteriormente la digitalización del transporte de mercancías y la logística; aboga por la continuidad de dicho foro, en la medida en que siga resultando útil;

17.   Subraya que es necesario garantizar que la infraestructura prevista satisfaga las necesidades reales en materia de logística sostenible y no suponga una carga insostenible para el medio ambiente; destaca, a este respecto, que la protección de la biodiversidad y la consecución de los objetivos de la Unión en materia de conservación deben integrarse mucho mejor en la planificación y aplicación de la RTE-T;

Mejora de la simplificación y un nuevo marco para la digitalización 

18.   Hace hincapié en la necesidad de una mayor simplificación de los documentos y los procedimientos administrativos y aduaneros para todos los modos y en todas las fases de la cadena de logística; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco del Acuerdo sobre la mejora de la legislación, analicen la legislación redundante de la Unión sobre el transporte y la movilidad, realicen un seguimiento de las normas nacionales, regionales y locales que puedan entrar en contradicción con el Derecho de la Unión y, en caso de contradicción, las armonicen lo antes posible con la legislación de la Unión; pide que la Comisión informe anualmente de los progresos en este ámbito;

19.   Insta a la Comisión a que, antes de finales de 2017, proponga un marco digital para el intercambio electrónico de información y la gestión del transporte para el transporte multimodal (porte electrónico) con el fin de facilitar un flujo de información simplificado, sin papel, sin fisuras, transparente, seguro y fiable entre las empresas, los clientes y las autoridades, que se base en los servicios establecidos (como SafeSeaNet, RFID, e-Manifest, sistema de información fluvial (RIS), aplicaciones telemáticas para el transporte de mercancías (TAF), sistema de transporte inteligente (ITS)); pide a la Comisión que garantice una aplicación armonizada de los documentos de transporte electrónicos, los sistemas antifraude y la ciberseguridad;

20.   Insta a los Estados miembros a que acepten los documentos electrónicos de transporte en general y a que ratifiquen y apliquen el protocolo e-CMR sin demora;

21.   Subraya la importancia de la innovación en el uso de nuevas tecnologías como la digitalización (por ejemplo, las cartas de porte electrónicas), el acceso a los datos y el intercambio de datos, mientras se mantenga un alto nivel de ciberseguridad y de protección de datos, que permita unas soluciones de transporte y de logística más eficientes, siempre que se garantice la interoperabilidad y un acceso equitativo y no discriminatorio; pide a la Comisión que presente propuestas para garantizar la integración, la accesibilidad y la protección de datos relativos a la logística y el transporte de mercancías;

22.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros, a fin de garantizar un trato no discriminatorio en el intercambio de información por medios digitales, que prevean un sistema de inversiones centrado en la formación informática inicial y la actualización constante de las plataformas utilizadas para el intercambio de datos;

23.   Subraya el papel que la investigación y la innovación pueden desempeñar en el desarrollo de una logística digitalizada y sostenible desde un punto de vista ambiental, así como de una mayor interoperabilidad e interconectividad de los sistemas y servicios informáticos;

24.   Destaca la necesidad de seguir desarrollando sistemas de información y comunicación, con el pleno despliegue de los sistemas europeos de navegación por satélite Galileo y EGNOS y de los sistemas correspondientes de gestión e información de tráfico en todos los modos de transporte y la logística, poniendo a disposición todas las herramientas financieras disponibles para alentar la inversión privada;

25.   Pide a los Estados miembros que velen por unos procedimientos administrativos rápidos, con la finalidad de acelerar la implementación de los corredores de la RTE-T; pide a la Comisión que garantice que las normativas en materia de SGP, ayudas estatales y mercados financieros no obstaculicen las inversiones;

Configuración del sistema europeo de transportes e inversión en este ámbito con la logística como eje central

26.   Subraya la necesidad de garantizar suficiente financiación de la Unión para la ejecución de la RTE-T más allá del actual MFP; espera que la Comisión presente la revisión intermedia del MEC en 2017 proponiendo una racionalización de las medidas y los recursos para la ejecución de los proyectos prioritarios en los plazos oportunos; insiste en la cláusula «se usan o se pierden», en virtud de la cual los fondos del MCE no gastados no están disponibles para las siguientes convocatorias de propuestas; insta a la Comisión a que evalúe una propuesta de convocatoria específica sobre logística en 2017 que incluya el transporte multimodal, así como soluciones para el transporte de mercancías en los nodos urbanos, en particular los transportes innovadores y alternativos (como vehículos aéreos no tripulados, vehículos de carga propulsados por combustibles alternativos, bicicletas de carga, etc.);

27.   Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a efectuar las inversiones necesarias para finalizar las conexiones de los principales corredores de la Unión;

28.   Recuerda la importancia de los nodos urbanos en toda la cadena de logística, donde tiene lugar una parte importante de los transbordos y las distribuciones de «último kilómetro»; pide a los Estados miembros, a la Comisión y a los promotores de proyectos que, por lo que se refiere a los corredores de la red principal de la RTE-T, se centren en el desarrollo coordinado de proyectos que promuevan la multimodalidad en la logística de transporte de mercancías, en particular terminales centrales, plataformas logísticas y nodos urbanos, basados en la demanda actual y futura de transporte y en unas prioridades adecuadamente establecidas por lo que se refiere al impacto local, transfronterizo y de corredor;

29.   Considera que la fiabilidad, la frecuencia, la flexibilidad, la orientación al cliente, el tiempo y el precio de transporte son los factores principales que tienen en cuenta los transportistas a la hora de elegir entre los diferentes métodos de transporte disponibles;

30.   Considera que un sistema de logística eficiente debe orientarse asimismo a las tecnologías del futuro, que permitan unos modos de transporte de mercancías rápidos, ecológicos y eficaces; destaca el potencial y el creciente papel de la automatización y la autonomización en el transporte con fines logísticos, en particular los vehículos autónomos, los vehículos aéreos no tripulados y los robots por control remoto;

31.   Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la automatización y su impacto en su estrategia sobre logística, velando por una integración fluida y eficaz de la misma en la RTE-T, y apoye la investigación y la inversión para el desarrollo de estas tecnologías fundamentales;

32.   Hace hincapié en el potencial del transporte automatizado y autónomo, así como de los vehículos aéreos no tripulados, en la logística; pide que se adopten medidas para garantizar, en caso de utilizar sistemas de transporte inteligente (ITS) en la red, que los vehículos y sistemas automatizados se relacionen con fluidez con los vehículos convencionales y los usuarios vulnerables; opina que el futuro desarrollo y el uso generalizado de robots y sistemas de vehículos aéreos no tripulados hacen prever unos modos de transporte de mercancías nuevos, rápidos, ecológicos y eficientes; pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia que garantice la integración eficiente de los vehículos aéreos no tripulados en el programa de la RTE-T y que elabore una guía al respecto para los Estados miembros;

33.   Pide a la Comisión que considere los efectos sobre el medio ambiente de la difusión de las prácticas «justo a tiempo», debido al consiguiente aumento de los vehículos en circulación;

34.   Resalta la necesidad de integrar los elementos de los flujos de logística de distribución y logística inversa a fin de reducir el volumen total de movimientos de vehículos de transporte de mercancías, con vistas también a la progresiva transición a una economía circular;

Integración urgente y más eficiente de los modos de transporte

35.   Destaca la necesidad de concentrar notables esfuerzos en la revitalización de las vías férreas y en el refuerzo de las vías navegables interiores como elementos prioritarios de la estrategia de transporte sostenible de la Unión; cree que, puesto que desde el inicio de la crisis económica las líneas de ferrocarril, en particular, han ido registrando una pérdida constante de cuotas de mercado, los Estados miembros y la Comisión deben proponer nuevas iniciativas no discriminatorias encaminadas a apoyar el desarrollo de este sector en toda Europa;

36.   Pide a la Comisión que fomente la competitividad del transporte de mercancías por ferrocarril, mediante redes ferroviarias plenamente interoperables e interconectadas y garantizando la igualdad de acceso a las empresas, y de las vías navegables interiores y el transporte marítimo-fluvial, marítimo y aéreo, permitiendo que cada modo opere en igualdad de condiciones, así como que promueva los transportes multimodales e intermodales;

37.   Considera que el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) es un exitoso proyecto europeo para la promoción del transporte de mercancías en el sector ferroviario, y celebra los esfuerzos encaminados a acelerar su despliegue mediante el establecimiento de etapas por corredor; es consciente de las limitaciones que afectan a la financiación de los proyectos multinacionales y multinivel (ERTMS); pide a la Comisión y al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión que presenten soluciones de financiación específicas para facilitar el acceso al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas con miras a financiar la implantación del ERTMS a favor tanto de la infraestructura como de las instalaciones locomotoras;

38.   Considera que los obstáculos y las limitaciones de interoperabilidad se reducirán considerablemente con la aplicación de la Directiva de interoperabilidad por parte de todos los Estados miembros; subraya, por otra parte, que las medidas indicativas como el material rodante interoperable (vagones bajos, locomotoras de ancho múltiple, etc.) también pueden contribuir a aliviar las restricciones de interoperabilidad; insta a Shift2Rail a que analice el mercado de la Unión, así como su futura evolución, y a que incentive la disponibilidad de soluciones indicativas de infraestructura y material rodante de operabilidad múltiple para apoyar el transporte multimodal y combinado;

39.   Señala la necesidad de reforzar el transporte combinado y modernizar las actuales normas de la Unión, incluidas las que regulan el transporte de documentos y el cabotaje dentro de la Unión para que sean claras, comprensibles y de fácil aplicación para las autoridades; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la Directiva 92/106/CEE del Consejo, y la insta a que presente la revisión sin demora;

40.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, sin comprometer la seguridad global, introduzcan medidas e incentivos más sólidos y eficaces para incitar a las empresas ferroviarias a reducir el ruido producido por el transporte de mercancías por ferrocarril dados los efectos perjudiciales de la contaminación acústica para la salud, teniendo en cuenta, en particular, que prácticamente siete millones de personas en la Unión están expuestas a niveles de ruido ferroviario superiores al umbral límite de exposición, sobre todo en las zonas urbanas; insta, a este respecto, a la Comisión a que introduzca valores límite de emisión de ruido en el transporte ferroviario de mercancías;

41.   Considera que se debe incentivar el paso al transporte por ferrocarril y vías navegables, ya que descongestiona el tráfico por carretera y es menos contaminante que este;

42.   Considera que las vías navegables interiores deben jugar un papel más importante en el servicio de transporte de los puertos marítimos como centros logísticos, en particular a través del transporte de mercancías en el interior del territorio y la creación de conexiones con los mares europeos;

43.   Celebra los primeros pasos de la Comisión para introducir las normas sobre el combustible para vehículos comerciales pesados y los límites de CO2, así como el objetivo de reducción de otros gases de efecto invernadero para el sector de transporte de mercancías por carretera en base al Acuerdo de París; opina que solo deberán tenerse en cuenta medidas que requieren una revisión de la infraestructura y las normas operativas de la RTE-T en el caso de que otras alternativas, tales como reducir «los retornos de vacío», una mejor utilización y disponibilidad de combustibles alternativos o una mejor logística y trenes motrices, no puedan lograr una mayor eficiencia con menos impacto en la infraestructura y en el medio ambiente;

44.   Pide a la Comisión que estudie la viabilidad de establecer un método de medición único y común de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro y para el conjunto de soluciones de transporte modal;

45.   Pide a la Comisión que aliente el desarrollo de modos de transporte eléctricos y propulsados por combustibles alternativos y la infraestructura asociada a lo largo de toda la RTE-T y que fomente, en especial en los centros urbanos, la elaboración de proyectos de transporte innovador, como, por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos y de fuentes de energía renovables y el desarrollo de combustibles alternativos y las infraestructuras correspondientes; destaca que el uso de vehículos comerciales ligeros eléctricos en logística del último kilómetro reduce las emisiones de CO2 en general y las emisiones contaminantes y acústicas locales en particular, y, por consiguiente, contribuye de forma positiva a la calidad del aire urbano; señala, en consecuencia, la necesidad de infraestructuras de carga en los centros de logística;

46.   Considera que es necesario adoptar más medidas suplementarias para que el transporte por carretera sea más eficiente y respetuoso con el medio ambiente en la cadena logística; propone aligerar las restricciones de circulación y garantizar la continuidad y la plena eficiencia de la logística en los corredores de la red principal para los vehículos industriales pesados que transporten carga y estén propulsados por combustibles alternativos limpios que cumplan los estándares más elevados en materia de emisiones, ruido, seguridad y normativa social; insiste en que, al menos, los corredores de la red principal deben incluir de forma generalizada otras estaciones de servicio y zonas de estacionamiento seguras para los camiones, que ofrezcan las instalaciones necesarias para que los conductores profesionales puedan cumplir sus periodos de descanso en condiciones dignas;

47.   Considera que la adopción de sistemas de propulsión más limpios en el transporte de mercancías debe reforzarse mediante el despliegue coordinado y urgente de una infraestructura de combustible alternativo en los corredores de la RTE-T, de conformidad con la legislación de la Unión;

48.   Subraya la importancia que reviste mejorar el suministro de información sobre los servicios multimodales y logísticos de la Unión, así como el acceso a dicha información, especialmente en lo que respecta a las pymes que tienen un acceso limitado a la misma; pide a la Comisión que, en colaboración con los operadores de la red, facilite el intercambio de los acuerdos vigentes, las herramientas, los convenios, la legislación y las mejores prácticas en materia de transporte multimodal en la Unión;

49.   Destaca el papel de la digitalización de los servicios para favorecer las soluciones de transporte multimodal que más respetan el medio ambiente; pide por tanto a la Comisión que facilite, también a través de un enfoque legislativo coherente a escala de la Unión, el acceso a la información relativa a los flujos de tráfico en los corredores y al uso de los transportes multimodales, así como el intercambio de dicha información, sobre todo para las pymes, y que promueva una mayor participación de los operadores locales y las autoridades públicas del sector, a fin de hacer posibles una mejor gestión de la cadena de abastecimiento y un uso más eficaz de los recursos y las infraestructuras, en particular mediante la puesta en común de buenas prácticas; subraya que el acceso a esta información relativa a estos flujos de tráfico por parte de agentes como los proveedores de servicios de navegación y de mapas digitales resulta fundamental para posibilitar el transporte intermodal, unas rutas más eficientes, la conducción automatizada y los sistemas de transporte inteligentes, así como el platooning (acumulación de varios vehículos) en el transporte de mercancías por carretera, que permite utilizar mejor los efectos aerodinámicos entre vehículos y, con ello, reducir las emisiones y aumentar la capacidad de las carreteras;

50.   Recomienda que se imponga con carácter obligatorio la instalación de dispositivos de bloqueo en caso de consumo de alcohol —con un pequeño margen de tolerancia en la medición basado en datos científicos— en todos los tipos nuevos de vehículos de transporte de mercancías;

Mejores condiciones de empleo y formación para atraer a nuevos profesionales

51.   Toma nota que las condiciones de trabajo y de vida de la mano de obra en la cadena logística se han deteriorado considerablemente en los últimos años, reduciendo el atractivo de este sector para las nuevas generaciones, en particular para los trabajadores móviles;

52.   Observa con preocupación que el sector logístico se ve confrontado a una escasez de mano de obra, que el desarrollo tecnológico planteará nuevos desafíos en los próximos años y que la lenta adaptación de la mano de obra a las nuevas tecnologías, en particular las digitales, podría socavar el rendimiento del sector; pide a la Comisión que defina las necesidades de aprendizaje y formación a escala de la Unión, así como las condiciones laborales, los costes y los obstáculos que desincentivan la mano de obra en el sector del transporte, y que proponga con carácter de urgencia medidas dirigidas a conferir a dicho sector un mayor atractivo para los jóvenes y las generaciones futuras; considera que este proceso brinda la oportunidad de aumentar el porcentaje de mujeres, en particular mediante medidas de discriminación positiva, y de nuevos participantes en el mercado de trabajo del transporte, por ejemplo ciudadanos de terceros países; considera, por otra parte, que los esfuerzos estratégicos destinados a promover la formación y mejorar las condiciones de trabajo deben incluir, además, iniciativas para el desarrollo de conocimientos dentro del sector público a fin de poder incorporar mejor las cuestiones relacionadas con el transporte de mercancías en la planificación de la sociedad, así como el desarrollo de escenarios de demostración y de pruebas donde los resultados de la investigación y la innovación en materia de transporte de mercancías y logística se puedan aplicar y poner a prueba en circunstancias reales;

53.   Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de efectuar inversiones financieras en la formación dual y profesional en el sector de los transportes;

54.   Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten aparcamiento suficiente y seguro en los corredores de la RTE-T para evitar los crecientes problemas de seguridad con los trabajadores móviles del sector de los transportes;

55.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las recientes recomendaciones del Parlamento sobre los aspectos socioeconómicos en el sector de los transportes y sobre la lucha contra las prácticas desleales en el mercado laboral; toma nota de que la legislación relativa a las condiciones sociales y laborales debe respetar todas las libertades fundamentales de la Unión y no restringir la competencia leal ni generar más cargas administrativas;

Necesidad de una mejor información estadística en materia de logística

56.   Subraya la necesidad de un transporte intermodal y unas estadísticas de rendimiento mejores en el sector de la logística para facilitar el pronóstico y la revisión de la política y de las medidas de inversión, así como para ofrecer información valiosa a los operadores; pide a la Comisión que coopere con las partes interesadas para desarrollar un marco a escala de la Unión de cara a unos datos estadísticos sobre el transporte multimodal y la logística, incluida la elaboración de nuevos indicadores que reflejen mejor las tendencias reales del transporte de mercancías;

o
o   o

57.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0310 .
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0423 .
(3) DO C 295 E de 4.12.2009, p. 79.
(4) DO C 187 E de 24.7.2008, p. 154.
(5) DO L 348 de 20.12.2013, p. 1.
(6) DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
(7) DO L 276 de 20.10.2010, p. 22.
(8) https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/06/20/ministerial-declaration-on-implementing-ten-t.
(9) http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2016-06-20-ten-t-days-2016/issues-papers.pdf .
(10) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_ES.pdf .


Un pilar europeo de derechos sociales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales (2016/2095(INI) )
P8_TA-PROV(2017)0010 A8-0391/2016

El Parlamento Europeo,

–   Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Visto el artículo 9 del TFUE, que impone a la Unión la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social, y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana,

–   Vistos los artículos 151 a 156 del TFUE,

–   Vista la Declaración de 9 de mayo de 1950, que pedía «la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores»,

–   Vistos la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada, que entró en vigor el 1 de julio de 1999, en particular su parte I, su parte II y los artículos 2, 4, 16 y 27 de esta última, sobre el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato,

–   Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por la Unión en 2010,

–   Vista la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 1990,

–   Vista la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, adoptada el 9 de diciembre de 1989,

–   Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, adoptados por las Naciones Unidas en 2015 y aplicables en todo el mundo, incluida la Unión,

–   Vista la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE(1) ,

–   Vistos los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

–   Visto el Código Europeo de Seguridad Social del Consejo de Europa y su Protocolo, que constituye un instrumento europeo fundamental de armonización mínima de los sistemas de seguridad social que proporciona normas mínimas y permite a las partes contratantes adoptar normas más estrictas,

–   Visto el informe de la experta independiente de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad avanzada,

–   Vista la legislación vigente de la Unión, los mecanismos de coordinación de las políticas y los instrumentos financieros en los ámbitos del empleo, las políticas social, económica y monetaria, el mercado interior, la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, el Fondo Social Europeo (FSE), y la cohesión económica, social y territorial,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010 y de 17 de junio de 2010, así como la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020 ),

–   Vistas las recomendaciones y conclusiones del Consejo sobre la integración de los gitanos,

–   Vista la Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(2) ,

–   Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»(3) ,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa,

–   Vista la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo(4) ,

–   Vista la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre el permiso de maternidad (COM(2008)0637 ),

–   Vista la Directiva sobre la información por escrito(5) ,

–   Vista la Directiva sobre el trabajo de duración determinada(6) ,

–   Vista la Directiva sobre el trabajo a través de empresas de trabajo temporal(7) ,

–   Vista la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial(8) ,

–   Vista la Directiva sobre igualdad racial(9) ,

–   Vistas las orientaciones políticas destinadas a la Comisión, tituladas «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático» y presentadas por Jean-Claude Juncker el 15 de julio de 2014,

–   Visto el informe sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria europea (el «Informe de los cinco presidentes»), de 22 de junio de 2015,

–   Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, titulada «Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2016)0127 ) y sus anexos,

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356 ),

–   Vistas las Comunicaciones de la Comisión sobre la integración de los gitanos (COM(2010)0133 , COM(2011)0173 , COM(2012)0226 , COM(2013)0454 , COM(2015)0299 y COM(2016)0424 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646 ),

–   Visto el informe de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, sobre la aplicación de la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (COM(2014)0176 ),

–   Visto el Dictamen SOC/520 del CESE, de 17 de septiembre de 2015, titulado «Principios para unos sistemas de prestaciones sociales eficaces y fiables»(10) ,

–   Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre las prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017(11) ,

–   Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones(12) ,

–   Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre el permiso de maternidad(13) ,

–   Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar(14) ,

–   Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(15) ,

–   Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(16) ,

–   Visto el Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género (2016-2019) de la Comisión,

–   Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020),

–   Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil(17) ,

–   Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020(18) ,

–   Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias(19) ,

–   Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas(20) ,

–   Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre el dumping social en la Unión Europea(21) ,

–   Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional(22) ,

–   Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2016, sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom(23) ,

–   Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de la crisis(24) ,

–   Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre políticas de competencias para combatir el desempleo juvenil,

–   Vistos su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Pacto de inversión social en respuesta a la crisis y el Paquete de inversión social de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, así como la Recomendación de la Comisión titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los gitanos,

–   Visto el Diccionario de relaciones laborales europeas de Eurofound,

–   Visto el informe de Eurofound de 2014 titulado «La remuneración en Europa en el siglo XXI»,

–   Visto el informe de Eurofound de 2014 titulado «Acceso a la asistencia sanitaria en épocas de crisis»,

–   Visto el informe de Eurofound de 2015 titulado «Acceso a las prestaciones sociales: cómo reducir la no percepción»,

–   Visto el informe de Eurofound de 2015 titulado «Nuevas formas de empleo»,

–   Visto el informe de Eurofound de 2016 titulado «Las deficientes condiciones de la vivienda en Europa: costes y consecuencias»,

–   Visto el próximo informe general de 2016 de Eurofound relativo a la sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo,

–   Visto el estudio de la OIT de 2016 titulado «Construir un pilar social para fomentar la convergencia europea»,

–   Vista la labor llevada a cabo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), y en particular sus encuestas sobre migrantes y minorías y sus informes sobre la explotación laboral grave, los sistemas de protección del menor y el derecho a una vida independiente para las personas con discapacidad,

–   Vista la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-266/14, de 10 de septiembre de 2015, relativo a la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo o habitual,

–   Vista la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 P (Ledra Advertising Ltd y otros), de 20 de septiembre de 2016, que refuerza los derechos fundamentales de los ciudadanos con respecto a la Comisión y el Banco Central Europeo, en relación con la adopción de los Memorandos de Entendimiento en nombre del MEDE,

–   Vistos los análisis conjuntos de los interlocutores sociales europeos BusinessEurope, el CEEP, la CES y la UEAPME, de octubre de 2007 y julio de 2015, titulados respectivamente «Retos principales a los que se enfrentan los mercados laborales europeos» y «Análisis en profundidad del empleo por parte de los interlocutores sociales europeos»,

–   Visto el Dictamen conjunto del Comité de Empleo y el Comité de Protección Social sobre el pilar europeo de derechos sociales, aprobado por el Consejo el 13 de octubre de 2016,

–   Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0391/2016 ),

A.   Considerando que la Unión debe responder con rapidez y de forma perceptible a la creciente frustración y preocupación que sienten muchas personas ante unas perspectivas de vida inciertas, el desempleo, el aumento de las desigualdades y la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes; que la consulta pública sobre el pilar europeo de derechos sociales llevada a cabo por la Comisión hasta diciembre de 2016 se ha convertido en una profunda reflexión sobre el acervo social existente y un amplio debate entre los interlocutores sociales, los Gobiernos y Parlamentos nacionales, la sociedad civil y las instituciones de la Unión sobre el porvenir y la estructura de un modelo social europeo para el futuro; que este debate puede contribuir a poner de relieve los valores básicos de la Unión y el hecho de que, en comparación con el resto del mundo, Europa cuenta con unas normas sociales y del trabajo y unos sistemas de protección social avanzados; que el debate sobre el pilar europeo de derechos sociales y las medidas que habrán de adoptarse a raíz de este también pueden contribuir a reforzar las bases del proyecto europeo y a mejorar la sensación de implicación de las personas en lo tocante al proceso de integración europea;

B.   Considerando que la Unión debe seguir desarrollando un modelo social europeo que esté integrado en una economía social de mercado, que capacite a las personas y permita una prosperidad sostenible y una elevada productividad sobre la base de la solidaridad, la justicia social y la igualdad de oportunidades, una distribución justa de la riqueza, la solidaridad intergeneracional, el Estado de Derecho, la no discriminación, la igualdad de género, sistemas de educación universales y de alta calidad, un empleo de calidad y un crecimiento generador de empleo, sostenible e integrador a largo plazo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales, es decir, un modelo orientado realmente al pleno empleo y que garantice una protección social adecuada y servicios esenciales de calidad para todos, luche contra las desigualdades económicas, capacite a las personas en situación vulnerable, luche contra la pobreza y la exclusión social, fomente la participación en la vida civil y la vida política, y mejore las condiciones de vida para todas las personas en la Unión, cumpliendo los objetivos y los derechos recogidos en los Tratados de la Unión, la Carta de los Derechos Fundamentales y la Carta Social Europea;

C.   Considerando que la Comisión se ha comprometido a obtener una «calificación social de triple A» para la Unión y debe presentar en la primavera de 2017 una propuesta relativa a un pilar europeo de derechos sociales que promoverá unos mercados de trabajo y unos sistemas de protección social que funcionen correctamente y sean inclusivos en los Estados miembros participantes y que servirá de guía para una convergencia renovada ascendiente mediante i) la actualización de la legislación europea vigente, ii) la mejora del marco de la Unión para la coordinación de las políticas económicas y sociales, en particular gracias al establecimiento de indicadores sociales para los esfuerzos nacionales de reforma sin crear estructuras paralelas ineficaces, y iii) la garantía de un apoyo financiero pertinente a escala nacional y de la Unión; que el Parlamento Europeo, elegido directamente por los ciudadanos europeos, tiene una responsabilidad fundamental y está llamado a desempeñar un papel importante en la definición y la adopción del pilar europeo de derechos sociales;

D.   Considerando que las políticas económicas y sociales existen para servir a las personas, también promoviendo actividades económicas sostenibles y responsables desde el punto de vista social en igualdad de condiciones, y que las personas son también el principal factor de competitividad para una empresa y para el correcto funcionamiento de la economía en su conjunto;

E.   Considerando que el diálogo social puede contribuir de forma positiva al crecimiento, el empleo y la competitividad; que la Unión está obligada a reconocer y fomentar el papel de los interlocutores sociales, facilitar el diálogo entre ellos y respetar su autonomía, también en lo tocante a la fijación de salarios, el derecho a negociar, celebrar y hacer cumplir convenios colectivos y el derecho a emprender acciones colectivas de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales; que el pilar europeo de derechos sociales debería alentar a los interlocutores sociales y los Estados miembros a establecer normas más estrictas que las acordadas a escala europea; que la Comisión consulta a los interlocutores sociales sobre la orientación que se puede imprimir a la acción de la Unión en materia de política social; que es necesario apoyar constantemente el diálogo social a todos los niveles;

F.   Considerando que es esencial que las empresas tengan un comportamiento responsable desde el punto de vista social y tengan realmente presentes la sostenibilidad y los intereses de la sociedad; que resulta útil involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones; que las empresas de la economía social, como las cooperativas, ofrecen un buen ejemplo a la hora de crear empleo de calidad, apoyar la inclusión social y fomentar una economía participativa;

G.   Considerando que los derechos sociales fundamentales se aplican a todas las personas en la Unión y que el conjunto actual de normas de la Unión que regula los mercados de trabajo, productos y servicios se aplica a todos los Estados miembros; que la integración económica hace que los Estados miembros sean interdependientes por lo que respecta a su capacidad para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y mantener la cohesión social; que un mercado único operativo requiere un núcleo duro de derechos sociales de los trabajadores con el fin de evitar la competencia basada en las condiciones de trabajo; que el principio de subsidiariedad, definido en los Tratados, justifica la acción a escala de la Unión debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida; que el logro de los objetivos sociales de la Unión también depende de las legislaciones nacionales y de unos sistemas sociales nacionales desarrollados; que las diferencias regionales entre los niveles salariales y los sistemas de seguridad social son inevitables hasta cierto punto, pero que se debe procurar que no creen una presión a la baja en lo tocante a las condiciones de trabajo y de vida; que una convergencia social y económica ascendiente es muy importante para el buen funcionamiento de la Unión; que la Unión no armoniza los sistemas nacionales de seguridad social sino que los coordina, fomenta su desarrollo y favorece una protección social eficaz para las personas que ejercen su derecho a la libre circulación; que la evolución reglamentaria debe seguir el ritmo de las innovaciones tecnológicas y de otro tipo con objeto de aportar seguridad jurídica y promover el desarrollo económico a través de una competencia leal; que la aplicación del pilar europeo de derechos sociales exigirá una actuación a múltiples niveles, enfoques intersectoriales y la plena participación de las partes interesadas; que en las disposiciones relativas al tiempo de descanso de los trabajadores se debe tener en cuenta, en su caso, un día semanal común de descanso reconocido por la tradición y los usos del país o región;

H.   Considerando que es preciso actualizar y reforzar los sistemas de protección social europeos a fin de apoyar las transiciones ascendentes hacia y dentro del mercado de trabajo y mantener la seguridad económica a lo largo de la vida de las personas; que, con el aumento de la complejidad del mercado de trabajo, es lógico que los sistemas de protección social también tengan que adaptar sus mecanismos e instrumentos para gestionar adecuadamente los diversos riesgos sociales que surgen; que este proceso de actualización también debe mejorar el acceso de las personas a los sistemas de protección social y la interacción con estos y facilitar la aplicación de las normas correspondientes, también en el caso de las pymes; considerando, no obstante, que el papel de los sistemas de protección social no se limita a lo que concierne al mercado de trabajo; que también incluye, entre otras cosas, el funcionamiento de los sistemas de seguridad social, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la inversión en educación, servicios de cuidado de niños, atención sanitaria, servicios sociales y otros servicios esenciales; que las «inversiones sociales» que respaldan el desarrollo de las personas desde la temprana infancia hasta la vejez contribuyen de forma fundamental a permitir que las personas participen plenamente en una sociedad y una economía del siglo XXI; que será necesario hacer un esfuerzo importante para alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 en lo tocante a la reducción de la pobreza y la inclusión social; que la vivienda constituye un problema acuciante en muchos Estados miembros y que muchas familias dedican un alto porcentaje de sus ingresos disponibles a los gastos de vivienda y energía;

I.   Considerando que la Recomendación n.º 202 de la OIT dispone que los niveles mínimos de protección social deberían comprender por lo menos las siguientes garantías básicas de protección social: a) acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que constituyen la atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; b) seguridad básica en materia de ingresos para los niños, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; c) seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; y d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional; considerando que el pilar europeo de derechos sociales debe tener en cuenta esta definición y procurar garantizar que en todos los Estados miembros se alcancen plenamente y, de preferencia, se superen esos aspectos esenciales de la protección social; que el Comité Económico y Social Europeo ha aportado una contribución útil a este fin al acordar unos principios para unos sistemas de protección social eficaces y fiables;

J.   Considerando que todos los Estados miembros de la Unión se enfrentan a diversos retos en los ámbitos social y del empleo; que la realización de los derechos sociales también depende de políticas e instrumentos que apoyen la cohesión social, especialmente en aquellas regiones que padecen desventajas naturales, demográficas o estructurales graves y permanentes, incluidas las regiones con baja densidad de población y con una población dispersa o las regiones ultraperiféricas; que se necesitan más inversiones estratégicas y un mayor apoyo a la cohesión en las regiones desfavorecidas con el fin de incrementar su competitividad, mejorar su tejido socioeconómico y evitar un mayor declive demográfico; que, con su marco macroeconómico actual, la zona del euro se enfrenta a retos específicos para conseguir los objetivos sociales y de empleo establecidos en los Tratados; que el restablecimiento de una seguridad socioeconómica adecuada para compensar esta mayor flexibilidad interna puede exigir tener presentes objetivos sociales, normas y/o instrumentos financieros específicos al nivel de la zona del euro;

K.   Considerando que los mercados de trabajo europeos están evolucionando en muchos casos hacia formas de empleo «atípicas» o «no convencionales», como el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial involuntario, el trabajo ocasional, el trabajo de temporada, el trabajo a la carta, el trabajo por cuenta propia dependiente o el trabajo por intermediación de plataformas digitales; que, no obstante, los puestos de trabajo permanentes siguen contribuyendo más a la expansión del empleo, al aumentar estos más rápidamente que el trabajo temporal durante los dos últimos años y medio(25) que la demanda de mano de obra es más diversificada que en el pasado; que, en algunos casos, esto puede ser beneficioso para la productividad, el equilibrio entre vida profesional y privada, las transiciones hacia el mercado de trabajo y segundas oportunidades profesionales para quienes las necesiten; que, sin embargo, algunas de las formas de empleo no convencionales implican una inseguridad económica prolongada y malas condiciones de trabajo, y en particular ingresos inferiores y menos estables, falta de posibilidades de defender los derechos propios, carencia de seguridad social y cobertura sanitaria, falta de identidad profesional, ausencia de perspectivas profesionales, y dificultades para conciliar el trabajo a la carta con la vida privada y familiar; que un mercado de trabajo dinámico debe garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de utilizar sus capacidades y destrezas en su vida laboral en el marco, en particular, de unas condiciones de trabajo sanas y seguras, políticas activas en lo tocante al mercado de trabajo y la actualización de las competencias a lo largo de la vida a través del aprendizaje regular y permanente; que la jurisprudencia pertinente del TJUE aclara los conceptos de «relación laboral» y «trabajador» a efectos de la aplicación de la legislación de la Unión, sin perjuicio de las definiciones nacionales del concepto de «trabajador» establecidas a efectos de la aplicación de la legislación nacional, en consonancia con el principio de subsidiariedad;

L.   Considerando que unas políticas activas en lo relativo al mercado de trabajo, la responsabilidad individual y la participación en el aprendizaje permanente son importantes para la inclusión en el mercado de trabajo, a pesar de que, en la mayoría de los casos, el desempleo se debe a la falta de puestos vacantes o a otras circunstancias ajenas a la voluntad de los afectados;

M.   Considerando que las personas que se encuentran en situaciones vulnerables o que son víctimas más frecuentes de la discriminación, como las mujeres, las minorías étnicas, los desempleados de larga duración, los ciudadanos de la tercera edad y las personas con discapacidad pueden necesitar medidas complementarias destinadas a promover su participación en el mercado laboral y garantizar niveles de vida dignos a lo largo de su vida; que la Unión se ha comprometido a crear una Europa sin obstáculos para los 80 millones de personas con discapacidad que se calcula viven en la Unión, y que no se alcanzarán los objetivos de la Unión en materia de reducción de la pobreza y de empleo si no se integra plenamente a las personas con discapacidad en la economía y la sociedad; que la Unión ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, por lo que los principios de esta Convención deben integrarse en el pilar de derechos sociales; que la incidencia negativa de la crisis en el acceso a la atención sanitaria se ha presentado a menudo con retraso y que muchas personas no han podido acceder a atención sanitaria aun cuando los servicios estén formalmente cubiertos, concretamente porque no pueden permitirse el copago o soportar listas de espera;

N.   Considerando que las mujeres siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones en la Unión y todavía están infrarrepresentadas en todos los ámbitos de la toma de decisiones;

O.   Considerando que la igualdad de género está consagrada en los Tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y constituye un valor fundamental de la Unión; que, a pesar de ello, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el mercado de trabajo en general, con una tasa de empleo del 64,5 % en comparación con el 75,6 % de los hombres, y que las mujeres están sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial y en los sectores menos retribuidos, además de recibir salarios por hora inferiores, lo que conduce a una brecha salarial entre hombres y mujeres que se sitúa en un 16 % y a una brecha entre las pensiones del 39 %, con diferencias significativas entre los Estados miembros; que la discriminación de género sigue prevaleciendo en los procedimientos de contratación en los Estados miembros, pese a que las mujeres superan a los hombres en lo que respecta al nivel educativo;

P.   Considerando que los derechos sociales, los servicios y los ingresos adecuados son cuestiones determinadas por el género, ya que hay más mujeres con trabajos mal remunerados, mayor riesgo de pobreza y más dependientes de los servicios sociales, tanto públicos como privados, que desempeñan la función tradicional de cuidadoras tanto de los niños como de los miembros de la familia de edad avanzada y que son las principales responsables de las necesidades del hogar, lo que se traduce, en general, en unas pensiones menores para las mujeres;

Q.   Considerando que los objetivos de Barcelona de 2002 distan mucho de haberse alcanzado, mientras que la Carta de los Derechos Fundamentales establece que los menores tienen derecho a protección y cuidados, y que ello repercute gravemente en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, la igualdad de género, el equilibrio entre vida profesional y privada, y la pobreza de las mujeres;

R.   Considerando que Europa puede profundizar mucho más en el desarrollo de una agrupación sectorial centrada en el apoyo a las personas en materia de salud, conocimiento y capacidad de participar en la economía; que los servicios centrados en las personas, como la educación, la atención sanitaria, el cuidado de los niños, otros servicios asistenciales y el deporte albergan un potencial importante de creación de empleo y no deben ser vistos como un gasto para la economía, sino como elementos que permiten la prosperidad sostenible;

S.   Considerando que es necesario adoptar un enfoque estratégico de cara a los retos que plantea el envejecimiento y la reducción de la población de la Unión en edad de trabajar, en particular con respecto a las futuras carencias de capacidades, los desfases existentes en el mercado laboral de la Unión y la evolución prevista de las ratios de dependencia económica, teniendo en cuenta también a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión; que es importante favorecer las oportunidades de movilidad profesional, en particular entre los jóvenes, incluidos los que cursan una formación profesional a través de programas de aprendizaje profesional;

1.   Pide a la Comisión que se base en la evaluación del acervo social y de las políticas sociales y de empleo de la Unión, así como en los resultados de la consulta pública de 2016, y presente propuestas sobre un pilar europeo de derechos sociales sólido que no se limiten a una declaración de principios o buenas intenciones sino que refuercen los derechos sociales mediante instrumentos concretos y específicos (legislación, mecanismos de elaboración de políticas e instrumentos financieros), que repercutan positivamente en las vidas de las personas a corto y medio plazo y que permitan apoyar la construcción europea en el siglo XXI defendiendo realmente los objetivos sociales de los Tratados, apoyando los sistemas de protección social nacionales, reforzando la cohesión, la solidaridad y la convergencia ascendente en los resultados económicos y sociales, garantizando una protección social adecuada, reduciendo las desigualdades, logrando los progresos en materia de reducción de la pobreza y la exclusión social que ya deberían haberse logrado hace mucho, facilitando los esfuerzos nacionales de reforma mediante la evaluación comparativa, y contribuyendo a mejorar el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y del mercado único de la Unión;

2.   Considera que el pilar europeo de derechos sociales también debe contribuir a garantizar la correcta aplicación de las normas internacionales del trabajo y a actualizar el acervo social; opina que las normas que serán articuladas por el pilar europeo de derechos sociales se deben aplicar en todos los países que forman parte del mercado único con el fin de mantener la igualdad de condiciones, y que la legislación, los mecanismos de gobernanza y los instrumentos financieros pertinentes para su realización se deben aplicar en todos los Estados miembros; subraya que el pilar europeo de derechos sociales debe tenerse presente en las políticas económicas de la Unión; considera que las restricciones específicas de la pertenencia a la zona del euro exigen que se establezcan normas y objetivos sociales específicos adicionales y que se piense en el apoyo financiero pertinente al nivel de la zona del euro, aun manteniendo la apertura de cara a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro, con carácter voluntario; señala la posibilidad de utilizar el mecanismo de cooperación reforzada contemplado en el artículo 20 del TUE si fuera necesario para crear un sólido pilar europeo de derechos sociales;

3.   Insiste en que el pilar europeo de derechos sociales debe dotar a las personas que viven en la Unión de instrumentos más sólidos para mantener el control sobre sus vidas, que les permitan llevar una vida digna y hacer realidad sus aspiraciones al mitigar los diversos riesgos sociales que surgirán a lo largo de sus vidas, y que las capaciten para participar plenamente en la sociedad y poder adaptarse a los frecuentes cambios tecnológicos y económicos, también a través de la adquisición de competencias y el apoyo al emprendimiento; destaca que el pilar europeo de derechos sociales debe hacer que los mercados funcionen en favor de la prosperidad, el bienestar y el desarrollo sostenible para todos en el marco de una economía social de mercado muy competitiva, orientada al pleno empleo y al progreso social, recurriendo también a una política industrial a escala de la Unión; considera que, para ello, el pilar europeo de derechos sociales debe promover las normas sociales pertinentes y capacitar a los sistemas de protección social nacionales para mantener la cohesión social y la igualdad en la Unión mediante sistemas de protección social y políticas de inclusión social adecuados, accesibles y sostenibles desde el punto de vista financiero; destaca que el pilar también debe facilitar la libre circulación de los trabajadores en un mercado laboral europeo más desarrollado y equitativo; subraya que el pilar europeo de derechos sociales también debe contribuir a defender los principios de igualdad de trato, no discriminación e igualdad de oportunidades a través de las políticas sociales y de empleo; recomienda que el pilar permita así la realización efectiva de los derechos sociales existentes y que establezca nuevos derechos cuando los nuevos avances tecnológicos y socioeconómicos lo justifiquen; considera que, de este modo, el pilar también reforzará la legitimidad de la Unión;

Actualización de las normas sociales y del trabajo existentes

4.   Pide a los interlocutores sociales y a la Comisión que colaboren para presentar una propuesta de Directiva marco sobre unas condiciones de trabajo dignas en todas las formas de empleo, por la que se amplíen las normas mínimas existentes a los nuevos tipos de relaciones laborales, basada en una evaluación de impacto detallada; considera que esa Directiva marco debe mejorar la aplicación de la legislación de la Unión, ampliar la seguridad jurídica en todo el mercado interior y evitar la discriminación complementando la legislación vigente de la Unión y garantizando a todos los trabajadores un conjunto básico de derechos exigibles, independientemente del tipo de contrato o de relación laboral, entre los que figurarían la igualdad de trato, la protección de la salud y la seguridad, la protección durante el permiso de maternidad, disposiciones sobre el tiempo de trabajo y de descanso, el equilibrio entre vida profesional y privada, el acceso a la formación, el apoyo en el trabajo a las personas con discapacidad, derechos de información, consulta y participación adecuados, la libertad de asociación y representación, la negociación colectiva, y la acción colectiva; destaca que esa Directiva marco debe aplicarse a los empleados y a todos los trabajadores que ejercen su actividad en formas no convencionales de empleo sin modificar necesariamente las directivas existentes; recuerda que los Estados miembros aplican los derechos laborales existentes de conformidad con la legislación nacional y de la Unión; solicita también una aplicación y un control más eficaces y eficientes de las normas del trabajo existentes con objeto de mejorar la oponibilidad de los derechos y hacer frente al trabajo no declarado;

Condiciones de trabajo

5.  Reconoce que una cierta diversidad de los contratos de trabajo resulta útil para acoplar eficazmente las necesidades de trabajadores y empleadores; recuerda, no obstante, el riesgo de dualidad del mercado laboral y el peligro de que las personas queden atrapadas en contratos precarios sin perspectivas concretas de progreso; destaca la importancia que revisten los contratos indefinidos para la seguridad socioeconómica, y recuerda las ventajas que esos contratos aportan a los empleadores en numerosos sectores; apoya asimismo la promoción de los modelos empresariales de la economía social; pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la información por escrito (91/533/CEE) para que abarque todas las formas existentes de empleo y de relaciones laborales; pide que en la Directiva marco sobre unas condiciones de trabajo dignas se incluyan también las normas mínimas pertinentes vigentes que deben garantizarse en determinadas relaciones laborales, y en particular:

   a) contenidos adecuados en lo tocante al aprendizaje y la formación y condiciones de trabajo dignas para la formación en régimen de becario, los períodos de prácticas o los programas de aprendizaje profesional, para garantizar que sean verdaderas pasarelas en la transición de la educación a la vida profesional, tal como prevé la Recomendación del Consejo relativa al desarrollo de un marco de calidad para los períodos de prácticas, y que estén limitados en el tiempo y no sustituyan al empleo para los jóvenes; una remuneración acorde al trabajo realizado, las capacidades y la experiencia de la persona y que permita a los becarios, los trabajadores en períodos de prácticas y los aprendices llegar a fin de mes en el mercado de trabajo al margen de los programas educativos;
   b) en el caso del trabajo por intermediación de plataformas digitales y otros tipos de trabajo por cuenta propia dependiente, una distinción clara —a efectos de la legislación de la Unión y sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional— entre los verdaderos trabajadores por cuenta propia y las personas que se encuentran en una relación laboral, teniendo en cuenta la Recomendación de la OIT n.º 198, según la cual el cumplimiento de varios indicadores es suficiente para determinar una relación laboral; deben aclararse, por tanto, el estatuto y las responsabilidades básicas de la plataforma, el cliente y la persona que realiza el trabajo; también deben introducirse unas normas mínimas en lo tocante a las reglas de colaboración, con información completa y exhaustiva al proveedor de servicios sobre sus derechos y obligaciones, las prestaciones, el nivel correspondiente de protección social y la identidad del empleador; los empleados y los verdaderos trabajadores por cuenta propia que se contratan por intermediación de plataformas digitales deben disfrutar de los mismos derechos que el resto de la economía y estar protegidos a través de su participación en los regímenes de la seguridad social y del seguro de enfermedad; los Estados miembros deben garantizar una vigilancia adecuada de las condiciones de la relación laboral o el contrato de servicios, impidiendo los abusos de posición dominante por parte de las plataformas;
   c) límites en lo que se refiere al trabajo a la carta: no deben estar permitidos los contratos de cero horas, dada la extremada inseguridad que conllevan;

6.   Constata la decreciente proporción de las rentas del trabajo en la renta total en Europa durante las últimas décadas; hace hincapié en la necesidad de una convergencia social ascendente renovada y de colmar la brecha salarial entre hombres y mujeres en toda la Unión a fin de impulsar la demanda, permitir el crecimiento sostenible e integrador y reducir las desigualdades; reconoce la importancia que revisten unos salarios mínimos vitales dignos para evitar la pobreza en el trabajo; pide a la Comisión que apoye activamente una cobertura más amplia de los convenios colectivos, en consonancia con las tradiciones y usos nacionales de los Estados miembros y respetando debidamente la autonomía de los interlocutores sociales; recomienda, en su caso, y dentro del debido respeto de las prácticas de cada Estado miembro y previa consulta a los interlocutores sociales, pide a la Comisión que ayude a intercambiar buenas prácticas al respecto;

7.   Recuerda que el derecho a unas condiciones de trabajo saludables y seguras también incluye medidas de protección frente a los riesgos laborales, así como limitaciones sobre el tiempo de trabajo y disposiciones sobre los períodos mínimos de descanso y las vacaciones anuales; insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente la legislación correspondiente; aguarda las propuestas de la Comisión sobre medidas concretas para preservar realmente este derecho para todos los trabajadores, incluidos los temporeros y los contractuales, así como medidas destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres o el acoso; observa que esas medidas deben basarse en una evaluación de impacto, reflejar todos los conocimientos actuales sobre riesgos para la salud y la seguridad y tener en cuenta las nuevas formas de trabajo relacionadas con la digitalización y otros avances tecnológicos;

8.   Destaca la importancia del derecho de negociación y de acción colectiva como derecho fundamental consagrado en el Derecho primario de la Unión; espera que la Comisión incremente el apoyo concreto destinado a reforzar y respetar el diálogo social en todos los niveles y sectores, especialmente en aquellos en los que no esté suficientemente desarrollado, teniendo siempre presentes las distintas prácticas nacionales; reconoce las ventajas de implicar a los trabajadores en la gestión de las empresas, también en las sociedades transnacionales, y de mejorar su información, consulta y participación, también para hacer buen uso de las nuevas formas de organización del trabajo, garantizar que este sea importante y gratificante y anticipar los cambios económicos; pide que se supervise la aplicación de la legislación europea relativa a los comités de empresa europeos y los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y solicita la adopción de medidas eficaces destinadas a garantizar que la reestructuración empresarial se lleve a cabo de manera responsable desde el punto de vista social;

9.   Hace hincapié en la necesidad de disponer de datos completos, fiables y actualizados periódicamente acerca de la calidad del trabajo y el empleo, que puedan utilizarse para realizar un seguimiento de esa calidad a lo largo del tiempo y proporcionar pruebas que permitan formular políticas sobre el tema; pide a Eurofound que continúe sus actividades de supervisión de la calidad del empleo y la vida laboral a través de su encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, que se basa en su concepto de calidad del empleo que incluye las ganancias, las expectativas, el entorno físico, el entorno social, la intensidad del trabajo, el empleo de competencias y la discreción, así como la calidad del tiempo de trabajo; pide a Eurofound que siga investigando qué políticas, acuerdos con los interlocutores sociales y prácticas de las empresas favorecen una mejor calidad del empleo y una mejor vida profesional;

Protección social adecuada y sostenible

10.   Señala que los derechos de protección social son derechos individuales; aboga por unas prestaciones de protección social y servicios sociales de calidad más integrados que permitan que el Estado del bienestar resulte más comprensible y accesible sin debilitar la protección social; subraya la necesidad de que exista una protección social adecuada y una inversión social a lo largo de la vida de las personas que permita a todos participar plenamente en la sociedad y la economía y tener un nivel de vida digno; destaca la importancia de informar a los ciudadanos sobre los derechos sociales y el potencial de las soluciones accesibles de administración electrónica, con la posible inclusión de una tarjeta de seguridad social europea, con sólidas garantías en lo tocante a la protección de datos, lo que podría mejorar la coordinación de los regímenes de seguridad social a escala de la Unión y la sensibilización de los ciudadanos, así como ayudar a los trabajadores móviles a clarificar y salvaguardar sus cotizaciones y derechos en los países de origen y acogida y facilitar la labor de las inspecciones de trabajo nacionales; destaca la importancia que reviste una asistencia personalizada y presencial, especialmente para las familias excluidas y vulnerables;

11.   Conviene en la importancia del acceso universal a una atención sanitaria preventiva y curativa que sea rápida, de buena calidad y asequible, así como a los medicamentos; considera que se trata de un derecho que debe garantizarse, también en las zonas rurales y las regiones transfronterizas; hace hincapié en que todos los residentes deben estar cubiertos por un seguro de enfermedad; conviene en que el refuerzo de la prevención en materia de salud y de la prevención de enfermedades es una inversión social evidente y rentable, también gracias a un envejecimiento más sano;

12.   Es consciente de que el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mano de obra suponen un reto para la sostenibilidad y adecuación de los sistemas de pensiones y para la solidaridad intergeneracional; señala que colmar la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres también debe ser una prioridad a este respecto; reitera que la mejor respuesta consiste en aumentar la tasa global de empleo a través de modelos de empleo vinculados a una cobertura íntegra de las pensiones, prestando especial atención a la generación más joven y a los grupos más excluidos del mercado laboral; considera que la edad de jubilación debe reflejar, además de la esperanza de vida, otros factores que han de definirse a escala nacional, como la evolución de la productividad, la ratio de dependencia económica y las diferencias en la dureza del trabajo realizado; recuerda la importancia de invertir en un envejecimiento activo y de establecer disposiciones que permitan a aquellas personas que han alcanzado la edad de jubilación optar por seguir trabajando con el nivel de intensidad que deseen al tiempo que perciben una parte de su pensión si no trabajan a tiempo completo;

13.   Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis exhaustivo de las mejores prácticas con el fin de ayudar a los Estados miembros con el cálculo de las pensiones mínimas;

14.   Recomienda que todos los trabajadores estén cubiertos por un seguro contra el desempleo o el empleo a tiempo parcial involuntario que se combine con la asistencia en la búsqueda de empleo e inversión en formación y reciclaje profesional, en consonancia con las condiciones definidas por cada Estado miembro de acuerdo con los interlocutores sociales; recuerda que unas prestaciones de desempleo adecuadas mejoran el proceso de adecuación entre la oferta y la demanda, por lo que son útiles para la productividad, al tiempo que contribuyen de manera fundamental a prevenir y reducir la pobreza; considera que el pilar europeo de derechos humanos debe recomendar indicadores de calidad para los sistemas nacionales de seguro de desempleo, en particular en lo que respecta a su cobertura, los requisitos de activación, el vínculo entre la duración de la ayuda y la duración media a escala nacional del período de búsqueda de empleo, y la calidad de la asistencia proporcionada por las oficinas de empleo;

15.   Destaca la importancia que revisten unos regímenes adecuados de renta mínima para la preservación de la dignidad humana y para combatir la pobreza y la exclusión social, así como su papel de modalidad de inversión social , que permiten a las personas participar en la sociedad y seguir una formación y/o buscar trabajo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen los regímenes de renta mínima en la Unión Europea, en particular si estos regímenes permiten a los hogares satisfacer sus necesidades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen sobre esta base el modo y los medios de establecer una renta mínima adecuada en todos los Estados miembros y que examinen otras posibles medidas en apoyo de la convergencia social en la Unión teniendo en cuenta las circunstancias económicas y sociales de los distintos Estados miembros, así como las prácticas y las tradiciones nacionales;

16.  Insiste en que los derechos de las personas con discapacidad deben integrarse en todo el pilar social con un enfoque basado en los derechos humanos que esté en consonancia con las obligaciones de la Unión y de sus Estados miembros en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; considera que las disposiciones deben incluir, al menos, los siguientes elementos:

   el derecho a acceder sin barreras a trabajos dignos en entornos laborales y mercados de trabajo totalmente incluyentes, abiertos y accesibles;
   servicios y seguridad básica de los ingresos en función de las necesidades concretas del individuo, que le permitan gozar de un nivel de vida digno y de inclusión social;
   la garantía de la libre circulación y de la transferibilidad de los servicios entre los Estados miembros de la Unión;
   educación y formación incluyentes, así como disposiciones para lograr una alfabetización digital adecuada;
   disposiciones específicas relativas a la protección de las personas con discapacidad, sobre todo de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial o privadas de su capacidad jurídica, frente a la explotación y el trabajo forzado;

17.   Constata con preocupación que la disponibilidad y asequibilidad de los cuidados de larga duración sigue siendo un grave problema en Europa que obliga a los cuidadores familiares no profesionales a quedarse en el hogar y les impide continuar con su carrera profesional; lamenta los frecuentes abusos de los cuidadores contratados a través de agencias de empleo o de manera informal; considera que el acceso a servicios de cuidados de larga duración, de calidad y asequibles, incluidos los cuidados a domicilio y los regímenes de vida independiente, es un derecho que debe garantizarse con la ayuda de profesionales adecuadamente cualificados y contratados con condiciones dignas; considera, por lo tanto, que deben preverse una asistencia y unos servicios públicos adecuados para las familias, en particular para aquellas con bajos ingresos, a fin de evitar la institucionalización y el riesgo de caer en la pobreza; reitera su llamamiento para que la legislación relativa a los permisos para los cuidadores limite las repercusiones sobre la remuneración y los derechos de protección social cuando los trabajadores se ven obligados a cuidar temporalmente a sus familiares; pide a la Comisión que establezca un plan de acción concreto en este ámbito que incluya objetivos en materia de cuidados a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a otras personas dependientes, similares a los objetivos de Barcelona, con herramientas de supervisión que deberán medir la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad; pide que se refuerce la puesta en común y la introducción de buenas prácticas en este ámbito;

18.   Considera que la pobreza infantil es un grave problema con respecto al cual Europa debe tomar medidas drásticas; opina que el derecho a unos sistemas de educación, sanidad y seguridad social universales es una condición básica para luchar contra la pobreza, en particular la infantil; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, teniendo presente este objetivo, garanticen la rápida aplicación de la Recomendación de 2013 titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» y la adopción de medidas concretas de cara a una garantía infantil en todos los Estados miembros, de modo que todos los niños que viven ahora con riesgo de caer en la pobreza tengan acceso a una atención sanitaria y una educación gratuita, a servicios de cuidado de niños gratuitos, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada; señala la necesaria vinculación con programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado de trabajo; reconoce que estas políticas exigen una financiación adecuada a escala nacional, así como apoyo procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

19.   Pide a los Estados miembros que hagan realidad el derecho a una vivienda digna garantizando el acceso a viviendas de calidad, asequibles y de un tamaño adecuado para todos, y que impidan y reduzcan las situaciones de carencia de hogar con miras a acabar gradualmente con este problema; insta asimismo a los Estados miembros a que adopten legislación y/u otras medidas necesarias para garantizar el acceso a viviendas sociales o a una ayuda adecuada en materia de vivienda a las personas que lo necesitan, incluidas obviamente las personas y familias sin hogar, y que se proteja contra los desahucios a las personas vulnerables y las familias pobres o se les proporcione un alojamiento adecuado alternativo; pide que la concesión de viviendas vaya combinada con unos servicios sociales pertinentes que favorezcan la inclusión social y económica; pide que se adopten medidas eficaces para ayudar a los jóvenes con bajos niveles de ingresos a crear sus propios hogares; destaca que las inversiones en viviendas sociales energéticamente eficientes son beneficiosas para la creación de empleo, el medio ambiente, la reducción de la pobreza energética y la realización de los derechos sociales; pide que se utilicen en mayor medida los instrumentos financieros pertinentes de la Unión para apoyar la renovación urbana y viviendas asequibles, accesibles y energéticamente eficientes, así como para promover el desarrollo de viviendas sociales en las regiones en las que este va a la zaga; pide que se eliminen todas las formas de criminalización de la pobreza, como las medidas que penalizan injustamente la carencia de hogar, u otras formas de privación material;

20.   Solicita la adopción de medidas adecuadas, incluida la mejora de la legislación si se considera necesario tras una evaluación, destinadas a garantizar la disponibilidad y el acceso para todos a servicios sociales de interés general asequibles y de buena calidad y a otros servicios de interés general o a servicios esenciales como el suministro de agua, la gestión de residuos, la educación, la atención sanitaria, las comunicaciones electrónicas, la banda ancha de alta velocidad, la energía, el transporte público y los servicios financieros; destaca el importante papel que desempeñan los proveedores del sector público bien equipados y dotados de suficiente personal, las empresas sociales y las organizaciones sin ánimo de lucro en este contexto, dado que su objetivo primordial consiste en tener un impacto social positivo; señala asimismo el importante papel que desempeñan las empresas de la economía social, que ofrecen estos servicios y consiguen que el mercado de trabajo sea más incluyente; pide que se elimine la inseguridad jurídica actual que experimentan las autoridades públicas a la hora de financiar servicios sociales de interés general; respalda la utilización de criterios sociales en la contratación pública; recuerda que las zonas rurales, en particular, necesitan un apoyo continuo para modernizar sus infraestructuras y mantener el dinamismo económico; señala asimismo la importancia de la educación financiera, que ayuda a evitar el sobreendeudamiento de las familias, así como de la asistencia jurídica y otros mecanismos que protegen y apoyan a los deudores frente a prácticas predatorias y les ofrecen una segunda oportunidad;

Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral

21.   Considera que, en un mundo cada vez más digitalizado, las personas poco cualificadas no solo tienen menos oportunidades laborales sino que además son más vulnerables al desempleo de larga duración y tienen más dificultades para acceder a los servicios y participar plenamente en la sociedad, y que esta situación, además de ser perjudicial para el individuo, es muy costosa para la economía y la sociedad en su conjunto; apoya, por consiguiente, una Garantía de Capacidades como nuevo derecho para todos, en cada etapa de la vida, a adquirir capacidades fundamentales para el siglo XXI, entre las que se incluyen la alfabetización, el cálculo, la alfabetización digital y mediática, el pensamiento crítico, las destrezas sociales y las capacidades pertinentes necesarias en la economía ecológica y circular, teniendo presentes las industrias emergentes y los principales sectores de crecimiento y garantizando la plena apertura a las personas que se encuentran en una situación desfavorecida, incluidas las personas con discapacidad, los solicitantes de asilo, los desempleados de larga duración y los grupos infrarrepresentados; destaca que los sistemas educativos deben ser incluyentes, ofrecer una enseñanza de buena calidad a toda la población, capacitar a las personas para ser ciudadanos europeos activos, prepararles para que puedan aprender y adaptarse a lo largo de sus vidas, y responder a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral; considera que la terminación de la enseñanza secundaria debe ser obligatoria en la Europa del siglo XXI y que deben establecerse los programas pertinentes para brindar una nueva oportunidad a todos los jóvenes que han abandonado la enseñanza primaria o secundaria; considera que la Garantía de Capacidades debe incluir una evaluación personalizada de las necesidades de aprendizaje y una oferta didáctica de calidad, así como una validación sistemática de las capacidades y competencias adquiridas que permita su fácil reconocimiento en el mercado laboral; señala la necesidad de garantizar el acceso generalizado a la banda ancha con objeto de permitir la alfabetización digital; subraya que la Garantía de Capacidades representa una importante inversión social, que requiere una correcta aplicación y una financiación adecuada, también con el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

22.  Manifiesta su inquietud ante la propagación de la inseguridad socioeconómica y la degradación de las condiciones de trabajo para muchos trabajadores; reconoce que muchos trabajadores que ejercen su actividad en formas de empleo no convencionales tienen dificultades para ejercer sus derechos en el trabajo o acceder a las prestaciones de la seguridad social, y que este problema afecta de forma desproporcionada a las mujeres y los migrantes; pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación y el cumplimiento de la Directiva sobre el trabajo de duración determinada, la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial y la Directiva sobre el trabajo a través de empresas de trabajo temporal; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar la portabilidad de los derechos sociales adquiridos en distintas actividades; hace hincapié en la importancia de garantizar medios suficientes para proporcionar una protección social adecuada, a escala nacional, a todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y de que se trate de relaciones laborales convencionales o no convencionales o de trabajo por cuenta propia; pide a la Comisión que proponga una recomendación a este respecto; considera, en particular, que:

   a) los Estados miembros deben organizar los regímenes de seguridad social de manera que todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y de que se trate de relaciones laborales convencionales o no convencionales o de trabajo por cuenta propia, puedan acumular derechos que ofrezcan seguridad en materia de ingresos en situaciones de desempleo, trabajo a tiempo parcial involuntario, problemas de salud, vejez o interrupciones de la carrera profesional para el cuidado de los hijos u otros familiares o para seguir una formación;
   b) a partir de su primera incorporación al mercado laboral, todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y de que se trate de relaciones laborales convencionales o no convencionales o de trabajo por cuenta propia, deben tener una cuenta de actividad personal, fácilmente accesible a través del contacto personal y por medios electrónicos, teniendo debidamente presentes las necesidades de las personas con discapacidad, en la que puedan consultar sus prestaciones sociales acumuladas y otros derechos sociales, incluido el derecho al aprendizaje permanente, y en la que puedan obtener información sobre la posible portabilidad de esos derechos a otros países; la puesta a disposición de esas cuentas de actividad personales no debe conllevar costes elevados y debe garantizarse una protección de datos adecuada;
   c) debe obligarse a las plataformas digitales y demás intermediarios a notificar a las autoridades competentes todo el trabajo que hayan asignado a fin de garantizar las debidas cotizaciones y la protección adecuada a través de la seguridad social y del seguro de enfermedad para todos los trabajadores;

23.   Señala que las transiciones profesionales requieren inversiones adecuadas por lo que respecta tanto a la capacidad institucional de los servicios públicos de empleo como a la ayuda en la búsqueda individual de trabajo y la mejora de la capacitación profesional en la fase más temprana posible; considera que las políticas activas de empleo, como la formación y la ayuda para encontrar empleo, son herramientas útiles para reintegrar en el mercado laboral a las personas desempleadas, independientemente de su edad; recuerda la gran utilidad del Fondo Social Europeo a la hora de respaldar las políticas activas del mercado de trabajo en toda Europa y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que apoya la reconversión profesional y la reinserción laboral en caso de crisis económicas regionales y despidos a gran escala; recuerda, por otra parte, la importante función que desempeñan los sistemas de seguridad social a la hora de apoyar las transiciones seguras; destaca que debe garantizarse la conservación y la portabilidad de los derechos sociales acumulados durante la carrera profesional a lo largo de la vida para facilitar las transiciones laborales y profesionales;

24.   Hace hincapié en que una política activa de empleo conlleva el apoyo público al desarrollo de sectores con un gran potencial de empleo, y, en muchos países, también supone la necesidad de ampliar la función de los servicios públicos de empleo y garantizar que dispongan de medios adecuados para estar en contacto directo con las empresas, de manera que el reciclaje profesional y otros tipos de asistencia a los solicitantes de empleo se organicen en función del perfil del solicitante de empleo y las necesidades de la economía local; solicita la plena aplicación de la Garantía Juvenil para todas las personas menores de treinta años, prestando especial atención a las ofertas de calidad y a una verdadera apertura a todos los ninis, así como de la Recomendación del Consejo relativa a los desempleados de larga duración, también a través de la concepción de las medidas adicionales necesarias para garantizar la accesibilidad de estas políticas para las personas que necesitan ayuda; destaca la necesidad de tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y solicitantes de empleo de mayor edad y de promover la cooperación entre los trabajadores jóvenes y los de mayor edad; subraya que estas medidas constituyen importantes reformas estructurales e inversiones sociales que requieren una financiación adecuada a nivel tanto europeo como nacional, también por parte del Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y/u otros instrumentos;

25.  Recuerda que las mujeres tienen más probabilidades de ocupar puestos de trabajo precarios y mal remunerados y de interrumpir su trayectoria profesional, lo que tiene consecuencias para toda su vida; considera que es urgentemente necesario avanzar de forma decisiva en el ámbito de la igualdad de género y el equilibrio entre vida profesional y privada para eliminar las discriminaciones que aún perduran; aguarda las propuestas de la Comisión en este ámbito anunciadas en su programa de trabajo para 2017, y especialmente en relación con los siguientes aspectos:

   a) deben reforzarse los mecanismos existentes para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, deben colmarse los desequilibrios persistentes entre mujeres y hombres en lo que respecta a los salarios y las pensiones, y debe reducirse la segregación en el empleo; a este fin, es necesario supervisar la aplicación y el cumplimiento de la Directiva 2006/54/CE y revisar, en su caso, esta Directiva; debe proseguir la aplicación del Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) y del Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género (2016-2019), también a través de informes anuales sobre la igualdad de género;
   b) es necesario adoptar nuevas medidas eficaces a escala tanto europea como nacional de cara a la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, incluidas propuestas legislativas sobre los permisos de maternidad, de paternidad y parentales, los permisos para cuidadores, el acceso a servicios asistenciales de calidad y la organización flexible del tiempo de trabajo; debe alentarse un recurso equivalente a estos permisos por parte de hombres y mujeres en todas las categorías de trabajadores con el fin de mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral y su posición en este, reforzar el papel de los padres en la educación de sus hijos y facilitar el equilibrio entre vida profesional y privada; la Comisión también debe apoyar a los Estados miembros en el intercambio y la adopción de buenas prácticas en este ámbito;

26.   Recuerda que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual; insiste en que todas las personas deben disfrutar de las mismas oportunidades a lo largo de sus vidas, también cuando buscan trabajo y en el lugar de trabajo; destaca la necesidad de aplicar correctamente la Directiva 2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo y la Directiva 222/43/CE sobre igualdad racial; insta a los Estados miembros a que mejoren la aplicación y a la Comisión a que evalúe el cumplimiento de las medidas existentes para garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades, así como para mejorar la participación en el mercado laboral y la integración social de los grupos infrarrepresentados; pide a la Comisión que proponga nuevas recomendaciones concretas u otras medidas a este respecto en caso de ser necesario; recuerda que la Directiva sobre la igualdad de trato, propuesta en 2008 y aún no adoptada, es un elemento que se echa en falta en el marco legislativo relativo a la no discriminación; señala a la atención la jurisprudencia a escala nacional y de la Unión en virtud de la cual ha de establecerse la obligación de introducir ajustes razonables para todos los tipos de discriminación en la legislación nacional y de la Unión a condición de que esto no suponga una carga desproporcionada para los empleadores o los proveedores de servicios; pide a la Comisión que supervise los marcos jurídicos y las políticas de los Estados miembros en consonancia con la legislación vigente de la Unión con el fin de garantizar la integración, la igualdad de trato y unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas que tienen el estatuto de refugiado; subraya la necesidad de garantizar a todas las víctimas de explotación y discriminación el acceso a la justicia y la protección;

Movilidad laboral

27.   Destaca que la libre circulación de personas es uno de los grandes logros de la Unión y que la libre circulación de trabajadores es una pieza fundamental del mercado interior, que desempeña un papel esencial a la hora de reforzar la convergencia y la integración entre los Estados miembros; hace hincapié en que la movilidad dentro de la Unión constituye una oportunidad y un derecho fundamental cuyo ejercicio debe respaldarse, también a través de un sistema eficaz de coordinación de la seguridad social; pide que se apliquen y cumplan adecuadamente las normas de la Unión relativas a la movilidad de los trabajadores y a la prestación de servicios transfronterizos; pide, además, que se apoye la movilidad laboral a través de una enseñanza adecuada de idiomas en todos los niveles de la educación, la mejora de la comparabilidad de los sistemas educativos y del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, información fácilmente accesible sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores móviles, y medidas destinadas a garantizar unas condiciones de trabajo dignas y una cooperación real entre los servicios públicos de empleo en toda Europa; observa que la movilidad no debe ser resultado de unas oportunidades de empleo inadecuadas o de una protección social inadecuada en las regiones de origen de los trabajadores, dado que los flujos prolongados de salida de trabajadores pueden frenar la convergencia económica; señala, por consiguiente, la importancia de la política de cohesión y de otros instrumentos para un desarrollo económico equilibrado entre los territorios; considera que la movilidad laboral no debe utilizarse de forma abusiva para socavar las normas sociales de los países de acogida a través del fraude o la elusión de la legislación; destaca que los trabajadores móviles suelen ser contribuidores netos a los presupuestos públicos de los países de acogida; solicita inversiones adecuadas en servicios públicos en las zonas que ven aumentar su población, y recuerda la ayuda que puede aportar a este fin el Fondo Social Europeo;

28.   Pide a la Unión y a los Estados miembros que tengan en cuenta el impacto social de la movilidad sobre el creciente número de familias transnacionales, por ejemplo, previendo permisos para atender a un familiar en otro país y garantizando que los sistemas educativos sean transferibles y comparables de cara a la movilidad de los niños en edad escolar;

29.   Pide a los Estados miembros que impongan a los empresarios la obligación de facilitar un contrato de trabajo en una lengua que conozcan los ciudadanos móviles de la Unión, con el fin de que los trabajadores comprendan dicho contrato;

Creación de los medios necesarios para obtener resultados en la práctica

30.   Pide a la Comisión que se base en los resultados de la consulta pública y en los puntos de vista de las instituciones de la Unión para proponer un programa claro de medidas concretas para la aplicación práctica del pilar europeo de derechos sociales y la plena realización de los objetivos sociales de los Tratados; destaca que, para proteger los derechos sociales fundamentales, deben aplicarse debidamente disposiciones como los artículos 8, 9 y 10 del TFUE en la formulación de las políticas de la Unión y en todas las actuaciones de las instituciones de la Unión, también mediante evaluaciones del impacto social;

31.   Solicita que se introduzca un protocolo social en los Tratados cuando estos se revisen para reforzar los derechos sociales fundamentales en relación con las libertades económicas;

32.   Pide a los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Carta Social Europea revisada y el Convenio Europeo de Seguridad Social (STCE n.º 78); alienta a la Comisión a que estudie las medidas necesarias para la adhesión de la Unión a la Carta revisada y a que proponga un calendario a tal fin;

33.   Pide a la Comisión que incorpore la perspectiva de género como parte integrante del pilar europeo de derechos sociales y que incluya evaluaciones sistemáticas del impacto de género como parte de la evaluación del cumplimiento de los derechos fundamentales;

34.   Manifiesta su preocupación por el persistente impacto negativo de la prolongada crisis económica que se registró en Europa en la primera mitad de esta década y que afectó en mayor medida a algunos países y regiones; considera que el objetivo de la convergencia económica y social ascendente debe sustentarse mediante un conjunto de objetivos, basados en la Estrategia Europa 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que orienten la coordinación de las políticas económicas, sociales y de empleo en la Unión y sirvan de punto de referencia para la zona del euro, en la que debe prestarse especial atención a la convergencia económica y social ascendente;

35.   Recuerda el vínculo bidireccional que existe entre las condiciones sociales y los resultados económicos; aboga por que los objetivos de la Estrategia Europa 2020, el actual cuadro de indicadores sociales y de empleo clave del Informe conjunto sobre el empleo y el posible nuevo Código de Convergencia se tengan en cuenta de forma directa y transparente al formular las recomendaciones específicas por país y las recomendaciones para la zona del euro, así como en la utilización de los instrumentos de la Unión; considera que también deben reforzarse a tal fin los instrumentos de la Estrategia Europea de Empleo y el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social; aboga por el refuerzo del papel del diálogo macroeconómico con los interlocutores sociales en la formulación de la combinación de políticas económicas a escala europea; considera que la vigilancia macrosocial es sumamente importante para garantizar que no se reduzcan los desequilibrios económicos a expensas de la situación laboral y social y evitar una carrera de mínimos en materia de normas sociales en la Unión; reitera su llamamiento para que se elabore una agenda europea de reformas e inversiones con el fin de reforzar el potencial de crecimiento sobre la base de la calidad del empleo y la productividad, promover sistemas de protección social justos, sólidos, eficaces y sostenibles, y promover una transición sostenible de las economías de los Estados miembros hacia una mayor eficiencia de los recursos;

36.   Considera que el fomento de la participación de la mujer en el mercado laboral y de su independencia económica es fundamental para lograr el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de aumentar la tasa de empleo general al 75 % e incrementaría el PIB; pide a la Comisión y a los Estados miembros, por tanto, que refuercen sus políticas y aumenten la inversión destinada a apoyar el empleo femenino en trabajos de calidad, sobre todo en sectores y cargos en los que las mujeres están infrarrepresentadas, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), así como en los sectores de la economía ecológica o en cargos de alta dirección en todos los sectores;

37.   Señala que las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza y la exclusión social, y solicita un impulso político renovado para una estrategia europea ambiciosa de lucha contra la pobreza, así como un nuevo compromiso para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de lucha contra la pobreza; insta a los Estados miembros a que elaboren planes estratégicos nacionales detallados para la lucha contra la pobreza, y a la Comisión a que haga hincapié en la reducción de la pobreza en el marco del Semestre Europeo;

38.   Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se esfuercen por garantizar un nivel apropiado de inversiones sociales, que son esenciales para la cohesión de la sociedad y tienen una influencia claramente positiva en el crecimiento económico a corto y largo plazo (por ejemplo, en servicios de cuidado de niños, educación, la Garantía Juvenil y la Garantía de Capacidades); considera que en la evaluación de la calidad del gasto público también se debe tener presente esta preocupación;

39.   Reitera su llamamiento para que se realicen reuniones conjuntas entre las formaciones EPSCO y ECOFIN del Consejo con vistas a promover unas políticas socioeconómicas mejor coordinadas, así como reuniones regulares de los ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales de la zona del euro destinadas a mejorar la coordinación de las políticas dentro de dicha zona y a abordar de manera adecuada los desequilibrios sociales;

40.   Subraya que los fenómenos actuales de una producción que requiere mucho capital y la importante contribución de los activos intangibles a la creación de valor añadido, por una parte, y los altos índices de desigualdad y desempleo, el continuo aumento del trabajo «atípico» y la decreciente proporción de las rentas del trabajo en la renta total, por otra, exigen ampliar la base financiera de los regímenes de protección social, con neutralidad fiscal, con el fin de proporcionar una protección social adecuada y unos servicios de calidad a todos; considera que, para ello, es necesario pasar a utilizar, en particular, otras fuentes de ingresos fiscales; insta a los Estados miembros a que evalúen sus necesidades a este respecto; recuerda que la acumulación de derechos a prestaciones de la seguridad social a través del trabajo es un aspecto importante del trabajo digno y contribuye de forma fundamental a la estabilidad económica y social; señala, no obstante, que puede reducirse la presión fiscal actual sobre la mano de obra garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas nacionales de seguridad social; destaca asimismo que es fundamental luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar un nivel adecuado de inversión pública y la sostenibilidad de los sistemas de protección social;

41.   Considera que el pilar europeo de derechos sociales solo será creíble si va acompañado de una financiación adecuada a escala nacional y europea, garantizando así que los Estados miembros puedan alcanzar los objetivos consensuados; reitera su llamamiento para que se acelere la aplicación de los programas operativos pertinentes y se revise el MFP 2014-2020, en su caso, para hacer frente al aumento de las necesidades; pide, en particular, que se siga reforzando la Iniciativa de Empleo Juvenil y se adopten medidas adicionales para garantizar un acceso más fácil al Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) y la plena utilización de estos fondos; considera que estos instrumentos financieros deben estar a disposición de todos los Estados miembros y reforzarse de ser necesario, también por lo que respecta a la educación y la formación, la Garantía de Capacidades, la pobreza infantil y nuevos retos imprevistos como la integración de los refugiados en el mercado de trabajo; considera que debe defenderse la norma por la que se asigna el 20 % de las dotaciones nacionales del FSE a la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

42.   Pide que se incremente el apoyo de la Unión al refuerzo de las capacidades institucionales, por ejemplo en lo tocante al diálogo social, la red europea de servicios públicos de empleo, el Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social y la Plataforma de lucha contra el trabajo no declarado, que podrían evolucionar a largo plazo hacia un sistema europeo de inspecciones de trabajo; resalta, en este contexto, la importancia que revisten el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el apoyo del FSE para ese refuerzo de capacidades a escala nacional;

43.   Pide a la Comisión y al Grupo BEI que sigan desarrollando el Plan de Inversiones para Europa con el fin de reforzar las inversiones en la recuperación económica, la creación de empleo de calidad, el desarrollo sostenible y la inversión social en las capacidades actuales y futuras de las personas para participar en el mercado laboral;

44.   Considera que se podría aliviar el impacto social de los ajustes económicos dentro de la zona del euro y reforzar la convergencia económica y social ascendente mediante una financiación adecuada que permita evitar una mayor degradación en lo que respecta a las desigualdades y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, así como hacer frente a perturbaciones macroeconómicas graves al tiempo que se incrementa la competitividad y la estabilidad de las economías de los Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión, al Consejo y a otros organismos competentes que examinen este asunto en debates ulteriores;

45.   Pide a la Comisión que presente sus propuestas sobre el pilar europeo de derechos sociales con ocasión de la presentación anunciada de su Libro Blanco sobre el futuro de la Unión y la UEM;

46.   Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que velen por que la acción exterior sea coherente con el pilar europeo de derechos sociales, en particular promoviendo la aplicación de los convenios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los convenios de la OIT, las conclusiones pertinentes del G-20, los convenios pertinentes del Consejo de Europa, y los acuerdos comerciales y las asociaciones estratégicas de la Unión;

47.   Considera que el pilar europeo de derechos sociales debería adoptarse en 2017 como un acuerdo entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo, con la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil al más alto nivel, e incluir un plan de aplicación claro; pide a la Comisión que proponga mecanismos que permitan la participación adecuada de todas las partes interesadas a todos los niveles pertinentes en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales;

o
o   o

48.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 68 de 18.3.2010, p. 13.
(2) DO L 307 de 18.11.2008, p. 11.
(3) DO L 59 de 2.3.2013, p. 5.
(4) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).
(5) Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288 de 18.10.1991, p. 32).
(6) Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999, p. 43).
(7) Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (DO L 327 de 5.12.2008, p. 9).
(8) Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES - Anexo: Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial (DO L 14 de 20.1.1998, p. 9).
(9) Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).
(10) DO C 13 de 15.1.2016, p. 40.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0312 .
(12) DO C 440 de 30.12.2015, p. 23.
(13) DO C 353 de 27.9.2016, p. 39.
(14) DO C 482 de 23.12.2016, p. 141.
(15) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0351 .
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0401 .
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0411 .
(19) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0136 .
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0318 .
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0346 .
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0338 .
(23) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0377 .
(24) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0321 .
(25) Estudio trimestral de la evolución del empleo y de la situación social en Europa, otoño de 2016, Comisión Europea.


Abordar los retos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre la respuesta a los desafíos de la aplicación del código aduanero de la Unión (2016/3024(RSP) )
P8_TA-PROV(2017)0011 B8-0024/2016

El Parlamento Europeo,

–   Vistos el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión(1) , y su correspondiente acto delegado (Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015(2) ), acto de ejecución (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015(3) ), acto delegado transitorio (Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015(4) ), y programa de trabajo (Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión, de 11 de abril de 2016(5) ),

–   Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras (COM(2013)0884 ),

–   Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192 ),

–   Visto el Reglamento (UE) n.° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1383/2003 del Consejo(6) ,

–   Vista la ratificación por la Unión Europea del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

–   Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.   Considerando que la unión aduanera constituye un pilar fundamental de la Unión Europea, uno de los mayores bloques comerciales del mundo, y es esencial para el correcto funcionamiento del mercado único en beneficio de las empresas y los ciudadanos de la Unión;

B.   Considerando que el mercado único digital tiene por objeto ofrecer un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa;

C.   Considerando que la unión aduanera debe seguir facilitando este acceso para aprovechar al máximo las oportunidades del comercio mundial;

D.   Considerando que la complejidad de las normas y procedimientos aduaneros resulta especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (pymes);

E.   Considerando que los diferentes sistemas aduaneros, en particular en lo relativo a los derechos de aduana y al despacho aduanero, generan fragmentación, cargas administrativas suplementarias y retrasos que provocan incertidumbre y disparidades de mercado y pueden afectar al cumplimiento de la legislación aduanera de la Unión por parte de los operadores económicos;

F.   Considerando que las disposiciones sustantivas del código aduanero de la Unión entraron en vigor el 1 de mayo de 2016 y actualmente se encuentran en un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que todos los Estados miembros deberán tener sus infraestructuras informáticas listas para gestionar el flujo electrónico de datos aduaneros;

G.   Considerando que la Comisión Europea ya ha propuesto al Parlamento Europeo modificaciones de la legislación aduanera de la Unión (por ejemplo, los cambios recientemente adoptados relativos a las mercancías que abandonan temporalmente el territorio aduanero de la Unión por mar o aire), y no dejará de proponer nuevas modificaciones en un futuro cercano;

H.   Considerando que, debido a la técnica de refundición, el código aduanero de la Unión no se ha sometido a un análisis de rentabilidad y su correspondiente acto delegado (Reglamento Delegado (UE) 2015/2446), acto de ejecución (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447), acto delegado transitorio (Reglamento Delegado 2016/341) y programa de trabajo (Decisión de Ejecución 2016/578) no han sido objeto de una evaluación de impacto previa;

I.   Considerando que, habida cuenta de los importantes volúmenes comerciales y de los nuevos desafíos para la unión aduanera desde su creación, es crucial una cooperación aduanera eficaz entre las administraciones aduaneras de los Estados miembros, con terceros países y a nivel multilateral;

J.   Considerando que la Comisión también ha propuesto una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras;

1.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren una estrategia y un calendario claros, coherentes y ambiciosos para garantizar que todos los elementos necesarios para lograr el cumplimiento de los sistemas aduaneros de la Unión sean objeto de propuestas apropiadas que se ajusten y adecuen a la evolución actual del comercio mundial y a la aplicación de la agenda de la Unión en materia de política comercial;

2.   Propone, en particular, que se intensifiquen los esfuerzos para establecer requisitos aduaneros electrónicos más uniformes y programas de evaluación de riesgos a escala de la Unión dentro del plazo previsto en el código aduanero de la Unión, a fin de garantizar que la llegada, el tránsito y la salida de las mercancías que entran y salen de la Unión se registren con la mayor eficacia posible (sin comprometer la seguridad), mediante la interconexión de los sistemas de los Estados miembros para formar un sistema electrónico coherente basado en el mismo modelo de datos y sistemas de circulación comunes; considera que la Comisión debería adoptar un enfoque proactivo en este ámbito, en particular a través de una cofinanciación que garantice el desarrollo de sistemas informáticos interoperables y la interoperabilidad con otros sistemas informáticos para los certificados sanitarios y de salud animal;

3.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen estrechamente con los operadores económicos en todas las fases de desarrollo de la aplicación del código aduanero de la Unión, así como en el proceso de modificación de los actos delegados de dicho código, y apoya el proceso de consulta periódica que con este fin se mantiene con el Grupo de contacto con los operadores;

4.   Recuerda a la Comisión el compromiso de la Unión para facilitar la circulación de mercancías a través de las fronteras, reducir los costes comerciales en las fronteras y reforzar la cooperación eficaz entre los miembros en cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras;

5.   Recuerda a la Comisión su compromiso de crear un auténtico mercado único digital, del que la facilitación del comercio electrónico debe ser un componente fundamental; destaca que todos los operadores económicos han de respetar las normas sobre los procedimientos aduaneros con el fin de evitar lagunas en los regímenes aduaneros, y reconoce que no se debe privar a los operadores económicos de los procedimientos aduaneros simplificados actuales, siempre y cuando sean compatibles con la seguridad, la protección y las normas de la propiedad intelectual, por ejemplo en el caso de los operadores de servicios de mensajería rápida de envíos de escaso valor, que con las disposiciones del código aduanero de la Unión estarán sujetos a los procedimientos aduaneros ordinarios, que pueden representar trabas burocráticas capaces de obstaculizar el crecimiento del comercio electrónico;

6.   Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad que le brinda la actual preparación de las medidas de aplicación para abordar los objetivos mencionados y solventar rápidamente las deficiencias jurídicas, a fin de aprovechar al máximo las oportunidades de la unión aduanera ;

7.   Propone que la Comisión precise que una deuda aduanera por incumplimiento también puede extinguirse en los casos en que pueda demostrarse, mediante las pruebas oportunas, que no ha existido tentativa de fraude, por ejemplo, en los supuestos de almacenamiento temporal o de introducción de mercancías no pertenecientes a la Unión en el territorio aduanero de la Unión;

8.   Pide a la Comisión que presente, a más tardar en 2017, un informe intermedio que evalúe minuciosamente la política aduanera de la Unión (incluida una revisión completa de todos los problemas, solapamientos, lagunas, incoherencias y medidas obsoletas que se hayan detectado, de las denuncias presentadas ante las autoridades aduaneras y de las infracciones del código aduanero de la Unión que hayan sido el resultado de los errores y lagunas del Reglamento (UE) n.º 952/2013 y hayan sido corregidas desde el 1 de mayo de 2016), y que realice, de aquí a 2021, un control de adecuación, que incluya una evaluación de impacto independiente, para garantizar que el marco normativo de la política aduanera de la Unión, incluido el nuevo código aduanero, es eficaz, proporcionado y adecuado tanto para los Estados miembros como para los operadores comerciales;

9.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

(1) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(2) DO L 343 de 29.12.2015, p. 1.
(3) DO L 343 de 29.12.2015, p. 558.
(4) DO L 69 de 15.3.2016, p. 1
(5) DO L 99 de 15.4.2016, p. 6.
(6) DO L 181 de 29.6.2013, p. 15.

Última actualización: 24 de enero de 2017Aviso jurídico