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Procedimiento : 2007/2011(INI)
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Ciclo relativo al documento : A6-0212/2007

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A6-0212/2007

Debates :

PV 20/06/2007 - 12
CRE 20/06/2007 - 12

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PV 21/06/2007 - 8.7
CRE 21/06/2007 - 8.7
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P6_TA(2007)0283

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Jueves 21 de junio de 2007 - Estrasburgo Edición definitiva
Delincuencia juvenil: papel de las mujeres, la familia y la sociedad
P6_TA(2007)0283A6-0212/2007

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, sobre la delincuencia juvenil – el papel de las mujeres, la familia y la sociedad (2007/2011(INI))

El Parlamento Europeo ,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y, en particular, sus artículos 37 y 40,

–  Vistas las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores o "Reglas de Beijing" de 1985, aprobadas por la Asamblea General mediante su Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985,

–  Vistas las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o "Directrices de Riad" de 1990, aprobadas por la Asamblea General mediante su Resolución 45/112 de 14 de diciembre de 1990,

–  Vistas las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, aprobadas por la Asamblea General mediante su Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990,

–  Visto el Convenio Europeo del Consejo de Europa sobre el ejercicio de los derechos de los niños, de 25 de enero de 1996, y, en particular, sus artículos 1 y 3 a 9,

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre nuevas formas de tratamiento de la delincuencia juvenil y la función de la justicia de menores de 24 de septiembre de 2003(1) ,

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil de 17 de septiembre de 1987(2) ,

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil entre jóvenes pertenecientes a familias migrantes de 18 de abril de 1988(3) ,

–  Visto el Tratado UE y, en particular, su artículo 6 así como las disposiciones de su Título VI relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal,

–  Visto el Tratado CE y, en particular, su Título XI, relativo a la política social, de educación, de formación profesional y de juventud, en particular, su artículo 137,

–  Visto el programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS), que expiró el 31 de diciembre de 2006, así como el Reglamento (CE) nº 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(4) ,

–  Vista su Posición de 30 de noviembre de 2006 sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se faculta a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para llevar a cabo sus actividades en los ámbitos contemplados en el título VI del Tratado de la Unión Europea(5) ,

–  Vista su Posición de 22 de mayo de 2007 sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece, para el periodo 2007-2013, un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) como parte del Programa general "Derechos fundamentales y justicia"(6) ,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia" (COM(2006)0367),

–  Vista su Resolución de 8 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño(7) y, en particular, sus apartados 8.22 y 8.23,

–  Vista la Decisión 2001/427/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una red europea de prevención de la delincuencia(8) ,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 15 de marzo de 2006 titulado "La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea"(9) ,

–  Vistas las conclusiones de la conferencia celebrada en Glasgow los días 5 a 7 de septiembre de 2005 en el marco de la Presidencia británica con el tema "Juventud y delito – un enfoque europeo",

–  Vistos los últimos informes anuales del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0212/2007),

A.  Considerando que la conducta delictiva de los menores entraña riesgos mucho mayores que la de los adultos, ya que afecta a un segmento especialmente sensible de la población en la fase de la construcción de su personalidad, exponiendo a los menores desde edades muy tempranas al riesgo de la exclusión social y la estigmatización,

B.  Considerando que la no escolarización es uno de los factores que acentúan los riesgos de delincuencia juvenil,

C.  Considerando que, según estudios nacionales, europeos e internacionales, el fenómeno de la delincuencia juvenil ha registrado durante las dos últimas décadas un aumento inquietante,

D.  Considerando que la delincuencia juvenil es preocupante por su actual carácter masivo, debido al descenso de la edad en que se comienza a delinquir, al incremento del número de delitos perpetrados por menores de 13 años y al hecho de que sus actos sean cada vez más crueles,

E.  Considerando que el modo en que se registran y presentan hoy en día los datos estadísticos sobre la delincuencia juvenil no responde a las necesidades reales y las circunstancias actuales, por lo que se requieren con urgencia datos estadísticos nacionales fiables,

F.  Considerando que es difícil clasificar de manera absoluta las causas que llevan a un menor a una conducta delictiva, ya que su evolución hacia formas de conducta socialmente desviadas y finalmente delictivas constituye cada vez un caso individualizado y específico que responde a sus vivencias y a los principales polos alrededor de los que se desarrolla cada niño y adolescente: la familia, la escuela, las amistades así como, en términos más generales, el entorno económico y social en el que vive,

G.  Considerando que, como principales factores de la delincuencia juvenil, se citan la falta de elementos de referencia, la falta de comunicación y de promoción de los modelos adecuados en el seno de la familia, frecuentemente por la ausencia de los progenitores, los problemas psicopatológicos vinculados con situaciones de malos tratos o acoso sexual por parte de personas del entorno, las deficiencias de los sistemas educativos en lo que concierne a la transmisión de valores sociales, la pobreza, el desempleo, la exclusión social y el racismo; destacando que son asimismo factores importantes la especial tendencia al mimetismo que desarrollan los jóvenes durante la fase de formación de su personalidad, los trastornos de la personalidad relacionados con el consumo de alcohol y drogas y la promoción de modelos de violencia gratuita, excesiva e injustificada por parte de los medios de comunicación y determinados sitios de Internet y videojuegos,

H.  Considerando que un comportamiento desviado en los jóvenes no encuentra de forma sistemática su origen en el contexto familiar,

I.  Considerando que el incremento del consumo de cannabis y otras drogas o de alcohol por los adolescentes debe ponerse en correlación con el crecimiento de la delincuencia juvenil,

J.  Considerando que los migrantes, y más aún los menores, son mucho más vulnerables al control social, lo que da pie a creer que el problema de la delincuencia juvenil afecta principalmente a la comunidad migrante, y no a toda la sociedad, un enfoque que no sólo es erróneo, sino socialmente peligroso,

K.  Considerando que las dos formas "modernas" de delincuencia juvenil son la creación de "bandas juveniles" así como el aumento de la violencia en el entorno escolar, fenómenos especialmente extendidos en determinados Estados miembros y complejos de estudiar y atajar,

L.  Considerando que la intensificación de fenómenos como el de las bandas juveniles violentas organizadas ha conducido a determinados Estados miembros a abrir un debate sobre la necesidad de revisar el Derecho penal en materia de menores,

M.  Considerando que, en determinados Estados miembros, las inmediaciones e incluso los patios de los colegios, también los de barrios acomodados, se han convertido en zonas fuera de la ley (oferta de droga, violencia en ocasiones con armas blancas, extorsiones varias y desarrollo de juegos peligrosos -por ejemplo, el fenómeno del "happy slapping", consistente en colgar en sitios de Internet fotos o vídeos con escenas de violencia captados con teléfonos móviles-),

N.  Considerando que durante los últimos años se observa una revisión gradual de las respectivas legislaciones penales nacionales en materia de menores, que debería centrarse en medidas de prevención, medidas judiciales y extrajudiciales y medidas de reeducación así como de rehabilitación, incluida una terapia en los casos en que se imponga; considerando que, sin embargo, conviene destacar que la aplicación de dichas nuevas medidas es con frecuencia inviable en la práctica por falta de infraestructura material y técnica adecuada y moderna y de personal especializado cualificado, así como debido a una limitada financiación y, en ocasiones, a una falta de voluntad por parte de las partes interesadas o a deficiencias intrínsecas al sistema;

O.  Considerando que el aluvión de imágenes de escenas de extrema violencia y de material pornográfico transmitido por los medios de comunicación y audiovisuales, como los juegos, la televisión e Internet, así como la explotación de la imagen de menores víctimas o infractores por los medios de comunicación rozan en numerosas ocasiones la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y contribuyen a propagar la banalización de la violencia,

P.  Considerando que las estadísticas publicadas en determinados Estados miembros indican que entre el 70 y el 80 % de los delincuentes menores de edad sancionados tras cometer su primer delito no reinciden,

Q.  Considerando los estudios y artículos publicados en determinados Estados miembros que ponen de manifiesto el incremento del número de actos de violencia perpetrados por adolescentes contra sus padres y la impotencia en la que están sumidos estos últimos,

R.  Considerando que las redes de delincuencia organizada recurren en ocasiones a delincuentes menores de edad para realizar sus actividades,

S.  Considerando que, en el marco de la Red europea de prevención de la delincuencia (REPD), creada en 2001, se creó un grupo de trabajo específico para combatir la delincuencia juvenil que se encargó de la elaboración de un estudio comparativo minucioso en los 27 Estados miembros para que constituyera la base de la evolución futura de la política de la Unión en este ámbito,

1.  Destaca que, para atajar de forma sustancial el fenómeno de la delincuencia juvenil, se requiere una estrategia integrada a escala tanto nacional como europea que combine medidas según tres directrices: medidas de prevención, medidas judiciales y extrajudiciales y medidas de inclusión social de todos los jóvenes;

Políticas nacionales

2.  Subraya que, en la elaboración y ejecución de una estrategia nacional integrada, debería atribuirse una importancia decisiva a la participación social directa de todos los actores de la sociedad: el Estado como gestor central, los entes de la administración local y regional, los representantes de la comunidad escolar, la familia, las ONG y especialmente las orientadas a la juventud, la sociedad civil y cada uno de los ciudadanos; sostiene que, para aplicar acciones sustanciales dirigidas a combatir radicalmente la delincuencia juvenil, es indispensable contar con los recursos económicos suficientes;

3.  Sostiene que, para atajar de forma fundamental la delincuencia juvenil, es necesaria una política integrada y eficaz en el plano escolar, social, familiar y educativo que contribuya a la transmisión de los valores sociales y cívicos y a la socialización precoz de los jóvenes; ; considera que, por otra parte, es necesario definir una política centrada en mejorar la cohesión económica y social con miras a reducir las desigualdades sociales y combatir la exclusión social y la pobreza, prestando una atención especial a la pobreza infantil;

4.  Considera necesario que las familias, los educadores y la sociedad transmitan valores a los jóvenes desde su infancia;

5.  Considera que la prevención de la delincuencia juvenil exige asimismo políticas públicas en otros ámbitos, incluidos la vivienda, el empleo, la formación profesional, la ocupación del tiempo libre y los intercambios juveniles;

6.  Recuerda que tanto las familias y las escuelas como la sociedad en general deben colaborar para luchar contra el fenómeno creciente de la violencia juvenil;

7.  Destaca el papel específico que desempeña la familia en todas las fases de la lucha contra la delincuencia juvenil y pide a los Estados miembros que desarrollen un apoyo adecuado para los progenitores; constata, en determinados casos, la necesidad de implicar y de responsabilizar en mayor medida a éstos últimos;

8.  Alienta a los Estados miembros a que prevean en sus políticas nacionales el establecimiento de un permiso parental de un año que permita a las familias que lo deseen privilegiar de este modo la primera educación de su hijo, que reviste una importancia capital en su desarrollo afectivo;

9.  Pide a los Estados miembros que proporcionen un apoyo especial a las familias que afrontan problemas económicos y sociales; señala que la adopción de medidas que cubran las necesidades esenciales de alojamiento y alimentación, el acceso garantizado de todos los miembros de estas familias, especialmente de los niños, a la educación básica y a la asistencia sanitaria así como las acciones de integración equitativa de los miembros de estas familias en el mercado de trabajo y la vida social, económica y política asegurarán un entorno familiar sano y justo para el desarrollo y la primera socialización de los niños;

10.  Invita a los Estados miembros a que destinen medios para extender una oferta eficaz de asesoramiento psicológico y social, incluidos puntos de contacto para familias con problemas afectadas por la delincuencia juvenil;

11.  Destaca el papel especial que desempeñan la escuela y la comunidad escolar en la construcción de la personalidad de los niños y adolescentes; subraya que dos características básicas de la escuela de hoy en día, la diversidad cultural y la acentuación de las diferencias de clase social, pueden, en ausencia de las estructuras adecuadas de intervención, apoyo y acercamiento de los alumnos en el seno del sistema educativo, conllevar fenómenos de violencia dentro de la escuela;

12.  Pide, en este contexto, a los Estados miembros que den a las autoridades escolares las directrices adecuadas para seguir un procedimiento moderno de resolución de conflictos en el ámbito de la escuela mediante instituciones mediadoras en las que participen conjuntamente alumnos, progenitores, docentes y servicios competentes de las entidades locales;

13.  Estima que es absolutamente necesario proporcionar la formación adecuada a los docentes para que puedan gestionar la heterogeneidad de la clase, desarrollar una pedagogía basada, no en amonestaciones, sino en la prevención y la solidaridad, y evitar la estigmatización y marginación tanto de los menores infractores como de sus condiscípulos que son sus víctimas;

14.  Pide además a los Estados miembros que integren en su política educativa la provisión de especial asesoramiento y apoyo psicológico a los niños que afrontan problemas de socialización, la posibilidad de proporcionar asistencia sanitaria en cada centro escolar, el nombramiento, por cada pocos centros educativos, de un trabajador social, un sociólogo-criminólogo y un psicólogo infantil, especializados en cuestiones de delincuencia juvenil, el control estricto del consumo de alcohol o drogas por los alumnos, la lucha contra toda forma de discriminación en contra de miembros de la comunidad escolar, el nombramiento de un mediador comunitario que conecte la escuela con la comunidad así como la colaboración entre diferentes comunidades escolares en lo referente a la elaboración y aplicación de programas contra la violencia;

15.  Pide a los Estados miembros y a las autoridades nacionales y regionales de reglamentación competentes que apliquen de modo estricto y absoluto la legislación comunitaria y nacional relativa a la indicación del contenido de las emisiones televisivas y otros programas que puedan incluir escenas especialmente violentas o inadecuadas para menores; pide además a los Estados miembros que acuerden con los representantes de los medios de comunicación una "hoja de ruta" para la protección de los derechos de los niños y especialmente de los menores delincuentes, con respecto a la prohibición tanto de emitir imágenes extremas a determinadas horas del día como de revelar la identidad de menores implicados en conductas delictivas;

16.  Recomienda a los Estados miembros que refuercen el papel y la valorización cualitativa de los centros juveniles como lugar de intercambio de los jóvenes y señala que la integración de los menores delincuentes en dichos lugares les ayudará en sus actividades sociales y reforzará su sentimiento de pertenencia a la sociedad;

17.  Señala que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante en la prevención del fenómeno de la delincuencia juvenil adoptando iniciativas de información y sensibilización de la opinión pública así como ofreciendo emisiones de elevada calidad que destaquen la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad, controlando, por el contrario, la difusión de escenas violentas, la pornografía y el consumo de drogas, sobre la base de acuerdos que se integren en la "hoja de ruta" de protección de los derechos de los niños;

18.  Destaca asimismo, en el marco de la lucha contra la delincuencia juvenil, el interés que representa desarrollar en los Estados miembros medidas que prevean penas alternativas a la reclusión y de carácter pedagógico que los jueces nacionales puedan utilizar, como la oferta de trabajo social, la reparación y la mediación con las víctimas, así como cursos de formación profesional en función de la gravedad del delito, así como de la edad, de la personalidad y de la madurez del delincuente;

19.  Insta a los Estados miembros a que adopten nuevas medidas innovadoras de tratamiento judicial, como la participación inmediata de los progenitores o tutores de los menores en el proceso penal -desde la fase del procesamiento penal hasta la ejecución de penas- en combinación con una reeducación y un apoyo psicológico intensivo, la elección de una familia de acogida para la educación del menor cuando se juzgue necesario así como el asesoramiento y la información de progenitores, docentes y alumnos en los casos en que los menores manifiesten una conducta violenta en el entorno escolar;

20.  Recuerda que, en materia de delincuencia juvenil, el desarrollo del procedimiento judicial y su duración, la elección de la medida que ha de adoptarse así como su posterior ejecución deben guiarse por el principio del interés superior del menor y por el respeto del Derecho procesal de cada Estado miembro; subraya a este respecto que toda medida de reclusión sólo debe aplicarse en última instancia y ejecutarse en infraestructuras adaptadas a los menores delincuentes;

21.  Pide a los Estados miembros que, en el marco de un enfoque integrado de la delincuencia juvenil, prevean fondos específicos y autónomos de sus respectivos presupuestos para adoptar medidas de prevención de la delincuencia juvenil, aumenten los fondos destinados a programas de integración social y profesional de los jóvenes e incrementen los recursos destinados tanto a la revalorización como a la modernización de las infraestructuras de acogida de los menores infractores a escala central, aunque también regional, así como medidas de formación especializada y aprendizaje permanente de todos los profesionales y responsables implicados;

Hacia una estrategia marco europea

22.  Recomienda a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, procedan con urgencia a elaborar e instituir, en el ámbito de la delincuencia juvenil, determinadas pautas y orientaciones mínimas comunes para todos los Estados miembros que se centren en los tres pilares básicos que son, en primer lugar, la prevención; en segundo lugar, las medidas judiciales y extrajudiciales; y, en tercer lugar, la rehabilitación, la integración y la reinserción social, sobre la base de los principios internacionalmente consagrados de las Reglas de Beijing, de las directrices de Riad y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como también de los restantes convenios internacionales de este ámbito;

23.  Sostiene que el objetivo de un enfoque europeo común debe ser la elaboración de modelos de intervención para la resolución y gestión de la delincuencia juvenil, mientras que las medidas de reclusión y las sanciones penales deben constituir el último recurso y aplicarse únicamente en aquellos casos en que se considere absolutamente necesario;

24.  Insiste en que la inclusión y participación de los jóvenes en todas las cuestiones y decisiones que les afectan son indispensables para encontrar soluciones conjuntas que den frutos; considera que, por lo tanto, también a la hora de recurrir a los escabinos para menores, debe tenerse en cuenta no sólo que tengan experiencia en el ámbito de la educación de los jóvenes, sino también que estén preparados para afrontar la problemática de la violencia y los jóvenes;

25.  Pide a la Comisión que establezca para todos los Estados miembros criterios concretos relativos a la recogida de los datos estadísticos nacionales con el fin de garantizar su comparabilidad y , por consiguiente, su utilidad a la hora de concebir medidas a escala europea; pide a los Estados miembros que participen activamente en la labor de la Comisión mediante la difusión y la aportación de información de todas las autoridades competentes de nivel nacional, regional y local así como las asociaciones, las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito;

26.  Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales y locales de los Estados miembros que se inspiren en las mejores prácticas en los Estados miembros que movilizan a toda la sociedad e incluyen acciones e intervenciones positivas de asociaciones de padres de alumnos y de ONG en los centros escolares y de vecinos en los barrios así como hacer balance de las experiencias llevadas a cabo en los Estados miembros sobre acuerdos de colaboración entre autoridades policiales, centros escolares, autoridades locales, organizaciones juveniles y servicios sociales a escala local respetando la regla del secreto compartido, al igual que estrategias nacionales y programas de apoyo a los jóvenes a escala nacional; pide a los Estados miembros que se inspiren en las mejores prácticas aplicadas en los mismos para luchar contra el inquietante desarrollo del consumo de drogas por parte de los menores y de la delincuencia vinculada al mismo, así como en las mejores soluciones que han de aplicarse en caso de consumo problemático, especialmente en materia de atención médica;

27.  Se felicita por las iniciativas nacionales que incluyen acciones positivas de integración como el "animador extraescolar" que comienza a desarrollarse en regiones como La Rioja (España);

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en una primera fase, aprovechen los medios y programas europeos ya existentes, incluyendo en ellos estas acciones dirigidas a afrontar y prevenir el fenómeno de la delincuencia juvenil así como la normal reinserción social de delincuentes y víctimas; menciona de modo indicativo

   el Programa específico "Prevención y lucha contra la delincuencia" 2007-2013, con los objetivos básicos de prevenir la delincuencia y proteger a las víctimas,
   el Programa específico de justicia penal 2007-2013, con la promoción de la cooperación judicial en cuestiones penales sobre la base del reconocimiento y la confianza mutuos y la mejora de los contactos y del intercambio de información entre las autoridades nacionales competentes,
   el Programa DAPHNE III dirigido a combatir la violencia contra los niños y los jóvenes,
   el programa "Juventud en Acción" 2007-2013, una de cuyas prioridades básicas es apoyar a los jóvenes con menos oportunidades o procedentes de un medio menos favorecido,
   las acciones del Fondo Social Europeo y del programa Equal dirigidas a apoyar la integración social y la lucha contra la discriminación así como facilitar el acceso al mercado laboral a las personas menos favorecidas,
   el programa Urbact que cuenta con el apoyo de la Unión y persigue un intercambio de mejores prácticas entre las ciudades europeas con miras a un entorno más viable para sus habitantes, que incluye acciones dirigidas a crear un entorno urbano más seguro para los jóvenes así como acciones de integración social de los jóvenes menos favorecidos, dirigidas a lograr una mayor socialización y participación de los mismos,
   programas intergubernamentales de iniciativa, como "Let bind safe net for children and youth at risk", que se centran en emprender acciones en favor de los niños y jóvenes en peligro o en condiciones de exclusión social y en las que pueden y deben participar socios del mayor número posible de Estados miembros,
   el número de teléfono europeo para los niños desaparecidos, entre los que se cuentan también víctimas de la delincuencia juvenil;

29.  Hace hincapié en la necesidad de que haya estrecha cooperación y comunicación entre todas las autoridades judiciales y policiales a escala nacional y comunitaria en relación con la investigación y la resolución de casos de niños desaparecidos víctimas de la delincuencia juvenil, sobre la base de los objetivos específicos de la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia que determina la Comunicación de la Comisión anteriormente mencionada;

30.  Subraya que uno de los elementos de prevención y lucha contra la delincuencia de los menores consiste en el desarrollo de una política de comunicación que dé a conocer la problemática, a extirpar la violencia de los medios de comunicación y que promueva unos medios audiovisuales cuya programación no esté centrada exclusivamente en programas violentos; pide, por consiguiente, que se establezcan normas europeas para limitar la difusión de la violencia tanto en los medios audiovisuales como en la prensa escrita;

31.  Señala que la Directiva 89/552/CEE(10) sobre la "televisión sin fronteras" fija límites importantes a la proyección de imágenes violentas y en general imágenes inadecuadas para la formación de los niños, por lo que constituye una medida apropiada de prevención de la violencia por parte de menores y contra menores; pide a la Comisión que emprenda acciones ulteriores en este sentido, haciendo extensivas las obligaciones a los ámbitos de la telefonía móvil e Internet, acciones que deberán constituir una de las prioridades políticas básicas en el contexto de la Comunicación de la Comisión sobre los derechos del niño citada anteriormente;

32.  Aplaude la entrada en vigor del marco europeo de autorregulación de las empresas europeas con miras a un uso más seguro de los teléfonos móviles por parte de los menores y niños, y destaca que la información y concienciación con respecto a la navegación segura en Internet y el uso seguro del teléfono móvil deben constituir en adelante el objeto de propuestas concretas de la Comisión, vinculantes a escala europea;

33.  Pide a la Comisión que promueva la instalación a escala comunitaria de un número de teléfono para los niños y jóvenes con problemas, ya que tales números de teléfono pueden contribuir en gran medida a la prevención de la delincuencia juvenil;

34.  Pide a la Comisión que, una vez concluya los necesarios estudios a escala europea, proponga un programa marco comunitario integrado que abarque acciones comunitarias de prevención, apoyo de las iniciativas de las ONG y las cooperaciones intergubernamentales así como financiación de programas piloto a escala regional y local que se basen en las mejores prácticas nacionales y persigan su difusión europea y que cubran necesidades de formación e infraestructura social y pedagógica;

35.  Destaca que, al nivel de las acciones comunitarias, hay dos medidas de índole más básica que deben aplicarse de inmediato:

   la integración de la financiación de acciones relacionadas con la prevención en programas comunitarios ya existentes sí como la creación de una nueva línea presupuestaria dedicada a acciones y redes integradas para hacer frente a la delincuencia juvenil,
   la publicación de un estudio y, a continuación, la presentación de una comunicación de la Comisión sobre la magnitud del fenómeno en Europa y los preparativos adecuados a través de redes de expertos nacionales con miras a la concepción de un programa marco integrado que luche contra la delincuencia juvenil;

36.  Pide a la Comisión, en este contexto, que se encargue de concebir un programa de acciones cofinanciadas que incluya:

   la búsqueda de las mejores prácticas de prevención y de soluciones eficaces e innovadoras a partir de un enfoque multisectorial,
   la medición y el análisis de la eficacia que pueden tener a largo plazo sistemas recientemente desarrollados de gestión de los menores infractores, como el de la "justicia restaurativa",
   el intercambio de mejores prácticas a escala internacional, nacional y local, incluidas las óptimas experiencias adquiridas con el programa europeo Daphne contra la violencia, que, con sus numerosos y eficaces proyectos contra la violencia, puede invocarse como ejemplo de "mejores prácticas",
   la garantía de que estos servicios y prácticas se centran en el interés superior de los niños y adolescentes, en la protección de sus derechos así como en el aprendizaje, por su parte, de sus deberes y del respeto de la ley,
   el desarrollo de un modelo europeo de protección de la juventud basado en los tres pilares fundamentales de la prevención, las medidas judiciales y extrajudiciales, y la reinserción social, así como la promoción de unos valores de respeto e igualdad y de los derechos y obligaciones de todos,
   la concepción de programas de educación y formación profesional de los menores para facilitar su integración social e implantar una auténtica igualdad de oportunidades para todos a través del aprendizaje permanente; una educación eficiente para todos y desde el principio y la aplicación de los objetivos de Barcelona, que constituyen condiciones previas para la prevención eficaz de la violencia; el apoyo de las iniciativas existentes emprendidas por organizaciones juveniles a este respecto,
   un programa coordinado de formación continua de los defensores del pueblo nacionales, los órganos policiales, los funcionarios judiciales, los servicios nacionales competentes y las autoridades de supervisión,
   la conexión en red de los servicios competentes de la administración local y regional, de las organizaciones juveniles así como de la comunidad escolar;

37.  Recomienda a la Comisión que, en el marco de los preparativos del Observatorio Europeo de la delincuencia juvenil y del correspondiente programa marco, proponga de inmediato las medidas siguientes de promoción y difusión de experiencias y conocimientos técnicos:

   investigación colectiva y difusión de los resultados de las políticas nacionales,
   organización de conferencias y foros en los que participen expertos nacionales,
   promoción de la comunicación e información entre las autoridades competentes y los agentes sociales a través de Internet y creación de un sitio Internet especializado en estas cuestiones,
   creación de un centro de excelencia internacional;

o
o   o

38.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo así como al Comité de las Regiones.

(1) Rec(2003)20.
(2) Rec(87)20.
(3) Rec(88)6.
(4) DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P6_TA(2006)0510.
(6) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0188.
(7) DO C 241 de 21.9.1992, p. 67.
(8) DO L 153 de 8.6.2001, p. 1.
(9) DO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
(10) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.

Última actualización: 26 de febrero de 2008Aviso jurídico