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Procedimiento : 2008/2623(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B6-0386/2008

Debates :

PV 04/09/2008 - 12.1
CRE 04/09/2008 - 12.1

Votaciones :

PV 04/09/2008 - 13.1
CRE 04/09/2008 - 13.1

Textos aprobados :

P6_TA(2008)0411

Textos aprobados
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Jueves 4 de septiembre de 2008 - Bruselas Edición definitiva
Golpe de Estado en Mauritania
P6_TA(2008)0411B6-0386, 0392, 0397, 0398, 0408 y 0409/2008

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre el golpe de Estado en Mauritania

El Parlamento Europeo ,

–  Vistas las declaraciones pronunciadas por el Presidente del Parlamento Europeo, la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), la Comisión, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y la Organización Internacional de la Francofonía a raíz del golpe de Estado en Mauritania,

–  Vista la segunda visita a Mauritania, desde el golpe de Estado, del Representante Especial para el África Occidental del Secretario General de las Naciones Unidas, Saïd Djinnit,

–  Vista el Acta Constitutiva de la Unión Africana, que condena toda tentativa de toma del poder por la fuerza,

–  Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 6 de agosto de 2008 se produjo un golpe de Estado en Mauritania en el que el Presidente mauritano Sidi Mohamed Uld Cheij Abdallahi fue derrocado por un grupo de generales del más alto rango a los que había destituido ese mismo día,

B.  Considerando que las elecciones legislativas, de noviembre y diciembre de 2006, las del Senado, de enero de 2007, y la del Presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdallahi, de marzo de 2007, fueron consideradas justas y transparentes por los observadores internacionales, incluidos los de la Unión Europea y, en particular, por las misiones de observación enviadas por le Parlamento Europeo, que se constituyó con ello en garante de la legalidad de estas elecciones,

C.  Considerando que más de dos tercios de los diputados del Parlamento mauritano han firmado una declaración de apoyo al instigador del golpe de Estado, Mohamed Uld Abdel Aziz, y a los otros generales; que, en junio de 2008, el poder legislativo aprobó una moción de censura por la que instaba encarecidamente al Presidente Abdallahi a remodelar su Gobierno, y que 49 diputados se retiraron del Parlamento después de que el Presidente Abdallahi nombrase a 12 ministros que habían servido bajo el muy impopular régimen anterior,

D.  Considerando que las decisiones sobre el futuro político, económico y social de Mauritania corresponden exclusivamente a los representantes electos del pueblo y que la democracia implica un equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, que gozan ambos de legitimidad electoral,

E.  Considerando que el golpe de Estado se ha producido en un contexto económico y social degradado y que el desarrollo es la mejor garantía de éxito de la democracia,

F.  Reconociendo los progresos registrados en relación con el retorno de los refugiados y la adopción de la ley que penaliza la esclavitud en el país,

G.  Considerando el apoyo de la Unión a la transición democrática y el "programa de apoyo" dotado con 156 000 000 EUR para el periodo 2008-2013, enmarcado en el 10º Fondo Europeo de Desarrollo, complementario de la asistencia ya en curso y de los 335 000 000 EUR de ayuda concedidos desde 1985,

H.  Considerando que el Banco Mundial ha suspendido una ayuda de 175 000 000 USD en favor de Mauritania y que la suspensión de estas transferencias afectará a 17 proyectos nacionales en Mauritania y a la participación del país en proyectos regionales del Banco Mundial, concretamente, de desarrollo rural, sanidad, educación, infraestructuras y construcción de carreteras,

I.  Considerando que una Mauritania democrática representaría un polo de estabilidad en una subregión particularmente frágil, afectada, por una parte, por la presencia en el Sáhara, en la frontera nororiental con Argelia y Malí, del grupo salafista para la predicación y el combate, convertido en Al Qaeda del Gran Magreb Islámico, y, por otra parte, por la rebelión tuareg,

J.  Considerando que la "ordenanza constitucional" en la que la junta militar define sus poderes y que le permite gobernar por decreto carece de todo fundamento jurídico,

1.  Condena el golpe de Estado militar perpetrado por los generales mauritanos, que es el segundo en tres años en este país y constituye una violación de la legalidad constitucional y de los resultados democráticos de las elecciones, convalidados a nivel internacional; lamenta este retroceso en relación con los avances considerables en términos de desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho registrados en estos últimos años en Mauritania; pide que se ponga fin a las tensiones políticas actuales en Mauritania en el marco institucional establecido a raíz de la fase de transición a la democracia, y que se restablezca el orden constitucional y civil en el plazo más breve posible;

2.  Pide la liberación inmediata del Presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdallahi, del Primer Ministro Yahya Uld Ahmed el Waghef y de los otros miembros del Gobierno que siguen en régimen de arresto domiciliario en diversos lugares del país;

3.  Pide el pleno respeto de la legalidad constitucional de los poderes del Presidente y del Parlamento mauritano, lo que implica que los mecanismos de cohabitación entre el Presidente y el Parlamento y los mecanismos de equilibrio entre el poder ejecutivo y el porder legislativo se regulen respetando la Constitución y dentro de ella, teniendo presente que las modificaciones de la Constitución para procurar una mayor estabilidad solamente pueden efectuarse con arreglo a las disposiciones constitucionales y tras un amplio debate que reúna a todas las fuerzas políticas;

4.  Considera que un debate franco y sincero entre las principales fuerzas políticas debe determinar las vías y las modalidades constitucionales necesarias para poner fin a la crisis;

5.  Acoge favorablemente el retorno de los refugiados, la adopción de una ley que penaliza la esclavitud y el proyecto de ley de liberalización de los medios de comunicación; deplora la ausencia de solución democrática en lo referente al pasivo humanitario y las crueldades cometidas en el año 1990 contra la comunidad negra de Mauritania, a pesar de que el Presidente se había comprometido a constituir una comisión de investigación;

6.  Pide que a los refugiados que han retornado a Mauritania se les reconozcan sus derechos restituyéndoles los bienes que se les expoliaron;

7.  Pide que el pueblo mauritano, ya especialmente afectado por las crisis económica y alimentaria, no sea tomado como rehén por la crisis actual y pide a la Comisión que lleve a la práctica los proyectos de apoyo a la sociedad civil en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

8.  Toma nota del anuncio, por la junta militar, de nuevas elecciones presidenciales, pero deplora que, al contrario que la junta que ocupó el poder desde 2005 hasta 2007, la junta actual no se haya comprometido a observar la neutralidad electoral; pide a las fuerzas militares en el poder que se comprometan sin demora con un calendario de restablecimiento de las instituciones democráticas que prevea la formación de un gobierno de transición en concertación con el conjunto de las fuerzas políticas;

9.  Apoya los esfuerzos de la Unión Africana en favor de una solución de la crisis por la vía de la razón;

10.  Pide a la Comisión que entable un diálogo político, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(1) , modificado en Luxemburgo el 24 de junio de 2005, (Acuerdo de Cotonú), con el objetivo de restaurar la legalidad constitucional, y que informe al Parlamento del resultado de este diálogo; en caso de que este diálogo no alcance el fin esperado, pide la reactivación del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, lo que podría entrañar la congelación de la ayuda, con la excepción de la ayuda alimentaria y humanitaria;

11.  Insta a la Presidencia en ejercicio del Consejo a que continúe observando atentamente la situación política en el país, en estrecha colaboración con la UA, y a que vele por la seguridad de los ciudadanos de la Unión;

12.  Pide que se envíe una delegación de parlamentarios lo antes posible para que se reúnan con sus homólogos y ofrezcan su ayuda para salir de la crisis;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a las instituciones de la Unión Africana, a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, a la Organización Internacional de la Francofonía y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

Última actualización: 26 de mayo de 2009Aviso jurídico