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Procedimiento : 2011/2908(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

RC-B7-0594/2011

Debates :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Votaciones :

PV 17/11/2011 - 12.1

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0517

Textos aprobados
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Jueves 17 de noviembre de 2011 - Estrasburgo Edición definitiva
Irán: casos recientes de violación de los derechos humanos
P7_TA(2011)0517B7-0594, 0596, 0598, 0599, 0601, 0604 y 0606/2011

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de noviembre de 2011, sobre los recientes casos de violaciones de los derechos humanos en Irán

El Parlamento Europeo ,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán, especialmente las relativas a los derechos humanos y, en particular, las de 7 de septiembre de 2010 y 20 de enero de 2011,

–  Vista la Resolución 16/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la que se confiere un mandato a un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán,

–  Vistas las 123 recomendaciones formuladas a raíz del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de febrero de 2010,

–  Vistos la designación, por parte del Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 17 de junio de 2011, de Ahmed Shaheed como Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y el informe provisional, de 23 de septiembre de 2011, presentado por el Relator Especial al 66° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos en Irán,

–  Visto el informe, de 15 de septiembre de 2011, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas al 66° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

–  Visto el informe del Centro de Documentación sobre Derechos Humanos de Irán, de 10 de junio de 2011, sobre el recurso a la violación como método de tortura por parte de las autoridades penitenciarias iraníes,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los días 15 y 26 de septiembre de 2011, sobre la detención del abogado de derechos humanos Nasrin Sotoudeh y la detención de seis cineastas independientes, y de 18 de octubre de 2011, sobre la condena impuesta al cineasta Jafar Panahi y a la actriz Marzieh Vafamehr,

–  Visto el incremento de las medidas restrictivas de la UE decidido el 10 de octubre de 2011 en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos en Irán,

–  Vistas las Resoluciones 62/149, de 18 de diciembre de 2007, y 63/168, de 18 de diciembre de 2008, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la moratoria del uso de la pena de muerte,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño, de todos los cuales Irán es parte signataria,

–  Vista la Constitución de la República Islámica de Irán y, en particular, sus artículos 23 a 27 y 32 a 35, que prevén la libertad de expresión, de reunión, de asociación y el derecho a la práctica religiosa, así como los derechos fundamentales de las personas inculpadas y detenidas,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que la actual situación de los derechos humanos en Irán se caracteriza por las violaciones sistemáticas y persistentes de los derechos fundamentales; considerando que los defensores de los derechos humanos (en particular los activistas que defienden los derechos de las mujeres, de los niños y de las minorías), los periodistas, blogueros, artistas, líderes estudiantiles, abogados, sindicalistas y ecologistas siguen viviendo en condiciones de grandes presiones y amenazas constantes de detención;

B.  Considerando que los problemas más acuciantes se refieren a los déficit acumulados en relación con la administración de justicia, las prácticas que pueden considerarse como tortura o como trato cruel o degradante de las personas detenidas, entre ellas la violación, el trato desigual de las mujeres, la persecución de las minorías religiosas y étnicas y la ausencia de derechos civiles y políticos, en particular el acoso y la intimidación de defensores de los derechos humanos, de abogados y de agentes de la sociedad civil;

C.  Considerando que el índice de ejecuciones en Irán durante la primera mitad de 2011 convirtió al país en el primer usuario mundial per capita de la pena capital, contrastando con la tendencia generalizada a escala mundial a la abolición de la pena de muerte;

D.  Considerando que Irán, pese a haber firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a prohibir oficialmente la ejecución de personas menores de 18 años, según distintos informes ejecuta a más delincuentes juveniles que cualquier otro país;

E.  Considerando que, hasta la fecha, las autoridades iraníes no han cumplido con sus obligaciones en el marco de las Naciones Unidas y se han negado a colaborar con el Relator Especial; considerando que el informe provisional describe una pauta de violaciones sistemáticas y una campaña intensificada de abusos, expresa su alarma ante el creciente recurso a la pena capital para delitos menores y sin un proceso justo, e indica que en lo que va de año se han registrado al menos 200 ejecuciones oficiales y 146 ejecuciones secretas en la ciudad de Mashdad, en el este del país; considerando que, en 2010, hubo más de 300 ejecuciones secretas en Irán;

F.  Considerando que los familiares de ciudadanos iraníes encarcelados o procesados también están siendo detenidos, interrogados y acosados, fuera de Irán y en la UE; considerando que miles de ciudadanos iraníes han huido del país y se han refugiado en los países vecinos;

G.  Considerando que los líderes de la oposición Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi se han visto sometidos a un arresto domiciliario ilegal y a un encarcelamiento arbitrario desde el 14 de febrero de 2011; considerando que estos líderes, junto con sus esposas políticamente activas, han sido víctimas de desapariciones forzosas, permaneciendo en paradero desconocido por espacio de algún tiempo y privados de cualquier contacto con amigos y familiares, y que durante dichos períodos han corrido graves peligros de tortura;

H.  Considerando que, en febrero y marzo de 2011, cientos de personas fueron detenidas y al menos tres de ellas murieron, cuando miles de manifestantes tomaron las calles en apoyo de los movimientos en favor de la democracia en los países árabes vecinos y para protestar contra la detención de los líderes de la oposición Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi;

I.  Considerando que, en abril de 2011, las fuerzas de seguridad mataron a varias docenas de manifestantes, principalmente de etnia árabe, y detuvieron a varias docenas más en la provincia sudoccidental de Khuzestán, y considerando que varias docenas de personas fueron detenidas y heridas en la provincia de Azerbaiyán Occidental durante manifestaciones medioambientales de protesta contra la desecación del lago Urmia;

J.  Considerando que la presión a la que están sometidas las minorías religiosas, en particular la comunidad bahá'í, los conversos y los estudiosos chiis disidentes, sigue creciendo; considerando que la comunidad bahá'í, pese a constituir la minoría religiosa no musulmana más importante, sufre graves discriminaciones, entre ellas la denegación del acceso a la educación, y considerando que están en curso procedimientos judiciales contra siete de sus líderes encarcelados y que más de 100 miembros de la comunidad permanecen detenidos; considerando que, según diversas informaciones, durante la primera mitad de 2011 fueron detenidos al menos 207 cristianos; considerando que los musulmanes sunitas siguen siendo objeto de discriminación jurídica y práctica, y se ven privados del pleno derecho a practicar su religión; considerando la persistente campaña de difamación, con apoyo estatal, contra los sufíes Nematollahí (chiíes), que califica todas las formas de misticismo como satánicas y persigue a los fieles sufíes, y cuyo ejemplo más claro fue el ataque armado perpetrado en Kavar en septiembre de 2011, en el que resultó muerta una persona y resultaron gravemente heridas varias otras;

K.  Considerando la detención de personas que se han convertido del Islam a otras religiones, y que el artículo 225 del proyecto de Código Penal pretende imponer la pena de muerte a los apóstatas masculinos condenados; considerando que el pastor protestante Yousef Nadarkhani sigue corriendo peligro de ser ejecutado por apostasía;

L.  Considerando que la Guardia Revolucionaria de Irán, los servicios secretos y la milicia Basij participan activamente en la grave y brutal represión que tiene lugar en Irán;

M.  Considerando que los miembros de la comunidad lesbiana, homosexual, bisexual y transexual se enfrentan a situaciones de acoso, persecuciones, castigos crueles e incluso a la pena de muerte; considerando que estas personas sufren discriminación por razones de su orientación sexual, también en lo que respecta al acceso al empleo, la vivienda, la educación y la atención sanitaria, y son objeto de exclusión social;

N.  Considerando que las penas de prisión impuestas a los destacados activistas estudiantiles Bahareh Hedayat, Mahdieh Golroo y Majid Tavakoli, tras haber sido éstos acusados de llevar a cabo propaganda contra el régimen, se vieron incrementadas en seis meses en cada caso; considerando que, el 15 de septiembre de 2011, la activista política y estudiante de doctorado Somayeh Tohidlou recibió 50 latigazos tras cumplir una condena de un año en la cárcel de Evin; considerando que la Sra. Tohidlou ya había cumplido una condena de 70 días de cárcel; considerando que ambas condenas y los 50 latigazos constituyeron el castigo a su participación en blogs y la realización de otras actividades en Internet; considerando que, el 9 de octubre de 2011, el activista estudiantil Payman Aref recibió 74 latigazos antes de abandonar la prisión, tras haber sido acusado de insultar al Presidente iraní;

O.  Considerando la condena de seis años de cárcel, confirmada en apelación, que le ha sido impuesta al destacado cineasta iraní Jafar Panahi; considerando la condena de un año de cárcel y 90 latigazos impuesta a la destacada actriz Merzieh Vafamehr, a raíz de su participación en una película en la que se describían las difíciles condiciones en que trabajan los artistas en Irán; considerando que, el 17 de septiembre de 2011, las autoridades iraníes detuvieron a seis autores de documentales independientes, Mohsen Shahrnazdar, Hadi Afarideh, Katayoun Shahabi, Naser Safarian, Shahnam Bazdar y Mojtaba Mir Tahmaseb, acusándolos de trabajar para el Servicio Persa de la BBC y de participar en actividades de espionaje en nombre de dicho servicio de noticias;

P.  Considerando que, desde 2009, han sido detenidos docenas de abogados por ejercer su profesión, entre ellos Nasrin Soutoudeh, Mohammad Seifzadeh, Houtan Kian y Abdolfattah Soltani; considerando que la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi se ha visto obligada efectivamente a exiliarse tras el cierre, por parte de las autoridades, de su Centro de Defensores de los Derechos Humanos, y considerando que los abogados que asumen la defensa de detenidos políticos y presos de conciencia se enfrentan a peligros cada vez más graves para su persona;

Q.  Considerando que las autoridades iraníes han anunciado que están preparando una Internet paralela y destinada a acabar sustituyendo a la Internet mundial abierta, que se ajuste a los principios islámicos, y que es calificada de red «halal»; considerando que la «Internet halal» otorgaría efectivamente a las autoridades iraníes un control al 100 % de todo el tráfico y los contenidos de Internet, lo que supondría una grave violación de la libertad de expresión y limitaría seriamente el acceso a la información y a las redes de comunicación;

R.  Considerando la amplia difusión de noticias según las cuales ha habido empresas (con sede) en la UE que han facilitado a las autoridades iraníes asistencia técnica y tecnologías a medida, que se han utilizado para detectar y localizar (en línea) a defensores y activistas de los derechos humanos y que ocupan un papel importante en las violaciones de los derechos humanos;

1.  Expresa su profunda preocupación ante el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán, el creciente número de presos políticos, el número invariablemente alto de ejecuciones, también de jóvenes, el recurso generalizado a la tortura, los juicios injustos y los importes exorbitantes de las fianzas, así como los graves recortes a la libertad de información, expresión, reunión, creencia, educación y movimientos;

2.  Rinde homenaje al valor de todos los ciudadanos iraníes que luchan por defender sus libertades fundamentales, los derechos humanos y los principios democráticos, y que expresan su deseo de vivir en una sociedad libre de represión e intimidación;

3.  Condena firmemente el recurso a la pena de muerte en Irán y hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que decreten una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de la pena de muerte, de conformidad con las Resoluciones 62/149 y 63/138 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

4.  Pide que se modifique el Código Penal iraní, de tal forma que se prohíba la imposición de castigos corporales por parte de las autoridades judiciales y administrativas; recuerda que el recurso a los castigos corporales ‐que equivalen a torturas‐ es incompatible con el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; condena enérgicamente la flagelación de los activistas estudiantiles Somayeh Tohidlou y Payman Aref;

5.  Está dispuesto a respaldar sanciones adicionales a los responsables de las violaciones de derechos humanos; pide a aquellos Estados miembros que sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que planteen la cuestión de que se inicie una investigación para determinar si los crímenes cometidos por las autoridades iraníes pueden calificarse de crímenes contra la humanidad;

6.  Pide a las autoridades iraníes que liberen a todos los presos políticos, entre ellos a los líderes políticos Mir-Hussein Mousavi y Mehdi Karroubi, a los abogados de derechos humanos Nasrin Sotoudeh y Abdolfattah Soltani, a los activistas estudiantiles Bahareh Hedayat, Abdollah Momeni, Mahdieh Golroo y Majid Tavakoli, al periodista Abdolreza Tajik, al Pastor Yousef Nadarkhani, a los cineastas Jafar Panahi y Mohammad Rasoulof y a todas las demás personas enumeradas en el informe de Ahmed Shaheed, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán;

7.  Lamenta profundamente la falta de imparcialidad y transparencia del procedimiento judicial y la falta de formación profesional adecuada de las personas que participan en el mismo, y pide a las autoridades iraníes que garanticen un procedimiento justo y abierto;

8.  Insta al Gobierno iraní a que permita inmediatamente a Ahmed Shaheed, Relator Especial designado por las Naciones Unidas, la entrada en Irán para abordar la persistente crisis de los derechos humanos en el país; toma nota de que la total falta de cooperación del Gobierno con el mandato del Relator Especial y su persistente negativa a permitirle el acceso al país indican que no tiene intención alguna de adoptar pasos significativos en pro de la mejora de la situación de los derechos humanos;

9.  Pide a las autoridades iraníes que demuestren su pleno compromiso para con la cooperación con la comunidad internacional mejorando la situación de los derechos humanos en Irán, y pide al Gobierno de Irán que cumpla con todas sus obligaciones, tanto en el marco del Derecho internacional como en el de los convenios internacionales que ha firmado; hace hincapié en la importancia de unas elecciones justas y libres;

10.  Pide a las autoridades iraníes que liberen inmediatamente a los miembros de la comunidad artística de Irán que permanecen detenidos y que ponga fin a la persecución ‐que se plasma en detenciones u otras formas de acoso‐ que sufre dicha comunidad; observa que semejante trato es incompatible con los principios internacionales de derechos humanos que Irán ha suscrito voluntariamente; destaca que el derecho a la libertad de expresión a través del arte y la palabra escrita se consigna en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Irán;

11.  Pide a las autoridades iraníes que adopte medidas tendentes a garantizar el pleno respeto del derecho a la libertad de religión o creencia, también a través de la plena armonización de la legislación y de las prácticas con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y destaca que esto también exige que el derecho de cualquier ciudadano a cambiar de religión, si así lo decide, se vea garantizado de forma incondicional y total;

12.  Pide a las autoridades iraníes que adopten medidas inmediatas tendentes a garantizar la protección de los miembros de la comunidad bahá'í contra la discriminación en cualquier ámbito, la investigación inmediata de las violaciones de sus derechos, el procesamiento judicial de los responsables y la facilitación de vías de recurso efectivas para los miembros de dicha comunidad;

13.  Condena a Irán por sus interferencias ilegales en las señales televisivas de «BBC Persian Service» y «Deutsche Welle» procedentes de los satélites Hotbird y Eutelsat W3A, y pide a Eutelsat que deje de prestar servicios a las cadenas estatales de televisión iraníes mientras Irán siga utilizando los servicios de Eutelsat para bloquear los programas de televisión independientes;

14.  Expresa su preocupación por la utilización de tecnologías (europeas) de censura, filtrado y vigilancia para controlar y censurar los flujos de información y comunicación y para localizar a ciudadanos, en particular a defensores de los derechos humanos, como en el caso reciente de «Creativity Software»; pide a las empresas europeas que asuman sus responsabilidades empresariales y sociales y no faciliten a Irán bienes, tecnologías ni servicios que puedan poner en peligro los derechos civiles y políticos de los ciudadanos iraníes;

15.  Subraya que el libre acceso a la información y a los medios de comunicación y un acceso libre de censura a Internet (libertad de Internet) constituyen derechos universales y resultan indispensables para la democracia y la libertad de expresión, al garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, tal como afirmó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 6 de mayo de 2011;

16.  Pide a las autoridades iraníes que deroguen o modifiquen cualquier acto legislativo que prevea, o pueda entrañar, una discriminación y persecución y castigo de las personas por razones de orientación sexual o identidad de género, y que velen por la liberación inmediata e incondicional de cualquier persona detenida únicamente por haber participado en actividades sexuales consentidas o por su orientación sexual;

17.  Pide a los Estados miembros que brinden refugio a los ciudadanos iraníes que han huido de su país, por ejemplo a través de la iniciativa «Shelter City»;

18.  Pide a las autoridades iraníes que acepten las protestas pacíficas y que aborden los numerosos problemas a los que ha de hacer frente el pueblo iraní; se muestra especialmente preocupado por el desastre ecológico pendiente de solución en la región del lago Urmia, y pide al Gobierno iraní que actúe con decisión intentando estabilizar el ecosistema regional, del que dependen millones de ciudadanos iraníes;

19.  Pide a los representantes de la UE y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que aliente a las autoridades iraníes a que reanuden el diálogo sobre derechos humanos;

20.  Insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que se centre en los ciudadanos de la UE encarcelados en Irán y a que haga cuanto esté en su mano por garantizar su bienestar y su liberación;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Oficina del Líder Supremo, al Presidente del Tribunal Supremo de Irán, y al Gobierno y al Parlamento de Irán.

Última actualización: 3 de mayo de 2013Aviso jurídico