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Procedimiento : 2011/2069(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0383/2012

Textos presentados :

A7-0383/2012

Debates :

PV 11/12/2012 - 17
CRE 11/12/2012 - 17

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PV 12/12/2012 - 7.18
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P7_TA(2012)0500

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Miércoles 12 de diciembre de 2012 - Estrasburgo Edición definitiva
Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011)
P7_TA(2012)0500A7-0383/2012

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) (2011/2069(INI))

El Parlamento Europeo ,

–  Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea, en particular sus guiones segundo y cuarto a séptimo,

–  Vistos los artículos 2, 3, apartado 3, segundo guión, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo,

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949,

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1) ,

–  Vistos los informes de la Comisión de 2010 y 2011 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (COM (2011)0160 y COM(2012)0169), y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a esos informes,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE» (COM (2010)0603),

–  Vistas la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573) y las Orientaciones operativas sobre el modo de tener en cuenta los derechos fundamentales en las evaluaciones de impacto de la Comisión (SEC(2011)0567),

–  Visto el Programa de Estocolmo ‐ Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano(2) ,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo relativas a las acciones e iniciativas del Consejo para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptadas en la 3092ª sesión del Consejo de Asuntos Generales reunido en Bruselas el 23 de mayo de 2011, y las Directrices del Consejo sobre etapas metodológicas que deben adoptarse para comprobar la compatibilidad de los derechos fundamentales en los órganos preparatorios del Consejo(3) ,

–  Vista la Comunicaciones de la Comisión tituladas «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020»(COM(2011)0173) y «Las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE» (COM(2012)0226),

–  Vistos el conjunto de convenios de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los que son parte todos los Estados miembros, las convenciones y recomendaciones del Consejo de Europa, los informes de los organismos del Consejo de Europa, en particular los informes sobre la situación de los derechos humanos de la Asamblea Parlamentaria y del Comisario para los Derechos Humanos y las decisiones, la orientación y las sentencias de organismos judiciales y de supervisión especializados,

–  Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),

–  Vista la jurisprudencia de los tribunales constitucionales nacionales, que utilizan la Carta de los Derechos Fundamentales como referencia para la interpretación de la legislación nacional,

–  Vistos las actividades, los informes anuales y los estudios de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),

–  Vistos informes y estudios de ONG sobre derechos humanos, así como los estudios pertinentes solicitados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Vistas sus resoluciones sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, en particular la Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa(4) ,

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión Europea ampliada(5) ,

–  Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní(6) ,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Peticiones (A7-0383/2012),

A.  Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) fundamenta la Unión en una comunidad de valores indivisibles y universales de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad de género, no discriminación, solidaridad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y las libertades civiles para todas las personas que se encuentran en el territorio de la Unión Europea, incluidas las personas pertenecientes a minorías, los apátridas y las personas que están temporal o irregularmente en el territorio de la Unión Europea; considerando que estos valores son comunes a los Estados miembros, en una sociedad en la que predominan el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres;

B.  Considerando que el respeto y el fomento de estos valores son un elemento esencial de la identidad de la Unión Europea y una condición para convertirse en miembro de la UE y mantener plenamente las prerrogativas de la adhesión;

C.  Considerando que el artículo 6, apartado 3, del TUE confirma que los derechos fundamentales, garantizados por el TEDH y derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituyen los principios generales del Derecho de la Unión;

D.  Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta tiene, de conformidad con el artículo 6 del TUE, el mismo valor jurídico que los Tratados y es vinculante para las instituciones, los organismos y las agencias de la UE, así como para los Estados miembros, en la aplicación del Derecho de la UE; considerando que la Carta ha transformado valores y principios en derechos tangibles y aplicables;

E.  Considerando que la adhesión de la Unión al TEDH, como requiere el TUE, permitirá que los actos de la UE sean objeto de revisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que incrementará la responsabilidad de la UE y mejorará el acceso de los particulares a la justicia;

F.  Considerando que la efectiva salvaguarda y el fomento de los derechos deben constituir un objetivo general para todas las políticas de la UE, incluida su dimensión exterior, y que el deber de protegerlos, promoverlos y cumplirlos no requiere nuevas competencias para la UE, sino un firme compromiso institucional con los derechos humanos, así como el desarrollo y el refuerzo de una auténtica cultura de los derechos fundamentales en las instituciones de la Unión y en los Estados miembros; considerando que la UE debe fomentar una política coherente de la UE en materia de derechos humanos y un mecanismo que englobe a los diferentes protagonistas de los derechos fundamentales en la estructura de la UE;

G.  Considerando que los ciudadanos pueden disfrutar plenamente de sus derechos solo si se defienden los valores y principios fundamentales, como el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, la libertad de los medios de comunicación y la no discriminación;

H.  Considerando que la diferencia entre los derechos fundamentales y su ejecución socava la credibilidad de la UE y de sus Estados miembros y el respeto efectivo y la promoción de los derechos humanos en su territorio y en todo el mundo;

I.  Considerando que las obligaciones a las que están sujetos los países candidatos en virtud de los criterios de Copenhague continúan siendo aplicables a los Estados miembros después de su adhesión a la UE en virtud del artículo 2 del TUE, y considerando, en vista de ello, que todos los Estados miembros deben ser objeto de continuas evaluaciones a fin de verificar el cumplimiento permanente de los valores básicos de la UE de respeto de los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho;

J.  Considerando que la protección y el fomento efectivos de los derechos fundamentales requiere que los Estados miembros acepten, con espíritu de solidaridad y de sincera cooperación con los demás Estados miembros, el control de la UE sobre el respeto de los valores de la Unión en su legislación, políticas y prácticas;

K.  Considerando que, junto con el artículo 2 del TUE, el artículo 7 confiere a las instituciones de la UE el poder de evaluar si existe una violación de valores comunes como el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en los Estados miembros y de comprometerse políticamente con los países afectados con objeto de impedir y reparar dichas violaciones;

L.  Considerando que el estudio conjunto, de mayo de 2012, de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial sobre la situación de la población romaní confirma que esta comunidad sufre discriminación en toda Europa y que su situación es peor que la de todas las demás etnias no romaníes en situaciones comparables; considerando que la discriminación y el aumento de la violencia en los Estados miembros de la UE tienen su origen en actitudes antigitanas latentes;

M.Considerando que la actual crisis económica está cuestionando el principio de solidaridad, que es un componente esencial de la historia y de la identidad de la UE, así como el vinculo subyacente que une a los ciudadanos de la UE como miembros de la misma comunidad política(7) ;
N.Considerando que los derechos sociales y económicos son elementos esenciales de la Carta y que, como tales, deben ser objeto de un reconocimiento principal en todo análisis de la situación de los derechos fundamentales de la Unión;
Recomendaciones generales

1.  Insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que asuman plenamente sus responsabilidades en relación con la adecuada y plena aplicación del mandato y las competencias de la UE con respecto a los derechos humanos, sobre la base tanto de la Carta como de los artículos de los Tratados que se refieren a los derechos fundamentales y a cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos, en particular los artículos 2, 6 y 7 del TUE; considera que este es el único modo de garantizar que la Unión Europea se prepare a sí misma (como ha hecho en otros ámbitos de interés e importancia comunes, como las cuestiones económicas y presupuestarias) para afrontar la crisis y las tensiones en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales que afectan a la UE y a sus Estados miembros; pide que se refuercen urgentemente los mecanismos europeos a fin de garantizar el respeto de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en la Unión Europea;

2.  Observa, al tiempo que acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Comisión para garantizar que sus propuestas legislativas cumplen la Carta, que hay margen de mejora, ya que siguen presentándose propuestas que no tienen en absoluto en cuenta, o no tienen adecuadamente en cuenta, las repercusiones de las medidas propuestas en los derechos fundamentales; insta a la Comisión a que adopte medidas concretas orientadas a mejorar la verificación de sus propuestas sobre la bases de la Carta, incluyendo la garantía de una presencia adecuada de expertos en todos los servicios de la Comisión;

3.  Insta a la Comisión a que garantice que el impacto de la legislación de la UE y de su aplicación por parte de los Estados miembros en los derechos fundamentales forme parte sistemáticamente de los informes de evaluación de la Comisión relativos a la aplicación de la legislación de la UE y de su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE; recomienda que la Comisión revise las actuales Directrices de evaluación de impacto a fin de dar mayor relevancia a las consideraciones relativas a los derechos humanos y extender las normas para incluir los instrumentos en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa;

4.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un cuadro de indicadores permanente para la justicia, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales que abarque a todos los Estados miembros incluidos en el semestre europeo; insta a la Comisión a que asegure que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales participan plenamente en este proceso y que el cuadro de indicadores se presenta regularmente a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y es evaluado y controlado por esta;

5.  Exhorta al Consejo a que garantice la aplicación efectiva de su compromiso de verificar, con relación a la Carta, sus propuestas de enmienda a las propuestas de la Comisión y las propuestas presentadas de propia iniciativa; recuerda que, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los derechos fundamentales, también los Estados miembros deben asegurar la plena aplicación de las disposiciones de la Carta al aplicar la legislación de la UE;

6.  Insta a la Comisión – y al Consejo, cuando proponga legislación – a que recurran sistemáticamente a expertos externos independientes, en particular de la Agencia de los Derechos Fundamentales, durante la preparación de las evaluaciones de impacto;

7.  Acoge favorablemente las medidas tomadas por la Comisión, el Defensor del Pueblo Europeo y otros organismos para impulsar la sensibilización de los ciudadanos con respecto al ejercicio de sus derechos al amparo de la Carta de los Derechos Fundamentales; insta a la Comisión a que siga proporcionando información a los ciudadanos y a que evalúe los resultados de la transmisión de dicha información;

8.  Destaca el papel fundamental de verificación y control de la elaboración y aplicación de la legislación europea que desempeña el Parlamento, e insiste, por tanto, en que debe reforzar su evaluación de impacto independiente de los derechos fundamentales en relación con las propuestas y las enmiendas legislativas examinadas en el proceso legislativo y hacerla más sistemática;

9.  Insta a la Comisión a que elabore un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE, sobre la base, entre otras cosas, de los artículos 2 y 6 del TUE y de la Carta; considera que dicho informe debe incluir un análisis de la situación en los Estados miembros, basado en las preocupaciones de organizaciones internacionales, ONG, el PE y los ciudadanos relacionadas con la violación de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia; pide que el informe aborde la aplicación, la protección, el fomento y el respeto de los derechos fundamentales en la UE y en sus Estados miembros, tal como se prevé en la Carta, en el CEDH y en los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, y que contenga recomendaciones específicas; recuerda que la Comisión tiene la obligación de desarrollar estas actividades en su calidad de guardiana de los Tratados y de la Carta y en virtud de los artículos 2, 6 y 7 del TUE;

10.  Insta a la Comisión a que garantice que su informe anual sobre la aplicación de la Carta adoptará un análisis más equilibrado y autocrítico en lo que se refiere, a fin de incluir no solo aspectos positivos, sino también un análisis de los ámbitos en los que se puede reforzar su enfoque en el futuro;

11.  Lamenta que los informes de la Comisión de 2010 y 2011 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no hicieran hincapié en los derechos sociales y económicos, en especial en el contexto actual de crisis económica, en el que tales derechos son más pertinentes si cabe;

12.  Pide a la Comisión que vele por que su informe anual sobre la aplicación de la Carta aborde la situación de los derechos sociales y económicos en la Unión y, en particular, la manera en que se aplican estos derechos en los Estados miembros;

13.  Recomienda que el Parlamento, la Comisión y el Consejo reconozcan conjunta y formalmente la existencia de obligaciones positivas de proteger y promover los derechos humanos como parte de la legislación de la UE; resalta, además, que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales requiere acciones a diversos niveles (internacional, europeo, nacional, regional y local) y subraya el papel que pueden desempeñar las autoridades regionales y locales en este ámbito en conexión con las asociaciones de defensa de los derechos humanos; exhorta a la Comisión y al Consejo a mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales que se ocupan de los derechos fundamentales, ONG y la sociedad civil en los procesos prelegislativos y legislativos;

14.  Insta a la Comisión y al Consejo a que, durante el próximo marco financiero plurianual, garanticen a las organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles un nivel de fondos suficiente para la financiación de programas dedicados a los derechos fundamentales y a la no discriminación;

15.  Insta al Consejo a que, en sus informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo, incluya un análisis sobre la situación en los Estados miembros teniendo en cuenta igualmente las medidas que deben adoptarse para aplicar las sentencias del TEDH y adaptar en consecuencia la legislación y las prácticas nacionales;

16.  Insta a la Comisión a que revise el acervo legislativo de la UE teniendo debidamente en cuenta los derechos que recoge la Carta de la UE; considera que las posibles tensiones entre las libertades económicas y los derechos fundamentales deberían abordarse desde el nivel legislativo y no únicamente a nivel judicial de la UE;

17.  Insta a la Comisión a que revise el ámbito del antiguo tercer pilar (cooperación policial y judicial en materia penal) sobre la base de la Carta; recuerda la recomendación formulada en su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos − Programa de Estocolmo»(8) , en la que solicita una revisión exhaustiva de esta legislación y reitera a la Comisión que el 1 de diciembre de 2014 toda la legislación adoptada en un marco constitucional totalmente diferente será de aplicación en la UE y afectará indebidamente a los derechos de las personas bajo jurisdicción de la UE;

18.  Lamenta:

   la falta de transparencia en el diálogo de la Comisión con los Estados miembros cuando están en juego los derechos fundamentales o los intereses de los ciudadanos europeos; considera que dicha falta de transparencia con respecto a la transposición del Derecho de la UE es contraria a las normas de transparencia y al principio de seguridad jurídica de la UE y sumamente perjudicial para los demás países de la UE, para los ciudadanos de la UE y para las demás instituciones, especialmente cuando están en juego los derechos sociales y económicos de los ciudadanos; acoge favorablemente las iniciativas anunciadas por la Comisión destinadas a mejorar la transparencia de las acciones y omisiones de los Estados miembros en relación con la realización del mercado interior, y considera que la transparencia anunciada para la política fiscal debe mejorarse cuando estén en juego derechos fundamentales;
   la falta de transparencia de las agencias de la UE, lo que dificulta determinar si sus acciones cumplen o no los principios de transparencia, buena administración, protección de datos personales y lucha contra la discriminación, así como los principios de necesidad y proporcionalidad; lamenta la persistente falta de interés de la Comisión por un marco legislativo que garantice una administración abierta, independiente y eficiente, como requieren el artículo 41 de la Carta y el artículo 298 del TFUE;
   la falta de transparencia y apertura, así como de debido respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales y de supervisión democrática y parlamentaria, en las negociaciones internacionales, lo que ha llevado al Parlamento a rechazar acuerdos internacionales, como el ACTA, lo que dará lugar a que las instituciones de la UE y los Estados miembros cambien sus prácticas actuales y respeten los derechos de los ciudadanos;

19.  Propone más transparencia en el diálogo de la Comisión con los Estados miembros, así como en el trabajo de las agencias de la UE, cuando estén en juego los derechos fundamentales o los intereses de los ciudadanos europeos;

20.  Pide que se elabore un «Ciclo sobre la política europea en materia de derechos fundamentales» en el que se detallen los objetivos anuales y plurianuales que deben alcanzarse y los problemas que deben resolverse; considera que este ciclo debería prever un marco para las instituciones y la FRA, así como para los Estados miembros, para trabajar conjuntamente a fin de evitar solapamientos, basarse en los informes de unos y otros, adoptar medidas comunes y organizar actos conjuntos con la participación de las ONG, los ciudadanos, los Parlamentos nacionales, etc.;

21.  Propone que se adopten medidas para garantizar canales continuos de información sobre los derechos fundamentales en la UE entre los organismos competentes y dentro de las instituciones y agencias de la UE, así como para celebrar un foro interinstitucional anual con objeto de evaluar la situación de los derechos fundamentales en la UE; considera que dicho foro debería ser un paso preparatorio del debate anual del Parlamento sobre los derechos fundamentales y sobre el desarrollo del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia; considera que en este foro interinstitucional deberían participar representantes de la Comisión, del Grupo de trabajo sobre derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos y libre de circulación de personas (FREMP) del Consejo, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), de la Comisión de Peticiones (PETI), de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento, así como representantes del Defensor del Pueblo Europeo, de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), de EUROFUND y del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD);

22.  Insta a los Parlamentos nacionales a mejorar su papel en el control del respeto de los derechos humanos en las actividades de la UE y en la aplicación de su legislación y les invita a mantener encuentros periódicos sobre las estrategias que deben desarrollarse para aplicar la Carta y la jurisprudencia de los tribunales de la UE;

23.  Considera inaceptables los retrasos en la adhesión de la UE al TEDH; insta al Consejo a que actúe de conformidad con el artículo 265 del TFUE, a fin que concluyan los procedimientos para la adhesión de la UE al TEDH; exhorta a la Comisión a que concluya el procedimiento en el plazo más breve posible, y a los Estados miembros a que inicien los procesos de ratificación de la adhesión al TEDH lo antes posible, dado que esta adhesión proveerá un mecanismo adicional para la consolidación de los derechos humanos de sus ciudadanos;

24.  Considera que, incluso antes de la conclusión de las negociaciones para la adhesión de la UE al TEDH, la UE y sus Estados miembros deberían considerar cuestión de interés común la transposición por parte de estos de la jurisprudencia de Estrasburgo;

25.  Considera que la Comisión y el Consejo deberían crear un mecanismo para garantizar que la UE y sus Estados miembros respetan, aplican y transponen la jurisprudencia del TEDH, dado que se trata de una cuestión de interés común y de una obligación en relación con el respeto de los derechos fundamentales en la UE;

26.  Recuerda a todos los Estados miembros que deben cumplir sus obligaciones en materia de respeto de las libertades y derechos fundamentales; señala que la participación en tratados internacionales relativos a la protección y promoción de los derechos humanos solo puede servir para reforzar la protección de los derechos fundamentales en la UE, y se congratula de que la UE se haya adherido a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de que se adherirá al TEDH; insta al Consejo y a la Comisión a que adopten medidas para pasar ser parte de otros tratados internaciones sobre derechos humanos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

27.  Expresa su profunda preocupación por la situación de la democracia, el Estado de Derecho, el sistema de equilibrio de poderes, los medios de comunicación y los derechos fundamentales en algunos Estados miembros y concretamente por la práctica de los que disponen del poder para seleccionar, nombrar o despedir a personas que ocupan puestos independientes en, por ejemplo, los tribunales constitucionales, la judicatura, los medios de difusión públicos y órganos reguladores de los medios de comunicación, y oficinas de defensores del pueblo o comisarios, sobre la base de la mera adscripción política en vez de la capacidad, experiencia e independencia;

28.  Lamenta la débil respuesta de la Comisión a violaciones específicas de los derechos fundamentales y el debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos, así como del Estado de Derecho, en los Estados miembros, e insta a la Comisión a que garantice que los procedimientos de infracción aseguran la protección efectiva de los derechos humanos, en vez de intentar alcanzar acuerdos negociados con los Estados miembros;

29.  Considera que, para mantener la credibilidad de las condiciones de adhesión, también se debería evaluar continuamente si los Estados miembros siguen cumpliendo los valores fundamentales de la UE y sus compromisos con respecto al funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho; insta a la Comisión a que garantice que los procedimientos de infracción protegen de forma eficaz los derechos fundamentales, y, por consiguiente, a que lleve a cabo investigaciones objetivas e inicie procedimientos de infracción si están bien fundamentados, evitando así un doble rasero, siempre que un Estado miembro viole los derechos consagrados en la Carta al aplicar la legislación de la UE;

30.  Recuerda el compromiso asumido por la Comisión de dar prioridad a los procedimientos de infracción que plantean principios generales o que tienen una repercusión negativa de particular gran alcance en los ciudadanos(9) ;

31.  Insta, por tanto, a la Comisión a que actualice su comunicación de 2003 (COM(2003)0606) y elabore antes de que finalice 2012 una propuesta detallada para establecer un mecanismo de control claro, un sistema de alerta rápida y un «procedimiento de congelación», tal como ya ha solicitado el Parlamento, para garantizar que los Estados miembros, a petición de las instituciones de la UE, suspendan la adopción de leyes cuando se sospeche que estas son contrarias a los derechos fundamentales o al ordenamiento jurídico de la UE, y a que asocie a ello en especial a los organismos nacionales que se ocupan de los derechos fundamentales creados de conformidad con los principios de París y las disposiciones de los artículos 2, 6 y 7 del TUE y del artículo 258 del TFUE;

32.  Subraya su compromiso de utilizar sus competencias para actuar como defensor de los derechos humanos, en particular para garantizar que los actos de la UE respetan, protegen, promueven y cumplen los derechos humanos;

33.  Pide que se revisen las normas de procedimiento del TJUE y del Tribunal General con objeto de facilitar la intervención de terceros, en particular de ONG;

34.  Pide la creación de instituciones nacionales adecuadas en materia de derechos humanos en todos los Estados miembros y la adopción de medidas que faciliten la puesta en red de estos organismos en toda la UE con el apoyo de la FRA; invita a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a desarrollar la capacidad de los organismos de igualdad, de los organismos de protección de datos, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la FRA de actuar como defensores de los derechos humanos;

35.  Pide una cooperación más estrecha entre las instituciones de la Unión y otros organismos internacionales, en particular con el Consejo de Europa y su Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), así como un mayor uso de sus conocimientos técnicos en la defensa de los principios de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen su cooperación, también con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, con vistas a mejorar la aplicación de la legislación de la UE en materia de derechos humanos y a velar por un mejor seguimiento de las quejas y la corrección de las irregularidades;

36.  Lamenta el deterioro de la situación de la libertad de los medios de comunicación en diversos Estados miembros; insta a los Estados miembros a que respeten, y a la Comisión a que adopte, las medidas necesarias para controlar y hacer cumplir la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; celebra la iniciativa del Parlamento Europeo de elaborar un informe sobre la fijación de normas relativas a la libertad de los medios de comunicación en la UE;

37.  Manifiesta su preocupación por la degradación de la situación en materia de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, en particular la libertad y el pluralismos de la prensa, en la Unión, como consecuencia de la actual crisis económica; condena las condiciones en que trabajan algunos periodistas y los obstáculos a que se enfrentan, en especial cuando cubren manifestaciones; expresa su especial preocupación por la tentación de algunos Estados miembros de reconsiderar la protección de las fuentes de los periodistas y la capacidad de los periodistas de investigación de investigar en los círculos próximos al poder; lamenta profundamente la actitud de la Comisión, que se niega a presentar propuestas legislativas destinadas a garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, de conformidad con el artículo 11 de la Carta;

38.  Pide a la Comisión que le encomiende a la FRA la tarea de publicar un informe anual que controle la situación de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea;

39.  Celebra la adopción por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la resolución que reconoce los derechos relativos a Internet, en especial por lo que respecta al acceso a la red y la libertad de expresión; destaca, en particular, la petición de trabajar por «la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, en Internet y en otras tecnologías», que precisa que esos derechos deben respetarse independientemente de las fronteras y de los medios de comunicación; insta a la UE y a los Estados miembros a que apliquen dicha resolución en su Derecho nacional y a que garanticen su promoción a escala internacional;

40.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que realice una rápida revisión del acervo comunitario en cuestiones policiales y penales, de conformidad con el Tratado de Lisboa y la Carta, antes de la fecha límite del 1 de diciembre de 2014;

41.  Pide que se realice una evaluación parlamentaria de las políticas relacionadas con el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, mediante la creación de un vínculo permanente entre la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento, el Grupo de trabajo sobre derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos y libre circulación de personas (FREMP) del Consejo y las comisiones parlamentarias nacionales que se ocupan de los derechos fundamentales, a fin de evaluar la legislación correspondiente a escala nacional y de la UE;

42.  Exhorta a los Estados miembros a que cumplan correctamente sus obligaciones en el marco del Derecho internacional, algo que hasta ahora no han hecho, para investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de la cooperación con el programa de la CIA de lucha contra el terrorismo, a que intensifiquen la lucha contra el tráfico de seres humanos y la delincuencia organizada y a que garanticen que se indemniza plenamente a las víctimas;

43.  Pide a las instituciones de la UE que velen por que se consulte a la FRA sobre cualquier propuesta legislativa que tenga repercusiones para los derechos fundamentales, y que respeten la independencia y las competencias de dicha agencia;

44.  Destaca que habría que mejorar el mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a fin de incluir un seguimiento periódico del cumplimiento del artículo 2 del Tratado UE por los Estados miembros, la publicación de informes anuales sobre sus resultados y la presentación de dichos informes al Parlamento Europeo;

45.  Considera inaceptable:

   que no se haya permitido al Parlamento, la única institución de la UE elegida directamente, y colegislador en la mayoría de las políticas de la UE, definir las áreas temáticas del marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA);
   que la cooperación policial y judicial en asuntos penales, que se ha convertido en una política normal de la UE, así como los derechos sociales y económicos, que constituyen elementos fundamentales de la Carta, aún no estén explícitamente incluidos en el mandado de la FRA; pide al Consejo, por tanto, que incluya los elementos anteriores en el próximo marco plurianual de la FRA;

46.  Señala que existen deficiencias en el mandato actual de la FRA, en particular el limitado número de evaluaciones comparativas entre los Estados miembros y la falta de evaluaciones de la situación general de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en los Estados miembros;

47.  Señala que las instituciones nacionales de derechos humanos deberían utilizar los Principios de París como modelo para reformar las instituciones nacionales y la FRA, e insta a la Comisión y al Consejo a que revisen urgentemente, junto con el Parlamento Europeo, el Reglamento por el que se crea la FRA mediante un procedimiento legislativo ordinario de modo que el cometido de la FRA se amplíe hasta cubrir todo el ámbito de los artículos 2, 6 y 7 del TUE y, en particular, la aplicación de la Carta Europea por parte de los organismos, instituciones, agencias y oficinas de la UE, así como las actividades de los Estados miembros; considera que es necesario reforzar la independencia de la FRA, así como sus facultades y competencias; considera que el Comité científico de la FRA y su red de investigación multidisciplinar (FRANET) deberían presentar al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales informe temático anual que se centre más en la evaluación de la situación de los Estados miembros de la UE, como hizo hasta 2006 la antigua Red de Expertos en Derechos Fundamentales, y publicarlo; pide a la FRA que respete plenamente lo dispuesto en el artículo 15 del TFUE, que abra sus procesos y que permita el acceso a sus documentos mediante un registro accesible al público, como se contempla en el Reglamento (CE) nº 1049/2001;

48.  Manifiesta su preocupación por las denominadas exclusiones voluntarias de algunos Estados miembros, que ponen en riesgo los derechos de sus ciudadanos, que estarán expuestos a más discriminación que otros ciudadanos de la UE, y recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, las exclusiones voluntarias no tienen por objeto eximir a los Estados miembros de la obligación de ajustarse a las disposiciones de la Carta ni impedir a un tribunal de uno de estos Estados miembros garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones;

49.  Subraya que, además de informar a las personas sobre los derechos que les concede la Carta, la Comisión debe velar por que conozcan la forma de ejercer su derecho de acceso a la justicia y reforzar sus derechos en los foros competentes; considera que se deberían establecer redes informales, como las creadas con éxito para el mercado interior (SOLVIT), a nivel nacional y regional, a fin de prestar asistencia y asesorar a las personas cuyos derechos corren riesgo de ser violados (como los inmigrantes, los solicitantes de asilo y las personas vulnerables); considera que estas estructuras de ayuda para la restauración de derechos y la integración económica y social deben ser una prioridad para los fondos regionales;

50.  Insta a la Comisión a que informe detalladamente a los ciudadanos que se ponen en contacto con ella para denunciar violaciones de los derechos fundamentales sobre posibilidades distintas o más apropiadas, a que mantenga un registro de estas denuncias y a que informe pormenorizadamente a este respecto en sus informes anuales sobre los derechos fundamentales en la UE y la aplicación de la Carta; subraya que la correspondencia de los ciudadanos es sumamente importante para revelar posibles violaciones estructurales, sistemáticas y graves de los derechos fundamentales en la UE y sus Estados miembros y que, por consiguiente, es importante garantizar que la Comisión aplica realmente los artículos 2, 6 y 7 del TUE;

Discriminación

51.  Exhorta a los Estados miembros a que recojan datos desglosados sobre todos los motivos de discriminación, así como que a elaboren indicadores sobre los derechos fundamentales en colaboración con la FRA, a fin de garantizar una legislación y políticas adecuadas, informadas y orientadas, en particular en el ámbito de la no discriminación y en el contexto de las estrategias nacionales de integración de la población romaní;

52.  Insta a la Comisión a que proponga la revisión de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, a fin de incluir otras formas de delitos motivados por prejuicios, entre otros, por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género;

53.  Lamenta el hecho de que no todos los Estados miembros han transpuesto adecuadamente la Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra ciertos modos y expresiones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal; pide a los Estados miembros que persigan la xenofobia, el racismo, la discriminación contra la población gitana y otras formas de violencia y odio contra todo grupo minoritario, incluido el odio verbal; insta a los Estados miembros a que garanticen que los delitos motivados por prejuicios, como los que tienen carácter racista, xenófobo, antisemita, islamófobo, homófobo o tránsfobo, se sancionan en el marco del sistema de Derecho penal, se registran debidamente y se investigan efectivamente, se persigue y sanciona a sus autores y se ofrece una asistencia, protección e indemnización adecuadas a las victimas; recuerda que esta decisión marco será plenamente aplicable el 1 de diciembre de 2014;

54.  Destaca que los principios de dignidad humana y de igualdad ante la ley son fundamentos de una sociedad democrática; lamenta el bloqueo actual en las negociaciones del Consejo en relación con la propuesta de la Comisión de una Directiva horizontal que extienda la plena protección contra la discriminación por todo tipo de motivos; insta al Consejo a que actúe, de conformidad con el artículo 265 del TFUE, y a que adopte la Directiva;

55.  Subraya que, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, a los ciudadanos europeos también se les debe proteger contra la discriminación por motivos lingüísticos;

56.  Insta a los Estados miembros a que establezcan procedimientos de denuncia que garanticen que una víctima de discriminación múltiple, teniendo en cuenta que las mujeres son especialmente objeto de este tipo de discriminación, pueda presentar una sola denuncia en la que se alegue más de un motivo de discriminación; considera oportuno respaldar las actividades de los defensores de los derechos humanos y el desarrollo de acciones colectivas por parte de comunidades y personas marginadas;

57.  Exhorta a los Estados miembros a que protejan la libertad religiosa o de creencia, incluida la libertad de las personas sin religión, a fin de que no sufran discriminaciones como resultado de la concesión de excesivas exenciones a las religiones en la legislación sobre igualdad y no discriminación;

58.  Hace hincapié en que, en el ámbito de la lucha contra la discriminación, debe tenerse plenamente en cuenta el carácter específico de la discriminación por motivos de discapacidad;

Protección de las personas pertenecientes a minorías

59.  Destaca que se debe abordar la situación de las personas apátridas que residen permanentemente en los Estados miembros sobre la base de las recomendaciones de las organizaciones internacionales;

60.  Subraya la importancia de que se respeten los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales; anima a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar el Convenio marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales y la Carta europea para las lenguas regionales o minoritarias sin más demora y, cuando proceda, a retirar las reservas y declaraciones restrictivas; exhorta a los Estados miembros a que adopten medidas para combatir la discriminación que sufren los miembros de minorías lingüísticas y a que documenten los resultados de las medidas adoptadas para proteger el derecho de los miembros de minorías lingüísticas a utilizar su propia lengua; insta a los Estados miembros a no discriminar a las personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas y a garantizarles los derechos que les asisten en virtud del Derecho internacional y de la UE;

61.  Insta a los Estados miembros a que aborden la discriminación racial y étnica en el trabajo, la vivienda, la educación, el sistema sanitario y el acceso a bienes y servicios; se declara especialmente preocupado por el ascenso de partidos políticos abiertamente racistas, xenófobos, islamófobos y antisemitas, al amparo de una crisis económica y social que favorece la búsqueda frenética de cabezas de turco, y cuyas prácticas violentas deberían condenarse; manifiesta asimismo su preocupación por la adopción de medidas represivas contra las personas sin hogar en el contexto de la actual crisis;

62.  Subraya que, debido a las divergencias existentes en la aplicación del Derecho de la UE y de procedimientos administrativos complejos, algunas categorías de personas encuentran obstáculos discriminatorios para ejercer su derecho a la libre circulación y residencia; pide a la Comisión que inicie procedimientos de infracción contra los Estados miembros que vulneran la Directiva 2004/38/CE;

63.  Lamenta que los ciudadanos de origen romaní estén sometidos a procedimientos de expulsión colectivos por parte de los Estados miembros y deplora la débil reacción de la Comisión en determinados casos;

64.  Insta a la Comisión a que evalúe los resultados concretos del Marco de la UE para la coordinación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos, así como los progresos realizados en cada Estado miembro; reconoce los esfuerzos realizados por determinados Estados miembros pero, sobre todo, muchas lagunas en la mayoría de las estrategias presentadas a la Comisión; insta a la Comisión a que realice propuestas de mejora a fin de responder mejor a los objetivos establecidos en el Marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos; pide que, en sus informes anuales al Parlamento y al Consejo, se realicen análisis sobre la viabilidad y sostenibilidad económicas de estas estrategias y los progresos realizados en cada Estado miembro;

65.  Subraya la importancia de aplicar adecuadamente las estrategias nacionales de integración de la población romaní mediante el desarrollo de políticas integradas que asocien, a través de un diálogo permanente, a las autoridades locales, los agentes no gubernamentales y las comunidades romaníes, según lo previsto en el marco europeo; insta a los Estados miembros a que den una respuesta eficaz a la exclusión de la población romaní mediante la aplicación de las medidas planteadas en sus estrategias nacionales de integración de los gitanos y a que cooperen con representantes de la población romaní en la gestión, la supervisión y la evaluación de proyectos que afectan a sus comunidades, utilizando todos los recursos financieros disponibles de la UE;

66.  Considera que la lucha contra la discriminación de que es víctima la población romaní debe esforzarse más por asociar a esta comunidad, cuyos representantes son los más adecuados para testimoniar de la falta de acceso a los derechos al empleo, la educación, la vivienda, la salud y los bienes y servicios, y por buscar soluciones para resolver estos problemas;

67.  Exhorta a los Estados miembros a que eliminen la segregación territorial, los desahucios forzosos y el problema de la falta de vivienda a los que se enfrenta la población romaní, adopten políticas de vivienda eficaces y transparentes y eviten que se criminalice a las personas sin hogar;

68.  Insta a los Estados miembros a que aborden los altos niveles de desempleo entre que con la eliminando las barreras de acceso al empleo;

69.  Exhorta a los Estados miembros a que reformen sus sistemas educativos nacionales con objeto de atender las necesidades de las minorías, incluidos los niños de la población romaní, y eliminen las disposiciones segregadoras en la educación, sin perjuicio de la educación en lenguas minoritarias que existe en muchos Estados miembros;

70.  Insta a los Estados miembros a que adopten los cambios legislativos necesarios respecto a la esterilización y a que compensen económicamente a las víctimas de esterilizaciones forzosas llevadas a cabo en mujeres de la población romaní y mujeres con discapacidades mentales, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH;

71.  Insiste en pedir un enfoque dirigido a la inclusión social de las mujeres de la población romaní para evitar la discriminación múltiple y la segregación étnica;

72.  Insta a los Estados miembros a que asignen recursos presupuestarios suficientes para alcanzar los objetivos identificados en sus estrategias nacionales de integración de la población romaní; exhorta al Consejo a que respalde y adopte las propuestas de la Comisión y el Parlamento respecto al próximo Marco Financiero Plurianual, en particular las que permiten que el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional presten una mayor contribución a la inclusión social de la población romaní, ampliando la serie de condiciones ex ante a fin de incluir la elaboración de estrategias nacionales y la identificación de la concentración territorial de la pobreza;

73.  Señala que las últimas adhesiones han conducido y las futuras conducirán a un número aún mayor de Estados miembros caracterizados por la diversidad cultural y lingüística; considera por ello que la UE tiene la responsabilidad particular de proteger los derechos de las minorías; insta a la Comisión a que refuerce su acción para asociar a los países en proceso de adhesión a sus acciones destinadas a la inclusión social de la población romaní, así como a que movilice el Instrumento de Ayuda de Preadhesión y a que exhorte a dichos países, mediante el mecanismo del proceso de estabilización y asociación, a que trabajen en ese sentido;

74.  Manifiesta su alarma por el creciente ascenso de los discursos de odio y estigmatización de minorías y otros grupos de personas y por su ascendente influencia en los medios de comunicación y en muchos movimientos y partidos políticos, que se reflejan a alto nivel político y en legislaciones restrictivas; insta a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para promover, en la vida económica, social, política y cultural, la igualdad efectiva entre las personas, teniendo debidamente las condiciones específicas de las personas que pertenecen a estas comunidades minoritarias; señala la falta de coherencia de la política para las minorías nacionales, y observa que, aunque la protección de las minorías forma parte de los criterios de Copenhague, en la política comunitaria no existen normas para los derechos de las minorías; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte integral de los derechos humanos fundamentales;

75.  Considera que no existe una solución única para mejorar la situación de las minorías nacionales en todos los Estados miembros, y que deberían desarrollarse algunos objetivos comunes mínimos para las autoridades públicas de la UE, teniendo en cuenta las normas legales internacionales correspondientes y las buenas prácticas existentes; pide a la Comisión que establezca una norma política para la protección de las minorías nacionales;

76.  Considera que las comunidades minoritarias nacionales tradicionales prestan una contribución especial a la cultura europea, que, por lo tanto, las políticas públicas deberían centrarse más en su protección y que la propia Unión debe tener mejor en cuenta estas necesidades;

77.  Propone que se hagan esfuerzos para promover la consolidación de la confianza y la coexistencia de las comunidades que han vivido juntas tradicionalmente por medio de la enseñanza y el aprendizaje de la identidad de cada una, de las identidades regionales, de la lengua de cada una y de la historia, el patrimonio y la cultura de cada una para un mejor entendimiento y un mayor respeto de la diversidad;

78.  Considera que la participación efectiva en la toma de decisiones basada en los principios de subsidiariedad y autogobierno es una de las maneras más eficaces de tratar los problemas de las minorías nacionales, de acuerdo con las buenas prácticas que existen en la Unión;

Igualdad de oportunidades

79.  Lamenta que las iniciativas europeas y nacionales hayan tenido repercusiones limitadas en el ámbito de la desigualdad entre mujeres y hombres, en particular en el contexto del empleo; pide a los Estados miembros que establezcan objetivos y estrategias específicas en materia de empleo en el marco de sus programas nacionales de reforma y sus planes de acción sobre igualdad de género, a fin de garantizar el acceso igualitario de hombres y mujeres al mercado laboral y su permanencia en él; considera que, con vistas a eliminar las afianzadas brechas salariales y en materia de pensiones entre hombres y mujeres, estos objetivos deben abordar la persistente concentración de mujeres en trabajos precarios; insta a los Estados miembros a que tomen medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar para todas las generaciones de mujeres, sin olvidar las estructuras de calidad de asistencia a la infancia y a otras personas dependientes;

80.  Considera que la baja representación de la mujer en la toma de decisiones supone un déficit para los derechos fundamentales y la democracia; acoge con satisfacción las medidas positivas introducidas en Francia, España, Bélgica, Eslovenia, Portugal y Polonia, como los sistemas de paridad adoptados en la legislación y las cuotas de género, como buenas prácticas esenciales, e insta a los Estados miembros cuyas asambleas políticas cuentan con una representación de la mujer especialmente baja a que consideren la introducción de medidas legislativas vinculantes;

81.  Señala que las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación en diversas áreas de la vida diaria, a pesar de la legislación vigente contra la discriminación, y expresa su profunda decepción al observar que, tras casi 40 años de legislación, la brecha salarial entre hombres y mujeres apenas se ha reducido;

82.  Considera que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas más extendida en el mundo, incluida la UE; pide a la Comisión que declare 2015 Año europeo para acabar con la violencia contra las mujeres, y que ponga en marcha una estrategia de la UE para acabar con la violencia contra estas, como se anunció en las Conclusiones del Consejo de marzo de 2010, que conste de instrumentos legalmente vinculantes, acciones de sensibilización, recolección de datos y financiación para las ONG que se dedican a la defensa de las mujeres;

83.  Reitera su posición sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva expuesta en sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010(10) , 8 marzo 2011(11) y 13 de marzo de 2012(12) sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2009 y 2010 y 2011; expresa su preocupación ante las recientes restricciones del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en algunos Estados miembros, en particular al aborto seguro y legal, la educación sexual y los recortes financieros en el ámbito de la planificación familiar;

84.  Insta a las instituciones de la UE a que examinen la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el marco jurídico de la UE;

85.  Insta a la UE a que ponga fin a las políticas que establecen una dependencia entre miembros de una familia en el marco de la reagrupación familiar, y exhorta a la UE y a sus Estados miembros a que concedan a las mujeres inmigrantes un estatus de residencia autónomo, en particular en los casos de violencia doméstica;

86.  Insta a la UE y a los Estados miembros a que dupliquen sus esfuerzos para conseguir los objetivos del Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) y a que adopten medidas para tratar la brecha salarial entre hombres y mujeres, la segregación en el trabajo y todo tipo de violencia contra la mujer;

87.  Insta a los Estados miembros a que garanticen, mediante medidas eficaces, la protección de las trabajadoras embarazadas y de las mujeres que se encuentran de baja por maternidad;

88.  Insta a los Estados miembros a que aborden el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la explotación sexual en todas sus formas y a que luchen contra el tráfico de seres humanos;

89.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los planes de acción nacionales abordan la discriminación múltiple y protegen a las mujeres inmigrantes y a las pertenecientes a minorías étnicas;

Orientación sexual e identidad de género

90.  Insta a la Comisión a que proponga una refundición de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, de forma que se incluyan otras formas de delitos motivados por prejuicios, entre otros, por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género;

91.  Insta a los Estados miembros a que adopten el marco legislativo nacional para abordar las discriminaciones que experimentan las personas LGTB y las parejas del mismo sexo por motivos de orientación sexual o identidad de género, así como a que garanticen la aplicación efectiva del marco jurídico existente de la UE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE);

92.  Insta a los Estados miembros a que registren e investiguen los delitos motivados por el odio a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGTB) y a que adopten una legislación penal por la que se prohíba la incitación al odio por motivos de orientación sexual e identidad de género;

93.  Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión(13) relativas a la competencia y la ley aplicable a los efectos patrimoniales de los matrimonios y las uniones registradas; considera, no obstante, que la elección de dos instrumentos diferentes y de un enfoque separado para las uniones registradas y los matrimonios es injustificada; considera que debería imponerse la misma competencia y la misma ley aplicable en ambos casos;

94.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las parejas del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar;

95.  Insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la UE que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

96.  Pide a la Comisión y al Consejo que intervengan de forma más enérgica contra la homofobia, la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual, incluso pidiendo a los alcaldes y a la policía de los Estados que protejan la libertad de expresión y de manifestarse con motivo de las marchas del orgullo de la comunidad LGBTI; insta a la Comisión a que utilice los resultados del actual estudio de la FRA con objeto de responder finalmente a los repetidos llamamientos del Parlamento Europeo y de las ONG y elabore con carácter urgente el Plan de trabajo de la UE para la igualdad por motivos de orientación sexual e identidad de género, con vistas a su adopción en 2014;

97.  Exhorta a los Estados miembros a que garanticen la protección efectiva de los participantes en actos públicos de la comunidad LGBT, entre ellos las marchas del orgullo, y a que velen por que estos actos puedan celebrarse legalmente;

98.  Lamenta que en varios Estados miembros todavía se considere que los transexuales son enfermos mentales; insta a los Estados miembros a que introduzcan o revisen los procedimientos de reconocimiento jurídico de género, de acuerdo con el modelo de Argentina, y revisen las condiciones establecidas para el reconocimiento jurídico de género (incluida la esterilización forzosa); pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que supriman los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y de comportamiento, y que garanticen una reclasificación de dichos trastornos como trastornos no patológicos en las negociaciones de la undécima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11);

99.  Acoge con satisfacción el nuevo conjunto de normas sobre asilo introducidas en la Directiva de cualificación, entre las que se incluye la identidad de género como motivo de persecución; sostiene que el paquete de asilo debe mantener su coherencia e incluir la orientación sexual y la identidad de género en la Directiva relativa a los procedimientos de asilo;

100.  Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso al empleo, a bienes y a servicios sin discriminación por motivos de identidad de género, en consonancia con el Derecho de la UE(14) ;

101.  Acoge con satisfacción la puesta en marcha de un estudio de la FRA que reunirá datos comparables sobre la experiencia de personas de la comunidad LGBT en la Unión Europea y Croacia;

102.  Insta a los Estados miembros a que transpongan completamente la Directiva 2003/86/CE del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar sin discriminaciones por motivos de sexo u orientación sexual; recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las parejas del mismo sexo forman parte del ámbito de la vida familiar(15) ;

103.  Considera que hay más probabilidades de que se protejan los derechos fundamentales de las personas LGTB si estas tienen acceso a instituciones jurídicas como la convivencia, la unión registrada o el matrimonio; acoge con satisfacción que en la actualidad 16 Estados miembros ofrecen estas posibilidades, y pide a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de ofrecerlas igualmente;

Jóvenes, personas de edad avanzada y personas con discapacidad

104.  Pide a los Estados miembros que combatan la discriminación en el empleo por motivos de edad, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE sobre la contratación y el despido de los trabajadores de edad avanzada;

105.  Insta a los Estados miembros a que garanticen la inclusión de los trabajadores jóvenes, en particular los que se han visto afectados por la crisis económica, en el mercado laboral, entre otras cosas, mediante la organización y la puesta a disposición de formaciones que persigan la promoción social de los jóvenes;

106.  Lamenta que, en algunos Estados miembros, todavía se persiga y se condene a prisión a jóvenes debido a que el derecho a la objeción de conciencia con respecto al servicio militar aún no está debidamente reconocido, y pide a los Estados miembros que cesen la persecución y discriminación de los objetores de conciencia;

107.  Acoge con beneplácito la decisión de declarar 2012 Año europeo de la prolongación de la vida activa y la solidaridad entre las generaciones; insta a los Estados miembros a que reconozcan y respeten los derechos de las personas de edad avanzada para que disfruten de una vida digna y de calidad mediante la prestación de servicios sociales adecuados, el aprendizaje permanente y otros programas dedicados a su inclusión social y cultural; insta a los Estados miembros a que adopten medidas para erradicar el abuso y todas las formas de violencia contra las personas de edad avanzada y a que promuevan su independencia apoyando para ello la renovación y accesibilidad de la vivienda; recuerda que las mujeres de edad avanzada viven con más frecuencia por debajo del umbral de pobreza debido a las diferencias de salario entre hombres y mujeres, y más adelante, debido a las diferencias entre pensiones; destaca que los ciudadanos activos y voluntarios, hombres y mujeres, mayores de 65 años, contribuyen plenamente y de múltiples modos a la vida cotidiana de la sociedad;

108.  Insta a que se respete la dignidad de las personas al final de la vida, en particular mediante el reconocimiento y el respeto de las decisiones expresadas en los «testamentos vitales»;

109.  Insta a los Estados miembros a erradicar la discriminación de las personas con discapacidad, en particular en el contexto de su incorporación al mercado laboral;

110.  Pide a la UE y a los Estados miembros que mejoren el acceso al empleo y a la formación de las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidades psicosociales, mediante el uso de los fondos actuales de la UE;

111.  Pide a todos los Estados miembros que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPC) y su Protocolo Facultativo y que garanticen que todos los planes de acción nacionales estén en consonancia con la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y dirigidos a mejorar la accesibilidad y el empleo, incluidas la educación y la formación, así como la vida independiente de las personas con discapacidad;

112.  Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que lleve a cabo, en coordinación con la Agencia de los Derechos Fundamentales, una investigación y que facilite orientaciones a escala europea y nacional en lo que se refiere a la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad; destaca que se debe prestar especial atención a las prácticas de esterilización y aborto forzosos que pueden suponer una tortura o un trato inhumano o degradante y que, por tanto, deben ser juzgadas y sancionadas;

113.  Pide una solución innovadora para la facilidad de acceso desde el punto de vista informático respecto al acceso de los ciudadanos sordos y los que tienen deficiencias auditivas a las instituciones y conferencias de la UE basada en las Resoluciones del Parlamento, de 17 de junio de 1988, sobre los lenguajes gestuales para sordos(16) , de 18 de noviembre de 1998, sobre el lenguaje mímico(17) y de 25 de octubre de 2011 sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020(18) , de conformidad con los artículos 2, 21, 24 y 30 de la CDPC;

114.  Exhorta a los Estados miembros a que financien organizaciones que apoyen condiciones de vida autónomas para las personas con discapacidad y programas de desinstitucionalización;

115.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que los fondos de la UE para acciones internas y externas no se usen para crear barreras o generar discriminación contra las personas con discapacidad, y a que pongan en práctica las medidas adecuadas para adoptar nuevos programas de financiación que lo eviten;

116.  Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que los fondos de la UE no vayan dirigidos a la renovación de instituciones existentes o a la creación de nuevas instituciones para personas con discapacidad, sino que se usen para facilitar la vida en comunidad, como se contempla en los artículos 5 y 19 de la CDPC y en los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

117.  Destaca la necesidad de incrementar la participación política de las personas con discapacidad en las elecciones mediante la satisfacción de sus necesidades especiales;

Protección de datos

118.  Reafirma que el derecho a la decisión propia en lo relativo a los datos personales y el derecho a la privacidad constituyen elementos fundamentales de la personalidad, la dignidad humana y la libertad de las personas;

119.  Destaca que la reforma del sistema de protección de datos de la UE debe aumentar la transparencia y el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos y hacer que las sanciones y las medidas resulten más eficaces, así como conceder a las autoridades de protección de datos competencias para imponer multas a aquellos que infrinjan la ley de protección de datos de la UE; exhorta al Consejo a que adopte un marco de plena protección de datos con un nivel de armonización alto y uniforme que amplíe la Directiva 95/46/CE; destaca que deben evitarse las numerosas exenciones y excepciones a los principios que rigen la protección de los datos personales, en particular al principio de limitación de la finalidad, y en materia de transferencia de datos a terceros países; señala que es de vital importancia que las normas de plena protección de datos concebidas en el área de aplicación de las leyes también contemplen el tratamiento interno de datos;

120.  Manifiesta su preocupación por la tendencia actual a socavar la independencia de las autoridades de protección de datos, y acoge con satisfacción la vigilancia por parte de la Comisión; pide a los Estados miembros que cumplan las disposiciones existentes y la jurisprudencia pertinente;

121.  Expresa su preocupación por los defectos de la Directiva sobre la conservación de datos señalados en el informe de la Comisión así como por el SEPD, varios Parlamentos nacionales y los tribunales constitucionales de varios Estados miembros, que la han declarado inconstitucional; destaca la necesidad de revisar la revocación de la Directiva sobre la conservación de datos o al menos explorar alternativas a la conservación de datos, como la conservación rápida de datos y la obtención selectiva de datos sobre el tráfico;

122.  Manifiesta su preocupación por la falta de avances en las negociaciones de un Acuerdo entre la Unión Europea y Canadá para la transferencia y utilización de datos PNR con objeto de prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional; señala que el acuerdo firmado en 2005 ya no es válido, debido a que la Decisión sobre el carácter adecuado de la protección expiró en septiembre de 2009, y que la transferencia de datos PNR se ha efectuado a partir de esa fecha sobre la base de compromisos bilaterales entre Canadá y los Estados miembros;

123.  Acoge con satisfacción el hecho de que, con arreglo al Acuerdo PNR entre la UE y Australia, los datos se recogen con el único propósito de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos terroristas y delitos transnacionales graves, y que se garanticen recursos efectivos y garantías de protección;

124.  Lamenta que en el Acuerdo PNR entre la UE y los EE.UU. no se hayan explicitado los propósitos para la recolección de datos PNR y que las garantías de protección de datos estipuladas en el acuerdo no sean plenamente conformes a las normas de la UE; destaca que la Comisión no ha investigado de forma adecuada otras alternativas al análisis de datos PNR menos intrusivas, como el uso de la información anticipada sobre pasajeros o la limitación del uso de datos PNR a casos en los que ya se haya establecido una sospecha inicial;

125.  Expresa su preocupación por que el Acuerdo TFTP UE-EE.UU. no se haya aplicado conforme a las disposiciones establecidas en el acuerdo; destaca que la primera y segunda inspección llevadas a cabo por la Autoridad Común de Control de la Europol (ACC) despiertan una grave preocupación acerca de la conformidad del Acuerdo TFTP UE-EE.UU. con los principios relativos a la protección de datos;

126.  Señala con preocupación que la primera inspección llevada a cabo por la Autoridad Común de Control (ACC) de Europol despierta una grave preocupación acerca de la conformidad del Acuerdo TFTP UE-EE.UU. con los principios relativos a la protección de datos;

127.  Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las preocupaciones expresadas por el SEPD, el Grupo de trabajo del artículo 29, el Comité Económico y Social Europeo, la FRA y diversos Parlamentos nacionales sobre la propuesta de Directiva relativa al registro europeo de nombres de los pasajeros (PNR)(19) mediante la limitación de su ámbito de aplicación a vuelos con origen y destino en países terceros y a la lucha contra el terrorismo internacional, la duración de la conservación de datos y la lista de datos almacenados, y mediante la garantía de una evaluación eficaz del sistema;

128.  Considera que la Comunicación de la Comisión sobre un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo no es una base adecuada para la negociación; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para establecer un marco legal y técnico para la extracción de datos en el territorio de la UE que garantice el pleno cumplimiento de las normas de protección de datos europeas;

129.  Destaca que un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo(20) resultaría un sistema de extracción eficaz y selectivo, con claros derechos de acceso que garantizarían la finalización de las transferencias de datos en grandes cantidades a los EE.UU. tan pronto como fuera posible;

130.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que deroguen o revisen las normas sobre líquidos y escáneres corporales, y exhorta a la Comisión a que inicie procedimientos de infracción contra los Estados miembros que infrinjan las normativas de la UE que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos a este respecto;

Migrantes y refugiados

131.  Insta a los Estados miembros a que establezca un procedimiento relativo a una mayor coordinación de las normas que rigen la situación de los solicitantes de asilo, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE y del TEDH;

132.  Recuerda a los Estados miembros que deben respetar plenamente la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y, en particular, su artículo 33, que prohíbe la expulsión a sus fronteras;

133.  Condena firmemente las detenciones a gran escala que llevan a cabo la mayoría de los Estados miembros para facilitar la expulsión de inmigrantes, incluidos los menores, e insta a los Estados miembros a introducir alternativas a la detención en su legislación nacional;

134.  Exhorta a los Estados miembros a que reformen los procedimientos de asilo para cumplir con los requisitos que garanticen un tratamiento eficaz, como se establece en la jurisprudencia del TEDH y el TJUE, concretamente sobre los plazos aplicables para la interposición de recursos contra una decisión, una decisión negativa y las disposiciones sobre el derecho a quedarse en el país de acogida durante el proceso de recurso;

135.  Observa que existe una gran desigualdad en el reconocimiento de la persecución por motivos de sexo entre los procedimientos de asilo de la UE; insta a los Estados miembros a que adopten y apliquen directrices de género para los primeros responsables y jueces basadas en las directrices de género pertinentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo a que desarrolle herramientas que garanticen una perspectiva de igualdad de género en el Sistema Europeo Común de Asilo;

136.  Pide a los Estados miembros que se centren en políticas de migración legal eficaces y que ratifiquen el Convenio internacional sobre los derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias; subraya que debería prestarse una atención especial a las mujeres inmigrantes, quienes son particularmente vulnerables;

137.  Recuerda la importancia de la Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo estacional(21) para reducir las condiciones laborales irregulares y el riesgo de explotación, e insta a que las negociaciones concluyan rápidamente;

138.  Recuerda que el acceso a la asistencia sanitaria es un derecho fundamental, y pide en especial a los Estados miembros que faciliten el acceso a este derecho en la práctica, también a los inmigrantes en situación irregular, y en particular a las mujeres embarazadas y a los menores, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por la Agencia de los Derechos Fundamentales en su informe de 11 de octubre de 2011;

139.  Acoge con satisfacción la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016) y el trabajo del Coordinador de la UE de la lucha contra la trata de seres humanos; recuerda que la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de violaciones en masa, la trata de personas y otras formas de abuso sexual a mujeres y niños, o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes y la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular constituyen herramientas útiles para la protección de las víctimas de la trata que deberían aplicarse plenamente;

140.  Deplora los lentos progresos realizados en la adopción del sistema europeo común de asilo (SECA) y lamenta que el enfoque de la Unión haga hincapié en el control de las migraciones, en vez de en el acceso a la protección internacional para las personas que la necesitan y deben beneficiarse de ella; pide al Consejo y a los Estados miembros que garanticen que el SECA se aplique para finales de 2012, tal y como estaba previsto, de conformidad con las obligaciones de los Estados miembros en materia de asilo;

141.  Acoge con satisfacción las mejoras introducidas con la revisión de la Directiva de cualificación(22) , en particular un mayor reconocimiento de formas de persecución específica contra el sexo, la inclusión de la identidad de género como motivo de persecución para el cual debería garantizarse protección y el compromiso de tener en cuenta el interés superior del niño;

142.  Insta a los Estados miembros a que apliquen la Directiva de cualificación de manera que garantice su plena coherencia con el Derecho internacional en materia de derechos humanos, y solicita a los Estados miembros que deseen hacerlo que vayan más allá del nivel mínimo de beneficios y derechos garantizados en el texto;

143.  Destaca que la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los residentes de larga duración(23) ,destinada a incluir a los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria, contribuirá de forma eficaz a su integración, lo que conllevará beneficios tanto para la Unión Europea como para los Estados miembros;

144.  Acoge con satisfacción la propuesta de refundición de la Directiva sobre condiciones de acogida(24) presentada por la Comisión, y destaca que se deben ofrecer condiciones de acogida básicas desde el momento de llegada del solicitante de asilo, y que se debe animar a éste para que contribuya a la comunidad que lo acoge, independientemente de la duración de su estancia;

145.  Destaca que las lagunas y ambigüedades en la propuesta modificada de Directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado(25) deben tratarse de manera que permitan a los Estados miembros evitar el riesgo de un aumento de los costes y una posible malversación, a la vez que garantizan que las personas que necesitan protección tengan acceso a decisiones en materia de asilo justas y de calidad;

146.  Recomienda la creación de equipos expertos en asilo para ayudar a los países cuyas infraestructuras de asilo sean insuficientes; opina que la existencia de normas mínimas y de mecanismos de evaluación de la calidad puede elevar la calidad de las decisiones en materia de asilo;

147.  Recalca que los solicitantes de asilo no disfrutan de los mismos niveles de protección procesal y sustantiva en todos los Estados miembros debido a una transposición inadecuada de la legislación de la UE o a diferentes enfoques en su aplicación;

148.  Expresa preocupación por las repercusiones que tiene actualmente el sistema de Dublín en los derechos legales de los solicitantes de asilo, incluido el derecho a que su solicitud de asilo se evalúe de forma justa y, de reconocerse, a recibir protección eficaz, así como por la distribución desigual de solicitudes de asilo entre los Estados miembros;

149.  Resalta la importancia de las negociaciones para modificar el Reglamento Dublín II y destaca que no deberían buscarse procedimientos más eficaces en detrimento de los derechos de los solicitantes;

150.  Destaca la necesidad de concluir las negociaciones sobre un mecanismo eficaz para suspender las transferencias al amparo del Reglamento Dublín II a los Estados miembros en los que existe riesgo de violación de los derechos fundamentales de las personas afectadas, de conformidad con la jurisprudencia reciente del TEDH y del TJUE;

151.  Pide que en los controles fronterizos se tengan en cuenta los derechos fundamentales, y destaca la necesidad de que el Parlamento realice una supervisión democrática de las operaciones efectuadas en el marco de Frontex;

152.  Destaca su compromiso de garantizar el pleno control parlamentario de los organismos de justicia y asuntos de interior (JAI) de la UE, en particular Europol, Frontex, Cepol, Eurojust y la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud; insta a estos organismos a que mejoren la dimensión de sus actividades en el ámbito de los derechos fundamentales;

153.  Destaca la necesidad de supervisar la aplicación en la práctica del mandato de la OEAA, y señala que los aspectos del trabajo de Europol relacionados con los derechos fundamentales deben abordarse en la negociación del mandato en 2013;

154.  Pide que se apliquen de forma efectiva las disposiciones sobre los derechos fundamentales del Código de fronteras Schengen y del Código comunitario sobre visados en el marco de futuras evaluaciones de Schengen;

155.  Destaca que los principios de necesidad y proporcionalidad de la recolección y el almacenamiento de datos deben aplicarse a las nuevas tecnologías de almacenamiento de datos personales y de vigilancia de las fronteras;

156.  Destaca que la libre circulación dentro del espacio Schengen es uno de los derechos más concretos de los ciudadanos de la UE; manifiesta su total desacuerdo con los nuevos motivos para presentar propuestas relativas a la reintroducción de controles fronterizos de Schengen, ya que esto socavaría la libre circulación dentro de la Unión Europea y el funcionamiento del espacio Schengen;

157.  Expresa su preocupación por las cada vez más frecuentes violaciones del acervo de Schengen en los Estados miembros, que ponen en peligro la libre circulación dentro de la Unión Europea, y destaca, en consecuencia, la importancia de contar con un mecanismo de evaluación y supervisión de la UE para verificar la aplicación del acervo de Schengen, adoptado en consonancia con el artículo 77 del TFUE y con los principios de los derechos fundamentales;

158.  Manifiesta su preocupación por la falta de armonización de las garantías procesales en las protestas contra la legitimidad y proporcionalidad de la emisión de una alerta en el Sistema de Información de Schengen o en bases de datos nacionales similares;

159.  Pide a la Comisión, a la luz de su evaluación de los Acuerdos europeos de readmisión(26) , que se abstenga de apoyar la celebración precipitada de nuevos acuerdos que conllevan la violación de los derechos fundamentales; pide al Consejo que respete el principio de «no celebrar acuerdos a cualquier precio»;

160.  Insta a los Estados miembros que no lo hayan hecho todavía a ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local, y a los que lo han ratificado a poner en práctica el artículo 6 del Convenio, que prevé el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales para todos los ciudadanos de terceros países que residan legal y habitualmente en el Estado de acogida durante los cinco años que preceden a las elecciones;

Derechos del niño

161.  Insta a todas las instituciones de la UE a que aborden de forma eficaz desafíos como retirar la custodia de los niños a uno o a ambos padres, los niños desaparecidos, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, la protección de los niños migrantes no acompañados y la situación de los niños con discapacidad que están internados, así como la protección de los niños que han sido víctimas de la violencia doméstica y de la explotación laboral;

162.  Acoge con satisfacción la Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño presentada por la Comisión, los esfuerzos de la Comisión para garantizar el respeto y la promoción de los derechos de los niños en los procedimientos judiciales, así como el hecho de que la Directiva sobre las víctimas de delitos garantice un nivel más alto para la protección de los niños como víctimas vulnerables;

163.  Exhorta a las instituciones de la UE y a todos los Estados miembros a que elaboren políticas adaptadas para los niños en ámbitos como el empleo, el medio ambiente, la seguridad y la migración, así como con relación a cuestiones judiciales, la educación y la protección de datos; destaca la importancia de invertir en acciones dirigidas a los niños mediante la reorientación de líneas presupuestarias existentes y nuevas inversiones; pide a los Estados miembros que prohíban el empleo de niños en edad escolar obligatoria; destaca que se debe proteger a los jóvenes en el trabajo contra la explotación económica, contra todo lo que pueda dañar su seguridad, salud o desarrollo físico, mental, moral y social y contra condiciones de trabajo que puedan interferir en su educación;

164.  Recuerda que la Unión Europea y los Estados miembros deben tener en cuenta los derechos y deberes de los padres, los tutores legales u otras personas legalmente responsables del niño;

165.  Pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación adecuada de la Directiva sobre la lucha contra los abusos sexuales a niños y la pornografía infantil(27) y de la Directiva relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos(28) ;

166.  Insta a todos los Estados miembros de la UE que aún no lo hayan hecho, a que ratifiquen el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía así como el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual de 2007;

167.  Destaca que no se debería detener a ningún menor no acompañado y que, por el contrario, se trata de personas vulnerables que necesitan una acogida específica;

168.  Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión sobre los menores no acompañados (2010-2014); insta a la Comisión a que informe al Parlamento sobre las conclusiones del grupo de expertos en menores no acompañados en el proceso de migración;

169.  Pide a la Comisión que incorpore los derechos de los niños en todas las actividades de la UE y que evalúe el trabajo realizado hasta la fecha por el Coordinador de derechos de la infancia y el Foro Europeo para los Derechos del Niño;

170.  Insta a que se utilicen los indicadores de los derechos del niño elaborados por la FRA en la revisión de las medidas de la UE; solicita la elaboración de orientaciones prácticas sobre la mejor manera de usar estos indicadores;

171.  Expresa su preocupación por los escándalos recientes, que incluyen casos de pedofilia, y pide a la UE y a los Estados miembros que velen por que no se tolere la impunidad en las investigaciones sobre pedofilia;

Derechos de las víctimas y acceso a la justicia

172.  Exhorta a otras partes interesadas, incluidas agencias de la UE como EUROPOL, y a los Estados miembros, a que garanticen la cooperación a escala de la UE en un enfoque holístico, coordinado e integrado, al tiempo que hacen de los derechos humanos una cuestión de importancia crucial; insta a los Estados miembros a que adopten marcos legales adecuados y una definición apropiada y uniforme de la trata de seres humanos y a que garanticen la coordinación nacional entre los actores estatales responsables de la protección y promoción de los derechos humanos de las víctimas de esta trata; insta a los Estados miembros a que promuevan la investigación en el ámbito de la trata de seres humanos para ajustar correctamente las políticas gubernamentales en ámbitos como la inmigración, el mercado laboral y la economía;

173.  Destaca la necesidad de valorar los avances realizados en la lucha contra la trata de seres humanos en vista de las conclusiones del Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos;

174.  Lamenta que los ciudadanos de la UE residentes en un Estado miembro distinto del suyo no sean informados de forma eficaz acerca de sus derechos y, por consiguiente, insta a los Estados miembros a que mejoren sus sistemas de información;

175.  Destaca que el TEDH y el TJUE han destacado en sus sentencias obstáculos en el camino del derecho a una audiencia justa y del acceso a la justicia, como la duración de los procedimientos y la falta de medidas eficaces;

176.  Insta a los Estados miembros a que aborden los obstáculos existentes, como los plazos, la capacidad procesal, la duración de los procedimientos, las costas judiciales y las formalidades procedimentales;

177.  Insta a los Estados miembros a reestructurar sus sistemas judiciales, revisar el nivel de las costas judiciales, reformar el sistema de justicia gratuita y proporcionar mecanismos alternativos de solución de litigios para facilitar en la medida de lo posible el acceso igualitario a la justicia;

178.  Insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a evaluar el modo en que los principios jurídicos comunes sobre el recurso colectivo pueden encajar en el sistema jurídico de la UE y en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros;

179.  Expresa su preocupación por el respeto de los juicios justos en la Unión Europea y sus Estados miembros y, en particular, por propuestas recientes sobre «pruebas secretas» que permiten al Estado utilizar contra personas pruebas que estas no podrían impugnar, o ni siquiera ver, lo que constituiría una flagrantes contradicción con los derechos fundamentales y las normas europeos;

180.  Insta a la Comisión a que complete el Plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en procedimientos penales, de modo que se garantice el ejercicio en la práctica del derecho a un juicio justo;

181.  Acoge con satisfacción el Plan de trabajo sobre los procedimientos penales y solicita a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para lograr normas sólidas aplicables en toda la UE para los derechos procesales de los acusados y las víctimas;

182.  Insta a los Estados miembros a que aseguren que la extradición a países terceros no infringe los derechos fundamentales y los invita a revisar los tratados internacionales de los que son parte a este respecto;

183.  Insta a la Comisión a que revise la aplicación efectiva en la Unión Europea del derecho de acceso a la justicia en el marco del derecho de toda persona de generaciones presentes y futuras a vivir en un entorno adecuado para su salud y su bienestar;

184.  Insta a los Estados miembros a que se ocupen de los delitos de género y a que propongan recursos eficaces para tratar la violencia doméstica, mediante la adopción de una legislación sobre medidas de protección si fuera necesario;

185.  Acoge con satisfacción el Plan de trabajo destinado a reforzar los derechos y la protección de las víctimas adoptado por el Consejo así como la propuesta de la Comisión de un paquete relativo a las víctimas, el cual aborda específicamente las necesidades de las víctimas infantiles y las víctimas del terrorismo;

186.  Insta a los Estados miembros a que provean recursos económicos para los servicios destinados a las víctimas de delitos, teniendo en cuenta la evaluación de las opciones y buenas prácticas en los Estados miembros que realizará próximamente la FRA;

187.  Destaca las deficiencias que aún persisten en relación con las garantías mínimas de los derechos de defensa, y señala que el Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa ha puesto en duda la ausencia de recursos eficaces contra la orden de detención europea y su uso para delitos menores;

188.  Expresa su gran preocupación por la situación de los detenidos en la Unión Europea; insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que presenten propuestas, junto con el Consejo de Europa y el Comité para la Prevención de la Tortura, destinadas a garantizar el respeto de los derechos de los prisioneros y a fomentar su reintegración en la sociedad; pide que se de curso a sus solicitudes, incluidas en su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre las condiciones de detención en la UE(29) y, en particular, relativas a una iniciativa legislativa sobre normas comunes mínimas de detención en la Unión Europea y a mecanismos de supervisión apropiados;

189.  Destaca que la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo debería basarse en el pleno cumplimiento de las normas y obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos;

190.  Se congratula por las investigaciones sobre las actividades ilegales de la CIA que ya se han realizado en algunos Estados miembros, como se pedía en los informes de 2007 del Parlamento y en su informe de seguimiento de 2012; pide que se realicen más investigaciones e invita a los Estados miembros a que cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del Derecho internacional;

191.  Insta a que se refuerce la supervisión democrática y judicial de los servicios secretos a escala nacional, cuestión sumamente urgente y necesaria; pide que la Unión Europea refuerce la supervisión de la colaboración a escala de la UE entre estas agencias, incluso por medio de los organismos de la UE, y entre éstas y países terceros;

192.  Manifiesta su preocupación por aquellos casos en los que la policía de la UE recurre a una fuerza desproporcionada en actos públicos y manifestaciones; pide a los Estados miembros que velen por el fortalecimiento de la supervisión democrática y judicial de las fuerzas del orden y su personal, que garanticen la rendición de cuentas y que eliminen la impunidad en Europa, en particular frente al uso desproporcionado de la fuerza o cuando se cometen actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes; pide a los Estados miembros que garanticen que el personal de policía lleva un número de identificación;

Ciudadanía

193.  Recuerda que el Tratado de Maastricht de 1992 introdujo el concepto de «ciudadanía de la Unión», que confiere a todos los ciudadanos de la Unión el derecho a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que residan, protección por parte de las autoridades diplomáticas o consulares de cualquier Estado miembro, el derecho de petición al Parlamento Europeo y de dirigirse al Defensor del Pueblo, así como una serie de derechos en diversos ámbitos como la libre circulación de bienes y servicios, la protección de los consumidores y la salud pública, la igualdad de oportunidades y el trato igualitario y el acceso al empleo y a protección social; observa que los Tratados de Ámsterdam (1997) y de Lisboa (2009) refuerzan aún más los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión;

194.  Insta a la Comisión a que realice un estudio comparativo sobre los derechos electorales a escala nacional y comunitaria a fin de identificar divergencias que tengan repercusiones injustas en determinadas categorías de personas en la Unión Europea, y que acompañe el estudio con recomendaciones adecuadas sobre cómo combatir la discriminación; recuerda la importancia que revisten el trato preferencial y las medidas especiales en la promoción de la representación en la toma de decisiones de personas de diferentes orígenes y con pocos recursos en puestos de responsabilidad;

195.  Recuerda las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a los procedimientos electorales que se basan, entre otros, en el Código de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, e insta a la UE y a los Estados miembros a que las apliquen;

196.  Exhorta a la Comisión a que aborde la situación de los no ciudadanos, en especial, en el Informe sobre la ciudadanía y en el Informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

197.  Insta a los Estados miembros a que lancen campañas de información y de sensibilización con objeto de informar a los ciudadanos acerca de su derecho a voto activo y pasivo en las elecciones y a que tengan en cuenta las necesidades de públicos más específicos y grupos vulnerables; insta a que en todos los Estados miembros se realicen todas las reformas oportunas de los procedimientos electorales europeos a fin de promover la ciudadanía activa de la UE; considera que se debería fomentar igualmente una ciudadanía europea activa y participativa mediante el acceso a documentos e información, transparencia, buena gobernanza y administración, participación y representación democráticas, y la toma de decisiones lo más próxima posible a los ciudadanos de la Unión;

198.  Acoge con satisfacción la declaración de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se lleven a cabo campañas de información sobre la ciudadanía europea y los derechos ligados a ella;

199.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que distribuyan información sobre el derecho a la protección diplomática y consular; insta a los Estados miembros a que cooperen activamente para garantizar la protección de los ciudadanos de la UE fuera de la Unión Europea, en particular en situaciones de crisis o de catástrofe;

200.  Insta a los Estados miembros a que elaboren campañas de información dirigidas a intensificar la participación activa de los ciudadanos mediante el ejercicio de su derecho de petición y de su derecho a dirigir al Defensor del Pueblo Europeo reclamaciones por actos de mala administración cometidos por instituciones u órganos europeos, así como mediante iniciativas de los ciudadanos;

201.  Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que aumenten la sensibilización del público con relación a la Iniciativa Ciudadana, un medio de democracia directa dirigido a mejorar la función democrática de la Unión;

202.  Señala la necesidad de lanzar campañas de información eficaces que promuevan los derechos de ciudadanía de la UE entre los jóvenes, por ejemplo, mediante un «programa de ciudadanía activa» en las escuelas y las universidades;

203.  Subraya la necesidad de reformar rápidamente el sistema electoral del Parlamento Europeo, a fin de garantizar la participación activa de los ciudadanos europeos en el funcionamiento de la UE;

o
o   o

204.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(2) DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
(3) Documento del Consejo 10140/2011 de 18 de mayo de 2011.
(4) DO C 169 E de 15.6.2012, p. 49.
(5) DO C 124 E de 25.5.2006, p. 405.
(6) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
(7) Véanse en particular los artículos sobre los derechos sociales y los artículos específicos pertinentes del Tratado sobre la solidaridad: artículos 80 y 122 del TFUE.
(8) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 12.
(9) COM(2010)0573.
(10) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 35.
(11) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 65.
(12) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0069.
(13) COM(2011)0127 y COM(2011)0126.
(14) Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación ; Directiva 2004/113/CE del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.
(15) Schalk y Kopf contra Austria, solicitud nº 30141/04, TEDH.
(16) DO C 187 de 18.7.1988, p. 236.
(17) DO C 379 de 7.12.1998, p. 66.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.
(19) COM(2011)0032.
(20) COM (2011)0429.
(21) COM(2010)0379.
(22) DO L 337 de 20.12.2011, p. 9.
(23) DO L 132 de 19.5.2011, p. 1
(24) COM(2011)0320.
(25) COM (2011)0319.
(26) COM(2011)0076.
(27) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(28) DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(29) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0585

Última actualización: 30 de septiembre de 2014Aviso jurídico