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Procedimiento : 2014/2247(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0314/2015

Textos presentados :

A8-0314/2015

Debates :

PV 23/11/2015 - 16
CRE 23/11/2015 - 16

Votaciones :

PV 24/11/2015 - 5.7

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0402

Textos aprobados
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Martes 24 de noviembre de 2015 - Estrasburgo Edición definitiva
Política de cohesión y comunidades marginadas
P8_TA(2015)0402A8-0314/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2015, sobre la política de cohesión y las comunidades marginadas (2014/2247(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 151, 153, 162 y 174 a 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los convenios europeos que protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la jurisprudencia correspondiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en este ámbito, y el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

–  Visto el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,

–  Vistos las Directivas de la UE contra la discriminación, el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Protocolo nº 12 de dicho Convenio,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 5 de enero de 2011, sobre los derechos de las personas con discapacidad,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo(1) (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006(2) ,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas(3) ,

–  Visto el Reglamento (EU) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006(4) ,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, igualdad y ciudadanía» para el período de 2014 a 2020(5) ,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas(6) ,

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(7) ,

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el séptimo y octavo informes de situación de la Comisión Europea sobre la política de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el período 2007-2013(8) ,

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní(9) ,

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea(10) ,

–  Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní(11) ,

–  Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020(12) ,

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre la situación social de los romaníes y su mejor acceso al mercado de trabajo en la UE(13) ,

–  Visto el sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial, de 23 de julio de 2014, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión»,

–  Vista la ficha de orientación temática de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, sobre la población romaní y las comunidades marginadas (Objetivo temático 9 - Inclusión social y pobreza),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2014, titulada «Informe sobre el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos» (COM(2014)0209),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 2012, titulada «Las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE» (COM(2012)0226),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, titulada «Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio» (COM(2010)0715),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, sobre las medidas para la integración efectiva de los gitanos en los Estados miembros(14) ,

–  Vista la nota de orientación de la Comisión sobre el empleo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos al hacer frente a la segregación educativa y espacial (proyecto), de 1 de julio de 2015,

–  Vista la pregunta con solicitud de respuesta escrita formulada a la Comisión el 24 de febrero de 2015 sobre la financiación de las comunidades marginadas (E-002782/2015),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre las Estrategias para la integración de los gitanos(15) ,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0314/2015),

A.  considerando que la política de cohesión tiene por objeto mejorar la cohesión económica, social y territorial reduciendo las disparidades sociales, incluidas la reducción y la erradicación de la pobreza y la exclusión, y aboga por la prevención de la segregación y por la promoción de la igualdad de acceso y de oportunidades para todos los ciudadanos, incluidas las comunidades más marginadas y también los grupos e individuos de todas las edades que sufren pobreza y exclusión social y carecen de acceso a la educación, el empleo, la vivienda y los regímenes de atención sanitaria;

B.  Considerando que la política de cohesión, tal como se define en el Acta Única Europea de 1986, consiste en reducir las desigualdades entre las diversas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, y que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea añade otra faceta de la cohesión, refiriéndose a «la cohesión económica, social y territorial»;

C.  Considerando que para el objetivo de la cohesión social se requiere una acción europea en las políticas de inclusión de las comunidades marginadas y que los Estados miembros hagan uso de sus competencias en dicho ámbito mediante la aplicación de medidas de apoyo y también la participación en programas de cooperación transnacionales y nacionales;

D.  Considerando que en 2010 se introdujeron en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) oportunidades de financiación para las comunidades marginadas, y que el marco legislativo para la política de cohesión 2014-2020 ofrece un enfoque estratégico;

E.  Considerando que en el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 se dispone que el Fondo Social Europeo (FSE) beneficiará a los ciudadanos, incluidos los grupos desfavorecidos, como los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad, los inmigrantes, las minorías étnicas, las comunidades marginadas y las personas de cualquier edad que sufren pobreza y exclusión social;

F.  Considerando que, durante el período de programación 2014-2020, al menos el 23,1 % del presupuesto de la política de cohesión se asignará a inversiones en el marco del FSE; que el FEDER y el FSE desempeñan un papel específico y significativo habida cuenta de que al menos el 20 % de los recursos del FSE está asignado, en cada Estado miembro, al objetivo específico de fomento de la inclusión social y de lucha contra la pobreza y toda forma de discriminación, lo que constituye una herramienta esencial para promover una mayor inclusión de las comunidades marginadas;

G.  Considerando que el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 fija una serie de requisitos previos que deben cumplirse relacionados con la no discriminación, el género y la discapacidad(16) ;

H.  Considerando que el sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial ha demostrado que la crisis económica ha generado un aumento de la pobreza y la exclusión social;

I.  Considerando que la crisis económica y los consiguientes recortes presupuestarios y medidas de austeridad han generado numerosos problemas, que a menudo se han traducido en graves problemas presupuestarios para los municipios, lo que a su vez ha reducido las opciones para abordar la problemática de los grupos marginados, intentar mejorar su inclusión y evitar la segregación, ya que esas políticas dependen fundamentalmente, y en ocasiones únicamente, de la financiación procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

J.  Considerando que las consecuencias de la crisis económica y los recortes realizados en los servicios públicos han agravado la situación de las mujeres dentro de las comunidades marginadas;

K.  Considerando que las mujeres pertenecientes a comunidades marginadas sufren una discriminación múltiple más intensa y tienen una tasa de empleo mucho más baja que los hombres de dichas comunidades y que otras mujeres;

L.  Considerando que un gran número de agentes públicos y privados de diferentes niveles y sectores, entre ellos representantes de la sociedad civil, participan y a menudo desempeñan un papel importante en la ejecución de las políticas de inclusión, por lo que se requiere un enfoque coherente y bien coordinado;

M.  Considerando que, a escala de la Unión Europea, no existe actualmente una definición del concepto de comunidad marginada; que para entender la relación hay que empezar por entender la marginación sobre la base de un análisis de las particularidades y características de los grupos marginados en el que se tengan en cuenta su situación y sus necesidades específicas, como las condiciones de vida y de trabajo, el limitado acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y al empleo, así como el abandono escolar prematuro, junto con la exclusión estructural y sistémica, y cuyo objetivo sea garantizar la inclusión socio-económica de los grupos marginados;

N.  Considerando que la Comisión no ha ofrecido una definición del concepto de comunidades marginadas, dejando a los Estados miembros la responsabilidad de decidir al respecto sobre la base de sus indicadores nacionales; y que, no obstante, dicho concepto puede establecerse partiendo de un conjunto de indicadores pertinentes como la exclusión social, un alto nivel de desempleo de larga duración, un bajo nivel de educación, unas viviendas en condiciones (extremadamente) degradadas, un alto nivel de discriminación y la exposición excesiva a riesgos sanitarios o la falta de acceso a infraestructuras de atención médica, englobando a las poblaciones consideradas más vulnerables y más necesitadas de asistencia;

O.  Considerando que la marginación es un fenómeno social que consiste en la existencia de personas o comunidades excluidas socialmente y a las que se impide sistemáticamente participar en procesos sociales y políticos que son fundamentales para formar parte de la sociedad o se les niega el acceso a ellos; que con la expresión «comunidades marginadas» se hace referencia a grupos y personas diversos, como las minorías, la población romaní, las personas con discapacidad, las personas que viven por debajo del umbral de pobreza o en riesgo de ello, los migrantes, los refugiados y los grupos objeto de exclusión social dentro de la sociedad; que el racismo, el patriarcado, la homofobia, las desventajas económicas y otros factores de discriminación contribuyen a la creación de estratos de desigualdad y a una dinámica de desempoderamiento de las mujeres dentro de las comunidades marginadas;

P.  Considerando que entre las características comunes a las comunidades marginadas se incluyen comunidades de lugares, como las comunidades marginadas que residen en zonas rurales y barrios desfavorecidos, comunidades de intereses, como refugiados y solicitantes de asilo, y minorías étnicas y lingüísticas, y personas con discapacidad, ancianos, personas sin hogar y pueblos indígenas; y que los diferentes tipos de comunidades marginadas comparten dificultades comunes y todas sufren múltiples formas de estigmatización y discriminación;

Q.  Considerando que en Europa existen numerosos grupos marginados; que, entre ellos, la población romaní, expresión que se entiende de diferentes maneras dentro de Europa, es la mayor minoría étnica de Europa y una de las comunidades más marginadas;

R.  Considerando que en la política de cohesión se deben abordar las comunidades marginadas en su diversidad, teniendo en cuenta las necesidades específicas; que la inclusión de las comunidades marginadas en la financiación requiere esfuerzos a todos los niveles, un planteamiento a largo plazo integrado y coherente, soluciones permanentes, empoderamiento, aprovechamiento de la experiencia y creación de capacidades, también para las mujeres y las niñas de las comunidades marginadas, y la transición de una asistencia institucional a otra de ámbito comunitario, a fin de acabar con la segregación y conseguir la normalización;

S.  Considerando que las estrategias europeas de la política de cohesión para el empoderamiento de las mujeres de las comunidades marginadas han de tener en cuenta la situación de las mujeres mayores, con discapacidad, cuidadoras o que padecen problemas de salud mental;

T.  Considerando que los proyectos basados en el arte y en la cultura que promueven intercambios interculturales, la capacitación de los participantes, el desarrollo de aptitudes creativas y sociales y la participación activa en la vida de la comunidad local son algunas de las herramientas más efectivas para abordar la inclusión social y la integración;

U.  Considerando que la educación, tanto formal como informal, resulta fundamental para vencer la marginación y la discriminación múltiple por su capacidad para facilitar el diálogo, la apertura y la comprensión entre las comunidades, así como para empoderar a las comunidades marginadas; y que no hay que olvidar ni la perspectiva de género en la educación ni el papel que desempeña en la capacitación de las mujeres y niñas de las comunidades marginadas;

Principios generales

1.  Recuerda la urgente necesidad de afrontar la cuestión de las comunidades marginadas; subraya el importante papel de la política de cohesión a la hora de apoyar su inclusión económica, social y territorial;

2.  Recuerda que se introdujo a las comunidades marginadas como un elemento central de las medidas de la política de cohesión debido a la creciente preocupación respecto de ellas y al compromiso en favor de la lucha contra la exclusión social, así como a la inquietud ante la situación de la población romaní y la ya antigua demanda de mejora de sus condiciones de vida;

3.  Pide a la Comisión Europea que facilite orientación sobre la definición del concepto de comunidades marginadas, especificando una serie de particularidades y características de los grupos marginados, teniendo en cuenta la situación, los retos y las necesidades específicos de cada posible grupo destinatario, con el fin de promover su inclusión socioeconómica, y haciendo participar a representantes de dichas comunidades; hace hincapié en que esa orientación aumentaría aún más la efectividad de la política de cohesión al reforzar la cohesión económica, social y territorial en toda la Unión Europea;

4.  Acoge con satisfacción que el marco legislativo de la política de cohesión 2014-2020 introduzca nuevos elementos que contribuyen a consolidar el planteamiento inicial ampliando las oportunidades de financiación e incluyendo mecanismos para garantizar que el apoyo prestado a las comunidades marginadas respete los valores y objetivos europeos y tenga en cuenta la necesidad de implicar a los grupos en cuestión en todo el proceso;

5.  Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre el aprovechamiento de las oportunidades de financiación para las comunidades marginadas; solicita que se realice un análisis que permita extraer conclusiones adecuadas y determinar los obstáculos que impiden un mayor aprovechamiento o la obtención de los mejores resultados posibles;

6.  Pide a la Comisión que realice un seguimiento del uso efectivo del Código de Conducta Europeo en lo relativo al principio de asociación y a la participación de la sociedad civil; recuerda que, al prepararse y ejecutarse programas en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, deben aplicarse los principios horizontales del Reglamento sobre disposiciones comunes, que encarnan derechos fundamentales como la promoción de la igualdad de oportunidades, la prevención de la discriminación y el fomento del desarrollo sostenible; recuerda que todas las acciones de los Estados miembros, que están financiadas en el marco de la política de cohesión de la UE, deben respetar los principios de los derechos fundamentales y no deben contribuir nunca en modo alguno a la segregación;

7.  Hace hincapié en que la igualdad de oportunidades y la no discriminación están plasmadas en las normas sobre financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) con el fin de erradicar las causas sistémicas de la desigualdad, ya sean económicas o sociales, estén basadas en el género o se refieran al acceso a la cultura y la educación; destaca que sensibilizar sobre la xenofobia y el racismo sistémicos y entenderlos debe ser una prioridad a la hora de analizar las raíces de la exclusión;

8.  Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio que se aplica horizontalmente a la política de cohesión; lamenta la discriminación múltiple que sufren particularmente las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad de las comunidades marginadas;

9.  Hace hincapié en que la ejecución de la política de cohesión debe afrontar el reto crucial de la pobreza y la exclusión de jóvenes y niños, adultos y personas con discapacidad, incluida la transición desde una atención y unos servicios institucionales a una atención y unos servicios basados en la comunidad; insta a los Estados miembros a emprender las acciones y medidas adecuadas para desarrollar y ejecutar estrategias a tal fin, aplicando un enfoque integrado;

10.  Señala que, al elaborar políticas dirigidas a destinatarios específicos de acuerdo con el principio de focalización explícita pero no exclusiva, se ha de procurar no excluir a otros grupos que se encuentren en circunstancias socioeconómicas similares, evitando de esa forma desencadenar reacciones defensivas; destaca que este principio es solo un primer paso para el reconocimiento de la necesidad de prestar atención a algunas de las comunidades y personas más vulnerables y marginadas;

11.  Hace hincapié en que se deben instaurar estructuras responsables, transparentes y democráticas para luchar contra la corrupción y el uso fraudulento de los fondos y garantizar la inclusión de las comunidades marginadas;

12.  Considera que, al abordar la inclusión de los grupos marginados, el acceso a los servicios públicos es uno de los objetivos principales; pide a los Estados miembros que mejoren la provisión de material de información sanitaria convenientemente adaptado y el desarrollo de estrategias de prevención de enfermedades e iniciativas sanitarias comunitarias en las comunidades marginadas; pide que se creen estructuras especializadas, como los puntos de información que ofrecen asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el acceso a la atención sanitaria, al mercado laboral y a la educación; pide que se proceda a pasar en las administraciones públicas de un enfoque determinado por la demanda a un enfoque basado en los servicios de acogida;

13.  Pide que se establezcan una mejor coordinación y unos vínculos más fuertes entre las estrategias nacionales para comunidades marginadas, incluidas las estrategias nacionales de integración de los gitanos, las estrategias nacionales de reducción de la pobreza y las estrategias para la inclusión de otras comunidades marginadas o menos favorecidas, y las estrategias de igualdad de género con la política de cohesión;

14.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en la aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos, consideren a los niños como una prioridad, y reitera la importancia de promover la igualdad en el acceso a la vivienda, a la asistencia sanitaria, a la educación y a unas condiciones de vida dignas para los niños;

15.  Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que fomenten el empleo de la financiación del FSE para apoyar proyectos de aprendizaje informal y de aprendizaje permanente, así como proyectos basados en la cultura, con el fin de alcanzar los objetivos en materia de inversión en nuevas competencias de innovación y en materia de lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social;

16.  Recuerda —teniendo en cuenta las crecientes disparidades regionales, los retos demográficos y la situación que debe afrontar un número cada vez mayor de jóvenes que han abandonado o tienen previsto abandonar su país de origen— que en el ciclo presupuestario 2014-2020 se dispone de menos financiación para la política de cohesión; considera que la política de cohesión tiene todavía potencial para añadir valor a los trabajos ya en curso en los Estados miembros, y que, centrándose en la mejora de las oportunidades de empleo, la participación social y la inversión en el desarrollo de las capacidades, en particular en las regiones que más lo necesitan, la política de cohesión redundará, entre otras ventajas, en una mayor inclusión social y en la reducción de la pobreza, proporcionando a los Estados miembros la flexibilidad adecuada para poder prestar una ayuda individualizada en función de las necesidades locales, y garantizar que la financiación se utilice en aquellas zonas en las que el desempleo es más elevado y en las que es más necesaria;

17.  Recomienda a la Comisión que vele por que los Estados miembros respeten estos principios durante la ejecución de los programas operativos; pide a la Comisión que incluya su análisis en su informe, incluido lo relacionado con las estrategias nacionales de integración de los gitanos;

18.  Destaca que los recortes en el presupuesto de servicios públicos en algunos Estados miembros durante la crisis han provocado un aumento del desempleo, la ausencia de seguridad social, una difícil situación de la vivienda y problemas de salud; pide a los Estados miembros que utilicen de forma más eficaz el apoyo del FSE, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y la igualdad de acceso a dichos servicios por parte de las comunidades marginadas, y que luchen contra todas las formas de discriminación;

19.  Pide que se tenga en cuenta la perspectiva de los derechos humanos a la hora de concebir medidas que reciban apoyo de los fondos de cohesión, y subraya que se deberían integrar los derechos culturales, económicos y sociales en las políticas destinadas a reconocer como ciudadanas activas por derecho propio a las mujeres de las comunidades marginadas, y que el racismo, ya sea visible o invisible, se debería abordar de manera explícita en la fase de concepción de toda medida y política;

Elaboración de los programas

20.  Señala que el principio de asociación debe conducir a la participación a todos los niveles y debe ser aplicado obligatoriamente por todos los Estados miembros, y no quedarse en una mera formalidad; destaca la importancia de la aplicación del Código de Conducta sobre las asociaciones para garantizar la igualdad de participación y representación de los socios, debiendo prestarse una atención específica a la inclusión de las comunidades marginadas, de modo que puedan tenerse en cuenta su situación específica y cualesquiera retos a los que puedan enfrentarse al contribuir a la asociación de forma sustancial; expresa su preocupación por el insuficiente cumplimiento del principio de participación obligatoria de los socios, de conformidad con los principios correspondientes establecidos en el RDC y en el Código de Conducta europeo sobre las asociaciones; insta a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar la participación de los socios, en particular de los más afectados, y a poner en práctica un sistema de incentivos e intercambio de mejores prácticas, que contemple un apoyo específico a las autoridades de gestión y a los beneficiarios que han obtenido resultados especialmente buenos en este ámbito;

21.  Lamenta que la Comisión haya aceptado acuerdos de asociación en los que las comunidades marginadas no estén lo suficientemente incluidas; pide a la Comisión que tome medidas para facilitar la inclusión de las comunidades marginadas en la preparación, ejecución y evaluación de los proyectos como herramienta para empoderar a las comunidades afectadas; sugiere que la presentación de recomendaciones en el marco del Semestre Europeo puede ser un instrumento adecuado para promover que los Estados miembros tomen las medidas necesarias;

22.  Pide a los Estados miembros que actúen conforme a las recomendaciones específicas por países relativas a la inclusión social de las comunidades marginadas, y a la Comisión, que supervise estrechamente dicha actuación;

23.  Celebra que algunos Estados miembros, incluidos aquellos que reciben recomendaciones, elijan la integración socioeconómica de las comunidades marginadas como inversión prioritaria en sus programas operativos; advierte, no obstante, de que este planteamiento debe incorporarse también en ámbitos políticos como la educación y el empleo;

24.  Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de los fondos; destaca la necesidad de centrarse particularmente en las medidas de financiación que vayan más allá de las acciones específicas en el marco del objetivo temático relativo a la inclusión social, la lucha contra la pobreza y todas las formas de discriminación, privilegiando así un enfoque integrado y sistemático;

25.  Considera que la gobernanza y la coordinación a todos los niveles desempeñan un papel importante; hace hincapié en que la participación de las autoridades y partes interesadas locales es fundamental para llegar al grupo destinatario, y que ello requiere la máxima proximidad territorial posible;

Aplicación de los programas

26.  Destaca la importancia de adoptar un enfoque integrado; opina que los fondos deben utilizarse de manera más integrada, también a través de programas multifondo, un desarrollo local participativo, inversiones territoriales integradas y financiación cruzada, tal y como se contempla en el artículo 98, apartado 2, del RDC, y que deben lograrse sinergias con otros instrumentos de financiación nacionales y de la UE; pide a las administraciones y a las autoridades interesadas que se esfuercen por cooperar de forma activa a todos los niveles, también a nivel transfronterizo;

27.  Señala que, actualmente, la financiación cruzada se utiliza de forma limitada, lo que puede deberse en parte a las normas complejas descritas en el artículo 98, apartado 2, del RDC; considera que aumentar la flexibilidad de las normas de financiación cruzada, especialmente en lo relativo a las comunidades marginadas, puede aumentar la efectividad de los proyectos y ofrecer un valor añadido importante para su impacto; pide, por consiguiente, a la Comisión que lleve a cabo un análisis de la aplicación y del nivel de empleo de la financiación cruzada;

28.  Señala que las comunidades marginadas viven a menudo en barrios desfavorecidos; destaca la importancia de poner verdaderamente en práctica los programas de renovación y regeneración urbana para los barrios más desfavorecidos, que combinan asociaciones y enfoques integrados y de base local, que abordan los retos económicos, sociales y territoriales, y que mejoran el entorno urbano, además de centrarse en aumentar la conectividad a fin de dotar de un mejor acceso a esas comunidades; considera que la futura Agenda urbana de la UE debe abordar de manera adecuada los retos y las necesidades clave relacionados con las comunidades marginadas de las zonas urbanas para evitar la creación de guetos y luchar de manera satisfactoria contra la segregación, la pobreza y la exclusión social;

29.  Llama la atención sobre las necesidades específicas de las comunidades marginadas que residen en zonas rurales, montañosas y aisladas, en particular, los retos relacionados con la conectividad, la movilidad y el acceso a los servicios, así como los que se plantean en términos de oportunidades culturales y sociales; destaca la importancia de que las regiones estén mejor conectadas; señala asimismo que las personas que viven en zonas transfronterizas suelen ser objeto de marginación debido a su situación geográfica, y que esto debería tenerse mejor en cuenta a la hora de elaborar la política de cohesión, en particular en lo relativo al objetivo de cooperación territorial europea;

30.  Destaca la necesidad de desarrollar las capacidades de las partes interesadas, incluidos los servicios públicos, las administraciones y los organismos de la sociedad civil, con objeto de empoderar a las comunidades, especialmente al permitirles participar en mayor medida en la elaboración de políticas; pide que, a este fin, se recurra también a una asistencia técnica y una financiación específicas;

31.  Pide a la Comisión que ofrezca el apoyo técnico necesario para mejorar la capacidad administrativa de los órganos implicados en la administración de los Fondos Estructurales, y pide a los Estados miembros que faciliten asesoramiento y asistencia administrativa, por ejemplo organizando sesiones de formación y ofreciendo asistencia y aclaraciones respecto de las solicitudes de ayuda, con el fin de facilitar a las comunidades marginadas, como la comunidad romaní, la obtención de información sobre los programas de financiación europeos y nacionales destinados a apoyar el emprendimiento y el empleo, y la presentación de las solicitudes pertinentes;

32.  Destaca que los interlocutores sociales deben tener acceso a la asistencia técnica, y ello no solo para ver reforzadas sus capacidades, sino también para garantizar su coordinación y representación en comités ad hoc que definen y aplican los programas operativos;

33.  Hace hincapié en que, en colaboración con los representantes de las comunidades marginadas, y tras haber facilitado directrices sobre una definición de «comunidades marginadas», la Comisión debe establecer un grupo de expertos ad hoc que ofrezca asesoramiento, y debe promover una formación adecuada para el personal administrativo, a fin de facilitar un conocimiento específico acerca de los problemas de las comunidades marginadas y de luchar contra las prácticas discriminatorias, con vistas a fomentar la inclusión a través de un diálogo constructivo y eficaz, y a aplicar y supervisar los proyectos financiados por la UE relacionados con comunidades marginadas de la forma más integrada y eficaz posible, maximizando así su impacto;

34.  Considera esencial incluir a los organismos para la igualdad, a las organizaciones de mujeres y a las mujeres de las comunidades marginadas en el proceso de toma de decisiones sobre la asignación, el uso, la ejecución y la gestión de los fondos a todos los niveles —desde las autoridades locales y regionales hasta las instituciones de la UE pasando por los Estados miembros—, y considera que el seguimiento y la evaluación de los programas ejecutados debería percibirse como un proceso clave para mejorar la participación de las mujeres de las comunidades marginadas;

35.  Toma nota del enfoque según el cual todas las medidas políticas estratégicas y operativas, incluida la suficiente capacidad administrativa o institucional, deben estar adoptadas antes de que se realice la inversión; alienta a la Comisión a que supervise cuidadosamente el cumplimiento de tales condiciones y vele por que los Estados miembros afectados adopten medidas complementarias, principalmente en materia de promoción de la inclusión y lucha contra la pobreza y la discriminación;

Seguimiento y recomendaciones

36.  Señala que para ser efectivos, los proyectos financiados por la UE deben tener una perspectiva a largo plazo, y los fondos deben respaldar la inversión en las necesidades reales de los beneficiarios, con mecanismos que garanticen que se llega a los grupos destinatarios y que aborden la exclusión y la marginación; aboga por mecanismos de evaluación cualitativa y de control; pide a la Comisión que instaure mecanismos proactivos y participativos de seguimiento y observación de las medidas tomadas por los Estados miembros en los procesos de programación y evaluación de los fondos destinados a las comunidades marginadas;

37.  Destaca que la exclusión del acceso a la vivienda, la situación de carencia de hogar, la exclusión educativa y el desempleo suelen ser elementos clave de la marginación; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de tomar iniciativas integradas en materia de vivienda, educación y empleo a favor de las comunidades marginadas;

38.  Recuerda —teniendo en cuenta que la reciente crisis económica y financiera ha afectado especialmente a los grupos marginados, que corren un riesgo mayor de perder sus puestos de trabajo cuando el mercado laboral está sometido a turbulencias— que la educación y el empleo son los mejores instrumentos para salir de la pobreza y que la integración de las comunidades marginadas en la sociedad y en el mercado laboral deben tener un carácter prioritario; constata con preocupación que a los miembros de las comunidades marginadas se les suele excluir de la sociedad y que a menudo sufren discriminación, por lo que deben superar una serie de impedimentos a la hora de acceder a una educación de alta calidad, al empleo, a la asistencia sanitaria, al transporte, a la información y a los servicios en general, todo lo cual plantea un problema complejo que debe abordarse de forma adecuada mediante el uso complementario y una combinación eficaz de los FEIE y los recursos nacionales; destaca, por tanto, la necesidad de redoblar los esfuerzos en el despliegue de los actuales programas de la UE como la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, el programa Erasmus+ y Europa Creativa, con miras a llegar a los miembros de las comunidades marginadas, acompañando dichos esfuerzos de un seguimiento regular para verificar sus resultados, con el fin de romper el ciclo de la pobreza y la marginación y promover las competencias y las cualificaciones profesionales de los ciudadanos;

39.  Pide que los fondos se utilicen para mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso de las mujeres de las comunidades marginadas a la educación, la vivienda, la asistencia sanitaria, el empleo, los servicios de guardería, los servicios sociales, los servicios de atención a las víctimas y la administración de justicia, todo ello de la mayor calidad y de forma estable;

40.  Hace hincapié en que los representantes de las comunidades marginadas deben participar activamente en los mecanismos de seguimiento, y que deben poder hacerlo como miembros de pleno derecho; señala que se podría haber adquirido una experiencia considerable a nivel local, regional, nacional y transnacional; destaca la necesidad de difundir y aprovechar las mejores prácticas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen todas las mejores prácticas existentes, incluidas las prácticas innovadoras relacionadas con la inclusión en la sociedad de grupos e individuos marginados, y que inicien actividades de trabajo en red, también entre trabajadores sociales, monitores de jóvenes y trabajadores comunitarios, así como con académicos e investigadores; hace hincapié en la necesidad de crear una plataforma de red a escala de la UE para facilitar el intercambio de mejores prácticas y para la resolución conjunta de problemas, que también pueda servir como mecanismo de aprendizaje virtual para la creación de capacidad;

41.  Invita a la Comisión a tener en cuenta la política de cohesión y las comunidades marginadas en su diálogo estructurado anual con la sociedad civil y las organizaciones que representan a los socios, asegurando al mismo tiempo la participación de los representantes de las comunidades marginadas y facilitando un debate basado en análisis cuantitativos y cualitativos;

42.  Señala que no solo se requiere que la sociedad en su conjunto esté concienciada sobre la inclusión estructural y sistémica, sino que esto es de particular importancia para el trabajo de los responsables políticos y de las partes interesadas a todos los niveles administrativos, así como de otros organismos públicos implicados; pide a todas las partes interesadas del sector público y a las instituciones educativas que lleven a cabo un análisis exhaustivo de las causas de la discriminación y de la marginación, y que trabajen para concienciar de que es necesario acabar con la xenofobia y el racismo, y con todos los tipos de marginación que conduzcan a la exclusión sistémica, incluido el antigitanismo; pide a la Comisión que aplique y controle rigurosamente la legislación de la UE en materia de lucha contra la discriminación; pide a los servicios de empleo públicos que presten servicios de alta calidad adaptados a las distintas necesidades;

43.  Destaca la necesidad de un enfoque dual para asistir e integrar a los grupos marginados, que debe adoptarse directamente en relación con los afectados prestando servicios de educación —incluidas las infraestructuras educativas—, formación y orientación profesional, y facilitando la creación de oportunidades de trabajo, y en relación con la comunidad y las autoridades locales con el fin de mejorar o modificar la percepción pública sensibilizando a la sociedad sobre los efectos de los perjuicios, mejorando los servicios públicos y adaptando los sistemas sociales;

44.  Destaca que la educación es un derecho fundamental consagrado en el Tratado de la Unión Europea; hace hincapié en que garantizar la igualdad de acceso de todos los miembros de la sociedad a una educación de alta calidad es fundamental para romper el ciclo de la exclusión social; considera que la educación formal, no formal e informal, caracterizada por la educación en la diversidad, constituye el primer paso hacia una verdadera integración política, económica y social de las comunidades marginadas; subraya la necesidad de aplicar programas, proyectos y actividades de apoyo para las comunidades marginadas con el fin de facilitar la educación preescolar y de sustentar la necesidad de una educación formal, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades para otros tipos de educación y de aprendizaje permanente, en particular en el ámbito de las competencias profesionales y las TIC, y de mejorar el acceso a los medios de comunicación, en aras también del empoderamiento de las mujeres y las niñas de las comunidades marginadas;

45.  Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que fomenten el empleo del FEDER para apoyar a las pymes y a las empresas de la economía social que cuentan con la participación de comunidades marginadas y que las benefician; señala la necesidad de establecer actividades de apoyo para comunidades marginadas con el fin de ofrecer ayuda y crear las condiciones necesarias para el espíritu emprendedor a pequeña escala, preservando así distintas maneras de hacer negocios;

46.  Señala que muchos sectores sufrirán una importante transformación en los próximos años, en parte debido a un mayor uso de las herramientas y las soluciones en línea; señala asimismo que esta evolución someterá a presión a los trabajadores con una cualificación media o baja, lo cual repercutirá a su vez especialmente en los miembros de las comunidades marginadas, dado que actualmente son los que suelen encontrar trabajo en estos sectores; destaca la importancia que revisten una formación y unos servicios accesibles y asequibles para todos en el ámbito de las nuevas tecnologías y los nuevos sectores, teniendo especialmente en cuenta las oportunidades que brindan el sector digital y la economía verde, en particular para los grupos sociales más desfavorecidos; señala la importancia de las microempresas y las pequeñas empresas para ayudar a sostener el empleo en las zonas rurales, y pide, por tanto, que se haga mayor hincapié en garantizar el acceso de estas empresas a la financiación;

47.  Señala la importancia de empoderar a las mujeres dentro de las comunidades marginadas, animando a las mujeres empresarias y fomentando su participación en dichas comunidades;

48.  Destaca el importante papel que pueden desempeñar el emprendimiento social, las cooperativas, las mutuas y las empresas alternativas a la hora de empoderar a las mujeres de las comunidades marginadas; recomienda que los Fondos de Cohesión, en particular el FSE, apoyen las inversiones en este ámbito que tengan una perspectiva de género sólida;

49.  Pide a la Comisión que examine las limitaciones de los actuales criterios de asignación para determinar la ayuda procedente de los fondos de la política de cohesión basados en el PIB, utilizando mejor los indicadores disponibles —como los datos sobre la renta y las condiciones de vida (EU SILC) de Eurostat— que pueden detectar las bolsas de pobreza y la vulnerabilidad social en el territorio de la Unión, con el fin de orientar mejor la ayuda de la UE a las comunidades marginadas;

50.  Subraya que, en el debate político europeo, las comunidades marginadas suelen ser objeto de instrumentalizaciones políticas tendenciosas y que sería, por tanto, necesario analizar pormenorizadamente la exclusión estructural, tanto en los acuerdos de asociación como en los distintos programas operativos; pide a la Comisión que ofrezca una orientación coherente, consistente y clara sobre la creación, la aplicación y la gestión de los proyectos financiados por la UE que estén relacionados con las comunidades marginadas, que incluya análisis exhaustivos, ejemplos de mejores prácticas y recomendaciones políticas, a fin de garantizar que en los fondos de la UE se incluya a las comunidades marginadas, también con vistas al próximo periodo de programación;

51.  Pide la inclusión de una perspectiva de género y un análisis multidisciplinar en todas las iniciativas, programas, acciones y acuerdos de financiación en materia de integración e inclusión social financiados por la UE, a fin de que sea posible mejorar tanto la atención a las necesidades específicas de las mujeres de las comunidades marginadas como la percepción de la diversidad de voces y puntos de vista de las mujeres en distintos puestos y funciones estructurales; considera que las evaluaciones del impacto del género y la integración de la dimensión de género en los presupuestos son útiles a la hora de evaluar el impacto que tienen en las mujeres las prioridades en materia de financiación, la asignación de los recursos financieros y las condiciones de los programas de financiación; subraya la necesidad de recopilar sistemáticamente y analizar regularmente los datos desglosados por género;

52.  Invita a los Estados miembros a que ofrezcan un reconocimiento a la dedicación ejemplar en pro de la integración y la inclusión de grupos marginados en la ejecución de los fondos de la UE; sugiere que este reconocimiento a un trabajo destacable podría concederse a municipios o regiones de los Estados miembros;

53.  Invita a los Estados miembros a que faciliten y fomenten el trabajo en red entre los municipios y las ciudades que se enfrentan a la integración de grupos marginados; sugiere que el Pacto entre alcaldes sobre el cambio climático puede servir como ejemplo de una red de este tipo;

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54.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(3) DO L 132 de 29.5.2010, p. 1.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(5) DO L 354 de 28.12.2013, p. 62.
(6) DO L 72 de 12.3.2014, p. 1.
(7) DO L 74 de 14.3.2014, p. 1.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0132.
(9) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0594.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0246 .
(11) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
(12) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 120.
(13) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 60.
(14) DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.
(15) DO C 114 de 15.4.2014, p. 73.
(16) Anexo XI, parte II, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Última actualización: 11 de julio de 2017Aviso jurídico