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Procedimiento : 2014/2249(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0386/2016

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A8-0386/2016

Debates :

PV 14/02/2017 - 3

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PV 16/02/2017 - 6.7

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0049

Textos aprobados
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Jueves 16 de febrero de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Mejorar el funcionamiento de la construcción de la Unión aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa
P8_TA(2017)0049A8-0386/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa (2014/2249(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007,

–  Vista la Declaración del 9 de mayo de 1950, que indicó que el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero constituía «el primer paso en la federación de Europa»,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa(1) ,

–  Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional en la Unión Europea(2) ,

–  Vista su Resolución de 13 de marzo de 2014, sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en lo que respecta al Parlamento Europeo(3) ,

–  Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo de 16 de septiembre de 2015(4) ,

–  Vista la resolución del Comité de las Regiones de 8 de julio de 2015(5) ,

–  Visto el informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030,

–  Visto el Informe de los cinco presidentes (Comisión, Consejo, Eurogrupo, Parlamento y Banco Central Europeo) sobre completar la Unión Económica y Monetaria Europea,

–  Vista su Resolución de 12 de abril de 2016 relativa a los informes anuales sobre subsidiariedad y proporcionalidad(6) , y el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto a dicho informe,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(7)

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0386/2016),

A.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a importantes desafíos que los Estados miembros no pueden abordar por sí solos;

B.   Considerando que debido a la crisis económica, financiera y social, entre otros factores, la Unión se enfrenta también al desánimo de sus ciudadanos respecto al proyecto europeo, como lo ilustra asimismo la persistente baja participación en las elecciones europeas y el auge de las fuerzas políticas euroescépticas o incluso abiertamente antieuropeas;

C.  Considerando que algunas propuestas que pretenden abordar los retos a que se enfrenta la Unión y reforzar la integración de la misma con vistas a mejorar su funcionamiento en beneficio de sus ciudadanos solo pueden llevarse plenamente a cabo modificando los Tratados; que se debe prever un planteamiento en dos fases para la reforma de la UE (de los Tratados y más allá de ellos); considerando que aún no se ha aprovechado al máximo el potencial de las disposiciones del Tratado de Lisboa y de sus protocolos, y que esta Resolución tiene el único objetivo de proporcionar una evaluación de las posibilidades jurídicas de los Tratados para mejorar el funcionamiento de la Unión;

D.  Considerando que el papel dominante del Consejo Europeo equivale a un constante rechazo del método comunitario con su concepto de legitimidad dual;

E.  Considerando que debe preservarse el método comunitario sin debilitarlo recurriendo a decisiones intergubernamentales, incluso en ámbitos en que no todos los Estados miembros cumplan las condiciones de participación; Considerando que la Comisión debe ver reforzado su papel para cumplir plena y eficientemente con su papel como motor del método comunitario;

F.  Considerando que el mercado interior, que facilita la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital es la piedra angular de la UE;

G.  Considerando que el Parlamento Europeo, democráticamente elegido por sufragio universal directo, y como tal la piedra angular de la democracia en el ámbito de la Unión, es el parlamento del conjunto de la Unión Europea y juega un papel fundamental al garantizar la legitimidad y el control de las decisiones de ésta, incluido el control democrático de las acciones y decisiones específicas de la zona del euro;

H.  Considerando que, con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea TUE, el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión, con independencia de su nacionalidad, y el Consejo representa a los nacionales de los Estados miembros a través de los Gobiernos nacionales;

I.  Considerando que debe reforzarse el diálogo político entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y que deben mejorarse las posibilidades de usar en la práctica los mecanismos de «tarjeta amarilla» y «tarjeta naranja»;

J.  Considerando que los métodos de trabajo del Consejo Europeo deben ser más transparentes para el Parlamento y que sus funciones deben desempeñarse dentro de los límites previstos en el Tratado;

K.  Considerando que para crear un auténtico sistema legislativo bicameral que sea democrático y transparente en su proceso decisorio, las decisiones del Consejo deben ser adoptadas por una única instancia legislativo, mientras que las actuales formaciones legislativas especializadas del Consejo deben reconvertirse en órganos preparatorios, al modo de las comisiones parlamentarias;

L.  Considerando que la unidad de responsabilidad y control es un prerrequisito fundamental para la estabilidad de cualquier marco institucional y, en particular, con respecto a los asuntos económicos, fiscales y monetarios; que la política económica de la UE se basa en una sólida propiedad nacional de los Estados miembros, incluido el principio de «no corresponsabilidad financiera» del artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ; que el aumento de poderes conferido al nivel europeo implica la aceptación de la reducción de la soberanía nacional de los Estados miembros;

M.  Considerando que la UE debe promover el máximo nivel de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que se debe garantizar que la UE, sus instituciones y los Estados miembros los respeten y fomenten;

N.  Considerando que debe reforzarse el papel de la Comisión Europea como instancia ejecutiva en el ámbito de la política económica y fiscal;

O.  Considerando que el artículo 2 del Protocolo n.º 14 sobre el Eurogrupo no especifica que el presidente del Eurogrupo deba ser elegido de entre los miembros de este;

P.  Considerando que para mejorar la legitimidad política de la Comisión para aplicar la gobernanza económica y las normas presupuestarias, es fundamental que el Presidente de la Comisión sea elegido a través de un procedimiento claro e inteligible en las elecciones europeas.

Q.  Considerando que el Tratado de Lisboa ha reafirmado el marco jurídico que confía al Tribunal de Cuentas los cometidos de fomento de la responsabilidad pública y asistencia al Parlamento y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la Unión contribuyendo, así, a la protección de los intereses financieros de los ciudadanos; considerando que el artículo 318 del TFUE prevé un diálogo adicional entre el Parlamento y la Comisión y que debe promover una cultura orientada a los resultados en la ejecución del presupuesto de la Unión;

R.  Considerando que las instituciones y organismos europeos, en particular el Comité de las Regiones (CDR), el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y especialmente el Parlamento Europeo, deben vigilar en su actividad cotidiana el respeto del principio de la subsidiariedad horizontal y vertical en la Unión Europea; considerando que las instituciones europeas deben tener en consideración el papel que el CDR y el CESE desarrollan en el marco legislativo y la importancia de tener en cuenta sus dictámenes;

S.  Considerando que el artículo 137 del TFUE y su Protocolo n.º 14 establecen el Eurogrupo como órgano informal;

T.  Considerando que las nuevas tareas conferidas al Eurogrupo por los reglamentos «paquete de seis medidas» y «paquete de dos medidas» junto con la identidad de las personas que forman el Eurogrupo y las que forman el Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la identidad del Presidente del Eurogrupo y del Presidente del Consejo de Gobernadores del MEDE conceden al Eurogrupo un papel crucial de facto en la gobernanza económica de la zona del euro;

U.  Considerando que en la actualidad el procedimiento de desequilibrio macroeconómico no se utiliza lo suficiente; que si se aprovechase toda su capacidad podría ayudar a corregir los desequilibrios económicos en una fase inicial, proporcionar una visión general precisa de la situación en cada Estado miembro y en la Unión en su conjunto, evitar las crisis y contribuir a mejorar la competitividad; que se requiere una mayor convergencia estructural entre los miembros, ya que ello favorecería al desarrollo sostenible y la cohesión social; que, por consiguiente, se requiere con urgencia la realización de la UEM y se deben mantener los esfuerzos encaminados a reforzar la legitimidad y el control democrático de su estructura institucional;

V.  Considerando que la estructura institucional de la UEM debe hacerse más eficaz y democrática, de manera que el Parlamento y el Consejo actúen como colegisladores en pie de igualdad, la Comisión cumpla la función de ejecutivo, los Parlamentos nacionales controlen mejor las acciones de los Gobiernos nacionales a nivel europeo, el Parlamento Europeo haga lo propio con la toma de decisiones en el nivel de la UE y el Tribunal de Justicia tenga un papel de más peso;

W.  Considerando que la Unión necesita una correcta aplicación y cumplimiento del marco en materia de política económica vigente, así como nuevas disposiciones jurídicas sobre política económica y reformas estructurales fundamentales en los ámbitos de la competitividad, el crecimiento y la cohesión social;

X.  Considerando que el proceso del Semestre Europeo debería simplificarse, tener un enfoque más preciso y ser más democrático, reforzando la función de control del Parlamento y atribuyendo a este un papel de más calado en los distintos ciclos de negociaciones;

Y.  Considerando que el TFUE puso al Parlamento Europeo en igualdad de condiciones con el Consejo en cuanto al procedimiento presupuestario anual; considerando que el Tratado de Lisboa solo se ha aplicado parcialmente en materia presupuestaria, en particular debido a la ausencia de verdaderos recursos propios;

Z.  Considerando que la utilización del presupuesto de la Unión debe racionalizarse, que los ingresos de dicho presupuesto deben proceder de auténticos recursos propios y no en su mayor parte de las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB), y que el procedimiento para la adopción del marco financiero plurianual (MFP) podría, dentro del marco previsto por los Tratados, sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada;

AA.  Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (el «Reglamento Financiero»), el principio de universalidad del presupuesto no impide que un grupo de Estados miembros asigne una contribución financiera al presupuesto de la UE o un ingreso determinado a un gasto específico, como ya está ocurriendo, por ejemplo, con el reactor de alto flujo en virtud de la Decisión 2012/709/Euratom;

AB.  Considerando que los ingresos afectados en cuanto al artículo 21 del Reglamento Financiero , con arreglo al considerando 8 del Reglamento del Marco Financiero Plurianual (UE, Euratom) n.º 1311/2013, no son parte del MFP y, por tanto, no están incluidos en los límites máximos del MFP;

AC.  Considerando que el sistema de recursos propios no prohíbe que estos estén financiados únicamente por un subconjunto de Estados miembros;

AD.  Considerando que la UE debe dotarse de una mayor capacidad de inversión gracias a un uso óptimo de los Fondos Estructurales existentes y a la utilización del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, así como al incremento de las capacidades del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);

AE.  Considerando que la creación de capacidad presupuestaria dentro de la zona del euro, así como la definición de sus características, financiación, modalidades de intervención y condiciones de integración en el presupuesto de la Unión, están siendo objeto de examen;

AF.  Considerando que debería aprovecharse en mayor medida el potencial de crecimiento del mercado interior en los ámbitos de los servicios, el mercado único digital, la Unión de la Energía, la unión bancaria y la Unión de Mercados de Capitales;

AG.  Considerando que, según los Tratados, la Unión deberá combatir la exclusión social y la discriminación y promover la justicia y la protección social, la igualdad entre hombres y mujeres y la solidaridad entre las generaciones;

AH.  Considerando que el refuerzo del mercado único debe ir acompañado de una mayor coordinación fiscal;

AI.  Considerando que el derecho a la libre circulación y los derechos de los trabajadores deben garantizarse y mantenerse mediante la plena explotación del potencial del Tratado de Lisboa;

AJ.  Considerando que el legislador de la Unión puede adoptar medidas en el ámbito de la seguridad social que son necesarias para los trabajadores que ejercen sus derechos de libre circulación, con arreglo al artículo 48 del TFUE; que puede adoptar medidas para proteger los derechos sociales de los trabajadores independientemente del uso de los derechos de libre circulación, con arreglo al artículo 153 del TFUE;

AK.  Considerando que, sobre la base del artículo 153, apartado 1, letras a) a i) del TFUE, el legislador de la Unión puede adoptar medidas de armonización mínima en el ámbito de la política social; que tal legislación no puede afectar el derecho de los Estados miembros a definir los principios fundamentales de sus regímenes de la seguridad social; que tal legislación no puede afectar de manera significativa al equilibrio financiero de los regímenes nacionales de la seguridad social; que esos límites de armonización de la política social todavía dejan un margen sin utilizar al legislador de la Unión para adoptar medidas en el ámbito de la política social;

AL.  Considerando que el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, contemplado en el artículo 157 del TFUE, todavía no es una realidad;

AM.  Considerando que hay deficiencias en relación con el funcionamiento y la aplicación del instrumento de la Iniciativa Ciudadana Europea y que, por tanto, se requiere una mejora para que este funcione de manera eficaz y sea un verdadero instrumento para la democracia participativa y la ciudadanía activa;

AN.  Considerando que la libre circulación, en especial de los trabajadores, es un derecho consagrado en los Tratados (artículo 45 del TFUE) y constituye un motor fundamental para la realización del mercado único;

AO.  Considerando que la Unión necesita aumentar la efectividad, la coherencia y la rendición de cuentas en la política exterior y de seguridad común (PESC), lo que puede conseguirse mediante la aplicación de las disposiciones existentes del Tratado que contemplan la posibilidad de sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada en numerosos ámbitos de las políticas exteriores, así como mediante la aplicación de las disposiciones en materia de flexibilidad y cooperación reforzada cuando sea necesario;

AP.  Considerando que los actuales retos de seguridad, algunos surgidos en el entorno inmediato de las fronteras de la UE, han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar paulatinamente hacia el establecimiento de una política de defensa común y, ulteriormente, de una defensa común; que el Tratado ya contiene disposiciones claras sobre el modo de conseguirlo, concretamente en los artículos 41, 42, 44 y 46 del TUE;

AQ.  Considerando que hay que garantizar la representación exterior en interés de la Unión en lo que respecta a las competencias exclusivas de la Unión y a las competencias compartidas de la Unión que ya eran ejercidas por esta; que en las áreas donde la Unión todavía no ha utilizado su competencia compartida, los Estados miembros tienen el deber de cooperar verdaderamente con la Unión y abstenerse de tomar cualquier medida que pueda perjudicar el interés de la Unión;

AR.  Considerando que es necesario que la Unión y los Estados miembros adopten una posición coordinada y estructurada en las organizaciones y foros internacionales a fin de aumentar la influencia de la Unión y de sus Estados miembros en estas organizaciones y foros;

AS.  Considerando que la contracción de obligaciones internacionales por parte de la Unión o de los Estados miembros no puede reducir el papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo a dar el mero visto bueno;

AT.  Considerando que la crisis de los refugiados ha puesto claramente de manifiesto que la Unión necesita una política de asilo e inmigración común, que debe contemplar también una distribución justa de los solicitantes de asilo en la Unión;

AU.  Considerando que la discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual sigue siendo un problema en todos los Estados miembros;

AV.  Considerando que las últimas crisis han revelado que la aproximación de disposiciones jurídicas no es suficiente para garantizar el funcionamiento del mercado interior o el área de libertad, seguridad y justicia, debido a las diferencias en la aplicación de las disposiciones jurídicas armonizadas;

AW.  Considerando que el legislador de la Unión puede no conferir facultad discrecional a las agencias de la Unión que requiera decisiones políticas;

AX.  Considerando que el legislador de la Unión tiene que garantizar un control político suficiente de las decisiones y actividades de las agencias de la Unión;

AY.  Considerando que el incumplimiento por parte de los Estados miembros de los acuerdos adoptados en las cumbres europeas y en los Consejos Europeos deteriora gravemente la credibilidad de las instituciones europeas y que, en consecuencia, debe asegurarse de manera más eficaz su ejecución;

1.  Señala que la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a desafíos sin precedentes, como la crisis de los refugiados, los desafíos de política exterior en su entorno inmediato y la lucha contra el terrorismo, así como la globalización, el cambio climático, la demografía, el desempleo, las causas y consecuencias de la crisis financiera y de la deuda, la falta de competitividad y las consecuencias sociales en varios Estados miembros, y la necesidad de reforzar el mercado interior de la UE, cuestiones que es necesario abordar más adecuadamente;

2.  Subraya que estos retos no pueden ser adecuadamente abordados de forma individual por cada Estado miembro, sino que requieren una respuesta colectiva de la Unión desde el respeto del principio de la gobernanza multinivel;

3.  Recuerda que el mercado interior, que facilita la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital es la piedra angular de la UE; asimismo, recuerda que las excepciones al mercado interior generan distorsiones de la competencia dentro de la Unión y destruyen la igualdad de condiciones;

4.  Subraya que la Unión ha de recuperar la confianza perdida de sus ciudadanos aumentando la transparencia de su proceso decisorio y de la responsabilidad de sus instituciones, agencias y órganos informales, como el Eurogrupo, así como reforzando la cooperación interinstitucional y mejorando su capacidad de actuación;

5.  Señala que aún no se ha explotado al máximo el potencial de todas las disposiciones del Tratado de Lisboa, a pesar de que estas prevén herramientas necesarias que podrían haberse aplicado para evitar algunas de las crisis a las que se enfrenta la Unión, o que podrían emplearse para afrontar los retos actuales sin tener que iniciar una revisión del Tratado a corto plazo;

6.  Subraya que el método comunitario es el más idóneo para el funcionamiento de la Unión y tiene una serie de ventajas con respecto al método intergubernamental, ya que es el único que permite mayor transparencia, eficiencia, la adopción de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo y la igualdad de derechos de colegislación del Parlamento Europeo y del Consejo, evitando al mismo tiempo la fragmentación de las responsabilidades institucionales y el desarrollo de instituciones que compiten entre ellas;

7.  Considera que las soluciones intergubernamentales deben ser solo un instrumento de último recurso sometido a condiciones estrictas, en particular al cumplimiento de las leyes de la Unión, al objetivo de ahondar en la integración europea, y la apertura a la adhesión por parte de los Estados miembros no participantes; considera que dichas soluciones deben sustituirse cuanto antes por procedimientos de la Unión, incluso en ámbitos en que no todos los Estados miembros cumplen las condiciones de participación, para permitir a la Unión desempeñar sus funciones dentro de un marco institucional único; manifiesta su oposición, en este sentido, a la creación de nuevas instituciones fuera del marco de la Unión, y sigue defendiendo la incorporación al Derecho de la Unión del Mecanismo Europeo de Estabilidad, siempre que exista una responsabilidad democrática adecuada, y de las disposiciones pertinentes del Pacto Presupuestario, tal como se prevé en el propio TECG, sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación; insiste en que no deben separarse las responsabilidades de toma de decisiones de las responsabilidades fiscales;

8.  Recalca que el Parlamento Europeo, al ser elegido directamente, desempeña una función esencial garantizando la legitimidad de la Unión y permite la rendición de cuentas, ante los ciudadanos, del sistema decisorio de la Unión gracias a un adecuado control parlamentario sobre el ejecutivo en el nivel de la Unión y al procedimiento legislativo de codecisión, cuyo ámbito de aplicación debe ampliarse;

9.  Recuerda que el Parlamento Europeo es el parlamento de toda la Unión, y considera que es preciso garantizar un correcto control democrático también en los ámbitos en que no participan todos los Estados miembros, como por ejemplo las acciones y decisiones específicas de la zona del euro;

10.  Considera que el diálogo político entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo debe intensificarse y ser más significativo y sustancial, sin sobrepasar los límites de sus respectivas competencias constitucionales; señala, a este respecto, que los Parlamentos nacionales son los mejor situados para definir y controlar a nivel nacional la acción de sus respectivos Gobiernos en asuntos europeos, mientras que el Parlamento Europeo debe garantizar el control democrático y la legitimidad del ejecutivo europeo;

11.  Considera que es vital reforzar la transparencia y la apertura institucional en la UE así como la manera en que se comunica la toma de decisiones políticas de la UE; insta a que se intensifiquen los esfuerzos con vistas a la revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y la Directiva 93/109/CE, por la que se establecen las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo para los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro del que no son nacionales;

12.  Recuerda que cabe la posibilidad de reforzar el derecho de investigación del Parlamento Europeo y la Iniciativa Ciudadana Europea mediante el derecho derivado de la Unión, y reitera su petición a la Comisión de que proponga una revisión del Reglamento sobre sobre la Iniciativa Ciudadana Europea;

13.  Considera necesario que la Comisión reforme la Iniciativa Ciudadana Europea para transformarla en una herramienta funcional de participación democrática, teniendo en cuenta su resolución de 28 de octubre de 2015(8) , y pide a la Comisión, entre otras cosas, que dé a conocer y confiera un gran protagonismo a la Iniciativa, haga más intuitivo su software para la recogida de firmas en línea, haciéndolo accesible para las personas con discapacidad, facilite orientaciones jurídicas y prácticas adecuadas y completas, considere la posibilidad de crear una oficina específica para la Iniciativa en sus representaciones en cada Estado miembro, explique con detalle las razones para rechazar una Iniciativa Ciudadana Europea y estudie formas de remitir las propuestas que figuran en las iniciativas que puedan quedar al margen del ámbito de competencias de la Comisión a autoridades más apropiadas;

14.  Entiende que el servicio voluntario europeo es un elemento integral para la construcción de la ciudadanía europea, y que en consecuencia recomienda a la Comisión que estudie como facilitar la participación de los jóvenes en el mismo.

Marco institucional, democracia y responsabilidad

Parlamentos

15.  Insiste en que las potestades legislativas y los derechos de control del Parlamento Europeo deben ser garantizados, consolidados y reforzados también a través de los acuerdos interinstitucionales y mediante el recurso al fundamento jurídico adecuado por parte de la Comisión;

16.  Considera necesario que el Parlamento Europeo reforme sus métodos de trabajo con el fin de hacer frente a los retos que se avecinan, reforzando el ejercicio de sus funciones de control político sobre la Comisión, también en relación con la ejecución y la aplicación del acervo comunitario en los Estados miembros, limitando los acuerdos en primera lectura a casos excepcionales de urgencia o en que haya sido adoptada una decisión explícita, y, en tales casos, mejorando la transparencia del procedimiento conducente a la adopción de dichos acuerdos; recuerda asimismo, en este sentido, las propuestas del Parlamento para la ulterior armonización de su propio procedimiento electoral, contenidas en su resolución de 11 de noviembre de 2015 sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea(9) ;

17.  Expresa su intención de hacer un mayor uso de los informes de iniciativa legislativa, de conformidad con el artículo 225 del TFUE;

18.  Considera que el Parlamento debe establecer un registro de entrada en su sede central, y en todas las delegaciones en los Estados miembros para la entrega presencial, con certificación de contenido, de documentos por parte de la ciudadanía.

19.  Entiende que debe establecerse un Boletín Oficial del Parlamento Europeo electrónico para la autenticación de todas las resoluciones e informes aprobados por esta institución;

20.  Alienta a un diálogo político con los Parlamentos nacionales sobre el contenido de las propuestas legislativas cuando proceda; insiste, no obstante, en que las decisiones deben adoptarse a nivel de competencias constitucionales y en la existencia de una clara delimitación de las competencias respectivas de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en la toma de decisiones, teniendo los primeros que ejercer su función europea de conformidad con sus Constituciones nacionales, en particular a través del control de sus Gobiernos nacionales en cuanto miembros del Consejo Europeo y del Consejo, ya que es el nivel en el que están mejor situados para influir directamente en el contenido del proceso legislativo europeo y ejercer su control sobre este; no considera oportuna, por consiguiente, la creación de nuevos órganos parlamentarios con competencias decisorias;

21.  Destaca la importancia de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en organismos conjuntos, como la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSAC), la Conferencia Interparlamentaria sobre Política Exterior y de Seguridad Común y en el marco del artículo 13 del TECG, sobre la base de los principios de consenso, intercambio de información y consulta, con el fin de ejercer su control sobre sus respectivas administraciones; pide a la Comisión y al Consejo que participen a un nivel político elevado en las reuniones interparlamentarias; subraya la necesidad de una cooperación más estrecha entre las comisiones del Parlamento Europeo y sus homólogos nacionales dentro de estos organismos conjuntos, reforzando la coherencia, la transparencia y el mutuo intercambio de información;

22.  Alienta el intercambio de mejores prácticas entre los Parlamentos nacionales en materia de control parlamentario, como la celebración de debates regulares entre los respectivos ministros y las comisiones especializadas de los Parlamentos nacionales antes y después de las reuniones del Consejo, y con los comisarios dentro de un calendario adecuado, así como las reuniones con los Parlamentos nacionales para intercambios de puntos de vista con diputados; alienta el intercambio de funcionarios de las instituciones y de los grupos políticos entre las administraciones del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales;

23.  Considera que es necesario velar por evitar cualquier «exceso de transposición» de las normas europeas por los Estados miembros y que los Parlamentos nacionales tienen un papel clave que desempeñar a este respecto;

Consejo Europeo

24.  Lamenta que el Consejo no utilice la mayoría cualificada y remita así con demasiada frecuencia los asuntos legislativos al Consejo Europeo; Considera que la práctica del Consejo Europeo de «encargar» al Consejo determinadas tareas excede el papel de orientaciones estratégicas que le atribuyen los Tratados, por lo que contradice tanto la letra como el espíritu de éstos, como se observa en el tenor del artículo 15, apartado 1, que establece que el Consejo Europeo definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales pero sin ejercer función legislativa alguna; considera necesario mejorar las relaciones de trabajo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo;

25.  Recuerda que el presidente de la Comisión será elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo Europeo, teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo y tras la celebración de las oportunas consultas, y que, como ya ocurrió en 2014, las partidos políticos europeos deberán presentar candidatos cabezas de lista para dar a los ciudadanos la opción de elegir al presidente de la Comisión; acoge con satisfacción la propuesta del presidente de la Comisión para modificar el acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en relación con la participación de los comisarios como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo;

26.  Recuerda asimismo que, aunque no redunde en interés del Parlamento Europeo, cabe la posibilidad de fusionar los cargos de presidente del Consejo Europeo y de presidente de la Comisión;

27.  Pide al Consejo Europeo que recurra a la «cláusula pasarela» (artículo 48, apartado 7, del TUE), autorizando al Consejo para substituir la unanimidad por la mayoría cualificada en los asuntos pertinentes en los que los Tratados exigen unanimidad;

28.  Pide al Presidente del Parlamento Europeo que informe con carácter previo a la Conferencia de Presidentes sobre los criterios que va a mantener en su discurso al Consejo Europeo;

Consejo

29.  Propone que el Consejo se transforme en una verdadera cámara legislativa reduciendo el número de formaciones del Consejo mediante decisión del Consejo Europeo, con lo que se instauraría un verdadero sistema legislativo bicameral con el Consejo y el Parlamento, y en el que la Comisión actuaría como poder ejecutivo; propone que las formaciones legislativas especializadas del Consejo que están activas en la actualidad participen activamente como órganos preparatorios de un Consejo legislativo único, reuniéndose en público siguiendo el funcionamiento de las comisiones del Parlamento Europeo;

30.  Insiste en la importancia de garantizar la transparencia de la toma de decisiones legislativas del Consejo en general, mejorando al mismo tiempo el intercambio de documentos e información entre el Parlamento y el Consejo y permitiendo el acceso de representantes del Parlamento como observadores a las reuniones del Consejo y de sus órganos, en particular cuando se traten cuestiones legislativas;

31.  Cree que es posible fusionar los cargos de presidente del Eurogrupo y de comisario de Asuntos Económicos y Financieros, en cuyo caso propondría que el presidente de la Comisión nombrase a dicho comisario como vicepresidente de la Comisión; considera que podrían otorgarse a ese comisario, tras la creación de una capacidad fiscal y de un Fondo Monetario Europeo, todos los medios y capacidades necesarias para aplicar y hacer cumplir el marco de gobernanza económica existente y para optimizar el desarrollo de la zona del euro en cooperación con los ministros de Finanzas de los Estados miembros de la zona del euro, como se detalla en su resolución de 16 de febrero de 2017 sobre una capacidad presupuestaria de la zona del euro(10) ;

32.  Pide que, dentro del actual marco del Tratado, el presidente y los miembros del Eurogrupo estén sometidos a unos mecanismos adecuados de control democrático por el Parlamento Europeo, y en particular que el presidente deba responder a las preguntas parlamentarias que se le formulen; pide asimismo que se apruebe un reglamento interno y se publiquen resultados;

33.  Pide que el Consejo pase a decidir únicamente por mayoría cualificada, siempre que ello sea posible conforme a los Tratados, y que abandone la práctica de trasladar los ámbitos legislativos controvertidos al Consejo Europeo, ya que va en contra del espíritu y la letra del Tratado, que dispone que el Consejo Europeo solo puede decidir por unanimidad y únicamente sobre objetivos políticos generales, no sobre la legislación;

34.  Está decidido a aplicar plenamente las disposiciones del Tratado sobre cooperación reforzada, comprometiéndose a no dar su consentimiento a nuevas propuestas de cooperación reforzada a menos que los Estados miembros participantes se comprometan a su vez a activar la «cláusula pasarela» establecida en el artículo 333 del TFUE para sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada y los procedimiento legislativos especiales por el procedimiento legislativo ordinario;

35.  Insiste en que es importante aprovechar plenamente el procedimiento de cooperación reforzada previsto en el artículo 20 del TUE, en especial entre los miembros de la zona del euro, de modo que los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión puedan favorecer, a través de este mecanismo, la realización de los objetivos de la Unión e intensificar su proceso de integración, dentro de los límites y con arreglo a las modalidades previstos en los artículos 326 a 334 del TFUE;

Comisión

36.  Está decido a fortalecer el papel del Parlamento en la elección del presidente de la Comisión, reforzando las consultas formales de sus grupos políticos con el presidente del Consejo Europeo, como se prevé en la Declaración n.º 11 aneja al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, con el fin de garantizar que el Consejo Europeo tenga plenamente en cuenta los resultados de las elecciones a la hora de presentar un candidato al Parlamento Europeo para su elección, como fue el caso en las elecciones europeas de 2014;

37.  Reitera la necesidad de que todas las propuestas de la Comisión estén plenamente justificadas y acompañadas de una evaluación de impacto detallada, así como de una evaluación respecto de los derechos humanos;

38.  Opina que podrá potenciarse la independencia del presidente de la Comisión si cada Estado miembro nombra al menos tres candidatos de ambos sexos que el presidente electo o la presidenta electa puedan considerar para cubrir cargos en su Comisión;

39.  Insiste en la necesidad de garantizar una mejor coordinación y, dentro de lo posible, representación de la Unión y de la zona del euro en las instituciones financieras internacionales, y señala que el artículo 138, apartado 2 del TFUE establece un fundamento jurídico para la aprobación de medidas destinadas a garantizar una representación unificada de la Unión Europea y de la zona del euro en las instituciones y conferencias internacionales;

40.  Pide el establecimiento de un «diálogo» formalizado y periódico organizado por el Parlamento Europeo sobre cuestiones relativas a la representación exterior de la Unión;

41.  Recuerda que la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento y el Consejo deben, cada uno dentro de los límites de sus competencias, contribuir a garantizar una mejor aplicación del Derecho de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales;

Tribunal de Cuentas

42.  Reconoce el papel crucial que desempeña el Tribunal de Cuentas Europeo para asegurar una utilización mejor y más inteligente de los fondos europeos; recuerda que, además de su importante obligación de proporcionar información sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones subyacentes, el Tribunal desempeña un papel destacado a la hora de proporcionar al Parlamento la información necesaria para llevar a cabo su tarea y cumplir su mandato de control democrático del presupuesto europeo, así como ofrecer información de los resultados y efectos de las actividades y políticas financiadas por la Unión con vistas a la mejora de su economía, eficacia y eficiencia; recomienda, por tanto, que se refuerce el Tribunal de Cuentas Europeo; confía en que el Tribunal siga comprometido con la independencia, la integridad, la imparcialidad y el profesionalismo y que establezca unas relaciones de trabajo sólidas con sus interlocutores;

43.  Considera que la falta persistente de cooperación por parte del Consejo impide al Parlamento adoptar una decisión sobre la aprobación de la gestión con conocimiento de causa lo que, por consiguiente, tiene repercusiones negativas duraderas en el modo en que los ciudadanos perciben la credibilidad de las instituciones de la Unión y la transparencia en el uso de los fondos de la Unión; considera que esta falta de cooperación afecta también negativamente al funcionamiento de las instituciones y desacredita el procedimiento de control político de la gestión del presupuesto que prevén los Tratados;

44.  Pone de relieve que la composición del Tribunal y el procedimiento de nombramiento de sus miembros se establecen en los artículos 285 y 286 del TFUE; considera que el Parlamento y el Consejo deben estar en pie de igualdad al nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas para garantizar la legitimidad democrática, la transparencia y la completa independencia de sus miembros; pide al Consejo que respete las decisiones adoptadas por el Parlamento a raíz de las comparecencias de los candidatos designados como miembros del Tribunal de Cuentas;

Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo

45.  Pide al Parlamento Europeo, al Consejo y la Comisión que mejoren las fórmulas de cooperación con el CdR y el CESE, incluso en la fase prelegislativa durante la realización de las evaluaciones de impacto, de modo que se puedan tener en cuenta sus evaluaciones y dictámenes a lo largo de todo el procedimiento legislativo;

Agencias

46.  Pone de relieve que cualquier concesión de poderes de ejecución a las agencias de la Unión requiere un grado de control suficiente de las decisiones y acciones de estas por parte del legislador de la Unión; recuerda que una supervisión eficaz incluye, entre otras cosas, la designación y despido del personal de gestión de la agencia de la Unión, la participación en el órgano supervisor de la agencia de la Unión, los derechos de veto en relación con determinadas decisiones de la agencia de la Unión, las obligaciones de información y las normas de transparencia y derechos presupuestarios en relación con el presupuesto de la agencia de la Unión;

47.  Considera la adopción de un reglamento marco para las agencias de la Unión que pueda ejercer competencias de ejecución que abarquen el mecanismo de control político requerido por parte del legislador de la Unión e incluya, entre otras cosas, el derecho del Parlamento Europeo a nombrar y despedir al personal de gestión de la agencia de la Unión, a participar en el órgano supervisor de la agencia de la Unión, los derechos de veto en relación con determinadas decisiones de la agencia de la Unión, las obligaciones de información y las normas de transparencia y derechos presupuestarios del Parlamento Europeo en relación con el presupuesto de la agencia de la Unión;

Respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

48.  Subraya la importancia del principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del TUE, que es vinculante para todas las instituciones y organismos de la Unión, y de los instrumentos contemplados en el Protocolo (n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda, en este contexto, los respectivos papeles asignados a los Parlamentos nacionales y el CdR; sugiere cierta flexibilidad en relación con las fechas de transmisión de las propuestas de actos legislativos recogidas en el Protocolo, y pide a la Comisión que mejore la calidad de sus respuestas a los dictámenes motivados;

49.  Recuerda a los Parlamentos nacionales su papel decisivo en el control de la aplicación del principio de subsidiariedad; señala que las posibilidades formales que tienen los Parlamentos nacionales para velar por el respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad ofrecen amplias oportunidades en este sentido, pero que debe reforzarse la cooperación práctica entre los Parlamentos nacionales, para que, entre otras cosas, colaborando estrechamente entre sí, puedan alcanzar el quórum necesario que prevé el artículo 7, apartado 3, del Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en caso de una supuesta infracción;

50.  Destaca la importancia del artículo 9 del TFUE para garantizar que se tengan en cuenta las consecuencias sociales de las medidas jurídicas y políticas de la Unión;

Ampliación y profundización de la Unión Económica y Monetaria

51.  Recuerda que todo nuevo avance en la UEM debe tener como fundamento y punto de partida la legislación vigente y su aplicación, y debe vincularse asimismo a un refuerzo de la dimensión social;

52.  Pide nuevas reformas institucionales con el fin de hacer que la UEM sea más eficaz y democrática, con capacidades mejoradas e integrada en el marco institucional de la Unión, en el que la Comisión actúa como ejecutivo y el Parlamento y el Consejo, como colegisladores;

Nuevo instrumento jurídico sobre política económica

53.  Recuerda su Resolución de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea(11) , en que se lanzó la idea de un Código de Convergencia adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, con vistas a crear un marco más efectivo para la coordinación de la política económica (con una serie de criterios de convergencia, por determinar), abierto a todos los Estados miembros y apoyado por un mecanismo basado en incentivos;

54.  Considera que debe establecerse un número limitado de ámbitos cruciales en los que aplicar reformas estructurales que aumenten la competitividad, el potencial de crecimiento, la convergencia económica real y la cohesión social durante un período de cinco años con el fin de reforzar la economía social de mercado europea, tal como se indica en el artículo 3, apartado 3, del TUE;

55.  Destaca la importancia de delimitar claramente las competencias entre las instituciones de la UE y los Estados miembros, incrementando la responsabilización de los Estados miembros y el papel de los Parlamentos nacionales en la ejecución de los programas;

56.  Pide un mejor uso de los instrumentos disponibles y del artículo 136 del TFUE para facilitar la adopción y aplicación de nuevas medidas en la zona del euro;

Un Semestre Europeo más sencillo, más democrático y con un enfoque más preciso

57.  Señala la necesidad de reducir el número recomendaciones específicas por país (REP) y adaptarlas en mayor medida a las situaciones concretas, sobre la base del marco estratégico establecido en el Código de Convergencia y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), y en las propuestas específicas presentadas por cada Estado miembro en función de sus respectivos objetivos principales de reforma, de entre una amplia gama de reformas estructurales, fomentando la competitividad, la convergencia económica real y la cohesión social;

58.  Destaca la importancia de la evolución demográfica para el Semestre Europeo y pide que se preste más atención a este indicador;

59.  Recuerda que ya existen mecanismos de diálogo económico, especialmente gracias a la creación de un «diálogo económico» en el marco del paquete de seis medidas y el paquete de dos medidas; considera que esta es una herramienta eficaz para poder atribuir al Parlamento un papel de más calado en el marco del Semestre Europeo para reforzar el diálogo entre el Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Eurogrupo, y propone formalizar la función de control de Parlamento en el Semestre Europeo mediante un acuerdo interinstitucional (AII), como ha pedido el Parlamento Europeo en varias ocasiones; celebra y alienta, asimismo, la participación de los Parlamentos nacionales a nivel nacional, así como la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo en el marco del Semestre Europeo y la gobernanza económica en general, por ejemplo a través de la «Semana Parlamentaria Europea» y la «Conferencia del Artículo 13»; considera asimismo que podría mejorarse la participación de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo;

60.  Pide la incorporación de las disposiciones pertinentes del pacto presupuestario al marco jurídico de la UE sobre la base de una evaluación exhaustiva de su aplicación y en la medida en que no esté ya contemplado por la legislación secundaria vigente;

El papel del presupuesto de la UE en la UEM

61.  Señala la posibilidad de sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada para la adopción del MFP, recurriendo a lo dispuesto en el artículo 312, apartado 2, del TFUE cuando se apruebe el próximo Reglamento del MFP; destaca la importancia de establecer un vínculo entre la duración de la legislatura del Parlamento, el mandato de la Comisión y la duración del MFP, que puede reducirse a cinco años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 312, apartado 1, del TFUE; pide que los futuros MFP se ajusten al próximo mandato parlamentario; pide al Consejo que suscriba este requisito democrático;

62.  Se congratula del informe del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios; manifiesta su deseo de que se retome la letra y el espíritu de los Tratados y se modifique el actual sistema dependiente de las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB) a uno basado en recursos genuinamente propios para la UE y, en última instancia, un presupuesto de la zona del euro, para el que existe toda una serie de ideas;

63.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento del Consejo (UE, Euratom) nº 1311/2013, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020ejo, todos los gastos e ingresos de la Unión y de Euratom se han de incluir en el presupuesto general de la Unión, conforme al artículo 7 del Reglamento Financiero;

Mayor capacidad de inversión de la UE

64.  Pide un uso optimizado de los Fondos Estructurales existentes orientándolos al fomento de la competitividad y la cohesión de la Unión, y destinándolos al aumento de la capacidad de inversión de la Unión mediante el aprovechamiento de soluciones innovadoras, como el FEIE, que incluye mecanismos específicos para financiar y garantizar proyectos de infraestructuras que redunden en interés de la Unión;

65.  Insiste en la plena aplicación del marco de los dos paquetes de medidas de gobernanza económica (six-pack y two-pack) y del Semestre Europeo y en la necesidad de abordar, en particular, los desequilibrios macroeconómicos, y garantizar el control a largo plazo del déficit y los niveles de deuda que siguen siendo extremadamente elevados estableciendo una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento y mejorando la eficiencia del gasto, dando prioridad a las inversiones productivas, ofreciendo incentivos a reformas estructurales justas y sostenibles y teniendo en cuenta las condiciones del ciclo económico;

Creación de capacidad presupuestaria dentro de la zona del euro mediante parte del presupuesto de la UE

66.  Recuerda que el euro es la moneda de la Unión y que el presupuesto de la UE está pensado para cumplir los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del TUE y para financiar políticas comunes, asistir a las regiones menos favorecidas aplicando el principio de solidaridad, ultimar el mercado interior, promover las sinergias europeas y responder a los retos existentes y emergentes que exigen un enfoque paneuropeo, contribuyendo con ello a ayudar a los Estados miembros menos desarrollados a alcanzar al resto y así poder sumarse a la zona del euro;

67.  Toma nota de las diversas propuestas para la creación de una capacidad presupuestaria dentro de la zona del euro; señala que estas propuestas asignan diferentes funciones a dicha capacidad y pueden tener diferentes diseños ; recuerda que el Parlamento ha insistido en que dicha capacidad debe desarrollarse dentro del marco de la UE;

68.  Señala que, si bien la posibilidad de crear dicha nueva capacidad dentro del marco del Tratado dependerá del diseño, función y envergadura de la misma, los Tratado permiten elevar los topes de recursos propios, establecer nuevas categorías de recursos propios (aunque dichos recursos procedieran únicamente de algunos Estados miembros), y asignar determinados ingresos a la financiación de partidas de gastos específicas; destaca, asimismo, que el presupuesto de la UE ya prevé garantías para operaciones de préstamo específicas y que existen diversos instrumentos de flexibilidad para los que cabe movilizar financiación por encima de los topes de gasto del MFP;

69.  Recuerda su posición en favor de la integración del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el marco jurídico de la Unión, siempre que exista una responsabilidad democrática adecuada;

70.  Estima que la creación de una capacidad presupuestaria europea y del Fondo Monetario Europeo pueden constituir etapas del proceso de creación de una Hacienda Europea, que debería rendir cuentas ante Parlamento Europeo;

71.  Pide que se tengan debidamente en cuenta las principales conclusiones del grupo de expertos creado por la Comisión, con el fin de constituir un fondo de amortización de la deuda;

Mercado único e integración financiera

72.  Considera que el mercado único es una de las piedras angulares de la Unión al ser un elemento fundamental para la prosperidad, el crecimiento y el empleo en la Unión; señala que el mercado único, que ofrece beneficios tangibles tanto para las empresas como para los consumidores, tiene un potencial de crecimiento que todavía no se ha aprovechado plenamente, en particular por lo que se refiere al mercado único digital, a los servicios financieros, a la energía, a la unión bancaria y a la unión del mercado de capitales; pide, por consiguiente, un control más estricto de la correcta aplicación del acervo existente y una vigilancia más rigurosa de su cumplimiento;

73.  Pide la rápida pero gradual realización de la unión bancaria, basada en un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución y un sistema europeo de garantía de depósitos, y sustentada por un mecanismo de protección adecuado y fiscalmente neutro; valora positivamente el acuerdo sobre un mecanismo transitorio de financiación hasta que el Fondo Único de Resolución entre en funcionamiento y pide un régimen europeo de insolvencia;

74.  Recuerda que las autoridades europeas de supervisión deben actuar con vistas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular garantizando un nivel de alta calidad, efectivo y coherente de regulación y supervisión que tenga en cuenta los intereses diversos de todos los Estados miembros y el distinto carácter de los participantes en los mercados financieros; considera que las cuestiones que afectan a todos los Estados miembros deberían ser planteadas, debatidas y decididas por todos los Estados miembros y que, para reforzar la igualdad de condiciones en el mercado único, es esencial un código único aplicable a todos los participantes en los mercados financieros de la UE, para evitar la fragmentación del mercado único de servicios financieros y la competencia desleal por falta de condiciones equitativas;

75.  Pide la creación de una verdadera Unión de Mercados de Capitales;

76.  Respalda la creación de un sistema de autoridades en materia de competitividad cuya misión sea reunir a los organismos nacionales competentes con el fin de hacer un seguimiento de los avances en el ámbito de la competitividad en cada Estado miembro, y propone que el seguimiento de los avances por parte de este sistema esté bajo la supervisión de la Comisión;

77.  Considera necesario mejorar el intercambio automático de información entre las autoridades tributarias nacionales con el fin de impedir la evasión y el fraude fiscales, la planificación fiscal, la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de los beneficios, y de promover actuaciones coordinadas para luchar contra los paraísos fiscales; pide la adopción de una Directiva sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en la que se establezca un tipo mínimo y se definan objetivos comunes de convergencia progresiva; estima necesario emprender una revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA, abordando, entre otros aspectos, la introducción del principio del país de origen;

Un marco institucional más democrático de la UEM

78.  Recuerda la necesidad de garantizar una rendición de cuentas y una legitimidad democráticas adecuadas en el nivel donde se toman las decisiones, de modo que los parlamentos nacionales controlen a los Gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo cumpla una función reforzada de control en el nivel de la UE, incluido un papel fundamental, junto con el Consejo, en la adopción del Código de Convergencia, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

79.  Propugna el uso general de la «cláusula pasarela» recogida en el artículo 48, apartado 7 del TUE; recuerda que la Comisión, en su plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica(12) , sugirió la creación de un Instrumento de Convergencia y Competitividad basado en el artículo 136 o en el artículo 352 del TFUE, en caso necesario por vía de cooperación reforzada; señala que, en caso de cooperación reforzada, el recurso al artículo 333, apartado 2 del TFUE, que dispone el uso del procedimiento legislativo ordinario, reforzaría la legitimidad democrática y la eficacia de la gobernanza de la UE y el papel del Parlamento en la misma;

80.  Reitera que la cooperación interparlamentaria no debe conducir a la creación de un nuevo órgano parlamentario ni de otra institución, ya que el euro es la moneda de la UE y el Parlamento Europeo es el Parlamento de la UE; recuerda que la UEM ha sido creada por la Unión, cuyos ciudadanos están directamente representados a escala de la Unión por el Parlamento, que debe encontrar y aplicar fórmulas para garantizar la rendición de cuentas democrática respecto de las decisiones relativas a la zona del euro;

81.  Insiste en que se dote a la Comisión de competencias para aplicar y hacer cumplir cualquier instrumento actual o futuro que se adopte en el ámbito de la UEM;

82.  Considera necesario corregir los puntos débiles de la actual estructura institucional de la UEM, y en particular su déficit democrático, teniendo en cuenta asimismo que determinadas partes del Tratado pueden ser controladas por el Tribunal de Justicia, mientras que otras están excluidas de ese control; considera necesario un control reforzado del Parlamento para la aplicación detallada del artículo 121, apartados 3 y 4, del TFUE, en materia de coordinación más estrecha de las políticas económicas;

83.  Considera que la integración diferenciada debe seguir abierta a todos los Estados miembros;

84.  Recuerda que debe darse prioridad a los procedimientos legislativo y presupuestario ordinarios a escala de la UE, recurriendo, en su caso, a las excepciones y a la creación de líneas presupuestarias específicas; recuerda que solo debe recurrirse a otras disposiciones, como las referidas a la zona del euro o la cooperación reforzada, cuando los procedimientos mencionados no resulten jurídica o políticamente posibles;

Realización del mercado interior como primer generador de crecimiento

85.  Tiene el convencimiento de que la profundización de la UEM debe ir acompañada de la realización del mercado interior mediante la supresión de las barreras internas que aún subsisten, especialmente en lo que respecta a la Unión de la Energía, el mercado único digital y el mercado de servicios;

86.  Pide el cumplimiento íntegro de la legislación vigente sobre el mercado interior de la energía de conformidad con el artículo 194 del TFUE, con el fin de crear la Unión de la Energía;

87.  Apoya el refuerzo de las funciones y competencias de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) con el objetivo último de crear una Agencia Europea de la Energía en virtud del artículo 54 del Tratado Euratom, así como la integración de los mercados energéticos, la creación de una reserva estratégica europea basada en la combinación de las reservas nacionales y la creación de un centro conjunto de negociación con los proveedores, con vistas a completar la estructura institucional de la Unión de la Energía;

88.  Promueve el uso de «obligaciones para proyectos», en estrecha cooperación con el BEI, destinadas a financiar proyectos de infraestructura y energéticos;

89.  Pide a la Comisión que utilice el artículo 116 del TFUE, que ofrece la base jurídica necesaria para que el Parlamento y el Consejo actúen con arreglo al procedimiento legislativo ordinario para eliminar prácticas que generan una distorsión de la competencia en el mercado interior mediante políticas fiscales nocivas;

Dimensión social

90.  Destaca que los derechos de los trabajadores, particularmente en el marco del ejercicio de su derecho de movilidad, deben quedar garantizados junto con sus derechos sociales, haciéndose pleno uso de los instrumentos jurídicos pertinentes previstos en los títulos IV, IX y X de la tercera parte del TFUE y con arreglo a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, con el fin de asegurar una base social estable para la Unión; señala en este sentido, en particular, los derechos derivados de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros , y del Reglamento (UE) n.º 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión;

91.  Recuerda la importancia de configurar una Europa social, de modo que el proyecto de integración europea siga contando con el continuo apoyo de los trabajadores;

92.  Pone de relieve la importancia de promover la idea de un salario mínimo determinado por cada Estado miembro, observa que estudiar las posibilidades de un régimen de prestaciones de desempleo mínimas exigiría la existencia de unas condiciones y normas comunes para el mercado laboral de la UE, y sugiere que podría adoptarse, con arreglo a las disposiciones vigentes del Tratado, una propuesta legislativa sobre movilidad de los empleados para reducir las barreras que aún existen para estos

93.  Señala los mecanismos previstos por la Unión y la necesidad de incluir activamente a los trabajadores en el mercado laboral y seguir fomentando el intercambio de trabajadores jóvenes, de conformidad con el artículo 47 del TFUE;

94.  Pide a la Comisión que incluya criterios de empleo en la evaluación de los resultados macroeconómicos de los Estados miembros, y que, a fin de garantizar un mejor uso de los fondos regionales y sociales, recomiende y apoye reformas estructurales;

95.  Pide a la Comisión que evalúe correctamente la necesidad de actuación de la UE y las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de opciones alternativas antes de proponer nuevas iniciativas (como, por ejemplo, propuestas legislativas, iniciativas no legislativas y actos de ejecución y actos delegados), conforme al Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación;

96.  Pide la creación de un nuevo pacto social (que podría adoptar la forma de un protocolo social) destinado a promover la economía social de mercado de Europa y reducir las desigualdades, que garantice el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a la negociación colectiva y la libertad de circulación, entre otros aspectos; señala que dicho pacto podría reforzar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros;

97.  Pide a la Comisión que revitalice el diálogo social de la Unión a través de acuerdos vinculantes entre los interlocutores sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 151 a 161 del TFUE;

Acción exterior

Aumento de la eficacia, la coherencia y la rendición de cuentas de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)

98.  Considera que debe reforzarse el enfoque global de la Unión Europea con respecto a los conflictos y crisis exteriores, asociando de forma más estrecha a los diferentes actores e instrumentos en todas las fases del ciclo de los conflictos;

99.  Insiste en que se recurra al artículo 22 del TUE para establecer un marco estratégico global relativo a los intereses y objetivos estratégicos establecidos en el artículo 21 del TUE, que pueden ir más allá de la PESC y tocar otros ámbitos de la acción exterior y que exigen coherencia con otras políticas como el comercio, la agricultura y la ayuda al desarrollo; recuerda que las decisiones tomadas sobre la base de dicha estrategia podrían aplicarse por mayoría cualificada; señala que podría mejorarse la legitimidad democrática de dichas decisiones si el Consejo y el Parlamento adoptaran documentos estratégicos conjuntos sobre la base de propuestas de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea;

100.  Pide que se refuerce el control parlamentario de la acción exterior de la UE, en particular, prosiguiendo las consultas regulares con la (AR/VP), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión, y que concluyan las negociaciones sobre la sustitución del Acuerdo interinstitucional de 2002 relativo al acceso a la información sensible del Consejo en el ámbito de la PESC;

101.  Considera necesario que los representantes especiales de la UE se integren en el SEAE, lo que ha de incluir la transferencia de su presupuesto de las líneas de la PESC a las líneas del SEAE, ya que así aumentaría la coherencia de la labor de la UE;

102.  Pide que se recurra al artículo 31, apartado 2, del TUE, que permite al Consejo tomar determinadas decisiones en materia de la PESC por mayoría cualificada, y a la «cláusula pasarela» del artículo 31, apartado 3, del TUE para adoptar paulatinamente la mayoría cualificada en las decisiones dentro del ámbito de la PESC que no tengan implicaciones militares o de defensa; recuerda que el artículo 20, apartado 2, del TUE, que recoge las disposiciones sobre cooperación reforzada, ofrece otras posibilidades para que los Estados miembros avancen en la PESC, por lo que debe recurrirse a ellas;

103.  Considera necesario aumentar la flexibilidad de las normas financieras para la acción exterior a fin de evitar retrasos en el desembolso operativo de los fondos de la UE y, de este modo, aumentar la capacidad de la UE para responder a las crisis de una manera rápida y eficaz; estima, a este respecto, que se debe establecer un procedimiento rápido para la ayuda humanitaria, a fin de garantizar que la ayuda se desembolse de la forma más eficaz y eficiente posible;

104.  Insta al Consejo, al SEAE y a la Comisión a que cumplan sus respectivas obligaciones de informar cumplida e inmediatamente al Parlamento en todas las fases de los procesos de negociación y celebración de acuerdos internacionales, según lo dispuesto en el artículo 218, apartado 10, del TFUE y lo especificado en los acuerdos institucionales con la Comisión y el Consejo;

105.  Señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que el Parlamento tiene derecho, en virtud del artículo 218, apartado 10 del TFUE, a recibir información inmediata y completa de todas las fases del procedimiento de negociación y conclusión de los acuerdos internacionales, incluidos los que se refieren a la PESC, para poder ejercer sus competencias con pleno conocimiento de la acción de la Unión Europea en su conjunto; espera, por consiguiente, que las negociaciones interinstitucionales que vayan a celebrarse en relación con la mejora de los mecanismos de cooperación e intercambio de información en el contexto de la negociación y conclusión de acuerdos internacionales tomen buena cuenta de la jurisprudencia del TJUE;

Hacia una política común de defensa

106.  Pide que avance gradualmente hacia una política de defensa común (artículo 42, apartado 2 del TUE) y, en última instancia, una defensa común, que puede instaurarse mediante decisión unánime del Consejo Europeo, al tiempo que se refuerza asimismo la sociedad civil desde un enfoque de prevención y resolución de conflictos basado en la no violencia, en particular mediante un incremento de los recursos financieros, administrativos y humanos destinados a gestionar la mediación, el diálogo, la reconciliación y la respuesta inmediata a las crisis basada en las organizaciones de la sociedad civil;

107.  Sugiere, como primer paso en esta dirección, que se aplique lo dispuesto en el artículo 46 del TUE en relación con el establecimiento de una cooperación estructurada permanente por mayoría cualificada del Consejo, ya que este instrumento permitiría a los Estados miembros más ambiciosos cooperar más estrechamente de manera coordinada en el ámbito de la defensa al amparo de la Unión, y les facultaría para hacer uso de las instituciones, instrumentos y presupuesto de la Unión;

108.  Recomienda la institucionalización de un Consejo de Ministros de Defensa, con carácter permanente, bajo la presidencia de la AR/VP, con el fin de coordinar las políticas de defensa de los Estados miembros, especialmente en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, y desarrollar conjuntamente la estrategia y prioridades de la política de defensa de la UE;

109.  Insiste en la elaboración de un libro blanco de la Unión sobre seguridad y defensa tomando como base la estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad presentada por la AR/VP, así como la agenda de Bratislava, ya que dicho documento serviría para definir los objetivos estratégicos de la Unión en el ámbito de la seguridad y la defensa y determinar las capacidades existentes y las que se requieren; pide a la Comisión que fundamente su actual trabajo preparatorio sobre un plan de acción para la defensa europea en los resultados del futuro Libro Blanco de la UE sobre seguridad y defensa, que deberá asimismo abordar la cuestión de cómo y en qué circunstancias es apropiado y legítimo el uso de la fuerza militar;

110.  Subraya la necesidad de definir una política común europea de capacidades y armamento (artículo 42, apartado 3, del TUE) que englobaría la planificación, desarrollo y adquisición de capacidades militares y también incluiría propuestas para responder a las amenazas cibernéticas, híbridas y asimétricas; alienta a la Comisión a trabajar en un ambicioso Plan de Acción de Defensa Europeo, como anunció en el programa de trabajo de 2016;

111.  Destaca el gran potencial de la Agencia Europea de Defensa de cara al desarrollo de un mercado único de defensa competitivo, eficaz e intensivo en I+D+i y creación de puestos de trabajo especializados, y a estos efectos recomienda explorar las posibilidades de colaboración público-privada; reitera la urgente necesidad de reforzar la AED proporcionándole los recursos y el respaldo político necesarios y permitiéndole, de este modo, cumplir una función de coordinación y de liderazgo en el desarrollo, la investigación y la adquisición de capacidades; insiste en su parecer de que la mejor forma de hacer lo anterior sería financiar los gastos de personal y de funcionamiento de la Agencia con cargo al presupuesto de la Unión;

112.  Recuerda la existencia del artículo 44 del TUE, que contiene otras disposiciones en materia de flexibilidad y prevé la posibilidad de encomendar la ejecución de labores de gestión de crisis a un grupo de Estados miembros, que las llevarían a cabo en nombre de la UE y bajo el control político y la dirección estratégica del Comité Político y de Seguridad (CPS) y del SEAE;

113.  Propone que se recurra al artículo 41, apartado 3, del TUE para crear un fondo operativo inicial consistente en contribuciones de los Estados miembros destinado a financiar las actividades preparatorias relativas a la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que no se imputen al presupuesto de la Unión;

114.  Destaca la importancia de ampliar la financiación común de los aspectos militares de la PCSD, también a través del mecanismo ATHENA, ya que de este modo se reducirían los desincentivos financieros para que los Estados miembros contribuyan a las misiones y operaciones militares de la PCSD y, por ende, se mejoraría la capacidad de la UE para reaccionar a las crisis;

115.  Pide la creación de cuarteles generales civiles y militares, con Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) y Capacidad Civil de Planificación y Ejecución (CPCC); pide la institucionalización de las diversas estructuras militares europeas (como los diferentes «grupos de combate», Eurofuerzas, la cooperación en materia de defensa entre Francia y el Reino Unido, la cooperación en materia de defensa aérea del Benelux, etc.) en el marco de la UE, y mayores posibilidades de uso de los grupos de combate de la UE, en particular ampliando la financiación común y considerando, por defecto, su despliegue como fuerza de entrada inicial en futuros escenarios de gestión de crisis;

116.  Señala que dicho cuartel general permanente podría llevar a cabo una planificación de emergencia permanente y cumplir una importante función de coordinación en caso de aplicación del artículo 42, apartado 7, del TUE en el futuro; considera que la «cláusula de defensa mutua», de acuerdo con lo establecido en dicho artículo e invocada por Francia durante el Consejo de Asuntos Exteriores de 17 de noviembre de 2015,puede constituir un catalizador del desarrollo de la política de seguridad y defensa de la Unión, lo que conducirá a un mayor compromiso de todos los Estados miembros;

117.  Considera que es preciso mejorar la cooperación UE-OTAN a todos los niveles en ámbitos como el desarrollo de capacidades y la planificación de emergencia en caso de amenazas híbridas, así como intensificar los esfuerzos para eliminar los obstáculos políticos subsistentes; insta al establecimiento de una cooperación militar y política global entre la UE y la OTAN;

118.  Pide que se tomen acciones contundentes para asegurar la coherencia política para el desarrollo (CPD), en virtud del artículo 208 del TFUE, e insiste en que se mejore el sistema de evaluación del impacto de la CPD y que se establezca un mecanismo de arbitraje, en caso de divergencias entre las distintas políticas de la Unión, dando al Presidente de la Comisión la responsabilidad política sobre las grandes orientaciones y zanjar la cuestión en virtud de los compromisos contraídos por la Unión en el ámbito de la CPD;

Justicia y asuntos de interior (JAI)

119.  Subraya que, al tiempo que se defienden los derechos y libertades fundamentales y se insiste en la necesidad de un control democrático y judicial de la lucha contra el terrorismo, en vista de los recientes ataques y el aumento de la amenaza terrorista, es absolutamente esencial un intercambio de información y datos sistemático, obligatorio y estructurado entre los órganos judiciales y policiales y los servicios de inteligencia nacionales, y con Europol y Frontex, y debe ponerse en práctica lo antes posible;

120.  Señala que, al igual que en el caso de atentados anteriores, las fuerzas de seguridad ya conocían a los autores de los atentados de París, los cuales habían sido objeto de investigaciones y medidas de vigilancia; manifiesta su preocupación por que los datos existentes sobre dichos individuos no fuesen intercambiados entre los Estados miembros, pese a los requisitos del artículo 88 del TFUE; pide al Consejo que adopte, sobre la base del artículo 352 del TFUE, un intercambio de datos obligatorio entre los Estados miembros; considera que debe aprovecharse el potencial para la mejora de la cooperación, caso de que no se alcance la unanimidad;

121.  Pide a la Comisión y al Consejo que realicen una evaluación exhaustiva de la medidas de lucha contra el terrorismo y conexas de la UE, en particular por lo que se refiere a su incorporación a la legislación y su aplicación práctica en los Estados miembros, el grado de cooperación con las agencias de la UE en la materia, en especial Europol y Eurojust, y una evaluación pertinente de las lagunas subsistentes, así como de su respeto de las obligaciones de derechos fundamentales de la UE, haciendo uso del procedimiento previsto en el artículo 70 del TFUE;

122.  Recuerda, en este contexto, que el artículo 222 del TFUE establece una cláusula de solidaridad que puede y debe activarse cuando un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano;

123.  Lamenta que la Directiva sobre protección temporal no se activara a la vista de la crisis de refugiados, a pesar de que se estableció para responder a una afluencia masiva de nacionales de terceros países;

124.  Subraya la necesidad de establecer una política común de asilo e inmigración de la UE justa y eficaz, basada en los principios de solidaridad, no discriminación, no devolución y cooperación sincera entre todos los Estados miembros, que debe contemplar también una redistribución justa de los solicitantes de asilo dentro de la Unión Europea; considera que dicha política debería contar con la participación de todos los Estados miembros; recuerda a los Estados miembros sus actuales obligaciones en este sentido, y señala que todo nuevo marco en materia de asilo y migración debe basarse en los derechos fundamentales del migrante;

125.  Señala la necesidad de medidas adicionales para garantizar que el Sistema Europeo Común de Asilo se convierta en un sistema verdaderamente uniforme; pide a los Estados miembros que armonicen sus legislaciones y prácticas en lo que respecta a los criterios para determinar quiénes pueden ser beneficiarios de protección internacional y a las garantías relativas a los procedimientos de protección internacional y las condiciones de acogida de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del TJUE y con las mejores prácticas asentadas en los distintos Estados miembros;

126.  Acoge con satisfacción la aprobación del Reglamento (UE) 2016/1624 por el que se amplían las funciones y competencias de Frontex y se rebautiza a ésta como la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas; considera que esta agencia podría contar con el apoyo, si fuera necesario, de instrumentos militares como la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor) y un Eurocuerpo renovado, junto con los recursos puestos en común a través de la cooperación estructurada permanente; destaca que el Reglamento insiste en que los Estados miembros deben, por su propio interés y el de los demás Estados miembros, alimentar de datos las bases de datos europeas; sugiere que contemple también la posibilidad de la interoperabilidad de las bases de datos de las agencias de fronteras como Eurodac y la interoperabilidad de las bases de datos de Europol;

127.  Pide que se revise urgentemente el Reglamento de Dublín y se establezca un sistema permanente y jurídicamente vinculante para toda la UE de distribución de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, sobre la base de un reparto obligatorio y justo;

128.  Señala que, habida cuenta de los flujos de migrantes sin precedentes que han llegado y siguen llegando a las fronteras exteriores de la Unión, y del aumento continuado del número de personas que solicitan protección internacional, la Unión necesita un enfoque legislativo vinculante y obligatorio respecto de la cuestión del reasentamiento, con arreglo a lo establecido en la agenda de la Comisión para la migración;

129.  Pide la firma de acuerdos con terceros países seguros a fin de controlar y reducir los flujos migratorios antes de que los migrantes lleguen a las fronteras de la UE; insiste, al mismo tiempo, en procedimientos estrictos para el retorno de personas cuyas solicitudes carezcan de fundamento;

130.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen el gasto para la formación de especialistas en cuestiones de asilo y para una mayor eficiencia de los procedimientos de solicitud de asilo;

131.  Considera que la dimensión externa debería centrarse en la cooperación con terceros países para abordar y eliminar las causas profundas de los flujos de migrantes irregulares hacia Europa; es de la opinión de que debe seguir prestándose atención a las asociaciones y la cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino claves; recomienda que la cooperación con terceros países conlleve la evaluación de sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico de entrada en dichos países o de tránsito por los mismos; reconoce que es necesario mejorar la eficacia del sistema de retorno de la Unión, si bien considera que el retorno de los migrantes solo debe llevarse a cabo en condiciones de seguridad, en total cumplimiento de sus derechos fundamentales y procesales;

132.   Celebra que el nuevo Reglamento (UE)2016/1624 relativo a Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas prevea que en caso de que el control de las fronteras exteriores ya no resulte eficaz hasta el punto de comprometer el funcionamiento de la zona Schengen, sea porque alguno de los Estados miembros no adopte las medidas necesarias o sea porque alguno de los Estados no haya solicitado el apoyo suficiente de Frontex o no lo aplique, la Comisión pueda proponer al Consejo una decisión donde se señalen las medidas que la Agencia deberá aplicar y se exija al Estado miembro en cuestión que coopere con la Agencia en la aplicación de éstas; señala, asimismo, que el Reglamento contiene disposiciones en relación con la responsabilidad civil y penal de los miembros del equipo, así como un mecanismo de reclamaciones para el seguimiento y garantía de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia;

133.  Considera que la mejora de las capacidades humanas y financieras de la Oficina Europa de Apoyo al Asilo (EASO) sería necesaria si esta fuera llamada a coordinar todas las solicitudes de asilo en la Unión y a desplegarse para apoyar a los Estados miembros que sufran una presión migratoria especial en la tramitación de las solicitudes de asilo, incluyendo en su mandato el despliegue de operaciones conjuntas, proyectos piloto e intervenciones rápidas de modo similar a la ampliación del mandato de Frontex mediante el Reglamento (UE) n.º 1168/2011;

134.  Destaca la importancia de una mejor coordinación entre la EASO, Frontex y la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo con el fin de facilitar la adopción de informes de alerta temprana en caso de una presión migratoria especial que puede poner en peligro el respeto de las libertades fundamentales de los solicitantes de asilo; considera que la Comisión puede basarse en estos informes de alerta temprana para activar las medidas de emergencia previstas en el artículo 78, apartado 3, del TFUE;

135.  Estima imprescindible reforzar la función de colegislador del Parlamento, en pie de igualdad con el Consejo, mediante el recurso al artículo 81, apartado 3, del TFUE, que permite cambiar el procedimiento decisorio en el ámbito del Derecho de familia con repercusión transfronteriza por el procedimiento legislativo ordinario si el Consejo así lo decide unánimemente, previa consulta al Parlamento; pide que, al amparo de la «cláusula pasarela» del artículo 48, apartado 7, del TUE, se adopte el procedimiento legislativo ordinario para la toma de decisiones en todas las demás políticas del ámbito de la JAI;

136.  Pide a la Comisión que, sobre la base del artículo 83 del TFUE, proponga normas mínimas sobre definiciones y sanciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada;

137.  Insiste en que se deben poner en práctica los principios consagrados en el Tratado de Lisboa, a saber, la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros, el principio de reconocimiento mutuo en la aplicación de las políticas JAI (artículo 70 del TFUE), así como las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE;

138.  Considera que la UE debe promover la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el respeto continuado de los «criterios de Copenhague» así como asegurar que todos los Estados miembros respeten los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE;

139.  Insiste en la importancia de completar el llamado «Paquete de garantías procesales», en particular para desarrollar legislación en materia de detención gubernativa y detención de menores, ámbitos en los que la normativa de muchos Estados miembros no respeta plenamente los derechos humanos y otras normas internacionales;

140.  Subraya la importancia de seguir avanzando en el desarrollo del Derecho penal europeo, en particular en el ámbito del reconocimiento mutuo y ejecución de las sentencias penales;

141.  Subraya la importancia de promover el desarrollo de una cultura judicial europea como requisito fundamental para que el espacio de libertad, seguridad y justicia se convierta en una realidad para los ciudadanos a fin de garantizar una mejor aplicación del Derecho de la UE;

142.  Señala que con el fin de luchar contra la delincuencia organizada, el fraude y la corrupción, así como de proteger los intereses financieros de la Unión y remediar el fraccionamiento del espacio penal europeo es necesario crear la figura del Fiscal Europeo;

143.  Subraya que, de conformidad con el artículo 86 del TFUE, puede crearse una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, previa aprobación del Parlamento Europeo; reitera, por tanto, las recomendaciones que formuló en sus resoluciones de 12 de marzo de 2014(13) y de 29 de abril de 2015(14) sobre la manera concreta de organizar dicha Fiscalía Europea, y pone de relieve que el Reglamento sobre la Fiscalía Europea debe adoptarse a la mayor brevedad, de modo que esta pueda tener competencias para investigar y perseguir todo tipo de delitos contra los intereses financieros de la Unión, incluido el fraude el IVA;

144.  Recuerda la obligación de la Unión de adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del TUE, e insta a que se relancen sin demora las negociaciones a tal efecto con el Consejo de Europa, tomando en consideración el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de diciembre de 2014; recuerda a la Comisión, en calidad de negociador principal, que la adhesión al Convenio mejorará la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos europeos;

145.  Reitera que con la presente Resolución solo se pretende facilitar una evaluación de las posibilidades legales que ofrecen los Tratados y que debiera ser la base para la mejora del funcionamiento de la Unión a corto plazo; recuerda que una nueva reforma fundamental en el futuro requeriría una revisión de los Tratados;

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146.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Banco Central Europeo, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO C 184 E de 6.8.2009, p. 25.
(2) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 82.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0249.
(4) DO C 13 de 15.1.2016, p. 183.
(5) DO C 313 de 22.9.2015, p. 9.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0103.
(7) Textos aprobados, P8_TA(2017)0010.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0382.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0395.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0050.
(11) DO C 468 de 15.12.2016, p. 176.
(12) COM(2012)0777 de 28 de noviembre de 2012.
(13) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0234.
(14) Textos aprobados, P8_TA(2015)0173.

Última actualización: 21 de septiembre de 2017Aviso jurídico