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Preguntas parlamentarias
7 de marzo de 2011
E-002200/2011
Pregunta con solicitud de respuesta escrita
a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 Asunto: Regiones insulares europeas como Zonas Libres de Transgénicos prioritarias
 Respuesta(s) 

El pasado mes de julio de 2010 la Comisión autorizó el estatus de la isla de Madeira (Portugal) como zona libre de transgénicos, tras años solicitando dicha protección frente a los organismos modificados genéticamente (OMG). Así, se da luz verde desde la UE a esta región para que sus instituciones prohíban el cultivo de transgénicos en todo el territorio, previéndose sanciones severas en caso de incumplimiento de dicha disposición normativa.

Ciertamente, este reconocimiento oficial desde la UE representa un precedente, que podría ser emulado por las más de 200 regiones, provincias y miles de municipios por toda la UE que se han declarado, a través de sus parlamentos y/o ayuntamientos como «libres de transgénicos». En el Estado Español éste es el caso de Illes Balears, Canarias (ambas regiones insulares como Madeira), Asturias y Euskadi, además de más de un centenar de municipios en éstas y otras comunidades autónomas. Además, al parecer en los últimos días la Comisión ha presentado al Consejo un documento de trabajo en el que se propone un conjunto de motivos de interés público —y morales, de preservación de la agricultura tradicional, de los ecosistemas o de los paisajes— que permitirían a los Estados miembros prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente.

Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, liderados por la misma Comisión, y con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, en particular a las del artículo 19, y al Reglamento (CE) nº 1829/2003, se pregunta:

¿No cree la Comisión que en un siguiente paso lógico se debería proceder a reconocer como «territorio libre de transgénicos» aquellas regiones insulares que lo hayan declarado por medio de sus instituciones democráticas o que así lo soliciten, dadas sus singulares condiciones en términos de ecosistemas e incluso de explotaciones agrícolas tradicionales basadas en minifundios, como en Baleares? Dada la existencia de gobiernos marcadamente pro-transgénicos como el español, ¿debe ser el Gobierno central quien solicite la prohibición del cultivo de OMG o bien en virtud del principio de subsidiariedad no tendría más sentido que sea suficiente con que la Comisión pueda autorizar directamente a las regiones que lo soliciten?

 DO C 294 E de 06/10/2011
Última actualización: 9 de marzo de 2011Aviso jurídico