Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

  • bg - български
  • es - español (selección)
  • cs - čeština
  • da - dansk
  • de - Deutsch
  • et - eesti keel
  • el - ελληνικά
  • en - English
  • fr - français
  • ga - Gaeilge
  • hr - hrvatski
  • it - italiano
  • lv - latviešu valoda
  • lt - lietuvių kalba
  • hu - magyar
  • mt - Malti
  • nl - Nederlands
  • pl - polski
  • pt - português
  • ro - română
  • sk - slovenčina
  • sl - slovenščina
  • fi - suomi
  • sv - svenska
Preguntas parlamentarias
23 de noviembre de 2017
P-007213-17
Pregunta con solicitud de respuesta escrita
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Iratxe García Pérez (S&D) , Elena Valenciano (S&D)

 Asunto:  Confinamiento de inmigrantes en cárceles españolas
 Respuesta(s) 

El pasado fin de semana llegaron a las costas murcianas más de 500 inmigrantes. Ante la falta de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), el Gobierno de España les ha internado en una prisión de la provincia de Málaga.

Los CIE tienen por objeto contener a inmigrantes ilegales previamente a su deportación. En 2009 se deportó al 70 % de ellos, frente al 29 % en 2016. España cuenta con siete CIE en funcionamiento, pese a tener recursos suficientes para construir más de los que ha comprometido ante el evidente desbordamiento.

Dado que los inmigrantes no están en régimen de privación de libertad; visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea sobre respeto a la dignidad humana y libertad; vistos los artículos 1 y 4 de la Carta de los Derechos fundamentales de la UE sobre la prohibición de trato inhumano o degradante, y visto el artículo 16 de la Directiva de Retorno, que prevé el uso de prisiones solo en el caso de que el Estado «no pueda» proporcionar otros centros especializados:

¿Considera la Comisión que esta decisión del Gobierno respeta la Directiva de Retorno y los valores fundacionales de la UE? En caso contrario, ¿qué medidas pretende tomar?

Última actualización: 28 de noviembre de 2017Aviso jurídico