- Informe: Varvitsiotis (A6-0187/2006)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, todavía recuerdo el escándalo de la izquierda con ocasión de la solicitud de extradición del abogado Klaus Croissant, que, como sabemos, no solo era el abogado de los terroristas alemanes, sino un miembro efectivo de dicha red. Hoy, el Gran Hermano está en marcha y, al parecer, nada lo parará ya con el espacio judicial europeo.

La naturaleza automática del traslado de presos de un Estado europeo a otro se nos presenta como un gran progreso. En cierto modo, los nacionales de la Unión reciben, según parecer, un trato peor que los nacionales de terceros países, que se insiste en mantener en el Estado que los ha condenado, en nombre del rechazo de la doble condena. Permítanme, en una Europa en la que se multiplican los delitos de opinión, en la que la reivindicación de la preferencia nacional se asimila a la discriminación, la legítima discusión de aspectos de la historia al negacionismo, el rechazo de los comunitarismos...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Existen motivos para felicitarse de la iniciativa de Austria, Finlandia y Suecia. En principio es positivo acelerar el traslado de condenados a un Estado con el que tengan algún tipo relación y en el que se crea que existen reales posibilidades de rehabilitación social. Sin embargo, cabe señalar que ya existe un convenio y un protocolo anexo del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas.

La Lista de Junio considera igualmente que la cooperación judicial y policial debería tener lugar a nivel intergubernamental. El Consejo debe decidir estas cuestiones por unanimidad y previo examen por parte de los Parlamentos nacionales en lugar de que la decisión la tomen instituciones supranacionales como el Parlamento Europeo.

Por ello, la Lista de Junio ha votado en contra del informe modificado por el Parlamento, informe que, entre otras cosas, contiene pasajes que promueven el derecho penal europeo.

- Informe: Brepoels (A6-0124/2006)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Queremos hacer hincapié en que la Lista de Junio se opone al uso de la propaganda a favor de una liberalización del consumo de drogas. Por ello hemos votado contra un texto en este sentido. Cualquier consumo de drogas, que no sea con fines médicos, es perjudicial y la sociedad no debería tener aceptarlo.

En cuanto al Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías, consideramos en principio que no existe justificación para que exista dicho centro, ya que los Estados miembros mantienen opiniones distintas y aplican políticas diferentes en la lucha contra la toxicomanía.

Por ello hemos votado contra el informe destinado a reforzar el papel del observatorio.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Se nos propone un reglamento encaminado a reforzar el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías, resolver sus problemas administrativos o de comunicación y crear nuevos puestos de funcionarios. Pero ¿cuál ha sido la eficacia real de esta herramienta europeísta cuando la droga es una plaga que sigue destruyendo familias? La toxicomanía provoca fracaso escolar, incapacidad para trabajar, internamiento psiquiátrico y la muerte por suicidio o sobredosis.

Necesitamos acción, y no leer estadísticas en alza. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento tiene razón al proponer que se pase de la mera recogida de datos a evaluar también las políticas de los Estados miembros con vistas a beneficiarse de las mejores prácticas. Lo que no significa retirar a los Estados miembros sus prerrogativas para dárselas a este Observatorio, sino al contrario reforzar la cooperación entre los Estados.

Aparte de la pena de muerte para los grandes traficantes de drogas, es necesario un cambio radical de mentalidades a fin de acallar la ideología izquierdista de los últimos 40 años, que ha provocado un abandono criminal, avalado por Gobiernos beatos, y ha conducido al envenenamiento de millones de personas, cuyas consecuencias físicas conducen también a una exclusión social permanente.

  Marine le Pen (NI), por escrito. – (FR) Desde su creación en 1993, las principales tareas del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías son la recogida, el análisis y la difusión de datos transnacionales sobre los problemas de la droga.

Trece años después, el balance no es glorioso. Si bien observamos cierta mejora en el conocimiento del fenómeno de la droga en sus aspectos más variados en el territorio de la Unión Europea, no podemos reseñar en cambio ninguna incidencia positiva sobre el consumo. En realidad sucede todo lo contrario.

Hay que constatar un hecho. Hoy, el consumo de drogas no se limita ya a los productos tradicionales, sino que asistimos con preocupación a la emergencia de nuevos mercados para los productos de síntesis, de producción más fácil y barata. Generan más beneficios para los traficantes y son aún más nocivos para la salud de los consumidores.

En realidad, el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías no es más que una simple base de datos carente de cualquier valor operativo. De hecho, todas las cifras facilitadas solo sirven para encubrir el fracaso de las distintas políticas nacionales en materia de lucha contra la droga. Ya va siendo hora de que los Estados asuman su responsabilidad y dejen de ampararse detrás de organismos que no tienen la vocación ni la misión de actuar en su lugar.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) El Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT) fue creado en 1993 y tiene su sede en Lisboa. Su función es la de recopilar, analizar y difundir información objetiva, fiable y comparable, y a su vez ofrecer una sinopsis precisa de este fenómeno en Europa. Si deseamos adoptar políticas y medidas eficaces para luchar contra este problema, tenemos que tener en cuenta su alcance y naturaleza.

Aunque se han hecho avances importantes, queda mucho por hacer en lo referente a los instrumentos de seguimiento y el desarrollo de un auténtico «lenguaje común».

He votado a favor de este informe sobre la propuesta de la Comisión relativa al OEDT. Las principales enmiendas permitirán que el Parlamento intervenga a través del procedimiento de codecisión, que el OEDT tenga una función más amplia y que los órganos del OEDT se adapten a la Europa surgida de la última ampliación.

El OEDT debe obtener información más objetiva y comparable, y canalizar sus esfuerzos hacia una evaluación exhaustiva de las políticas en materia de drogas y las tendencias de su consumo. Quiero igualmente destacar que es necesario mejorar el intercambio de información sobre buenas prácticas en materia de drogas y flexibilizar dicho intercambio.

- Informe: Roure (A6-0192/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, aunque se ha pospuesto la votación del informe de la señora Roure, esto me ha dado la oportunidad de expresar mi opinión sobre él. Considero que la Unión Europea fomenta el temor entre la gente respecto a sus datos personales, por ejemplo, cuando aprueba la transmisión de los datos personales a los Estados Unidos, país que cuenta una protección de datos deficiente en comparación con las normas europeas.

También tenemos que asegurarnos de que los datos personales sean convenientemente protegidos cuando lleguen los documentos de identidad electrónicos para uso transfronterizo y, en mi opinión, la imposición de un impuesto sobre los correos electrónicos y mensajes de texto sería una monstruosidad, pues los contratos de tarifa plana exigirían el mantenimiento de archivos personales y la recopilación de datos personales para su envío a las autoridades financieras.

Creo que el informe de la señora Roure no ha tomado suficientemente en consideración estos elementos.

- Informe: Adamou (A6-0176/2006)

  Jan Andersson, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de la resolución en su conjunto, pero tenemos importantes reservas. En primer lugar, no debería exagerarse el riesgo de pandemia. Si se produjera una epidemia, la UE debería tener una función de coordinación. Sin embargo, la responsabilidad principal debería recaer en los Estados miembros. La resolución hace recaer demasiada responsabilidad en la UE.

No cabe duda que es necesario colaborar para suministrar vacunas en situaciones especiales, a fin de asegurar que estas se utilicen cuando son más necesarias. No obstante, no consideramos que los almacenes comunitarios centralizados que propone la ponente sean la respuesta más eficiente. Además, estimamos que estos plantearían muchos problemas en la práctica.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como señala el ponente – un doctor chipriota que forma parte de nuestro Grupo político – existe una amplia confusión entre la gente acerca de la gripe aviar y la gripe pandémica. Muchas personas y autoridades, señala, «parecen equiparar la llegada del virus A/H5N1 a Europa con la llegada de un virus pandémico». Por ello propone que se introduzcan mejoras a la comunicación de la Comisión sobre el estado general de preparación para planificar emergencias sanitarias a escala comunitaria.

Hace énfasis, al igual que hice yo en un informe anterior, en que la UE debe prestar asistencia técnica, científica y económica a los países ya afectados, y en particular contribuir a sensibilizar a la población y a la elaboración de un plan mundial coordinado a nivel internacional, regional, subregional y nacional con la hoja de ruta y los calendarios adecuados.

El ponente ha intentado mejorar la propuesta de la Comisión y clarificar una serie de puntos. Por eso hemos votado a favor de este informe.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe trata sobre un asunto eminentemente transfronterizo. De este modo, hay buenas razones para que los países de la UE coordinen las medidas aprobadas y las decisiones políticas adoptadas. Hemos decidido, por tanto, votar a favor del informe en su conjunto. Sin embargo, quisiéramos destacar que las medidas aisladas por parte de la UE son insuficientes para superar los retos que plantea la pandemia mundial de gripe. Por tanto, es enormemente importante que la UE actúe en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuestionamos puntos concretos del informe, como la necesidad de que la Comisión conciba una estrategia de comunicación exhaustiva junto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE). Suponemos que los países de la UE son capaces por sí mismos de comunicarse con éxito con los ciudadanos sin la ayuda de los órganos de la UE. Del mismo modo, nos oponemos al establecimiento de un suministro de emergencia común de vacunas contra la pandemia en la Comunidad. Creemos que organizaciones reconocidas internacionalmente como la OMS deberían ocuparse de las cuestiones de salud a escala mundial.

Criticamos el hecho de que el Parlamento Europeo esté explotando de esta forma un asunto político importante con el fin de ampliar el papel político internacional de la UE.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Quisiera comenzar señalando que la confusión de la gente sobre la gripe aviar y la pandemia de gripe es enorme. Queda, por tanto, mucho por hacer por lo que respecta a la comunicación.

Como responsables de la toma de decisiones políticas, debemos hacer honor a nuestra obligación de proteger a los ciudadanos. Debemos garantizar que se cuenta con los recursos para ofrecer una respuesta eficaz a cualquier amenaza a la salud pública a la que se enfrenten nuestras sociedades.

De sobra es conocido que la amenaza de una pandemia de gripe es una cuestión de salud pública que nos afecta a todos. A pesar de ello, no se sabe cuáles son las probabilidades de que se produzca. Dado que las autoridades competentes creen que el riesgo para la salud humana es realmente pequeño, pienso que es crucial establecer un mecanismo de prevención con objetivos y de respuesta rápida en caso de emergencia de salud pública. Este debería incluir, como señala el informe, un plan con objetivos para coordinar la acción a todos los niveles y una comunicación precisa y accesible para todos los ciudadanos, para garantizar que están preparados en caso de cualquier eventualidad.

Por tanto, he votado a favor del informe Amadou.

- Informe: Gargani (A6-0172/2006)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, en su libro «The Constitution of Europe», Joseph Weiler escribe ampliamente sobre cómo, en el pasado, el Tribunal de Justicia solía aumentar sistemáticamente el ámbito de competencias de las instituciones europeas sin que hubiera ninguna legitimidad democrática para ello y sin que los Gobiernos de los Estados miembros hubieran otorgado al Tribunal un mandato al respecto.

Gracias a esta famosa sentencia del 13 de septiembre de 2005, el derecho penal va a pasar a ser ahora, efectivamente, una competencia europea. Como consecuencia, el Tribunal de Justicia está haciendo trizas las restricciones de las competencias de los Tratados europeos. El Tribunal de Justicia parece más bien una especie de Absurdistán judicial poblado por jueces de otro mundo que ya no responden a nada ni a nadie. La gente se sorprende entonces cada vez de que nuestros ciudadanos, cuando tienen la oportunidad, muestren su desencanto, por ejemplo votando en contra de la Constitución europea.

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), por escrito. (DA) Uno de los elementos nuevos más importantes de la Constitución es la propuesta de que todas las leyes de la UE puedan llevar incorporadas sanciones comunes.

Resulta completamente lógico que cada Estado miembro establezca, para cada ley, el precio que hay que pagar por incumplirla.

Esto es algo que también ha hecho el Consejo de Ministros. Mediante una decisión intergubernamental, ha establecido por unanimidad el precio a pagar por los delitos medioambientales.

El conflicto no es sobre el contenido sino sobre la forma.

El Tribunal de Justicia Europeo no se conforma con ser un tribunal.

Los jueces también quieren ser legisladores, y en este caso, por si fuera poco, legisladores constitucionales. Es más, desean legislar de forma contraria a la decisión unánime de los Estados miembros.

Sencillamente están adoptando una parte de la Constitución que ha sido expresamente rechazada.

Es casi tan legal como que los Golfos Apandadores decidieran vaciar el depósito de dinero del tío Gilito.

¿En qué piensan los jueces?

Deberían estar defendiendo la ley y el orden, pero ellos mismos están incumpliendo la ley.

Los Parlamentos de los Estados miembros podrían poner al Tribunal de Justicia en el lugar que le corresponde si cada uno decidiera que esta sentencia no tiene efecto jurídico en sus respectivos países.

También deberíamos contar con un procedimiento democrático para el nombramiento de los jueces.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Esta sentencia reconoce que la Comisión, con el apoyo del Parlamento, acertó al anular la Decisión marco relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal. Reconoce que la protección del medio ambiente exige una acción concertada para castigar las vulneraciones más graves. En consecuencia, su objetivo y su sustancia son competencia de los programas de acción comunitarios en materia de medio ambiente (Tratado CE) y no de las disposiciones del Tratado de la UE sobre cooperación policial y judicial en materia penal.

En reconocimiento del hecho de que, en general, la Comunidad no tiene ningún poder en materia penal, se ha sentado un precedente útil por el cual, los asuntos del Tercer pilar son de la Comunidad y el control parlamentario se refuerza en un ámbito tan sensible como es el Derecho penal.

Las consecuencias son enormes, tanto para la aprobación de instrumentos jurídicos futuros como para los instrumentos jurídicos ya en vigor. Estos deberían basarse en un nuevo fundamento jurídico, el Primer pilar, que supone la participación del Parlamento como colegislador.

Se ha anulado una Decisión marco sobre medio ambiente, pero sus consecuencias se dejarán sentir más allá de este ámbito, en las políticas comunitarias y en las libertades fundamentales cuando sea necesario emplear medidas del ámbito del Derecho penal para garantizar su eficacia.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de septiembre de 2005 representa una verdadera revolución jurídica en lo que se suele denominar el ordenamiento jurídico comunitario. En efecto, es la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre cuestiones de competencia en materia penal y decide que la Unión Europea, con el fin de proteger el medio ambiente, puede exigir que los Estados miembros prevean sanciones penales en caso de infracciones graves. En principio, la legislación penal, al igual que las normas de procedimiento penal, es de la estricta competencia de los Estados. En virtud de esta decisión judicial, se acaba de comunitarizar parte del Derecho penal de los Estados miembros, y ello sin el acuerdo formal de los pueblos. Una armonización del Derecho penal que el doble «no» francés y neerlandés en el referendo sobre la Constitución había rechazado implícitamente. Pero hay cosas peores en perspectiva. Existe el riesgo de que esta jurisprudencia se extienda a todos los ámbitos comunitarios y, en particular, al relativo a los derechos supuestamente fundamentales, como la lucha contra las «discriminaciones» y el supuesto «racismo», la protección de los datos, el derecho de asilo o incluso las políticas migratorias. Esta evolución no va en el sentido de las libertades y es preocupante.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe trata de las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia C-176/03, que otorgó a la UE poderes para aprobar, conforme al Primer pilar, las sanciones necesarias de conformidad con el Derecho penal, para garantizar la aplicación total de las disposiciones del Primer pilar, en este caso, relativas al medio ambiente.

Sin embargo, el Tratado CE no contiene ninguna asignación de autoridad expresa en el ámbito del Derecho penal. Dada la gran importancia que el Derecho penal tiene para la soberanía de los Estados miembros, no debería permitirse la transferencia implícita de esta autoridad a la Comunidad. Y lo que es más, los artículos 135 y 280 del Tratado CE señalan expresamente que los Estados miembros son responsables de la aplicación del Derecho penal nacional y de la administración de la justicia. A pesar de ello, la Comisión ha indicado que no existe límite de la medida en que el Derecho penal puede pasar a ser competencia de la Comunidad y que, en principio, todos los ámbitos regulados por el Tratado CE puede ser objeto de dicha transferencia de autoridad.

Con la interpretación de los Tratados por parte del Tribunal de Justicia, los pilares quedan así fusionados en un único marco institucional, que era uno de los puntos de la Constitución Europea ahora rechazada. La Lista de Junio se opone firmemente a este debilitamiento de la autodeterminación nacional y, por tanto, ha votado en contra del informe.

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL), por escrito. (DE) Una vez más, el Tribunal de Justicia ha resuelto que el Consejo ha vulnerado el Tratado CE. El Consejo trataba de esquivar la participación del Parlamento en el proceso legislativo empleando un fundamento jurídico distinto al que se establece en el Tratado. Por tanto, no sorprende que haya sido condenado por los jueces de Luxemburgo; de hecho, era bastante previsible y cabe aplaudir esta decisión en todos los sentidos.

Ni que decir tiene que todas las instituciones han de estudiar la sentencia y tenerla en cuenta para sacar sus conclusiones de cara al futuro. Sin embargo, no entiendo qué consecuencias está sugiriendo la Comisión. Aunque el Tribunal de Justicia actuó con mucha prudencia y reiteró el principio de que la CE no tiene competencia primaria en el ámbito del Derecho penal y, por tanto, que el Tratado CE únicamente establece competencias legislativas complementarias en este ámbito para asuntos muy específicos, la Comisión parece pensar que puede extraer de la sentencia del Tribunal una competencia general de Derecho penal para la CE. Siguiendo la estela del Consejo, ahora la Comisión quiere también extraer competencias de los Tratados europeos que los Estados miembros nunca le otorgaron.

El planteamiento de la Comisión no solo es ilegítimo en muchos sentidos, sino que además resulta inaceptable por lo que respecta a la política de integración. Por tanto, el Parlamento ha acertado en mostrarle la luz roja a las propuestas de la Comisión por medio del informe de Giuseppe Gargani.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos se han abstenido en la votación sobre el informe Gargani, puesto que a la vez que apreciamos enormemente el intento del ponente de introducir una nota de cautela apropiada al tratar de determinar la aplicación correcta de la sentencia del Tribunal, no pensamos que sea necesario considerar si existe la necesidad de activar la «cláusula pasarela». Creemos que necesitamos más tiempo para considerar qué medidas deben tomarse, si procede, respecto a las ramificaciones específicas e inmediatas de esta sentencia antes de intentar utilizarla como pretexto para usurpar la competencia nacional en asuntos de justicia penal.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe es conforme a la sentencia del Tribunal y la respectiva Comunicación de la Comisión. Al igual que la Comisión Europea, el informe interpreta esta sentencia como una concesión de autoridad para introducir disposiciones de carácter penal en todas las políticas comunitarias que incluyen normas vinculantes, con el fin de garantizar que estas se aplican. Esto es un paso importante hacia la introducción de unas normativas penales mínimas a escala comunitaria a través de las instituciones legislativas de la Unión, o lo que es lo mismo, la «comunitarización» del Derecho penal. En particular, el apartado 4 propone básicamente la adopción de un Derecho penal común en el ámbito de la UE, privando así a los Estados miembros de su derecho soberano exclusivo de establecer por sí mismos qué tipo de comportamientos consideran un delito penal, así como de su derecho a establecer el tipo y los límites de las sanciones penales. En este sentido, se está restringiendo gravemente uno de los elementos constitutivos fundamentales de la soberanía básica nacional, y se está volviendo a introducir por la puerta de atrás una de las características fundamentales de la filosofía de la Constitución europea, a saber, la precedencia del Derecho comunitario sobre las leyes nacionales y la Constitución de cada país, para imponer así a los ciudadanos de Europa la voluntad y las ambiciones políticas estratégicas del capital monopolista europeo, que ahora se han elevado a categoría de ley.

Por ello hemos votado en contra del informe.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Voto a favor de la propuesta del señor Bonde de presentar una resolución alternativa, ya que critica el hecho de que el Tribunal de Justicia esté tratando de utilizar la legislación comunitaria en materia de medio ambiente como trampolín para permitir a la UE asumir poder en una buena parte del Derecho penal. Sin embargo, no me opongo categóricamente a todos los tipos de normas en el ámbito del Derecho penal encaminadas a luchar contra los delitos medioambientales transfronterizos. Puede que a veces sean necesarias para, por ejemplo, hacer frente a los barcos en el mar que están destruyendo el medio ambiente.

- Informe: Ždanoka (A6-0189/2006)

  Lasse Lehtinen (PSE). – (FI) Señor Presidente, cuando se debatió el informe de la señora Ždanoka, me pareció importante que no prosperaran las enmiendas presentadas para el punto 11, pues no tenían nada que ver con la no discriminación, por lo que he votado con la mayoría.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, también este mes podemos sentirnos afortunados una vez más por el enésimo informe utópico contra el racismo y la discriminación, en esta ocasión de Tatiana Ždanoka. El documento es, nuevamente, un catálogo de los tópicos políticamente correctos que de forma lenta pero segura se están convirtiendo en la especialidad de esta institución. Nuevamente nos bombardean con los fantasmas del racismo y la discriminación, así como con apelaciones a la legislación europea y a obligar a que los Estados miembros discriminen a los verdaderos ciudadanos europeos a favor de los no europeos, quienes, según este informe, no solo deberían recibir los mismos derechos políticos y sociales, sino que además deberían obtener un trato preferente en diversos ámbitos.

Hay en esta Cámara una aparente falta de sentido común, si no nos damos cuenta de que el verdadero racismo en Europa es afortunadamente un fenómeno muy marginal, y de que, por otra parte, nuestros ciudadanos están preocupados por el debilitamiento y la erosión de la seguridad, el bienestar y la identidad cultural a los que tienen derecho.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe de la señora Ždanoka porque nuevamente nos encontramos ante una lista de propuestas que no ofrecen ninguna solución al problema, sino que son, de hecho, parte de él. De una vez tenemos que dejar de considerar a los grupos minoritarios, como los inmigrantes, como personas que nos dan pena. De entrada, tenemos que dejar de echarle la culpa de sus problemas a la discriminación. Este discurso de izquierdas lo único que ha conseguido es agravar los problemas. Lo que necesitamos es un cambio total de acción. Hemos de destacar la responsabilidad personal y la necesidad de que los inmigrantes se adapten a nuestras normas, nuestra lengua, nuestros criterios y nuestros valores.

El mero hecho de que en esta Cámara hablemos continuamente sobre discriminación debilita el impulso para que los inmigrantes se integren. Puede que esto favorezca al creciente sector de la antidiscriminación, pero va en detrimento de los inmigrantes, así como de los países en los que se han establecido.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio se opone a todo tipo de discriminación, ya sea basada en el género, raza, origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.

Por tanto, hemos decidido respaldar el informe en su conjunto, para mostrar nuestro apoyo a que todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE puedan gozar del derecho fundamental de no estar sometidos a la discriminación, aunque no estemos de acuerdo totalmente con todas las formulaciones y por tanto hayamos votado en contra de ellas.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo somos grandes defensores de la igualdad de oportunidades para todos. No obstante, nos hemos abstenido en este informe porque es excesivamente detallado y prescriptivo, y cuando propone medidas específicas no está nada claro que dichas medidas ayudaran a los Estados miembros a desarrollar una política coherente contra la discriminación.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Las principales propuestas contenidas en este informe cuestionan tres valores fundamentales de las democracias europeas:

- «la acción positiva», versión europarlamentaria de la «discriminación positiva» querida al señor Sarkozy, rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos de un mismo país. Las medidas propuestas, como «el acceso prioritario a determinadas profesiones», constituyen una discriminación para los nacionales de nuestros países, que no tendrían la suerte de ser inmigrantes;

- «la participación de los no ciudadanos en las elecciones», es decir el derecho al voto de los extranjeros, destruye el principio mismo de nacionalidad;

- la voluntad de dar, en todos los Estados miembros, los mismos derechos a las parejas homosexuales equivale a exigir para ellos el derecho al matrimonio y a la adopción. Esta exigencia, de ser satisfecha, rompería los fundamentos de la familia, célula de base de toda sociedad.

Atento a la suerte de las poblaciones de inmigrantes y de las parejas de homosexuales, este informe no dice ni una palabra de otras discriminaciones escandalosas:

- la discriminación que padecen decenas de millones de personas honradas, víctimas de la inseguridad porque no tienen la suerte de vivir en los barrios protegidos;

- la discriminación que en Francia priva a los millones de electores del Frente Nacional de toda representación en el Parlamento.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Deseo felicitar a la señora Ždanoka por su importante informe sobre una estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos, a la que ofrezco mi total apoyo. Es especialmente bienvenido el llamamiento lanzado a los Estados miembros para que tomen la debida nota en su prácticas legislativas de los diversos motivos de discriminación, con vistas a otorgar credibilidad a la Carta, que hasta ahora se ha debilitado por el hecho de no ser jurídicamente vinculante.

La lucha contra la discriminación debe basarse en la educación, la promoción de las mejores prácticas y las campañas dirigidas al público general y los ámbitos y los sectores en los que se produce la discriminación. La sensibilización del impacto social del fenómeno es probablemente la forma más eficaz de luchar contra la discriminación.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe, que establece que la lucha contra la discriminación debe basarse en la educación. El informe fomenta la promoción de mejores prácticas y campañas dirigidas al público en general y a aquellas zonas y sectores en los que existe discriminación. Dado que esta discriminación se deriva en gran parte de la ignorancia con respecto a otras personas, el informe señala el hecho de que el problema debería atajarse en su origen mediante actuaciones destinadas a fomentar la tolerancia y la diversidad desde la infancia; a este respecto, programas como Sócrates, Leonardo y Jeunesse tienen que desempeñar una función capital.

Este informe explica que deberían tomarse medidas positivas para renovar las políticas y las prácticas de contratación con el fin de eliminar aquellas que impiden la participación y el desempeño de funciones importantes en la sociedad por parte de los grupos desaventajados.

Lamento que la Comisión no tenga previsto en este momento elaborar una legislación exhaustiva para combatir la discriminación, dado que las tradicionales minorías nacionales necesitan urgentemente una norma política marco para lograr una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que afectan a su identidad, no solo para superar el doble rasero que establecen los criterios de Copenhague, sino también para combatir la falta de normas en los Estados miembros.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Luchar contra toda forma de discriminación es un ejemplo más de legislación supuestamente progresista adoptada por la Unión en el ámbito social.

Hoy, en respuesta a un Libro Verde de la Comisión, el Parlamento aprueba un informe de iniciativa que ofrece su visión de los medios que deben emplearse para luchar contra las discriminaciones, en la sociedad o en el lugar de trabajo. Ya en 2000, la Unión adoptó dos directivas (2000/43 y 2000/78) que forzaban a los Estados miembros a dotarse de un aparato legislativo y judicial capaz de frenar este fenómeno. Aunque de este modo se reforzaron mucho todas las legislaciones nacionales, todavía quedan esfuerzos por realizar, en especial en materia de educación.

El Parlamento avanza, así, toda una serie de iniciativas para luchar contra las distintas formas de discriminación, directas o indirectas, ya estén basadas en el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la orientación sexual o las creencias religiosas. La idea es promover mejores prácticas para evitar que terminemos en una «discriminación positiva» o una lógica de cuotas, preconizada por algunos.

La UE dispone de pocas competencias en materia social, pero hemos de constatar que toma la delantera cuando tiene los medios para hacerlo. Tenemos aquí un texto ambicioso, que deja de nuevo con un palmo de narices a quienes critican a Europa por no tener una dimensión social.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe de la señora Zdanoka porque la Unión Europea debe contar con una estrategia firme contra la discriminación. En efecto, en todas partes de Europa se registran actos odiosos, discursos de odio e incluso manifestaciones de violencia. La Unión Europea debe disponer de una estrategia a favor de la igualdad de oportunidades, para poner fin a todas las discriminaciones.

Esta estrategia europea puede traducirse en algunos casos en la utilización de medidas de acción positiva. No obstante, pienso que la acción positiva es diferente de cualquier discriminación positiva y el informe lo dice explícitamente en su artículo 2. En efecto, no podríamos alentar la lucha contra la discriminación creando una nueva forma de discriminación. La acción positiva permite, por el contrario, llamar la atención de determinados grupos desfavorecidos sobre medidas específicas que les conciernen, por ejemplo en materia de políticas de contratación.

Por último, el Parlamento recuerda de nuevo en este texto que la discriminación contra las parejas del mismo sexo, casadas o registradas, debe prohibirse, del mismo modo que cualquier otro tipo de discriminación, en particular cuando esas personas hacen valer su derecho a la libre circulación en el territorio de la Unión Europea.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) A pesar de que hay puntos en los que la ponente desea otorgar a la UE demasiado poder y en los que se pone en cuestión la práctica jurídica nacional, lo que predomina son los aspectos positivos de este informe contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos. El informe es, en su conjunto, constructivo, y por tanto voto a favor del mismo.

- Bulgaria y Rumanía (B6-0343/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, aunque opinamos que Rumanía y Bulgaria pertenecen sin ningún género de dudas a la familia de naciones europea y se ha de tener una perspectiva europea, no prevemos que los dos países sean capaces de resolver sus numerosos problemas de corrupción y delincuencia organizada en unos cuantos meses. Especialmente en el caso de Bulgaria, está usted muy equivocado si alienta la esperanza de que el país sea capaz de emprender acciones más eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada dentro de sus fronteras como Estado miembro de la UE. Los problemas en este ámbito pueden ir incluso a peor, y ejercer más presión sobre los otros Estados miembros. Las preocupaciones y los temores justificados de los ciudadanos europeos no se han tomado en serio, y lo que se les ha venido encima es una ampliación avalancha sin tenerlos en cuenta, con una vía automática de facto a la ampliación. Yo no puedo aceptar eso, y por tanto no he aprobado esta resolución.

  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) Me he abstenido sobre la resolución común relativa a la adhesión de Bulgaria y Rumanía porque no veo claro el interés de tomar una posición en este momento.

Personalmente habría preferido que el Parlamento Europeo esperase, antes de pronunciarse, el informe de seguimiento que la Comisión presentará a comienzos del mes de octubre de este año.

Si en ese momento resulta que la Comisión expresa serias reservas sobre la conveniencia de la adhesión el 1 de enero de 2007 de uno u otro de esos países, no veo la utilidad de la resolución votada hoy. El ritual mágico de este Parlamento no es, a mi entender, una prueba de buena salud democrática.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a ser claro. En mi opinión, Rumanía, Bulgaria y, a ese respecto, Turquía, podrían cumplir los criterios de pertenencia a la Unión Europea. Lo que me preocupa es que a los dos primeros todavía les queda camino por recorrer, en mi opinión, antes de poder unirse a la Unión. Tienen problemas con la corrupción y el Estado de Derecho. Es importante que ambos países sigan consolidando la reforma en curso de sus sistemas de justicia, reforzando la transparencia, la eficacia y la imparcialidad de su poder judicial.

En el caso de Bulgaria también existe una discriminación continua y extendida de la comunidad romaní con respecto a la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación y el empleo. Sufren exclusión social.

Observo que sobre la base de la postura del Parlamento, lo único que podemos hacer es retrasar la adhesión de 2007 a 2008. De momento, si se diera la oportunidad, yo tendría que votar a favor del retraso de la adhesión de Bulgaria y considerar detenidamente mi postura con respecto a Rumanía.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las sucesivas fases de ampliación han sido un éxito rotundo en la historia de nuestro continente.

En general, esto puede atribuirse a dos factores. Por un lado, está la voluntad constante, la preparación y la habilidad de los Estados miembros para atraer nuevas asociaciones al proyecto en todo momento, con todas la ventajas y las cargas adicionales que toda fase de ampliación supone. Por otro lado, este proceso ha sido un éxito debido a los efectos positivos de las perspectivas de adhesión. La historia de Europa de los últimos 50 años ha sido principalmente la historia de un continente que poco a poco ha ido adoptando los antiguos valores democráticos occidentales debido a las expectativas de adhesión.

Por lo tanto, debemos extraer dos conclusiones con respecto a las perspectivas de adhesión de Bulgaria y Rumanía. Primeramente, el deseo de la UE de proceder con esta ampliación debería ser total y el calendario final debería fijarse en el próximo Consejo Europeo. En segundo lugar, debe quedar claro que la adhesión solo se producirá cuando se cumplan debidamente las condiciones. Nuestras peticiones están justificadas y han producido resultados. Así se deduce de los progresos realizados por Rumanía durante el año pasado.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La presión sobre Bulgaria y Rumanía está aumentando para garantizar que sus gentes se sometan totalmente a los dictados de la UE, de forma que puedan imponerse condiciones más onerosas para que a la plutocracia le resulte más fácil explotar a los trabajadores..

La adhesión a la UE de Bulgaria y Rumanía se está imponiendo junto con la ampliación de la OTAN, la exigencia de la participación de las fuerzas armadas y la claudicación de los derechos soberanos de estos países a los audaces planes imperialistas de Estados Unidos, la OTAN y la UE, a expensas de los ciudadanos.

La continua adaptación de las condiciones de adhesión al acervo comunitario para cumplir con la Estrategia de Lisboa, la reforma de la PAC, las reestructuraciones capitalistas y la política de la UE generalmente más contra a las bases y contra los obreros está generando unas condiciones tremendamente malas para los trabajadores, con cambios radicales en los derechos sociales y laborales.

Los ciudadanos de estos países se dan cuenta cada día que pasa de que no pueden esperar nada positivo de su adhesión a la UE.

La propuesta de resolución del Parlamento Europeo apoya la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la unión imperialista y su claudicación a los planes de la UE y una política claramente contraria a las bases populares, y por este motivo el Grupo Parlamentario europeo del Partido Comunista Griego votará en contra de ella.

- Próximos pasos para el período de reflexión (Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006) (B6-0327/2006)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) En su último discurso hace unos minutos, tal vez sin ser consciente de ello, el señor Barroso ha puesto el dedo en la llaga. Ha dicho que la Unión Europea no podría ampliarse y profundizarse en contra de la voluntad de los ciudadanos europeos. Eso es cierto. Es lamentable que esta conclusión no haya dado pie más que a una charla estimulante, especialmente porque todos sabemos perfectamente dónde duele de verdad.

Permítanme señalárselo: la falta de legitimidad democrática del proyecto europeo, las grandes dudas sobre el gasto sensato del dinero europeo y, sobre todo, esas negociaciones de adhesión con Turquía que nuestros ciudadanos no aceptan y nunca lo harán y a favor de las cuales jamás lograremos una mayoría democrática entre nuestros ciudadanos. Europa no puede volver a encarrilarse antes de hacer algo al respecto.

  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) Otro debate fatigoso dominado por los fanáticos de una Constitución fracasada y rechazada que son duros de mollera. Creen que jurando repetidas veces fidelidad a lo que los votantes han repudiado, cuando se les ha permitido, de alguna manera lo resucitarán. Al votar en contra de la resolución, de nuevo me pongo del lado del ciudadano que quiere menos Europa y no más, derechos estatales en lugar de control por parte de Bruselas y poder local en vez de central. El grado de energía desperdiciado por los líderes políticos de Europa al intentar imponer una Constitución no deseada a nuestros ciudadanos es monumental. Puede que el rechazo no sea agradable, pero hay que afrontarlo.

  Jana Bobošíková (NI), por escrito. (CS) He votado en contra de esta propuesta de resolución, entre otras cosas porque hoy la policía alemana ha tomado medidas sin precedentes contra ciudadanos de la República Checa. La policía ha denegado la entrada a Alemania a docenas de hinchas de fútbol que querían asistir a la Copa del Mundo 2006. En mi opinión, este hecho es contrario a la libre circulación de ciudadanos en la Unión Europea y al Tratado de Maastricht. Creo que varios diputados y diputadas pedirán junto conmigo al Gobierno alemán que explique cómo es posible que haya podido pisotear los principios básicos de la existencia de la Unión Europea. Ya he formulado preguntas a la Comisión y al Consejo a este respecto.

  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) Esencialmente, quiero decir que me niego a que enterremos hoy el proyecto de Tratado Constitucional.

Rechacemos esta preocupación omnímoda e insana por el fracaso. Démonos la oportunidad de avanzar. Continuemos el proceso de ratificación, a fin de alcanzar el umbral de las cuatro quintas partes previsto en la declaración nº 30.

En ese caso, como sabemos, el Consejo Europeo deberá hacerse cargo de la cuestión. Entonces tendrá claramente más cartas en la mano que hoy para examinar, en particular:

- si y en qué condiciones podrían reanudarse las ratificaciones en los países en los que los referendos se saldaron con un resultado negativo;

- cómo salvaguardar, al menos, las partes del texto que hacen jurídicamente vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales, las que permiten a la Europa ampliada funcionar mejor o incluso las que incrementan la función social de la Unión.

Que no se diga que una mayoría de ciudadanos está en contra de esos aspectos del texto, no lo creo.

Cierto, disgustan a quienes son maestros en el arte de la duda y la desmoralización. Pero, personalmente, quiero relanzar el círculo virtuoso del proceso de integración europea.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado en contra de esta resolución porque insiste en el apoyo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. La idea de mantener el compromiso global con el Tratado, que diverge de la opinión expresada por los ciudadanos de Francia y de los Países Bajos en los referendos del año pasado, es inaceptable.

¿Cómo podemos seguir hablando de la necesidad de profundizar en la democracia cuando no se respetan decisiones tomadas libremente por los ciudadanos en referendos democráticos? Este tipo de hipocresía demuestra el profundo abismo que existe entre los ciudadanos y la elite de las instituciones comunitarias.

También nos oponemos a la campaña de propaganda en forma de una serie de foros parlamentarios para cumplir los plazos, en los que solicitan una «solución constitucional», como confirma la propuesta de resolución, cuando se convoquen las elecciones al Parlamento en 2009.

Debería haberse prestado mayor atención a los problemas sociales y al logro de una solución generalizada para las aspiraciones de los ciudadanos, con el fin de mejorar el bienestar, el desarrollo y la cohesión económica y social.

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy hemos votado a favor de la propuesta de resolución del señor Leinen sobre el próximo paso durante el período de reflexión y análisis en relación con el futuro de Europa. No obstante, como hemos señalado anteriormente, no consideramos que la Carta de los Derechos Fundamentales deba ser legalmente vinculante.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación final sobre la resolución sobre el futuro de Europa. Considero esta resolución superflua e incluso contraproducente. Como defensor del Tratado Constitucional, espero que los veinticinco Jefes de Estado o de Gobierno hagan honor a su firma y sometan el proyecto a la ratificación de sus respectivos países. Los pueblos de Francia y los Países Bajos han votado «no». Antes de pedir a esos Estados que reconsideren su voto, si procede, es preciso que, después de Finlandia, se pronuncien los demás Estados rezagados, empezando por el Reino Unido, Polonia, Suecia, Portugal, Irlanda y Dinamarca. El futuro de Europa también depende de su elección. La Unión Europea no podrá ahorrarse ese debate.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) ¿Cuántas veces habrá que repetir aquí que la Constitución europea murió dos veces: una el 29 de mayo de 2005 en Francia y otra el 2 de junio en los Países Bajos? El «no» de los franceses y los neerlandeses fue claro, y se pronunció con pleno conocimiento de causa. Gracias a la organización de referendos, los ciudadanos se adueñaron del texto. Rechazaron tanto la forma (el superestado) como el fondo (las políticas ultraliberales propuestas), por no hablar de la ampliación a Turquía. ¿Han oído ustedes? ¿Han escuchado? ¿Han comprendido? Ni siquiera se han tomado la molestia, como demuestra el texto sometido hoy a votación.

Alientan a los Estados que todavía no lo han hecho a ratificar un texto que no tiene ya razón de ser, preferiblemente por vía parlamentaria, para que el debate solo se instaure realmente entre iniciados y se pueda forzar a los dos Estados «renegados» a que voten de nuevo sobre una Constitución. El plan D, cuya aplicación piden, es en realidad un plan de desinformación y denegación de democracia. La verdadera democracia que buscamos en este caso no es participativa, ni siquiera representativa. Es una democracia referendaria, y esto es sin duda lo que les da miedo: dar a los pueblos la palabra que les han quitado.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El proyecto de Constitución fue rechazado en los referendos de Francia y los Países Bajos. De eso no cabe duda. Dos países han dicho «no» en los referendos y lo han hecho por amplia mayoría y con un alto grado de participación. El hecho de que la elite de la UE que ostenta el poder esté intentado soslayar ahora esta situación es un escándalo democrático. Los políticos y altos cargos están debatiendo ahora abiertamente cómo sortear los resultados de estos referendos. Tienen la poca vergüenza de plantear su propia interpretación de los resultados en términos de insatisfacción con los Gobiernos establecidos en los dos países. Están empezando a contar cuántos países han dicho «sí», a pesar de que está claro que deben aprobar el proyecto todos los países.

Rara vez ha sido tan patente el abismo existente entre la elite política y los ciudadanos en cuestiones de la UE. Todo indica que de haberse celebrado un referendo en Alemania, el resultado también habría sido negativo. Lo mismo cabe decir, por ejemplo, del Reino Unido, Suecia y Dinamarca, y quizás de algunos países más.

Los resultados democráticos son meros contratiempos para quienes han perdido la votación porque no cuentan con el apoyo popular. Intentemos, pues, elaborar un nuevo tratado que ponga el acento en la cooperación intergubernamental de la Unión Europea.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El período de reflexión se ha utilizado para convencer a los ciudadanos de que acepten la llamada «Constitución Europea», rechazada por Francia y los Países Bajos con un 54,7 % y un 61,6 % de los votos, respectivamente, y en el proceso se han gastado millones de euros del presupuesto, o dicho de otro modo, del dinero de los contribuyentes.

Se ha distribuido propaganda en el sentido de que los ciudadanos de Francia y los Países Bajos cometieron un error y que los valores de la UE capitalista tienen prioridad, o dicho de otro modo, los valores del mercado libre y los intereses del capital. No obstante, los votantes decidieron a la luz de su experiencia práctica y se alzaron contra la política antipopular y reaccionaria de la Unión Europea y sus Gobiernos, política que favorece a la plutocracia.

La política de la Unión Europea está en tela de juicio y eso es positivo. Por ese motivo, otros Gobiernos han tenido miedo de celebrar referendos y otros han buscado la aprobación de la Constitución Europea por la vía parlamentaria.

El intento de reintroducir la Constitución Europea con otro nombre es señal de desprecio por el veredicto del pueblo y se burla de los ciudadanos. La Constitución Europea está muerta, e intentar resucitarla es saltarse a la torera incluso los principios de la unanimidad de la pseudodemocracia burguesa de la UE.

Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista griego harán uso de este período de reflexión ampliado para seguir informando y revelar la inhumanidad y la barbarie de la política de unificación europea y al mismo tiempo pedirán a los ciudadanos que luchen por derribarla.

  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. (IT) Se ha progresado en la construcción de una Europa unida y más coherente, pero sigue habiendo barreras para lograr muchos de los objetivos que nos hemos impuesto. Además de reuniones para examinar la situación, no ha habido ningún tipo de reflexión sobre el Tratado Constitucional entre el Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión con objeto de examinar las razones y las críticas de aquellos que, tras la ratificación por parte de algunos Estados miembros, el rechazo de otros y el silencio de otros países, han destacado la insuficiencia de algunas partes del texto y la naturaleza confusa del texto en su conjunto.

Los europeos tienen cada vez más dudas sobre el aspecto legalmente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales, que carece de referencias importantes como la protección de la familia. El tema de nuestras raíces también sigue sin resolver. No queremos una situación en la que, al no querer saber de dónde venimos, Europa no está segura del rumbo que debe tomar. La inseguridad plantea un número creciente de amenazas externas e internas para la Unión, a resultas del terrorismo internacional y la inmigración ilegal descontrolada. La crisis en una sociedad que pierde sus valores y puntos de referencia está ocasionando que muchos jóvenes adopten actitudes apáticas o violentas. La incapacidad para facilitar el desarrollo, habida cuenta de la incapacidad de gestionar los procesos de globalización y de ofrecer el impulso necesario a un modelo de desarrollo dinámico que aborde los problemas existentes a escala europea e internacional…

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 163 del Reglamento)

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) En primer lugar, el debate sobre el futuro de Europa no se reduce simplemente al debate constitucional, como tampoco el debate sobre el Tratado Constitucional abarca la totalidad del debate sobre el futuro de Europa.

No creo que esto tenga más encanto y atractivo para los ciudadanos. Es necesario, aunque tengo mis dudas con respecto a su urgencia. Sin duda ese debate debería celebrarse a la vista de todos los ciudadanos.

No obstante, en mi opinión, lo que es imperativo es actualizar y consolidar el modelo estructural de toma de decisiones de la Unión Europea en un marco democrático y que respete la diversidad y la identidad nacionales, puesto que a la Unión Europea en su configuración actual le resulta difícil hacer frente a las realidades de la vida con 25 Estados miembros, por no hablar de 27, 28 o 29.

Por ello considero que la solución se encuentra en un nuevo debate cuando las sociedades más hostiles a esta propuesta demuestren que están preparadas. Puede que esto también adopte la forma de restricción del ímpetu «constitucional» hacia una reforma institucional más modesta y realista que es vital para la nueva vida de la UE.

No obstante, es más importante la necesidad de una respuesta a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos, especialmente desde el punto de vista económico. Hay una falta de política, falta de resultados y falta de crecimiento y empleo en una economía que está irremisiblemente en la vía del cambio. La verdad es que para nuestros ciudadanos estos retos tienen prioridad sobre la Constitución.

  Gary Titley (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) reconoce que el Tratado Constitucional propuesto aborda numerosas cuestiones importantes que hay que resolver para que una Unión Europea de 25 o más Estados miembros funcione de manera eficaz y democrática.

No obstante, nos hemos abstenido en la votación sobre esta resolución porque creemos que intenta prejuzgar los resultados del período de reflexión y porque podría considerarse que no muestra una sensibilidad suficiente con respecto a los resultados democráticos de los referendos francés y neerlandés. Creemos que para la Unión Europea es más importante generar beneficios tangibles para sus ciudadanos antes que volver a las reformas estructurales para mejorar el proceso de toma de decisiones.

  Brian Crowley (UEN). – (EN) Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento y para aclarar lo que he dicho anteriormente, durante la votación sobre el período de reflexión, en la votación por partes del apartado 2 de la enmienda 2, usted ha solicitado una votación nominal pero después ha cambiado de opinión y ha dicho que se comprobaría la primera parte de la votación por partes. Lamentablemente, la interpretación no ha llegado a tiempo, con lo cual el voto que he emitido con respecto a la primera parte debería haber correspondido a la segunda parte. Yo estaba en contra de la parte dos, pero a favor de la parte uno. Muchos de mis colegas y yo nos hemos visto atrapados en este dilema.

Me gustaría que quedara constancia –ya sé que la votación no puede realizarse de nuevo– que aquellas de sus Señorías que han votado lo han hecho por error.

  El Presidente. – Puede haber correcciones de voto, en efecto.

Dicho esto, he recibido una serie de informaciones de colegas diputados en el sentido de que las cosas se desarrollaron del modo más claro. Me parece que a veces es bastante fácil culpar a la interpretación. Por tanto, su Señoría puede modificar su voto, por supuesto, pero considero que las cosas se desarrollaron con toda normalidad.