El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la vigilancia de las transferencias de datos bancarios del sistema SWIFT por los servicios secretos estadounidenses.

  Paula Lehtomäki , Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, Señorías, este asunto es importante en aspectos, pero el Consejo, lamentablemente, no puede confirmar la información que han difundido últimamente los medios de comunicación con respecto a la transferencia de datos entre el sistema SWIFT y los Estados Unidos, ni tampoco comentarla.

Como todos los presentes sabemos, el Consejo no dispone de medios para investigar actuaciones contrarias a la ley aplicable en este caso. Las autoridades nacionales son responsables de este tipo de investigación. Por otro lado, cuando se trata de acciones que contravengan la legislación comunitaria, la responsabilidad recae en las autoridades nacionales y la Comisión, bajo la supervisión de los tribunales nacionales y comunitarios. El Consejo da por supuesto que la actual cooperación entre empresas privadas como SWIFT y las autoridades estadounidenses será conforme a la ley aplicable y respetará los derechos fundamentales.

El Consejo, al igual que el Parlamento, es un órgano legislador y, como tal, quisiera recordar al Parlamento una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos. Dicho reglamento se está debatiendo tanto en el Parlamento como en el Consejo. Una vez aprobado, será de aplicación a las transferencias de fondos en cualquier divisa remitidas o recibidas por cualquiera que preste servicios de pago con sede en la Comunidad. El artículo 14 de la propuesta de reglamento establece que todos los prestadores de servicios de pago han de responder sin demora y rigurosamente a las peticiones efectuadas por las autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en el Estado miembro donde tengan su sede relativas a los datos sobre los ordenantes que acompañan a las transferencias de fondos y que se deben revelar, y al almacenamiento de esa información.

El Consejo considera que dicho acto comunitario, conforme a los derechos fundamentales, fortalecerá el marco legislativo necesario para impedir la circulación de flujos de dinero negro por el canal de las transferencias de fondos, que puede dañar la estabilidad y el prestigio del sector financiero. Al mismo tiempo, el reglamento impedirá cualquier tipo de acción ilegal dirigida contra el sistema financiero comunitario. Dado que se trata de una actividad muy generalizada y con fuertes repercusiones, los Estados miembros no podrán desarrollar de forma adecuada los objetivos del citado reglamento; esto se logrará mejor a escala comunitaria. Por lo tanto, urge aprobar dicho reglamento.

Este se debe aprobar por el procedimiento de codecisión. El 6 de diciembre de 2005, el Consejo llegó a un acuerdo sobre el planteamiento general de la propuesta. Tras algunas reuniones oficiosas entre representantes del Parlamento, el Consejo y la Comisión, la Presidencia espera que pronto se alcance pueda alcanzar un acuerdo de compromiso sobre el conjunto del reglamento. Vamos a seguir atentamente la labor legislativa encaminada a evitar, entre otras cosas, la actividad ilegal e injustificada contra el sistema financiero.

La Comisión también está debatiendo la propuesta de una Decisión marco del Consejo sobre la protección del tratamiento de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en los asuntos penales. La Comisión presentó su propuesta el 4 de octubre de 2005. El objeto de la decisión marco es garantizar que los datos personales de los ciudadanos europeos gocen de un elevado nivel de protección. Esto requiere disposiciones comunes que permitan determinar la legalidad y calidad de los datos tratados por las autoridades competentes en los Estados miembros. Aunque no será directamente aplicable al sistema financiero, la propuesta contemplará la protección de datos personales y, también puede ser importante para un caso que se está examinando. Los órganos competentes en el Consejo están examinando la propuesta.

Señor Presidente, Señorías, creo que compartimos la voluntad común de proteger a los ciudadanos europeos, no solo del terrorismo, sino también de cualquier tipo de actividad ilegal dirigida contra el sistema financiero europeo, también en relación con las medidas y la normativa comunitarias.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, sobre este asunto tan delicado, la Comisión dispone por el momento de información parcial, que hemos solicitado sea completada a la mayor brevedad, en relación con los hechos exactos sobre la forma en que las autoridades estadounidenses han tenido acceso a los datos sobre transacciones financieras de SWIFT. Por ahora parece que se ha tratado de una transferencia de información financiera entre empresas privadas desde la UE hacia los Estados Unidos.

Entiendo que fueron informados varios organismos en Europa, incluido el Banco Central Europeo. Cito una declaración del Tesoro norteamericano, hecha pública el 23 de junio: «SWIFT cuenta con la supervisión de una comisión creada por los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y la principal entidad supervisora, el Banco Nacional de Bélgica. Las entidades supervisoras han sido informadas acerca de la participación de SWIFT con el Tesoro y de las salvaguardias y garantías instituidas». Repito que estoy citando una declaración del Tesoro estadounidense.

Puedo asegurarles que esta información, de la que he tenido ahora conocimiento, no había sido facilitada previamente a la Comisión, ya que la transferencia de dicha información financiera está supeditada a la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos. Las autoridades nacionales son las principales responsables de la correcta aplicación de las normas sobre protección de datos. Confío en que los Estados miembros europeos emprendan todas las acciones necesarias para garantizar que su legislación nacional sobre protección de datos se aplique de forma adecuada y se cumpla estrictamente. Constato que el Primer Ministro belga ya ha solicitado al Ministerio de Justicia que inicie la investigación y que la Comisión supervisora belga de protección de datos está actuando igualmente para evaluar las circunstancias en la que se ha producido esta transferencia concreta.

En cualquier caso, la Comisión va a seguir muy de cerca la evolución de los hechos y, en caso necesario, haremos uso pleno de nuestros poderes recogidos en el Tratado. Recalco que, en estos momentos, no sé si eso sería conveniente, ya que antes hemos de conocer por boca de las autoridades belgas qué ha ocurrido exactamente, cómo y por qué.

Tal como manifestó mi colega, el señor McCreevy, el lunes ante este Parlamento, el Reglamento relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos, que va a someter a votación mañana, contiene salvaguardias adecuadas sobre protección y acceso a los datos por parte de las autoridades competentes. He recordado que el Supervisor Europeo de Protección de Datos elaboró una valoración positiva y que no detectó ningún motivo de alarma sobre la protección de los datos. Pienso, por tanto, que el asunto SWIFT no debería retrasar el Reglamento relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos, cuya aprobación resulta vital para detectar la financiación terrorista.

Permítanme finalizar subrayando una vez más mi compromiso con la lucha contra el terrorismo y la identificación de los métodos utilizados para financiarlo, actuando por supuesto totalmente dentro del Estado de derecho y en consonancia con nuestros derechos fundamentales.

(Aplausos)

  Eva Klamt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señora Lehtomäki, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ha afirmado que, en respuesta a una solicitud del Departamento de Hacienda estadounidense, ha transmitido a las autoridades estadounidenses un número limitado de datos relativos a transferencias monetarias internacionales. Esta información está disponible en el sitio web de dicha sociedad. Además, conforme a la declaración de la empresa de datos belga, la cooperación con las autoridades tiene como finalidad impedir el uso indebido del sistema financiero internacional.

El Gobierno belga –por lo menos, según informa la prensa– ya está investigando si las actividades de investigación del Gobierno de los Estados Unidos han infringido la legislación nacional, como acaba de cómo acaba de comentar el Comisario Frattini. La Ministra de Justicia belga también ha iniciado investigaciones sobre este asunto y su departamento es el indicado para investigar este tipo de asuntos, por lo menos en las fases iniciales, ya que, conforme a la legislación vigente, la responsabilidad de actuar y llevar a cabo las investigaciones recae sobre el sistema judicial belga.

Después de considerar atentamente lo que acaba de repetir el Comisario y habida cuenta del grado de conocimiento que tenemos sobre el asunto en el momento actual, he de llegar a la conclusión de que no sabemos nada con certeza, y todavía no hemos llegado al punto en el que estaríamos obligados a investigar. Sabemos que existen normas sobre la protección de datos civiles para el ámbito de toda la Unión y –al menos, según la información de que dispongo– la legislación europea prevista sobre el tratamiento de datos privados en relación con el enjuiciamiento penal y la guerra contra el terrorismo por el momento solo incluirá normas sobre la gestión de los datos sensible por parte de las autoridades estatales y, por consiguiente, pienso que deberíamos proponernos comenzar a aplicar con carácter de urgencia la legislación europea, una vez aprobada, para intervenir y adoptar medidas en cuanto se presente la oportunidad.

  Martine Roure, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, hemos sabido, por periodistas de investigación, que las autoridades estadounidenses han implantado al parecer un programa de observación de las transacciones financieras procesadas por la entidad bancaria SWIFT, a efectos de combatir la financiación del terrorismo. Estos hechos han sido confirmados por el propio Presidente Bush y la propia SWIFT.

La protección de los datos no es un obstáculo al trabajo de las autoridades policiales, sino que su función es garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Al parecer, los Estados europeos no estaban informados de estas actividades, pero el Banco Central Europeo –y usted lo ha dicho, señor Vicepresidente– tenía por lo visto conocimiento de ellas. El Banco Central Europeo es una institución europea. Debe someterse a la legislación de protección de datos, y por ello deseamos que el Supervisor Europeo de Protección de Datos verifique lo antes posible si el Banco Central Europeo ha respetado las leyes.

Por último, debemos asegurarnos de que no exista un vacío jurídico en la legislación sobre la protección de los datos personales. Aunque todavía no tenemos un texto europeo que regule la protección de los datos en el marco de las actividades policiales, la legislación vigente exige el respeto del Derecho nacional para todos los intercambios de datos previstos en el marco de la seguridad pública. Y esos intercambios deben ser autorizados por los Estados miembros.

Llamo asimismo la atención del Consejo, señora Lehtomäki, y de la Comisión sobre las enmiendas 26 y 58 de mi informe sobre la protección de los datos en el tercer pilar, que prevén regular el tratamiento de los datos cuando son recogidos por entidades privadas en interés del público, y es en esta actividad donde reside a mi juicio el problema.

  Jean-Marie Cavada, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la bienvenida a la señora Lehtomäki. Simplemente quiero decirle que he escuchado sus palabras y creo necesario recordar esto: el Consejo de Ministros o la Cumbre de Jefes de Estado es nuestro Gobierno. Aunque quizá no tenga instrumentos jurídicos o políticos para tomar una decisión con respecto a este escándalo –me refiero al asunto SWIFT–, que ha sucedido al de los vuelos clandestinos, nada le impide afirmar su virtud moral y decir públicamente lo que piensa de ello, cosa que por lo que sé todavía no ha hecho.

Lo segundo que quiero decir es que he tomado nota de las palabras del Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini, sobre su propia ignorancia y la de sus servicios en este asunto. Comparto la opinión de mis dos colegas, la señora Klamt y la señora Roure, que acaban de expresarse al respecto. Hemos construido progresivamente en Europa, y especialmente en la Unión, un Estado de Derecho en el que la transferencia de datos personales a terceros países debe obedecer absolutamente a normas nacionales o europeas. La primera de esas normas prevé que toda transferencia debe ser autorizada por una autoridad judicial y nadie más. Ni un Estado ni un banco son propietarios de la información que utilizan. Si esos datos conciernen a sociedades, son propiedad de esas sociedades; si conciernen a individuos, son propiedad de esos individuos. Nada autoriza a otros a utilizarlos en transacciones, a apropiarse de ellos, a subcontratarlos o Dios sabe qué más.

Quisiera señalar que el instrumento jurídico existe, y recuerdo lo que ha dicho la señora Roure hace un momento: sería un paso realmente muy importante que consiguiésemos resolver este asunto durante la Presidencia finlandesa.

Por lo demás, quisiera decir una última cosa. Hay un proverbio en Francia que dice: «Desconfía de mis amigos; de mis enemigos ya me encargo yo». El enemigo es el terrorismo. Nuestros amigos son los estadounidenses. Después de los vuelos clandestinos, después del secuestro de ciudadanos europeos sospechosos con razón o sin ella, después de los traslados ilegales de presos en aviones que aterrizaron en suelo europeo, nos enteramos ahora de que nuestra potencia aliada, y no obstante amiga, ha estado hurgando en nuestras cuentas bancarias. ¿Cuándo se tomarán muestras de sangre? ¿Cuándo tendremos que facilitar detalles de nacimientos y así sucesivamente? Decididamente, esto ya es demasiado. Es realmente necesario que este Parlamento ponga fin a este tipo de cosas.

Terminaré diciendo que el terrorismo es, si he entendido bien, el enemigo de nuestras libertades, y a la inversa, la libertad es el enemigo del terrorismo. Sin duda no es enemiga de los ciudadanos de a pie. Ahora es preciso que, también en este ámbito, los Estados Unidos decidan de qué lado están.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que nos equivocaríamos si considerásemos el asunto SWIFT un hecho aislado.

Se inscribe en un contexto más amplio, que incluye el PNR, el control de las comunicaciones y la retención de datos y que no es ajeno al asunto de las entregas que hemos debatido hace pocos minutos. Es más, yo diría que el caso SWIFT es la otra cara de la moneda de las entregas; es quizás una operación menos violenta, pero el objetivo es el mismo, a saber, arrancar información.

El control sistemático de la vida de los ciudadanos europeos se ha convertido en un hecho usual y nos encontramos ante lo que George Orwell llamó el «Gran hermano», que ahora se ha materializado en nombre de la lucha contra el terrorismo. Creo que hay que investigar para verificar las responsabilidades del Banco Central Europeo y también de los bancos nacionales, porque me parece que todo esto es inaceptable.

Hace una semana, Le Soir, el principal periódico belga, titulaba: «La CIA dicta la ley en Europa». Creo que hay que impedirlo en nombre de la credibilidad y del propio futuro de Europa.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Frattini, Señorías, las acusaciones publicadas en el New York Times sobre un programa secreto mediante el cual la CIA interceptó supuestamente la base de datos de la organización SWIFT, a través de la cual transitan la mayor parte de las transacciones financieras del mundo, me inquietaron. Tanto SWIFT como el Secretario de Hacienda de los Estados Unidos confirmaron la existencia de dicho programa.

En ambos lados del Atlántico, hemos de reafirmar nuestra determinación de luchar contra el terrorismo con firmeza y de forma eficaz, pero no a expensas del pleno respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho.

Al margen de mis opiniones personales sobre el asunto, al parecer los datos se transmitieron a los Estados Unidos con el fin de impedir y combatir el terrorismo y otros delitos. En otras palabras, se trata de operaciones relacionadas con la seguridad pública y las actividades del Estado miembro en el ámbito de su Derecho penal. De ser así, el caso quedaría claramente fuera de la competencia del Derecho comunitario. En este sentido interpreté la primera reacción del señor Frattini, a través de su portavoz, cuando se refirió al carácter extracomunitario del asunto.

No sé si este sentido se ha perdido en la traducción o si el señor Frattini en realidad nos ha dicho hoy que, a su entender, la Directiva 95/46 es aplicable a este caso. Es necesario que esto se aclare; o bien se debe aplicar la Directiva 95/46, o bien lo ocurrido queda fuera del ámbito del primer pilar y de la competencia del Derecho comunitario y, por consiguiente, está justificado solicitar que se adopte la decisión marco sobre protección de datos en el ámbito del tercer pilar.

En todo caso, los Estados miembros deben proteger esos datos. Por consiguiente, agradezco la decisión del Gobierno belga de iniciar una investigación para averiguar qué ocurrió realmente y la legalidad de los hechos con respecto a la legislación nacional. Espero con interés los resultados de dicha investigación.

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Señor Presidente, es importante que utilicemos el debate de hoy para reaccionar frente al caso SWIFT La presente resolución contiene una serie de preguntas pertinentes que hay que formular, pues los niveles de ansiedad entre los ciudadanos se han disparado cuando leen esa clase de noticias en los periódicos.

Igual que en los anteriores debates celebrados hoy, nos encontramos ante otro caso en el que es preciso sopesar los intereses de la seguridad frente a los intereses de las libertades civiles relacionados con el respeto a la intimidad de las personas y las empresas. También en este caso se trata de actividades en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, que es muy posible que se desarrollen a espaldas de los órganos de supervisión y que infrinjan los acuerdos internacionales que garantizan las libertades y los derechos fundamentales.

Sin ánimo de establecer comparaciones directas entre este caso y la cuestión de los vuelos de la CIA, SWIFT no es un caso aislado, sino un ejemplo de la manera en que esperan poder luchar contra el terrorismo los estadounidenses, en particular. El debate de hoy vuelve a ofrecernos un ejemplo de la necesidad de debatir sobre la naturaleza de la guerra que estamos librando.

También en este caso, deberíamos preguntarnos si se han cumplido todas las normas. Existe la sospecha, también confirmada, de que las instituciones europeas estaban informadas. Queremos saber exactamente cuál es su responsabilidad en este caso y hasta qué punto han participado en el seguimiento de la aplicación de las normas vigentes. Ante todo, sin embargo, queremos evitar encontrarnos en una situación en la que todos operamos en una especie de zona gris, debido a que se ha creado un vacío legal en el que los ciudadanos tampoco saben ya a qué atenerse.

El proyecto de resolución contiene una serie de comentarios pertinentes al respecto. También queremos –y el Comisario ya lo ha mencionado– que se aclare el papel de las instituciones europeas. Deseamos, asimismo, que se colmen todas las lagunas legales y se garantice, así, que si un intercambio de datos similar resultara necesario en el futuro, este solo se podría llevar a cabo con un fundamento sólido y con pleno cumplimiento de ciertas garantías y normas mínimas. También queremos que se pidan cuentas a los Estados miembros sobre la aplicación de las normas acordadas. Una vez más, tenemos que evitar seriamente que los ciudadanos tengan la impresión de que se mueven en un vacío legal. Hay que colmar todas las lagunas existentes en la legislación.

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Señor Presidente, sea legal o no, quiero manifestar que a los ciudadanos europeos nunca se les ha dicho que los datos de sus cuentas bancarias estuvieran controlados y considero un requisito previo de que se les informe. Me pregunto cómo reaccionaríamos si, en lugar de ser los Estados Unidos, otro país estuviera examinando nuestras cuentas bancarias y si seríamos igualmente tolerantes en ese caso.

Pasando al tema de la eficacia, el Consejo acaba de declarar que es lo que se requiere para luchar contra el terrorismo. Quisiera destacar que Stuart Levey, Secretario Adjunto del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, señaló hace dos semanas que son muy diestros en el seguimiento de las transacciones financieras. Sin embargo, como resultado, las transacciones de los terroristas han pasado a la clandestinidad y, por lo tanto, han quedado fuera de nuestro alcance y de nuestro campo visual. En la Unión Europea, tenemos que aprobar, con carácter de urgencia, una política común, cohesiva y eficaz, basada en un procedimiento democrático de toma de decisiones y que garantice una rigurosa protección de los datos personales. Esto empieza a ser verdaderamente urgente.

Para acabar, por mi parte también suscribo la opinión de quienes afirman que no se trata de un caso aislado. Los vuelos de traslado de sospechosos y también el tratamiento de los datos de los pasajeros ponen de manifiesto que los Estados Unidos no respetan los acuerdos. Desde la Unión Europea tenemos que hablar con una sola voz y asegurarnos de que, junto con nuestro aliado, luchamos contra el terrorismo dentro de la legalidad.

  Mihael Brejc (PPE-DE). – (SL) La prensa ha publicado que el Gobierno de los Estados Unidos ha extraído datos de los registros financieros privados en posesión de SWIFT, pero no nos han informado si esto afecta a SWIFT en los Estados Unidos o si también ha ocurrido en Europa. Si se trata de SWIFT en los Estados Unidos, no es de nuestra incumbencia. El acceso a los datos de SWIFT en Europa es un asunto que gestionan en primer lugar las autoridades belgas, que tienen que autorizar todas las solicitudes de acceso. En estos momentos, lo único que sabemos es que se supone que SWIFT comparte con los Estados Unidos cierta información relacionada con la financiación del terrorismo.

Esto plantea dos problemas. En primer lugar, el Parlamento Europeo no puede desarrollar un debate serio sobre esta cuestión simplemente sobre la base de las informaciones de la prensa y de declaraciones vagas. En segundo lugar, debe atenerse a sus tratados y tener presentes sus ámbitos de competencia. Sabemos que las autoridades belgas han iniciado una investigación sobre este asunto, pero aún no disponen de resultados. Es necesario dejar claro que el acceso al sistema SWIFT no supone que las transacciones ordinarias, como puede ser el depósito y retirada de efectivo, los cheques, los medios electrónicos de pago, etc., estén siendo objeto de extracción de datos.

Los socialistas y varios otros Grupos políticos opinan lo contrario. Han presentado una propuesta de resolución común en la que afirman que las autoridades estadounidenses tienen acceso a los registros que mantiene SWIFT y que los Estados Unidos están infringiendo con ello las disposiciones fundamentales en materia de protección de datos de carácter personal. No se trata de presunciones, como ha dicho el señor Wiersma, pues estas palabras se esgrimen como si se tratara de hechos confirmados. En la misma línea, se pasa por alto que el Gobierno belga es el encargado de investigar el caso y el Parlamento Europeo no tiene que intervenir para nada en esta fase del proceso.

Por esto, para proteger la dignidad del Parlamento Europeo y por respeto al acervo comunitario de la Unión, los diputados del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos hemos adoptado nuestra propia resolución, en la que llamamos la atención de todos para con las reglas del juego y en la que decimos que solo hemos de recurrir a resoluciones de este tipo cuando podamos tratar sobre hechos incontrovertibles. Es la única manera de que el Parlamento Europeo pueda conservar su reputación a los ojos de los ciudadanos y de asegurarnos de que no se convierta en un círculo de debate pretencioso.

Apoyo los puntos de vista del Comisario Frattini y pido a los diputados al Parlamento Europeo que respalden nuestra resolución, ya que se atiene estrictamente al acervo comunitario y a la ética y pautas de conducta del Parlamento Europeo.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, el escándalo de SWIFT, junto con el considerando problemático de la última resolución judicial del Tribunal de Justicia Europeo sobre el rechazo, por lo demás acertado, del acuerdo sobre la transferencia de los registros de datos de pasajeros, destaca una zona gris y excepcionalmente peligrosa que se está empezando a crear en torno al uso de datos personales confidenciales para combatir el terrorismo.

Hablando claro, ahora cualquier tercer país, y no solo los Estados Unidos, parece estar autorizado a definir, alegando simplemente razones de seguridad nacional, aunque sean ficticias:

- en primer lugar, el ámbito de toma de decisiones de la Unión Europea; es decir, si estas se han de adoptar a escala nacional o comunitaria;

- en segundo lugar, cuál será la legislación europea aplicable

- y, en tercer lugar, por consiguiente, el grado de acceso, uso y protección autorizados de los datos de millones de ciudadanos inocentes, que recaban y mantienen –escuchen bien–, no las autoridades policiales, sino empresas privadas y por motivos privados.

Hay que subsanar de inmediato este agujero negro legal y una vía muy importante para ello es que por fin funcione el puente o la llamada pasarela; dicho de otro modo, que el Parlamento tenga un papel decisorio.

En este contexto no se pueden aplicar los pilares. Los asuntos del registro de datos de pasajeros (PNR), de SWIFT, de la retención de datos, Son todos casos en los que entidades privadas están recopilando datos, que la policía utiliza con el pretexto del terrorismo. No es una cuestión de pilares. Todo es lo mismo.

  Giovanni Claudio Fava (PSE). – (IT) Señor Presidente, señor Frattini, señora Lehtomäki, Señorías, creo que debería alarmarnos el hilo rojo que une muchas discusiones y debates que tenemos en esta Cámara. Podemos hacer el mismo comentario sobre el tema que estamos analizando ahora con el que hemos hecho poco antes en el debate sobre los vuelos de la CIA, es decir, recordar que la Unión es un espacio vinculado a las normas y principios del Estado de Derecho y que, por tanto, los datos personales, todos los datos personales, incluidos los relativos a nuestras cuentas corrientes, no pueden ser facilitados a terceros países salvo en los casos previstos por las leyes nacionales y ahora por las directivas europeas, y que no se prevén excepciones, ni siquiera en nombre de la lucha contra el terrorismo. Todo lo que vaya más allá es una arbitrariedad y un abuso.

Otros colegas y yo queremos saber cuál es el papel del Consejo y del Banco Central Europeo y qué grado de conocimiento tenían sobre los acuerdos secretos existentes entre SWIFT y el Gobierno de los Estados Unidos, porque el deber de transparencia no se aplica solamente a nuestras conversaciones y debates en la Cámara, sino que debe existir también fuera de esta Cámara.

Señor Presidente, me sumo también a la petición que se ha hecho al Consejo de que proceda rápidamente al examen y la adopción de una decisión marco sobre la protección de datos, porque en el vacío legal anidan el abuso y la arbitrariedad.

  Paula Lehtomäki , Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, Señorías, he seguido el debate con suma atención y he podido constatar que entre nosotros existe un consenso firme en el sentido de que las libertades de los ciudadanos y las cuestiones relativas a la seguridad de los datos se han de tomar debidamente en cuenta incluso en la lucha contra el terrorismo. La Presidencia se toma todo esto muy en serio y, como ya se ha dicho, es responsabilidad del Banco Nacional de Bélgica supervisar el sistema SWIFT y ahora también espera con interés lo que descubran las autoridades belgas.

Si dichas investigaciones revelan hechos que requieran una normativa a escala de la Unión o la armonización de la legislación, esto se tendrá en cuenta en el debate sobre los proyectos legislativos que se están elaborando. Se trata de un asunto de tal importancia que es necesario debatirlo en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, y esto es precisamente lo que vamos a hacer.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, gracias por las ideas que me han dado durante el debate.

Se puede decir que el caso SWIFT tiene una peculiaridad, que me ha llevado a decir hoy que probablemente la «Directiva del primer pilar» de 1995 sobre la protección de datos sea la que haya que aplicar. En efecto, la transferencia de datos se produjo entre SWIFT Bélgica y SWIFT Estados Unidos, es decir, entre dos sucursales privadas de una entidad privada. De ahí que mi interpretación –sin perjuicio, por supuesto, de lo que digan las autoridades belgas– sea que habría habido una comunicación a la Autoridad de Protección de Datos y que en efecto habría en este caso responsabilidades nacionales de los organismos competentes. A diferencia del caso PNR, correctamente recordado por el señor Lambrinidis, en el que se produjo una transferencia de datos de una compañía aérea privada directamente a un organismo público estadounidense, en el caso que nos ocupa la transferencia tuvo lugar entre dos entes privados. Y sucedió después que, en territorio estadounidense y con arreglo a la legislación estadounidense, los datos transmitidos por razones comerciales han sido utilizados con fines de seguridad. Esta es la diferencia estructural. La consecuencia, que ha sido expuesta por el señor Lambrinidis, es que existe una zona gris que es absolutamente necesario reglamentar.

A mi juicio hay dos posibilidades inmediatas: la primera, que debe llevarse a cabo con la ayuda del Consejo y de la Presidencia, consiste en aprobar rápidamente la propuesta presentada por la Comisión de una decisión marco en el ámbito del tercer pilar, encaminada a proteger la confidencialidad de los datos personales. En ese punto, es evidente que habríamos cubierto al menos un aspecto, el de la transmisión de datos por razones de seguridad, con fines de investigación y para luchar contra el terrorismo. Quedaría la parte del primer pilar, es decir, la transferencia entre dos entes privados por razones comerciales.

Faltaría un tercer aspecto: la transmisión entre un Estado miembro y un tercer Estado, es decir, no los datos transmitidos en el ámbito de la Unión Europea a un tercer Estado, sino de un Estado miembro individual a un tercer Estado. A mi entender, este es el tercer aspecto que hay que examinar.

Si afrontamos juntos estos tres aspectos, que francamente no tienen que ver con una controversia con los Estados Unidos, sino que afectan a todos los terceros Estados, podremos controlar de cerca esa zona gris.

  El Presidente. – He recibido cinco propuestas de resolución(1)presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

Se da por concluido el debate.

La votación tendrá lugar mañana jueves, 6 de julio de 2006, a las 12.00 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente