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Procedimiento : 2006/2594(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

B6-0386/2006

Debates :

PV 05/07/2006 - 12
CRE 05/07/2006 - 12

Votaciones :

PV 06/07/2006 - 6.15
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2006)0317

Debates
Jueves 6 de julio de 2006 - Estrasburgo Edición DO

7. Explicaciones de voto
PV
  

- Informe Konrad (A6-0209/2006)

 
  
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  Christoph Konrad (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, Señorías, por medio de mi informe presentamos una propuesta importante para luchar contra el fraude del IVA en la Unión Europea, que estafa al contribuyente europeo unos 60 000 millones de euros al año. Considero que mi informe constituye un paso importante en la lucha contra este fraude, al incluir, como hace la propuesta para el procedimiento de cobro revertido, un acercamiento que sería también viable a escala nacional. Se trata de algo que deberá ser debatido, aunque en estos momentos es el turno del Consejo y la Comisión, ahora que esta Cámara ha mostrado una gran unanimidad en dar este paso, por lo que quiero dar las gracias al Parlamento.

 
  
  

- Informe Zimmer (A6-0211/2006)

 
  
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  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La cooperación entre la Unión Europea y el Caribe para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo, una cooperación mutuamente beneficiosa basada en valores comunes, debe ser una oportunidad para ambas partes de trabajar juntas a favor de la democracia y los derechos humanos, pero también de luchar contra la pobreza y las amenazas para la paz y la estabilidad.

Apoyo la iniciativa de la Comisión Europea de ayudar a los países de la región, que ya han emprendido la vía de la integración regional a través del CARICOM, el CARFORUM y el MEUC.

Los países del Caribe, generalmente pequeños y económicamente vulnerables, han realizado importantes esfuerzos de diversificación económica, reestructuración y reformas, y hoy deben poder sacar provecho, con la ayuda de Europa, de las posibilidades ofrecidas por la globalización, evitando al mismo tiempo sus escollos.

Agradezco a los diputados al Parlamento Europeo que hayan aprobado mi enmienda encaminada a insistir en la necesidad de asociar estrechamente a los departamentos de ultramar franceses de la zona (Guyana francesa, Guadalupe, Martinica) al futuro diálogo político de cooperación entre la Unión y el Caribe, dado a su papel evidente de «cabeza de puente de Europa» en esta parte del mundo.

 
  
  

- Informe Hughes (A6-0218/2006)

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Las heridas causadas por agujas de jeringuillas ocurren cuando la piel se pincha de forma accidental con una jeringuilla que puede estar contaminada por la sangre de un paciente. Las jeringuillas contaminadas pueden contagiar más de 20 patógenos peligrosos que se transmiten por la sangre, incluidos el VIH y las hepatitis B y C. La mayoría de estas heridas las sufren los enfermeros y los médicos, pero el resto del personal sanitario también corre un riesgo importante, como por ejemplo el personal auxiliar, como los limpiadores y los empleados de lavandería y otros trabajadores intermedios.

Me parece muy positivo este informe, que establece las medidas preventivas que deberían adoptarse en la asistencia sanitaria y veterinaria para proteger a los trabajadores contra las heridas causadas por agujas de jeringuillas y otros instrumentos médicos punzantes. Entre estas se incluyen instrucciones escritas en los lugares de trabajo y la formación de todos los trabajadores, especialmente de los que realizan la canulación.

En el informe también se describe la respuesta eficaz y el seguimiento de los accidentes y percances, incluida una rápida profilaxis de postexposición. Además, a todo el personal que pueda haber entrado en contacto con jeringuillas y otros objetos médicos punzantes se le administrará la vacuna contra la hepatitis B.

 
  
  

- Informe Szymanski (A6-0164/2006)

 
  
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  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). (CS) Señor Presidente, aunque la confianza es hermosa, la confianza incondicional no es aceptable. A pesar de haber votado hoy varios paquetes de propuestas financieras, el instrumento para la estabilidad es el menos transparente de todos ellos. La complejidad queda reflejada en los objetivos de esta medida. Una definición tan general es capaz de cubrir prácticamente todo; por ejemplo, la justificación de la política de no compromiso en el caso de golpes de Estado de la derecha, como el perpetrado por el General Franco. Hace dos días, el señor Giertych indicó que, según la segunda parte de los objetivos de este instrumento, podría haber sido incluso posible apoyar al General Franco con fondos de la UE. Resaltó que estaba simplemente interesado en renovar y consolidar valores católicos tradicionales en España. Aunque este documento no contiene cifras, la Comisión ha prometido que las facilitará pronto. Por el momento, solo se puede decir una cosa: el Parlamento no está siendo informado de nada. En última instancia, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento hizo hincapié en esto durante el diálogo a tres bandas mantenido entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión e hizo un llamamiento a que tal estado de cosas cambiara. El Parlamento no debe dar carta blanca a nadie. Algunas partes de este documento son dudosas, ambiguas y claramente abiertas a posibles abusos. Por estos motivos, he votado en contra de la propuesta que tenemos sobre la mesa.

 
  
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  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) Al igual que el ponente, acojo con agrado la propuesta de la Comisión de simplificar la gestión de la ayuda exterior de la UE, reduciendo los casi 30 instrumentos existentes a seis, entre los que se incluye el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA). Esto nos dará mayor eficiencia y efectividad y «tiene mucho sentido».

Apoyo muchas de las enmiendas propuestas en el informe, incluido el refuerzo del papel del Parlamento en la planificación y seguimiento de los programas del IEVA; la mayor participación de la sociedad civil en el proceso de consulta; y un mayor papel de socios como las autoridades locales y regionales y la sociedad civil.

Lamento, sin embargo, que el punto relativo a las regiones ultraperiféricas en el contexto de vecindad, como Cabo Verde, no fuera incluido dentro del ámbito de aplicación del IEVA. Se había propuesto un Plan de Acción de Gran Vecindad, con vistas a facilitar la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y sus países vecinos. Esto formaba parte de la estrategia de desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas, propuesta por la Comisión y que tenía el fin de dar continuidad a uno de sus ámbitos de acción prioritarios, a saber, integrar estas regiones en su propio entorno regional.

A pesar de esto, he votado a favor de este informe.

 
  
  

- Informe Beer (A6-0157/2006)

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Como ponente de opinión del informe de la Comisión de Comercio Internacional sobre este informe relativo a las acciones exteriores para la ayuda financiera, económica y técnica a terceros países tras una crisis, me preocupaba que este Instrumento de Estabilidad ofreciera un auténtico valor añadido, proporcionando una respuesta eficaz, inmediata e integrada.

Aunque hubo algunas preocupaciones iniciales sobre el fundamento jurídico de este Instrumento, finalmente se acordó que debería basarse tanto en la cooperación al desarrollo como en la cooperación económica, financiera y técnica. Doy mi apoyo a los colegas de la Comisión de Desarrollo por su preocupación de que la inclusión en este Instrumento de medidas de apoyo a la paz no debería provocar una sangría en el presupuesto de desarrollo.

Y lo que es más importante, el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento sobre este informe refleja la iniciativa del Parlamento a favor de una cláusula de revisión, que posibilitará la modificación y una mejor forma de ofrecer la información: una consideración importante, si tenemos en cuenta que este es un instrumento nuevo y de gran alcance.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Los llamados instrumentos de estabilidad forman parte de un paquete más amplio de instrumentos de financiación (cooperación al desarrollo y cooperación económica, ayuda de preadhesión, vecindad y colaboración), concebidos para formar una herramienta integrada para aplicar la política imperialista de la UE en los países candidatos, en países de vecindad inmediata y más amplia y en todo el planeta. Al prestar «ayuda económica» a terceros países, la Unión Europea está adquiriendo el derecho a intervenir en ellos so pretexto de abordar situaciones de desestabilización, «crisis» y «crisis en ciernes», situaciones que constituyen «amenazas» al Estado de Derecho, el orden público y la protección de los derechos humanos y al fomento de los principios de Derecho internacional, incluido el apoyo a tribunales especiales nacionales y tribunales penales internacionales.

Al mismo tiempo, dicha financiación servirá para coaccionar a terceros países para que se atengan a las ambiciones imperialistas de la UE e interferir abiertamente en los asuntos internos de países independientes, debilitando a los Gobiernos y financiando así a los candidatos a la UE. Todo ello gracias a la introducción de la posibilidad de utilizar la financiación para apoyar y organizar a la sociedad civil, incluida la promoción de medios de comunicación independientes, pluralistas y profesionales.

El Partido Comunista Griego ha votado en contra del informe porque favorece y en algunos puntos formula en un sentido incluso más reaccionario el tenor de la propuesta de reglamento de la Comisión Europea.

 
  
  

- Informe Corbett (A6-0237/2006)

 
  
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  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, a pesar de mi recomendación en sentido contrario, el Parlamento ha aprobado la enmienda presentada por el señor Radwan, en nombre del Grupo del PPE-DE, a mi informe sobre comitología.

En su declaración del debate de anoche, la Comisión consideró que esta enmienda debilita bastante los acuerdos que hemos negociado. Puede que esta haya sido la intención del señor Radwan, no lo sé, pero la enmienda se refiere a una resolución aprobada por el Parlamento que prevé la aprobación de «cláusulas de suspensión» sobre la delegación de la legislación que se aplica de forma sistemática a toda la legislación que aprobamos con respecto al sector de los servicios financieros.

No obstante, insto a la Comisión a que no reaccione de forma exagerada. La enmienda aprobada, por mucho que me disguste, era solo una enmienda a un considerando en el que se hace referencia a una resolución pasada con la que está relacionado. Nosotros, como Parlamento, no reafirmamos nuestro apoyo de la resolución. Este matiz debería permitir a la Comisión aceptar nuestro texto y considerar que el acuerdo que hemos negociado sigue siendo válido.

 
  
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  Ivo Strejček (PPE-DE).(CS) Señor Presidente, me gustaría volver al informe Corbett. Solo puedo presuponer que mi solicitud de dar una explicación de voto se perdió entre la confusión causada por la salida de la Cámara de algunos diputados. Me gustaría decir algunas palabras sobre la cuestión de la comitología. Al igual que mis colegas del Partido Civil Democrático checo (ODS), he votado en contra de este informe. Y lo he hecho porque creo que es un tema controvertido en la medida en que transfiere más poder de los Estados miembros a la Comisión. Creemos que los votantes de Francia y de los Países Bajos expresaron con bastante claridad a las instituciones europeas lo que creían sobre la transferencia de esos poderes a la Comisión. Y no creemos que su decisión deba ser burlada por la puerta trasera.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. En 1993, conforme a un nuevo procedimiento de codecisión, se asignaron poderes legislativos al Parlamento y al Consejo (prácticamente) al mismo nivel. El Parlamento consideró que los actos de codecisión, en los que el Consejo y el Parlamento pueden delegar conjuntamente la aplicación de medidas, suponían la participación de ambos en la definición de los procedimientos de ejecución de los poderes delegados y que ambos deberían tener los mismos derechos de recuperación o avocación. Sin embargo, el Consejo argumentó que el artículo 202 del Tratado CE, que establece que (solo) el Consejo podrá reservarse el ejercicio de las competencias de ejecución, no había cambiado.

El paso adelante clave para el Parlamento que es posible ahora como resultado de las negociaciones entre el Consejo y la Comisión, es que el Parlamento pueda bloquear la aprobación de medidas de ejecución «cuasilegislativas» a las que se oponga. Si eso sucede, la Comisión puede realizar una nueva propuesta o presentar una propuesta legislativa.

Estoy de acuerdo con este informe, ya que amplía los poderes del Parlamento Europeo y le permite ser una institución mucho más eficaz y democrática.

 
  
  

- Informe Corbett (A6-0236/2006)

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) ¿Debemos estar contentos o preocupados por el acuerdo alcanzado entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre las modalidades de ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión?

Podemos alegrarnos de ver refrenado, por poco que sea, el poder, exorbitante e inaudito en una democracia, que casi permite a los funcionarios de Bruselas modificar actos legislativos sin el legislador.

Pero hay también muchas razones para preocuparse. La primera es la constatación, una vez más, del vicio fundamental de la estructura institucional europea: la Comisión es la institución con menos legitimidad y la que tiene más poder. La segunda es que el cuerpo legislativo europeo no ha sido simplificado. La iniciativa «legislar mejor», sobre la que el Parlamento debatió el mes pasado por enésima vez –la cuestión peliaguda por excelencia para la «Eurocracia»–, no es más que pura apariencia. La tercera es que este acuerdo es una aplicación –sin duda parcial, pero real– de una disposición de la Constitución Europea, un documento del que sin duda esta Cámara está cansada de oír que está caduco desde que dos poblaciones europeas lo rechazaron masivamente en sendos referendos.

La mejor manera de refrenar a la Comisión es, en efecto, revisar los Tratados para construir la Europa de las naciones, que puede prescindir de esa institución en su forma actual.

 
  
  

- Informe Alvaro (A6-0196/2006)

 
  
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  Alexander Alvaro (ALDE), por escrito. (EN) Desafortunadamente, el Grupo ALDE se inclina por abstenerse en la votación final de este informe. La petición del Grupo ALDE de posponer la votación no ha sido aceptada; pensamos que la aprobación de este informe es prematura, ya que no se han resuelto los interrogantes en torno al reciente escándalo de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT). La propuesta legislativa que nos ocupa debe ser aprobada sobre la base de un acuerdo internacional del GAFI, que sea firmado tanto por la UE como por los Estados Unidos. La postura de los Estados Unidos debe aclararse antes de que la UE proceda a cumplir su parte del acuerdo. La aclaración por parte del BCE y de los bancos centrales nacionales es también una condición previa a la aprobación.

A la luz de la preocupación cada vez mayor por los derechos civiles y la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos, el Grupo ALDE considera que se necesitan más garantías en este ámbito. Observamos que en los últimos años se ha adoptado una serie de medidas de seguridad, mientras que las medidas para fortalecer los derechos civiles y la protección de la privacidad se han estancado, y la toma de decisiones en este ámbito se está realizando sin ningún control parlamentario o revisión judicial significativos. El caso de SWIFT arroja dudas sobre la idoneidad de los instrumentos para la protección de datos en la UE. Antes que nada, debería celebrarse un debate.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) En la última década ha habido un enorme aumento de actos terroristas en todo el mundo. La lucha contra esta lacra se ha convertido por tanto en una de las prioridades políticas clave en Europa y en el mundo entero.

Esta propuesta forma parte de una serie de medidas adoptadas en la Unión con vistas a limitar el acceso de los terroristas a los recursos financieros y a otros recursos económicos. Su finalidad es transponer en la legislación de la Comunidad la Recomendación Especial VII del Grupo de Acción Financiera sobre transferencias electrónicas.

Está destinada a las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales y la financiación terrorista y establece normas sobre el requisito de facilitar información sobre los ordenantes de esas transferencias de fondos.

Constituirá una medida útil y eficaz para prevenir, detectar, investigar y procesar a terroristas y a otros criminales, así como también trazar sus activos.

Estoy de acuerdo con las derogaciones propuestas, destinadas a tener en cuenta la naturaleza específica de los sistemas de pago en los distintos Estados miembros.

Apoyo la postura del señor Brejc de que debe haber una cláusula de suspensión, por la cual este reglamento expire en el plazo de cinco años si no resulta útil. También apoyo el compromiso alcanzado entre el señor Brejc y el ponente.

 
  
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  Lena Ek (ALDE), por escrito. (EN) Nos abstenemos de votar sobre este informe, ya que presenta al Parlamento un dilema irresoluble. Por un lado, se trata de aplicar un tratado internacional, y votar en contra de él sencillamente reforzaría la posición de la Comisión. Por otro lado, no podemos apoyar la introducción de leyes que cada vez más afectan a la privacidad, sin tener más pruebas de que una vigilancia a escala masiva de ciudadanos inocentes incrementa la seguridad o contribuye a evitar actuaciones terroristas. Se ha demostrado que los flujos de dinero para la financiación del terrorismo están cada vez más ocultos, al emplear dinero en efectivo y enviarlo a través de mensajeros.

Además, independientemente de las medidas que se adopten para proteger la privacidad, la tentación de las autoridades de utilizarlas con otros fines sería muy grande, y hasta ahora nadie ha creado un registro del que no se haya filtrado información.

También estamos profundamente preocupados por las consecuencias de las ONG que fomentan la democracia y los derechos humanos en regímenes antidemocráticos. Un registro extenso, por mucho que se nos diga que no se usaría de esa forma, perjudicaría sin duda a sus actividades.

Al abstenernos, instamos también al Parlamento a que comience a debatir una política exhaustiva sobre la protección de la privacidad y las libertades civiles. El camino actual, en el que las libertades se recortan medida tras medida, tiene que acabarse.

 
  
  

- Informe Grässle (A6-0057/2006)

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La finalidad de la enmienda al reglamento financiero es simplificar las normas sobre contratos y subvenciones externas y hacer que sean más transparentes. El texto carece actualmente de claridad y estructura y esto dificulta la lectura a los potenciales usuarios.

El compendio burocrático de normas, solo en el ámbito algunas Direcciones Generales de la Comisión, constituye un procedimiento muy costoso para los proveedores y organizaciones que solicitan tales subvenciones. Esto excluye a muchas microempresas y a pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones, institutos y ONG más pequeñas.

Además, la Comisión tiene facultades discrecionales en el proceso y, por tanto, hay muy pocas empresas y organizaciones –que siempre son las mismas– familiarizadas con la mecánica del proceso. En última instancia, esto puede conducir a una toma de decisiones basada en el apoyo político o de otra clase.

No obstante, como ha indicado el Tribunal de Cuentas, el informe que ha sido presentado no es suficiente para reducir la carga y simplificar los procesos tanto para la Comisión como para los posibles usuarios. Las propuestas del Parlamento mejoran la situación, pero se quedan cortas ante la urgente revisión necesaria del reglamento financiero en estos aspectos.

 
  
  

- Informe Gaubert (A6-0186/2006)

 
  
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  Frank Vanhecke (NI).(NL) Señor Presidente, durante los últimos debates sobre asilo e inmigración ya he tenido razones para plantear una serie de preguntas al Comisario Frattini, ya que me pregunto qué valor añadido supone este sistema a la hora de lidiar con la inmigración ilegal. No estoy diciendo que sea algo malo, pero sí creo que equivale a poner una tirita en una pata de palo.

El problema real es que, al fin y al cabo, la política de regularización adoptada por Italia, España y Bélgica ha dado pie a un flujo de entrada de cientos de miles de nuevos inmigrantes económicos, a quienes nuestra política de puertas abiertas está permitiendo que se extiendan sin dificultad por toda Europa. Si la Unión Europea realmente tiene intención de abordar el problema de la inmigración ilegal, entonces ha de empezar por el principio. Huelga decir que el rechazo práctico de las regularizaciones perniciosas es la única manera de neutralizar la fuerte atracción provocada por esta política, seguida inmediatamente de una política consistente en devolver a todos los inmigrantes ilegales y criminales al lugar de donde vinieron.

 
  
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  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) Debemos instaurar una verdadera política común de asilo e inmigración. Es crucial que la Unión establezca mecanismos de intercambio de información entre los Estados miembros.

En efecto, si los Estados miembros conocen mejor sus legislaciones respectivas e intercambian periódicamente sus mejores prácticas, estarán más capacitados para identificar los ámbitos en los que es necesaria una legislación europea y encontrar así un acuerdo aceptable para todos.

Sería simplista y erróneo decir que este instrumento permitiría a los Estados miembros prohibir las regularizaciones. Las regularizaciones son necesarias en algunos contextos nacionales. Por tanto, un intercambio de información sobre estas medidas permitirá comprenderlas mejor. Por otra parte, un endurecimiento de la lucha contra la inmigración legal puede tener por efecto desviar los flujos hacia otro Estado miembro. Por consiguiente, también deberán comunicarse esas medidas de endurecimiento.

 
  
  

- Modificación del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades (B6-0275/2006/rev)

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Señor Presidente, el señor Gargani tiene razón al pedir que se consulte al Parlamento sobre la revisión del Protocolo de privilegios e inmunidades. Tiene razón también al pedir, en su informe, el derecho del Parlamento Europeo a recurrir ante el Tribunal de Justicia en caso en que los Estados miembros no respeten las inmunidades de los diputados, que se instauraron para defender los derechos del Parlamento y, en particular, para proteger a los diputados contra las diligencias que un poder ejecutivo hostil pudiera verse tentado a emprender a través de una fiscalía. Sobre todo tras el acto de alta traición –el término no es demasiado fuerte– cometida por el Tribunal de Casación francés en el asunto de nuestro antiguo colega, el señor Marchiani.

Pero también sería necesario, señor Presidente, que la propia Comisión de Asuntos Jurídicos respetase la norma fundamental de no examinar una solicitud de protección de la inmunidad parlamentaria por razones manifiestamente inadecuadas –en este caso, el artículo 9– cuando es de aplicación el artículo 10. Sería necesario que adoptase la misma jurisprudencia en materia de defensa de la libertad de expresión cuando el fumus persecutionis es manifiesto, como sucedió en mi caso. Sería necesario, por último, que los servicios jurídicos del Parlamento no se las ingeniasen, mientras se tramita un proceso ante el Tribunal de Justicia, para quitar hierro a las resoluciones del Parlamento Europeo o a los artículos que este ha incluido en su propio Reglamento.

 
  
  

- Consecuencias económicas y sociales de la reestructuración de empresas en Europa (B6-0383/2006)

 
  
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  Alexander Alvaro, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Alexander Lambsdorff y Willem Schuth (ALDE), por escrito. (DE) Señor Presidente, los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Partido Liberal Democrático hemos votado contra la resolución sobre las consecuencias económicas y sociales de las operaciones de reestructuración de empresas en Europa porque estamos convencidos de que en las economías de mercado europeas, las empresas deberían estar libres de toda presión política para decidir dónde ubicar sus lugares de producción. En nuestro mercado único, la competencia –incluida la competencia entre regiones– desempeña un papel decisivo desde el punto de vista del desarrollo futuro de la empresa europea y de la forma en que esta puede mantenerse en forma. El efecto último de la presión política es impedir el funcionamiento del mercado y por esta razón no debería aplicarse como medio de disuadir a las empresas de actuar de acuerdo con sus propias decisiones.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado en contra por las siguientes razones:

- no hay mención alguna con respecto a la solidaridad con los trabajadores de Opel/GM, y en particular con los más de 1 700 trabajadores (y sus familias) de la fábrica de Opel en Azambuja, Portugal, cuyos puestos de trabajo se ven amenazados debido a la indiferencia del Consejo de Administración de GM ante las posibles consecuencias económicas, sociales y regionales. Esta posición ha sido impuesta por la derecha, con la complicidad del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que ha suscrito la resolución conjunta;

- la defensa del derecho de las empresas a adoptar decisiones de gestión con miras a asegurar su propio crecimiento económico al margen de sus posibles consecuencias sociales;

- no hay mención alguna del impacto económico y social de las deslocalizaciones de empresas, que la mayoría de las veces se producen con el único fin de reducir costes y maximizar beneficios, y en las que factores como la viabilidad económica y la productividad no forman parte de la decisión; estas deslocalizaciones a menudo no respetan las obligaciones contractuales, sino que del modo más mercenario las empresas afectadas gozan de ayuda pública local, nacional y de la Comunidad, mientras dejan atrás una estela de desempleo y socavan las economías locales. Solo el año pasado, las deslocalizaciones supusieron medio millón de despidos en la UE;

- la resolución se queda bastante corta con respecto a los resultados obtenidos en las resoluciones de marzo sobre el impacto de las deslocalizaciones y reestructuraciones sobre el empleo y el desarrollo regional.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El espíritu emprendedor y el papel de las empresas es vital para el crecimiento y el desarrollo económico, y los cambios económicos sustanciales que hemos visto implican que muchas empresas necesitan reestructurarse. Sin embargo, también es cierto que hay dos puntos muy pertinentes en estas propuestas que no deberían obviarse. El primero de ellos es la responsabilidad social de las empresas y el deber de respetar los acuerdos y contratos, especialmente cuando han recibido subvenciones y subsidios para una actividad concreta. Las consideraciones, preocupaciones y propuestas contenidas en esta resolución merecen mi apoyo.

Creo, sin embargo, que la propuesta de crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un recordatorio oportuno de la magnitud del problema, para el cual debemos hallar soluciones de largo alcance. El continuo proceso de reestructuración del sector textil europeo y no en menor medida el de la fabricación, con suerte tendrá consecuencias positivas, pero también un impacto social negativo, especialmente en sus fases iniciales. Europa, los Gobiernos individuales y las instituciones de la Comunidad tienen el deber de prepararse ahora para el futuro inminente. Además de este fondo, necesitamos discutir otras soluciones e invertir en otros mecanismos.

 
  
  

- Informe Fava (A6-0213/2006)

 
  
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  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que al votar a favor de este informe debemos destacar lo que es tal vez un cambio positivo, a saber, que el Parlamento Europeo, en lugar de echar la culpa constantemente a los Estados Unidos, está empezado a fijarse en la forma en que la Unión Europea y los Estados miembros cumplen la ley, pues con bastante frecuencia, al enfrentarnos con la ilegalidad y abusos que se producen, por ejemplo, con relación a la transferencia de datos personales y al tráfico aéreo de pasajeros, hemos ocultado en realidad nuestra propia ilegalidad –la incapacidad de cumplir nuestras propias normas– tras la de los Estados Unidos.

Es hora, pues, de aceptar nuestra responsabilidad y creo que el informe Fava es un primer paso en esa dirección.

 
  
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  Philip Claeys (NI).(NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Fava porque es un típico ejemplo de parcialidad de izquierdas. La Comisión Temporal ya lo ha decidido todo de antemano, de manera que todo lo que se requería era encontrar las pruebas.

Pero resulta que no se ha presentado prueba alguna de tortura u otras actividades ilegales por parte de la CIA en la Unión Europea, de modo que lo que hace este informe es tomar lo que son en realidad suposiciones e indicios y presentarlos sistemáticamente como hechos, y eso es intelectualmente deshonesto.

Esto tipifica una cierta mentalidad presente en esta Cámara. Hablando con franqueza, puede decirse que, en efecto, hay diputados a esta Cámara que no quieren que realmente se aborde la cuestión del terrorismo.

 
  
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  Petr Duchoň (PPE-DE).(CS) Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi más profunda decepción por la aprobación del informe Fava. En total hay cuatro razones para decir esto. En primer lugar, el informe se basa en una información general sesgada y no en hechos expresados con precisión y verificados en distintas fuentes.

En segundo lugar, el informe está repleto de contradicciones. Si fueran hechos incontrovertibles que probaran que la CIA utilizó países europeos para el transporte y detención ilegal de prisioneros, el término «supuestos» debería haberse eliminado del título. En la otra cara de la moneda, el uso del término «supuesto» por parte del ponente en el título del informe, tras los esfuerzos de los miembros de la Comisión Temporal y otras partes interesadas, es un reconocimiento tácito de que dicha comisión ha sido incapaz de demostrar que tuvo lugar algún acto ilegal.

En tercer lugar, es posible que con el tiempo se demuestre que una serie de sospechas formuladas son contrarias a la ley o tal vez salgan a la luz nuevos casos. Dado el alcance y la complejidad de la lucha contra el terrorismo, esto no debería ser ninguna sorpresa. Lo más importante es que estaríamos hablando de detalles y no de errores en el sistema. Las personas que consideren que se han restringido sus derechos pueden acudir a los canales adecuados y que funcionan correctamente para hacer valer esos derechos y reclamar compensación.

En cuarto y último lugar, debemos fijarnos atentamente en cuánto tiempo dedica el Parlamento a investigar un supuesto problema y cuánto tiempo dedica al problema real del terrorismo. Al aprobar el informe del señor Fava, planteamos la duda abierta de si somos capaces de evaluar la importancia relativa de problemas individuales y de si lograremos abordar correctamente esos problemas.

 
  
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  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Señor Presidente, Señorías, hoy en esta sesión plenaria los diputados al Parlamento Europeo del Partido Civil Democrático checo (ODS) hemos optado por no apoyar el informe provisional del señor Fava sobre el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el traslado y detención ilegal de prisioneros. El informe se basa, desde nuestro punto de vista, en la actual tendencia al antiamericanismo, que no tiene en cuenta la seria amenaza del terrorismo internacional. Los Estados Unidos de América y sus aliados, entre los que se incluye la República Checa, han canalizado todos sus esfuerzos en los últimos cinco años para combatir esta terrible amenaza. Desde 2001 hemos sido testigos de atentados terroristas en los Estados Unidos, el Reino Unido, España y otros muchos países. Este es un peligro muy real y el informe Fava ignora por completo la necesidad de combatirlo. El informe también desestima totalmente el hecho de que este es el enfoque adoptado conjuntamente por los Estados Unidos y sus aliados entre una serie de países europeos, lo que nos ha permitido reducir sustancialmente el terrorismo internacional y ha proporcionado así mayor seguridad a los ciudadanos de Europa. En lugar de esto, el informe se centra en una serie de casos no fundamentados de dudoso comportamiento por parte de los servicios de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados, y extrae conclusiones demasiado generales de estos casos. Los diputados al Parlamento Europeo del ODS checo no pueden apoyar esta postura con sus votos.

 
  
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  Jas Gawronski (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, a pesar del hecho de que se han aceptado algunas de nuestras enmiendas, el informe Fava, sobre el cual votamos hoy, sigue siendo tendencioso, sesgado e imbuido de ideas preconcebidas y pretende apoyar teorías totalmente infundadas.

Se trata de un texto parcial en su contenido e incluso es contrario a las posiciones del Gobierno italiano. Fue el mismo Primer Ministro Prodi quien, en una comunicación oficial, contradijo al señor Fava con respecto al asunto Abu Omar. Aunque el señor Fava ha rechazado una de mis enmiendas, que mantenía que no existían pruebas de la participación por parte del Gobierno y del servicio de inteligencia italiano, la oficina del Primer Ministro reafirmó anoche su fe en nuestros servicios secretos.

La actitud del señor Fava demuestra el grado de mala fe existente dentro de la izquierda italiana, que no quiere renunciar al antiamericanismo del pasado o dejar de utilizar las instituciones europeas con objeto de atacar a sus oponentes.

 
  
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  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) He votado en contra de prorrogar el mandato de la comisión del Señor Fava para seguir investigando las denominadas «entregas extraordinarias», porque hasta la fecha no ha aportado pruebas sustanciales que justifiquen su continuidad. En su lugar, está siendo usado como un instrumento para el antiamericanismo virulento, dispuesto a dar cancha a determinados rumores y actuar al mismo tiempo bajo la presunción de culpabilidad de la CIA.

 
  
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  Gerard Batten, Roger Knapman y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) ha votado a favor de la enmienda 13, porque hace hincapié en que el Alto Comisionado de la UE y el Alto Representante no tienen poder para solicitar información sobre este asunto a los Estados miembros. El UKIP rechaza la autoridad y se opone a la creación de ambos cargos y, por tanto, acoge con agrado el reconocimiento de la limitación de sus poderes.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe contiene elementos positivos que confirman lo que hemos sabido y expresado durante largo tiempo, a saber, que el CIS y otros organismos de los Estados Unidos «han sido directamente responsables del rapto, traslado, secuestro y detención ilegal» de ciudadanos –eufemísticamente denominados «entregas extraordinarias»– y el traslado de ciudadanos a terceros países para ser interrogados y sometidos a tortura, con lo cual han violado brutalmente el Derecho internacional y los derechos humanos.

Entre otros aspectos importantes, el informe considera «inverosímil» que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de estas actividades delictivas y «extremadamente inverosímil» que pudieran tener lugar cientos de vuelos a través del espacio aéreo europeo sin que las autoridades pertinentes tomaran ninguna medida.

El informe debería ayudar a desentrañar el verdadero significado de términos como «guerra preventiva» y «lucha contra el terrorismo» con los que los Estados Unidos y sus aliados han buscado enmascarar sus ataques contra las poblaciones y la soberanía de países, quebrantando el Derecho internacional y los derechos humanos.

El informe debería ayudar también a llegar hasta el fondo de lo que ocurrió y hacer que los responsables rindan cuentas, aclarando el contenido de los acuerdos de la OTAN y los acuerdos celebrados entre la UE y los Estados Unidos sobre esta cuestión. Además, asegurará así que los Parlamentos nacionales lleven a cabo sus propias investigaciones.

 
  
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  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque considero que es un importante paso adelante en la forma en que el Parlamento Europeo quiere hacer frente ahora a las graves violaciones de los derechos humanos dentro de sus fronteras y a sus relaciones con los Estados Unidos. No podemos aceptar simplemente las garantías de Gobiernos amigos sobre la prohibición de la tortura y del trato cruel y degradante: tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestra actuación o la de nuestros aliados sea conforme con el Derecho internacional. En términos políticos, debemos examinar si la UE y sus Estados miembros tienen los instrumentos necesarios para averiguar la verdad sobre lo que está pasando en nuestro territorio y en nuestro nombre y las debidas salvaguardias para proteger a nuestros ciudadanos y residentes. Acojo con satisfacción la mayoría parlamentaria a favor de la continuación de la labor de esta comisión temporal.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) No he votado a favor de la propuesta de resolución de la Comisión Temporal sobre la supuesta utilización por la CIA de países europeos para el transporte y la detención ilegal de presos.

En primer lugar, considero que la creación de esta Comisión Temporal es totalmente superflua, dado que el Consejo de Europa ha procedido a una investigación en la materia en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué duplicarla? ¿Por qué entrometerse en las competencias y responsabilidades del Consejo de Europa?

¿Para qué encargar, incluso a un Primer Ministro, aunque sea de un pequeño país, que haga un gran informe sobre la colaboración entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, si, en la primera ocasión, derrochamos nuestro tiempo elaborando una resolución cuyo único objetivo aparente es caer en un antiamericanismo visceral?

Me sumo a la opinión minoritaria, que considera que esta Comisión Temporal es superflua, que no debería proseguir sus trabajos, que hasta ahora no ha aportado pruebas fehacientes de las supuestas violaciones del Derecho europeo y del Derecho internacional por Estados miembros de la Unión Europea.

 
  
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  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) El debate de ayer en el Pleno sobre los vuelos secretos y los campos de prisioneros secretos estadounidenses sacó a la luz dos puntos de vista diametralmente opuestos. Existen Gobiernos que subordinan los derechos y las libertades de las personas a la campaña contra cualquiera que disienta y, por tanto, pueda ser sospechoso de terrorismo. Aquellos que piensan así tienen la ilusión de que la libertad y la democracia pueden protegerse limitándolas o incluso aboliéndolas y suelen tener un sentido de vinculación estrecha con los Estados Unidos, profesando especial lealtad al actual Gobierno estadounidense y sus políticas, que han llevado a la ocupación de Irán y Afganistán y a la aceptación de una situación insostenible en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Rechazo de plano este enfoque. El terrorismo no puede combatirse extendiendo, en vez de reduciendo en la medida de lo posible, la semilla de donde brota. Este enfoque solo consigue hacer que más y más gente desesperada simpatice con los fanáticos terroristas que afirman tener la mejor solución y la mejor forma de mejorar sus condiciones de vida.

Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es un abuso manifiesto de los derechos humanos. Evidentemente, las libertades de los seres humanos individuales ya no cuentan para nada en la lucha contra el terrorismo. Los Estados miembros de la UE deben reconocer su parte de responsabilidad en ello.

 
  
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  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) El EPLP votará a favor del informe Fava porque creemos que sigue siendo importante que el Parlamento Europeo investigue el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para supuestos transportes y detenciones ilegales de prisioneros.

El informe intermedio es importante por dos razones. En primer lugar, a diferencia de los miembros del Consejo de Europa, los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente y son responsables ante sus electores. Investigamos todo tipo de asuntos en su nombre y no podemos ignorar las acusaciones de que algunos Estados miembros podrían haber incumplido las obligaciones derivadas del Tratado de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la UE, que subraya los principios básicos de la democracia, los derechos humanos y el respeto de la ley. El Parlamento Europeo es el único organismo que puede imponer sanciones a los Estados miembros que incumplen estas obligaciones derivadas del Tratado. El informe del Parlamento también es importante, pues a diferencia del Consejo de Europa, la comisión parlamentaria ha podido citar a testigos para testificar ante ella. La comisión escuchó firmes testimonios personales que aportaron pruebas convincentes en el informe.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El informe provisional sobre las actividades de la CIA, con secuestros, traslados, interrogatorios y tortura en países europeos confirma las informaciones reveladas por organizaciones y medios de comunicación.

La indignación resultante obligó a las fuerzas socialistas conservadoras a crear una comisión de investigación para reconocer hechos sabidos, de manera que puedan aparecer como «inocentes palomas» ante la opinión pública, engañando así al público sobre el papel de la UE.

Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista griego se han abstenido, negándose a participar en este esperpento interpretado en el Parlamento Europeo porque se ha suscrito un acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en Atenas por el que se permite a la CIA actuar con impunidad y ahora las fuerzas que lo apoyan «protestan» por sus resultados.

Los Gobiernos de los Estados miembros, tanto de derecha como de centro-izquierda, lo conocían y participaron en la orgía de la CIA y los miembros de los partidos que les brindaron apoyo, muchos de los cuales estaban al corriente, aparentemente los condenan. Se están burlando del mundo.

Los conservadores y los socialdemócratas se han puesto de parte de la estrategia «antiterrorista» de los Estados Unidos y han aceptado la «guerra preventiva» y la aniquilación de las libertades populares y los derechos democráticos y ahora se lavan las manos como Poncio Pilatos.

Ningún informe del Parlamento Europeo puede servir para lavar las responsabilidades políticas de los partidos que apoyan al imperialismo o para engañar a los ciudadanos y hacerles creer que la acción terrorista de los Estados Unidos y la UE cesará. Aumentará a medida que crezca el movimiento popular antiimperialista y haga cambiar la relación de fuerzas.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El contenido de este informe no puede ser abordado a la ligera. Los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, en tándem con las relaciones con nuestro principal aliado, requieren especial atención y consideración. Lo que se desprende de este informe provisional es una serie de dudas y sospechas que no han sido aclaradas, así como algunas declaraciones contradictorias procedentes de varios organismos. Por ello, es comprensible proseguir con el trabajo de la comisión, pero no es razonable presentar como conclusiones hipótesis no demostradas.

Pasando a cosas más serias, el rechazo de una serie de enmiendas destinadas a incluir en el informe algunos detalles relevantes que contrarrestaban algunas de las acusaciones e insinuaciones es indicativo del deseo de comportarse de modo beligerante hacia un aliado que prima sobre cualquier deseo de descubrir la verdad. No quiero verme relacionado con esta interpretación del papel del Parlamento y de las relaciones exteriores de la UE. Creo que tanto los países europeos como nuestros aliados son capaces de cometer errores y de cometer actos que quebrantan la ley. Estos actos deben reconocerse y castigarse, pero no estoy dispuesto a formular acusaciones sin una investigación o condenar sin pruebas.

 
  
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  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo no podemos apoyar el informe Fava porque creemos que le sobran acusaciones y le faltan nuevos datos fehacientes o pruebas. Nosotros estuvimos desde el principio en contra de esta Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos y pensamos que es un despilfarro de dinero que duplica los esfuerzos del senador Marty en el Consejo de Europa.

Además, no existe ninguna prueba de la existencia de campos de detención de la CIA ni en Rumanía, ni en Polonia, ni creo que haya habido una política sistemática estadounidense de entregas extraordinarias para torturar a personas secuestradas en terceros países.

 
  
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  John Whittaker (IND/DEM), por escrito. El UKIP (la delegación del Reino Unido en el Grupo IND/DEM) ha votado a favor de la enmienda 13 porque subraya que el Alto Comisionado y el Alto Representante de la UE no tienen poderes para pedir a los Gobiernos de los Estados miembros el tipo información a la que se refiere.

El UKIP se opuso a la creación de estos cargos y no reconoce su autoridad. Acogemos por tanto con satisfacción la enmienda 13, puesto que reconoce alguna limitación de sus poderes.

 
  
  

- Vigilancia de las transferencias de datos bancarios del sistema SWIFT por los servicios secretos estadounidenses (B6-0386/2006)

 
  
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  Marco Cappato (ALDE). (IT) Señor Presidente, Señorías, cuando se realizan transferencias bancarias en países extranjeros, en realidad dichas transferencias son transacciones comerciales y los datos personales resultantes de tales transacciones son datos que no deben usarse sistemáticamente con fines de seguridad.

Al confirmar mi voto a favor de esta resolución, me gustaría hacer hincapié en que el problema no consiste solo en que se transfieran ilegalmente datos a un tercer país, sino también que los datos que se recogen con fines comerciales se utilicen, en cambio, para fines de seguridad.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso se trata de una cuestión de vigilancia general, que incumple las directivas europeas y la legislación de los Estados miembros, y es también por esta última razón por lo apoyamos el informe SWIFT.

 
  
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  Gérard Deprez y Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Hemos votado a favor de la resolución del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y rechazado en bloque la resolución común sobre el asunto de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT) debido al desequilibrio irremediable que han producido una serie de enmiendas.

Todos sabemos hasta qué punto es difícil trazar la frontera entre las prioridades de la lucha contra el terrorismo y el respeto igualmente fundamental de las libertades individuales. El debate se ha visto afectado regularmente por las noticias relativas a las condiciones de detención en Guantánamo, el asunto de los vuelos secretos de la CIA, los centros de detención en Europa... y hoy el asunto SWIFT. Es difícil saber dónde trazar la línea divisoria, pero este es un debate capital en un mundo en el que el terrorismo cruza las fronteras nacionales.

En Bélgica se ha abierto una investigación para determinar todo posible incumplimiento de las leyes de protección de datos. No creemos que esta resolución vindicativa –que es virulentamente antiestadounidense en su forma, angélica en el fondo (4 y 13: ¡qué idea más brillante: los servicios secretos deberán anunciar sus operaciones públicamente!) y a menudo ilegible– mejore nuestra imagen entre los europeos. Había otras formas de expresar nuestro deseo de arrojar luz sobre una posible infracción, recordando al mismo tiempo nuestro férreo compromiso con la lucha contra aquellos cuya ideología pisotea nuestros valores.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque hay ciertos aspectos en los que discrepamos, creemos que esta resolución debería contribuir a mostrar en toda su crudeza la llamada «lucha contra el terrorismo» y la tendencia a la primacía de la seguridad que la caracteriza.

Al amparo del «Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo», los Estados Unidos han tenido acceso, con ayuda de un acuerdo secreto, a todos los datos financieros almacenados por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), una cooperativa de 8 000 bancos e instituciones de 200 países, incluido el Banco Central Europeo.

Los Estados Unidos han logrado así acceso a una cantidad extraordinaria de datos sobre transferencias y transacciones bancarias efectuadas por ciudadanos y empresas de todo el mundo. El acceso a esta clase de información se ha concedido violando los procedimientos legales sobre protección de datos y sin ningún fundamento jurídico. Esto viola los derechos, libertades y garantías de las personas y la responsabilidad soberana de cada país con respecto a la protección de sus ciudadanos.

En consecuencia, debe sacarse a la luz la verdad y pedir explicaciones a los responsables de esta situación inaceptable, incluido el papel del Banco Central Europeo.

Este no es un incidente aislado, sino otra punta de iceberg del verdadero significado de la tendencia a la primacía de la seguridad que está minando derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El seguimiento de los movimientos en las cuentas de millones de inocentes por parte de los Estados Unidos, con el acuerdo de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros, muestra la profundidad y los objetivos de la llamada estrategia antiterrorista. Forma parte de la estrategia global e integrada de los imperialistas de registrar datos para así controlar, coaccionar y aterrorizar a cualquiera que se oponga a ellos.

Revela el papel del sistema bancario, las empresas privadas y las entidades públicas en los países capitalistas y el Banco Central Europeo, que incluso infringe sus propias normas en el interés general del sistema.

Las resoluciones y las peticiones de protección de la privacidad de los ciudadanos y de equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos por parte de los partidos conservadores y socialdemócratas que predominan en la UE y en los Gobiernos son una monumental hipocresía.

Ellos fueron quienes firmaron esos acuerdos. Es igualmente insultante que, al mismo tiempo, aprobaran un informe y una propuesta de reglamento destinado a registrar las transacciones bancarias financieras de todos los ciudadanos de la UE.

Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista griego se han abstenido y con ellos se niegan a formar parte de este intento de crear falsas impresiones y santificar a la UE y las fuerzas que la apoyan. El Partido Comunista griego contribuirá a desenmascarar el papel de la UE, que, por mucho que intente parecer sensible y democrática, va a adoptar medidas antipopulares y antidemocráticas y va a sentir cómo crece la resistencia popular.

 
  
  

- Informe Lambrinidis (A6-0190/2006)

 
  
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  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, por mucho que se afirme en el informe Lambrinidis que la integración es, en principio, un proceso bilateral, en el texto aprobado encuentro de hecho poco o nada de eso; por el contrario, se trata efectivamente de la misma la cantinela de siempre, muchos derechos y apenas deberes.

Una vez más, se insta a los Estados miembros europeos a que procuren discriminar positivamente a favor de los inmigrantes, cuya consecuencia lógica es que la población autóctona quedará en desventaja o discriminada. Además, deben concederse a los inmigrantes todos los derechos políticos sin preguntarles sobre su voluntad de integrarse. Incluso se afirma en un punto que determinadas costumbres religiosas y culturales no deben ser óbice para que los extranjeros gocen de derechos o se integren en la sociedad: esto pese a que todos sabemos perfectamente bien que se trata de una forma velada de hablar de las llamadas costumbres religiosas y culturales del islam, que son el auténtico punto en cuestión aquí y que, de hecho, son completamente contrarias a las cosas que nuestras democracias europeas han logrado y a los derechos que en ellas se disfrutan.

Por esta razón, entre muchas otras, he votado, por supuesto, en contra de la aprobación de este informe.

 
  
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  Philip Claeys (NI).(NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Lambrinidis por la simple razón de que no contiene ninguna solución a estos problemas, sino que, por el contrario, constituye por sí mismo parte del problema. El hecho de que diga, por ejemplo, que los 40 millones de extranjeros de la Unión Europea pueden considerarse el 26º Estado miembro es, por sí solo, una demostración suficiente de ello. Por enésima vez, los votantes europeos se convierten en chivos expiatorios y se pide veladamente otra restricción más del derecho a la libre expresión de opiniones.

El informe solicita que se establezca el sufragio para extranjeros y la discriminación positiva, que es otra forma de decir discriminación contra los europeos y a favor de los extranjeros. No se trata solo de una cuestión de experiencias prácticas por lo que estas normas poco realistas no funcionan, sino que tampoco se puede hallar ninguna base democrática para ellas. Esta clase de informe es el último de innumerables ejemplos del déficit democrático existente en Europa y de la interferencia desde el nivel europeo que solo puede erosionar aún más la confianza en Europa.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Si necesitáramos una prueba del colapso de las supuestas elites políticas europeístas, de la confusión mental en que viven, de la pérdida de referencias y de la inversión de valores que sufren, la tendríamos con el informe del señor Lambridinis. Lo que propone no es, ni más ni menos, que una preferencia generalizada e institucionalizada por los no europeos, una discriminación de los europeos en su propio suelo, acompañada, financieramente, de una especie de plan Marshall para lo que llama el «26º Estado de la Unión» y, políticamente, de la concesión unilateral de derechos que solo pueden corresponder a los nacionales de un Estado.

Despierte, señor Lambrinidis. La admisión oficial de 40 millones de inmigrantes de fuera de Europa marca el comienzo de la apertura de las esclusas. Los Estados miembros consagran cada año cientos de miles de euros a políticas denominadas de integración, que son otros tantos fracasos manifiestos, costes para su sociedad, desventajas para sus economías. Recuerden los enfrentamientos interétnicos en el Reino Unido. Recuerden las razones por las que murió Theo van Gogh. Recuerden los disturbios en Francia, esos jóvenes gritando su odio a nuestras instituciones, a nuestros valores, a todo lo que somos. Las sociedades multiculturales que quiere usted crear son explosivas.

Millones de europeos sufren desempleo, problemas sociales y dificultades para encontrar vivienda. Son ellos por los que deberíamos preocuparnos en primer lugar.

 
  
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  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo acogemos con satisfacción el enfoque amplio del informe Lambrinidis y apoyamos los numerosos argumentos positivos y equilibrados de este informe a favor de la promoción de la integración de los inmigrantes en la sociedad europea.


Sin embargo, queremos reiterar que es preciso garantizar que el principio de subsidiariedad se respete plenamente en todos y cada uno de los aspectos de la política en este importante terreno.

Además, creemos que la política de asilo debe seguir siendo competencia de los Gobiernos nacionales y no creemos en un enfoque paneuropeo como se afirma en el considerando L.

Por estas razones hemos decidido abstenernos en la votación sobre este informe.

 
  
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  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) En Europa hay actualmente unos cincuenta millones de inmigrantes, originarios en su mayoría de África o Asia, y su número aumenta al ritmo de uno a dos millones al año. La explosión de la violencia étnica, la islamización de varias de nuestras ciudades, el cuestionamiento de nuestros sistemas de seguridad social, que no pueden hacerse cargo de los que llegan, son las consecuencias más graves de esta inmigración, que aún resulta más difícilmente asimilable por provenir de culturas ajenas a nuestra civilización.

La integración que propone el ponente, lejos de resolver los problemas, los agrava. En Francia, tres semanas de disturbios en noviembre de 2005 redujeron a cenizas decenas de edificios construidos en el marco de esta política: salas de fiestas, gimnasios, centros escolares, etc. Las demás propuestas, como «promover la participación política de los inmigrantes», es decir, darles derecho de voto, como desea en Francia el señor Sarkozy, fracturarán aún más a nuestras sociedades.

En vez de absorber a miles de personas en una pseudointegración, nuestros Gobiernos deberían, por una parte, poner en práctica con los países de emigración una verdadera política de cooperación basada en la reciprocidad y, por otra, lanzar una firme política a favor de la familia para garantizar la supervivencia a largo plazo de nuestras naciones.

 
  
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  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar al señor Lambrinidis por su excelente informe sobre estrategias y medios para la integración de inmigrantes en la UE, que apoyo plenamente.

A este respecto quiero destacar la necesidad de garantizar la implementación efectiva de las directivas de la Comunidad sobre la integración de inmigrantes.

A este fin, la UE debe controlar la transposición de directivas sobre integración y la efectividad de las prácticas administrativas que aplican la legislación vigente en la vida diaria de los inmigrantes.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Aunque comparto las preocupaciones del ponente, no puedo estar de acuerdo con todas las propuestas que formula para resolver uno de los problemas clave que plantea la inmigración, a saber, la integración.

Por citar tan solo unos ejemplos: el ponente confunde la inmigración procedente de los países en vías de adhesión (especialmente en el pasado) con la inmigración procedente de otros países, lo cual constituye un error de análisis que transluce en sus conclusiones; hace la afirmación errónea de que más de 40 millones de nacionales procedentes de terceros países conforman «el 26º Estado miembro de la UE (y su quinto Estado más grande)»; y por último la idea, puesto que ha sido abandonada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea, de que los Estados miembros deben conceder la ciudadanía a los inmigrantes, sin mencionar que esta cuestión está sujeta a distintas normativas y distintas razones de ser, es un enfoque simplista de un asunto complejo.

El hecho de que exista un problema en este momento con la integración de algunas comunidades inmigrantes en la UE muestra que en la actualidad ningún modelo europeo funciona plena y efectivamente. La integración es un proceso bidireccional. El país de acogida (las autoridades y los ciudadanos) debe facilitarla y los mismos inmigrantes deben quererla y ponerla en práctica. No reconocer esto equivaldría a entregar la iniciativa a los movimientos extremistas de ambas partes.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La inmigración es un tema demasiado serio para dejarlo exclusivamente en manos de los institutos de sondeo de opinión o limitarse a declararlo tema de importancia capital con ocasión de las elecciones nacionales. La inmigración es una realidad: más de 40 millones de inmigrantes viven en el territorio de la Unión Europea, que parece tener muchas dificultades para coordinar sus acciones. Debe dotarse rápidamente de una política de inmigración coherente y eficaz. La Presidencia finlandesa quiere hacer avanzar este espinoso asunto haciendo saltar el cerrojo de la unanimidad en el Consejo de Ministros, que paraliza cualquier avance en el ámbito sin embargo crucial de la cooperación judicial y policial, para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Espero sinceramente que esta voluntad nórdica se concrete pronto a través de la aplicación de una política humanista y común de derechos de asilo o también una cooperación entre los 25 para la asignación de cuotas a cada país. Otro reto que hay que superar es el de la integración de los inmigrantes. Como destaca el informe Lambrinidis, quedan por hacer grandes progresos en la Europa de los 25 para conseguir esta integración, principalmente en materia de acceso al empleo, no discriminación, educación de las mujeres, programas de lenguas y participación política. Si ganamos esta apuesta estaremos un paso más cerca de la paz social.

 
  
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  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La política europea de inmigración no puede limitarse a la lucha contra la inmigración ilegal. Urge implantar una política europea de integración de los nacionales de terceros países.

La Comunicación de la Comisión sobre un programa común para la integración representa, pues, un paso importante. Y la creación de un Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países abunda en este sentido. Los inmigrantes deben beneficiarse directamente de este fondo, que por tanto ha de permitir una mayor participación de los mismos en todos los niveles de la vida educativa. cultural y política.

Debemos favorecer un intercambio de las mejores prácticas en materia de políticas de integración de los Estados miembros a fin de preparar la vía para una verdadera política de integración europea.

Por otra parte, apoyo la propuesta del ponente de implantar procedimientos rápidos y generosos para conceder permisos de residencia de larga duración y favorecer la reunificación familiar y la naturalización de los residentes de larga duración.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La UE aborda la cuestión de la inmigración exclusivamente en el marco de la Estrategia de Lisboa, para así aumentar la competitividad de su economía; en otras palabras, desde el punto de vista de incrementar la rentabilidad del capital europeo. Por eso, sus pronunciamientos sobre la integración social de los inmigrantes no son nada más que una lista general de deseos, sin ningún respaldo práctico para resolver la agravación de sus problemas. Son una hipocresía insultante, dado que los inmigrantes en toda la UE se encuentran sometidos a la peor de las explotaciones del capital, ocupando puestos de trabajo mal remunerados, no asegurados, sin acceso a los derechos sociales y políticos fundamentales, víctimas permanentes del marco reaccionario institucional de los Estados miembros y de la UE, que mantienen ilegalmente presos a millones de inmigrantes.

El Partido Comunista griego apoya a los inmigrantes en su justa reivindicación de un estatuto legal, la abolición de puestos de trabajo no declarados ni asegurados, mayores sueldos y salarios, pago igual para trabajos de igual valor, una educación mejor y servicios sanitarios públicos y gratuitos y plenos derechos políticos para todos. La manera de resolver sus problemas pasa por su integración en el movimiento de la clase trabajadora, la resistencia y el desarrollo de su lucha contra la política antipopular de la UE y sus Gobiernos, que es la responsable de la pobreza y del infortunio de los trabajadores locales e inmigrantes en la UE y en todo el mundo.

 
  
  

- Informe Carlotti (A6-0210/2006)

 
  
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  Nirj Deva (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo acogemos con satisfacción el amplio enfoque del informe Carlotti y apoyamos los numerosos elementos positivos y equilibrados de este informe.


Sin embargo, estamos en contra de la idea de integrar la cuestión de la migración en la política exterior de la UE, tal como se afirma en el apartado seis. No creemos que una estrategia común sea la mejor manera de tratar esta cuestión. Creemos que la política en este terreno debe seguir siendo competencia de los Gobiernos nacionales y no creemos en un enfoque paneuropeo de la política de inmigración.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El principal fallo de la señora Carlotti, que encontramos en todos los informes del Parlamento Europeo sobre el tema, es considerar que la inmigración, rebautizada para la ocasión con el nombre de «movilidad humana», es un derecho humano. No, ninguno de nosotros tenemos el derecho inalienable de instalarnos de modo permanente en el país que se nos antoje: los Estados deben poder decidir quién puede entrar en su territorio, quién puede quedarse en él y durante cuánto tiempo.

El prejuicio filosófico, casi religioso, que preconiza la ponente la lleva a falsas soluciones. Existe, evidentemente, un vínculo entre desarrollo y migración. Cientos de miles de personas se ven empujadas a la emigración por la miseria y es evidente, como propone el Front National desde hace años, que hay que aplicar políticas de desarrollo que permitan que esas personas permanezcan en sus países porque encuentren en ellos los medios para vivir dignamente.

Uno de esos medios es organizar el retorno de las poblaciones inmigradas a sus países de origen, para que estos puedan beneficiarse de la experiencia y las competencias adquiridas por los emigrantes durante su estancia en la Unión Europea. Es la única opción que el informe de la señora Carlotti no contempla en absoluto. Por ello, votaremos en contra.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Apoyamos este informe porque contiene una serie de puntos que nos parecen positivos. Sin embargo, no critica la política de inmigración que se aplica en la UE ni condena las causas subyacentes que se hallan detrás de la migración de millones de hombres y mujeres en todo el mundo.

El informe no critica la política de inmigración de la UE, cuyo principal objetivo es explotar la mano de obra barata desprovista de derechos a la vez que implementar medidas represivas que tratan de criminalizar a los inmigrantes, hombres y mujeres que simplemente desean disfrutar de su derecho a vivir –es decir, a tener acceso a comida, servicios sanitarios, agua, vivienda, educación y cultura–, el derecho al trabajo y el derecho a una renta.

El informe también elude las causas subyacentes de la migración, que tienen sus raíces en una desigualdad cada vez mayor. Esta desigualdad nace de las políticas neoliberales y militaristas que tienen su origen en la globalización capitalista. Estas políticas de liberalización y privatización pretenden promover la concentración de riqueza y patrimonio en los grandes grupos económicos y financieros y manipular a los Estados miembros para que puedan satisfacer sus intereses, lo que demuestra que no necesitan las injerencias y la guerra para imponer sus ideas.

 
  
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  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) En vísperas de la Conferencia de Rabat, es urgente recordar que la cooperación de la Unión Europea con los países de origen de las migraciones no puede limitarse a ayudarles a reforzar sus fronteras.

Debemos entablar un diálogo para atajar las causas profundas que impulsan a las personas a cruzar océanos poniendo en peligro sus vidas para encontrar una vida mejor en Europa. Debemos facilitar un codesarrollo más centrado en las personas, a fin de reducir la pobreza y las desigualdades, primeras causas de la migración. La creación de un fondo europeo para el codesarrollo perpetuará este principio.

Por último, debemos recordar que la migración debe representar una oportunidad para los países de origen. Podemos promover el compromiso de los migrantes con sus países a fin de optimizar su impacto sobre el desarrollo de los mismos.

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Voto a favor de este informe porque no plantea una legislación y contiene numerosas propuestas sensatas. Hace hincapié en la igualdad, los derechos para los solicitantes de asilo y ayuda a la integración y la cooperación. Sin embargo, estoy en contra de las propuestas contenidas en el informe que estipulan un mayor poder para la UE en política de migración, puesto que esto tendría un impacto negativo tanto en términos prácticos como democráticos. Me opongo a los nuevos fondos ineficientes que se proponen y que la UE será incapaz de administrar efectivamente. También me opongo a la propuesta poco rentable de pagar la diferencia salarial a los trabajadores con altos salarios que regresan.

 
  
  

- Informe Schmidt (A6-0207/2006)

 
  
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  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) Con el informe del señor Schmidt, el Parlamento Europeo ha querido pronunciarse sobre la necesidad de situar el comercio justo dentro de un verdadero marco político europeo.

Esta iniciativa era indispensable. En efecto, la presión que ejerce actualmente la creciente apertura de los mercados a escala mundial representa una grave amenaza para la viabilidad económica, ecológica y social de los distintos modelos agrícolas mundiales: al obligarles a producir a precios cada vez más bajos, pone en peligro a los agricultores, pues mina sus ingresos y contribuye a deteriorar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas, así como el medio ambiente.

El libre comercio puede y debe contribuir a ofrecer una alternativa a esta situación que, al favorecer el mínimo común denominador, mina los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta perspectiva, la Comisión debe transmitir hoy un firme mensaje político a favor de un sistema comercial que confiera a los productores unos ingresos dignos y contribuya a suprimir cualquier tentación de dúmping social y ambiental. La creciente popularidad de los productos del libre comercio entre los consumidores europeos no puede más que incentivar una iniciativa de este tipo.

Así, y aunque lamento que el Parlamento no haya querido abogar por medidas arancelarias especiales (un enfoque diferenciado similar al SPG+) a favor de los productos procedentes del libre comercio, votaré a favor del informe Schmidt.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque este informe tiene las mejores intenciones, finalmente no llega hasta la raíz del problema.

El productor debe recibir, por supuesto, unos ingresos justos –para poder sufragar los costes de producción y asegurarle un modo de vida sostenible– y debe, además, participar en el proceso de comercialización de sus productos, por citar tan solo dos de los muchos puntos positivos de este informe.

Pero esto no debe ocultar el hecho de que las ideas más generales que sostienen el llamado comercio justo están discrepan en gran medida de las políticas de liberalización del comercio mundial, por ejemplo en la OMC (por no mencionar los acuerdos de libre comercio promovidos por la UE y los Estados Unidos), que tratan de manipular los sistemas de producción de los países económicamente menos desarrollados para satisfacer las necesidades de expansión de los grandes grupos económicos y financieros de los países del «norte».

Lo que se necesita es una política que respete el derecho de las personas a usar los recursos naturales y a disfrutar de los beneficios económicos y de producción de su país para así mejorar sus condiciones de vida; una política que fomente la cooperación mutuamente beneficiosa y asegure la soberanía alimentaria; una política por la que los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía sigan siendo de propiedad pública y estando bajo control público.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe equilibrado que explora de qué modo la creciente popularidad y cantidad de productos de comercio justo en la UE puede contribuir a nuestro intento de acabar con la injusticia social y elevar los niveles de la producción de los países en desarrollo.

Apoyo algunas de las conclusiones de este informe, como la de que debe haber una adecuada información al consumidor, un precio justo para el productor y transparencia a lo largo de toda la cadena de distribución. He intentado enmendar el informe para garantizar que las condiciones de producción influyan de modo determinante en la noción de comercio justo a través de la necesidad de respetar las ocho convenciones centrales de la OIT.

También he presentado una enmienda pidiendo a la Comisión que mantenga un estrecho contacto con el movimiento del comercio justo para apoyar criterios claros y ampliamente aplicables con los que puedan evaluarse los mecanismos de protección del consumidor, para apoyar la confianza del consumidor en dichos mecanismos. Dada la existencia de varios mecanismos nacionales que el consumidor reconoce, no apoyo actualmente un mercado de comercio justo para toda la UE. Sin embargo, creo que debe considerarse esta opción si la proliferación de normas y marcas induce a confusión entre los consumidores.

 
  
  

- SIDA, es hora de reaccionar (B6-0375/2006)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Es bien sabido que existen más de 65 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, cerca de 25 millones han muerto y unos 15 millones de niños han quedado huérfanos a causa del sida. Esto es especialmente grave en los países en desarrollo, donde de los 40 millones de personas que actualmente viven con el VIH, más del 95 % viven en países en desarrollo, con más del 70 % tan solo en el África subsahariana.

Sobre este espantoso telón de fondo, quiero destacar la difícil situación de las mujeres, que representan más de la mitad de todas las personas que viven con sida y un 60 % de quienes viven con sida en África, siendo las mujeres de dos a cuatro veces más vulnerables a la enfermedad que los hombres.

Aunque deseamos destacar la declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de junio de 2006, en particular sus referencias a la necesidad de favorecer el acceso de medicamentos para todos, lo que incluye la producción de antirretrovirales genéricos y otros fármacos esenciales para infecciones relacionadas con el sida, es lamentable que dicha declaración carezca de objetivos globales o calendarios establecidos sobre tratamientos, recursos y prevención, y tampoco establece un plan viable para respaldar el objetivo de proporcionar acceso universal para todos los afectados por el VIH antes de 2010...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

 
Última actualización: 31 de agosto de 2006Aviso jurídico