Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Quiero aprovechar la votación sobre este informe relativo a los derechos de voto de los accionistas, que lamentablemente tiene lugar sin debate previo, para llamar la atención de la Cámara sobre el escándalo de Eurotunnel, una auténtica estafa avalada por los sucesivos Gobiernos franceses, socialistas y liberales, que tiene lugar desde hace años.
Unos 800 000 pequeños accionistas, que representan en torno al 90 % del capital de la sociedad, creyeron las promesas de los diseñadores del túnel, de los poderes públicos, de los banqueros y de los industriales, e invirtieron unos 4 500 millones de euros en la empresa.
Hoy están arruinados y se verán todavía más perjudicados por un plan de «rescate» que consiste en vender la empresa a accionistas no europeos a precio de saldo y reembolsa a los acreedores, que ya han ganado 8 500 millones de euros en intereses. Este plan se elaboró sin consultar a los accionistas y les ha sido impuesto por el Tribunal de Commerce de París (tribunal de arbitraje en asuntos mercantiles). Su única elección será responder, o no, a una oferta pública de intercambio que los marginará definitivamente en el capital y, por tanto, en las decisiones de la empresa, justo cuando esta se vuelve extremadamente rentable.
Este asunto es una vergüenza y el silencio de las autoridades francesas resulta escandaloso. Todo esto puede disuadir a los ciudadanos de invertir en la economía, para dejarla a merced de los grandes grupos financieros apátridas.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque la ayuda presupuestaria es una gran herramienta de asociación con los países en desarrollo, que les permite responsabilizarse del uso de los fondos de desarrollo. Pero los fondos deben usarse de forma correcta y tenemos que evitar su malversación, y me alegro que este informe proponga unos criterios claramente definidos.
Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) ¡Cincuenta años! Casi cincuenta años en los que varios países europeos han hecho grandes esfuerzos en el ámbito de la ayuda al desarrollo y la cooperación Norte-Sur. Medio siglo, con resultados mixtos.
¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas reside en la falta de estrategias de desarrollo apropiadas por parte de los países beneficiarios de la ayuda. Por esa razón he votado a favor del informe sobre la ayuda presupuestaria a los países en desarrollo, una ayuda gestionada directamente por el Gobierno del país beneficiario. Así, es ese Gobierno el que asuma la responsabilidad de su propio desarrollo, tras un diálogo con la Unión y la elaboración de una estrategia.
Sé muy bien que es un instrumento controvertido, especialmente cuando se va a utilizar en países frágiles con economías inestables y, evidentemente, cuando se trata de países no democráticos o corruptos.
Por tanto, no puede utilizarse en todas partes. Sin embargo, el éxito de la ayuda presupuestaria está en la ruptura de un círculo vicioso. Las condiciones son claras: no habrá ayuda presupuestaria si no se respetan las normas de gobernanza y lucha contra la corrupción; no habrá ayuda presupuestaria sin medidas para sanear la economía. Cuantos más puntos reúna un Gobierno en materia de gobernanza, más recibirá. Se trata de crear un auténtico círculo virtuoso.
Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Quiero hacer referencia al plan comunitario para erradicar la pesca ilegal, que sobre todo se produce, a escala internacional, en las aguas de los países en desarrollo, que son demasiado pobres y carecen de medios para controlar las actividades pesqueras en sus ámbitos de jurisdicción.
El hecho de no poder evitar esa pesca ilegal da lugar a pérdidas y penurias para sus poblaciones costeras que dependen del pescado como medio de vida y de seguridad alimentaria.
Al mismo tiempo, esas prácticas ilegales provocan pérdidas directas también para los operadores pesqueros legítimos. Y, en este sentido, quiero volver a resaltar que una de las virtudes de los acuerdos de asociación en el sector pesquero, llevados a cabo entre la Unión Europea y otros países, es, precisamente, que las flotas de altura comunitarias han aceptado el código de conducta para la pesca responsable, propiciado por las Naciones Unidas, y que su presencia en aquellas aguas hace, además, que otros buques ilegales no actúen con tanta impunidad.
Por ello, y defendiendo que se renueven todos los acuerdos pesqueros con terceros países, ya que el beneficio es importante y mutuo para ambas partes, he votado a favor del plan de erradicación de la pesca ilegal, porque atenta seriamente contra el equilibrio biológico de los mares, y eso supone un alto riesgo ambiental que no podemos permitirnos.
Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) He votado a favor del plan de acción contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada porque se trata de un problema grave en todo el mundo que causa una considerable degradación ambiental, contribuye al agotamiento de las reservas de peces comerciales y no comerciales y de otras especies, y causa dificultades para aquellas comunidades que dependen de la pesca para ganarse la vida tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Además, constituye una competencia desleal para los pescadores y agentes comerciales que se ciñen a las normas establecidas en la ley.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que recomienda varias medidas para abordar la pesca ilegal, como pedir a la Comisión que ayude a los países en desarrollo, sobre todo a aquellos con los que tiene acuerdos pesqueros, a cumplir los compromisos del plan de acción internacional destinado a impedir la pesca ilegal. Apoyo en particular el llamamiento a la Comisión para que presente un estudio sobre el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo y el respeto a los derechos sociales de los trabajadores en esa clase de buques, y sobre sus condiciones laborales y de vida a bordo.
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. (CS) En varias ocasiones la UE ha expresado su voluntad de promover y estrechar las relaciones con sus vecinos. Uno de los requisitos previos esenciales para mejorar las relaciones bilaterales es facilitar la circulación legal de personas. Llegados a este punto, quiero indicar que la Federación Rusa propuso a la UE el levantamiento bilateral de los requisitos de visado. Después de rechazar esta oferta, se llegó a un acuerdo en unas negociaciones complicadas sobre los visados de corta duración para los ciudadanos de la Federación Rusa y la Comunidad, excepto para los ciudadanos de tres Estados miembros de la UE. Es una especie de acuerdo piloto, porque las negociaciones continúan para llegar a un acuerdo similar con los países de los Balcanes, Ucrania, Marruecos y China. El acuerdo contiene varios puntos positivos, como el otorgamiento de visados gratuitos para los titulares de pasaportes diplomáticos, visados múltiples, marcos temporales para emitir visados y las tarifas de los mismos.
Naturalmente, este acuerdo queda muy lejos de unas relaciones sin visados, y de la expedición rápida y sin problemas de visados gratuitos. Algunos comentarios realizados en el debate en esta Cámara indican que hay varios diputados de este Parlamento con intereses creados en este asunto. Por una parte, ha habido intentos de reavivar el cadáver de la Constitución Europea y, por otra parte, de utilizar el acuerdo para interferir en los asuntos internos de Rusia. Esos intentos fueron repelidos en su mayoría y no se incluyeron en el acuerdo sobre visados. Por lo tanto, lo apoyamos con la creencia de que es el primer paso en el camino para unas relaciones sin visados con uno de los socios clave de la UE.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EN) El Grupo GUE/NGL acoge con satisfacción todos los acuerdos que promuevan los arreglos bilaterales en materia de viajes entre la UE y la Federación Rusa. Dichos acuerdos facilitan los viajes de los ciudadanos rusos a la UE y viceversa. Además, constituyen un avance importante, y su objetivo es mejorar la comunicación y entablar un diálogo político en el plano cultural, económico y político.
Sin embargo, al Grupo GUE/NGL le preocupa mucho el Acuerdo sobre los visados de corta duración CE-Rusia a causa de su estrecho vínculo político con el acuerdo de readmisión CE-Rusia, que socava seriamente la protección de los derechos de los refugiados y los inmigrantes, así como sus derechos fundamentales. El Grupo GUE/NGL también se opone firmemente al artículo 11 de la declaración conjunta del acuerdo, que define los «identificadores biométricos» de los pasaportes diplomáticos como una prioridad para garantizar un alto nivel de seguridad de los documentos.
El Grupo GUE/NGL también se opone a que algunas disposiciones del Acuerdo se apliquen exclusivamente a determinadas categorías o grupos de personas. Creemos que es discriminatorio y el Grupo GUE/NGL subraya que el procedimiento de facilitación de los visados de acceso debería aplicarse por igual a todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y a los ciudadanos de la Federación Rusa.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Por supuesto, agradecemos los acuerdos bilaterales entre la UE y la Federación de Rusia, destinados a facilitar y promover la circulación de ciudadanos rusos a los diversos países de la UE y viceversa.
Esos acuerdos constituyen un paso más hacia el establecimiento de unos vínculos culturales, sociales y económicos más estrechos, que permitan satisfacer las aspiraciones legítimas de miles y miles de personas que desean unos procedimientos que realmente faciliten el contacto entre los miembros de una misma familia separados entre la Federación de Rusia y los Estados miembros de la UE.
Dicho esto, ese acuerdo contiene obligaciones que consideramos inaceptables, por ejemplo el artículo 11 de la Declaración Común, que dice que el requisito de los «identificadores biométricos» en los pasaportes diplomáticos es prioritario para asegurar un alto grado de seguridad.
También nos oponemos al hecho de que algunas disposiciones del acuerdo se apliquen exclusivamente a determinadas «categorías» o «grupos» de personas, porque pensamos que el proceso de facilitar la expedición de visados debería aplicarse y garantizarse para todos los ciudadanos de los países de la UE y la Federación de Rusia.
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. (CS) El acuerdo de readmisión con Rusia es uno de los principales documentos con los que la Comisión intenta regular la inmigración. En realidad forma parte del debate sobre la democracia, la igualdad de derechos, los derechos de las minorías y la protección de la identidad cultural.
La cuestión va más allá de las relaciones con Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes. El problema principal para los Estados miembros de la UE es la inmigración masiva desde África, Turquía, los países de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), Indochina, China y América Latina.
El acuerdo con Rusia debería ser una especie de acuerdo modelo, que sirva de base para que la Comisión aclare el progreso en el Espacio Económico Europeo y a la vez calcule hasta qué punto puede interferir en los asuntos internos de los países vecinos. Rusia es un socio grande y poderoso del que la UE depende hasta cierto punto, y por este motivo el acuerdo evita hacer críticas al amparo del epígrafe «respeto de los derechos fundamentales de los interesados». Solo a través de los temas planteados en la exposición de motivos de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior vemos un intento de utilizar el acuerdo de readmisión para interferir en los asuntos internos de Rusia.
Esta tendencia es tan perturbadora que, para mí, no hay forma posible de aceptar el acuerdo. Va en contra de la seguridad y los aspectos humanitarios del acuerdo. Curiosamente, la Comisión de Asuntos Exteriores está sumamente interesada en «la ausencia de un marco regulador para la aplicación del acuerdo». Acojo con satisfacción el llamamiento de la Comisión para ayudar a las instituciones rusas a ejecutar el acuerdo. Por otra parte, me opongo a la confusión del concepto de «tercer país seguro».
Daniel Strož (GUE/NGL), por escrito. (CS) Comparto la opinión de que el acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados de corta duración y el acuerdo de readmisión entre la Comunidad Europea y Rusia deberían ayudar a reforzar las relaciones mutuas y crear un espacio europeo conjunto basado en unos valores compartidos y unos intereses mutuos.
Quiero recordar a la Cámara que Rusia fue el primer país incluido en la denominada estrategia conjunta presentada al Consejo Europeo en 1999. Ya entonces se dijo claramente que Rusia debía estar firmemente anclada en Europa y que no debía considerarse solo una amenaza o un socio inferior o problemático. Teniendo en cuenta lo dicho y la situación actual en Europa y en todo el mundo, no puedo aceptar la idea que presenta el informe sobre el acuerdo de readmisión de que las relaciones entre la UE y Rusia están pasando por una fase crítica y que la firma de un nuevo acuerdo de asociación y cooperación después de 2007 dependerá de la situación de los derechos humanos que se perciba en Rusia. Rusia no es una superpotencia que fomenta las guerras y pisotea los derechos humanos en todos los continentes. Quienes critican los abusos de los derechos humanos allá donde ocurren, y no solo en Rusia, deberían comprobar antes si ellos mismos respetan estrictamente los derechos humanos. El hecho de que no es así queda demostrado por la situación de los rusos que viven en los Estados Bálticos sin tener la ciudadanía.
Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Esta resolución aprueba la propuesta de la Comisión relativa a la Decisión del Consejo que ensalza la Estrategia de Lisboa y afirma que el desempleo ha descendido en Europa. Incluso revisada, la Estrategia de Lisboa seguirá siendo el símbolo de la demagogia y la ineficacia, ya que los Estados miembros sometidos a las directrices de Bruselas tienen dificultades para seguir la línea europeísta y fracasan en materia de crecimiento, empleo y modernización de sus sistemas de seguridad social.
Este descenso del desempleo, según la evaluación positiva efectuada por la Comisión, es un engaño que enmascara la realidad de las cifras. Estamos ante un verdadero trampantojo, ya que solo en Francia se ha excluido hábilmente de las estadísticas a muchos pobres y trabajadores con empleo precario, por no hablar de los desempleados en formación y muchos miembros de la población activa que se han prejubilado.
Por último, la enmienda de procedimiento propuesta por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que pide con gran sabiduría que el Parlamento Europeo disponga del tiempo necesario para desempeñar plenamente su función de consulta sobre los asuntos sociales, demuestra la impotencia de nuestra institución ante el absolutismo europeísta.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las directrices de empleo en la Unión Europea, que fueron redactadas y decididas conjuntamente tanto por el Gobierno de la Nueva Democracia como por el anterior Gobierno del PASOK en el marco de la Estrategia de Lisboa, relacionan de forma inextricable la política de empleo con el objetivo central de aumentar al máximo los beneficios de la plutocracia, requisito imprescindible para lo que es una inmensa intensificación de la explotación de las clases trabajadoras.
Las declaraciones de la UE sobre una supuesta reducción del desempleo y demás pretenden engañar a los trabajadores, ya que ella misma admite el fracaso de sus políticas al descubrir que el índice global de empleo fue del 63 % en 2003, mucho más bajo que el objetivo acordado del 70 %, a pesar de la distribución de parte del desempleo entre formas de empleo temporales y flexibles, que constituyeron un 60 % de los nuevos puestos de trabajo entre 2000 y 2005.
El futuro que la UE prepara para los trabajadores de acuerdo con los ejes de su política es un futuro de «de-empleo» en el que, ya en edad preescolar, adquirirán formación y aptitudes oportunistas, fragmentarias, pasando de una forma de semiempleo a otra, con la mitad de los derechos de pensión, seguridad social, desempleo, o sin ellos, viajando de una punta a otra de su país y de la UE en busca de trabajo, reciclándose constantemente según los requisitos del capital con unos conocimientos desechables, trabajando hasta la vejez o hasta la muerte para producir una riqueza increíble de la que se apropiará la plutocracia.
Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) He votado a favor de este importantísimo informe de Katerina Batzeli –aunque no sea legalmente vinculante–, que es coherente, está bien equilibrado y presenta numerosas sugerencias esenciales de unos diputados a este Parlamento que conocen a fondo las tradiciones locales y las costumbres de sus regiones. Después del revuelo que ha causado la Comunicación de la Comisión sobre un sector vitivinícola europeo sostenible, y en concreto la decisión de arrancar 400 000 hectáreas de viñedos, era necesario que el Parlamento Europeo presentara en este informe sus opiniones sobre la futura reforma del sector vitivinícola.
Lo que es vital, en mi opinión, es preservar el presupuesto de la Comunidad y no trasladar fondos del primer al segundo pilar de la Política Agrícola Común, que se dedica al desarrollo rural, ya que eso podría comportar la pérdida de recursos para el sector vitivinícola. Por otro lado, es necesario proteger la posición de mercado del vino y del sector vitivinícola creando una política realista en cuanto a publicidad, comunicaciones y marketing basada en la organización común del mercado. Creo firmemente que la Comisión puede diseñar un proyecto de ley eficiente con tan solo la disposición adecuada de las propuestas del Parlamento Europeo destinadas a preservar el liderazgo mundial que ostentan los vinos de calidad que elabora el sector vitivinícola europeo, que sigue siendo una fuente importante de empleo y prosperidad en bastantes regiones europeas, como Eslovaquia.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la reforma de la organización común del mercado del vino porque creo que contiene muchas propuestas positivas.
Durante la elaboración de este informe en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, saltó a la vista que la comisión estaba divida en dos sectores. Uno formado por los países del norte y el centro de Europa, y otro por los países del sur de Europa.
Sin embargo, estoy seguro de que todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar medidas para equilibrar la situación en el mercado. También creo que hay que conservar la posibilidad de utilizar remolacha azucarera para enriquecer el vino en la región vitivinícola A. Si no se hiciera así, sería una discriminación de los países situados en partes de la Unión donde el clima dificulta la viticultura. Esas regiones nunca han tenido excedentes y deberían quedar exentas de la prohibición de determinadas plantaciones, que pretenden limitar la producción.
Además, creo que deberían limitarse los recursos asignados a la destilación de emergencia de los excesos vinícolas. El alcohol de vino adicional producido de esta forma distorsiona el mercado del alcohol etílico y es una carga para el presupuesto de la Unión.
Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh e Inger Segelström (PSE), por escrito. (SV) Nosotros, los socialdemócratas suecos hemos votado en contra del informe sobre la organización común del mercado vitivinícola. El informe se caracteriza por un alto grado de proteccionismo que podría dificultar el desarrollo económico tanto en la UE como en los países en desarrollo. El informe contiene también varias alusiones a que el sector vitivinícola debería impulsarse con la ayuda de subvenciones para la producción y la comercialización del vino. Para nosotros, es impensable apoyar esto tanto en términos de salud pública como de las consecuencias que tendría para el presupuesto de la UE.
El Grupo xenófobo Integridad, Tradición y Soberanía ha presentado varias enmiendas que eliminan determinadas frases del informe. Nosotros, los socialdemócratas, hemos decidido votar en contra de las enmiendas del Grupo ITS. Creemos que es inaceptable apoyar a este Grupo.
Creemos que hemos rechazado el informe votando en contra del mismo en su totalidad.
Roberta Angelilli (UEN), por escrito. (IT) Para quienes lo han estado elaborando durante siglos, el vino no es una bebida como cualquier otra que se comercializa exclusivamente para conseguir beneficios: es una opción que se basa en la historia, la cultura el respeto y la búsqueda de calidad, a menudo la búsqueda de la excelencia.
Italia, el exportador de vinos número uno del mundo, ha hecho de la alta calidad su bandera, junto con el respeto por los consumidores y las tradiciones de la elaboración de vinos.
Este informe es esquizofrénico: por una parte, habla de promover la calidad, a la vez que, por otra, defiende el enriquecimiento con azúcar; por una parte, habla de proteger las designaciones geográficas, a la vez que, por otra, abre la puerta a las nuevas prácticas de elaboración de vino, como el vino con virutas. En cualquier caso, la Comisión Europea ha seguido a menudo una línea similar; durante años ha preferido una liberalización brutal y la distribución a gran escala, a expensas de la calidad, la tradición y la protección de los consumidores y los productores.
Solo para poner un ejemplo, quiero mencionar el Reglamento (CE) nº 316/2004 en el que se liberalizaban 17 denominaciones tradicionales, lo que en realidad abría el mercado a la piratería en las prácticas enológicas. Por todos esos motivos, aunque he votado a favor del informe, quiero expresar mi gran preocupación por el futuro de la calidad del sector vitivinícola, en especial el sector italiano.
Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) Quiero felicitar a la señora Batzeli por su trabajo sobre este tema, cuyas ramificaciones económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales son enormes. Pienso que su informe de propia iniciativa es equilibrado y ambicioso y que permitirá al Parlamento influir en los grandes ejes de la reforma de la organización común del mercado del vino que prepara la Comisión.
La situación actual del sector vitivinícola europeo es difícil y la competencia de los vinos del Nuevo Mundo es dura, pero también hay que destacar que la UE sigue siendo el principal productor, el principal consumidor y el principal exportador de vino del mundo.
Me opongo enérgicamente a las primeras propuestas de la Comisión, que conducirían a una concentración de la producción en manos de algunas grandes explotaciones vitivinícolas, a la uniformidad de los vinos producidos y a una crisis en muchas regiones europeas. El arranque definitivo llevaría al abandono de la producción en los territorios más atrasados y con dificultades, en los que no podría tomar el relevo ninguna otra producción, lo que aceleraría el proceso de desertización.
Hemos de respetar la tradición vitivinícola europea, la calidad y la autenticidad de los vinos europeos y su vinculación con la tierra. No nos haremos más competitivos adoptando las prácticas enológicas correctivas de los demás continentes, sino favoreciendo las inversiones comerciales y promoviendo mejor nuestros productos.
Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) Este informe se opone frontalmente a las propuestas de la Comisión Europea sobre la reforma de la organización común del mercado del vino y hace que dicha organización sea más respetuosa con la tradición vitivinícola europea.
Hablando en mi calidad de diputada socialista al Parlamento Europeo, pienso que este informe establece el equilibrio correcto entre la necesidad de reforma del sector y los intereses de los vinicultores europeos.
En primer lugar, acojo con agrado la adopción de medidas estructurales cuya prioridad es restablecer el equilibrio del mercado. A partir de ahora, el saneamiento del mercado pasa por la eliminación gradual y progresiva de los regímenes de destilación y por un enfoque selectivo del arranque con arreglo a criterios de calidad, geográficos y ambientales.
En segundo lugar, celebro la aplicación de medidas reglamentarias sobre las prácticas enológicas, el etiquetado –para responder a la exigencia de transparencia para los consumidores– y la promoción del vino europeo con vistas a penetrar en nuevos mercados de todo el mundo.
Por último, puesto que deseo defender la producción vitivinícola tradicional frente a vinos muy poco reglamentados, me complace la prohibición de importar mosto.
Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque creo que la reforma del sector vitivinícola debe salvaguardar las características específicas de los vinos europeos, incluidos los vinos portugueses, cuya calidad debería apreciarse.
Dado que la UE es el principal productor y consumidor de vinos del mundo, y que el sector constituye un 60 % de las exportaciones de la UE, creo que debería tener lugar una reforma de largo alcance en la actual organización común del mercado del vino, que ayudara a consolidar los mercados tradicionales y desarrollar los mercados en expansión.
El sector vitivinícola europeo necesita políticas que promuevan la consolidación, la mejora y la promoción de la competitividad del vino europeo en un escenario internacional cada vez más exigente.
Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) Vengo de un país, Portugal, y más específicamente de una región, Madeira, en la que el sector vitivinícola desempeña un papel económico de máxima importancia.
Aunque reconozco la necesidad de una reforma ambiciosa y de gran alcance de la organización común del mercado del vino, con el fin de modernizarlo y adaptarlo al desarrollo del mercado comunitario y a la presión de la competencia internacional, algunas de las soluciones presentadas por la Comisión en su Comunicación del 22 de junio de 2006 –en especial la del abandono permanente– no resuelven el problema de la producción de excedentes y no abordan el reto de la competitividad al que se enfrenta el sector vitivinícola europeo en el mercado mundial. En cambio, amenazan el potencial de vinificación europeo (calidad), dificultan la sostenibilidad del sector vitivinícola comunitario y deterioran la estabilidad de los productores de vino.
Como dice en su informe la señora Batzeli, a quien felicito, «la cuestión del abandono definitivo de las viñas no debe constituir el punto central de la reforma de la OCM». El informe contiene un análisis sensible de las propuestas de la Comisión y presenta una serie de sugerencias muy oportunas.
Por ello he votado a favor.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos sentimos muy decepcionados porque las diversas propuestas que hemos presentado han sido rechazadas. Eso nos ha obligado a votar en contra del informe final, aunque estamos de acuerdo con varias de las propuestas de la ponente y hemos votado a favor de las mismas.
Nos sentimos consternados por el hecho de que la principal medida que se propone en la Comunicación de la Comisión para regular la oferta y la demanda del sector vitivinícola sea arrancar 400 000 hectáreas de viñedos, lo que reduciría la producción y provocaría la pérdida de puestos de trabajo. A su vez, esa medida servirá para exacerbar la desertización de áreas inmensas, como ya ha ocurrido en Portugal, y para poner el sector del vino y el alcohol en manos de unos cuantos grandes productores y de las grandes empresas.
Son medidas que pretenden reducir los viñedos de la UE, lo que afectaría principalmente a las regiones menos desarrolladas, a las empresas familiares y a los agricultores con menos ingresos, pero tendrán poco impacto en el aumento de las importaciones y el papel cada vez menos relevante de la elaboración de vinos en los Estados miembros de la UE.
Seguiremos defendiendo nuestras propuestas y combatiendo la propuesta de la Comisión para liberalizar el sector. Lo que proponemos es un tipo distinto de reforma de la organización común del mercado del vino, que valore una vinificación sostenible, las características tradicionales de la elaboración de vinos, a las pequeñas y medianas explotaciones y las explotaciones familiares, la función social y cultural del sector, y su importante contribución al desarrollo regional y nacional.
Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Quisiera formular a la Comisión las siguientes preguntas:
Suponiendo que haya habido un exceso de producción de vino desde el decenio de 1970, tras 20 años de producción deficitaria, lo cual no está claro a escala planetaria, ¿por qué importar cada año 12 millones de hectolitros de países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina?
Si mi región de Languedoc-Roussillon, con el pretexto de la producción excedentaria, tiene que llevar a cabo un programa de arranque, ¿por qué importar 12 millones de hectolitros, es decir, el equivalente exacto de los 15 millones de hectolitros producidos en Languedoc-Roussillon, de países extracomunitarios?
Si hay exceso de producción, ¿por qué Bruselas quiere autorizar la importación de mostos de terceros países para hacer «vinos Ikea» para hacer en casa?
Si hay exceso producción, ¿por qué tratar de autorizar la práctica de los Estados Unidos consistente en añadir un 7 % de agua al vino?
¿Por qué arrancar aquí mientras Chile, Australia y los viñedos del paralelo 33 plantan?
«Cuando China haya bebido demasiado», ¿quién le dará vino para beber si nosotros arrancamos los viñedos?
En las 400 000 hectáreas, es decir, 4 000 millones de metros cuadrados que se han arrancado, ¿no tiene previsto la Comisión plantar 4 millones de casas, que representan un volumen de negocio inmobiliario de 100 000 millones de euros?
Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) La propuesta de la Comisión sobre la OCM del vino pone en peligro la protección de la producción vinícola europea. Su disposición sobre el arranque de viñedos puede afectar a regiones enteras dedicadas a esa producción y provocar también daños irreparables en el cultivo de viñedos autóctonos que, aunque no sean muy amplios, representan una historia y unas tradiciones centenarias.
El constante aumento de la producción y la calidad del vino de los países del denominado «Nuevo Mundo» (Sudáfrica, Australia y América del Sur, donde, en cambio, se están plantando viñedos), la creciente presencia de esos vinos en el mercado europeo y el hecho de que la demanda mundial de vino vaya en aumento hacen que la idea de arrancar sea aún más incomprensible. Europa necesita poder competir en igualdad de condiciones.
Con el fin de optimizar la producción y elaboración de vinos en Europa he presentado una enmienda en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones que subraya la necesidad de mantener en Europa la prohibición de utilizar las nuevas prácticas de vinificación para envejecer el vino (como el uso de virutas de roble en vez del tradicional envejecimiento en barril).
Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) Aunque este informe contenía muchos puntos positivos, podría haber tenido un efecto desastroso en la producción vinícola del sudeste del Reino Unido. La práctica de la «fructosa», según la cual se añade azúcar a los vinos británicos y a los de otros países del norte de Europa, se habría prohibido si la Cámara y la Comisión hubieran aprobado y aceptado las enmiendas al respecto. Se trata de un ataque flagrante desde el interior del sector vitivinícola y tiene que rechazarse para siempre en los futuros informes que se realicen en este ámbito.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El presente informe aborda un tema muy importante y actual, pero con un planteamiento erróneo. El Parlamento Europeo está tratando de nuevo de potenciar su propia importancia, esta vez utilizando como argumento el aumento del terrorismo y sus víctimas.
El informe está lleno de frases que implican pasos pequeños pero preocupantes en dirección a un Estado de la UE con una Política Exterior y de Seguridad Común. También interfiere en los asuntos internos de los países, en algunos casos contraviniendo las leyes fundamentales de los Estados miembros.
También observamos que tiene la audacia de referirse a una Constitución que ha sido rechazada en referendos europeos.
Una de las frases más graves se refiere al deseo de abolir la norma de la unanimidad en un tema tan importante como es la cooperación policial y la cooperación en el derecho penal. Es totalmente inaceptable.
En consecuencia, hemos votado en contra del informe, y de la mayoría de las enmiendas presentadas, de conformidad con el mandato que tenemos de nuestros electores.
Richard Howitt (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo apoya la mayor parte de este informe, especialmente en cuanto pone el acento en el papel fundamental del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, la importancia de preservar los valores internacionalmente aceptados, la necesidad de coordinar la inteligencia entre los Estados miembros y de examinar las condiciones que alientan el terrorismo. Sin embargo, es prematuro vincular las operaciones de la PESD con la lucha antiterrorista, y el coste de cualquier operación de la PESD en ese sentido debería ir a cargo del presupuesto de la PESC, y no del presupuesto de la UE, como se ha dicho. Además, en este informe no procede derogar la norma de la unanimidad en asuntos de cooperación policial y judicial, ya que se trata de una cuestión mucho más amplia y que forma parte del tema más general de la «pasarela».
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque el respecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales debe ser la base de la lucha contra el terrorismo. Estoy de acuerdo con un enfoque múltiple, desde la prevención hasta las operaciones policiales conjuntas, pasando por la constitución de una alianza de civilizaciones.
Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) Entre las razones por las que no puedo apoyar este informe están:
– la referencia a la utilización de unidades de combate (grupos de combate) y la cooperación reforzada con la OTAN;
– la vaguedad del término «radicalización» como indicador de «acciones no democráticas»;
– la promoción de la cooperación entre los servicios de seguridad e inteligencia y las autoridades policiales, judiciales y aduaneras de los Estados miembros y de terceros países, lo que plantea la cuestión de la protección de datos y supone una merma de las libertades civiles y del respeto a los derechos humanos;
– la mezcla de fuerzas policiales, de seguridad y de inteligencia, lo que podría llevara a abusos de poder contra los ciudadanos, como hemos visto recientemente en Irlanda;
– la interconexión de políticas internas con el terrorismo lleva a la eliminación de la estructura entre pilares, lo que favorece la lógica del proyecto de Constitución para la UE.
No hay alusión alguna al terrorismo de Estado.
Algunas de las causas profundas de la violencia (la ocupación, la injusticia, las condiciones sociales y económicas) apenas se mencionan.
El informe señala con el dedo al islam, incitando a la discriminación y socavando el respeto de las diferentes religiones y culturas.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Incluso antes de que la tinta de la supuesta protesta del Parlamento Europeo sobre la proliferación de actividades de la CIA se haya secado en las resoluciones del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, etc., se procede a aprobar el informe del diputado «socialista», señor García, que intensifica la política terrorista de la UE por todo el planeta. Con la ya consabida defensa de la protección de los derechos humanos, el informe propone la aplicación de medidas en una dirección más reaccionaria, como:
• intensificación de la militarización y la represión «preventiva» dentro y fuera de la UE reforzando y aumentando los recursos para las fuerzas de intervención rápida –batallones– y otros mecanismos represores de la UE como Europol y Frontex;
• una «cooperación» aún mayor con fuerzas imperialistas, como los Estados Unidos e Israel, y con organizaciones como la OTAN y la OSCE, etc. en el sector militar y en el sector del intercambio de información;
• una intervención no provocada en los asuntos internos de terceros países con sanciones y medidas coercitivas y el recorte de las relaciones comerciales y las subvenciones que ofrecen los diversos mecanismos de financiación de la UE;
• la abolición del derecho a veto en los sectores de la cooperación policial y judicial en asuntos penales.
Conclusión para los pueblos: cuanto más cita la UE los derechos democráticos, más agresiva se vuelve. Cuanto más parece distanciarse de los Estados Unidos, más coopera con ellos para atacar países y movimientos de las bases.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El tiempo nos ha demostrado en Europa que el 11 de septiembre no fue un acto aislado y que los Estados Unidos no eran el único objetivo del terrorismo. El hecho de que hayamos comprendido esto, aunque sea como resultado de trágicos acontecimientos, es un indicio de que entendemos el mundo que nos rodea.
Lo que hay que hacer en política exterior para mejorar nuestra seguridad frente a la amenaza del terrorismo es promover no solo la paz sino también el desarrollo económico. Pero no basta con eso. La cuestión esencial es combatir el radicalismo. Al fin y al cabo, no es solo nuestra libertad, nuestro desarrollo económico, nuestra modernidad o la simple existencia de la cultura occidental lo que alimenta el terrorismo; es el radicalismo. No debemos dejar que la «carga del hombre blanco» oscurezca la realidad. El radicalismo debe combatirse promoviendo los derechos de la mujer, incrementando las relaciones comerciales y económicas, desarrollando la economía y fomentando la democracia; en pocas palabras, promoviendo la presencia de sociedades más liberales a nuestro alrededor. A la vez, es necesario también invertir inmediatamente en seguridad, incluyendo unos servicios de inteligencia eficientes que estén equipados para hacer frente a nuevas realidades, y estén dispuestos a usar medios militares cuando sea útil, necesario y legítimo.
Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores apoyamos firmemente las medidas antiterroristas y la protección de los auténticos derechos humanos, para impedir que los terroristas abusen de ellos como primera línea de defensa. El informe contiene algunos elementos útiles, pues reclama una mayor cooperación entre los Estados miembros de la UE y aliados externos como los Estados Unidos, Japón y Australia; la investigación de organizaciones caritativas vinculadas al blanqueo de dinero y a la financiación del terrorismo y la ratificación universal de los 16 instrumentos de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Sin embargo, una parte demasiado extensa del informe se dedica a ampliar el papel y las competencias de la UE. No solo hace referencia al proyecto de Constitución europea, sino que anima a la UE a aplicar más disposiciones del Tratado relacionadas con la PESD, lo cual es un grave error. Nos oponemos a las propuestas de eliminar el veto nacional en aspectos de cooperación policial y judicial, lo que supondría una violación a la soberanía nacional que impediría aún más al Reino Unido controlar sus fronteras y defender su integridad. El informe menciona la OTAN una sola vez, aparentemente de pasada. Por todos estos motivos, los conservadores nos hemos abstenido en la votación sobre este informe.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, la economía europea está viviendo un periodo de crecimiento. Eso ha comportado un descenso del desempleo, una mejora de las finanzas públicas y una reducción del déficit presupuestario medio. Conviene resaltar que ha aumentado la productividad de la mano de obra, lo que nos ha hecho más competitivos. Creo que es adecuado indicar a la Cámara que esas tendencias económicas positivas emergieron después de la ampliación de la Unión Europea.
El bajo desarrollo económico era una característica común de los diez nuevos países que se adhirieron a la Unión en mayo de 2004. Un estudio más detallado revela que el crecimiento económico fue significativamente mayor en los países que liberalizaron su mercado laboral y lo abrieron al flujo de trabajadores procedentes de nuevos países.
Por lo tanto, puede decirse con seguridad que la ampliación de la Unión ha beneficiado a los quince viejos Estados miembros y a los diez nuevos. Cabe esperar que la adhesión de Bulgaria y Rumanía constituya un nuevo estímulo positivo para el crecimiento económico de la Unión.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El objetivo del informe que tenemos ante nosotros es la cuadratura del círculo –resolver los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta la Unión y a la vez desarrollar las políticas y los instrumentos económicos existentes que son la raíz de esos problemas.
El informe reconoce que en los pasados seis años, desde la introducción del euro y la Estrategia de Lisboa, el crecimiento económico ha sido débil, y ha habido estancamiento e incluso recesión en algunos Estados miembros, como Portugal. Reconoce que la recuperación económica no se puede dar por sentada, que el desempleo sigue siendo elevado (17 millones en la UE) y que el porcentaje de pobres ha aumentado dos puntos. También considera inaceptable que haya casi 80 millones de personas pobres en la UE. Además, reconoce que la demanda interior es débil y que hace falta potenciar la inversión.
Pero se contradice cuando dice que el euro y el mercado interior han sido victorias cruciales para el progreso europeo, y promueve la política monetaria (moderación salarial), la liberalización del mercado laboral (flexiguridad) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Leyendo entre líneas, podemos ver su verdadero objetivo: crear un clima que sea más favorable para la actividad empresarial. Se han defendido de nuevo las actuales orientaciones de política económica y social que persigue la UE y se han dejado al descubierto las contradicciones de los socialdemócratas y su papel en el capitalismo liberal.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe no contiene ningún análisis de lo que debería armonizarse a escala de la UE. Se basa en supuestos cuya veracidad tiene que demostrarse. El objetivo es el control prácticamente total de la política económica a escala de la UE. Se defiende, sin la más mínima prueba, que la UEM ha consolidado la economía europea. Pero la experiencia sugiere, más bien, que la moneda única ha perjudicado descaradamente la estabilización de la economía y ha tenido pocos efectos estructurales positivos.
El ponente exige más dinero del presupuesto comunitario para la Estrategia de Lisboa. Es absurdo. Lo que hace falta es que los Estados miembros se comporten realmente de forma coherente con lo que entienden que son sus propios intereses. No hay motivo para intentar que otros países les financien a partir de los recursos presupuestarios comunes.
En el informe no se valora en absoluto el hecho de que los Estados miembros hayan evitado hasta ahora el control desde arriba y por lo tanto puedan buscar nuevas direcciones en política económica. Al mismo tiempo, el ponente apunta continuamente hacia el hecho de que determinados países han tenido resultados mucho mejores que otros en varios aspectos. El hecho de que pueda indicar esas diferencias y sacar conclusiones sobre lo que es obviamente una mejor práctica se debe a que no hemos aplicado la normalización y el control extremo desde arriba que él reclama.
El informe señala una ruta muy peligrosa para la política económica de Europa. Por consiguiente, hemos votado en contra.
Bogusław Liberadzki (PSE) , por escrito. (PL) Este informe se ha preparado con gran esmero. Proporciona una visión general de la situación de la economía europea basada en una buena dosis de datos estadísticos. Permite identificar tendencias en la evolución de la Europa de 27 miembros y tendencias en los nuevos países. Hay también un comentario que explica las razones más importantes. Quiero resaltar la importancia de la demanda interna y la exportación para el crecimiento económico.
El informe contiene muchos elementos importantes para valorar el impacto de factores externos, como la situación económica de los Estados Unidos, el precio del petróleo y el tipo de cambio euro-dólar.
Otro argumento sólido a favor del informe es el amplio acuerdo conseguido en la comisión sobre su contenido. El mérito es del ponente.
Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Con la atención puesta en la tradicional política de crecimiento, el informe está pasado de moda y desfasado. Presenta una valoración del euro infundadamente optimista y es desequilibrado en la forma en que corea las alabanzas del mercado interior. Al mismo tiempo, en algunas partes el informe se muestra crítico con la UE y reconoce que cada vez hay más diferencias salariales y más pobreza, y las ventajas del modelo escandinavo. El informe exige continuamente una liberalización forzada del mercado energético, pero al mismo tiempo pide inversión y una política fiscal que favorezca la energía renovable. En el informe hay, pues, aspectos positivos y negativos. Por lo tanto me he abstenido en la votación final.
Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de este extraordinario informe sobre un tema de lo más importante, relevante y tópico.
Deben tomarse medidas para invertir la actual tendencia europea de depender cada vez más del suministro de energía importada, por ejemplo fomentando la inversión en fuentes de energía renovables que nos permitirían cumplir los objetivos del protocolo de Kyoto.
Con carácter urgente, debe elaborarse una estrategia global que nos lleve a una reducción del consumo de energía, en concreto en el sector del transporte, que es responsable del 56 % del consumo de petróleo de Europa.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La subida del precio del petróleo, que ha llegado casi a los 80 dólares por barril, parece ser un fenómeno estructural que será permanente. Al contrario que en la crisis de los setenta, causada por una interrupción del suministro, la «crisis» actual ha surgido, por una parte, de la mayor demanda de los países en desarrollo, como China y la India, y del mayor consumidor del mundo, los Estados Unidos, y, por otra parte, de las predicciones de que este recurso «finito» se agotará a medio plazo.
El encarecimiento del precio del petróleo empeora la recesión y las dificultades de la balanza de pagos, eleva los costes de producción, la inflación y los tipos de interés, penaliza a las familias con pocos ingresos y provoca guerras por el control del suministro de petróleo, como en Iraq.
Si las soluciones tecnológicas pueden contribuir a aumentar la eficiencia energética, y encontrar nuevas formas de combustible y energía, es vital que cambiemos el modo de producción capitalista, que provoca residuos y es ineficiente. La respuesta reside en reducir la intensidad energética del PIB, fomentar un transporte ferroviario público de gran calidad, y promover la producción en los mercados locales.
Aunque el ponente ha presentado algunas propuestas que acogemos con satisfacción, no podemos aceptar la creación de un mercado interior para la energía y la liberalización que ello comporta.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que el incremento del precio de la energía puede ajustarse mejor a escala nacional. Por lo tanto, nos sentimos escépticos respecto a esta resolución del Parlamento Europeo que solicita opiniones.
Por ejemplo, el apartado 20 del proyecto de informe lamenta la falta de una autoridad reguladora europea. Como siempre, lo único que propone el Parlamento es burocratización y control desde arriba. Creemos que los Estados miembros deberían ejercer ellos mismos la función reguladora siempre que no estén en juego riesgos transfronterizos del tipo asociado con la energía nuclear. Pero, si hubiera riesgos de ese tipo, el organismo regulador debería ser la Agencia Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas. Los países de la UE deberían ponerse de acuerdo respecto a determinados objetivos energéticos. Pero la forma de conseguirlos debe dejarse en manos de cada uno de los Estados miembros.
Aparte de eso, el informe contiene frases útiles y frases inútiles. Hemos decidido votar en contra del informe en la votación final, dado que no forma parte de un proceso legislativo y tiene poco peso, y porque, en nuestra opinión, no aporta ninguna diferencia al debate de estos temas en los Estados miembros.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque el informe resalta el impacto del encarecimiento del precio del petróleo en el sector del transporte, que es responsable de un 56 % del total del consumo del petróleo, es una lástima que no se haga referencia a otros sectores, como la pesca.
Los precios del combustible han asestado un gran golpe al sector de la pesca. Sus márgenes operativos y su viabilidad económica se han visto significativamente afectados, exacerbando así la crisis socioeconómica del sector. Tan solo entre 2004 y 2006, el precio del combustible subió alrededor de un 100 %, y en algunas partes del sector el combustible constituye un 50 % del total de los costes operativos.
Los pescadores han visto cómo disminuían sus ingresos, lo que es particularmente grave dado que el sector se concentra principalmente en regiones con economías frágiles. Algunos estudios advierten del riesgo de que desaparezcan miles de empresas dedicadas a la pesca y miles de puestos de trabajo debido al aumento del precio del combustible.
Por lo tanto, hay que tomar medidas extraordinarias urgentes para apoyar al sector, por ejemplo la creación de un fondo de garantía, con participación comunitaria, para estabilizar los precios del combustible. Hasta que no se ponga en práctica ese fondo, las empresas pesqueras afectadas deben tener algún tipo de compensación temporal.
Joel Hasse Ferreira (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Dos Santos porque estoy de acuerdo con los principios, el análisis y las propuestas que contiene. También he votado a favor porque el debate más amplio engendrado por este informe, tanto dentro como fuera de Parlamento, ha ayudado a aclarar la cuestión para el público en general y a asegurar que los expertos y los políticos estén mejor informados.
Pude utilizar este informe para una ponencia sobre geopolítica y energía que ofrecí en Ankara, en la Comisión Parlamentaria UE/Turquía. Además, tuve el honor de participar en un seminario en Lisboa organizado por el señor Dos Santos, donde presidí dos paneles. En la conferencia, el informe fue comentado con gran detalle por personalidades de alto nivel, expertos y miembros del público.
El debate sobre cuestiones energéticas debe seguir y debe llegar más lejos. El informe del señor Dos Santos es una aportación positiva a ese debate.
Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. (EN) El alto coste del petróleo tiene importantes efectos adversos en las empresas y en las familias de Escocia, que sigue dependiendo sustancialmente del transporte de mercancías y personas por carretera debido a la falta de alternativas viables en gran parte de la Escocia rural y, también, debido a las distancias que ha de salvar el transporte de mercancías hasta los mercados continentales europeos.
La situación en Escocia ha empeorado porque el Gobierno británico impone elevadísimas cargas tributarias a los carburantes de carretera, con la consiguiente desventaja para los comerciantes y transportistas escoceses.
He apoyado el informe Dos Santos, que acierta al establecer la necesidad de dar prioridad al desarrollo de fuentes de energía renovables y a la mejora de la eficiencia energética. Escocia tiene un notable potencial para contribuir a estos avances.
También tenemos en Escocia significativos recursos de petróleo y gas junto a nuestras costas, y es fundamental mantener las circunstancias económicas que animen a la exploración y a la plena extracción de esos recursos. En mi opinión, un Gobierno escocés independiente permitiría maximizar el potencial de los recursos energéticos de Escocia.
Joseph Muscat (PSE), por escrito. (MT) El impacto económico del aumento del precio del petróleo es considerablemente mayor en situaciones como la de Malta, que es un país que depende totalmente del petróleo como fuente energética.
Es un problema que no se ha abordado jamás con la urgencia que merece, a pesar de que un país de las dimensiones de Malta se presta más fácilmente al desarrollo de alternativas creativas. Si nuestro espacio limitado no nos permite construir grandes plantas de energía alternativa, hay que poner incentivos fiscales a disposición de aquellas empresas y familias que quieran invertir en tecnología energética más limpia.
Debido a la falta de planificación en la compra del petróleo, las familias y empresas maltesas y gozitanas tienen que pagar ahora un recargo en sus facturas eléctricas, que en la actualidad es del 45 %.
Este recargo en servicios que son tan esenciales está resultando una gran carga financiera para las familias, sobre todo en el segmento de población con ingresos bajos, y está dando lugar a costes adicionales para las empresas, un factor que a su vez ejerce presión en el coste de la vida. Peor aún, esta fluctuación continua de los precios hace que sea difícil que las personas hagan planes, lo que provoca incertidumbre.
Y lo que es todavía peor, aunque se pide a las personas que paguen más por servicios indispensables, existe un derroche injustificado de recursos públicos.
Las recomendaciones del Parlamento Europeo indican soluciones a largo plazo para este problema. Pero también los Gobiernos deberían hacer previsiones para poder superar problemas como este y no esperar que los trabajadores, las familias y las pequeñas empresas paguen por sus errores.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El impacto del aumento actual del precio del petróleo es altamente significativo para una economía que muestra signos muy débiles de recuperación.
Su efecto en la reducción del crecimiento del PIB, los niveles de empleo y la inversión, junto con los diferentes niveles de dependencia energética de los Estados miembros de la UE, hacen que nuestra labor sea de lo más difícil.
Las consecuencias sociales son pues fáciles de prever, dado que el alojamiento y el transporte son los dos elementos más importantes de gasto para las familias europeas: la desigualdad en el poder adquisitivo aumentará de forma inevitable. Por lo tanto, es evidente la importancia de completar el mercado interior en cuanto a energía, aumentar la competitividad y fomentar la inversión en fuentes de energía alternativa. Es necesario garantizar que la libre circulación siga siendo un pilar del crecimiento europeo y, por lo tanto, es vital asegurar que la movilidad europea no se vea afectada, y que ello no implique la exclusión social y el empobrecimiento de los miembros más vulnerables de la sociedad.
La crisis europea en el suministro de energía solo se puede mitigar de forma eficaz mediante una estrategia global de la UE dirigida a reducir gradualmente la dependencia del petróleo, el desarrollo y la producción de combustibles alternativos, lo que implica dirigir la mirada hacia la opción nuclear, y soluciones innovadoras para gestionar los sistemas de transporte en conjunto.
Peter Skinner (PSE), por escrito. En nombre del Partido Laborista en el Parlamento Europeo quiero respaldar los principios generales y los aspectos básicos de este informe, pues versa sobre un problema muy acuciante para la Unión Europea. Se trata de las fuertes subidas del precio del petróleo causadas por las grandes perturbaciones del suministro, en un momento en que en todo el mundo aumenta la demanda de este bien cada vez más escaso.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con que haya una necesidad de armonización fiscal en este terreno. Aunque muchas de las recomendaciones del ponente son totalmente aceptables y el Reino Unido ya esté aplicando quizá los elementos esenciales del régimen fiscal propuesto, no creemos que sea tarea de la UE fijar un tipo impositivo en los Estados miembros.
El Presidente. Con esto concluye el Turno de votaciones.