Informe Segelström (A6-0308/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Celebro que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior haya aprobado, por unanimidad, la Posición Común del Consejo sobre el Programa específico «Información y prevención en materia de drogas» en el marco del programa general «Derechos fundamentales y justicia», conforme a la recomendación de mi colega Inger Segelström.

Lamento que el Consejo, si bien ha aceptado las posiciones del Parlamento, haya rechazado las enmiendas concernientes a la posibilidad de que el Parlamento bloquee las decisiones de la Comisión en materia de ejecución del programa, en particular a la hora de elegir prioridades anuales. Por otra parte, lamento que la Comisión Europea, en su declaración en sesión plenaria, haya considerado oportuno otorgar un carácter excepcional a su compromiso de transmitir al Parlamento Europeo la información necesaria sobre los proyectos de programas de trabajo anuales. Es urgente lanzar este tipo de programas y es una suerte que la comisión haya aprobado la Posición Común.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El problema de la drogadicción exige la adopción de un conjunto de políticas transversales que abarquen, entre otros aspectos, la prevención, el tratamiento y la reintegración, así como la lucha contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero.

Dichas políticas públicas deben recibir la máxima prioridad, ya que la drogadicción tiene consecuencias graves de índole humana y social, especialmente para las generaciones más jóvenes.

Dichas políticas deben ir acompañadas de otras políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las personas mediante la garantía de su acceso a los cuidados sanitarios, los alimentos, la vivienda, la escolarización, el éxito escolar y el empleo estable, así como mediante la protección del derecho a un salario justo, la libertad de creación y de disfrute cultural y los deportes.

Considerando sus objetivos y acciones, el programa sobre «prevención e información en materia de drogas», desarrollado en el ámbito de la UE, podría ayudar a incrementar los conocimientos, mejorar el intercambio de información y prevenir el uso de las drogas mediante el apoyo y el refuerzo de las medidas que toma cada Estado miembro. Se pondrá a disposición efectiva y total la cifra (inadecuada) de casi 21 millones de euros para los 27 Estados miembros para el período 2007-2013.

Informe Ouzký (A6-0263/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del extraordinario informe de mi excelente colega checo, Miroslav Ouzký, sobre el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que fue revisado en 2005 por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este Reglamento tiene por objetivo prevenir la propagación de enfermedades y proteger a los ciudadanos frente a las mismas sin generar por ello obstáculos inútiles y costosos a los intercambios comerciales internacionales. Es urgente aplicar este dispositivo sanitario internacional de forma coordinada en la Comunidad Europea, ya que las enfermedades infecciosas, tal como destaca mi excelente colega francesa, Françoise Grossetête, representan una amenaza y un desafío para todos los países.

Estas cuestiones sanitarias plantean de nuevo el tema de la calidad de la vigilancia de nuestras fronteras exteriores tanto por lo que se refiere a las personas como a las mercancías. Es imperativo apoyar el desarrollo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), instituido en 2004, y del sistema de alerta precoz y respuesta a las amenazas de salud pública, que deben propiciar una aplicación rápida y coherente del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en los Estados miembros de la Unión.

  Irena Belohorská (NI), por escrito. − (SK) Ya que no celebramos debate sobre el informe sobre el Reglamento Sanitario Internacional de nuestro colega, el señor Ouzký, me gustaría al menos expresar mi opinión al respecto.

El incremento del comercio internacional y la mayor movilidad dentro de la UE hacen aumentar el peligro de que aparezcan brotes de enfermedades infecciosas en la UE o de que se transmitan desde continentes lejanos a Europa. La respuesta eficaz a tales epidemias debe basarse en métodos defensivos y estar integrada y coordinada. Actualmente, existe en la Unión Europea el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), cuya misión es, entre otras cuestiones, combatir las epidemias generalizadas. A su vez, los Estados miembros son también miembros de la Organización Mundial de la Salud, que ha publicado el Reglamento Sanitario Internacional, que también se ocupa de la lucha contra las enfermedades que se pueden extender de un país a otro.

Existe una Decisión de la Comisión relativa al sistema de alerta temprana y respuesta para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles. La UE también dispone de algunas herramientas financieras a su disposición, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y el programa de acción en favor de la salud pública, un nuevo instrumento que permite la alerta temprana y la respuesta ante emergencias graves. Al mismo tiempo, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros controlan sus servicios sanitarios.

En vista de este complejo sistema que incluye mucha legislación en diferentes niveles, será difícil dar una respuesta rápida y unánime si se presenta un riesgo de epidemia. Los sistemas de la UE y los Estados miembros deben estar mejor conectados para que no nos encontremos en una situación en la que, a pesar de disponer de legislación de ámbito europeo, los Estados miembros no estén preparados para dar una respuesta lo suficientemente rápida.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El Reglamento Sanitario Internacional adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un nuevo instrumento dirigido a proteger la salud en el mundo. Sustituye al antiguo reglamento vigente desde después de la Segunda Guerra Mundial, que se centraba en el control de las fronteras, especialmente el control sanitario de los barcos y su tripulación, y que contemplaba la vacunación internacional contra la fiebre amarilla, a la que se añadieron posteriormente otras vacunaciones. Las nuevas cuestiones relacionadas con la salud pública, como la tuberculosis y la malaria, e incluso otras más novedosas, como la gripe aviar y el riesgo de gripe pandémica, hacen que la cooperación internacional y la información sobre la salud pública sean aún más urgentes.

Las recientes amenazas de epidemias y pandemias han demostrado que no hay regiones ni países inmunes a los problemas sanitarios y que no es posible garantizar tal inmunidad. Este nuevo reglamento fomenta el intercambio de información, exhorta a los países a coordinar sus respuestas a las amenazas mundiales y reconoce que todos los países son igualmente importantes y que la ayuda mutua es esencial.

En Portugal, se presta cada vez menos atención a la supervisión sanitaria de las fronteras, la vacunación internacional y el asesoramiento a los viajeros, debido especialmente al cierre por parte del Gobierno de los centros públicos sanitarios regionales. Si no existe un sistema nacional de supervisión adecuado, la atención prestada a esta área seguirá siendo mediocre.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe. Hace 20 años, las enfermedades infecciosas no se consideraban un gran peligro. Hoy, constituyen una amenaza y un desafío para todos los países. La gripe pandémica, la malaria o la tuberculosis son una amenaza para la salud debido a las mutaciones de los virus, la creciente resistencia a los antibióticos y las carencias de los sistemas sanitarios

Entre los nuevos riesgos sanitarios se encuentran también las enfermedades de origen alimentario, los accidentes o ataques químicos, biológicos o nucleares, la contaminación industrial y el cambio climático. Estas amenazas podrían poner en peligro a millones de personas en varios países.

El desarrollo de la globalización y la multiplicación de los flujos e intercambios internacionales son factores agravantes. La colaboración internacional en materia de control de las enfermedades infecciosas reviste, pues, una importancia capital. A este respecto, es fundamental suprimir cualquier obstáculo inútil al tráfico y el comercio internacionales.

Este informe es un incentivo más para que los Estados miembros desarrollen más acciones conjuntas basadas en el intercambio de buenas prácticas. También es necesario implantar sistemas de alerta adecuados a situaciones de pandemia grave en países vecinos y terceros países.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. − (SK) Me gustaría comentar el informe de mi colega, el señor Ouzký, sobre el Reglamento Sanitario Internacional, que apoyé con mi voto.

Esta herramienta jurídica es necesaria para asegurar, de manera orientada, la prevención, la protección y, especialmente, la lucha contra la extensión de una enfermedad. Al mismo tiempo, esta herramienta garantiza que la respuesta del sector público sanitario sea la apropiada ante los riesgos existentes.

Este reglamento lo aprobaron por vez primera los Estados miembros de la OMS en 1951 y, desde entonces, se ha modificado en cuatro ocasiones. Su aplicación gradual en su forma actual empezó en junio de 2007.

El texto expone la interpretación claramente definida de la posición de la UE adoptada por la Comisión, y aclara la función de la UE en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Asimismo, estudia la existencia y la función del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) y del sistema de alerta precoz y respuesta para las amenazas sanitarias.

Asimismo, contribuirá a la protección de la salud de nuestros ciudadanos y, por ese motivo, acojo su adopción con satisfacción.

Convención de Lucha contra la Desertificación (B6-0329/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución propuesta por varios grupos políticos, entre ellos, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos (PPE-DE), sobre los objetivos de la Unión Europea para la 8ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se celebrará en Madrid los días 3 a 14 de septiembre de 2007. El actual calentamiento del planeta tiene como consecuencia, en particular, favorecer la sequía de las fuentes por la evaporación, reducir el caudal de los ríos y el nivel de las capas freáticas y, por tanto, destruir la estructura superficial de los suelos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la desertización afecta actualmente a 25 % - 30 % de la superficie terrestre a escala mundial y son de 1 200 a 2 000 los millones de personas que se encuentran en peligro en al menos 100 Estados. La desertización va en aumento a escala mundial y favorece la pobreza, las migraciones forzadas y los conflictos. Es urgente, a mi entender, que la Unión Europea emprenda con carácter urgente una política europea del agua, no sólo por lo que respecta a la calidad, sino también en términos de cantidad.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Apoyo esta resolución conjunta respecto de la Convención de Lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas y la actual reunión en Madrid. Como sabemos, la desertificación afecta a entre el 20 y el 30 % de la tierra del mundo y a entre 1 200 y 2 000 millones de personas, muchas de las cuales viven en la pobreza extrema, en al menos 100 países.

Como consecuencia del cambio climático y la intervención humana, como la deforestación y la sobreexplotación, cada vez más partes del mundo se están convirtiendo en desiertos, lo que está provocando más pobreza, la migración forzada y conflictos. Un ejemplo muy gráfico es Darfur, donde la desertificación ha fomentado un complejo conflicto entre los pastores nómadas y los agricultores, ya que estos últimos han tenido que desplazarse hacia el este a la tierra de los pastores, lo que ha generado cientos de miles de refugiados, violaciones, disturbios y asesinatos. Únicamente la acción internacional decidida y urgente puede evitar que Darfur se convierta en el primero de muchos conflictos similares, cuya causa común será la desertificación.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Independientemente del desacuerdo científico acerca de las cuestiones medioambientales, no existe duda, como se ha señalado en la resolución, de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las sequías relacionadas con el cambio climático, se producen cada vez más frecuentemente y tienen efectos cada vez más drásticos, lo que aumenta los riesgos y las consecuencias sociales y económicas negativas de la desertificación.

Tampoco existen dudas acerca de que dichas consecuencias negativas las están sintiendo tanto los países afectados directamente como los países vecinos. Al menos por esta razón, ya que las áreas fronterizas de la Unión Europea se están desertificando, en la próxima Cumbre UE-África se debería abordar esta cuestión consciente y coherentemente.

Además, cabe señalar que la cuestión de la desertificación también es importante en el interior de la propia Unión Europea. Por este motivo, la absolutamente necesaria reforma de la PAC debe tomar en consideración la necesidad de luchar contra la desertificación; también es absolutamente necesaria un política que vaya dirigida a fomentar el asentamiento de la población en las regiones rurales.

También es de esperar que tanto la política como los políticos adopten una perspectiva de largo plazo para que los problemas que afrontamos se puedan resolver a tiempo. Lo mismo sucede con la desertificación: los libros de Historia están repletos de lecciones que debemos aprender a tiempo.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − La desertificación es un problema grave que afecta a muchas partes del mundo y que se debe abordar con una perspectiva mundial.

Si no actuamos, las repercusiones para muchas personas serán muy graves, especialmente en el mundo en desarrollo y, por este motivo, las Naciones Unidas, con nuestro apoyo, deben actuar inmediatamente.

Votaré a favor de la resolución conjunta, aunque espero que esto sólo sea el inicio de un proceso dirigido a abordar el problema y que, en los años venideros, no debamos lamentarnos de no haber actuado cuando teníamos la oportunidad de hacerlo.

La desertificación es una catástrofe que debemos evitar; esta resolución representa un primer paso. Nosotros, la Unión Europea, debemos tomar la iniciativa de revertir esta tendencia.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. − He apoyado la resolución a fin de presionar para que se tomen más medidas para luchar contra este problema creciente. Me temo que esta cuestión no sea visible para muchas personas en el mundo «desarrollado», porque los efectos se producen, a menudo, en el mundo «subdesarrollado». Darfur constituye un ejemplo de un conflicto provocado por la desertificación.

Informe Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, el Parlamento puede aplaudir la política en materia de derechos humanos de la Europa oficial, pero la realidad es que las cláusulas que hacen referencia a los derechos humanos en los acuerdos con muchos países árabes y africanos a menudo no se aplican, y no existe una política activa y coherente en materia de derechos humanos.

Además, ¿qué decir de la política respecto de China, que pone de manifiesto que la Unión y sus Estados miembros priorizan los intereses comerciales y económicos por encima de los derechos humanos?

Encima de todo, está la política con respecto a Turquía. Mientras que en el informe se hace referencia constantemente a los derechos de las mujeres, Europa abre las puertas a este país islámico en el que la situación de los derechos de las mujeres se ha deteriorado continuamente desde que el partido AKP llegó al poder. Nuestro Grupo y el partido Vlaams Belang no seguirán formando parte de esta hipocresía en ningún caso.

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, mi colega, el señor Dillen, acaba de señalar muy acertadamente la gran brecha que separa la retórica oficial de Europa y las políticas concretas de la UE en materia de derechos humanos.

Me gustaría añadir algo. Mientras Europa propaga los valores de una sociedad occidental abierta y, sobre todo, la libertad de expresión en todo el mundo, mediante el diálogo en materia de derechos humanos, que se aplaude tanto aquí pero que no tiene condiciones, en Bruselas, nuestra capital oficial europea, los defensores del mismo principio de la libertad de expresión están siendo silenciados. Creo que el Parlamento y su Presidente deberían adoptar una postura contraria a los dictados del Alcalde de Bruselas, que es del Partido Socialista, el señor Thielemans, que prohíbe las manifestaciones contra el avance del Islam intolerante en nuestra capital europea y en todos los países de Europa. En cualquier caso, yo me manifestaré junto con los demás a favor de la libertad de expresión y contra el avance del Islam el próximo 11 de septiembre justo delante del Parlamento Europeo.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega española Elena Valenciano Martínez-Orozco sobre el funcionamiento de los diálogos en materia de derechos humanos y de las consultas sobre derechos humanos con terceros países. Los derechos humanos forman parte de los valores esenciales de la Unión Europea y es muy importante que, de forma automática, ocupen un lugar central en los diálogos políticos de la UE con terceros países. El Consejo tiene el deber de aplicar sistemáticamente la cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia en todos los acuerdos y relaciones que vinculen a la UE con terceros países.

Desde este punto de vista, apoyo la idea de mejorar la coherencia interinstitucional y, por tanto, de establecer mecanismos para mejorar la coordinación entre las diversas instituciones de la UE (Consejo, Comisión y Parlamento) a través del establecimiento de un diálogo interinstitucional a tres bandas sobre el diálogo político y los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos. En un momento en que vivimos una pérdida de valores en un planeta que se hace cada vez más complejo, la Unión debe imponer los valores de los derechos humanos y la democracia en todos sus proyectos y programas, en especial en materia de ayuda al desarrollo y de cooperación técnica, comercial y financiera.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Se acaba de adoptar por una amplia mayoría el informe de Elena Valenciano sobre el funcionamiento de los diálogos y consultas en materia de derechos humanos con terceros países, y deseo felicitar a la ponente por la exhaustividad de su trabajo.

El informe recuerda útilmente que el tema de los derechos humanos debe abordarse en el marco de un diálogo político global con los terceros países. En efecto, el fomento de los derechos humanos forma parte integrante de la política exterior y de desarrollo de la Unión Europea.

Por otra parte, tiene el mérito de hacer un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que racionalicen las modalidades de los diálogos y las consultas. Una mayor coherencia y una mayor cooperación interinstitucional darían más credibilidad a la política europea en materia de derechos humanos en la escena internacional. De ello resultarían asimismo una evaluación y un seguimiento objetivos.

Por último, el informe hace hincapié en la trasparencia de estos diálogos a escala del Ejecutivo europeo y en el refuerzo del papel del Parlamento Europeo en su marco. Por todas estas razones, me he pronunciado a favor de la adopción de este informe en la votación final en sesión plenaria.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Sin lugar a dudas, es esencial promover la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos «entendidos no sólo como derechos civiles y políticos, sino también como derechos sociales, medioambientales, económicos y culturales».

No obstante, el informe contiene contradicciones: por ejemplo, cuando se manifiesta que el diálogo con un tercer país en materia de derechos humanos se realizará de conformidad con este último, existe la amenaza, al mismo tiempo, de que en los casos en que el tercer país rechace el diálogo, la UE deberá considerar la toma de medidas específicas respecto en dicho país, empleando a este fin el «instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial».

¿Aceptarán los Estados miembros la aplicación recíproca de esta medida? Obviamente, no, porque el «diálogo» en materia de derechos humanos con terceros países no tiene la finalidad de debatir los derechos humanos en la UE, sino en los terceros países.

Este ejemplo ilustra el verdadero objetivo, que es emplear y utilizar los derechos humanos como una instrumento de presión e interferencia, según la conveniencia y los intereses de los mayores poderes europeos. El informe deja ver esta posibilidad, que no apoya, y se hace hincapié en la necesidad de que exista «coherencia» y «credibilidad» por parte de la UE El silencio acerca de los vuelos ilegales de la CIA es muy elocuente.

  David Martin (PSE), por escrito. − Apoyé este informe, en el que se solicita a la Comisión y al Consejo que se asegure un mayor grado de coherencia en el diálogo de la UE con terceros países en materia de derechos humanos. En concreto, apoyo la solicitud de que el Parlamento participe en mayor medida en el contenido de los diálogos actuales y que se exija el uso de criterios más estrictos y de mecanismos de seguimiento.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Voté a favor de la adopción del informe sobre el funcionamiento de los diálogos en materia de derechos humanos y de las consultas sobre derechos humanos con terceros países.

En el informe se planteaba la importante cuestión de la representación adecuada del Parlamento Europeo en los diálogos y consultas entre la Unión Europea y países terceros. Los derechos humanos deberían figurar de oficio en el programa de trabajo de la Unión Europea. Además, deberíamos garantizar la participación apropiada del Parlamento Europeo en todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Informe Fraga Estévez (A6-0298/2007)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh e Inger Segelström (PSE), por escrito. − (SV) Hemos decidido no apoyar el informe, ya que busca socavar las buenas intenciones de la Comisión dirigidas a establecer una pesca más sostenible.

La pesca en la UE debe ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental, a fin de proteger tanto el medio ambiente marino como la viabilidad de la industria pesquera a largo plazo.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del extraordinario informe de propia iniciativa de mi excelente colega española, Carmen Fraga Estévez, en respuesta a la Comunicación de la Comisión Europea sobre la aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible (RMS).

Al igual que ella, celebro que la Comisión reconozca el fracaso de la actual política de gestión de la pesca y me congratulo de su intención de crear un nuevo modelo de gestión que permita recuperar los recursos, adaptar el esfuerzo pesquero a la realidad de las pesquerías y proporcionar mayor rentabilidad y estabilidad a la flota pesquera.

No obstante, conviene ser prudentes y tener muy presentes nuestras capacidades de pesca en relación con las necesidades de consumo en Europa y en el mundo, así como la exigencia imperativa de velar por los recursos. Además, cualquier modificación de la política pesquera de la Unión deberá comprender, obligatoriamente, mecanismos de compensación adecuados y suficientes desde el punto de vista financiero, sin contar con la adaptación reglamentaria, que requiere un estudio sobre las consecuencias jurídicas y socioeconómicas de la propuesta final.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La sostenibilidad de los recursos pesqueros es esencial para garantizar las actividades de pesca y la viabilidad de la industria pesquera a largo plazo.

La protección de la sostenibilidad de los recursos mediante la aplicación de planes a largo plazo y de medidas a corto plazo debe contener, sin lugar a dudas, una evaluación de las consecuencias socioeconómicas y, como resultado, la provisión de recursos financieros que permitan garantizar la existencia de barcos, empleo e ingresos para la industria y los pescadores. En nuestra opinión, ésta es la relación que mejor expresa y que debería inspirar la aplicación del principio del rendimiento máximo sostenible.

En otras palabras, el «rendimiento máximo sostenible» no se debe emplear como instrumento para promover —aún más— el desguace de los barcos y la destrucción de empleos.

Los planes y las medidas dirigidos a garantizar la sostenibilidad de los recursos se deben basar en la investigación científica en materia de pesca, y no se deben olvidar las otras medidas que toman en consideración las consecuencias de los factores naturales y aquéllos que se derivan de las actividades humanas y que tienen efectos en los ecosistemas marinos. Por este motivo, propusimos la introducción en el informe de la necesidad de incrementar las consignaciones destinadas a la investigación científica en materia de pesca en el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico.

Por último, queremos insistir en que es fundamental la participación de los pescadores en la definición de todas estas políticas.

Informe Patrie (A6-0281/2007)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, yo apoyé la posición acordada por el Parlamento Europeo acerca de la revisión del acervo en materia de consumo en la Unión.

En el informe se proponen mejoras que disfrutarán 500 millones de ciudadanos cuando ejerzan sus derechos relacionados con la retractación de un contrato, la entrega de bienes, la garantía legal, los métodos de cálculo de período de retractación, las cláusulas contractuales abusivas, los contratos de contenido digital y las subastas en línea.

Si bien he manifestado mi apoyo, opino, no obstante, que, dado que la Comisión está preparando la revisión más amplia del acervo en materia de consumo realizada hasta la fecha, el Parlamento podría haber solicitado que se realizaran cambios más modernos, innovadores y ambiciosos, especialmente en las cinco áreas prioritarias:

− mayor protección del consumidor en el comercio electrónico;

− simplificación de las transacciones transfronterizas para los consumidores y las empresas;

− aplicación adecuada y cumplimiento de las normas europeas por parte de los Estados miembros;

− mayor educación de los consumidores;

− aplicación satisfactoria de los derechos de los consumidores en las transacciones transfronterizas.

Confío en que la propuesta de la Comisión será más osada. Sé que la Comisaria Kuneva está comprometida con esta ardua tarea.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de iniciativa de mi colega Béatrice Patrie relativo al Libro Verde sobre la revisión del acervo comunitario en materia de consumo, habida cuenta, en particular, del objetivo declarado de modernizar, simplificar y mejorar el marco reglamentario que rige para los profesionales y los consumidores para facilitar de este modo el comercio transfronterizo y fortalecer la confianza de los consumidores. Es normal plantearse periódicamente, en especial con el desarrollo del comercio por Internet, si el buen funcionamiento del mercado interior permite un equilibrio justo entre un alto nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas, dentro del riguroso respeto del principio de subsidiariedad. Este informe brinda pistas interesantes, ya sea sobre el enfoque legislativo general, sobre la limitación de las cláusulas abusivas, la armonización de las legislaciones, el derecho de retractación, la venta de bienes de consumo o bien la aplicación efectiva del Derecho del consumo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Lamentamos que la mayoría del Parlamento Europeo haya rechazado las propuestas, lo que dificultará la simplificación de la legislación en materia de derechos de los consumidores. Podríamos vernos enfrentados a un intento de reducir y limitar dichos derechos, especialmente en los países en los que los derechos son mayores.

Lamentamos que las propuestas presentadas por mi Grupo fueran rechazadas, especialmente la definición de un conjunto limitado de normas generales comunes a todos los instrumentos verticales de protección del consumidor: así se hubiera garantizado un alto grado de protección del consumidor con la aplicación del método aprobado de armonización mínima en combinación con el principio del país de destino, a fin de no comprometer la legislación nacional existente.

Como hemos señalado, no sería aceptable que una directiva sobre los derechos de los consumidores tomara el principio del país de origen como norma general, como se pretendía en la versión inicial de la Directiva sobre la liberalización de los servicios.

Dado que el informe seguía conteniendo varias contradicciones y aspectos negativos, votamos en contra y supervisaremos el progreso de la situación.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − Un cierto grado de coherencia en la política de consumo, como unos niveles mínimos fijos de protección del consumidor, puede estimular la disposición de los consumidores a adquirir bienes y servicios de otros Estados miembros de la UE y, así, promover el desarrollo de un mercado interior fluido. No obstante, deseamos destacar que los consumidores también adquieren bienes de países y regiones que no están en la UE, por ejemplo los Estados Unidos y Asia. Por consiguiente, no se debe exagerar la función de las instituciones de la UE a este respecto.

Es esencial que las medidas que adopte la UE sean proporcionales y que se respete siempre el principio de subsidiariedad. Por consiguiente, nos oponemos a varias de las propuestas que se presentaron anteriormente en el Parlamento Europeo, como las campañas de información a los consumidores iniciadas por la UE, la información para los consumidores de ámbito europeo (que se puede transmitir a nivel nacional o mediante la cooperación voluntaria de las autoridades existentes en los Estados miembros) y las autoridades e institutos financiados por la UE.

El informe actual del Parlamento Europeo y el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en materia de consumo son, en general, equilibrados y conforman un marco reglamentario más simple y predecible. Por consiguiente, decidimos votar a favor en la votación final.

  Anna Hedh (PSE), por escrito. − (SV) Acogemos con satisfacción la revisión del acervo en materia de consumo y consideramos positivo que estemos proponiendo ahora que se investiguen las disparidades, las brechas y el solapamiento de las directivas. No vemos ningún problema de orden general en la armonización, que simplifica y beneficia a los consumidores y los profesionales europeos, siempre que aquélla no implique una reducción de nuestros niveles de protección del consumidor, que tienen su base en la larga tradición de protección del consumidor en Suecia. Por consiguiente, nos hubiera gustado que se incluyera una garantía de protección del consumidor y lamentamos que el Parlamento no compartiera nuestra opinión.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) No he podido votar a favor del informe Patrie debido a la formulación de su apartado 2, que preconiza la revisión de la Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. Soy de la opinión de que la Directiva en vigor, que prevé, entre otras cosas, que el IVA en vigor sea el del país de origen de la empresa, funciona muy bien en la práctica.

¿Por qué cambiar esta excelente Directiva para introducir un sistema en el que el consumidor deba pagar el IVA en el país de destino? Sería un caos absoluto para todos los afectados, tanto administraciones fiscales, que deberían gestionar importes de IVA de empresas implantadas en 27 países diferentes, como compañías, que tendrían que aplicar hasta 27 regímenes de IVA diferentes.

Una situación como ésta sería inadmisible y constituiría un obstáculo a la libre circulación de las mercancías, un obstáculo casi insuperable en el mercado único de los servicios electrónicos.

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Señor Presidente, me gustaría señalar que durante la votación electrónica sobre el Informe Patrie intenté votar dos veces a favor de una enmienda pero, desgraciadamente, mi dispositivo de voto no funcionaba correctamente. Me gustaría que se tomara nota de este problema.

  Presidente. − Gracias, señor Libicki. Se anotará esta cuestión en las Actas.