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Procedimiento : 2007/0186(COD)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

A6-0509/2007

Debates :

Votaciones :

PV 31/01/2008 - 8.3
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2008)0026

Debates
Jueves 31 de enero de 2008 - Bruselas Edición DO

10. Explicaciones de voto
PV
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

- Interpretación del Reglamento (artículo 19, apartado 1)

 
  
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  Richard Corbett (PSE). – Señor Presidente, me van a tener que disculpar porque estoy sin voz. Quiero decir que he votado a favor de esta interpretación y quiero decir también que la comparación del señor Hannan, aún pretendiendo que no la hace, de nuestra votación con el Ermächtigungsgesetz de Hitler de 1933 ha sido muy desafortunada.

Pero una comparación tan lamentable demuestra simplemente el estado mental de la persona que la hace. Sólo hemos confirmado, en virtud de nuestro Reglamento, que el artículo 19 del mismo confiere al Presidente del Parlamento poderes para poner fin al recurso excesivo a propuestas como las relativas a la observancia del Reglamento o a cuestiones de orden, etc., «cuando el Presidente esté convencido de que éstas tienen manifiestamente por objeto y van a surtir un efecto perturbador grave y prolongado de los procedimientos de la Asamblea o del ejercicio de los derechos de otros diputados».

Este no es un debate opresivo. Tenemos un tiempo suficiente para hacer uso de la palabra en los debates, que se reparte proporcionalmente entre todos los grupos en función de su tamaño. Ésta es una simple salvaguardia contra los que intenten perturbar el funcionamiento de la Cámara.

Los poderes conferidos a nuestro Presidente son mucho menores de los que existen en la mayoría de los parlamentos nacionales, si lo comparamos, por ejemplo, con el Presidente de la Cámara de los Comunes. Hacemos bien en adoptar esa medida de salvaguardia, y hago constar que el anterior dirigente del partido del señor Hannan, que es miembro de nuestra comisión, votó de hecho a favor de ella, así que su actitud es una vergüenza.

 
  
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  El Presidente. – (FR) Señorías, la norma es la siguiente.

Una vez iniciadas las explicaciones de voto sobre un tema, en principio –digo bien, en principio– la Presidencia no acepta más oradores sobre ese tema, pero dada la sensibilidad del tema, les propongo hacer una excepción a la norma y conceder la palabra a todos los diputados que la han solicitado.

 
  
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  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, dado que la primera votación nominal sobre la modificación del Reglamento no ha quedado reflejada en nuestros documentos, se ha producido cierto error. Intervengo en nombre propio y en el de los señores Czarnecki y Libicki. Hemos votado a favor de la propuesta del señor Farage levantando la mano, y pensamos que la votación nominal se refería a eso, de ahí el error. Queremos, por tanto, corregirlo verbalmente. Al mismo tiempo, estamos registrando electrónicamente un cambio en nuestro voto a la contrapropuesta.

 
  
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  Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Señor Presidente, lo mismo nos ha pasado a un grupo de varios diputados, que hemos votado en contra de nuestras convicciones; tendríamos que haber votado en contra de esta enmienda al Reglamento, que es una enmienda claramente antidemocrática; aquí, en el corazón de la Europa democrática, se está introduciendo una disposición que confiere poderes absolutos al Presidente del Parlamento. Esas soluciones de gran alcance no están presentes en ningún Parlamento democrático, por lo que queríamos votar en su contra, pero debido al error que ha mencionado el señor Piotrowski, hemos votado a favor. Me refiero a Bogdan Pêk, Dariusz Grabowski y Andrzej Zapałowski.

 
  
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  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, al igual que el anterior orador, yo también pido que se modifique mi voto sobre el Reglamento. He votado en contra de mis convicciones; por eso le pido que lo modifique. Estoy en contra de que se modifique el Reglamento.

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero darle las gracias por la sabia interpretación que ha hecho de sus nuevos poderes, al permitirnos presentar explicaciones de voto aunque nuestro nombre no figurase para este informe. Quiero darle también las gracias por haber concedido al señor Corbett medio minuto más de tiempo para hacer un paréntesis político que, en realidad, no tenía nada que ver con el asunto tratado.

Hago uso de la palabra sólo para decir que realmente pienso que eso es una aberración de nuestro Reglamento, y que me preocupa mucho. Me he mantenido en comunicación con la Presidencia y espero que ésta respete las opiniones de la minoría de este Parlamento. El señor Corbett ha dicho que tuvimos la oportunidad de intervenir en los debates de esta Cámara, porque todos los grupos pueden hacer uso de la palabra. Desafortunadamente, como hemos visto hoy, a veces algunos grupos no son tan tolerantes como otros ante las opiniones diferentes. Es muy difícil poder hacer uso de la palabra cuando se trata de diputados que, dentro de un gran grupo, pueden tener una opinión minoritaria. Muchas gracias, de verdad, por habernos permitido hacer este comentario.

 
  
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  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señor Presidente, yo también me he equivocado. Creí que estábamos verificando la votación anterior. Estoy totalmente en contra de esta interpretación del artículo 19, que antepone los aspectos procesales a los principios y los derechos, sobre todo la libertad de expresión.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, muchas gracias por su buen criterio en esta cuestión y por haberme permitido intervenir para ofrecer mi explicación de voto.

Sabía perfectamente lo que estaba votando y he votado claramente en contra. Entiendo que algunos miembros de esta Cámara interpretan el Reglamento y entiendo que eso significa que en esto cumplimos el Reglamento.

Pero lo que yo quiero decir es que debemos cuidarnos siempre mucho de conferir poderes arbitrarios a un presidente. Estoy seguro de que el Presidente y los Vicepresidentes de este Parlamento utilizarán esos poderes con extrema precaución, y estoy seguro de que nosotros lo acogeremos con satisfacción. ¿Pero y los futuros presidentes? ¿Y los futuros presidentes que decidan interpretar este Reglamento a su antojo, para desaprobar y acallar opiniones disidentes?

Debemos tratar de evitar que esto se perciba como o se convierta en un terreno proclive a las dictaduras, y no a la diversidad de opiniones. Por eso les digo a todos que la prueba de fuego de una democracia es el trato que reciben las minorías, y si ese trato es bueno, entonces todos podremos estar de acuerdo en que hay una verdadera democracia.

 
  
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  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Señor Presidente, nunca hasta ahora había utilizado la palabra «dictatorial» para referirme a las instituciones europeas, pese a todo lo que las he criticado durante años. Creo y estoy convencido de que lo que se ha hecho posible hoy con esta concesión de poderes al Presidente, de increíble trascendencia, da vía libre al despotismo. No podemos suponer —y desde luego no en esta Cámara— que el Presidente vaya a actuar siempre de una manera objetiva y equilibrada. Como resultado de la decisión tomada aquí y en contra de la cual yo he votado, por supuesto, el Presidente tiene ahora unos poderes arbitrarios increíbles y este Parlamento podrá convertirse, por tanto, en un Parlamento arbitrario. ¡Los ciudadanos de Europa no se merecen esto! Creo que esta vez se ha llegado demasiado lejos y que ocasionará graves problemas democráticos.

 
  
  

- Informe Armando França (A6-0507/2007)

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, me disculpo. Me he visto temporalmente retrasado por un colega. Estábamos hablando de democracia: un concepto muy importante que seguro que todos apoyamos en esta Cámara, aunque no siempre actuemos en consecuencia.

Entiendo las enmiendas a este informe en términos de cooperación entre las diferentes unidades especiales de intervención, pero tenemos que recordar que el informe es ya una enmienda a la Decisión Prüm. Los Conservadores británicos nos opusimos desde el principio a la Decisión Prüm. La razón de nuestra oposición fue que, en un principio, se trataba de un acuerdo de cooperación entre un número limitado de Estados miembros. Bajo la presidencia de uno de los Estados miembros, decidieron ampliar esa disposición sin la preceptiva consulta. Hasta el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos tuvo que manifestar su opinión al darse cuenta de que nadie le había consultado.

Nosotros, los Conservadores, estamos en contra del uso de unidades especiales de intervención en las fronteras y la aplicación de la Decisión Prüm, y no hemos votado a favor de las enmiendas a la misma.

 
  
  

- Informe Markus Ferber (A6-0505/2007)

 
  
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  Jim Higgins (PPE-DE). – Señor Presidente, mis colegas irlandeses del PPE-DE apoyan plenamente la liberalización de los servicios postales en la Unión Europea, y hemos votado en consecuencia. Lo hacemos sabiendo que se garantiza un servicio universal a todos los ciudadanos de la Unión y que se han tomado medidas específicas para asegurar que las zonas rurales y escasamente pobladas sean atendidas por un número suficiente de oficinas de correos.

(GA) Señor Presidente, quiero insistir aquí también en que es importante tener servicios postales para las personas ciegas y con problemas de visión. Mis colegas irlandeses del PPE-DE y yo mismo pedimos a todos los Estados miembros que mantengan unos servicios postales de ámbito nacional cuando estos ya existan o creen tales servicios en países donde hasta ahora no han existido.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, hoy, después de muchos años, nuestras discusiones han llegado a un fin y hemos acordado proporcionar a todos los ciudadanos de la Unión Europea un mercado totalmente abierto de servicios postales. Se trata de un avance importante hacia un mercado único de servicios postales que no supondrá amenaza alguna para los servicios públicos. Celebro que hayamos conseguido un compromiso sensato, manteniendo, por ejemplo, los servicios de reparto en zonas remotas.

Además, la Directiva no impide a los Estados miembros mantener una serie de medidas excepcionales, como servicios postales gratuitos para personas con problemas de visión, aunque hoy el Parlamento ha rechazado un artículo específico en este sentido.

Los nuevos medios electrónicos de comunicación están teniendo una influencia fundamental en los cambios en la estructura de la demanda de servicios postales; la liberalización conseguirá, por tanto, una respuesta mejor y, sobre todo, más flexible a una mayor diversidad de servicios postales. Creo que con eso se conseguirán precios más bajos a cambio de unos servicios más eficientes, y debemos estar satisfechos con el compromiso logrado.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Señorías, lamento mucho que la enmienda 3, idéntica a la enmienda 18 y relativa a los servicios postales gratuitos para las personas ciegas o con problemas de visión, no se haya incorporado al informe Ferber. La ceguera o visión parcial es una discapacidad que imposibilita ver el mundo a través de los ojos. Sin embargo, creo que esas personas escucharán las 321 voces de los diputados que han votado con el corazón a favor de esta Directiva modificada. Puesto que la Directiva se ha aprobado en segunda lectura, creo que los Estados miembros resolverán este problema aplicando el principio de subsidiariedad, para satisfacción de las personas ciegas o con problemas de visión.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, antes de ser diputado al Parlamento Europeo, tenía un verdadero trabajo. Una de las cosas que hacía era asesorar a las empresas sobre los sectores recién liberalizados: el sector de las telecomunicaciones, el sector postal (en menor grado) y el sector de la energía. Lo que hemos visto con la liberalización de las telecomunicaciones es una explosión de las posibilidades de elección. Se ha producido una explosión de innovación. La competencia ha hecho que bajen los precios y que aumenten los consumidores y empresas en toda Europa, lo que ha tenido como resultado una mayor capacidad de innovación y más posibilidades de elección para todos los consumidores. Esperemos que, con esta Directiva, lo que ahora vemos en el sector de las comunicaciones sea el mismo tipo de disciplina de mercado que se aplicó al sector de las telecomunicaciones; que podamos disfrutar de la distribución de la riqueza, de la innovación y de mejores servicios en toda Europa; y que, al final, sean los consumidores los que salgan ganando.

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero enlazar mis comentarios con la última parte de la intervención del señor Kamall, porque creo sinceramente que la liberalización del mercado de los servicios postales es el camino que debemos seguir para favorecer la innovación y aumentar las posibilidades de elección de los consumidores.

Pero tengo un problema importante con la definición de los servicios universales y su aplicación a los servicios rurales. A principios de esta semana, en mi propia circunscripción electoral en el Reino Unido, se anunció el cierre de siete oficinas de correos. El cierre ha tenido lugar después de una consulta masiva. Algunas de esas oficinas de correos eran rentables. Los informes de dicha consulta indicaron que casi el 100 % de las personas estaban a favor de mantener abiertas las oficinas de correos. Pero, precisamente por la definición del servicio requerido por el Gobierno, la consulta fue una farsa; todo el mundo fue ignorado. Los servicios rurales se verán diezmados en lugares como Staverton, Hellidon, Brington, Harlestone, y Milton Malsor, en mi propia circunscripción.

Por eso me preocupa mucho la incorporación de esta Directiva a la legislación nacional de los Estados miembros.

 
  
  

Propuesta de resolución: Situación en Irán (B6-0046/2008)

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Sr. Presidente, desearía que constara en acta que quería votar la propuesta de resolución sobre Irán, pero no oí la interpretación correctamente en el momento de la votación nominal y, en la votación final, no pulsé el botón de votación.

 
  
  

- Propuesta de resolución: Resultados de la Conferencia sobre el cambio climático (Bali) (B6-0059/2008)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, estoy convencida de que el ser humano tiene que reducir su repercusión negativa en el clima de este planeta. No sólo la Unión, sino todo el mundo, tiene que participar en el proceso de poner freno al cambio climático.

Por eso, con nuestra política de desarrollo tenemos que tratar de conseguir herramientas más eficientes y ofrecer ayuda a los países en desarrollo de forma que puedan adaptarse a las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es Ésta es una de las tareas importantes que nos esperan en el futuro, tareas que se recogen en la resolución de hoy sobre la Conferencia de Bali.

 
  
  

- Informe Fiona Hall (A6-0003/2008)

 
  
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  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Señorías, permítanme decir que como propietario de una pequeña central hidroeléctrica, sé perfectamente lo que significa la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Lamentablemente, conozco muy bien también los problemas, a menudo artificiales, a los que se enfrentan los que quieren producir y distribuir este tipo de energía.

Soy también propietario de una antigua casa familiar. En 2001 emprendí con mi dinero una amplia reforma de esa casa para conseguir unos niveles mayores de eficiencia energética. Sé que un kilovatio ahorrado vale lo mismo que un kilovatio producido. Acojo con satisfacción el Plan de acción para la eficiencia energética y he votado a favor de él por muchas de las razones que se han expuesto aquí. Dicho esto, lamento que la Comisión Europea, así como muchos gobiernos de los Estados miembros, sean culpables de negligencia por no adoptar medidas de ahorro energético y subestimar continuamente su importancia estratégica y la necesidad de convertirlas en una prioridad política.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, acojo con satisfacción el Plan de acción para la eficiencia energética. En él se prevé ayuda económica para introducir lo antes posible tecnologías modernas que ayuden a salvar el medio ambiente. Contribuirá también a reducir nuestra dependencia de Oriente para el suministro energético.

El sistema de comercio de derechos de emisión es, no obstante, controvertido. Podría lograr sus fines si los distintos países de la Unión partieran del mismo punto. Pero las economías menos desarrolladas, como la checa, requieren condiciones especiales. Es también necesario ofrecer ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción. Ésta puede ser la forma más eficiente de invertir la tendencia porque, año tras año, el incremento del consumo de energía sigue siendo mayor que el ahorro conseguido con la aplicación de tecnologías de ahorro energético, y así seguirá siendo en el futuro.

La colaboración entre el sector público y el privado permitirá financiar la investigación y la aplicación práctica de tecnologías de ahorro energético, de conformidad con la Estrategia de Lisboa. El requisito de etiquetado de los aparatos con información relativa al consumo energético no tiene por qué convertirse en una carga burocrática para los fabricantes, ni orientar mal a los consumidores.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, al contrario que los oradores que me han precedido, yo no tengo mi propia central eléctrica, pero sí tengo una casa muy antigüa —una casa de 1840—, que es preciosa. Si alguna vez van a Londres, están invitados a tomar una taza de té. Pero lo que quiero decirles es que, con independencia de lo que uno piense sobre el cambio climático, creo que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de eficiencia energética.

Puede que no lo sepan, pero yo represento a Londres, la mejor ciudad del mundo, la capital del mejor país del mundo. Tenemos algunos bloques y edificios de oficinas que dejan encendidas las luces toda la noche. Eso es una señal de éxito, pero deben concienciarse de la necesidad de eficiencia energética.

Tenemos también algunos establecimientos en el sector de la hostelería —restaurantes y pubs— que recientemente, con la prohibición de fumar, se han visto obligados a utilizar calefactores de exterior para acomodar a los clientes que desean sentarse fuera y fumar un cigarrillo. Lo que me preocupa es que la prohibición del uso de calefactores de exterior, que contribuyen con menos del 0,1 % a las emisiones de CO2, es una medida totalmente desproporcionada. Así que situemos las cosas en su contexto. Todos necesitamos mejorar la eficiencia energética, pero busquemos soluciones que sean factibles.

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, como todos en esta Cámara, conozco las estadísticas que se han dado a conocer y que demuestran que nosotros mismos podríamos ahorrar una tonelada de energía y una tonelada de problemas en el futuro si fuéramos más eficientes en nuestra manera de utilizar la energía.

No he podido votar este informe, porque se me olvidó hacer una declaración de intereses, de intereses económicos cuando menos. En el apartado 22, se pide la eliminación de los sistemas de costes fijos con arreglo a los cuales las personas compran energía, sea electricidad o sea gas. Yo mismo he contratado un sistema de costes fijos en el Reino Unido. Lo he contratado porque me resulta más fácil presupuestar mis facturas de electricidad, y millones de personas —generalmente las que menos recursos tienen— en el Reino Unido hacen exactamente lo mismo. Creo que restringir sus posibilidades de elección en este campo es una medida retrógrada.

Pienso también que debemos ser muy coherentes en lo que promulgamos en el pasado y nuestra forma de actuar. Hablamos de eficiencia energética y de ahorro de energía, pero seguimos teniendo dificultades comerciales con China, con la aplicación de un impuesto masivo a las bombillas de bajo consumo que se importan de ese país. Así que mostramos sin rubor dos caras, una cuando aprobamos este informe y otra cuando no actuamos frente a ese tipo de medidas.

 
  
  

- Informe Carl Schlyter (A6-0495/2007)

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, hago uso de la palabra con relación a este informe para manifestar mi absoluto desdén por la política pesquera común y el desastre ecológico que está causando en mi país y en sus aguas circundantes.

Este informe tiene muchas cosas buenas, porque pretende reducir la cantidad de pescado que se desperdicia, que se captura y no se necesita, o para el que los pescadores no tienen cuota suficiente. Pero esto no resuelve de raíz el problema, ya que se trata de una política que merece ser tirada al cubo de la basura.

No conserva el pescado, no ayuda a los pescadores y, de hecho, muchos pescadores de mi país piensan que lo mejor sería deshacerse de ella. Hay muchos ejemplos en todo el mundo de políticas pesqueras que ayudan a la conservación y mantienen a los pescadores en sus puestos de trabajo haciendo lo que quieren hacer. Islandia tiene cuotas transferibles que son propiedad de los pescadores y de sus familias y que pueden transferirse de una generación a otra.

No estamos siendo suficientemente inteligentes o listos con esta política y debemos deshacernos de ella.

 
  
  

- Propuesta de resolución: Estrategia europea respecto a la comunidad romaní (B6-0050/2008)

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Señor Presidente, los 12 millones de personas que constituyen el pueblo romaní y que están distribuidas por toda Europa tienen también un lugar en nuestra sociedad multicultural actual. Europa tiene que responder a los problemas, a menudo complejos, de la comunidad romaní. Por eso es necesario que propongamos un enfoque complejo para la búsqueda de una solución.

Puesto que creo firmemente que la educación y el posterior desarrollo profesional pueden romper el círculo vicioso de discriminación del pueblo romaní, he votado a favor de la propuesta de resolución. El programa EQUAL, centrado en ayudar a grupos marginados, ha demostrado tener una gran utilidad práctica. Es importante que apreciemos las actividades de las asociaciones y, en particular, el trabajo de la Obra Kolping, que ha establecido centros de consulta que ofrecen ayuda para buscar trabajo a desempleados de larga duración.

Existe el peligro de que estas importantes actividades puedan interrumpirse en Eslovaquia si se retrasa la refinanciación de actividades ya iniciadas. Pido que se retiren todos los obstáculos que pueden llevar a la insolvencia a asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales, haciendo imposible la ejecución de otros proyectos. Creo que la Comisión vigilará más atentamente las estrategias nacionales y armonizará, utilizando los mejores métodos, el progreso conjunto de los Estados miembros, en cooperación con organizaciones internacionales y la comunidad romaní.

 
  
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  Philip Claeys (NI).(NL) Señor Presidente, he votado en contra de la resolución, porque este texto tiene todas las características típicas de los textos aprobados aquí sobre discriminación. Tiene que existir una estrategia marco, tiene que existir un grupo de trabajo especial que coordine esa estrategia marco, tiene que preverse la necesidad de contratar a personal adicional, etc.

Ni que decir tiene que el pueblo romaní tiene que poder disfrutar de sus derechos fundamentales como ciudadanos de la UE y es intolerable que ocurra lo contrario, pero esta resolución es otro caso de intrusismo. Además, se debe instar al pueblo romaní a que asuma la responsabilidad que le corresponde, un aspecto que se ha pasado totalmente por alto aquí.

Las enmiendas presentadas por la señora Angelilli están justificadas. Problemas como los matrimonios obligados y la posición desfavorecida de las mujeres y los niños tienen que resolverse dentro de la propia comunidad romaní. Realmente no sirve de nada que sigamos atribuyendo a la discriminación todos sus problemas. Hay que pedirles también que asuman sus propias responsabilidades.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (El comienzo de la intervención es inaudible) Todos los Estados miembros se enfrentan a problemas relacionados con la comunidad romaní que no tienen una solución inmediata. Por eso no me gusta que la resolución, que es un documento articulado pero de naturaleza general, mencione sólo un ejemplo concreto: la República Checa y, más concretamente, el campo de concentración de Lety.

A pesar de ello, he votado a favor de la resolución general, pero tengo una objeción. Se insta a la Comisión a que ponga fin al engorde de cerdos en el antiguo campo de concentración romaní, una actividad que resulta poco adecuada —yo también pienso lo mismo—, y que ayude a construir un monumento conmemorativo digno. Quiero pedir asimismo a la Comisión que proporcione fondos suficientes para ayudar a la República Checa a resolver esta situación.

Puesto que el Parlamento Europeo menciona únicamente a la República Checa como un ejemplo concreto, creo que debe convertirse también en una prioridad para la Comisión Europea y sus recursos económicos.

 
  
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  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Señor Presidente, la propuesta aprobada hoy es otro paso más, aunque todavía vacilante, hacia una verdadera estrategia para la integración del pueblo romaní. El Parlamento ha pedido hoy que se trasladen a otro lugar las actividades de producción porcina en el antiguo campo de concentración de Lety, como se hizo hace tres años, para construir allí un monumento conmemorativo.

Este ejemplo práctico demuestra una vez más lo inadecuadas que han sido las medidas actuales. Las iniciativas sociopolíticas aquí, como en muchos otros países europeos, dejan mucho que desear. La verdadera integración del pueblo romaní en nuestra sociedad sería la prueba real de que los pilares de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos siguen constituyen la base de la Comunidad Europea.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

- Interpretación del Reglamento (artículo 19, apartado 1)

 
  
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  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. La forma en que el Parlamento Europeo realiza sus votaciones es poco rigurosa, y esta disposición empeorará las cosas. Ello significa que los derechos de las minorías se verán recortados. Las minorías tendrán ahora más dificultad en el Parlamento Europeo para conseguir que las votaciones sean creíbles. Tenemos que reconocer que algunos vicepresidentes son considerablemente mejores que otros.

En cualquier caso, yo creo que la política de «votaciones electrónicas para todo» estaba funcionando bastante bien. Hacía que los diputados al Parlamento Europeo tuvieran que estar en sus asientos y prestando atención (cosa que, reconozcámoslo, muchos no hacen) y la falta de controles y reclamaciones a la función de la Presidencia hace que las sesiones discurran bastante bien y que las votaciones queden registradas para la posteridad, de manera que nuestros electores puedan consultar, por escrito, qué votó cada uno de los diputados.

 
  
  

- Informe Michael Cashman (A6-0511/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega británico Michael Cashman, en primera lectura y mediante el procedimiento de codecisión, sobre el régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, la República Checa, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales para fines de tránsito por sus territorios. Apruebo las enmiendas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior dirigidas a tener en cuenta la nueva situación existente en la zona Schengen y el hecho de que, desde el 21 de diciembre de 2007, gran número de los países contemplados en el dispositivo forman parte ya del espacio Schengen sin fronteras interiores.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He sido ponente de la Comisión de Desarrollo para el informe titulado «Sobre el paso de fronteras exteriores» y, por tanto, acojo con satisfacción el excelente trabajo realizado por mi colega el señor Cashman. En 2008 se ha dado un nuevo paso hacia el sueño concebido en 1957: la familia europea ha ampliado formalmente sus fronteras. Han caído otras fronteras y el «espacio Schengen» se ha ampliado decisivamente, con evidentes resultados positivos. Pero es importante que, más allá de la esfera física y geográfica, hagamos un mayor esfuerzo en el campo de la política y de la economía. Aún hoy los 27 Estados miembros siguen teniendo en muchos sectores unas configuraciones distintas; en algunos casos, muy diferentes: en demasiados ámbitos no existe siquiera una sinergia de fondo y eso da lugar a una situación completamente fragmentada. La Unión Europea tiene que implantar procedimientos para la síntesis de las políticas y estrategias de los Estados miembros: acogemos con satisfacción la libertad de circulación de ciudadanos y bienes, pero insistimos con mayor convicción que nunca en la necesidad de crear un marco político y reglamentario que al final sea homogéneo.

 
  
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  Adam Bielan (UEN), por escrito. − (PL) El informe que vamos a someter a votación hoy es crucial para simplificar el control de las personas en las fronteras exteriores de la UE. Con la nueva normativa, los visados expedidos por Polonia y los nuevos Estados miembros confieren los mismos derechos que los expedidos por el resto de los Estados miembros. Eso significa que los ciudadanos de Ucrania, por ejemplo, podrán circular por toda la UE con un visado expedido por Polonia.

Quiero decir también que este informe es una forma de respuesta a la ampliación del espacio Schengen, que facilita el tránsito de nacionales de terceros países dentro de la UE. Un aspecto positivo para mí es el reforzamiento de la acción dentro de la UE para combatir el contrabando y el tráfico de narcóticos, el tráfico de seres humanos, órganos humanos y armas ilegales, y el terrorismo. En este sentido, estoy totalmente a favor del informe de Michael Cashman.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Con esta iniciativa se pretende que Chipre y los dos países que entraron en la UE en 2007 −Rumanía y Bulgaria− tengan la posibilidad de establecer un régimen simplificado de control de personas en las fronteras externas basado en la equivalencia unilateral de los visados y los permisos de residencia.

Este reconocimiento se limita al tránsito por el territorio de esos tres Estados miembros y por un período que no deberá exceder los cinco días.

Apoyo firmemente este régimen simplificado, toda vez que los nacionales de países terceros que poseen un visado emitido por otro Estado miembro y que se beneficiarían de este sistema ya se han visto sujetos a un proceso de verificación riguroso en dicho Estado miembro y no han sido considerados como una amenaza para el orden público, ni un riesgo en términos de inmigración ilegal.

Estas reglas sobre el reconocimiento unilateral de visados y permisos de residencia se incorporaron por primera vez, en 2006, al acervo comunitario en materia de visados, con la finalidad de simplificar el tránsito de ciertas categorías de personas y, al mismo tiempo, evitar una eventual sobrecarga administrativa innecesaria en las oficinas consulares.

De los nueve países que entraron en la UE en 2004 y que quedaron plenamente integrados en el espacio Schengen a partir del 21 de diciembre de 2007, el reconocimiento mutuo de estos documentos se hizo obligatorio al final del período transitorio.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Al igual que en el caso del informe relativo a Suiza y a Liechtenstein, pensamos que es importante insistir en que, de un modo general, estos acuerdos deben inscribirse en un marco más general que tenga igualmente por objetivo la promoción de los derechos de los trabajadores inmigrantes y su protección contra situaciones inaceptables de sobreexplotación. Se trata de favorecer el ejercicio efectivo de sus derechos y su integración, por ejemplo, garantizando el derecho al reagrupamiento familiar en aplicación del Convenio internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias —insistimos aquí en que todavía tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros de la UE— elaborado bajo los auspicios de Naciones Unidas, un instrumento de derecho internacional que pretende garantizar la defensa de los derechos humanos a los trabajadores migrantes, sobre todo el derecho inalienable de vivir en familia.

En otras palabras, el hecho de que se facilite la circulación de los ciudadanos entre los diferentes países no debe utilizarse como un instrumento para favorecer situaciones de explotación de una mano de obra temporal, de bajo coste y fácilmente «descartable», de aumento de los niveles de explotación y presión sobre los salarios, de promoción de la precariedad y de desregulación de las relaciones laborales, alimentando una dinámica de retroceso en cuanto a los derechos y condiciones sociales para el conjunto de los trabajadores, sino todo lo contrario, para combatir esas realidades.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Es un secreto a voces que muchos países orientales representan una amenaza de enorme potencial: delincuencia de bandas organizadas, prostitución, tráfico de personas y delitos relacionados con las drogas están controlados con mucha frecuencia por el Este. Y muchos de nuestros nuevos Estados miembros son considerados como países de tránsito, a través de los cuales se puede acceder a Europa Occidental.

Por tanto, desde hace mucho tiempo se necesitan controles más estrictos en las fronteras exteriores más orientales de la UE, para asegurar que la eliminación de las fronteras Schengen no degenere en un «billete gratis para los delincuentes». Por esta razón, nosotros también hemos votado a favor del informe Cashman.

 
  
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  Frank Vanhecke (NI), por escrito.(NL) He votado en contra de este informe. He manifestado en reiteradas ocasiones mis profundas reservas respecto al sistema Schengen y, por tanto, no puedo aceptar hoy el principio de reconocimiento mutuo contenido en el informe. Schengen se erige o se derrumba naturalmente por el estricto control de sus fronteras exteriores. El Presidente de la Comisión, señor Barroso, puede decirnos miles de veces que la ampliación Schengen no conllevará una disminución de la seguridad, pero la realidad es muy diferente. Por ejemplo, los expertos alemanes en seguridad del Gobierno de la Canciller Merkel han observado enormes debilidades en las nuevas fronteras externas orientales y también en la cooperación entre las fuerzas policiales nacionales. El temor generalizado es que la inmigración ilegal aumente considerablemente. Una vez más, las almas iluminadas de Eurolandia se pierden en ilusiones y juegan con la seguridad de los ciudadanos europeos.

 
  
  

- Informe Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi excelente colega chipriota Panayiotis Demetriou, en primera lectura y mediante el procedimiento de codecisión, sobre la modificación de la Decisión de 2006 por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por los Estados miembros de determinados permisos de residencia expedidos por Suiza y Liechtenstein para fines de tránsito por sus territorios. Apruebo, asimismo, las enmiendas técnicas propuestas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, destinadas a hacer corresponder mejor el texto propuesto con las disposiciones iniciales y las relativas a las disposiciones territoriales.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como ya hemos dicho, las medidas y acuerdos que facilitan la circulación de ciudadanos de diferentes países deberán tener como base principios de equilibrio y ventajas mutuas para las diversas partes implicadas.

Recordemos los anteriores acuerdos entre la CE y Suiza sobre la libre circulación de personas, que tuvieron un particular interés para Portugal, habida cuenta de que en ese país trabajan más de cien mil portugueses, incluidos muchos millares de trabajadores temporales. Estos acuerdos deben contribuir a la resolución de las muchas limitaciones y problemas con los que se debaten los trabajadores portugueses en Suiza, por ejemplo, con relación a cambios de empleo o de profesión, reagrupamiento familiar, traslado a otro cantón o protección social de los trabajadores y sus familias.

En este sentido, y de un modo general, estos acuerdos deben inscribirse en un marco más general que tenga igualmente por objetivo la promoción de los derechos de los trabajadores inmigrantes y su protección contra situaciones inaceptables de sobreexplotación.

El hecho de facilitar la circulación de ciudadanos entre los diferentes países no debe ser utilizado como un instrumento que facilite la explotación de una mano de obra temporal, de bajo coste y fácilmente «descartable», haga más frágiles las relaciones laborales y, en particular, alimente una dinámica de retroceso en cuanto a los derechos y las condiciones sociales de los trabajadores.

 
  
  

- Informe Philippe Morillon (A6-0001/2008)

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) Esta propuesta de la Comisión Europea pretende mejorar y simplificar la legislación en esta materia, que data ya de hace diez años. En el último decenio, el sector acuícola ha sido el sector de la industria agroalimentaria que más ha crecido y en este momento la acuicultura en Europa proporciona más de 80 000 puestos de trabajo.

La creciente importancia del sector, tanto en términos económicos como sociales, justifica una mejora de la calidad de la información disponible. De este modo, se pretende mejorar la recogida y transmisión de datos. La armonización entre los diferentes Estados miembros es también fundamental.

Esta propuesta, enriquecida con las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo, merece por ello mi voto favorable.

 
  
  

- Informe Armando França (A6-0507/2007)

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) El aumento, en especial en los últimos diez años, de las amenazas y los atentados terroristas, junto con sus consecuencias devastadoras, ha llevado a la necesidad urgente de adoptar las medidas y los instrumentos necesarios para hacer frente a esa plaga.

Se trata de una amenaza común que requiere una respuesta global, que proporcione los medios, los recursos y los conocimientos técnicos necesarios para afrontar, de forma eficaz, situaciones de crisis a gran escala que un Estado miembro, por sí solo, tendría dificultades en afrontar.

Esta iniciativa de la Presidencia austriaca permite la formación de equipos comunes de apoyo capaces de proporcionar una asistencia operativa al Estado miembro que lo necesite después de sufrir un atentado terrorista.

No tengo ninguna duda de que este tipo de situaciones de crisis a gran escala requiere una reacción rápida basada en unidades especiales de intervención.

Apoyo, por tanto, esta Decisión que pretende establecer el marco jurídico necesario, simplificando la cooperación y permitiendo una respuesta más rápida de los Estados miembros en situaciones de crisis o atentados terroristas, al tiempo que garantizar al Estado miembro afectado el mayor grado posible de ayuda.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Este texto, iniciativa de Austria, prevé que un Estado miembro pueda solicitar la asistencia de una unidad especial de intervención de otro Estado miembro para controlar una situación de crisis (toma de rehenes, desvío de aviones). La ayuda aportada podría consistir bien en la puesta a disposición de materiales o conocimientos técnicos específicos, bien en la posibilidad de llevar a cabo una operación en el territorio del Estado miembro solicitante.

Somos favorables a este texto, y ello por varias razones. En primer lugar, porque este dispositivo, destinado a luchar contra el terrorismo, no es vinculante, pues no obliga a los Estados miembros a solicitar asistencia ni a responder favorablemente a una solicitud. Por otra parte, el texto remite todas las modalidades prácticas (tipos de unidades, materiales, etc.) a acuerdos bilaterales entre el Estado miembro solicitante y el Estado miembro solicitado.

En el marco de la lucha contra el terrorismo, que por definición no conoce fronteras, es muy importante trabajar por la más eficaz cooperación posible entre las policías nacionales de la Unión.

En un momento en que todas los temas pertenecientes a la justicia y los asuntos interiores de los Estados van a convertirse en competencia supranacional con el Tratado de Lisboa, parece subsistir un polo de resistencia intergubernamental: nos alegramos de ello.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La UE, en materia de libertades civiles, justicia y asuntos de interior, ha emprendido un camino muy peligroso que está atentando seriamente contra los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos y la propia soberanía de los Estados y los pueblos.

Las crecientes tendencias y medidas federalistas y militaristas en la UE han sido responsables de la toma de decisiones dirigidas a crear estructuras, tanto a nivel de información como de grupos operativos de la policía, con competencias para intervenir en territorio nacional, una dinámica que se pretende solapar con las propias políticas nacionales.

Con esta iniciativa de Austria, hábilmente agravada por las propuesta del PE, lo que se pretende en realidad es crear o permitir, con el pretexto del «terrorismo» y de hipotéticas «situaciones de crisis o riesgo», que se formen auténticas «guardias pretorianas», debidamente adoctrinadas, para actuar, sobre todo, en el control, la intimidación y la represión del ejercicio de los derechos y las libertades, incumpliendo los principios básicos de la democracia, del Estado de derecho y de la propia legalidad constitucional y la soberanía nacional de Portugal.

Por eso, alertamos de los peligros que encierra el contenido y los objetivos de esta iniciativa, así como de todas las otras medidas relacionadas con el ejercicio de cualquier poder de forma ilimitada, irracional, desproporcionada e inconstitucional.

 
  
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  Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) He votado en contra de este informe porque me preocupan sus consecuencias en el futuro. No me opongo a que echemos una mano y nos ayudemos mutuamente en situaciones de crisis, pero eso tiene que hacerse sólo cuando sea necesario y de una manera natural. No me parece justificado que se hagan ejercicios conjuntos a costa del bolsillo de los contribuyentes de la UE y me opongo enérgicamente a que agentes extranjeros actúen y ejerzan autoridad en territorio sueco conservando su inmunidad. La consecuencia lógica es que se avanzará hacia una fuerza policial común, a lo que yo me opongo rotundamente.

 
  
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  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El texto que se nos presenta tiene por objeto dotar de un marco legal a las operaciones efectuadas por unidades especiales de intervención de un Estado miembro en el territorio de otro en caso de ataque terrorista. Ante la variedad de formas que pueden adoptar dichas intervenciones (intercambio de materiales, conocimientos técnicos, unidades activas, etc.), se deja a los Estados miembros la tarea de celebrar convenios bilaterales para definir todas las modalidades prácticas y la posibilidad de elegir entre aceptar o rechazar la solicitud de intervención en su territorio de una de dichas unidades operativas. Increíble. ¡He aquí un caso real de aplicación del tan controvertido y complicado principio de subsidiariedad!

He aquí, al fin, un ámbito –el de la seguridad nacional, un ámbito soberano por excelencia– que se resiste a la apisonadora supranacional de una Europa que legisla sobre todo y por doquier.

Europa apuesta, pues, por la cooperación entre las policías nacionales para la eficacia de la lucha contra el terrorismo. Apoyamos esta iniciativa.

Pero la clave de la victoria sobre el terrorismo no reside únicamente en esta cooperación. Requiere una toma de conciencia sobre el deseo revolucionario de los islamistas de destruir la sociedad occidental humanista y cristiana, y sus valores.

 
  
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  Inger Segelström (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe porque se basa en una acción voluntaria y ese tipo de cooperación sólo puede conseguirse mediante un acuerdo de reciprocidad entre dos Estados miembros. Sin embargo, defendemos el principio de no permitir que agentes extranjeros puedan actuar o ejercer autoridad en territorio sueco conservando la impunidad. Creemos que eso puede llevar a la creación de una fuerza policial común, respecto a la cual tenemos serias dudas.

 
  
  

- Informe Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

 
  
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  Jan Březina (PPE-DE), por escrito. − (CS) Permítanme hacer un comentario que explica mi voto sobre el informe relativo al Espacio Europeo de Investigación, una cuestión debatida aquí una y otra vez, y que considero una buena idea y una buena visión. Pero seguimos teniendo un largo camino por delante para hacerlo realidad. Hablar no es suficiente. Debemos evaluar también cómo funciona y, de hecho, si funciona o no. Como diputado al Parlamento Europeo en representación de un nuevo país, sé por experiencia propia que, de momento, el Espacio Europeo de Investigación es sólo una ilusión y un espejismo.

Así lo demuestran los primeros datos disponibles sobre la prioridad otorgada a los proyectos que cuenten con la participación de los nuevos Estados miembros. De las 559 becas concedidas a jóvenes científicos, sólo dos fueron a parar a la República Checa (¡y ninguna a Polonia, que es varias veces mayor!), mientras que 100 fueron al Reino Unido y 80 a Alemania. Resulta difícil creer que la diferencia en la calidad de los proyectos sea tan grande como para justificar tales cifras. En parte, esto se debe desde luego a la falta de experiencia de las personas que presentan proyectos en los nuevos Estados miembros. Pero indica también que, hasta la fecha, el Espacio Europeo de Investigación no ha funcionado como debiera. Por consiguiente, tenemos que hablar menos y actuar más para conseguir resultados tangibles. He de decir que, en este sentido, seguimos estando rezagados.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe contiene algunas contradicciones y posiciones que nosotros no suscribimos. Pero es cierto que la investigación científica debe retomar su principal misión: la creación de nuevos conocimientos. Es verdad que no existe una relación lineal entre la I+D y la innovación, aunque haya ciertas correlaciones, pero estas son complejas y tienen que ver con aspectos totalmente ajenos a la esfera de la ciencia.

Por consiguiente, hay que corregir el concepto que se tiene de la investigación como una especie de panacea para resolver los problemas económicos y sociales, e invertir más en investigación.

Algunas medidas aprobadas en el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 fueron una reacción al problema de la falta de inversión de Europa en la economía del conocimiento, medidas que se reforzaron en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, en el que se fijó el objetivo de aumentar el nivel global de inversión en I+D en la Unión Europea, con el fin de aproximarse al 3 % del PIB en 2010. Con todo, el aumento del gasto en I+D desde 2000 no ha sido suficiente y, por término medio, apenas llega al 1,84 %, siendo eso en parte responsabilidad de la industria.

La inversión del sector privado en investigación es inferior al que sería el nivel socialmente óptimo. Los Estados tienen que representar un papel central y estrechar la cooperación para que se puedan crear nuevos conocimientos, poniéndolos a disposición del conjunto de la sociedad.

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. − (PL) Apoyo plenamente el informe sobre el Espacio Europeo de Investigación, que resume las nuevas perspectivas de la Unión Europea en materia de investigación y desarrollo. No hay duda de que el progreso y el desarrollo social, así como el lugar que ocupa Europa en el mundo globalizado, depende de la inversión que se haga en ciencia y tecnología y de la adquisición de nuevos conocimientos que atiendan las necesidades del siglo XXI.

La investigación científica y las nuevas tecnologías repercuten directamente en el desarrollo social e incluso pueden ser cruciales para el crecimiento económico, ya que generan beneficios cuantificables. Por eso es fundamental que exista un sistema bueno y eficaz de gestión de la investigación científica en Europa. Es más, si queremos que Europa haga frente a los nuevos retos, en especial los que plantea la competencia económica y la protección del medio ambiente, tenemos que recurrir a los Estados miembros; de hecho, tenemos que orientarlos hacia un incremento gradual del gasto en investigación científica.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. − (SK) La Comisión nos ha presentado el Libro Verde sobre el Espacio Europeo de Investigación, en un momento en el que Europa se enfrenta a una constante fuga transatlántica de inversiones e investigadores cualificados. Si queremos una investigación europea mundialmente competitiva, que es uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, la Unión tiene que salvar los obstáculos fundamentales con los que tropieza en este ámbito.

Me refiero, sobre todo, a la fragmentación de la investigación en la UE y a las estrategias europeas poco desarrolladas en materia de cooperación científica, la falta de recursos humanos y materiales y las infraestructuras de investigación mal desarrolladas, que tienen dificultades para competir con los centros mundiales de investigación. A esto se añade la escasa movilidad de científicos, conocimientos especializados y experiencia, debido sobre todo a la existencia de barreras legales, administrativas y lingüísticas.

Durante el proceso de desarrollo del Espacio Europeo de Investigación y superando su naturaleza fragmentada, tenemos que prestar una atención considerable a nuestras regiones.

Las regiones deben formular estrategias para el desarrollo de recursos humanos y materiales en el ámbito de la investigación y promover el acceso de todos a la investigación, sobre todo de las mujeres y los jóvenes. Los Estados miembros deben implicarse más en el proceso de creación de mejores condiciones de trabajo para los investigadores y adoptar medidas que les permitan conciliar sus vidas profesionales y familiares.

Las regiones son también importantes para promover y garantizar formas más eficientes de financiar la investigación, respetando los compromisos adquiridos en los Programas Operativos. Las regiones deben ayudar asimismo a crear centros europeos de excelencia que estén dentro de sus esferas territoriales de actividad, estableciendo vínculos entre universidades, institutos de investigación e industria.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) Señorías, nadie duda ya de que la ciencia sea el catalizador del desarrollo de nuestra sociedad. La tendencia del mundo actual demuestra la importancia de la ciencia y el lugar que merece ocupar en la sociedad. Sólo la inversión en una sociedad basada en el conocimiento hará que la Unión sea competitiva, creativa y estratégicamente atractiva.

En el Libro Verde «El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas», la Comisión ofrece análisis y soluciones y subraya la importancia de crear una sociedad basada en el conocimiento. El Parlamento Europeo insiste, en el informe del ponente Umberto Guidoni, que la inversión en educación, ciencia, investigación, cultura y TI sustenta el desarrollo sostenible en el futuro Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que estas medidas no darán resultados inmediatos y tangibles. Ésta es una carrera de fondo, no de velocidad, pero tengo la seguridad de que al final ganaremos.

El Espacio europeo de investigación ofrece a los centros de investigación, universidades y científicos de los 27 países de la UE la oportunidad de cooperar entre sí. No obstante, siguen existiendo obstáculos administrativos transfronterizos que dificultan la cooperación entre los centros de investigación. La apertura de la Unión Europea hacia Oriente supone una importante ampliación del Espacio europeo de investigación y ofrece a cerca de 150 000 investigadores nuevas oportunidades para mejorar su potencial científico y técnico.

Estoy convencido de que los nuevos conceptos y la innovación en todos los ámbitos nos ayudarán a crear nuevas oportunidades de trabajo y a encontrar nuevas formas de proteger el medio ambiente, mejorar la seguridad alimentaria y la salud y garantizar unas fuentes infinitas más seguras de energía.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) La idea de que la investigación, el desarrollo y la innovación son parte fundamental de la competitividad no es nueva y sigue siendo actual. Independientemente de las divergencias sobre la necesidad de dirigir los esfuerzos a la innovación o a una investigación más académica, lo cierto es que Europa tiene que aumentar su inversión en conocimiento y en la aplicación práctica de ese conocimiento. Pero no se trata sólo de una inversión financiera.

Diversos y sucesivos informes dan cuenta de las innumerables causas del atraso que tiene Europa con respecto a otras regiones del mundo. Desde las universidades americanas hasta los centros de investigación en la India, estamos rodeados por una competencia feroz y cada vez mayor. Por otro lado, las escuelas universitarias europeas tienen menos atractivo, como también demuestran estos informes, en los que insistentemente se hace referencia, entre otras cosas, a la escasa financiación global y por habitante y a la falta de autonomía de nuestras universidades como factores inhibidores de mejores prestaciones.

Por todas estas razones, cualquier enfoque que encare este asunto como una urgencia económica y estratégica debe merecer nuestro aplauso. Y aunque es cierto que el tiempo corre en nuestra contra, no es menos verdad que más vale perder tiempo en tomar las decisiones correctas que decidir precipitada e ineficazmente.

 
  
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  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. − (ES) Ante la anulación del debate sobre el informe del señor Guidoni en relación con el Espacio Europeo de Investigación quiero explicar, como ponente del Grupo Socialista, los motivos de nuestro voto afirmativo.

Ante todo cabe destacar el buen trabajo del señor Guidoni, que incluye muchas de nuestras propuestas. Ciertamente un espacio europeo de investigación debe contemplar:

– un mercado único de trabajo para investigadores, lo que implica establecer un modelo único europeo de carrera investigadora y un sistema integrado de información sobre puestos de trabajo y contratos de prácticas;

– abrir los procesos de selección y promoción, con mayor equilibrio entre hombres y mujeres en los tribunales;

– eliminar barreras que se oponen a la movilidad y promover mayor participación de mujeres en I+D, con medidas para conciliar la vida profesional y privada;

– reforzar las instituciones de investigación y la participación de las PYME en la I+D;

– mayor coordinación con programas nacionales y regionales, y más sinergias con otros programas europeos;

– construir infraestructuras con explotación por empresas conjuntas europeas; y

– fomentar la cooperación internacional, promoviendo iniciativas multilaterales, intercambios para usar infraestructuras y proyectos de cooperación científica para el desarrollo.

Se trata de vías para avanzar necesarias y coherentes. Por ello nuestro voto favorable.

 
  
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  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La ciencia no conoce fronteras, y las preguntas que dan lugar a trabajos de investigación tienen un carácter cada vez más mundial. El Espacio Europeo de Investigación (EEI) debe garantizar que la cooperación científica y tecnológica contribuya efectivamente a la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la humanidad.

Así, deseo que el EEI, en la perspectiva de su apertura al mundo, conceda un lugar privilegiado a las regiones ultraperiféricas de la UE (RUP), a fin de explotar las ventajas y riquezas que ofrece la diversidad regional europea, integrándolas en programas de investigación de forma coherente y en el marco de «redes de excelencia».

Insisto asimismo en que el EEI reconozca la importancia de los países y territorios de ultramar (PTUM), que son unos socios valiosísimos para tender puentes entre las naciones y los continentes con vistas a un desarrollo mundial sostenible y para superar los retos a que se enfrenta el planeta.

Agradezco sinceramente al ponente y a los miembros de la Comisión de Industria, Investigación y Energía que hayan apoyado mi enmienda al respecto recogida en la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. Es una prueba más del espíritu de coordinación y complementariedad que reina en este Parlamento.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Nos oponemos a la reestructuración reaccionaria del ámbito de la investigación que se está promoviendo con las directrices básicas de la UE para la creación de un Espacio europeo de investigación en el marco de la Estrategia de Lisboa.

El Espacio europeo de investigación favorece los conflictos y la competencia de beneficios entre países y grandes grupos empresariales. Eso hará que aumenten las desigualdades en el desarrollo científico.

Las empresas monopolistas disfrutan de cada vez más incentivos, subvenciones y exenciones fiscales, lo que permite invertir y utilizar los resultados conseguidos en beneficio propio. El sector público está supeditado a las necesidades de los grupos monopolistas a los que sirve. Se está fomentando la movilidad de los investigadores entre empresas, universidades y centros de investigación y se está financiando el sistema europeo de patentes aplicando criterios de coste. Todo se está subordinando a la competitividad y al aumento de los beneficios.

En un entorno competitivo tan duro, que también afecta al mundo de la investigación, la atención se centrará inevitablemente en los conocidos «centros de excelencia» de las naciones más poderosas. Esos centros garantizarán la parte más sustanciosa de los programas de investigación, que serán canales para los fondos públicos y privados.

Estamos tratando de dar un giro a la política de investigación de la UE. Eso forma parte de nuestra lucha por cambiar completamente la política contraria a los intereses de los trabajadores que defienden la UE y el capitalismo. Esperamos recuperar la naturaleza social de la ciencia: la investigación y la ciencia deben ponerse al servicio de las necesidades actuales de los trabajadores y del bienestar social.

 
  
  

- Informe Markus Ferber (A6-0505/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Celebro la adopción, en segunda lectura, de la Posición Común del Consejo por la que se modifica la Directiva postal de 1997 en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios y felicito a mi excelente colega alemán Markus Ferber por el inmenso trabajo que ha realizado.

Celebro que el Consejo haya aceptado los elementos principales de la posición del Parlamento Europeo, en particular el aplazamiento de la fecha general de aplicación al 31 de diciembre de 2010, con una prórroga de 2 años para los Estados que se adhirieron a la Unión a partir de 2004; el servicio universal con un reparto y una recogida al menos cinco días a la semana para cada ciudadano de la Unión, con el mantenimiento de un número suficiente de puntos de acceso en las regiones rurales, aisladas o poco pobladas; el respeto de la subsidiariedad en materia de cuestiones sociales, ámbito en el que deseo que los interlocutores sociales trabajen a escala europea. Lamento que no se hayan sentado las premisas para un regulador europeo en este sector. Por último, quisiera expresar mi deseo de que los operadores se pongan rápidamente de acuerdo para crear un sello europeo para la carta de 50 gramos; próximamente tomaré una iniciativa política sobre este tema.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) A pesar de las mejoras aportadas al texto inicial de la Comisión y del compromiso propuesto por el Parlamento Europeo, en especial para aplazar la liberalización total del mercado postal hasta el 31 de diciembre de 2010, el texto que el Consejo nos presenta para segunda lectura sigue sin ser satisfactorio.

No lo es porque sólo regula de forma sumaria y al mínimo las cuestiones y los problemas planteados en relación, en particular, con la financiación del servicio universal, la obligación de reparto del correo cinco días a la semana o la igualdad de trato de los territorios, así como la existencia de una tarifa única de timbre. No lo es porque el resultado de todos estos puntos es la inseguridad jurídica.

En realidad, este texto, cuyas únicas virtudes consensuales han sido duramente adquiridas, no hace otra cosa que retrasar las inevitables consecuencias no controladas de una apertura del sector postal a la competencia.

Los proyectos de la Unión Europea se traducirán inevitablemente en una recrudescencia de los cierres de oficinas de correos, supresiones de puestos de trabajo a gran escala y una carrera al peor postor en materia de salarios y condiciones laborales trabajo del sector postal en Europa.

 
  
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  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) Pienso que los Estados miembros deben decidir por sí mismos si quieren desregular o no sus monopolios postales nacionales. Por eso he votado a favor de la enmienda 10, que rechaza la posición común del Consejo.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.– (PT) Lamentamos que no se haya aprobado nuestra propuesta de rechazar esta Directiva que prevé la total liberalización de los servicios postales, creando con ello un «mercado» a escala de la UE.

De esta forma, una mayoría del Parlamento Europeo —que representa a las mismas fuerzas políticas que protagonizan la política de derechas en cada país— trata de dar un paso más en el proceso de desmantelamiento de este servicio público fundamental.

Se trata de un ataque de las grandes multinacionales contra el servicio público postal, la propiedad pública de este servicio y la administración pública que debe prestar dicho servicio, así como contra su carácter democrático, procurando sustraer de la competencia de cada pueblo, o sea, de su soberanía nacional, el control y la decisión sobre estas cuestiones cruciales, que pasarán a ser decididas a nivel supranacional por las instituciones de la UE, defendiendo intereses ajenos a los ciudadanos y a Portugal.

Igualmente significativo es el rechazo de la enmienda que habíamos propuesto para reforzar la garantía de exigencia a todos los «operadores» del respeto integral de la legislación laboral, o sea, de cualquier disposición jurídica o contractual relativa a las condiciones de trabajo, incluida la salud y la seguridad en el trabajo, que los Estados miembros aplican en los términos del Derecho nacional, así como de la legislación de seguridad social y los acuerdos colectivos celebrados.

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito − (PL) Con respecto a mi intervención de ayer sobre la cuestión de la liberalización de los servicios postales, quiero añadir un comentario que no pude incluir debido al escaso tiempo disponible y que se refiere a las fuentes de financiación para el servicio universal. Me temo que los métodos de financiación basados en un fondo especial o ayudas estatales puede bloquear la liberalización del sector y constituir un instrumento utilizado por los Estados miembros para retrasar y eludir la transposición de las disposiciones de la Directiva. Por consiguiente, creo que la Comisión Europea tiene un importante papel que representar aquí, consistente en vigilar la correcta aplicación de las disposiciones de la Directiva.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He apoyado las enmiendas que obligarían a los Estados miembros a garantizar la financiación de los servicios postales universales. Esta es una cuestión de enorme importancia, sobre todo para muchas comunidades rurales e insulares de Escocia.

He apoyado también las enmiendas presentadas por mi Grupo, que tratan de reforzar las obligaciones de financiar la prestación de servicios postales gratuitos a personas ciegas y con visión parcial.

El hecho de que se aprobara el informe Ferber sin enmiendas en estos aspectos puede llevar a pensar que, en el futuro, podría producirse un nuevo recorte en la prestación de servicios postales.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Apoyo la desregulación sueca del mercado postal, pero me opongo a la noción de que las instituciones de la UE deben decidir sobre la conveniencia de eliminar o no los distintos monopolios postales.

Considero que los Estados miembros deben poder decidir por sí mismos si quieren desregular sus monopolios postales nacionales. Por eso he votado a favor de la enmienda 10, que rechaza la posición común del Consejo.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Junto con todos los miembros del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, he votado en contra de la posición común del Parlamento Europeo y del Consejo porque refuerza el enfoque neoliberal y dogmático en un ámbito fundamental de interés público: los servicios postales. La Directiva no ofrece ninguna solución a largo plazo, y el aplazamiento de su entrada en vigor simplemente pospone sus efectos negativos dos años.

Con la abolición efectiva del principio del «servicio universal», el acceso público a unos servicios postales de alta calidad y baratos se verá limitado. Las consecuencias serán especialmente graves para los ciudadanos que residan en regiones remotas y montañosas inaccesibles o insulares, puesto que allí las empresas de servicios postales no podrán prestar sus servicios de una manera rentable.

En países en los que el mercado ha sido ya plenamente liberalizado, la experiencia hasta la fecha se puede calificar de todo menos de positiva. La propuesta de una liberalización forzosa de los servicios postales crea más problemas de los que resuelve.

 
  
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  Pierre Pribetich (PSE), por escrito. – (FR) He manifestado mi oposición a la liberalización del mercado de los servicios postales, basada en tres posiciones fundamentales:

- la necesaria gratuidad de los servicios postales para los invidentes y las personas con dificultades visuales, que es un valor indispensable en una sociedad no discriminatoria;

- la garantía de financiación del servicio universal por parte de los Estados miembros antes de la apertura de los contratos, condición esencial para la protección de los consumidores;

- el cumplimiento de la legislación laboral, en particular la seguridad social, por todos los operadores.

Dado que estas enmiendas no han sido adoptadas, no puedo sino lamentar esta deriva hacia una liberalización no controlada e irrespetuosa del derecho fundamental de los ciudadanos europeos a disponer de un servicio postal público.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito.(PT) Acogemos con satisfacción la aprobación final del informe sobre el mercado de los servicios postales, constatando que el largo procedimiento que las instituciones han seguido demuestra la importancia de este informe para la consecución de sus dos principales objetivos, es decir, la garantía de mantenimiento del servicio universal y la adecuada apertura del mercado a una competencia justa.

Quiero insistir, sobre todo, en que la apertura de los mercados va a significar un mejor servicio y una mejor elección para los ciudadanos, evitándose con ello la distorsión de la competencia y terminando definitivamente con las posiciones de monopolio existentes.

Otra cuestión tiene ver con la financiación del servicio universal. Cuando suponga un coste neto para el Estado miembro, éste podrá ser objeto de un plan de financiación que presentará a la Comisión. Pero es oportuno recordar el caso portugués, entre otros, que demuestra que el servicio público universal puede financiarse perfectamente con los recursos procedentes del área reservada, un método transparente, neutro y que no requiere subvenciones estatales.

Quiero reiterar que no existe ninguna razón para impedir la continuación de ese servicio, fundamental para la cohesión territorial y social y para el apoyo a las poblaciones que viven en áreas desertificadas o en los territorios más remotos e inaccesibles.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La posición común del Consejo sobre los servicios postales, que se ha presentado al Parlamento Europeo para su aprobación supondrá la liberalización completa del «mercado de los servicios postales» a partir del 31 de diciembre de 2010.

Con la modificación de la Directiva, se está renunciando a otro sector lucrativo: el de los servicios postales. Y esto sucede en el marco de la Estrategia de Lisboa para maximizar la rentabilidad de los servicios postales.

Los servicios postales están pasando de ser un bien público a un producto básico. En Grecia, la privatización de algunas secciones de ELTA (Servicio Postal helénico) favorecida por los Gobiernos de ND (Nea Dimokratia/Nueva Democracia) y PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) proseguirá a un ritmo cada vez mayor. A partir de ahora, ELTA operará sobre la base de criterios económicos propios del sector privado, teniendo como principal objetivo la generación de beneficios en lugar del bien de la sociedad. Eso tendrá un impacto inmediato en la calidad del servicio. Las consecuencias serán nefastas, no sólo para los trabajadores de ELTA, sino también para las empresas privadas de servicios postales. Aquí, las formas flexibles de empleo son ya lo normal, como también lo es la ausencia de derechos laborales y de derechos sociales y de seguridad.

El principio del secreto de la correspondencia, consagrado en la Constitución, se está viendo amenazado: la correspondencia está ahora en manos de contratistas privados, sin ninguna garantía y con unas medidas mínimas de control del mantenimiento del secreto o de la protección de los datos personales.

El Partido Comunista de Grecia (KKE) se opone a la liberalización de los servicios postales y lucha en defensa de unos servicios exclusivamente públicos, modernos y eficaces, así como de la protección de los derechos de los trabajadores.

 
  
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  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) El Parlamento Europeo ha votado hoy a favor del compromiso con el Consejo para la liberalización del mercado postal europeo a finales de diciembre de 2010 como muy tarde (salvo en los países con una topografía especialmente difícil, que tendrán dos años más). A medida que ha progresado el trabajo, yo he defendido especialmente la aplicación de la reciprocidad, es decir, la existencia de un acuerdo de reciprocidad para evitar que los países que están retrasando su liberalización compitan con los países que ya la han iniciado.

Observo, por tanto, con gran satisfacción que, primero el ponente (señor Ferber), y luego el Consejo, han aceptado mi enmienda y que, en adelante formará parte del compromiso en proceso de aprobación.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − La propuesta trata de crear un mercado único europeo en los servicios postales. Sin las debidas salvaguardias, la liberalización pondría en peligro el concepto de un servicio universal. La reticencia del Consejo a incluir en la propuesta el compromiso claro de prestar un servicio postal gratuito a las personas ciegas y visualmente discapacitadas me ha llevado a votar a favor de hacer más firme ese compromiso.

En general, me alegra que la propuesta preste suficiente atención a otras cuestiones y celebro la garantía de regularidad en la recogida y entrega de correspondencia en zonas y ciudades alejadas.

 
  
  

- Propuesta de resolución: Situación en Irán (B6-0046/2008)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) La cuestión «nuclear» en Irán debe recibir un enfoque diplomático dirigido a la «normalización» de las relaciones. Debemos mantener una línea política basada en la diplomacia que permita abandonar la escalada de actitudes y amenazas de intervención militar, optando por la vía del diálogo con el reconocimiento del derecho de Irán al desarrollo de una tecnología nuclear de uso civil. No obstante, es bueno que nosotros mismos nos comprometamos a alcanzar una situación de negociación que persuada a Irán para que renuncie a la posibilidad de un uso militar, en una perspectiva multilateral de desarme nuclear que garantice un estado de tranquilidad y de paz internacional.

Por otro lado, no puedo dejar de expresar una cierta preocupación por la situación actual de los derechos humanos en Irán, donde estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión de la libertad de expresión, de los derechos de las minorías y de las mujeres, donde el orden se mantiene por medio de un sistema judicial y carcelario duro e inhumano que, con demasiada frecuencia, recurre también a la pena capital, a la tortura y a la lapidación. Los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha no han producido ningún resultado tangible. Para reivindicar un puesto en la mesa de las grandes potencias internacionales, Irán debe presentarse ahora no como una superpotencia militar, sino como un país capaz de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Hace sólo unos meses, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos reconocían que se habían equivocado al decir que Irán estaban desarrollando armas nucleares. En realidad, el programa de armas nucleares de Irán se abandonó en 2001/2002.

Aun así, Washington no ha conseguido llegar a la conclusión política adecuada tras este giro intelectual radical. El argumento para desplegar tecnologías del Sistema Nacional de Defensa Antimisiles en Europa Oriental era supuestamente defenderse frente a un Irán nuclear que había adquirido misteriosamente misiles balísticos intercontinentales.

Ahora, si el programa nuclear de Irán no existe, desaparece la justificación para desplegar el sistema antimisiles, salvo que el propósito oculto sea amenazar a una Rusia resurgente. Me opongo rotundamente a ese despliegue y haré campaña en su contra.

 
  
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  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) La resolución que votamos hoy sobre Irán tiene una importancia política indudable. Irán ocupa un lugar central en las preocupaciones internacionales y era necesario que volviéramos sobre este punto.

Este texto aborda tanto la cuestión nuclear como la situación de los derechos humanos. En estos dos puntos, somos claros. No podemos aceptar que se desarrolle un programa nuclear militar en Irán. En la resolución se manifiesta nuestro acuerdo y apoyo a los esfuerzos de la UE por llegar a una solución negociada y duradera de la cuestión nuclear iraní y se subraya el papel esencial que debe desempeñar la IAEA Se reafirma asimismo que es posible una solución a la actual escalada nuclear y que no debería contemplarse ninguna acción militar.

Por otra parte, hay que denunciar con firmeza las violaciones graves y reiteradas de los derechos humanos. La situación es preocupante en cuatro ámbitos: la pena de muerte, los derechos de la mujer, la libertad de expresión y la represión de las minorías religiosas. Me parece absolutamente esencial no mostrarse complaciente a este respecto y la resolución insta enérgicamente al Gobierno iraní a que cambie de rumbo.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El Consejo de Seguridad de la ONU va a adoptar una vez más una resolución para sancionar a Irán por sus actividades nucleares. ¿Se tratará de avalar una operación militar contra ese país? ¿O simplemente de endurecer el tono e idear sanciones diplomáticas o económicas?

Hace ya meses que este psicodrama sabiamente mantenido mantiene en vilo a este Parlamento y otras instancias internacionales. ¿Pero es realmente la capacidad nuclear iraní la principal amenaza a que se enfrentan el mundo en general, y occidente y sus aliados en particular? Es totalmente paradójico que no reaccionemos ante el arma nuclear pakistaní, que sí existe realmente, en un contexto geopolítico especialmente inestable. O a la de Corea del Norte, en manos de un régimen más que peligroso. He tenido ya ocasión de decirlo: las normas de Derecho que reivindicamos deben ser las mismas para todos. Si no, pierden su sentido y su legitimidad.

Por mi parte, estoy mucho más preocupado por las amenazas islamistas que se ciernen sobre nuestro continente y que, lejos de ser hipotéticas, han demostrado ya su capacidad asesina en Londres y Madrid, sin la implicación de Irán. Lo cierto es que esta amenaza es una de las consecuencias de la política de inmigración masiva que ustedes practican y que todavía quieren agravar más.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.(PT) La hipocresía de la «comunidad internacional» —esto es, de los Estados Unidos y sus aliados— respecto al TNP y, sobre todo, al programa nuclear de Irán, debe ser denunciada.

No existe una misma iniciativa política en relación con los programas de desarrollo de armas nucleares de algunos de los miembros de la UE o de los Estados Unidos —o incluso los programas nucleares de Israel, Pakistán o la India, países que no han firmado el TNP y que poseen armas nucleares—, habiendo declarado ya los Estados Unidos que podrían utilizarlas de manera ofensiva.

Por consiguiente, lo que se exige es el pleno cumplimiento del TNP y la eliminación de todas las armas nucleares.

El verdadero problema con respecto a Irán es que los Estados Unidos y la UE saben ambos que el pico de producción de petróleo se ha pasado ya en muchos países.

La razón de las serias amenazas de agresión militar, de provocaciones y de tanta prisa en relación con el programa nuclear de Irán es que el país tiene las mayores reservas mundiales de hidrocarburos, y los Estados Unidos y la Unión Europea están tratando de crear las condiciones, incluso manipulando a la opinión pública, para controlar sus recursos energéticos en todo Oriente Próximo, como estamos viendo en Iraq.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Apoyo las recomendaciones contenidas en la resolución. No obstante, en lo que respecta a la PMOI, he votado en contra de las enmiendas que se refieren a esa organización en el texto.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las opiniones de Javier Solana y de los representantes de la UE y las partes implicadas han acabado con las ilusiones sobre la posición de la UE relativa a Irán y a Oriente Próximo en general.

Estas opiniones demuestran que la UE está a favor de promover el plan de los Estados Unidos y la OTAN para la «democratización de Oriente Próximo», cuya finalidad es someter a las naciones y los pueblos al control de sus recursos productores de riqueza. La UE está pasando deliberadamente por alto las garantías en nombre del OIEA y el informe de la CIA sobre el uso de la energía nuclear en Irán con fines no militares, y está intensificando la presión con sanciones sobre Irán y la propaganda para acostumbrar a la opinión pública a la idea de una guerra contra Irán. Es más, Javier Solana ha relacionado claramente la situación en el Líbano y el resto de la región con la cuestión de las armas nucleares, pero sin hacer ninguna referencia a las armas nucleares de Israel.

En la zona de Oriente Próximo estamos siendo testigos de la aparición de una agresión imperialista y de conflictos por el reparto de los mercados. Las víctimas de todo ello son, entre otros, los pueblos de Palestina, Irán y el Líbano. La única respuesta a estos nuevos planes agresivos y bélicos es que los ciudadanos se resistan al imperialismo y no se hagan ilusiones sobre el papel de la UE.

Los que están en posición de decidir sobre cuestiones de derechos humanos y su violación son los ciudadanos de cada país; no deben dejar que nadie les utilice como excusa para otro Iraq.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Irán es en la actualidad una amenaza regional y mundial y un desafío a la capacidad de los Estados miembros de la Unión Europea de presentarse unidos y firmes en la escena internacional. Aparte de los sucesivos y contradictorios informes que están apareciendo, lo cierto es que Irán no ha cumplido con su obligación de transparencia, ni ha contribuido a la creación de un sentimiento de confianza. Todo lo contrario. Al margen de la cuestión nuclear, las demás noticias tampoco son alentadoras. Las violaciones de derechos humanos, la violencia del Estado y la falsa democracia electoral son, todos ellos, factores a tener en cuenta en nuestra actitud frente a Irán.

Así, por lo expuesto, pero teniendo también en cuenta lo defendido en el pasado, coincido con lo esencial de la Resolución aprobada y destaco la insistencia del Parlamento Europeo para que el Consejo y la Comisión cumplan lo decidido por el Tribunal Europeo de Justicia y retiren a la resistencia iraní, el grupo PMOI, de la lista de organizaciones terroristas. La UE (y algunos Estados miembros) han tratado a la resistencia de una forma que beneficia al régimen iraní, pero no al pueblo ni a los objetivos de democratización de esa región del mundo. Esta estrategia tiene que cambiar y está empezando a cambiar.

 
  
  

- Propuesta de resolución: Resultados de la Conferencia sobre el cambio climático (Bali) (B6-0059/2008)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Estoy satisfecho por cómo ha transcurrido la conferencia de Bali y porque, gracias en parte al papel de la Unión Europea durante las negociaciones, se han conseguido resultados inesperados. En esta difícil situación, era de crucial importancia mandar una señal de unión, cooperación y responsabilidad, de forma que pudieran iniciarse del mejor modo posible las negociaciones para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones para el período posterior a Kyoto (2012).

Al aceptar las conclusiones de los científicos del IPCC, todos los participantes han reconocido a escala política que el cambio climático es una realidad, que su origen es antropogénico y que tenemos que actuar de aquí a 2020 para evitar un daño irreparable al clima del planeta.

Espero que Copenhague en 2009 suponga un hito en la lucha contra el cambio climático, con la aceptación de objetivos estrictos de reducción de emisiones de aquí a 2020 por todos los países industrializados y los países en desarrollo. Desde luego, este nuevo reto comportará costes e ineficiencias que son difíciles de justificar salvo que, como ya he dicho en anteriores intervenciones, tomemos decisiones valientes y necesarias, como el retorno a la energía nuclear. La inacción, la indecisión y las conferencias extenuantes no nos llevarán más que a causar un daño irreversible al medio ambiente.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre los resultados de la Conferencia de Bali sobre el cambio climático (COP 13 y COP/MOP 3) porque, teniendo en cuenta la urgencia de reducir el calentamiento mundial, considero que el acuerdo alcanzado en Bali constituye un paso importante para que, en 2009, en Copenhague, se elabore y apruebe un nuevo protocolo, con nuevos objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Considero que la Presidencia portuguesa de la Unión Europea ha desempeñado un papel determinante en la Conferencia de Bali, ha contribuido activamente al progreso de las negociaciones y ha conseguido llegar a un acuerdo muy positivo. Pero sería deseable que en el Plan de acción de Bali se hiciera referencia a objetivos cuantificados de reducción de emisiones de CO2.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En conjunto, esta resolución se limita a repetir ideas generales y es insuficiente en algunos aspectos. De ahí nuestra abstención.

Por ejemplo, puesto que el objetivo principal es reducir las emisiones de CO2 producidas por la quema de combustibles fósiles, se plantea la cuestión de medirlas. Sabemos que esta medición es muy compleja y manipulable, dado que los combustibles fósiles, después de su extracción, son transportados y procesados, y sus productos derivados son distribuidos y utilizados de muchas maneras, en miles de puntos finales.

Como han advertido algunos especialistas en la materia, para reducir las emisiones y conseguir los objetivos, es más eficaz y sencillo vigilar un instrumento aprobado a partir de un protocolo sobre la extracción y comercialización internacional de combustibles fósiles. Así sería más fácil establecer unas tasas o metas de reducción de la producción primaria de combustibles fósiles y las correspondientes exportaciones/importaciones, fijando unos límites máximos de emisión por país.

Pero sería igualmente necesario negociar compromisos de los países más ricos para movilizar fondos que puedan destinarse a ayudar a los países en desarrollo, de modo que estos puedan hacer frente a los costes económicos y sociales de las medidas necesarias.

Lamento que las propuestas del Grupo en ese sentido hayan sido rechazadas.

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) El pasado mes de diciembre, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunieron en Bali, habiéndose avanzado en muchos aspectos relativos a la protección del clima mundial.

Además de iniciar las negociaciones para un nuevo protocolo que sustituirá al de Kyoto, quiero destacar la declaración de que el cuarto informe del IPCC constituía una mejor base científica para los trabajos de la Convención, y la referencia, por primera vez y poniendo fin a un tema tabú, a la necesidad de que los países en desarrollo cooperen también, evidentemente teniendo en cuenta su contexto económico y su desarrollo.

Por último, creo que la gran innovación de Bali ha sido la consideración, por primera vez, de la problemática de la deforestación que, como parte del Plan de acción de Bali, será debatida de cara a su inclusión en el futuro Protocolo.

He votado a favor de la resolución de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático porque defiende los resultados obtenidos en Bali, hace una serie de observaciones relativas al papel de la UE en las futuras negociaciones con las cuales estoy de acuerdo, y especifica en qué aspectos podría haber llegado más lejos el Plan de acción de Bali.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Mi voto fue a favor del informe.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolló del 3 al 15 de diciembre en Bali, debía definir un calendario para los dos próximos años y encontrar un acuerdo para prorrogar el Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. Si el primer objetivo parece haberse alcanzado, todavía estamos lejos de conseguirlo con respecto al segundo.

Es muy de lamentar que la comunidad internacional no se haya podido poner de acuerdo sobre una cifra objetivo para la estabilización y posterior reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en al menos el 20 % con respecto a su nivel de 1990 de aquí a 2020. La Unión Europea debe reforzar el papel constructivo y motor que fue capaz de desempeñar en Bali, para no dar pretextos a los países que rechazan cualquier cifra objetivo para negarse a actuar.

Aunque debe acogerse con agrado el acuerdo de Bali, que fue firmado por todos los países presentes, no hay que abrir la vía a una nueva forma de «lenguaje estereotipado medioambiental». Quedan ahora dos años para llegar a un acuerdo, y las vacilaciones sobre la hoja de ruta indican que lo más duro está por venir.

 
  
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  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La resolución de la Conferencia de Bali sobre el cambio climático está tratando de ver indicios positivos donde no los hay. Al mismo tiempo, oculta la causa de la destrucción medioambiental: el saqueo de recursos naturales por el capital, que busca obtener beneficios con la comercialización de la tierra, el aire, la energía y el agua.

La resolución sugiere más adelante el peligro de que el cambio climático «podría constituir un causa importante de desestabilización en los países más pobres». El capital euromonopolista puede utilizar el cambio climático como pretexto para seguir explotando a los países en desarrollo, puesto que sabemos que la actividad de las multinacionales es una de las principales causas de la pobreza.

La resolución pide un compromiso serio de las naciones emergentes, dependiendo del momento en que se encuentren en su desarrollo y la composición de sus economías. Se refiere más concretamente a China y a la India cuando trata la cuestión de promover la cooperación en política energética para reducir la emisión de contaminantes. Básicamente, trata de presionarles restringiendo su potencial de desarrollo y su pretensión de hacerse con mayores cuotas de mercado frente a la competencia imperialista para el reparto de mercados. Es posible que por eso no se haga referencia a ninguna medida orientada a la reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero, y que contenga sólo expresiones generales de buenas intenciones.

En resumen, el cambio climático en la conferencia de Bali ha sido pura fachada. Las cuestiones que realmente se han tratado son la intensificación de los conflictos intraimperialistas en el sector energético y la comercialización del medio ambiente.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Apoyo plenamente la evaluación que se hace en la resolución del resultado de las negociaciones de la Cumbre de Bali. Gracias a la UE, Bali ha conseguido más de lo esperado, pero menos de lo necesario. La falta de acuerdo entre todas las partes negociadoras sobre cifras y objetivos concretos para reducir las emisiones de CO2 es lamentable. He votado a favor de la resolución.

 
  
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  Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) Es importante que la relación entre deforestación y cambio climático ocupe un lugar destacado en la resolución que se apruebe. El papel de los bosques tropicales es crucial para el clima mundial. Almacenan enormes cantidades de CO2. Son también los mayores depósitos de agua del planeta. Absorben agua como una esponja y con ello enfrían la atmósfera. Pero la deforestación y las actividades de desbroce y quema suponen un enorme peligro para esta función de extrema importancia. La decisión de poner fin a la deforestación y al desbroce y la quema sería una contribución extremadamente radical a la lucha contra el cambio climático.

La creciente demanda de biocombustibles en Europa se opone diametralmente a la protección de los bosques tropicales. Miles de hectáreas de bosques tropicales se han talado ya para extraer aceite de palma con el fin de atender la creciente demanda de biocombustibles. La certificación e identificación de la producción sostenible de biocombustibles es, por tanto, un requisito esencial para la protección de los bosques tropicales y el clima mundial. Dicha producción está también agravando la situación social en los países afectados, debido al masivo aumento del precio de los alimentos básicos. Por todo ello, estoy en contra de la propuesta de la Comisión, como parte del paquete sobre el clima y la energía, de establecer un objetivo vinculante del 10 % para los biocombustibles de aquí a 2020, ya que eso no contribuye a la protección del clima y se aleja mucho de una política sostenible.

 
  
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  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) En los próximos años tiene que realizarse una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La resolución contiene muchas buenas ideas sobre cómo conseguir este objetivo, por lo que he decidido votar a favor de ella.

Los objetivos establecidos pueden resumirse en la expresión 20-20-20, que significa que las emisiones tienen que reducirse un 20 %, el uso de fuentes de energía renovables tiene que aumentarse un 20 % y ambos objetivos tienen que conseguirse de aquí al año 2020. Sin embargo, creo que debe hacerse hincapié en la reducción de emisiones y dejar luego que cada Estado miembro decida cuál es la forma de conseguir dicho objetivo. Así pues, la UE debe renunciar a decir cómo deben cambiar los países las formas de utilizar fuentes de energía renovables.

En la medida en que pueda ser adecuado establecer ese tipo de especificación, es lamentable que no se haya incluido la energía nuclear en el apartado de fuentes de energía renovables. El OIEA ha concluido que la energía nuclear es un elemento necesario para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono. Es una pena que esta resolución decida ignorarla e insista en que las emisiones no deben reducirse por medio del uso de energía nuclear.

Cuando se aplique esta Resolución, quedará claro que la UE ha rechazado indirectamente la contribución que puede hacer la energía nuclear a mejorar la situación del clima. Esa actitud me parece inexplicable y así se debe decir claramente.

 
  
  

- Informe Fiona Hall (A6-0003/2008)

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de la resolución por su planteamiento general, pero no estamos de acuerdo con todos los aspectos técnicos o con las ambiciones de regular mediante decisiones políticas los productos que pueden fabricarse o venderse (por ejemplo, calefactores de exterior).

 
  
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  Giles Chichester (PPE-DE), por escrito. − Los Conservadores británicos apoyan el espíritu general de este informe de propia iniciativa, ¿quién puede estar en contra de la eficiencia energética? No obstante, tenemos reservas sobre algunos aspectos de la propuesta en donde el ponente parece haber perdido el sentido de la proporción.

El etiquetado de eficiencia energética es bueno porque permite a los consumidores elegir, pero empezar a prohibir algunos productos simplemente porque consumen energía de una forma que algunos no aprueban parece excesivo.

Me parece particularmente poco razonable poner como ejemplo los calefactores de exterior (apartado 16), que tanto se han vendido como consecuencia directa de la legislación antitabaco del Gobierno británico.

Confiamos en que esta sugerencia en particular no se incorpore a ninguna propuesta futura de la Comisión.

 
  
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  Nigel Farage (IND/DEM), por escrito. − Estoy totalmente en contra de los descartes —en línea con la política de mi partido— pero no puedo votar a favor de la imposición de decisiones comunitarias, por muy acertadas que a veces puedan parecer.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He aquí otro informe más en el que se constata una situación, pero sin profundizar en sus causas, ni apuntar caminos esenciales; se limita a retomar declaraciones polémicas de organizaciones internacionales y, en uno o dos casos, como la referencia a Rusia y a África, demuestra que se preocupa mucho más por la defensa de los intereses de la Unión Europea que por cualquier política de cooperación, algo con lo que nosotros discrepamos.

Lo que es evidente es que la escasez de combustibles fósiles, reflejada en sus precios, impone una reducción del consumo. Para evitar que se reduzcan las actividades económicas y sociales es necesario, por tanto, que reduzcamos voluntariamente el consumo innecesario, el despilfarro en los procesos de conversión, transporte y distribución, y el consumo final.

La energía, no siendo reciclable después de su utilización y siendo escasas sus fuentes, tiene que ser gestionada según los conocimientos técnicos y unas prioridades políticas complejas, por lo que exige una planificación central por los Estados en defensa del interés general, eliminando las fluctuaciones y el nerviosismo de los agentes del mercado. Y eso nos sigue faltando.

Otras recomendaciones bienintencionadas se dirigen a la vida y a las actividades en ciudades y zonas metropolitanas, con consecuencias potencialmente muy positivas para la renovación y la innovación en redes de energía, edificios, transportes y demás servicios de utilidad pública.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Apoyo el principio general de este informe como un Plan de acción para la eficiencia energética. No tengo problemas en que se investiguen formas de hacer más eficientes los «calefactores de espacios», pero no estoy a favor de prohibir los «calefactores de exterior».

Desde mi punto de vista, la mayoría de ellos son utilizados por los dueños de los locales para calentar a los fumadores que se ven obligados a pasar frío por la legislación reciente. La prohibición de fumar ha cerrado ya cientos de locales públicos, con las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo. Esta nueva prohibición no hará más que multiplicar los cierres y las pérdidas de puestos de trabajo.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Aparte de la cantinela habitual aquí sobre el cambio climático y las medidas que deben adoptarse para contrarrestarlo, el tema de la seguridad y la independencia energéticas de los Estados europeos justificaría por sí mismo que nos preocupáramos por un mejor uso de la energía. Y esta es la razón, puesto que a escala europea se elaboran la mayoría de las normas, por la que no votaremos en contra de este informe.

Pero en este asunto volvemos a caer en la visión malthusianista y culpabilizadora presente en todos los informes de este Parlamento relacionados con el asunto: estigmatización ciega del automovilista, prohibición de determinados equipos, voluntad de controlar los comportamientos individuales y de imponerse a los individuos desde la más temprana edad, de inmiscuirse en las políticas de urbanismo o de construcción, de promover una fiscalidad y una tarificación energéticas que, de hecho, sólo penalizará a los estratos más frágiles de la población, etcétera.

En consecuencia: sí a unas normas mínimas, sí al estímulo de la investigación, sí a la información objetiva para hacer posible una elección con conocimiento de causa, sí a la promoción de incentivos fiscales. No a la persecución y a la coacción.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Los resultados de las investigaciones indican que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano están contribuyendo a un rápido cambio climático. Apoyamos, por tanto, la conclusión principal de que todos los países tienen que adoptar medidas exhaustivas para reducir estas emisiones y que los países de la UE tienen que tomar la iniciativa.

Al mismo tiempo, nos oponemos a la tendencia de los ponentes tanto del Parlamento como de la Comisión a aprovechar siempre los grandes retos para centralizar el poder político y crear una UE sin libertad y sin dinamismo.

El papel de la UE en materia de política energética debe limitarse a:

- establecer objetivos de emisión para cada país y dejar luego en manos de esos países y del mercado la manera de conseguir los objetivos en libre competencia.

- internalizar los costes de emisión poniendo un precio suficientemente elevado a los derechos de emisión (las emisiones serán, entonces, tenidas automáticamente en cuenta en los miles de millones de decisiones económicas que toman todos los días en todo el mundo los hogares y las empresas). Así, los hogares adoptarán por sí mismos medidas de ahorro energético, como bombillas de bajo consumo, los fabricantes de coches producirán vehículos con un bajo consumo de combustibles y los promotores inmobiliarios edificarán viviendas pasivas. Entonces pagarán por realizar I+D de campo).

- financiando la investigación y legislando sobre el etiquetado de los productos.

Los políticos de la UE no tienen que regular en detalle. Nadie sabe en la actualidad cuál es la mejor forma de planificar esta transformación gigantesca. Nos oponemos, por tanto, a medidas como la prohibición de calefactores de exteriores y la ventajas fiscales por la demolición de edificios.

Hemos votado en contra para contribuir a que la UE reconsidere su política energética.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Voté a favor de este informe, que se adhiere a las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2007 relativo a la eficiencia energética, que resaltaban la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la UE para alcanzar el objetivo de ahorrar el 20 % del consumo energético de la UE con respecto a las proyecciones para el año 2020.

Me satisfacen las medidas dirigidas a mejorar el rendimiento energético de los productos, edificios y servicios, a mejorar la eficiencia de la producción y la distribución de energía, a reducir el impacto del transporte sobre el consumo energético, a facilitar la financiación y la realización de inversiones en este ámbito con vistas a suscitar y reforzar un comportamiento racional hacia el consumo de energía.

Los ciudadanos europeos deben poder beneficiarse de las infraestructuras (incluidos los edificios), los productos (aparatos y coches, entre otros), los procedimientos y los servicios energéticos que ofrezcan la mejor eficiencia energética del mundo.

El plan de acción tendrá por efecto asimismo aumentar la competitividad de la industria y desarrollar las exportaciones de nuevas tecnologías, y también tendrá efectos positivos para el empleo. Además, los ahorros realizados compensarán las inversiones efectuadas en tecnologías innovadoras.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. − No apoyo el apartado que pide la retirada del mercado de algunos electrodomésticos, porque me parece una propuesta exagerada.

 
  
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  Sarah Ludford (ALDE), por escrito. − He votado a favor del informe, que en conjunto es excelente. Con todo, hubiera sido mejor que el apartado 16 que dice: «Insta a la Comisión a establecer calendarios para retirar del mercado los equipos, aparatos y otros productos consumidores de energía que ofrezcan el grado más bajo de eficiencia energética, tales como los calefactores de exterior», no hiciera referencia a la «prohibición» de ningún equipo en particular, puesto que los calefactores de exterior son uno más de los muchos equipos que plantean problemas de despilfarro de energía, pero que mucha gente disfruta, sobre todo en un contexto social urbano como es mi propia circunscripción de Londres.

Celebro la decisión de algunos establecimientos minoristas de dejar de vender esos calefactores en respuesta a la presión de los consumidores, y yo no me compraría uno. Pero creo que lo mejor es establecer unas normas mínimas de eficiencia energética para los aparatos, informar a los ciudadanos sobre el consumo de energía e instarles a que consideren su huella de carbono total y elijan en consecuencia sus aparatos, medios de transporte, conducta social, etc., en lugar de prohibir los calefactores de exterior o cualquier otro producto en particular. Después de todo, hay que esperar que la innovación, en respuesta a las normas de eficiencia, consiga calefactores de exterior más eficientes.

 
  
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  Jules Maaten (ALDE), por escrito.(NL) Celebro esta propuesta de la señora Hall y el hecho de que se esté pasando por fin de las teorías abstractas a las concretas para aumentar la eficiencia energética en la Unión Europea. Celebro que este informe mantenga el objetivo de un 20 % de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2020. No estoy de acuerdo con la sección 16 del informe, que pide la retirada del mercado de los aparatos con menor eficiencia energética. Al fin y al cabo, se tiene que instar a la industria a producir aparatos mejores y más eficientes. Por todo ello, he optado por la abstención en la votación final.

 
  
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  Toine Manders (ALDE), por escrito.(NL) El Partido Popular para la Libertad y la Democracia (VVD) se opone a las prohibiciones, pero apoya las mejoras. Es decir, el VVD se opone a la prohibición de los calefactores de exterior, pero apoya las soluciones innovadoras para combatir la ineficiencia. El Grupo VVD en el Parlamento Europeo considera que, en el contexto de la lucha contra el cambio climático, sería inexplicable que no consideráramos también la manera de hacer más eficientes los calefactores de exterior. Por consiguiente, el Grupo apoya el llamamiento que se hace en el informe Hall a la Comisión Europea para la retirada gradual de los aparatos de baja eficiencia energética y su sustitución por modelos más eficientes. Este informe tiene que ser considerado como un incentivo para que la industria desarrolle aparatos más eficientes en el consumo energético —calefactores de exterior, por ejemplo.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − El plan de acción proporciona las herramientas más rentables para luchar contra el cambio climático. De hecho, yo acojo el plan con satisfacción y pienso que el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % de aquí a 2020 es factible, tanto técnica como económicamente.

El plan es un paso en la dirección correcta, y yo he votado a favor de él, aunque debe verse como un primer paso hacia el logro de unos objetivos más ambiciosos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Las medidas de ahorro de energía y el aumento de la eficiencia energética son deseables por consideraciones ambientales y económicas. Por eso he votado a favor del informe Hall, pero espero que tengamos más éxito en este caso que en el de la reducción del consumo energético que nos hemos puesto como objetivo para 2020, o el del incremento acordado en la proporción de las fuentes renovables de energía —dos intenciones nobles que probablemente no podamos conseguir tal como están las cosas.

 
  
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  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) El informe de Fiona Hall trata sobre un tema muy importante. No basta con que la UE establezca unas normas estrictas sobre las emisiones de dióxido de carbono. Los ciudadanos tienen que poder y querer cambiar sus propias pautas de consumo y conducta para que se produzca una verdadera diferencia. En el apartado 61 se hace una afirmación llena de sentido común sobre el asunto: la batalla tiene que empezar en nuestra propia casa.

Por tanto, si pretende tener alguna credibilidad, el Parlamento Europeo tiene que dar buen ejemplo con su propia actividad. Pedimos a los ciudadanos de la UE que prescindan de teteras y de calefacción en terrazas de bares y restaurantes, mientras que la segunda sede del Parlamento Europeo genera, por sí sola, nada menos que 5 322 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. Un estudio encargado por la eurodiputada Caroline Lucas ha demostrado que el cambio de sede del Parlamento Europeo a Francia todos los meses tiene unas consecuencias ambientales enormes. En conjunto, los viajes a Estrasburgo, que es donde el Parlamento celebra sus votaciones, producen 18 901 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. Eso equivale a 10 000 vuelos entre Europa y Nueva York.

Es bueno que se haya aprobado el informe. Pero sería mejor que dejáramos de viajar a Estrasburgo para celebrar nuestras votaciones, que podríamos realizar fácilmente desde casa.

 
  
  

- Informe Carl Schlyter (A6-0495/2007)

 
  
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  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. − Soy partidario de prohibir los descartes, en línea con la política de mi partido de regular con sentido común la pesca con fines comerciales. Pero no puedo votar a favor de la resolución porque constituye una nueva injerencia de la UE en los asuntos británicos. El Reino Unido es más que capaz de tomar sus propias decisiones para proteger la pesca y las pesquerías, como hemos hecho siempre hasta incorporarnos a esta organización, que no sirve para nada.

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. – (PT) Los descartes (lanzamiento por la borda de pescado muerto o moribundo) y las capturas accesorias representan un grave problema aún no resuelto en el ámbito de la política pesquera común.

Con mecanismos de gestión que tienen en cuenta los desembarques y no las capturas, el sector pesquero de la UE necesita una rápida reformulación de sus políticas con el objetivo de reducir estas prácticas reprobables.

En este sentido, la Comisión Europea ha lanzado una Comunicación en la que anuncia su intención de instituir una política de reducción de las capturas accesorias no deseadas y de eliminación gradual de los descartes en las pesquerías europeas.

Las capturas accesorias no deseadas y su posterior devolución al mar tienen innumerables consecuencias negativas: representan un despilfarro de recursos, las capturas de juveniles de especies con interés comercial reducen las oportunidades de pesca de esas especies y de la biomasa reproductora y, junto con las capturas y descartes de especies sin interés comercial (peces, crustáceos, mamíferos marinos, aves. etc.), constituyen un atentado biológico contra el ecosistema marino.

En vista de todo lo anterior y puesto que este informe contribuirá a promover una pesca sostenible, de acuerdo con los principios de la PPC reformada, mi intención es votar favorablemente.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Sin duda, es conveniente y necesario reducir las capturas accesorias indeseables y los descartes, pero esto no debe hacerse por decreto.

Puesto que es imposible abordar todos los aspectos planteados por el ponente, nos congratulamos por la aprobación de nuestra enmienda que «recuerda que la incidencia de las pesca costera y artesanal en los descartes es mínima y, por lo tanto, solicita un apoyo comunitario más decidido a este tipo de pesca».

Lamentamos que se hayan rechazado nuestras propuestas, que insistían en que:

- para establecer las medidas adecuadas con el fin de promover una eficaz reducción de los descartes, es necesario conocer y analizar primero las diferentes causas que están en su origen, como razones comerciales (de precio, comercialización, maximización del valor del pescado), la captura de peces por debajo de los tamaños mínimos de desembarque o las capturas accesorias;

- es necesario proceder a un estudio detallado de las medidas que deben adoptarse y de su repercusión en la situación socioeconómica del sector;

- es importante que se produzcan reducciones voluntarias en la actividad pesquera y se establezcan mecanismos que permitan compensar económicamente a los pescadores por ese esfuerzo, además de adoptar medidas positivas de intervención en el mercado para eliminar los descartes (garantía de comercialización del pescado a precios justos y desarrollo de la industria de conservas).

 
  
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  Roger Knapman (IND/DEM), por escrito. − Soy partidario de prohibir los descartes, en línea con la política de mi partido, pero no puedo votar a favor de la resolución en su conjunto porque contempla el establecimiento de instrumentos a escala comunitaria.

Concretamente en lo que se refiere a la enmienda 14, aunque reconozco los esfuerzos de los pescadores escoceses, que han tomado la iniciativa de reducir voluntariamente la captura de peces inmaduros, no puedo apoyar la introducción de un sistema de compensación administrado por las instituciones comunitarias.

 
  
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  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Parece razonable que se adopten medidas para evitar los descartes y proteger a las poblaciones de peces. Pero consideremos por qué se devuelve pescado al mar, cuando a muchos trabajadores les gustaría comer más pescado.

La razón es la producción capitalista. Las capturas de pescado son un producto básico que se comercializa para que las grandes empresas pesqueras obtengan un beneficio, y no sólo para atender necesidades alimentarias. Si una empresa pesquera considera que no obtendrá beneficios o, más probablemente, que el precio del pescado descenderá debido a la abundancia de la oferta, podemos explicar por qué se devuelve pescado al mar, aunque existen también otras razones.

La nueva propuesta es, básicamente, un compendio de buenas intenciones y reitera una política comparable que, según el informe, tendría que haberse aplicado hace ya más de cinco años. No nos oponemos a que se tomen ciertas medidas para limitar o prohibir los descartes, pero tenemos una reserva: algunas de esas medidas pueden convertirse en una carga para las medianas y pequeñas empresas pesqueras y pueden, en esencia, servir como pretexto para impedir que pesquen con libertad. En otras palabras, algunas de las propuestas pueden ser una excusa para perjudicar a las PYME y favorecer el crecimiento de las grandes empresas pesqueras.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Cualquier medida que mejore la política pesquera europea es positiva para Escocia y para su industria pesquera. El informe trata de investigar formas de reducir progresivamente la cantidad de capturas accesorias no deseadas e imponer gradualmente la prohibición de los descartes: dos prácticas dañinas que se han hecho demasiado frecuentes en el sector pesquero.

Con esta visión, el informe propone un método lógico y eficaz para recabar información y propone medidas sencillas que son fáciles de aplicar y económicamente viables. He votado a favor de las recomendaciones del informe.

 
  
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  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Como ávido espectador de la gran serie de TV «Deadliest Catch», ahora soy un gran admirador de los pescadores y del trabajo que realizan. Votaré a favor de este informe, porque tenemos que abordar en serio el problema del desperdicio que supone la devolución al mar de pescado en perfecto estado, como consecuencia del complejo funcionamiento del sistema de cuotas.

Aunque no creo que la respuesta en este caso sea la intervención de los mercados o el abandono de las cuotas, tenemos que abordar en serio esta situación.

Nuestras poblaciones de peces siguen estando mermadas. La demanda de pescado es cada vez mayor y ahí está el dilema. Tenemos que conservar nuestras poblaciones de peces y una forma de hacerlo es erradicando, o al menos reduciendo al mínimo, el despilfarro que representan los descartes y las capturas accesorias no deseadas.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE), por escrito. − Me ha sorprendido ver que se presentara la enmienda 9. Esa enmienda propone que todos los buques pesqueros lleven circuitos cerrados de televisión. Pero no se explica cómo se haría eso, no se incluye ninguna evaluación del impacto que demuestre la eficacia de esa medida, ni se dice con qué medios se financiaría.

 
  
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  Cornelis Visser (PPE-DE), por escrito.(NL) Hoy, el Parlamento Europeo ha votado a favor del informe sobre una política para reducir las capturas accesorias sin interés comercial y eliminar los descartes. Los eurodiputados del Grupo de los Demócrata-Cristianos (CDA) y el Partido Popular Europeo (PPE) hemos votado a favor del informe final, ya que contiene una serie de aspectos positivos. Por ejemplo, reconoce que algunas especies de peces tienen una elevada tasa de supervivencia cuando se les libera y que puede haber excepciones a la prohibición de descartes. Esto es importante en el caso del lenguado juvenil, ya que esta especie tiene una tasa de supervivencia muy alta. El informe insiste también en la creación de incentivos positivos y negativos para reducir los descartes. Este planteamiento es más sensato que una prohibición total de los descartes. En opinión de la delegación del CDA/PPE, la prohibición total de los descartes es poco realista.

 
  
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  Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. − Soy partidario de prohibir los descartes, en línea con la política de mi partido, pero no puedo votar a favor de la resolución en su conjunto porque contempla el establecimiento de instrumentos a escala comunitaria.

Concretamente en lo que se refiere a la enmienda 14, aunque reconozco los esfuerzos de los pescadores escoceses, que han tomado la iniciativa de reducir voluntariamente la captura de peces inmaduros, no puedo apoyar la introducción de un sistema de compensación administrado por las instituciones comunitarias.

 
  
  

- Propuesta de resolución: Estrategia europea respecto a la comunidad romaní (B6-0050/2008)

 
  
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  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Yo y mis colegas Conservadores británicos condenamos sin reservas todas las formas de racismo y xenofobia y apoyamos plenamente a la población romaní en su lucha contra la discriminación que sufren. No obstante, esa lucha debe tener lugar en el marco de las políticas nacionales de cada Estado miembro.

No podemos apoyar esta resolución porque aumenta la posibilidad de aislar y marginar a la población romaní «encasillándola» en una categoría distinta y pide a la Comisión que proponga una serie de estrategias y planes de acciones que deben seguir siendo competencia de los Estados miembros.

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) La exclusión social, la pobreza y la discriminación son problemas que los Estados miembros tienen que tratar de combatir por todos los medios. La minoría romaní se ha visto especialmente afectada por estas injusticias. No obstante, consideramos que la política de integración se regula mejor dentro de cada Estado miembro.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de esta resolución en la votación final. No obstante, queremos subrayar que la primera y principal responsabilidad de un Estado miembro es resolver problemas de discriminación étnica y cuestiones de justicia social dentro del territorio de sus respectivos países.

Hay cierto sesgo en algunas de las enmiendas a la resolución presentadas por el Grupo UNE. Por eso hemos optado por votar en contra de las enmiendas de dicho Grupo.

La tarea de la Unión Europea en este contexto es subrayar la importancia de los principios de una unión de valores. Tenemos que combatir el racismo y la discriminación étnica en la UE y en Europa. Pero lo tenemos que hacer por medio de la educación y la formación de la opinión dentro de cada Estado miembro, para instilar en cada nueva generación la idea de que todos los seres humanos valen lo mismo.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Los ciudadanos de origen romaní son muchas veces víctimas de discriminación en los diferentes países que integran la UE; puesto que esa discriminación puede adoptar muchas formas diferentes —que afecte en sus derechos políticos, económicos, sociales o culturales—, favorece situaciones de pobreza, de exclusión social y de desintegración.

De hecho, la vulneración o el no ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a una vivienda, a educación, a empleo con derechos y a la seguridad social, alimenta situaciones de desigualdad social, de marginación y de creación de guetos, de analfabetismo, de inserción en la economía sumergida, de no participación sociopolítica en las que se encuentran también muchos ciudadanos de origen romaní

Necesitamos, por tanto, políticas que combatan eficazmente las desigualdades sociales, la explotación y la concentración de la riqueza, que creen empleo con derechos, que garanticen el respeto y el ejercicio de los derechos más fundamentales para la promoción de los servicios públicos, y que erradiquen la pobreza y la exclusión social. En esencia, políticas que obliguen a romper con las políticas y las orientaciones de la Unión Europea, un aspecto fundamental que la resolución omite.

Consideramos que la solución de los problemas que afectan a muchos ciudadanos de origen romaní no pasa por el establecimiento de «políticas comunes» a escala de la UE, como la resolución propone.

De ahí nuestra abstención.

 
  
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  Katalin Lévai (PSE), por escrito. − (HU) En abril de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para mejorar la situación de la población romaní, en la que pedía a la Comisión Europea que formulara un plan de acción romaní. Desde entonces, no ha habido más que promesas y palabras altisonantes. La mayoría de los 12-15 millones de personas de origen romaní que viven en Europa (10 millones de las cuales han vivido en la Unión desde la adhesión de 2004) se enfrentan a los mismos problemas desde hace años, y en malas condiciones sociales: pobreza, exclusión, problemas de integración, desempleo y discriminación múltiple contra mujeres y niños de origen romaní.

La mayoría de los Estados miembros no consideran que la romaní sea una minoría nacional por carecer de un país natal, y no realizan ningún cambio sustancial en su situación. De hecho, las experiencias de los últimos años han demostrado, en cambio, que la radicalización es cada vez mayor tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros. Pienso, por tanto, que ha llegado la hora de realizar cambios importantes. El Grupo Socialista Europeo ha iniciado ya un plan de acción, cuyo primer paso es presentar una resolución junto con expertos destacados de los otros partidos.

Pido, por tanto, a mis colegas diputados que afronten este desafío europeo y que pongamos en marcha juntos una Estrategia romaní europea, con nuestro voto.

 
  
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  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los ciudadanos de origen romaní son casi siempre víctimas de discriminación racial. El rechazo a sus tradiciones y su cultura, y su marginalización, les lleva a la exclusión social. Son presa fácil del capitalismo. Además, se les utiliza con frecuencia como cabezas de turco y se les culpa colectivamente, como sucedió hace poco con las deportaciones desde Italia.

Los gobiernos nacionales y la UE se limitan a hacer declaraciones altisonantes, eludiendo la adopción de medidas concretas.

En Grecia, como en otros países, la mayoría de los ciudadanos de origen romaní viven en condiciones miserables, en campamentos, sin agua ni redes de alcantarillado. Muchos están desempleados y no tienen seguridad social ni derecho a asistencia sanitaria. Sus hijos se enfrentan a problemas aún mayores: la mortalidad infantil es elevada, rara vez disponen de vacunas y sólo un pequeño porcentaje de los niños acude con regularidad a la escuela. El 80 % de la comunidad romaní sigue siendo analfabeta.

Los gobiernos tienen que tomar medidas para conseguir que la población romaní participe en igualdad de condiciones en la sociedad y que se respeten sus tradiciones culturales. En Grecia pedimos el establecimiento de un Centro de Estudios de la Población Romaní y Gitana, que haga especial hincapié en la cultura.

Hace falta tomar medidas inmediatas para garantizar que la comunidad romaní tenga unas condiciones de vida dignas y el derecho inalienable a un empleo, una pensión, asistencia sanitaria y médica y educación.

Como todos los trabajadores, luchan contra los intereses monopolistas y un sistema que les explota.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − Estoy a favor de que se adopte una estrategia para la población romaní. Creo que la UE necesita urgentemente una estrategia para favorecer su integración social. Constituye una de las minorías más grandes del continente, que merece ser reconocida como tal por medio de un plan europeo que se ocupe de las cuestiones que les afectan.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (PSE), por escrito. − (RO) Esta resolución es una estrategia para coordinar y promover iniciativas europeas dirigidas a mejorar la situación de la población romaní, que se enfrenta a toda una serie de dificultades relacionadas con la discriminación, la exclusión social y una pobreza extrema. La preocupación de la UE por las minorías, incluidos los grupos sociales desfavorecidos, es también una respuesta a la ampliación que ha englobado a antiguos países comunistas con una población romaní importante. Por lo tanto, el problema adquiere una dimensión europea y no se limita únicamente a los países de Europa Central y Oriental.

He votado a favor de esta resolución porque llama la atención de los Estados miembros y las instituciones europeas sobre la necesidad de adoptar medidas para crear un contexto social y político favorable a la integración social de la comunidad romaní. La discriminación que sufre la población romaní se extiende a la vida pública y privada, afectando al acceso a cargos públicos, educación, mercado de trabajo, asistencia sanitaria y vivienda. Los gobiernos de los Estados miembros deben comprometerse a reducir las diferencias inaceptables que existen entre la población romaní y el resto de la sociedad, para garantizar el pleno cumplimiento de los principios en los que se sustenta la Unión Europea, los principios de la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades.

 
Última actualización: 16 de diciembre de 2008Aviso jurídico