Explicaciones orales de voto

- Informe: Paolo Costa (A6-0049/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, al principio, no le entendí. He votado a favor de este informe porque el nuevo Reglamento crea un buen equilibrio entre las delicadas medidas antiterroristas, por un lado, y los derechos de los pasajeros, por otro.

No obstante, me gustaría centrarme en un aspecto que todavía no se ha resuelto de forma satisfactoria y que son las normas sobre el transporte de sustancias líquidas. Sabemos que los controles deberían usarse para la prevención del terrorismo pero estos controles están ocasionando gran disgusto entre los pasajeros debido a las interpretaciones tan dispares de cada uno de los aeropuertos. Todavía queda por resolver si esto es un instrumento eficaz o no. Lo dudo mucho, porque los terroristas llevan tiempo desarrollando otras estrategias y descubriendo otros modos de actuar.

Confío en que se haga la siguiente evaluación: si los procedimientos de control están homologados y mejorados o si se paralizan estas medidas con el objetivo de no sobrecargar a los pasajeros con medidas que de ningún modo resultan efectivas.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor del informe Costa. Han pasado casi seis años desde la aprobación del Reglamento (CE) nº 2320/2002. Han pasado dos años y medio desde que entró en vigor. La preocupación por la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos y a bordo de los aviones sigue siendo una cuestión muy candente. La protección de la aviación civil está ocasionando un considerable aumento del coste de los vuelos y una disminución de la comodidad de los viajes. El coste de la protección es otra cuestión. Deben ser lo más transparentes posibles y los consumidores necesitan saber en qué y cómo se gasta el dinero que pagan por un billete de avión. Las tasas recogidas con fines de protección deberían usarse mera y exclusivamente para los costes de protección. El dinero obtenido para este fin no debe usarse para ningún otro.

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, me abstuve en la votación de la propuesta de un Reglamento sobre normas comunes porque considero que incluye algunos puntos débiles. El más grave es el método de evaluación de la fiabilidad de las tripulaciones de los vuelos, que no se regula en el propio Reglamento, sino a continuación de forma separada. Se deduce del texto aprobado que, una vez en vigor el Reglamento de aplicación, será clasificado como documento de la UE y la información contenida en el mismo no será de acceso público. Por tanto, podría suceder que incluso los ciudadanos incluidos en el documento no pudieran tener acceso al mismo. Esto violaría el principio de seguridad jurídica. Sucede lo mismo con la actividad del Grupo consultivo que creará la Comisión junto al Comité. El Grupo consultivo estará compuesto de organizaciones europeas directamente implicadas en la protección de la aviación. Resulta inadecuado para el Comité que se limite a informar a los afectados sin permitirles acceder a la información clasificada. Por tanto, pido una solución que respete los principios de apertura y transparencia.

- Informe: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) El nuevo instituto que se va a crear aquí me parece totalmente justificado y razonable por lo que respecta a sus objetivos y, por tanto, apoyo su establecimiento.

La Unión Europea —y, en consecuencia, nosotros— debe trabajar intensamente para que podamos mantenernos con éxito en competencia tecnológica con los otros ámbitos económicos, pero —y entro ahora en el punto crucial— me gustaría volver a pedir a la Comisión que compruebe la finalidad y la eficiencia de las 32 agencias (y ésta es una de ellas), para llevar a cabo una especie de «revisión médica» de las agencias y también clausurar aquéllas que ya no sean oportunas y no trabajen con eficiencia en interés de los contribuyentes.

Espero —y esto es una petición para la Comisión, presente esta tarde y que tiene este asunto en la agenda— que la Comisión se comprometa hoy finalmente a llevar a cabo esta «revisión» de las agencias.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Acojo con satisfacción el hecho de que, después de tres años, pongamos en marcha el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Me complace que el instituto no sea una «superuniversidad», sino que cree redes de innovación con vistas a una aplicación más extensa de la investigación z la industria y la asistencia sanitaria. Dichas relaciones deberían aumentar considerablemente la inversión en ciencia por parte del sector empresarial. Sabremos que hemos logrado el éxito una vez que el número de patentes europeas empiece a aumentar y empecemos a ponernos a la altura de los Estados Unidos y Japón. El Instituto debería ubicarse en un nuevo Estado miembro. La República Checa es el candidato mejor preparado: ya cuenta con un codiciado centro de conferencias para científicos y empresarios. La Universidad Charles es, además, un símbolo de las raíces educativas comunes de la antigua y de la nueva Europa.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) He votado a favor de la creación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Creo firmemente que contribuirá a mejorar la base competitiva de los Estados miembros al conseguir la participación de organizaciones en actividades integradas en el ámbito de la innovación, el desarrollo y la investigación al nivel internacional más elevado. Confío en que el IET se convierta en un punto de referencia para la gestión de la innovación en el que se promuevan nuevas formas de colaboración entre las organizaciones del triángulo de la investigación, las universidades y el sector privado. Creo que el IET se ganará una reputación mundial y ofrecerá un atractivo entorno para los ciudadanos más cualificados de todo el mundo.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, el señor Paasilinna, que ha realizado un espléndido trabajo.

He votado a favor de esta propuesta. Aunque esta propuesta fue objeto de debate y tuve pocas oportunidades de debatirla con el Presidente de la Comisión, todavía creo que es importante que la prioridad básica sea reforzar la posición de las universidades existentes y sus oportunidades de trabajar en red. Los institutos no deberían crearse porque sí. Es de crucial importancia garantizar que el Instituto sea un órgano de coordinación y que los fondos para investigación no se apliquen al margen de las universidades e institutos de investigación ya existentes, que han realizado un excelente trabajo.

El nuevo Instituto podría coordinar la tecnología y la innovación europeas y, por tanto, generar más valor añadido. El Instituto es necesario, pero, como dije, lo fundamental es su contenido y no el modo en el se organiza. Creo que en Polonia y en cualquier sitio existen instalaciones adecuadas, pero no debería olvidarse el contenido.

  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, represento a Londres, la mejor ciudad del mundo, capital del mejor país del mundo. En mi ciudad tenemos varias universidades innovadoras, así que cabe pensar que respaldé este informe. Sin embargo, voté en contra. Me gustaría explicar por qué.

Thomas Dolby, el músico, cantaba la canción «She blinded me with science» (Ella me cegó con su ciencia). El grupo 2 Unlimited dijo una vez que «la revolución digital, la solución técnica, para algunos sólo significa cada vez más confusión». Ahora, independientemente de los éxitos de la música, creo que esto afecta al pensamiento que hay detrás del IET. La Comisión está en lo cierto cuando dice que Europa destaca en investigación pero carece de innovación. Ahora bien, ¿cómo se consigue la innovación?

A la innovación no se llega con más estructuras físicas, con más edificios. No se llega a la innovación duplicando los esfuerzos que ya se están haciendo. Lo que observamos aquí es que el IET pretende emular al éxito del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) de los Estados Unidos sin conocer el próspero modelo empresarial que hay detrás del MIT. Ése es el motivo por el que he votado en contra.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría situar el IET en un contexto histórico. La primera vez que escuché hablar de él, hablábamos de lo que podíamos hacer con este edificio particular, puesto que el Parlamento tiene dos sedes y, en el caso de que abandonáramos esta sede, ¿para qué se usaría el edificio de Estrasburgo? La idea consistía en dotar a Estrasburgo de una universidad de índole mundial.

Por desgracia, Estrasburgo ya tiene una universidad de calidad y no le gustó la idea. A Estrasburgo no le agradaba la idea de perder esta institución. Hemos celebrado muchos debates sobre el asunto, aunque el Parlamento debería, siendo realistas, decidir sobre su propia sede.

Sin embargo, surgió la idea y nos hemos embarcado en este presupuesto enorme de cientos de millones de euros que ahora vamos a gastar, duplicando el trabajo que ya está en marcha. Se preguntan para qué. ¿Se está aferrando Europa a algo que no necesita porque ya lo tiene? ¿Necesita esta marca europea por encima de su experiencia? ¿Vamos a invertir enormes cantidades en estructuras físicas en un lugar en el que podríamos hacer muchas más cosas de forma coordinada, sirviéndonos de los fantásticos ejemplos de Oxford, Cambridge y otras excelentes universidades del continente europeo?

- Informe: Reimer Böge (A6-0065/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE) . – (CS) Gracias, señor Presidente. Aunque no represento al Reino Unido, apoyé la cesión de 162 millones de euros tras las inundaciones del RU con unos daños que ascendían a 4.600 millones de euros.

No obstante, tengo dos observaciones. En primer lugar, estamos tomando esta decisión tras sólo nueve meses. En segundo lugar, conforme a las normas pertinentes hay otros países europeos que están pidiendo ayuda, por ejemplo, Grecia. Creo que deberían establecerse dos fondos: uno para las necesidades de la UE y uno para el resto de países con el fin de evitar que se produzca una situación en la que no queden fondos para ayudar a los países pobres. En segundo lugar, las normas para hacer uso de los fondos dan preferencia a las catástrofes a gran escala. Sin embargo, también deberíamos poder ayudar a las regiones más pequeñas. La solidaridad no entiende de tamaño. Señorías, me gustaría que se hiciera una revisión de las normas.

  Glyn Ford (PSE). – Señor Presidente, me complace enormemente que el Parlamento vaya a aportar 162 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea tras las catástrofes de las inundaciones del pasado año acaecidas en mi propia región y en otros lugares.

Evidentemente, como sabemos, este dinero es para proyectos de infraestructura, para reparar carreteras, puentes, ferrocarriles, hospitales y otras instituciones, pero también permitirá que el Gobierno del Reino Unido pueda invertir de otra forma el dinero que habría tenido que invertir para esto. Todavía hay miles de personas que tienen un alojamiento temporal y muchas tiendas y fábricas que están cerradas.

Por tanto, me complace enormemente que se haya cedido el dinero del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y espero que el pueblo de Gloucestershire y otros lugares puedan beneficiarse de ello.

  El Presidente. − Deseo ofrecer una explicación de voto por escrito, en nombre del pueblo de Yorkshire y Humber, en la misma línea que el señor Ford ha seguido en su intervención .

- Informe: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE) . – (CS) Apoyé la creación de la partida presupuestaria para el Programa Galileo —gasto en gestión administrativa como se dispone en la propuesta revisada de la Comisión. Apoyé asimismo la enmienda que, en el contexto del presupuesto para Galileo, redistribuye una cantidad de 2 millones de euros de una línea operativa a una línea de índole administrativa.

Esto sirve para financiar medidas como la definición y el seguimiento del plan de gestión de los riesgos y la definición de la política de propiedad intelectual, pero también los mercados de navegación innovadores. Respaldo firmemente esto. No obstante, lo que me preocupa es que el 29 de enero la Comisión de Industria, Investigación y Energía aprobase por amplia mayoría ocho enmiendas que eliminaban la Autoridad de Supervisión de Galileo del fundamento jurídico de la propuesta modificada de los programas Galileo y EGNOS. Me gustaría que se celebrara un debate serio en el Pleno sobre este asunto.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, seré muy breve con respecto a este informe. He votado a favor del mismo porque, independientemente de su dimensión, cualquier Estado se encuentra indefenso ante un caso de fuerza mayor. La financiación de un gasto extraordinario en un momento en el que se anuncia una situación extraordinaria contribuye a que un Estado pueda reparar el daño provocado por las condiciones atmosféricas o una catástrofe natural. Esto salta a la vista.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, en este informe nos referimos a la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE sobre el que antes hablamos brevemente. Una parte de mi región se benefició, o se beneficiará, de dicho dinero, sobre todo en North Lincolnshire, donde fuimos víctimas de una gran inundación.

Sin embargo, me pregunto si el pueblo de Lincolnshire consideraría que esto es hacer un buen uso del dinero. Actualmente realizamos una gran contribución económica a la Unión Europea y luego tenemos que suplicarles que nos devuelvan el dinero que necesitamos para nosotros mismos. Por cada 2 libras esterlinas que nos devuelven, nosotros hemos depositado antes 5 libras esterlinas en este bote. Me pregunto si no podríamos invertir mejor ese dinero.

Tengo asimismo otras grandes preocupaciones, como ya he mencionado antes en las explicaciones de voto, sobre la forma en la que realizamos estos proyectos de presupuestos rectificativos. Se transfieren enormes cantidades entre las distintas líneas presupuestarias, y son muy, pero que muy pocas las personas que lo supervisan.

La transferencia actual es de sólo un par de millones de euros para Galileo y de otro par de millones para otro fin, pero en el pasado han sido cientos y cientos de millones. Me pregunto si éste es el procedimiento parlamentario correcto que nos permite supervisar el dinero de los contribuyentes europeos.

- Informes: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008) y Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, voto siempre en contra de los acuerdos pesqueros realizados por esta Cámara y por la Comisión por una buena razón, a mi entender. Me referiré brevemente a los informes.

La evaluación de la Comisión para Guinea-Bissau llegó a la conclusión de que contribuía a mantener la viabilidad de los sectores comunitarios de la pesca de arrastre y atunera en el Océano Atlántico, proporcionando a los buques y a los sectores comunitarios que dependen de la misma un marco jurídico estable y una visibilidad a medio plazo aunque realmente sólo tuvo, dice, una considerable repercusión sobre la estabilidad presupuestaria y política de Guinea-Bissau. No importa dónde llevemos a cabo tales acuerdos pesqueros, porque básicamente estamos robando el pescado a quienes podrían atraparlo a escala local, venderlo a escala local, ganar dinero a escala local y, por tanto, lograr salir por sí mismos de la pobreza. Ofrecemos una solución según la cual, en realidad, pagamos a los pescadores europeos para que vayan a pescar a aquellas aguas de forma mecánica, atrapen toneladas de pescado y, en consecuencia, arruinen las economías pesqueras de estos países costeros.

El documento sobre Costa de Marfil se refiere a la cantidad de dinero que estamos destinando a este fin. Hablamos de aproximadamente 600 000 euros que damos a los buques de la UE para que pesquen más de 7 000 toneladas de atún. Si habla con cualquier español de a pie y le pregunta cómo llegan a su país muchas personas procedentes de Costa de Marfil —ya que los buques pesqueros que solían desembarcar pescado en España ahora realmente transportan cientos, si no miles, de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias y otros lugares—, observará que en realidad nosotros mismos estamos agravando el problema y no ofreciendo una solución basada en el mercado, algo que podríamos hacer si permitiéramos que dichos países con derechos de pesca pudieran pescar ellos mismos así como impulsar sus propias economías.

- Informe: Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, nada podría ofrecerme una mayor satisfacción que poder hablar sobre el transporte sostenible europeo.

El motivo por el que no voté el informe es que, a pesar de que incluye una cantidad decente de políticas europeas razonables, me pregunto si no sería mejor dejarlo a las soluciones de mercado de cada Estado miembro acerca del modo de solucionar los problemas de tráfico en Londres. Me resulta difícil creer que la cooperación a escala europea y una estrategia de coordinación vayan a solucionar los problemas del aparcamiento en Nottingham o en Leicester. En efecto, con el intercambio de buenas prácticas podría lograrse, pero estamos hablando de invertir una gran cantidad de dinero en algo en lo que ahora vamos a tener comisiones que se reúnan a escala de la Comisión y del Consejo para intentar pensar en políticas.

Creo que todas estas políticas se deciden mejor a escala local. Por tanto, me abstuve de votar el informe en su totalidad.

  Richard Seeber, (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe porque creo que, en primer lugar, se trata de un buen informe y, en segundo lugar, señala la dirección correcta. El sector del transporte debe asumir toda su responsabilidad, en particular con respecto a los objetivos medioambientales, pero también en relación con la obtención del objetivo de Lisboa.

Me complace en especial que se haya aprobado la enmienda nº 5, que exige que la Unión Europea ratifique finalmente, y no sólo subscriba, la Convención Alpina. También me agrada el hecho de que se rechazara la enmienda nº 1 y se mantuviera el texto original, es decir, que deberíamos empezar a internalizar los costes externos del tráfico por carretera. No obstante, es una lástima que se rechazara la enmienda nº 7. Habría significado que el Séptimo Programa Marco de Investigación se habría integrado y dirigido de forma más adecuada hacia el transporte.

Por último, me gustaría asimismo recomendar a mis colegas diputados del Reino Unido que tanto protestan de la Unión, que lean los textos con algo más de atención, porque gran parte de los mismos están redactados en subjuntivo. Estas cláusulas son discrecionales y el hecho de que un país tan grande como el Reino Unido introduzca o no estas medidas es competencia suya.

  Zuzana Roithová (PPE-DE) . – (CS) El debate de anoche no me tranquilizó con respecto a si la Comisión Europea y los Estados miembros están preparados en un futuro inmediato para destinar fondos a la mejora de la calidad de la infraestructura del transporte en los nuevos Estados miembros.

El Comisario se refirió acertadamente a esta necesidad de cambios de modalidades al final del debate de ayer. Me gustaría pedir a la Comisión que presentara planes realistas para el desarrollo de la infraestructura de autopistas y vías ferroviarias en los nuevos Estados miembros. Sin ello no podemos debatir de forma realista la estrategia de transporte sostenible, no al menos desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente. También apoyé la enmienda sobre la «Euroviñeta»; su revisión no debe restar credibilidad a la estrategia de transporte sostenible.

Explicaciones escritas de voto

- Informe: Reimer Böge (A6-0062/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre el procedimiento de consulta de mi colega alemán, el señor Böge, sobre la propuesta de Decisión del Consejo modificadora de la Decisión 2003/77/CE por la que se establecen las directrices financieras plurianuales para la gestión del fondo CECA en liquidación desde 2002 y, tras el cierre de la liquidación, de los Activos del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero. Al poner al día la posibilidad de gestión de este capital fue un acierto tener en cuenta los mercados cambiantes y los productos financieros, al tiempo que se mantenía un elevado grado de seguridad y estabilidad a largo plazo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Puede resultar en verdad sensato buscar nuevas tecnologías respaldadas financieramente y a escala comunitaria, que permitan reducir las emisiones de CO2 en la producción de acero. Como resultado de la creciente demanda de los países emergentes y de diversas catástrofes naturales que han imposibilitado la reducción, se han producido carestías constantes de esta materia prima reflejadas en los precios del carbón y del acero, más elevados que nunca. Ya es hora de que, por fin, busquemos alternativas a los recursos del carbón que empiezan a escasear.

También debería debatirse cómo es posible que antiguos consorcios como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y el Euratom, totalmente absorbidos por la UE hace mucho tiempo, todavía puedan tener sus propios fondos, programas, etc., en especial si se tiene en cuenta que los Estados miembros contrarios a la energía nuclear, por ejemplo, han de seguir financiando su investigación, etc. Deberíamos dedicar finalmente algún tiempo a esta cuestión.

- Informe: Paolo Costa (A6-0043/2008)

  Boguslaw Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) Estoy de acuerdo con la propuesta de sustituir determinadas disposiciones de los acuerdos bilaterales en vigor por acuerdos comunitarios.

En lo que respecta a las tarifas de los servicios aéreos, el ponente, Paolo Costa, introduce acertadamente una cláusula que prohíbe que las compañías aéreas de un tercer país tengan una influencia preponderante en los precios de los servicios aéreos correspondientes a las rutas totalmente intracomunitarias.

- Informe: Neil Parish (A6-0044/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega británico, el señor Parish, sobre la modificación del Reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, aprobada sobre la base de la situación de 31 de diciembre de 2006. Tras haber reunido 21 reglamentos aplicables a la organización común de los mercados agrícolas en un único Reglamento integrador con el fin de racionalizar y simplificar el marco legal de las políticas de mercados tales como la intervención, el almacenamiento privado, los contingentes de importación, las restituciones a la exportación, las medidas de salvaguardia, la ayuda estatal y las normas de competencia, y la comunicación e información de datos, resultaba necesario actualizar este texto para tener en cuenta las decisiones adoptadas desde 2006 en los sectores del azúcar, las frutas y verduras transformadas, las semillas, la carne y la leche y los productos lácteos.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Estamos en contra de la actual política agrícola común y tenemos objeciones con respecto a los cambios de escasa relevancia fundamental del sistema actual. Exigimos una revisión y evaluación completas de toda la política agrícola común.

Estos dos informes conservan las actuales estructuras de tal política. Por tanto, no podemos apoyarlos. Toda la política agrícola común es un artilugio absurdo que debe ser abolido.

  David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción el informe del señor Parish por el que se establece una organización común de los mercados agrícolas y disposiciones específicas para determinados productos agrícolas. Las propuestas destinadas a establecer unas normas armonizadas en diversos ámbitos de la industria, tales como el almacenamiento privado, los contingentes de importación y las medidas de salvaguarda constituyen un paso positivo para aclarar la política agrícola europea. Hay una gran necesidad de aumentar la transparencia y la simplificación dentro de este sector y beneficiará directamente a los agricultores escoceses. Por tanto, he votado a favor del informe.

- Informe: Neil Parish (A6-0045/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega británico, el señor Parish, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para el sector del lino y el cáñamo. La Comisión Europea, que va a presentar un informe que se está redactando actualmente sobre la prolongación de la ayuda a la producción de fibras cortas de lino y fibra de cáñamo, cuya conclusión está prevista para el presente año 2008/2999, propone prolongar esta ayuda mientras se aguarda a que se lleven a cabo las revisiones de la política en 2008 conforme al «chequeo» de la política agrícola común. Apoyo esta propuesta, que considero muy sensata.

  David Martin (PSE), por escrito. − La propuesta de prolongar la subvención del lino y el cáñamo es una necesidad de procedimiento para permitir el adecuado reflejo y la reforma potencial según lo previsto en el «chequeo» de la PAC. Por este motivo, apoyo las recomendaciones del informe y, por tanto, he votado a favor.

- Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0055/2008)

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Voto a favor del informe de la señora Geringer de Oedenberg sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea.

La lectura del informe de mis colegas me interesó de manera especial. Estoy a favor de aceptar el informe porque considero que la legislación comunitaria debería ser más clara y comprensible y, por tanto, más transparente y accesible para todos los ciudadanos.

El objetivo de la aplicación es codificar el Reglamento nº 3037/90 (CEE) del Consejo, de 9 de octubre 1990, relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea.

Como abogado, deseo hacer hincapié, al explicar mi voto, sobre el valor de la codificación, que es un proceso de gran importancia en el que se combinan de forma singular un amplio conjunto de reglamentos jurídicos en una recopilación única y sistematizada a partir de la cual pueden interpretarse las normas jurídicas fundamentales. Me parece de gran importancia la simplificación y el ordenamiento de la legislación comunitaria.

- Informe: Paolo Costa (A6-0049/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Voté a favor del informe de mi colega diputado, el señor Costa, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002, aprobado justo el día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, que tuvo que ser revisado a la luz de su aplicación. Afortunadamente, se ha llegado a un compromiso sobre la financiación de las medidas de seguridad, que compartirán los Estados miembros y las autoridades aeroportuarias, las líneas aéreas y los pasajeros.

Me complace que el Parlamento Europeo lograra convencer al Consejo y a la Comisión para que se utilice un procedimiento regulador con escrutinio en relación con toda una serie de medidas al definir las normas comunes básicas para la seguridad en la aviación, como los controles de pasajeros y artículos que pueden estar prohibidos, por ejemplo, los líquidos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este reglamento ofrece un mayor grado de armonización de las normas comunes en el ámbito de la seguridad de la aviación civil a escala de la UE —por ejemplo, el control de los pasajeros y del equipaje de a bordo, el control de acceso y los controles de seguridad de la tripulación— en derogación del Reglamento aprobado como resultado de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos.

Entre los aspectos que criticamos se encontraba el hecho de la falta de garantía —más bien lo contrario— de que los costes para las medidas de seguridad no recayeran en los usuarios de estos servicios, que, evidentemente, son servicios públicos. Tampoco hay ninguna garantía de que los usuarios no se enfrenten a un recargo para cubrir dichas medidas. Además, no se explica la supresión del conjunto de medidas de seguridad que ya se habían criticado ampliamente, en concreto, por lo que respeta a su eficacia real.

Resulta asimismo sorprendente que, con respecto a los trabajadores, la limitación del acceso a la zona restringida del aeropuerto por razones de seguridad se haya usado para coartar la libertad de los trabajadores de formar un sindicato. El texto actual no ofrece ninguna garantía de que dicho abuso se impida ni de que se protejan dichos derechos. Por último, el Reglamento abre claramente la puerta a la presencia de personal armado a bordo, una medida que consideramos equivocada, aunque sea por motivos de seguridad.

  Stanislaw Jalowiecki (PPE-DE), por escrito. − (PL) A pesar de todo, he votado a favor de este informe. Me gustaría poder explicarlo brevemente. Como suele decirse, las soluciones improvisadas son las que más duran. Nos ha hecho falta un año para convencernos de lo cierto de esta afirmación. Cuando se introdujo la prohibición de llevar bebidas y otras sustancias líquidas a bordo, se nos aseguró que sólo era una medida transitoria. En breve se iba a llevar a cabo una revisión de los procedimientos y, de hecho, se iba a instalar un equipo especial, en forma de dispositivos que pudieran detectar las sustancias peligrosas.

Nada de esto se ha hecho. ¿Qué pasa con los pasajeros mientras tanto? Los pasajeros se han acostumbrado a estas molestias, las consideran como si siempre hubieran existido y fueran fundamentales. Tengan en cuenta que ésta es precisamente la manera en que nuestras libertades y derechos se restringen de forma gradual e imperceptible —también en otros ámbitos, no sólo en la aviación civil—.

Sin embargo, hay que elogiar al Parlamento y, sobre todo, a los representantes del Parlamento en la Comisión de Conciliación que defendieron de forma tenaz estos principios. Es cierto que su éxito no fue absoluto, pero merece la pena destacar lo que se consiguió.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor del nuevo Reglamento sobre seguridad aérea que dota de una mayor seguridad al tráfico aéreo.

Defiendo encarecidamente una votación conjunta sobre las normas y los reglamentos a escala europea, puesto que sólo una adaptación rápida y eficaz de las nuevas directivas podrá proteger la seguridad de los pasajeros aéreos así como sus derechos. Acojo con gran satisfacción la posible presencia de agentes de seguridad durante los vuelos, sobre todo, teniendo en cuenta la actual amenaza del terrorismo internacional sobre rutas aéreas potencialmente vulnerables. Además, apoyo las normas de seguridad que permiten transportar armas sólo en la bodega y sólo en casos excepcionales con el consentimiento del Estado en ese momento.

Con respecto a la controvertida cuestión de la financiación, apoyo el compromiso de que cada Estado miembro deba adoptar su propia decisión al respecto, según la cual los costes de las medidas de seguridad corresponden a las instalaciones de los aeropuertos, a las líneas aéreas y a los propios usuarios. No obstante, se ha explicado que los costes deberían aplicarse directamente a la disposición de seguridad y sólo deberían cubrir los costes actuales. Se insta también a la Comisión a que presente un informe a finales de año sobre la financiación de los costes junto a una propuesta legislativa si fuera conveniente.

  David Martin (PSE), por escrito. − Como representante de un país que recientemente ha sido víctima del terrorismo, acojo con satisfacción el informe del señor Costa sobre las normas comunes en el ámbito de la seguridad de la aviación civil. La seguridad de la aviación civil es algo que preocupa a todos los Estados miembros y, por tanto, requiere unas normas comunes básicas en toda la UE. Con respecto a la financiación de las mejoras de las medidas de seguridad, considero que se ha llegado a un compromiso adecuado que permite que los Estados miembros y los usuarios puedan compartir los costes. Las normas de financiación flexible no sólo tendrán en cuenta la necesidad de aplicar medidas básicas en Europa, sino que también permitirán que los aeropuertos condenados a un mayor riesgo por actividades terroristas adopten más medidas para contrarrestar la amenaza. Acojo asimismo con satisfacción la propuesta de reducir la frecuencia de control de los pasajeros procedentes de terceros países con normas de seguridad equivalentes a las de la UE. He votado a favor del informe.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He decidido no votar a favor de la conciliación final entre el Parlamento Europeo y el Consejo porque estoy en contra de la medida de los agentes armados a bordo, dados los controles adicionales de alto nivel a los que los pasajeros se someten en tierra antes de embarcar. Considero que esta medida resulta excesiva: sacrifica los derechos de los pasajeros en nombre de la seguridad a bordo, no cumple el principio de proporcionalidad y, por último, hace recaer una carga financiera sobre los ciudadanos —dicho de otro modo, los pasajeros—. Instamos a los gobiernos de los Estados miembros y, en especial, al Gobierno griego a que no secunde esta medida y haga uso del ámbito del que ya dispone.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) La seguridad de la aviación civil se ha enfrentado en los últimos años a desafíos reales, mortales y sin precedentes. Se ha hecho todo lo posible para dar una respuesta apropiada a las amenazas dirigidas contra las vidas de los pasajeros y de las tripulaciones, pero sin embargo observamos que las normas establecidas no están todavía a la altura de la creatividad de los criminales. Por lo tanto, no podemos seguir retrasándonos ni perdiendo el tiempo con debates basándonos en la necesidad de crear una falsa sensación de seguridad.

La legislación que votamos hoy es solamente una parte de la acción legislativa que la Unión ha venido desarrollando para lograr que sus ciudadanos disfruten de una seguridad mayor y más perceptible. Por lo tanto, en el ámbito de la aviación civil es fundamental que nos dotemos de instrumentos flexibles que hagan posible la creación de un entorno de máxima protección para los ciudadanos, y que puedan ser fácil y adecuadamente evaluados. Así pues, votaré a favor del acuerdo que este Parlamento ha alcanzado mediante el procedimiento de conciliación, que garantizará la protección de los ciudadanos, la seguridad de la aviación civil y la vigilancia constante contra aquellos que amenazan nuestra seguridad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe del señor Costa relativo al texto sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002.

De hecho, considero que es fundamental crear un marco legislativo más sencillo y flexible, que aumente la libertad y la capacidad de decisión en la fase de aplicación de las leyes, a diferencia de medidas anteriores que eran demasiado detalladas.

No obstante, creo que es oportuno hacer algunas ligeras matizaciones, en particular por lo que respecta a la conexión de las tasas aeroportuarias con el coste de los servicios ofrecidos. En este contexto, quiero pedir a la Comisión que tome una iniciativa lo antes posible sobre la financiación de las medidas de seguridad de los aeropuertos europeos y la transparencia de los costes de la seguridad, a fin de evitar la posible distorsión de la competencia en este campo.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Votaré a favor del acuerdo de transacción alcanzado en el procedimiento de conciliación, a pesar de tener mis reservas, no solamente acerca de la financiación de esta legislación, sino también por lo que respecta a la actitud del Consejo de Ministros durante todo este procedimiento.

En primer lugar, hay que señalar que los gobiernos consideran que pueden introducir mejores medidas de seguridad en el ámbito de la aviación civil y esperar que la industria y a continuación los pasajeros paguen por ello. Mi opinión, que de hecho coincide con la del Parlamento, es que si los Estados miembros insisten en la mejora de las medidas de seguridad, deberían contribuir al menos a sufragar los costes.

En segundo lugar, yo entiendo por conciliación que ambas partes transijan en sus opiniones, al objeto de llegar a un acuerdo. A este respecto, el Consejo no solamente no se ha planteado transigir ni alcanzar una conciliación, sino que lanzó arrogantemente contra el Parlamento la acusación de arriesgar la seguridad de los pasajeros. Esto es francamente inaceptable, y nos deja un recuerdo amargo que todos vamos a tener presente en futuras conciliaciones. En definitiva, me siento chantajeado por el Consejo, al tener que votar a favor de este acuerdo con el que al menos mejoran las medidas de seguridad existentes para la protección del público. No obstante, voto de mala gana y con enojo.

- Informe: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me siento satisfecho por la aprobación en segunda lectura y sobre la base del informe de mi colega finlandés, el señor Paasilinna, de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, cuya idea fue planteada por el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso en febrero de 2005, y que generó cierto escepticismo con respecto al valor añadido que podría ofrecer una estructura semejante.

A pesar de que comparto los puntos de vista y las preocupaciones en torno a la financiación de un proyecto de este tipo, considero fundamental desarrollar una estructura como ésta para situar el conocimiento en el centro del ideal europeo, porque es a través del desarrollo del conocimiento y no mediante la cultura de la ignorancia como progresará nuestra civilización humanista europea. Debo señalar de paso la creciente inadecuación de la estructura presupuestaria de la Unión Europea, particularmente para la financiación de grandes proyectos como éste (o por ejemplo el proyecto Galileo). Finalmente, no puedo entender por qué el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado una enmienda, a la que mi Grupo y yo nos hemos opuesto, para rechazar y por lo tanto aplazar la aplicación de la posición común.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, acojo con satisfacción y apoyo el informe de mi colega el señor Paasilinna, que tiene por objeto contribuir al crecimiento económico y a la competitividad de la Unión Europea, con el desarrollo de nuevas formas de innovación mediante la creación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET).

El objetivo del IET consiste en reforzar el aspecto fundamental de la capacidad competitiva: el «conocimiento». Por definición, el conocimiento no puede ser un concepto estático, por lo que solamente puede existir a través de un proceso dinámico y estructurado de investigación y de nuevos descubrimientos. El progreso real se consigue únicamente a través de la innovación.

Hoy en día, en un mercado global de viejas y nuevas «economías del conocimiento», competidores como los Estados Unidos, la India y Japón están trabajando en ello; se trata de países que siempre han hecho de la innovación la pieza angular de su desarrollo económico y que, en consecuencia, han disfrutado de una sólida ventaja competitiva con respecto a la Unión Europea.

El IET servirá para reforzar el intercambio de conocimientos, para reunir, compartir y difundir ideas, y para recopilar las investigaciones realizadas en toda Europa en aquellas macroáreas que son esenciales para el desarrollo de la competitividad futura de la Unión Europea.

Los posibles beneficios para el sistema competitivo de nuestro mercado son prácticamente ilimitados. Nos corresponderá a nosotros garantizar que los 2 400 millones de fondos comprometidos se utilicen convenientemente y que la Unión Europea pueda afrontar los futuros desafíos derivados del mercado global de una forma más enérgica.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como ya mencionamos en la primera lectura, somos muy críticos respecto al establecimiento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, especialmente debido a las opiniones expresadas por diversas organizaciones de investigación.

En consonancia con las posiciones defendidas por organizaciones científicas que criticaron esta propuesta de un Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, hemos votado a favor de la propuesta por la que se rechaza la posición común del Consejo, aunque lamentablemente esa propuesta no ha prosperado. En primer lugar, no hay suficientes fondos. Una de las opciones para la financiación es el presupuesto comunitario, incluyendo las dotaciones previstas para investigación, lo que podría terminar siendo solamente otra forma de apoyar a los países más desarrollados, agravando con ello las desigualdades.

Tras la presión ejercida por diversos países que querían albergar a la sede del Instituto, éste pasó a ser virtual, una especie de gabinete de consulta a las comunidades científicas en diferentes ámbitos. El Parlamento Europeo aprobó diversas enmiendas a la propuesta de la Comisión, aunque, en nuestra opinión, son insuficientes para enderezar algo que nació torcido.

  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. − (PL) Apoyo por completo el informe de mi colega el señor Paasilinna. Estoy convencida de que esta institución es muy necesaria para la Unión Europea y sus Estados miembros. Atrae el interés no solamente de los investigadores europeos y de grupos de científicos de los Estados individuales, sino también de los interesados en aplicaciones prácticas —especialmente de los empresarios—. En mi opinión, el Instituto debería desempeñar una función de movilización para toda la Unión Europea y, por este motivo, las partes que la componen no deberían dejar fuera a ningún Estado miembro.

Tiene que desempeñar un papel especialmente importante por lo que respecta a la igualdad de oportunidades y la unificación de las economías de la Unión Europea en los nuevos Estados miembros. Solo mediante la combinación del potencial de investigación y los esfuerzos de los científicos de la «vieja» y la «nueva» Europa estaremos en condiciones de compensar los desequilibrios existentes y de avanzar en la aplicación de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Teniendo esto en cuenta, me gustaría hacer un llamamiento ferviente para que la sede central del Instituto (la Junta de Gobierno) se ubique en mi país Polonia, en la ciudad de Breslavia.

Se trata de una ciudad donde se reúnen las culturas de la vieja y la nueva Europa, al encontrarse muy próxima a otros tres Estados miembros: Alemania, Austria y la República Checa; cuenta con una buena plataforma de apoyo científica y de investigación, numerosas instituciones de enseñanza superior y una enorme población de estudiantes —casi 200 000—. No me cabe duda de que Breslavia es el mejor lugar para la ubicación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

  David Martin (PSE), por escrito. − El informe del señor Paasilinna «por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología» es una contribución importante para la consecución de los objetivos fijados por la Estrategia de Lisboa. La idea de reunir los conocimientos técnicos del sector privado, las organizaciones de investigación y las instituciones de enseñanza superior es positiva y constituye un proyecto piloto interesante. Debemos asegurarnos también de que se elija la Junta de Gobierno del IET de forma transparente, con el fin de preservar la integridad de su trabajo. El Parlamento y el Consejo deberían contribuir a garantizar el mantenimiento de la transparencia, la responsabilidad del IET sea responsable y el respeto de la autonomía de los colectivos relacionados con el conocimiento y la innovación. Apoyo este informe.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) En vista del acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento, al que la Comisión Europea no ha puesto ninguna objeción, creo que la aprobación hoy, en segunda lectura, de la recomendación para la adopción del Reglamento por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología marca un momento particularmente importante, dado que simboliza el nacimiento efectivo de este importante proyecto.

Hace varios años que la Unión Europea identificó la innovación y el conocimiento como aspectos fundamentales para hacer frente a los desafíos de la globalización y la aparición de nuevos actores económicos importantes. En ese contexto, el apoyo específico de la investigación y del desarrollo como arma económica es una iniciativa que merece recibir el máximo respaldo posible, y éste es el eje central del proyecto.

En cuanto a si sería mejor tener un verdadero campus universitario o la solución adoptada de las comunidades científicas, sólo el tiempo nos dirá cuál debería haber prevalecido. En cualquier caso, lo importante —incluso lo esencial— es tener flexibilidad y estar permanentemente dispuestos a adaptar el modelo a las mejores soluciones. De lo contrario, el mentor de la innovación no tendría capacidad para innovar, lo que sería un error imperdonable, puesto que se trata de construir modelos de eficiencia.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) Inicialmente quería apoyar la propuesta relativa al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, dado que cubre el vacío existente entre enseñanza superior, investigación e innovación, algo muy importante por lo que respecta a la economía y al mercado interior. Por lo tanto, el IET podría parecer un proyecto magnífico, si no fuera por un régimen financiero inadecuado.

Como consecuencia, no puedo apoyar la propuesta actual ni la posición común del Consejo, principalmente porque el presupuesto es inadecuado. La Comisión había propuesto una suma razonable, capaz de satisfacer las necesidades de las CCI (comunidades de conocimiento e innovación) durante seis años. El Consejo ha reducido el presupuesto hasta tal punto que ello ya no resulta viable. Por otra parte, una evaluación del impacto del IET ha demostrado que la financiación básica sólida es un factor esencial para que pueda prosperar.

Como señala la propuesta, las CCI se ven obligadas a obtener financiación exterior de otros programas comunitarios, que además no están pensados para este fin. Por lo tanto, los Estados miembros tendrán que asumir por sí mismos la responsabilidad de la financiación, como si simplemente pudiésemos confiar en el patrocinio privado. Esta propuesta condenaría el proyecto al fracaso.

Finalmente, el hecho de que se haya eliminado explícitamente de la propuesta el cambio climático como principal punto de atención de las primeras CCI hace que ya no desee apoyar el informe.

- Informe: Reimer Böge (A6-0065/2008)

  Derek Roland Clark, Nigel Farage y John Whittaker (IND/DEM), por escrito. − Obviamente estamos a favor de que Gran Bretaña reciba dinero de la Unión Europea para ayudar a sufragar el coste de las inundaciones del pasado año. Por lo tanto, apoyamos esta propuesta.

No obstante, queremos aprovechar la oportunidad para hacer constar que no estamos a favor de este sistema que hace que Gran Bretaña tenga que solicitar ayuda de la Unión Europea.

El Reino Unido es un importante contribuyente neto al presupuesto de la Unión. En lugar de tener que rogar que se nos devuelva una pequeña cantidad, preferiríamos conservar nuestros fondos y decidir nosotros mismos cómo gastarlos.

  Richard Corbett (PSE), por escrito. − Acojo con gran satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado la movilización de 170 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar con las operaciones de limpieza tras las inundaciones que sufrió mi país y especialmente mi región el pasado verano. Las inundaciones afectaron a cientos de hogares y negocios, y llevaron a la miseria a miles de personas. El hecho de que este sea el segundo pago más importante jamás realizado por el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es indicativo del enorme coste económico y personal soportado por las víctimas. Cabe esperar que este dinero ayude a cubrir estos costes.

Como diputado al Parlamento Europeo de una de las regiones más afectadas, puedo decir que se agradece toda contribución. Este gesto de solidaridad del resto de Europa será acogido con gran satisfacción en mi circunscripción.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El texto adoptado hoy aprueba la movilización del Fondo de Solidaridad a favor del Reino Unido tras las inundaciones sufridas por el país en el verano de 2007.

Dado que los daños declarados superaban el límite para la activación de este mecanismo con respecto al Reino Unido, por importe de aproximadamente 4 612 millones de euros, las consecuencias de las inundaciones fueron clasificadas como «catástrofe grave» y la Comisión propuso la movilización del Fondo de Solidaridad por la cantidad de 162 387 985 euros.

La opinión de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo insta al Consejo para que alcance un acuerdo sobre la revisión que la Comisión ha propuesto del Reglamento por el que se crea este Fondo, y que no se ha hecho desde que el Parlamento Europeo adoptara su posición en primera lectura, el 18 de mayo de 2006, además con nuestro voto crítico.

En nuestra opinión, entre otras cosas la posición del Parlamento Europeo no garantiza que las catástrofes regionales se consideren subvencionables, ni permite siquiera el reconocimiento de la índole específica de las catástrofes naturales del Mediterráneo, ni la adaptación de este Fondo —con respecto a plazos y acciones subvencionables— a la naturaleza específica de catástrofes naturales como las sequías y los incendios. Se trata de aspectos que deben ser salvaguardados.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, el Fondo de Solidaridad es la quintaesencia del principio de solidaridad, una de las piedras angulares de la Comunidad europea. Los criterios para su movilización se han perfeccionado tras muchos años de práctica, con lo que se ha acabado la naturaleza discrecional de su administración, que era evidente al menos en los primeros intentos para crear y poner en funcionamiento el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, al tratarse de una nueva institución presupuestaria de la Unión Europea establecida bajo las perspectivas financieras de 2007-2013. Un importante inconveniente, sobre el que se ha insistido mucho en el caso del Fondo de Solidaridad, fue el prolongado compás de espera hasta que entró en funcionamiento este instrumento, tal y como pusieron de manifiesto los países candidatos afectados por alguna catástrofe natural. Paradójicamente, la Unión Europea era capaz de responder más rápidamente a las peticiones de ayuda de terceros países que a las formuladas por sus propios Estados miembros.

La propuesta de movilización del Fondo para ayudar a Gran Bretaña e Irlanda del Norte, afectadas por las inundaciones de junio y julio de 2007, cumple todos los requisitos formales. Merece nuestro reconocimiento la reacción de la Comisión de Desarrollo Regional, que aceleró los procedimientos parlamentarios. Por otra parte, resulta difícil interpretar el retraso por parte de la Comisión Europea. Su conclusión del 18 de enero de 2008 se produjo seis meses después de la catástrofe natural y de la rápida solicitud del Reino Unido. Esto confirma el historial negativo de retrasos administrativos del Fondo de Solidaridad y exige una revisión de sus disposiciones de aplicación, algo que el Parlamento lleva pidiendo desde el 18 de mayo de 2006.

  David Martin (PSE), por escrito. − Tras las devastadoras inundaciones sufridas en Gran Bretaña el pasado año, acojo con satisfacción el trabajo del señor Böge relativo al informe sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. El dinero propuesto beneficiará a todos los afectados, incluyendo las empresas. Así pues, estoy satisfecho con las recomendaciones del informe.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Tras una catástrofe natural o fenómenos similares, es necesario facilitar rápidamente alojamiento temporal y realizar reparaciones provisionales de las infraestructuras básicas, como por ejemplo las redes de suministro, carreteras, puentes, etc., para que los hospitales puedan comenzar a funcionar de nuevo, y el Fondo de Solidaridad puede ser de gran ayuda en este sentido. Sin embargo, lo que no se puede pagar son las miles de horas de trabajo no remunerado de las unidades de socorro en caso de catástrofe. Tampoco se puede compensar el sufrimiento de los afectados.

En el Fondo de Solidaridad se debe preservar un equilibrio lógico entre el desembolso de fondos de forma rápida y no burocrática, y la garantía de que no se emplearán con fines distintos a los previstos. La prevención y la mejor cooperación intergubernamental son particularmente importantes para prepararse ante futuras catástrofes naturales. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se deberían utilizar estos sucesos para crear una agencia de defensa civil de la Unión Europea ni una fuerza de reacción rápida para catástrofes de la Unión Europea, dado que esta última no estaría en condiciones de ofrecer protección efectiva contra las catástrofes naturales, sino que simplemente inflaría los costes y aumentaría la burocracia.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) Votaré en contra de este informe, dado que supone un aumento del presupuesto de la Unión Europea. Los pagos a Gran Bretaña por las inundaciones de 2007 se deberían incluir dentro del presupuesto existente, dado que hay margen para una revisión de las prioridades, por ejemplo no aumentando el presupuesto para el programa Galileo.

- Informe: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. − (SV) La experiencia pasada demuestra que la Unión Europea no gestiona bien la ayuda para catástrofes. Junilistan considera que el desembolso del Fondo a menudo puede reducir los incentivos para que los Estados miembros solucionen los problemas que justifican la necesidad de ayuda.

Con respecto a la introducción de una partida presupuestaria para gastos en circunstancias excepcionales, Junislistan considera que este mecanismo burocrático refuerza la impresión de que la Unión Europea pretende convertirse en una superpotencia, con influencia sobre todo lo que sucede en el mundo. Junilistan se opone a esto.

La Agencia Frontex va demasiado lejos por lo que respecta a la coordinación de los controles fronterizos y las políticas de inmigración de los Estados miembros. Junilistan se opone rotundamente a cualquier ampliación de su actividad.

Dado que no puedo apoyar el proyecto de presupuesto rectificativo por las razones indicadas, he decidido votar en contra del informe en su totalidad.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La primera modificación del presupuesto comunitario para 2008 incluye la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por una cantidad de unos 162,4 millones de euros a favor del Reino Unido —por las inundaciones que se produjeron en 2007 en este país—, así como la introducción de nuevas líneas presupuestarias y transferencias entre líneas presupuestarias, sin afectar a los importes totales del presupuesto en su conjunto.

La plantilla de personal de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) aumenta en 25 puestos, pasando de 69 a 94, teniendo en cuenta el incremento presupuestario ya introducido para esa Agencia —de unos 30 millones de euros—, aprobado durante el debate relativo al presupuesto comunitario de 2008. La actividad de esta Agencia se va consolidando gradualmente y se le están adjudicando competencias que corresponden esencialmente a la soberanía del Estado. Se trata de una Agencia, entre otras, que justifica el concepto de la «fortaleza Europa» y una política de inmigración centrada en la seguridad, como la que promueve la Unión Europea.

También cabe destacar la creación de una nueva línea presupuestaria «Gastos extraordinarios de crisis», a pesar de que no está claro qué debemos entender por «crisis».

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, el primer presupuesto rectificativo durante la aplicación del plan presupuestario para 2008 cubre las partidas agrupadas bajo la línea común de ajustes para «circunstancias inevitables, excepcionales o imprevistas».

El punto 1, es decir la movilización del Fondo de Solidaridad a favor de Gran Bretaña, que se vio afectada por fuertes tormentas y graves daños por inundaciones durante el verano del pasado año, corresponde claramente a esta categoría. El único comentario que cabe hacer es que los retrasos en la movilización de los fondos derivados de una aplicación tardía por parte de la Comisión Europea se están convirtiendo en una tradición deshonrosa. El punto 5, que propone la creación del artículo presupuestario 27 01 11: Gastos extraordinarios de crisis con el fin de financiar los gastos excepcionales derivados de una crisis declarada, es de una naturaleza similar. Sin embargo, las tres partidas restantes, que se han metido en el mismo saco del presupuesto rectificativo, son de una naturaleza diferente.

Comparto las dudas del ponente con respecto a la financiación de la Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI) y la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (AECEI), así como a la resolución, no del todo coherente, relativa a la creación de la partida presupuestaria 06 01 04 12: Programa Galileo. La modificación de la plantilla de personal de Frontex merece ser aceptada.

El análisis global de la resolución y su presentación de la forma adecuada resultan problemáticos debido al carácter heterogéneo de las partidas presupuestarias incluidas en AM 1/2008.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La experiencia pasada demuestra que la Unión Europea no gestiona bien la ayuda para catástrofes. Junilistan considera que las ayudas del Fondo a menudo pueden reducir los incentivos para que los Estados miembros solucionen los problemas que justifican la necesidad de ayuda.

Con respecto a la introducción de una partida presupuestaria para gastos en circunstancias excepcionales, Junislistan considera que este mecanismo burocrático refuerza la impresión de que la Unión Europea pretende convertirse en una superpotencia, con influencia sobre todo lo que sucede en el mundo. Junilistan se opone a esto.

La Agencia Frontex llega demasiado lejos por lo que respecta a la coordinación de los controles fronterizos y las políticas de inmigración de los Estados miembros. Junilistan se opone rotundamente a cualquier ampliación de su actividad.

No obstante, el informe también señala que, con respecto a la asignación para el programa Galileo, en estos momentos no se deberían pasar recursos de una línea operativa a una línea de naturaleza administrativa. Por otra parte, el informe apoya la creación de una estructura presupuestaria para la Agencia Ejecutiva de Investigación y la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación.

Creo que estas cuestiones son de gran importancia y, por lo tanto, he votado a favor del informe en su totalidad, a pesar de que en principio mantengo objeciones respecto a las demás enmiendas propuestas por el informe.

  David Martin (PSE), por escrito. − En el informe de Kyösti Virrankoski sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2008, podemos ver que la Unión Europea está dispuesta a aportar más dinero para la movilización del Fondo de Solidaridad a favor del Reino Unido. Espero que hagamos lo mismo por otros Estados miembros víctimas de catástrofes naturales, como Grecia. He votado a favor de este informe.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. − (RO) Como diputado electo de Rumanía, acojo con satisfacción la aprobación del proyecto de resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2008. Este proyecto rectificativo es relevante por lo que respecta a la modificación de la plantilla de la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex). Rumanía representa la avanzada oriental de la Unión Europea y es el Estado responsable de la gestión de una de las fronteras exteriores más amplias de la Unión.

Por este motivo, Rumanía debe apoyar siempre la mejora de la cooperación para una mejor gestión de las fronteras y el suministro a la Agencia Frontex de los medios suficientes para desempeñar su función, en las mejores condiciones, tanto si se trata de medios económicos como de personal o equipos. También es sumamente importante la inclusión del artículo sobre gastos extraordinarios de crisis: uno nunca está lo suficientemente preparado para acontecimientos inesperados como estos.

- Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Hemos decidido votar a favor del acuerdo porque, lamentablemente, desde el punto de vista económico el país depende ahora en gran medida del acuerdo pesquero con la Unión Europea. Si el Acuerdo de asociación de la Unión Europea se rescindiese con efecto inmediato, esto tendría graves consecuencias para la economía del país. En efecto, tenemos informes científicos que demuestran que los mares están siendo gravemente sobreexplotados. Por lo tanto, no consideramos que los acuerdos pesqueros con la Unión Europea sean un medio viable, a largo plazo, para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo.

Queremos cambiar la política pesquera de la Unión Europea para que permita una recuperación de las poblaciones de peces. También queremos apoyar el desarrollo sostenible de aquellos países para los que los actuales acuerdos pesqueros con la Unión Europea representan una fuente de ingresos importante, introduciendo cambios en la política comercial y de ayudas de la Unión Europea y a través de diversas formas de asociación.

Los armadores deberían asumir los costes derivados de unos acuerdos de los que ellos mismos se benefician, y queremos ver un cambio constante en esa dirección. Por lo tanto, hemos votado a favor de la enmienda 8, a pesar de que ese cambio debería producirse en un contexto más amplio.

Guinea-Bissau es uno de los países más pobres de África. Queremos subrayar la importancia de que la Unión Europea encuentre otras formas, a más largo plazo y más sostenibles, de apoyar a Guinea-Bissau, dado que el acuerdo pesquero con la Unión Europea representa actualmente el 30 % del PIB del país.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe del señor Capoulas Santos sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bissau, porque creo que se trata de un acuerdo equilibrado que garantiza la sostenibilidad de la pesca y también la protección de los intereses de ambas partes: La Unión Europea y Guinea-Bissau.

Creo que las enmiendas presentadas por el ponente suponen una contribución importante para reforzar la política pesquera de la Unión Europea, en la medida en que ponen de manifiesto la importancia de ampliar el papel del Parlamento y la información que se le suministra.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El Acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bissau para el período comprendido entre junio de 2007 y junio de 2011 contempla la concesión de 37 licencias de pesca, cuatro de ellas para Portugal.

Un total del 35 % de la aportación económica de la Comunidad Europea se dedica a apoyar iniciativas emprendidas en el contexto de la política pesquera sectorial elaborada por Guinea-Bissau. Se hace hincapié en la mejora de las condiciones sanitarias de los productos de la pesca y en la supervisión, el control y la vigilancia de las actividades pesqueras. Es éste un ámbito de actuación particularmente importante, teniendo en cuenta que, según los organismos internacionales, los recursos pesqueros de ese país se han visto notablemente afectados por la pesca ilegal y no regulada, entre otras cosas.

El acuerdo también establece la contratación obligatoria de tripulación local, es decir, de Guinea-Bissau, de acuerdo con el tonelaje bruto del buque. Al igual que en otros acuerdos, se aplicará a estos tripulantes la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El artículo 10 del acuerdo contempla igualmente la constitución de asociaciones entre agentes económicos comunitarios y de Guinea-Bissau, con vistas a la explotación conjunta de los recursos. Esa posibilidad es ventajosa para los buques comunitarios, en la medida en que, de este modo, estarán exentos del pago de los cánones de las licencias.

- Informe: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) Si el Acuerdo de asociación de la Unión Europea se rescindiese con efecto inmediato, esto tendría graves consecuencias para varios países en desarrollo y para el gran número de personas afectadas. Por lo tanto, no podemos sencillamente decir «no» a los acuerdos que la Unión Europea mantiene con otros países en el sector pesquero. Sin embargo, disponemos de informes científicos que demuestran que los mares están siendo gravemente sobreexplotados. Así pues, queremos cambiar la política pesquera de la Unión Europea para que permita la recuperación de las poblaciones de peces. Esto debe formar parte de una importante revisión.

No consideramos que los acuerdos pesqueros de la Unión Europea sean un medio viable, a largo plazo, para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo.

Por lo tanto, queremos apoyar el desarrollo sostenible de aquellos países para los que los actuales acuerdos pesqueros con la Unión Europea representan una importante fuente de ingresos, introduciendo cambios en la política comercial y de ayudas de la Unión Europea y a través de diversas formas de asociación.

Los armadores deberán asumir los costes derivados de los acuerdos de los que ellos mismos se benefician, y queremos ver un cambio constante en esa dirección. Por lo tanto, hemos votado a favor de la enmienda 8, a pesar de que ese cambio se debería producir en un contexto más amplio.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) El objetivo principal del nuevo Acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y Costa de Marfil es reforzar la cooperación entre las dos Partes, a fin de instaurar un marco de asociación que permita una política pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos marinos vivos de la zona de pesca marfileña, prestando especial atención al apoyo a la política pesquera de ese país.

Las dos Partes se concertarán sobre las prioridades que deberán fijarse para tal apoyo y definirán los objetivos, la programación anual y plurianual, y los criterios empleados para evaluar los resultados que se obtengan, con vistas a garantizar una gestión sostenible y responsable del sector. El Acuerdo respeta los principios fundamentales de la política pesquera común y garantiza a Portugal una licencia de pesca para cinco palangreros de superficie.

Así pues, los diputados del PSD (Partido Socialdemócrata) portugués han votado a favor de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este Acuerdo establece la concesión de un total de 40 licencias de pesca a los buques de los Estados miembros de la Unión Europea —cinco de ellas a Portugal— por un período de seis años a partir de julio de 2007. En comparación con el Acuerdo anterior, representa una considerable reducción de las oportunidades de pesca, pero contempla la posibilidad de aumentar las capturas. Las partes acordaron que la aportación económica de la Comunidad Europea se dedicase íntegramente a apoyar las iniciativas emprendidas en el contexto de la política pesquera sectorial elaborada por Costa de Marfil.

Los armadores que se benefician del Acuerdo deberán contratar al menos un 20 % de nacionales de los países ACP entre su tripulación. El Acuerdo establece que estos tripulantes se rijan por la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo. Esta Declaración contempla la libertad de asociación obligatoria y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, así como la eliminación de la discriminación en materia de empleo y profesión. Los sueldos de los marineros se fijarán mediante mutuo acuerdo entre los armadores y los marineros o sus representantes, pero no podrán ser inferiores a los niveles aplicados en sus países de origen, lo que podría suponer un incumplimiento del principio de igualdad de remuneración.

- Informes: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008) y Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

  Lena Ek, Olle Schmidt y Anders Wijkman (PPE-DE), por escrito. − (SV) Hemos decidido votar en contra de los dos Acuerdos de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y Guinea-Bissau y Costa de Marfil, respectivamente. La razón es que la experiencia con este tipo de acuerdos es sumamente discutible. A los países de renta baja se les ofrece el pago de una suma global y, a cambio, ellos abren sus aguas a la pesca comercial por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, principalmente del sur de Europa. Los recursos transferidos son ridículos en relación con las capturas conseguidas; por otra parte, existe un claro riesgo de que la pesca no sea sostenible. Otro argumento es que la pesca de bajura local suele verse afectada de forma negativa. Esperamos que sea posible, en el contexto de la estrategia de desarrollo sostenible (EDS) de la Unión Europea, evaluar estos acuerdos pesqueros sin demora y sustituirlos por programas que sean sostenibles.

- Informe: Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. − (SV) En nuestra opinión, la propuesta de establecer un límite de velocidad común para las autopistas europeas puede tener un efecto medioambiental positivo, en el sentido de que se podrá reducir la velocidad en aquellos Estados miembros que no tienen unos límites de velocidad obligatorios en sus autopistas. No obstante, es importante que ningún Estado miembro se vea obligado a prescindir de la subsidiariedad al elevar el límite de velocidad de sus carreteras. Siempre debe ser posible que los Estados miembros impongan límites de velocidad inferiores a la norma europea.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de propia iniciativa de mi excelente colega italiano, el señor Albertini, que realiza una serie de recomendaciones a los actores de este sector, al objeto de mejorar una situación que se está deteriorando debido a la creciente demanda de petróleo y a la reducción de las reservas, a la congestión cada vez mayor de pueblos y ciudades, y al negativo impacto sobre la salud humana y el cambio climático.

Apoyo los tres ámbitos elegidos para la combinación de políticas públicas: fomentar el desarrollo tecnológico (vehículos con emisiones de 125 g CO2/km como máximo), desarrollar instrumentos de mercado (Sistema de Comercio de Emisiones, incentivos fiscales, impuestos/tasas en función del impacto medioambiental, etc.) y el uso de medidas de acompañamiento para optimizar el uso de los medios de transporte y de las infraestructuras en la medida de lo posible.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, el transporte afecta indudablemente a las condiciones socioeconómicas de la sociedad y, al mismo tiempo, tiene implicaciones directas para el medio ambiente. De hecho, el transporte urbano genera el 40 % de las emisiones de CO2 y hace que Europa se mantenga dependiente y sea «rehén» del mercado de combustibles fósiles como el petróleo, que representa aproximadamente el 70 % de la demanda total.

Estos datos alarmantes son suficientes para explicar la urgencia y la necesidad de formular una nueva estrategia global para el transporte en Europa, que podría en realidad desarrollarse a partir de este informe.

Es necesario reducir la contaminación causada por el transporte de forma urgente y significativa, mediante la imposición de restricciones sobre las emisiones de contaminantes, la modificación de la composición de las mezclas de combustible y la constante oferta de incentivos para la compra y utilización de formas de transporte ecológicas y no contaminantes.

Por lo tanto, la Unión Europea será la responsable de aplicar un plan integrado para conseguir este importante objetivo, comprometiéndose a ofrecer incentivos para el transporte por ferrocarril, ya que éste, con la introducción de las mejoras apropiadas, puede garantizar un elevado nivel de eficiencia con un reducido impacto ambiental. Es necesario completar las redes transeuropeas lo antes posible, lo que exige un mayor apoyo económico por parte de la Unión Europea. Por otra parte, los Estados miembros deben garantizar y velar por la finalización de estas obras de construcción, salvo en los casos en los que se demuestren daños para el medio ambiente o para la salud.

  Sylwester Chruszcz (NI), por escrito. − (PL) La enmienda 1 del informe (A6-0014/2008), relativa a la política de transporte europeo sostenible, presentada por el Grupo del PPE-DE dio lugar a preocupaciones justificadas —tanto por mi parte como en todo el ámbito del transporte—. Esta enmienda tiene por objeto aplazar una revisión de la Directiva «Euroviñeta». Aceptar esta enmienda supondría enviar una señal negativa desde el Parlamento Europeo, contraria al informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo del 28 de enero de 2008. Esta es la razón por la que he votado en contra de la enmienda y en contra del contenido íntegro del informe.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe relativo a la política del transporte sostenible. Tiene en cuenta las políticas europeas de la energía y del medio ambiente. En la Unión Europea, el 70 % de la demanda de petróleo es atribuible al sector del transporte.

Necesitamos poner fin a nuestra dependencia casi total de los combustibles fósiles, combinando las diversas políticas que abarcan todas las modalidades de transporte. Este planteamiento debe reunir las condiciones indispensables para ser realista, tales como la innovación tecnológica que reduzca las emisiones de CO2 de los vehículos y el desarrollo de biocombustibles, la reforma del régimen fiscal para tener en cuenta el impacto medioambiental, y las medidas de acompañamiento para hacer un mejor uso de las infraestructuras y promover el cambio de los hábitos de los ciudadanos.

Cada ciudadano puede contribuir al transporte sostenible dando preferencia al uso del transporte público frente a los vehículos particulares, siempre que esta alternativa sea posible.

Para facilitar el transporte de pasajeros y mercancías utilizando modalidades de transporte con unos bajos niveles de emisiones, tales como el ferrocarril, el transporte fluvial, marítimo y público, será necesario contar simultáneamente con una serie de servicios nuevos, una organización más competitiva del sector y diferentes formas de utilizar ciertas infraestructuras.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Dado que resulta imposible comentar en estas explicaciones de voto todas las cuestiones importantes que plantea este informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo, dada su complejidad y amplitud, cabe señalar que el documento no aborda, o aborda de forma incorrecta, aspectos que los investigadores consideran esenciales a la hora de tratar la problemática del transporte y la energía, así como su impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo:

- no se mencionan los elevados precios del petróleo ni sus consecuencias;

- no se menciona el uso de metano en el transporte por carretera (en forma de GNC, GNL o biometano);

- existe falta de claridad por lo que respecta al uso del hidrógeno como combustible alternativo para el transporte por carretera;

- hay un sesgo carente de sentido crítico hacia el uso de biocombustibles, con sus graves consecuencias ya sobradamente demostradas;

- no se hace referencia a documentos como el programa «Target 2020», que defiende la sustitución para 2020 de aproximadamente el 20 % del petróleo y el gasoil consumido por el sector del transporte europeo.

Finalmente debo señalar que, además de enumerar problemas ya identificados claramente, necesitamos políticas para responder ante ellos de forma eficaz, como cuestionar la actual globalización capitalista y el papel del transporte en este marco, en particular la creciente distancia geográfica entre el punto de producción y el de consumo, con el consiguiente aumento de las necesidades de transporte. Queda mucho más por decir con respecto a esto...

  Jim Higgins (PPE-DE), por escrito. − Mis colegas del Fine Gael del Grupo del PPE-DE y yo mismo queremos confirmar que nos hemos abstenido en relación con las enmiendas 3 y 11, y también respecto al informe en conjunto, por los problemas relativos a la fiscalidad y tasas de circulación. Seguimos pensando que sobre ambas cuestiones les corresponde decidir a los Estados miembros individuales y, por lo tanto, no se deberían incluir en un informe del Parlamento.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos miembros del PE hemos votado a favor del informe de propia iniciativa del señor Albertini sobre el transporte europeo sostenible, porque establece un marco político claro que aumentará la eficiencia y abordará el creciente impacto del transporte sobre el cambio climático. No obstante, a los conservadores nos sigue preocupando el hecho de que la petición que hace el informe de nuevas propuestas por parte de la Comisión en materia de internalización de los costes externos no debería comenzar hasta que se complete íntegramente el análisis del impacto, y el Parlamento ha debatido convenientemente la cuestión. También nos gustaría que esta opción política, si se introduce, se aplicase de forma uniforme a todos los modos de transporte, para que no se produzca ninguna distorsión del mercado.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Voto a favor de la armonización del transporte de la política energética y medioambiental de la Unión Europea, porque solamente los esfuerzos coordinados de estos tres sectores podrán conseguir mejoras duraderas en cada uno de ellos individualmente.

Con mi voto quiero apoyar en particular el desarrollo de un modelo sostenible, transparente y de aplicación general para evaluar los costes externos de todas las modalidades de transporte. Así pues, voto en contra de la enmienda 1, que, en mi opinión, tiene por objeto aplazar la internalización de los costes externos del tráfico por carretera. La aceptación de la enmienda sería perjudicial para los esfuerzos de la Unión Europea por conseguir una política de transporte sostenible y, por otra parte, crearía las condiciones adecuadas para una competencia desleal entre las modalidades de transporte.

Debido al constante aumento del volumen de tráfico y al impacto ecológico resultante, es necesario promover con determinación la cooperación intensiva en toda Europa en materia de nuevas tecnologías y combustibles alternativos, al objeto de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de vida incluso en las zonas congestionadas. En este sentido, invito también a que se reduzca la media de emisiones para los vehículos nuevos hasta 125 g CO2/km, mediante mejoras tecnológicas en el sector del transporte y el uso de biocombustibles.

  David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción las recomendaciones incluidas en el informe de Gabriele Albertini sobre la política europea del transporte sostenible. Todos los ciudadanos de la Unión Europea deberían tener derecho a unos medios de transporte seguros y asequibles. En efecto, la sostenibilidad de este transporte también es una cuestión muy urgente. Para fomentar la innovación tecnológica y los instrumentos de mercado, tales como el Sistema de Comercio de Emisiones o los incentivos fiscales, particularmente en las grandes ciudades y en las zonas sensibles en términos medioambientales, existe la posibilidad de garantizar el uso eficiente de los medios de transporte y de las infraestructuras. Apoyo la petición de un aumento de la inversión en infraestructuras y en sistemas de transporte inteligentes para abordar cuestiones como la congestión. He votado a favor de las recomendaciones del informe.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) A fin de disimular el hecho de que estamos estancados, a pesar de los innumerables planes de acción, ahora se obligará a los conductores a que utilicen sus bicicletas, a base de tasas por congestión, peajes y similares, o se les invitará amablemente que caminen o que hagan un mayor uso del transporte público.

Sin embargo, hay algo que debemos dejar claro a este respecto: todo esto es resultado de la mala coordinación del transporte público local, donde se ha economizado hasta la exageración, del auge de los centros comerciales a las afueras de las ciudades, con el correspondiente declive de las tiendas locales, del deterioro de la calidad de vida en los centros de las ciudades, del aumento de la tasa de criminalidad, de los barrios que acogen grandes cantidades de extranjeros que se convierten en guetos y, por último, aunque no menos importante, del aumento de los tiempos de desplazamiento hasta los lugares de trabajo provocados por el crecimiento urbano descontrolado y por el aumento de la flexibilidad de las jornadas y condiciones laborales, así como la función asociada al vehículo como requisito previo para obtener un empleo remunerado.

En estas condiciones, y teniendo presente el hecho de que los vehículos causan por sí mismos solamente alrededor del 10 % de las emisiones de partículas, la Unión Europea pretende «únicamente» aumentar sus propias competencias en este ámbito, creando sistemas de vigilancia inútiles. En lugar de ello debería coger el toro por los cuernos y combatir las causas en vez de los síntomas, revisando por ejemplo sus políticas de ayudas para no seguir apoyando el crecimiento exponencial de los vehículos pesados, cuya proporción de emisiones producidas es muy superior. Los sistemas de transporte multimodal deberían resultar finalmente ventajosos desde el punto de vista económico, y no se debería consentir que la euforia de la privatización reduzca el transporte público hasta formar un mosaico poco atractivo.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) En las últimas décadas, el sector del transporte ha realizado con éxito inversiones importantes para mejorar la eficiencia energética y ha traído a los mercados tecnologías inteligentes que ofrecen ventajas medioambientales y de seguridad. No obstante, estos esfuerzos parecen no ser suficientes, dado que la demanda en constante aumento de este sector prácticamente los anula.

Así pues, necesitamos adoptar un planteamiento nuevo para esta difícil ecuación, que nos permita responder al desafío. El sector del transporte es un sector económico dinámico; es tecnológicamente avanzado y cada vez más competitivo. La industria ha realizado grandes inversiones en investigación y desarrollo, en constante diálogo con los socios privados e institucionales. Sin embargo, necesitamos una mayor coordinación para sacar todo el partido posible a nuestros esfuerzos. Es fundamental emprender acciones específicas en términos de información y sensibilización de los ciudadanos, también por lo que respecta a su comportamiento. Por otra parte, deberíamos perseguir la colaboración y coordinación en lo relativo al progreso en el ámbito de la eficiencia de los combustibles, la inversión en la mejora de la reglamentación y en la estimulación de un mercado dinámico de vehículos más seguros y menos contaminantes, apoyando la innovación tecnológica.

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del excelente informe elaborado por mi colega el señor Albertini sobre la política europea del transporte sostenible teniendo en cuenta las políticas europeas de la energía y del medio ambiente. Creo que es sumamente importante para la Unión Europea coordinar sus políticas con el fin de desarrollar el transporte público urbano y los sistemas de transporte alternativos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con respecto a las infraestructuras, observo que se continúa insistiendo en los proyectos de transporte por carretera, en detrimento de los proyectos de ferrocarril. La finalización de las redes transeuropeas todavía parece una perspectiva remota, y la contribución de la Unión Europea es mínima en comparación con la carga que soportan los Estados miembros individualmente. Al objeto de reducir las emisiones de gases y mejorar la eficiencia del transporte de mercancías y pasajeros, también quisiera apuntar la necesidad de que la Unión Europea preste apoyo económico a la realización de proyectos prioritarios en el marco de las redes transeuropeas.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) El informe Albertini afirma que una mejor internalización de los costes externos puede ayudar a eliminar las perturbaciones del mercado y el aumento de las emisiones.

Por lo tanto he votado en contra de la enmienda 1, porque tiene por objeto aplazar la internalización de los costes externos del tráfico por carretera. Se trata de una señal equivocada, dado que el tráfico por carretera es el principal responsable de las emisiones del sector del transporte. Espero que la revisión de la Directiva relativa a la aplicación de gravámenes por la utilización de infraestructuras anunciada por la Comisión permita un rápido progreso en este sector.