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Debates
Martes 22 de abril de 2008 - Estrasburgo Edición DO

14. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
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  Presidente. − De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0019/2008).

Se han presentado a la Comisión las preguntas siguientes.

Primera parte

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 45 de Manolis Mavrommatis (H-0218/08).

Asunto: Intercambio de información sobre cuentas bancarias

El reciente escándalo tributario de Liechtenstein ha tenido repercusiones en muchos Estados miembros de la UE. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades competentes, ciudadanos de Estados miembros estarían implicados en actividades de evasión de impuestos. Se me ha informado de que los Ministros de Economía de los 27 han pedido a la Dirección General competente de la Comisión una rápida investigación y que proponga una revisión del marco jurídico con el fin de permitir el intercambio de información sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos.

¿Cómo se protegerán los datos personales de los ciudadanos y, al mismo tiempo, se garantizará la transparencia e impedirán las prácticas de transferencia y blanqueo de capitales ilegales? ¿Qué proceso propondrá la Comisión para que la «apertura» de las cuentas bancarias se procese dentro del máximo respeto a la legalidad? ¿Cómo se prevé la armonización de los sistemas fiscales de los Estados miembros para evitar que se repitan en el futuro este tipo de situaciones de blanqueo de capitales ilegales a través de cuentas bancarias?

 
  
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  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Señor Presidente, Señorías, tenemos que luchar contra la evasión fiscal. De lo contrario, corremos el riesgo de que se socaven los cimientos de nuestra sociedad democrática.

Todo Estado tiene derecho a promulgar normas que garanticen que los impuestos se apliquen de forma eficiente con el consentimiento de los representantes de los ciudadanos. Sin embargo, en este sector las medidas individuales no suelen tener el efecto deseado a escala nacional. En consecuencia, es necesaria una cooperación internacional entre las autoridades fiscales que incluya el intercambio de información sobre cuentas bancarias. Los ministros de Hacienda de los veintisiete Estados miembros están trabajando conjuntamente en esta cuestión a nivel de la UE y ya se han introducido algunas medidas. En este contexto, cabe citar particularmente la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

Además, la Unión Europea ha celebrado acuerdos con terceros países, incluido Liechtenstein, con el mismo fin que la Directiva. Dichos acuerdos garantizan que los intereses recibidos y abonados a los ciudadanos de la UE en estos terceros países estén sometidos al impuesto sobre la renta en su Estado miembro o a una retención en origen, que puede reembolsarse en el Estado miembro de residencia permanente del contribuyente si los ingresos correspondientes se revelan con fines fiscales.

El 4 de marzo de 2008, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros celebró un intercambio de puntos de vista sobre la aplicación de la Directiva en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. Como resultado del debate, los ministros solicitaron a la Comisión que prosiguiese su trabajo sobre un informe relativo a la aplicación de la Directiva desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2005. El informe debía ocuparse de la definición de los términos «pago de intereses» y «beneficiario efectivo».

La cuestión que se presenta con razón aquí es en qué medida son compatibles los sistemas de intercambio de información con la protección de los datos personales. En este contexto, cabe señalar que las normas comunitarias sobre protección de datos, que también se aplican en el Espacio Económico Europeo, brindan a los Estados miembros la oportunidad de emprender acciones legislativas con las que los interesados puedan verse limitados en algunos de sus derechos, como el derecho de acceso o el derecho a la información, si ello es necesario para la protección de intereses financieros o económicos importantes de la Unión Europea o de un Estado miembro. Esto también se aplica a los ámbitos de las finanzas, los presupuestos y la tributación.

Se imponen limitaciones similares a la aplicación efectiva de la tercera Directiva sobre blanqueo de capitales. En todos los casos, a la hora de proporcionar y procesar datos personales, los Estados miembros deben garantizar de forma razonable que sus organismos competentes cumplen las normas comunitarias y las normas nacionales sobre protección de datos correspondientes.

Debe encontrarse un equilibrio entre la persecución lícita de fines en términos de política fiscal y la protección de la privacidad.

 
  
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  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Comisario, la historia de la fiscalidad está llena de cuentas bancarias falsas, que son aún más perjudiciales cuando esos escándalos salen a la luz en países europeos. Cuando esto ocurre, nos limitamos a tomar nota del suceso, pero cada vez que se repite un incidente de este estilo, no podemos dejar de recordar casos similares.

¿Estima usted en general, Comisario, que el sistema actual es, en la práctica, a prueba de fraudes?

 
  
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  Günter Verheugen , (DE) Vicepresidente de la Comisión. − (DE) La pregunta de su Señoría puede contestarse con un simple no. Sabemos que los sistemas que tenemos actualmente no son infalibles. Por tanto, estamos realizando esfuerzos para mejorarlos. Las normas concretas de lucha contra el blanqueo de capitales son ciertamente susceptibles de mejorar y también estamos realizando esfuerzos en la cooperación con los países europeos que forman parte del Espacio Económico Europeo pero no de la Unión Europea a fin de lograr las mejoras correspondientes.

La Comisión ha solicitado y recibido un mandato de negociación del Consejo por el que se la autoriza a negociar específicamente con Liechtenstein en relación con la forma de eliminar las actuales carencias del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Tengo la esperanza de que la fuerte opinión pública que hemos observado recientemente en Europa sobre este asunto nos ayude a lograr los acuerdos necesarios. Estamos trabajando intensamente en esta cuestión pero, como saben sus Señorías, los asuntos fiscales son extraordinariamente delicados. Incluso en los Estados miembros queda todavía margen de mejora.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, usted han señalado con razón que debemos de luchar contra la evasión y el fraude fiscales, no cabe duda. Han señalado que necesitamos recursos jurídicos para ello dentro del Estado de Derecho de la Unión Europea.

Según la prensa, algunos de los datos de este escándalo de Liechtenstein están llegando a los organismos financieros tras haber pagado las autoridades alemanas por información adquirida a través de medios delictivos. ¿Es esta la forma correcta?

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Presidente, tanto si es la forma correcta como si no, es bueno que se haya filtrado. Comisario, en este caso ha aparecido un sistema que sigue beneficiando a quienes ya se ocupan de que las grandes empresas paguen cada vez menos impuestos y que parece que ahora han dejado de pagarlos. Creo que esta situación es inaceptable. Me interesaría saber exactamente qué asuntos se están negociando con Liechtenstein y qué desea hacer concretamente para poner fin a estos crímenes —y digo «crímenes» deliberadamente— en el futuro.

 
  
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  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Sobre la primera pregunta, me gustaría responder que seguramente no compete a la Comisión Europea valorar qué métodos utilizan los Estados miembros para luchar contra la evasión fiscal de sus ciudadanos.

He señalado que en asuntos fiscales, las normas generales también se aplican a la protección de datos personales, aunque los Estados miembros tienen derecho a restringir dichas normas si ello sirve para proteger sus intereses financieros.

Creo que su pregunta debe responderla el Gobierno alemán. Que yo sepa, antes de la decisión investigó en gran detalle la legalidad del procedimiento en el caso que su Señoría ha descrito y llegó a la conclusión de que las autoridades fiscales alemanas tenían derecho a hacerse con los datos en cuestión.

En relación con la segunda pregunta, muy general, estoy de acuerdo con su Señoría en que es una contrariedad que en el actual Tratado de la UE no tengamos la posibilidad de garantizar que el fraude fiscal o la evasión de impuestos se persigan de la misma forma en Europa y que ni siquiera pueda garantizarse que no se favorezcan el fraude fiscal y la evasión de impuestos.

En los últimos años hemos logrado mucho, especialmente habida cuenta de la necesaria lucha contra el blanqueo de capitales y todas las formas de delincuencia internacional y terrorismo. Sin embargo, ya he señalado que la Comisión cree que hay oportunidades de mejora en este ámbito y que queda absolutamente claro lo que deseamos lograr con Liechtenstein, y con otros países. Deseamos mantener la misma cooperación y el mismo intercambio de información en relación con Liechtenstein que el que ya existe entre los Estados miembros de la UE.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 46 formulada por Saïd El Khadraoui (H-0234/08)

Asunto: Emisión de partículas finas por las motocicletas

Un estudio efectuado por la Universidad de Utrecht demuestra que las motocicletas y los scooters emiten grandes cantidades de partículas finas y ultrafinas. En doce ciudades medianas, los investigadores han procedido a la medición de las emisiones con que se enfrentan ciclistas y automovilistas. El estudio demuestra que los ciclistas aspiran una cantidad máxima de partículas finas cuando se encuentran cerca de una motocicleta. Al parecer, éstas emiten más partículas finas por segundo que un camión. En la Directiva 2002/51/CE(1) se establecen normas de emisión para tales vehículos. No obstante, la Directiva en cuestión no menciona las partículas finas.

¿Es consciente la Comisión del problema de la contaminación por los scooters? ¿Qué piensa hacer la Comisión para abordar adecuadamente este problema?

 
  
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  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea lleva años abogando por la reducción de las partículas finas y ultrafinas. Desde 2005, la Comisión ha propuesto una serie de medidas legislativas para la mejora de la calidad del aire, que sus Señorías conocen. Sin embargo, como parte del Séptimo Programa Marco de Investigación, se están estudiando aspectos importantes de una política de transportes favorable al medio ambiente.

A la hora de establecer normas de emisión de partículas aplicables a vehículos, la Comisión se concentró primero en los automóviles diesel y en los vehículos comerciales, puesto que el suministro de dichos vehículos era considerablemente mayor que el suministro de vehículos de dos ruedas motorizados. En consecuencia, al principio nos concentramos en solucionar el problema donde se presenta de forma importante y hemos logrado hitos importantes.

En 2007 el Parlamento y el Consejo adoptaron un reglamento sobre las emisiones de los turismos y los vehículos comerciales ligeros, las normas Euro 5 y Euro 6, que ya están aprobadas y van a entrar en vigor. Estas normas Euro 5 y Euro 6 están reduciendo las emisiones de partículas adicionales procedentes de los vehículos diesel de la actual cifra de 25 miligramos por kilómetro a 5 miligramos por kilómetro.

Además, el 21 de diciembre de 2007, la Comisión presentó una propuesta de reglamento sobre las emisiones de los vehículos pesados, la norma Euro VI, que reduce los límites de las emisiones de óxido de nitrógeno en un 80 % y de las emisiones de partículas en un 66 % en relación con la norma Euro V actualmente en vigor.

El problema de las emisiones de partículas procedentes de vehículos de dos ruedas está causado esencialmente por los motores de dos tiempos. En comparación, las emisiones de partículas de los motores de cuatro tiempos son muy bajas aunque correspondan a la norma Euro 5.

En 2004, la Comisión encargó un estudio orientado a aclarar si es razonable una disposición legal para limitar las emisiones particulares procedentes de motores de dos tiempos. El resultado del estudio fue que las partículas emitidas por estos motores son sobre todo hidrocarburos. Los límites de emisiones de hidrocarburos procedentes de motocicletas y ciclomotores —por tanto, vehículos de dos ruedas— se reforzaron considerablemente en 2004 y en 2007, por lo que la situación de los automóviles nuevos ha mejorado significativamente. Además, los fabricantes están abandonando los motores de dos tiempos en favor de los de cuatro para poder respetar de forma general los límites de hidrocarburos. Por este motivo, la Comisión no ha presentado medidas concretas de limitación de las emisiones de partículas procedentes de vehículos de dos ruedas. Sin embargo, debo decir que la situación es claramente más crítica para los vehículos más antiguos con motores de dos tiempos que emiten hidrocarburos y partículas en grandes cantidades. No obstante, dichas emisiones pueden reducirse considerablemente si para lubricar el motor se utiliza aceite sintético en lugar de aceite mineral. Por tanto, la Comisión apoya la campaña correspondiente creada por la Asociación de Fabricantes Europeos de Motocicletas y por la Asociación de Motociclistas. No obstante, la Comisión está estudiando la necesidad de revisar las disposiciones legislativas aplicables a los vehículos motorizados de dos y tres ruedas.

A comienzos de este año se encargó un estudio que analizará los resultado del estudio de 2004 teniendo en cuenta los últimos avances técnicos. Los resultados del citado estudio estarán disponibles a finales de este año. Si se determina que es necesario que la Comisión presente una propuesta legislativa —que estoy dispuesto a elaborar en caso necesario—, tendría lugar en 2009.

Según la Directiva marco sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente y las diversas Directivas pertinentes que definen los límites de emisión de las partículas PM10 y del benceno, los Estados miembros deben garantizar a través de medidas apropiadas que se mantengan los límites a nivel nacional en la fecha acordada. Asimismo, los Estados miembros deben adoptar medidas de urgencia en el caso de que se superen temporalmente los límites. En las zonas con mayor probabilidad de que los motores de dos tiempos superen los límites, los Estados miembros tendrán en cuenta la situación con sus respectivos planes de calidad del aire y medidas de urgencia después de que la Comisión haya realizado una evaluación.

 
  
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  Saïd El Khadraoui (PSE). – (NL) Señor Presidente, Comisario, gracias por su minuciosa respuesta. Con razón se ha referido su Señoría a los esfuerzos que ha realizado el Comisario en relación con las emisiones procedentes de camiones y furgonetas, pero todavía no se ha elaborado ninguna propuesta legislativa en relación con las motocicletas. Su Señoría ha hecho referencia a los esfuerzos de la industria por sustituir los motores de dos tiempos con motores de cuatro tiempos, lo que supondría un avance positivo.

En primer lugar, me pregunto en qué medida se limita a ser un acuerdo no vinculante. ¿El acuerdo es real? En segundo lugar, tenemos que saber que la contaminación está muy localizada y, por ejemplo, tiene un efecto importante en los ciclistas que circulan en las proximidades inmediatas de las motocicletas, lo que constituye un problema de salud pública.

 
  
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  Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. − (DE) Entiendo muy bien la pregunta de su Señoría. Lo que estamos tratando no es un acuerdo con la industria propiciado por la Comisión, como sucedió, por ejemplo, con la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, sino más bien con una especie de evolución automática. Como he dicho, los fabricantes de vehículos de dos ruedas no pueden cumplir los estrictos límites que ya existen para las emisiones de hidrocarburos con motores de dos tiempos convencionales. Simplemente, no pueden. Por ello, están pasando a utilizar motores de cuatro tiempos, lo que plantea un problema distinto.

El estudio que he mencionado revelará los resultados de este avance técnico y vuelvo a repetir: si se dedujese que el problema que he mencionado no pudiese resolverse automáticamente, por decirlo así, sería entonces necesario presentar una propuesta legislativa. Vuelvo a reiterar: estoy dispuesto a encargarme de ello.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 47 formulada por Johan Van Hecke (H-0243/08)

Asunto: 2 200 millones de niños necesitados en el mundo

2 200 millones de niños sufren en todo el mundo las consecuencias de la pobreza, el analfabetismo, los abusos sexuales y los conflictos militares. Un niño nacido en el África subsahariana tiene una posibilidad entre seis de morir antes de alcanzar los cinco años. De acuerdo con la Unicef, más de 27 000 niños mueren todos los días, gran parte de ellos como consecuencia de enfermedades que podrían evitarse. Los datos de la Unicef demuestran que, en todo el mundo, 93 millones de niños en edad escolar (estudios primarios) no se encuentran escolarizados, entre ellos 41 millones en el África subsahariana, 31,5 millones en el sudeste asiático y 6,9 millones en Oriente Próximo y en África septentrional.

En vista de que el próximo año se cumple el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, estas cifras son especialmente desesperanzadoras. ¿Tomará la Comisión medidas concretas para combatir la explotación de los niños, tanto en lo que se refiere al sector de los servicios sexuales como a las situaciones en que son reclutados como soldados? Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, en el que se han incorporado los derechos del niño, ¿dispondrá la Comisión de más competencias en este ámbito?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, la Comisión está de acuerdo con el análisis del señor Van Hecke, y me gustaría decirle que la Comisión está realizando esfuerzos muy activos en la lucha contra el maltrato infantil. Los derechos de los niños son una de las principales prioridades de los objetivos estratégicos de la Comisión para 2005-2009. Dicha prioridad se expresó en la Comunicación de la Comisión, de 2006, titulada «Hacia una estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia», y recientemente en la Comunicación de la Comisión «Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE», adoptada el 5 de febrero de 2008. El objetivo de la Comunicación adoptada recientemente es crear un marco para un enfoque europeo común a fin de proteger y promover los derechos del niño en terceros países, lo que se reflejaría en todos los ámbitos de nuestras relaciones exteriores, como la ayuda al desarrollo, la ayuda humanitaria y la política comercial.

El Plan de Acción «Derechos de la infancia en la acción exterior», incluido en la Comunicación, identifica los principales ámbitos prioritarios que requieren medidas a escala regional y mundial: el trabajo infantil, la trata de niños, la violencia contra los niños, incluida la de carácter sexual, y los niños afectados por conflictos armados. A fin de aplicar estas políticas, la Comisión hará uso de los 25 millones de euros del programa temático «Invertir en las personas» con el objetivo de apoyar iniciativas en los siguientes ámbitos. la trata de niños, los niños afectados por conflictos armados, la salud sexual y reproductiva y los derechos de los jóvenes. La Comisión continuará apoyando, dentro del marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, proyectos que apliquen los principios básicos de la UE de apoyar y proteger los derechos del niño, y los principios relativos a los niños afectados por conflictos armados. Aunque todavía no se ha ratificado el Tratado de Lisboa, cabe señalar que establece que, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión contribuirá a la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño. Con ello, la Unión da prioridad en su política exterior al asunto de los derechos humanos del grupo probablemente más vulnerable de la sociedad.

 
  
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  Johan Van Hecke (ALDE).(NL) Señor Presidente, me gustaría agradecer al Comisario y a la Comisión los esfuerzos que están realizando para proteger los derechos del niño lo máximo posible. Sin embargo, deseo actualizar mi pregunta. La Unicef acaba de publicar un informe que señala que la semana pasada en el Congo oriental, de 2 000 a 3 000 niños han sido secuestrados por milicianos y están siendo vergonzosamente maltratados en el conflicto armado. ¿Qué otras medidas piensa que podría adoptar la Comisión para evitar dichas situaciones in situ? Aprecio todos los esfuerzos y aprecio lo que está previsto en el Plan de Acción. No obstante, cuando se habla con las personas in situ parece que no se están movilizando personas o recursos suficientes para proteger los derechos de los niños en conflictos armados.

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, señor Van Hecke, por supuesto un acto tan trágico y cruel nos hace preguntarnos qué más podemos hacer. A mi parecer, la estrategia de la Comisión Europea es coherente y consecuente, dentro de la capacidad y la base legal de que dispone la Comisión. En lo que se refiere a las situaciones que ocurren a nivel local, creo que es importante tomar una decisión en el momento y el lugar en el que existe el riesgo, en función de las estructuras de que disponga la Comisión y de acuerdo con las opciones políticas y organizativas. Por tanto, tiene razón su Señoría: para reforzar la protección de los niños contra violencia similar, siempre es necesario utilizar las estructuras y actividades que existen donde ocurren los acontecimientos.

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, el Comisario sin duda sabrá que hace un par de semanas la familia McCann, perteneciente a mi circunscripción, visitó el Parlamento Europeo. Habían mantenido correspondencia con el Comisario Frattini previamente en relación con el sistema de alerta ámbar sobre sustracción de menores. Me preguntaba en qué etapa se encuentra el proyecto dentro de la Comisión ahora que se ha ido el señor Frattini y el Parlamento está ocupado firmando una declaración escrita que dará impulso a esta idea. Nos preguntábamos si la Comisión ha tomado medidas al respecto, si está impulsando la iniciativa y qué Comisario es responsable de ello en estos momentos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Estamos continuamente expuestos a las noticias que aparecen en los medios sobre la trata de personas por parte de organizaciones europeas o incluso estadounidenses. Se sospecha que hay asociaciones de adopción de Austria, Francia y otros países que podrían estar realizando actividades de trata de personas. Durante mucho tiempo se ha venido informando de dudosos casos de procedimientos de adopción y de casos de comercio con órganos de bebés y posterior prostitución. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para poner fin a estos casos?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) La primera pregunta estaba dirigida al Comisario Frattini, que ha decidido volver a la política nacional. Actualmente, esta cartera es responsabilidad de mi colega el Comisario Barrot y será él quien responda a su pregunta y le dé los últimos detalles sobre la preparación del proyecto que su Señoría ha mencionado.

La otra cuestión de gran importancia, la adopción internacional, es un asunto muy delicado: no podemos aceptar en absoluto la idea de que la adopción internacional es mala per se, ya que proporciona a muchos niños una familia y un hogar adecuados. Por supuesto, también es cierto que en los límites de la adopción internacional estamos asistiendo a métodos y políticas peligrosas y despreciables. En cualquier caso, con respecto a la competencia de la Comisión Europea, son los Estados miembros quienes deben adoptar medidas que impedirían que se abuse de la adopción internacional. Por supuesto, esto es aplicable también a la República de Austria. Me gustaría señalar que las normas sobre adopción internacional no son en absoluto uniformes en la Unión Europea, y que cada país adopta sus propias normas nacionales dentro del marco de los convenios internacionales sobre protección de menores; dichas normas nacionales podrían modificarse y mejorarse de distintas maneras. Señorías, desearía repetir que, en principio, la adopción internacional brinda a muchos niños la oportunidad de encontrar una familia y una vida normal; no obstante, por otro lado, se trata de un ámbito muy delicado que entra dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros.

 
  
  

Segunda parte

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 48 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0160/08)

Asunto: Reformas del sistema de seguridad social en Grecia

Tanto las decisiones del Consejo como los documentos de la Comisión Europea mencionan reiteradamente la necesidad de modernizar y sanear los sistemas de seguridad social de los Estados miembros y readaptar los límites de la edad de jubilación, así como los efectos negativos de la jubilación anticipada en la economía y la sociedad.

¿Puede indicar la Comisión Europea si participa con carácter consultivo en el proceso de adaptación y si evalúa las nuevas medidas legislativas de los Estados miembros?

Considerando que las recientes reformas del sistema de seguridad social en Grecia competen a las autoridades nacionales, ¿existe una evaluación de las mismas por parte de la Comisión Europea?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, la Comisión es consciente de los problemas demográficos que afectan al sistema de pensiones. Debido a la continua disminución de la tasa de nacimientos desde los años setenta y dado el aumento de la esperanza de vida, un número cada vez menor de personas en edad de trabajar tendrá que prestar apoyo a un número cada vez mayor de personas que no pertenecen a la población activa. Como saben, en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la protección social entra dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros. Por tanto, la Comisión no interviene en los sistemas de pensiones de los Estados miembros y ni siquiera tiene una función asesora en relación con adaptaciones nacionales. Por ello, los Estados miembros y la Comisión aceptaron colaborar en el ámbito de la protección social y la inclusión social, sobre la base del método abierto de coordinación, que significa que la Comisión y el Consejo fijan objetivos conjuntos, los Estados miembros informan sobre dichos objetivos y la Comisión recopila sus hallazgos en el informe, que posteriormente es adoptado por el Consejo.

Los Estados miembros presentaron el primer conjunto de informes estratégicos nacionales en 2002, y el segundo conjunto en 2005. Este segundo conjunto fue resumido por la Comisión en el Informe conjunto sobre protección social e inclusión social, adoptado por el Consejo de Europa en 2006. La evaluación muestra que, aunque las recientes reformas han supuesto incentivos más enérgicos para que las personas trabajen más años, todavía se necesitan más medidas para lograr aumentar la tasa de ocupación, en particular, en el caso de las mujeres y los trabajadores de mayor edad. Lograr tasas de ocupación más elevadas es la mejor manera de garantizar que los sistemas de pensiones sigan siendo adecuados y sostenibles. En Grecia, los riesgos de pobreza en la vejez son notablemente mayores que la media: el 26 % de las personas mayores de 65 años en 2005, comparado con el 19 % de las personas de 64 años. El sistema de pensiones griego debe reformarse para hacerlo más apropiado y más sostenible.

Se necesitan reformas para animar a las personas mayores y las mujeres a trabajar más y durante más tiempo. Considerando la baja participación de las mujeres, necesitamos aplicar políticas dirigidas a lograr tasas de ocupación más elevadas entre las mujeres a fin de garantizar que los sistemas de pensiones sean adecuados y sostenibles a largo plazo. Puesto que los sistemas de pensiones ya se enfrentan a dificultades financieras en la actualidad, la pobreza entre las personas mayores continuará siendo un problema en el futuro hasta que quienes no participan en el sistema básico de pensiones obtengan el derecho a percibir una pensión tras un período más largo de tiempo.

Se espera que el próximo conjunto de informes estratégicos nacionales se elabore en 2008. La Comisión realizará un resumen de los principales hechos ocurridos en los Estados miembros, lo que conformará la base del Informe conjunto sobre protección social e inclusión social que se presentará en 2009.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Comisario, gracias por su informativa respuesta. Permítanme abordar el asunto de la jubilación anticipada de madres por tener hijos que todavía son menores de edad en el momento de la jubilación. En Grecia, el umbral de la jubilación anticipada solía ser los 50 años; para las generaciones futuras se ha elevado a los 55, pero no así para las madres con hijos. ¿Qué opinión le merece este umbral desde el punto de vista de la Comisión y en comparación con lo que conoce de otros Estados miembros?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Como mencionaba al principio, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la estructura general de los sistemas de pensiones es responsabilidad de los diversos Estados miembros y entra dentro de su ámbito de competencias. Los Estados miembros utilizan distintos métodos para fijar la edad de jubilación. La más común son los 65 años, pero hay países en los que la edad de jubilación es superior, al igual que hay otros en los que es inferior. Lo mismo se aplica a las pensiones de las mujeres: se establecen diferentes edades a partir de las decisiones y debates políticos de los diversos Estados miembros. El principio básico defendido por la Comisión, y consagrado en el Tratado, es que estos sistemas no deben ser discriminatorios en ningún sentido. Una vez cumplida esta condición, constituye íntegramente una responsabilidad de los Estados miembros el establecer la edad de jubilación. Por esta razón no deseo comentar en detalle las distintas edades de jubilación en los diversos Estados miembros.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 49 de Eoin Ryan (H-0179/08)

Asunto: Lucha contra el desempleo de los jóvenes y el desempleo de larga duración en Europa

¿Puede proporcionar la Comisión información completa sobre las iniciativas emprendidas este año para luchar contra el desempleo de los jóvenes y el desempleo de larga duración en Europa? En particular, ¿puede indicar qué regímenes se promueven para que las personas en el desempleo adquieran conocimientos y cualificaciones en las nuevas tecnologías de la información?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, la Comisión está alarmada ante la elevada tasa de desempleo de los jóvenes en los Estados miembros, que a finales de 2007 era del 15,2 %, es decir, casi el doble que la tasa general. La Comisión también expresa su preocupación por la persistencia del desempleo de larga duración, que afecta a aproximadamente la mitad (45 %) de las personas desempleadas, aunque debo subrayar que hemos observado una reducción considerable del desempleo de larga duración en los últimos tiempos. Esta disminución varía dependiendo del Estado miembro, pero es cierto que existe una tendencia a la baja en toda la UE.

Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante. Muchos jóvenes terminan sus estudios sin adquirir las habilidades necesarias para acceder al mercado de trabajo. Esto sucede porque aproximadamente uno de cada seis jóvenes de la Unión Europea abandona el sistema educativo antes de tiempo y uno de cada cuatro no termina la educación secundaria.

Pese a los considerables esfuerzos realizados por los Estados miembros por mejorar la tasa de ocupación de los jóvenes, aproximadamente la mitad de los países todavía no ha alcanzado el objetivo de darles a los jóvenes desempleados la oportunidad de «comenzar de nuevo» en el plazo de seis meses, que era lo estipulado para 2007, o cuatro meses, que era el objetivo para 2010.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de aplicar medidas para reducir la tasa de desempleo juvenil y de larga duración. La Unión Europea tiene un papel complementario a través de la coordinación de las políticas nacionales de empleo de los Estados miembros y a través del apoyo financiero dentro del Fondo Social Europeo.

Como saben, cada año, la Comisión adopta su informe anual de progreso sobre la estrategia de desempleo. En su reunión de marzo de 2008, el Consejo Europeo aprobó varias recomendaciones a los Estados miembros: diecisiete eran recomendaciones en el ámbito de la educación y la formación profesional, y quince, en el ámbito del desempleo.

Creo que hay tres vías de acción vitales para la mejora de la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo.

1. Mejora de la educación y la formación: es importante concentrar los esfuerzos en desarrollar habilidades esenciales en la infancia y en crear un mecanismo de apoyo que impida que los jóvenes abandonen el sistema educativo antes de tiempo. El Programa de aprendizaje permanente, en funcionamiento desde 2007, contribuye al desarrollo de la Unión Europea como sociedad avanzada basada en el conocimiento prestando ayuda para la modernización y el ajuste de los sistemas educativos y la formación profesional en los Estados miembros.

2. Apoyo a la inclusión social: en este contexto, debe prestarse atención especial a la mejora de la situación de los jóvenes más vulnerables y a la erradicación de la pobreza infantil.

3. Mejora de la movilidad geográfica: actualmente, el desempleo está acompañado de escasez de empleo en los mercados de trabajo. Esta situación ha instado a la Comisión a apoyar la cooperación entre los Estados miembros y, en particular, a animar a una mayor movilidad de los jóvenes en la Unión Europea.

Al aplicar sus políticas del mercado de trabajo, los Estados miembros también reciben asistencia financiera en el marco de los Fondos Estructurales y, en particular, del Fondo Social Europeo (FSE).

Los Estados miembros disponen de 75 000 millones de euros para el período 2007-2013. El Fondo Social Europeo es muy importante. Aproximadamente el 25 % de los ciudadanos de la Unión Europea participaron de alguna manera en proyectos del FSE en 2007, lo que supone que, cada año, se presta asistencia a aproximadamente un millón de personas que sufren exclusión, incluidos jóvenes. Cada año aproximadamente dos millones de personas acceden al mercado de trabajo tras haber recibido asistencia del Fondo Social Europeo.

Aunque el Fondo Europeo de Desarrollo Regional no se concentra en los jóvenes per se, cofinancia proyectos que afectan directamente a jóvenes, como la infraestructura de educación y formación profesional, la investigación universitaria y el apoyo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. En el marco de la iniciativa «Regiones para el cambio económico», la Comisión apoya un intercambio de mejores prácticas a través de la red regional «Integrar a la juventud marginada».

Señoras y señores, la lucha contra el desempleo juvenil y contra el desempleo de larga duración representa una prioridad para Europa y para los Estados miembros. La integración de los jóvenes en la vida laboral y en la sociedad y, por tanto, el mejor aprovechamiento de su potencial, constituyen las principales condiciones previas para la reanimación del crecimiento fuerte y duradero en Europa.

 
  
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  Eoin Ryan (UEN). – Gracias por haber dado una respuesta tan exhaustiva.

¿Están ustedes animando o impulsando a los Estados miembros a utilizar mejores prácticas o ejemplos de mejores prácticas de un país en otro para tratar de reducir el desempleo de larga duración entre los jóvenes? Estoy seguro de que algunos países tienen, por decirlo así, más éxito que otros, y me preguntaba si hay alguna manera de que los Estados puedan establecer vínculos recíprocos para aprender de las experiencias de los demás.

En el pasado he criticado las respuestas a las preguntas, pero me gustaría felicitarlo por lo detallado de su respuesta.

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Ryan, el intercambio de información y buenas prácticas es una de las enormes ventajas de la Unión Europea. Constituye una parte permanente del método abierto de coordinación y de nuestra labor, y me gustaría subrayar que la Presidencia eslovena, por ejemplo, ha dedicado una de sus conferencias a la cuestión del empleo juvenil. Es una oportunidad habitual y propicia para comparar los diversos enfoques de los Estados miembros. Tiene razón su Señoría: algunos Estados miembros son más rápidos y más eficientes que otros a la hora de encontrar soluciones para algunas cuestiones. En consecuencia, el constante ejercicio de intercambio y comparación de experiencias y conocimientos prácticos es un método muy eficaz de lograr avances.

 
  
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  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Factores como nuevas habilidades, Internet, la tecnología, etc. son ciertamente muy importantes en el mercado de trabajo. Sin embargo, todos hemos comprobado que justamente en el desempleo juvenil suele ser la falta de habilidades fundamentales —lectura, escritura y aritmética— la verdadera razón de que los jóvenes no consigan acceder al mercado de trabajo por primera vez y en los primeros años. ¿Hay algún aspecto específico que centre la atención en este ámbito?

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – Señor Presidente, Comisario, usted ha mencionado el desempleo juvenil y, en la pregunta anterior, la contratación insuficiente de mujeres.

¿Piensa la Comisión presentar propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar y, en particular, con respecto a las bajas por maternidad y paternidad?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Permítanme volver brevemente sobre lo que dije al comienzo. Actualmente, la Comisión se concentra, en particular a través del trabajo realizado por mi colega el comisario Figel’, en las tasas de abandono escolar y en la adquisición de las habilidades básicas. Tiene razón su Señoría: es vital que las personas adquieran las habilidades básicas y la capacidad de aprendizaje en la niñez y adolescencia porque así tienen más facilidades para progresar profesionalmente y triunfar más adelante. Con nuestros programas, como los financiados por el Fondo Social Europeo, nos concentramos en algo que yo llamaría una «segunda oportunidad», en otras palabras, dar a los niños que han tenido problemas (y hay bastantes) la oportunidad de volver a las estructuras formales y completar su educación. Éste es uno de los aspectos que centra la atención de la Comisión porque, como he mencionado, se trata de un asunto crucial.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 50 de Robert Evans (H-0185/08)

Asunto: Legislación antidiscriminación de la UE

En el marco de la actual legislación comunitaria, los ciudadanos de la UE están protegidos contra la discriminación por motivos de edad, religión o creencias, discapacidad y orientación sexual sólo en el ámbito del empleo y de la formación profesional, mientras que en los ámbitos de la educación, la protección social y el acceso a bienes y servicios, la legislación en materia de igualdad sólo es aplicable por razones de raza u origen étnico.

Teniendo en cuenta que la legislación se amplía para incluir más categorías en el ámbito de los bienes y servicios, ¿qué atención ha prestado la Comisión a las consecuencias imprevistas que esto puede ocasionar?

Por ejemplo, en referencia a una nueva legislación, ¿qué salvaguardias ha considerado la Comisión para garantizar que las reducciones para las personas mayores y los grupos beneficiarios no se vean afectadas de manera adversa?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, como saben, la Unión Europea ha creado un amplio marco de lucha contra la discriminación y puede estar orgullosa de los resultados obtenidos. Sin embargo, algunos grupos disfrutan de un nivel de protección más elevado que otros. Concretamente, esto supone que las personas están protegidas contra la discriminación por razón de edad, discapacidad, orientación sexual o religión, pero dicha protección únicamente es tan compleja en el puesto de trabajo. Sólo el ámbito de la protección contra la discriminación por razón de origen étnico o racial y sexo es más amplio.

Como se anunció en el programa legislativo y de trabajo 2008 de la Comisión, estamos preparando una propuesta de Directiva en base al artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que aplique el principio de igualdad de trato a ámbitos no pertenecientes al empleo y amplíe el marco jurídico comunitario existente. Las decisiones sobre los detalles todavía no se han tomado: por ejemplo, estamos a la espera de los resultados de un estudio de impacto que se está realizando y que estarán pronto disponibles. Sin embargo, la Comisión comprende la necesidad de equilibrar los principios de no discriminación y trato preferente; en determinadas circunstancias, este último puede estar justificado.

En los Estados miembros existen varios tipos de trato preferente que ofrecen trato especial a determinados grupos por razones concretas sin que resulte discriminatorio. Un ejemplo de trato preferente es el transporte público gratuito para las personas mayores, medida de apoyo a la movilidad. La Comisión no considera ilegales estas prácticas si tienen un fundamento legítimo en la legislación nacional por motivos sociales, educativos, culturales u otros.

 
  
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  Robert Evans (PSE). – Señor Presidente, me gustaría agradecer al Comisario el haber asegurado al final de su intervención que la Comisión no tiene la intención de que lo que ha descrito como «trato preferencial» resulte afectado negativamente. Creo que es un hecho positivo. Si la labor que ha descrito continúa y puede lograr el equilibrio justo, creo que todos los países de la Unión Europea se congratularán de ello. Le agradezco sus garantías.

Aprovechando mi intervención, sobre una cuestión relacionada, ¿tiene el Comisario idea de cuándo espera publicar su propuesta relativa a una decisión para adherirse al Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que, por supuesto, entra dentro de esta misma categoría?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) El Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad se firmó durante la Presidencia de Luxemburgo también gracias a los esfuerzos coordinados de la Unión Europea. Estoy seguro de que dicho Convenio no habría podido celebrarse sin nuestros esfuerzos. Por supuesto, su ratificación compete a los Estados miembros y la Unión Europea desea apoyarla y acelerarla a través de sus debates con los Estados miembros.

Sobre su pregunta relativa a para cuándo espero la publicación de la propuesta, la fecha límite provisional es finales de junio de este año, pero reitero que se trata sólo de una fecha provisional.

 
  
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  Jim Allister (NI). – Señor Presidente, me gustaría abordar con el Comisario el asunto de la discriminación por razón de culto y el asombroso hecho de que, pese a la protección de la UE contra la discriminación por razón de culto, hay un lugar en la UE en el que ésta se permite. Por desgracia, se trata de mi circunscripción de Irlanda del Norte, donde, debido a una excepción de la legislación de la UE —permitida por ésta—, se ha declarado expresamente que es legal discriminar a los protestantes en la contratación del servicio de Policía de Irlanda del Norte. ¿Puede decirnos el Comisario cuándo cesará esta absurda situación y se restituirán a los miembros de mi circunscripción los derechos de que otros disfrutan?

 
  
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  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Muy brevemente, estoy más tranquilo, al igual que el autor de la pregunta, Robert Evans, sobre las intenciones del Comisario en relación con medidas legislativas futuras. Sin embargo, la pregunta hablaba concretamente de los posibles riesgos de las consecuencias imprevistas.

Dado lo delicado del asunto, ¿podría confirmar el Comisario, antes de que cualquier legislación futura en la materia adquiera la categoría de definitiva, que toda evaluación de impacto ambiental sería especialmente rigurosa y se efectuaría previamente?

 
  
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  Vladimír Špidla, Miembro de la Comisión. (CS) Las Directivas existentes establecen normas especiales sobre comunidades y creencias religiosas. En este contexto, a la hora de supervisar las medidas, la Comisión también supervisa la aplicación de las normas. Es una cuestión compleja y muy delicada pero, en general, está regulada por las Directivas europeas y la Comisión puede determinar si los Estados miembros están aplicando la legislación correctamente o infringiendo el principio de no discriminación.

Puedo dar una respuesta muy sencilla a la otra pregunta. El principio de igualdad de trato y no discriminación es un valor europeo fundamental que debe aplicarse y, a la hora de aplicarlo, tenemos que hacer uso de todos los instrumentos de que la Unión Europea dispone. Por otro lado, está claro que al tomar decisiones tan importantes para tanta gente, es necesario estudiar las consecuencias, para lo que se requieren evaluaciones de impacto. La Comisión Europea aplica este método con gran rigor en todos los ámbitos, incluido el ámbito de la igualdad de oportunidades, derechos fundamentales y no discriminación.

 
  
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  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Gracias, señor Presidente, no haré más preguntas. No obstante, Marie Panayotopoulos-Cassiotou realizó una pregunta concreta sobre las bajas por maternidad y paternidad. ¿Podría dejar que respondiese el Comisario?

 
  
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  Presidente. − Señoría, ya hemos terminado el turno de respuesta a esas preguntas y claramente no podemos hacerlo. El Comisario ha oído la pregunta y, si considera su deber proporcionar una respuesta por escrito, puede hacerlo. La señora Panayotopoulos-Cassiotou podía haber mencionado el hecho en su intervención de hace unos momentos.

Las preguntas de 51 a 61 recibirán una respuesta escrita. Las preguntas 62 a 63 no serán contestadas porque hacen referencia a un asunto que ya figura en el orden del día del presente período de sesiones.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 64 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0155/08)

Asunto: Acuerdo de pesca con Marruecos

¿Ha hecho la Comisión alguna valoración de los resultados de las campañas de pesca realizadas por buques de la Unión Europea al amparo del último acuerdo de pesca con Marruecos?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, Señorías, me gustaría agradecer al señor Medina Ortega su pregunta, pues me brinda la oportunidad de expresar la posición de la Comisión sobre el importante asunto del acuerdo de pesca con Marruecos.

La Comisión está supervisando el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y Marruecos. Las cifras relativas a su primer año de aplicación todavía no son definitivas, puesto que los primeros doce meses se cumplieron el 28 de febrero de 2008 y hay un intervalo de seis meses entre la fecha en que se realizan las operaciones de pesca y la fecha en la que se transmiten y analizan los datos. Pese a esta demora, las cifras que ya tenemos en nuestro poder indican las buenas perspectivas de las posibilidades de pesca, que muestran una tasa de utilización de alrededor de un 80 % de las posibilidades de pesca totales.

 
  
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  Manuel Medina Ortega (PSE). – Agradezco la respuesta del señor Comisario y reconozco la dificultad para tener datos tan pronto, pero, como da la casualidad de que resido en la proximidad de la zona donde se efectúa la pesca, me han comunicado los pescadores que hay unas dificultades estructurales en ese banco de pesca como consecuencia de la excesiva aparición de redes y otras artes de pesca que han sido abandonadas en la zona y que hacen extremadamente difícil la pesca.

No sé si el señor Comisario tiene conocimiento de las dificultades estructurales que se han producido en el banco pesquero del Sáhara después del anterior acuerdo −un período durante el cual no hubo presencia de la flota pesquera europea− y que, al parecer, se han traducido en un deterioro de las condiciones de pesca resultantes de la falta de conservación del banco.

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Para ser un poco más preciso, durante el primer año de aplicación de las principales categorías se capturó más del 90 % de las categorías a pequeña escala y el atún, y alrededor del 80 % de las especies pelágicas industriales.

Sin embargo, la tasa de utilización de las demersales es mucho peor, con un 23 %, atribuible principalmente a los problemas que su Señoría ha indicado, en particular, la cuestión relativa a las descargas obligatorias a insistencia de Marruecos que se incluyó en el Acuerdo de colaboración, y también el problema relativo a la contratación de tripulación marroquí para los buques de la Comunidad.

Yo mismo estuve en Marruecos hace unas dos semanas y tuve la ocasión de debatir con el ministro marroquí estas dificultades iniciales —por así decirlo— con respecto a la aplicación del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Marruecos. Creo que hay una percepción general de que es necesario volver a estudiar la cuestión de las descargas obligatorias, dado que la intención del Acuerdo era que dichas descargas fueran necesarias con fines de reexportación. Los buques comunitarios necesitarían descargar el pescado capturado en Marruecos y éste sería reexportado tras su procesamiento.

En la práctica, la descarga de pescado se está utilizando para el consumo local, lo que significa que, puesto que el pescado se captura fuera de los límites territoriales, se considera importado a Marruecos y, por tanto, se somete a una fuerte tributación.

Planteé esta cuestión y hubo consenso, por lo que espero que en un plazo muy breve encontremos una solución. Del mismo modo, con respecto a la contratación de tripulación marroquí, hemos tratado la cuestión con las autoridades del país magrebí —con el propio ministro— y se ha ampliado la lista de personas incluidas y entre las que pueden elegir los propietarios de los buques de la Comunidad Europea.

Estamos intentando ampliar todavía más la lista para intentar rebajar en la mayor medida posible los inconvenientes de que sea muy limitado el número de personas entre las que los propietarios de los buques pueden elegir para formar parte de la tripulación.

 
  
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  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – Señor Presidente, yo quisiera, en este mundo peligroso en el que vive la pesca, interesarme por la suerte del atunero-congelador Playa de Bakio, que fue secuestrado el domingo frente a las costas de Somalia con veintiséis tripulantes a bordo, ocho de ellos gallegos, cinco vascos y trece africanos.

Me gustaría preguntarle, señor Comisario, qué es lo que está haciendo la Comisión acerca de este asunto, si la Comisión ha actuado o tiene pensado actuar; porque nos preocupa muchísimo la suerte que pueden correr estas personas que están a bordo todavía de este atunero-congelador.

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Con respecto al caso concreto al que hace referencia la señora Miguélez Ramos, deseo afirmar que la Comisión realizó hoy una declaración indicando que nos preocupa la noticia del secuestro de un buque pesquero español en aguas internacionales cercanas a la costa de Somalia.

La principal preocupación de la Comisión es la seguridad de los tripulantes españoles. Continúa diciendo que deplora todos los actos de piratería y los asaltos. El mantenimiento de la seguridad en las aguas cercanas a la costa de Somalia no puede ser garantizado adecuadamente por las autoridades de este país. En consecuencia, hay un grave problema de piratería.

Concluye diciendo que la Comisión considera que un planteamiento coordinado de la protección de los barcos pesqueros y mercantes de la UE que naveguen por zonas marítimas no seguras podría legítimamente formar parte de la política marítima europea., aunque se trata de una cuestión que también afecta a la política europea de seguridad y defensa. En todo caso, es una cuestión que ha de decidir el Consejo.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 65 de Sharon Bowles (H-0175/08)

Asunto: Pequeños pescadores

¿Tiene conocimiento la Comisión de la creación de la Small Boat Fishermen's Association (Asociación de Pequeños Pescadores) en el Reino Unido a raíz de las cuotas de pesca impuestas este año? ¿Tiene conocimiento la Comisión de que la imposición de estas nuevas cuotas para ciertas zonas del Reino Unido significa que algunas pequeñas flotas sólo pueden capturar un bacalao por embarcación al día? A pesar de que la decisión sobre la distribución de las cuotas de pesca entre embarcaciones grandes y pequeñas incumbe al Gobierno británico, ¿reconoce la Comisión la importancia local y tradicional de las pequeñas flotas, algunas de las cuales han recibido premios por desarrollo sostenible? ¿Cree que se debería hacer más en Europa para protegerlas? En caso afirmativo, ¿cómo?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Me gustaría agradecer a la señora Bowles su pregunta, que me brinda la oportunidad de expresar la posición de la Comisión sobre la importante cuestión de los buques a pequeña escala.

Estoy al corriente de la creación de una asociación que reúne a los propietarios de buques de menos de diez metros de eslora de la flota británica. También sé que la baja asignación de cuotas de bacalao dio origen a esta asociación, puesto que la cuota de bacalao del Reino Unido correspondiente a esta parte de la flota se limita a un 3 % del total, pese a que es posible que el potencial relativo de capturas de esta parte de la flota sea considerablemente mayor.

Como ha señalado con razón en su pregunta, los Estados miembros —en este caso, el Reino Unido— son responsables de la distribución de las oportunidades de pesca entre sus buques. Asimismo, me gustaría añadir que los Estados miembros también son responsables de ajustar el tamaño de la flota, tanto si está compuesta de buques pequeños como si son grandes, a las oportunidades de pesca disponibles.

Permítanme subrayar que la Comisión sí reconoce las circunstancias concretas de las flotas a pequeña escala, más concretamente de los buques de eslora inferior a doce metros que no utilicen artes de arrastre. Para esta parte de la flota, el Fondo Europeo de Pesca establece un marco financiero muy favorable, que permite a los Estados miembros adoptar medidas para protegerla.

Dicho esto, me gustaría señalar que, sobre a partir de la información de que dispongo relativa a buques británicos de menos de diez metros, hay indicios de que este sector de la flota ha desarrollado recientemente una capacidad de captura mucho mayor que las oportunidades de pesca que se les venían asignando tradicionalmente. La solución a este problema está en las manos de las autoridades del Reino Unido.

 
  
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  Sharon Bowles (ALDE). – Supongo que gran parte es, tal vez, como sospechaba. Pero tal vez su Señoría pueda resolver otro pequeño problema. De vez en cuando, me cuentan que el bacalao de Canal de la Mancha no se reconoce oficialmente como población autóctona.

En ese caso, los pescadores de la costa sureste de Inglaterra se irritarán aún más al decirles que no pueden capturar bacalao que teóricamente no existe aunque, de hecho, allí es bastante abundante.

¿Podría resolver esta cuestión y explicarme en qué medida se ha tenido en cuenta el bacalao del Canal de la Mancha en las últimas estadísticas de la UE? Supongo que puede ser que no haya preparado toda esta información, por lo que aceptaré una respuesta por escrito en caso necesario.

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. No dispongo de las cifras, pero ciertamente lo estudiaré y le facilitaré la información por escrito.

Con respecto al bacalao, desearía destacar que nos encontramos en proceso de revisar el plan de recuperación del bacalao, que abarca una gran parte de los mares que rodean el Reino Unido.

El lunes de la semana pasada presenté en el Consejo una propuesta de un nuevo plan de recuperación del bacalao. Celebramos un intercambio de opiniones inicial sobre el plan, que también pretende abarcar el Mar de Irlanda.

Por tanto, estamos ampliando el alcance del plan de recuperación del bacalao. Sin embargo, estamos intentando perfeccionarlo para que se preste mayor atención a las realidades concretas constatadas en las distintas aguas, para que si existe una zona particular de aguas comunitarias en la que abunden más las poblaciones de bacalao, puedan adoptarse determinadas medidas. En otros ámbitos en los que las poblaciones de bacalao están en una situación mucho peor, obviamente se necesitan medidas más estrictas para dar una oportunidad de recuperación a las poblaciones.

En general, las poblaciones de bacalao están una situación muy mala. Creo que registran unos de los peores resultados en cuanto a mortalidad, y en consecuencia se necesitan medidas muy duras para permitir la recuperación de estas poblaciones tan valiosas.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 66 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0183/08)

Asunto: Programa de desmantelamiento de un tercio del sector del pescado blanco irlandés

¿Puede la Comisión Europea hacer una declaración exhaustiva sobre cómo avanza el programa de desmantelamiento de un tercio del sector del pescado blanco en Irlanda, que supone un coste de 60 millones de euros?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, me gustaría agradecer al señor Ó Neachtain, su pregunta, que me brinda la oportunidad de abordar la cuestión del desmantelamiento de la flota pesquera.

Mediante carta fechada el 6 de agosto de 2007, las autoridades irlandesas notificaron a la Comisión el régimen de ayudas estatales denominado «Ajuste del esfuerzo pesquero». Dicho régimen contempla el desmantelamiento de buques registrados en los segmentos polivalente o de red de arrastre de fondo de vara de la flota irlandesa, dirigida principalmente a las poblaciones de pez blanco, aunque también se incluyen los buques dedicados a poblaciones de pez pelágico y moluscos. El régimen cuenta con un presupuesto nacional general de 66 millones de euros y fue aprobado por la Comisión de conformidad con las normas sobre ayudas estatales el 13 de noviembre de 2007. El régimen irlandés prevé que puedan concederse ayudas hasta el 1 de octubre de 2009. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades irlandesas, la fecha límite de admisión de solicitudes en el marco del régimen es el 30 de abril de 2008, tras la cual el nivel de consumo del régimen será más claro.

La Comisión acoge con satisfacción la iniciativa adoptada por Irlanda al intentar reducir la capacidad de su flota pesquera para aliviar la presión que se ejerce sobre las poblaciones existentes. Ajustar la capacidad pesquera a las oportunidades de pesca constituye un pilar central de la política pesquera común. Además, el régimen irlandés da prioridad al desmantelamiento de los buques dedicados a poblaciones delicadas de pez blanco y ofrece a los propietarios de los buques que ya se enfrentan a reducción de cuotas, aumento de los costes de combustible, etc., la oportunidad de abandonar el sector. Los operadores restantes deberían beneficiarse de ingresos más atractivos.

 
  
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  Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Señor Presidente, me gustaría agradecer al Comisario su respuesta y estoy de acuerdo en que hay, y había, necesidad de desmantelar barcos debido a los insuficientes niveles de pescado.

Sin embargo, desearía preguntar al Comisario si la Comisión tiene algún plan o propuesta que dé a las personas del sector pesquero que han perdido sus empleos la oportunidad de encontrar otro futuro profesional y posiblemente permanecer en una línea de trabajo similar. Estas personas, que se han pasado la vida en el mar, tienen pocas esperanzas de encontrar otro empleo.

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Con respecto a los tripulantes de los buques que van a ser desmantelados, me gustaría señalar, en primer lugar, que el Fondo Europeo de Pesca concede ayudas por el cese permanente asociado al desmantelamiento. Sin embargo, compete al Estado miembro de que se trate incluir este gasto en su programa operativo para el Fondo Europeo de Pesca. Tengo entendido que Irlanda considera que las tripulaciones tienen acceso a la compensación del régimen público nacional de prestaciones.

Dicho esto, aparte del cese permanente asociado con el desmantelamiento, el Fondo Europeo de Pesca (FEP), también ofrece la posibilidad de compensación socioeconómica, diversificación, nueva formación y jubilación anticipada. Por tanto, también es posible facilitar asistencia en el marco del FEP con el fin de formar a las tripulaciones para sectores distintos, aunque relacionados, proporcionando oportunidades para la diversificación y la búsqueda de empleo alternativo también en otros sectores. De nuevo, subrayo que es el Estado miembro el que tiene que elaborar el programa operativo.

La Comisión aprobará el programa operativo siempre que sea conforme con los parámetros del Fondo Europeo de Pesca, pero las prioridades concretas, las zonas concretas identificadas, competen al Estado miembro de que se trate. La Comisión no tiene derecho a insistir en que los Estados miembros opten por una u otra. Nos basta con que se incluyan dentro de los objetivos del Fondo Europeo de Pesca.

 
  
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  Presidente. − Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 67 decae.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 68 de Ioannis Gklavakis (H-0221/08)

Asunto: Infracciones graves de las normas de la PPC 2005

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1447/1999(2), los Estados miembros están obligados a comunicar regularmente a la Comisión los casos de infracción de las normas de la política pesquera común (PPC), así como las correspondientes sanciones impuestas. La Comisión Europea ha publicado recientemente el sexto informe sobre las conductas que infringieron gravemente las normas de la política pesquera común en 2005 (COM(2007)0448).

De los datos que figuran en el informe se deduce que el número de infracciones aumenta cada año, al tiempo que disminuye el número de sanciones impuestas en toda la UE. Concretamente, en 2005 el número de infracciones aumentó un 8,1 %, mientras que el importe de las sanciones se redujo en comparación con 2004 en aproximadamente un 45 %. Las diferencias entre los Estados miembros se mantienen, tanto en lo que se refiere a los casos en los que se han aplicado sanciones como al importe de las mismas.

¿Podría informar la Comisión de si los diferentes sistemas nacionales de imposición de sanciones garantizan una competencia equiparable entre los pescadores europeos? ¿Considera oportuno que la Comisión cree un sistema armonizado de imposición de sanciones para los casos de infracción grave de las normas de la PPC? ¿Cómo se podría reforzar la confianza de los pescadores en lo que se refiere a la aplicación uniforme de las normas de la PPC de manera que se respeten las reglas de conservación de los recursos pesqueros?

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Me gustaría agradecer al señor Gklavakis la importante cuestión que ha planteado, por tanto, proporcionándome la oportunidad de expresar mi opinión sobre este crucial asunto y también de abordar la reforma que se prepara en este ámbito.

Soy consciente de las importantes disparidades de las sanciones impuestas por los Estados miembros por infracciones graves, lo que conduce a deficiencias persistentes en el sistema actual de control.

Como señalaba con razón en su pregunta, las sanciones impuestas por los Estados miembros constituyen medidas disuasorias insuficientes que no proporcionan un verdadero incentivo para el cumplimiento. Por poner un ejemplo: la multa media en la Unión Europea en 2005 era menos de 2 000 euros, si bien las cifras varían entre 98 euros en algunos Estados miembros y 8 876 euros en otros.

Permítanme subrayar que, de conformidad con la legislación comunitaria, compete a las autoridades nacionales garantizar que toda infracción grave de la política pesquera común se someta a un procedimiento adecuado de seguimiento y, en su caso, a una sanción disuasoria. Son los Estados miembros los que tienen la responsabilidad primaria y la facultad de apreciar la cantidad y de imponer las sanciones por infracciones graves de la política pesquera común. La Comisión sólo puede limitarse a supervisar y evaluar este proceso.

Dicho esto, deseo informarles de que, sobre la base del análisis de los informes anuales de infracciones graves elaborados por los Estados miembros durante los años pasados y, especialmente, el Informe nº 7/2007 del Tribunal de Cuentas, la Comisión ha decidido poner en marcha una reforma del sistema de control de la política pesquera común, con vistas a la armonización de sanciones a nivel comunitario, conjuntamente con una definición más clara de infracciones graves, para garantizar uniformidad y transparencia.

Confío en que este régimen de control nuevo, más sencillo y más efectivo garantizará igualdad de oportunidades de los pescadores comunitarios reforzando el respeto de las normas de la política pesquera común y difundiendo una cultura de cumplimiento.

 
  
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  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Comisario, me complace especialmente su respuesta. Me alegro de que compartamos un enfoque uniforme en todos los Estados miembros de la UE. Sólo espero que esto se aplique a todos los sectores. Espero que continúe con este principio. Permítanme señalar una cosa más: cuanto mayor sea el descenso de las poblaciones de peces marinos, más estrictos tendremos que ser, de lo contrario el futuro será muy sombrío.

 
  
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  Joe Borg, Miembro de la Comisión. Me gustaría dar las gracias al señor Gklavakis por sus comentarios.

Deseo hacer un llamamiento a sus Señorías para que apoyen a la Comisión en esta campaña para intentar propiciar una medida de armonización del régimen de sanciones.

La semana tuve un intercambio de opiniones en el Consejo sobre un asunto relacionado: la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En la propuesta de pesca INDNR, estamos intentando armonizar las normas, el régimen de sanciones, por decirlo así. Aunque los Estados miembros están unánimemente de acuerdo en que necesitamos luchar de forma efectiva contra la pesca ilegal, cuando hubo que debatir los detalles sobre el alcance de la propuesta, sobre la armonización de las sanciones y sobre cómo podemos hacer que controle la importación de productos de pescado procesados ilegalmente, creo que hubo casi unanimidad a la hora de encontrar problemas a nuestras propuestas.

Obviamente, seguiré tratando este asunto con los Estados miembros en los próximos meses. Imagino que cuando lleguemos a la regulación del control —que también comprende la pesca INDNR— va a ser un encuentro mucho más áspero. Espero que el Parlamento le dé su completo apoyo en el informe que piensa elaborar sobre la nueva propuesta de control, que tengo la intención de presentar al Colegio para su adopción este año.

 
  
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  Presidente. − La pregunta nº 69 recibirá una respuesta escrita.

Pregunta nº 70 de Giovanna Corda (H-0157/08)

Asunto: Progresión de la fiebre catarral en Europa Septentrional

Un estudio reciente realizado por dos universidades belgas ha revelado el elevado riesgo de endemia generado por la enfermedad de la lengua azul en Europa Septentrional. Dado que la propagación de la enfermedad está ligada al desplazamiento del vector y al refuerzo de las cepas virales, ¿no sería conveniente tomar, desde ahora mismo, medidas urgentes en previsión del progreso de esta enfermedad?

Por otra parte, el número total de rebaños bovinos y ovinos afectados por la enfermedad ha pasado, en Bélgica únicamente, de 695 en 2006 a 6 857 en 2007. ¿Puede la Comisión indicar qué medidas piensa tomar en términos de investigación antiviral y de campañas de vacunación y financiación de las mismas?

 
  
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  Androula Vassiliou, Miembro de la Comisión. Le doy las gracias a su Señoría por la pregunta. Yo diría que la Comisión es muy consciente de la situación sin precedentes causada por la propagación de la enfermedad de la lengua azul en varios Estados miembros en los últimos años y está realizando enérgicos esfuerzos por combatir esta patología.

En enero, en la Conferencia sobre vacunación de la lengua azul organizada por la Comisión se constató claramente que la vacunación es el medio veterinario principal y más efectivo para combatir la fiebre catarral. A fin de lograr un enfoque europeo armonizado, la Comisión emitió rápidamente orientaciones y criterios para los planes de vacunación, aunque dejando a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para adaptar la estrategia de vacunación a su situación particular.

A continuación, la Comisión evaluó los planes presentados por los Estados miembros, los aprobó y garantizó una primera contribución financiera de hasta 64 millones de euros de un total de 130 millones para todo el ejercicio. Todas estas acciones reflejan la importancia que la Comisión concede a la vacunación.

Asimismo, la Comunidad apoya varios programas de investigación sobre la enfermedad de la lengua azul. En el Quinto y el Sexto Programas Marco, se dedicaron dos proyectos específicos al desarrollo de una estrategia de vacunación segura y eficaz contra este virus. La contribución de la UE fue de 1,7 millones de euros y 804 000 euros, respectivamente. Estas acciones tendrán continuidad en el Séptimo Programa Marco. Sin embargo, en el momento actual, no se considera que el desarrollo de tratamientos antivirales reduzca de forma efectiva las pérdidas causadas por esta enfermedad.

 
  
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  Giovanna Corda (PSE). (FR) Señora Comisaria, en primer lugar, sé que soy la primera persona en hacerle una pregunta oral hoy. Confío en que esté tan encantada como yo por estar en esta cámara. Sólo quería hacer un pequeño paréntesis.

Veo que usted nos da mucha información pero, según los últimos datos recopilados en el Benelux y en Alemania, el número de rebaños infectados por la fiebre se ha multiplicado por veinticinco en un año, una cifra considerable.

Me gustaría mencionar un caso ocurrido en Bélgica, ya que obviamente es el país en el que trabajo. Hay casi 7 000 rebaños afectados. Por consiguiente, los daños económicos han sido muy importantes para los ganaderos.

 
  
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  Androula Vassiliou, Miembro de la Comisión. Creemos que la enfermedad se extenderá por toda Europa en 2008. Por esta razón, la Comisión está adoptando medidas muy estrictas para contener la enfermedad y, como he dicho, la mejor forma de combatirla es la vacunación. Hemos dedicando y hemos dedicado mucho dinero a ayudar a los Estados miembros con las vacunas y la vacunación.

 
  
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  James Nicholson (PPE-DE). – Señor Presidente, me gustaría decirle lo siguiente a la Comisaria: la enfermedad de la lengua azul se ha propagado rápidamente por la Unión Europea, y usted ha afirmado que la vacunación es el mejor método. Sin embargo, ¿no ha considerado la Comisión que, incluso en esta etapa, cualquier zona que todavía no haya resultado afectada por la patología pueda prohibir las importaciones de animales a su región o área en casos en los que se haya comprobado que los rebaños presentan la enfermedad, en los que esté confirmada? Estoy seguro de que sería una medida muy sensata, para que no se importe —incluso de forma voluntaria— de una zona que haya resultado afectada a una región que no lo esté, porque se está extendiendo muy rápidamente. Usted dice que es inevitable, pero yo creo que deberíamos hacer lo que he explicado.

 
  
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  Androula Vassiliou, Miembro de la Comisión. Como sabe, hemos tomado medidas. Tenemos los ejemplos de Italia y Francia —y Portugal—, que han adoptado medidas unilaterales para impedir la importación de animales afectados. Como resultado de las medidas adicionales que se han tomado, ambos países están retirando ahora las medidas unilaterales que habían adoptado en el pasado. Estamos observando la situación muy de cerca y tomaremos más medidas si creemos que debemos hacerlo.

 
  
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  Presidente. − Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas siguientes se contestarán conjuntamente:

Pregunta nº 71 de Marian Harkin (H-0164/08)

Asunto: Carne de vacuno procedente de Brasil

¿Cuáles son los requisitos actuales para permitir la importación de carne de vacuno brasileña a la UE?

Pregunta nº 72 de Brian Crowley (H-0177/08)

Asunto: Carne de vacuno procedente de Brasil

¿Podría la Comisión Europea realizar una declaración exhaustiva en la que describa la postura actual con respecto a las importantes restricciones a las importaciones de carne de vacuno brasileña a la Unión Europea?

 
  
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  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. Como saben, la UE ha venido aplicando durante varios años una política de importación muy eficaz en relación con la carne de vacuno procedente de Brasil.

Sólo se autorizan las importaciones procedentes de territorios que se consideran no afectados por la fiebre aftosa. Actualmente, estos territorios están situados en seis Estados brasileños: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Los animales bovinos cuya carne se destina al mercado de la UE deben haber permanecido dentro de un territorio autorizado durante al menos un período de residencia de noventa días. Además, hay un período mínimo de residencia de cuarenta días previo al sacrificio dentro de la explotación.

En el matadero, el ganado bovino no puede entrar en contacto con otros animales que no cumplan las condiciones expuestas y han de someterse a una inspección sanitaria ante mortem y no mostrar signos clínicos de enfermedad veinticuatro horas antes del sacrificio.

Sólo puede exportarse carne fresca a la UE, y el animal debe haber sido deshuesado y madurado para garantizar la inactivación del virus de la fiebre aftosa, en caso de que estuviese presente a pesar de haberse tomado las medidas anteriormente mencionadas.

Sin embargo, una inspección realizada por la Comisión en noviembre de 2007 constató graves casos de incumplimiento con respecto al registro de explotaciones, la identificación de animales y el control de movimientos. Asimismo, se comprobó que Brasil no respetaba compromisos anteriores en relación con la adopción de las medidas correctoras apropiadas.

En consecuencia, en enero de este año, la Comisión tomó medidas que restringían las importaciones de carne de vacuno brasileña a las explotaciones que cumplían una serie de requisitos adicionales, como la identificación y el registro completos de todos los animales en el sistema nacional brasileño de ganado bovino. Además, las explotaciones tienen que estar sometidas al control efectivo de los servicios veterinarios brasileños y a inspecciones periódicas por parte de las autoridades brasileñas.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). – Yo también deseo darle la bienvenida a la Comisaria.

Tal vez mi pregunta sea un poco injusta porque tiene una perspectiva histórica, pero recibí una respuesta de su predecesor, el comisario Kyprianou, con respecto al informe alimentario y veterinario hace unas seis semanas. Su respuesta fue que las conclusiones provisionales del informe no justificaban un cambio inmediato de la política de la UE en relación con Brasil. Literalmente sólo uno o dos meses antes de que se impusiese la prohibición, los funcionarios responsables en materia de alimentación y asuntos veterinarios insistían en la Comisión de Agricultura y en otros foros en que los problemas no tenían una dimensión significativa. Sin embargo, en el plazo de uno o dos meses, se impuso la prohibición y ahora la cantidad de explotaciones ganaderas de las que importamos no supera el 1 % de la cifra original.

Mi pregunta es: ¿fue necesario esperar al informe de la Asociación de Agricultores Irlandeses para que la Oficina Alimentaria y Veterinaria estudiase la situación en mucho mayor detalle? y ¿fue necesario esperar a ese informe para que la Comisión interviniese?

 
  
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  Brian Crowley (UEN). – Desearía agradecer a la Comisaria su respuesta y le doy la bienvenida a su primer turno de preguntas en el Parlamento Europeo. Se percibe su gran compromiso y satisfacción con la respuesta que está teniendo.

Mi pregunta complementaria se refiere a que, en la audiencia celebrada en el Parlamento ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, usted aseguró que la seguridad alimentaria es una de nuestras principales preocupaciones pero que también tenemos que ser justos con nuestros socios comerciales.

Sin embargo, en mi opinión deberíamos ser justos no sólo con las normas que se aplican a los agricultores y ganaderos europeos, sino también con las que se aplican a los que importan a la Unión Europea, y deberían aplicarse las mismas normas. ¿Cómo garantizamos que el suministro de alimentos sea seguro y respete las mismas normas que los productores europeos están obligados a cumplir, especialmente con respecto a la carne de vacuno procedente de Brasil?

 
  
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  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. En las misiones de la Comisión a Brasil se descubrieron deficiencias con respecto a los requisitos europeos de sanidad, algunas de las cuales han sido solucionadas por las propias autoridades brasileñas.

Sin embargo, en la misión de noviembre de 2007 se constataron casos de incumplimiento, en particular en relación con el registro de explotaciones, la identificación de animales y el control de movimientos. Además, se descubrió que no se estaban respetando los compromisos anteriores de adoptar medidas correctivas.

En consecuencia, como he dicho, se impusieron requisitos adicionales y actualmente estamos asegurándonos de que el compromiso brasileño se esté cumpliendo de verdad. En estos momentos, los expertos de la Comisión están ofreciendo formación práctica a los inspectores y también se están preocupando de que los que han sido formados estén presentes en las explotaciones formando a otros para que todo Estado miembro que reciba exportaciones de carne de vacuno de Brasil tenga garantías de que hay personas cualificadas que supervisan el cumplimiento de nuestros requisitos y normas.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Bienvenida, Comisaria. Su última declaración me inquieta un poco porque la experiencia de los agricultores irlandeses, agricultores europeos, cuando reciben visitas de inspectores de la Comisión no es de gran asistencia sino de inspección y examen. Tengo la impresión de que nuestros funcionarios de la Comisión están llevando de la mano y ayudando a los brasileños para que cumplan las normas. Ojalá les sucediese lo mismo a nuestros productores.

Mi segunda pregunta es: ¿qué esfuerzos está realizando Brasil para mejorar su actuación? y ¿puede usted imaginar —y, en su caso, cuándo— el regreso, como estoy segura que desean los brasileños, a los niveles de vacuno que estaban enviando anteriormente a Europa? Sé que acaba de incorporarse a su puesto, pero ¿cree que sus normas, en caso de que lleguen a cumplirlas, son equivalentes a las nuestras, dado que ellos sólo exigen noventa días y cuarenta días? Nosotros etiquetamos desde el animal nace hasta que se sacrifica.

 
  
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  Elspeth Attwooll (ALDE). – Yo también le doy la bienvenida, Comisaria. Teniendo en cuenta lo que decía usted sobre el último informe de la Oficina Alimentaria y Veterinaria y los problemas con los brotes no declarados, el descubrimiento de importantes deficiencias de rastreabilidad e identificación —ciertamente fallos del sistema— y el hecho de que las autoridades brasileñas no hayan podido establecer garantías pese a las nuevas medidas que ha aplicado la Comisión, parece poco probable que la política de regionalización para el control de la fiebre aftosa en Brasil esté dando algún fruto, y tampoco parece posible que llegue a funcionar. ¿No lo considera improbable, Comisaria?

 
  
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  Androula Vassiliou, Miembro de la Comisión. En primer lugar, le aseguro que los requisitos que imponemos son equivalentes para los productos exportados, y puede que los funcionarios de la Comisión estén formando a personas, a petición suya, para establecer los controles y normas adecuados, pero estoy convencida de que no se negarían a ofrecer asistencia a nuestros agricultores. Intentamos ser justos y estoy segura de que el principal requisito es la seguridad de nuestros productos. La regionalización se aplica en Brasil de la misma forma que en la UE.

 
  
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  Presidente.

Pregunta nº 73 de Avril Doyle (H-0166/08)

Asunto: Propuesta en materia de sanidad

¿Podría la Comisión indicar a qué se debe la demora en la publicación del proyecto de propuesta sobre la atención sanitaria a nivel transfronterizo, teniendo en cuenta la exigencia política de legislar de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en esta materia y la promesa que se hizo al excluir la atención sanitaria de la Directiva 2006/123/CE(3) relativa a los servicios en el mercado interior?

 
  
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  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. Señorías, la Comisión tiene toda la intención de responder a la decisión del Parlamento y del Consejo a la hora de excluir los servicios sanitarios de la Directiva de servicios de 2006 para que se los trate por separado.

La Comisión tiene previsto presentar una propuesta que codificará las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en esta materia, aclarando así los derechos de los pacientes en la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza, y presentar medidas de acompañamiento para garantizar la disponibilidad de asistencia sanitaria transfronteriza de buena calidad.

Algunas preocupaciones expresadas sobre diversos aspectos de esta materia durante los últimos meses condujeron a más reflexión y consultas. No obstante, actualmente se está estudiando un proyecto de propuesta de Directiva sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza para su adopción por el Colegio antes de que termine el mes de junio de 2008.

Nuestro objetivo es presentar una propuesta con la intención última de ayudar a los ciudadanos a ejercer los derechos que les ha conferido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y no crear más problemas. Esta propuesta se centrará en los derechos de los pacientes y en la ampliación del acceso a la asistencia sanitaria. Formará parte de un paquete de medidas sociales que se pondrá en marcha en cooperación con el comisario Špidla, y que tendrá como objetivo promocionar el acceso, las oportunidades y la solidaridad para todos los ciudadanos de la UE.

Los pacientes serán el principal centro de atención de esta iniciativa, de conformidad con el enfoque general de la Comisión orientado al ciudadano.

La propuesta no creará nuevos derechos pecuniarios para los pacientes. Los derechos de los pacientes, establecidos por el Tribunal, están relacionados con los derechos pecuniarios ya definidos por los Estados miembros. Esta propuesta se limita a crear un marco para que los pacientes ejerciten esos derechos de forma efectiva con mayor seguridad jurídica, más transparencia y mejor previsibilidad.

Por último, la propuesta también fijará el fundamento jurídico y administrativo de una cooperación mejorada y renovada entre Estados miembros en algunos ámbitos orientados al futuro y relacionados con la sanidad en los que se espera que el valor añadido de la UE y las sinergias resulten decisivos.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE). – Me sumo a la bienvenida a la comisaria Vassiliou en su primer día respondiendo a las preguntas. Es un placer tenerla con nosotros. Gracias por su respuesta.

La asistencia sanitaria quedó excluida de la Directiva sobre servicios en un principio por muy buenas razones, porque queríamos una Directiva de servicios sanitarios. Ya hemos esperado demasiado tiempo. No sé muy bien qué mensaje nos transmite el continuo trajín entre distintos despachos de la Comisión. ¿Es preocupación por la privatización excesiva? ¿Es preocupación por que podamos recortar los servicios sanitarios de los Estados miembros? Ya existen grandes discrepancias de competencias en esta materia y diferencias de normas, y en virtud del mercado único los pacientes tienen derecho, como ha decidido el TJCE, a viajar para recibir tratamiento si no pueden acceder razonablemente a él en su Estado miembro. ¿Cuál ha sido la causa precisa del retraso acumulado hasta la fecha, Comisaria?

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Es posible que no pueda tratar la cuestión de inmediato, pero tal vez pueda retomarla más tarde.

Hay algunos comentarios en relación con el Tratado de Lisboa sobre alegaciones de la campaña defensora del «no» en Irlanda en el sentido de que el Tratado impulsará la privatización de la asistencia sanitaria y la comercialización de servicios. Le agradecería que retomase la pregunta y me aclarase ese asunto.

 
  
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  Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión. Lo único que puedo hacer en estos momentos es subrayar nuestra plena determinación a seguir adelante. No hablemos del pasado. Hay una decisión, y le aseguro que en junio habrá una propuesta ante el Colegio. Le doy mi palabra de que vamos a comenzar en junio.

En cuanto a la privatización, está causando una gran inquietud, pero mi respuesta es que la preocupación es infundada. La propuesta se centra en las necesidades de los pacientes y garantiza que, si viajan para recibir tratamiento, éste sea seguro y de buena calidad. Además, aclara en qué condiciones los ciudadanos pueden acceder al reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza por parte de su sistema nacional de la seguridad social o proveedor de asistencia sanitaria. Dichas condiciones de reembolso no son nuevas, sino que constituyen una codificación de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La propuesta no crea posibilidades de recibir asistencia médica en el extranjero que no hubiesen sido establecidas ya por los fallos del Tribunal. Su finalidad es garantizar que la asistencia sanitaria transfronteriza tenga lugar dentro de un marco claro de asistencia sanitaria segura, eficiente y de gran calidad en toda la Unión. El objetivo es crear un marco claro.

 
  
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  Presidente. − Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

 
  
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  Presidente. − Así concluye el turno de preguntas.

(Se suspende la sesión a las 20.00 horas y se reanuda a las 21.00 horas.)

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  

(1)DO L 252 de 20.9.2002, p. 20.
(2) DO L 167 de 2.7.1999, p. 5.
(3)DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Última actualización: 21 de octubre de 2008Aviso jurídico