Explicaciones de voto orales

− Calendario de los períodos parciales de sesiones para 2009

  Toomas Savi (ALDE). - Señor Presidente, no tengo más que un breve comentario que formular a propósito del calendario parlamentario del año próximo. Aunque las elecciones al Parlamento se han fijado para el periodo que va del 4 al 7 de junio, lo que significa que mi legislatura concluye una semana antes de haber cumplido los cinco años, me satisface que las elecciones no se celebren entre los días 11 y 14 de junio. El domingo es el día en que, tradicionalmente, se celebran las elecciones en Estonia pero, de haberse celebrado estas elecciones europeas el 14 de junio —día nacional de conmemoración de la deportación multitudinaria llevada a cabo en 1941 por las autoridades soviéticas—, las banderas habrían ondeado a media asta en toda Estonia. No habría sido un día muy feliz para celebrar las elecciones al Parlamento Europeo.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ésta ha sido la última votación sobre el calendario de esta legislatura y hemos rechazado cinco tentativas de privar a Estrasburgo de su estatuto de sede del Parlamento, o de convertirla en sede única, a través de enmiendas poco razonables.

Sin embargo, deseo afirmar que, a mi juicio, hemos de emprender una reforma exhaustiva, ya que en definitiva se trata de una cuestión de dinero y emisiones de CO2. También deseo indicar que, si hemos de concentrarnos en las doce semanas de sesiones plenarias anuales y aprovechar de nuevo plenamente los cinco días de tales semanas, podríamos suprimir las superfluas y gravosas «minisesiones» plenarias de Bruselas y sustituirlas por semanas en las respectivas circunscripciones electorales. Ello nos acercaría a nuestros ciudadanos y nos daría más tiempo para llevar a cabo nuestro verdadero trabajo. También saldría mucho más barato, reduciríamos nuestras emisiones de CO2 y todo esto podría lograrse con arreglo a nuestras propias decisiones, sin necesidad de modificar el Tratado. Hasta que no contemos con una modificación del Tratado habremos de ceñirnos a los Tratados en vigor tan racional y eficazmente como sea posible. Por ello creo que deberíamos adoptar el planteamiento que he propuesto.

− Informe: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

  Fiona Hall (ALDE). - Señor Presidente, cuando este Reglamento se presentó al Parlamento en primera lectura, me opuse a las iniciativas encaminadas a permitir el almacenamiento de mercurio, no sólo en las minas de sal sino asimismo en instalaciones subterráneas adaptadas para el vertido de residuos. Estaba claro que las minas de anhidrita se incluirían en la definición ampliada, lo que resultaba muy preocupante para la gente de Billingham, mi circunscripción, que se está oponiendo a los proyectos de emplear las antiguas minas de anhidrita situadas bajo sus casas como vertederos. Por desgracia, el texto sometido a votación hoy en segunda lectura ha reintroducido la posibilidad de almacenar mercurio en lugares distintos de las minas de sal, concretamente en formaciones de roca dura situadas a gran profundidad bajo tierra. Ya que las minas de anhidrita de Billingham podrían corresponder a esta nueva definición de lugares autorizados, me pareció necesario abstenerme de votar en relación con el paquete de transacción, ya que no se ha celebrado votación final en segunda lectura. Ello pese a estar enteramente de acuerdo con la prohibición de la exportación de mercurio desde Europa.

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Me ha complacido comprobar que este informe cuenta con todos los elementos necesarios para una rápida resolución del problema. Me complace asimismo que el Parlamento, la Comisión y el Consejo hayan sido capaces de alcanzar una transacción; tal es el modo en que hemos hecho una aportación a este avance. Una solución distinta podría traducirse en una demora de la misma durante un plazo prolongado.

Gracias.

− Informe: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Hoy en día no se puede tolerar que los delitos medioambientales graves y los delitos contra la salud pública se consideren meras faltas, como ha venido sucediendo hasta la fecha en ciertos países como, por ejemplo, Italia y Chipre. Por este motivo brindé mi apoyo a la Directiva que obliga a todos los países a incorporar las pertinentes sanciones penales en su legislación dentro de un plazo de dos años, pese a las objeciones de los euroescépticos. Por otra parte, la República Checa, como muchos otros países, tendrá que introducir la responsabilidad con arreglo al Derecho penal de las personas jurídicas, lo que para los países post-socialistas es un concepto histórico desconocido. Tendremos que decidor si nos decantamos por el modelo alemán, en el que la existencia de violaciones de la ley por las personas jurídicas la dictamina las autoridades administrativas, o si elegimos el modelo de las autoridades judiciales típico de Francia, el Reino Unido y, recientemente, de Eslovenia. También tendremos que decidir si la responsabilidad se atribuirá a la persona jurídica en su totalidad o únicamente a quienes desempeñen la dirección de la misma. Me temo que los dos años de que disponemos para completar la aplicación no serán suficientes.

  Roger Helmer (NI). - Señor Presidente, he votado en contra de esta medida. Me parece que el alarmismo medioambiental y el medioambientalismo están adoptando un cariz de religión. Se basan en la fe y no en los hechos. En cuanto a la posibilidad de compensación de las emisiones de dióxido de carbono, se ha comparado acertadamente con la compra medieval de dispensas papales. Ahora el señor Nassauer presenta lo que se antoja una especie de ley de la blasfemia medioambiental.

Sea como fuere, el que tales cuestiones medioambientales se tramiten con arreglo al Derecho penal en lugar del civil me plantea considerables objeciones. No obstante, el problema real en este caso es la ampliación de la legislación europea. Las personas a las que represento desean mantener el comercio y la cooperación en Europa, pero no quieren la unión política y no desean un sistema jurídico europeo. Debemos oponer resistencia a cualquier movimiento tendente a la creación de responsabilidades y competencias europeas en estos ámbitos.

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, en tanto que este informe parece eliminar las referencias a sanciones concretas, sí se refiere a las acciones que cabría considerar un delito en los Estados miembros. Consideremos, pues, un caso hipotético en el que alguien de mi circunscripción —Londres, la mejor ciudad del mundo, capital del mejor país del planeta— cometa un acto que no se considere delito con arreglo a la ley británica (un corpus legislativo que es producto de la tradición consuetudinaria y de la razón) pero que, dado que hemos decidido imponer la legislación comunitaria desde arriba, al margen de la razón, sobre las cabezas de los ciudadanos de mi circunscripción, ahora se considere un acto delictivo de conformidad con dicha legislación de la UE.

¿Qué deparará esta situación? ¿Cuál será la respuesta de mis electores? Les diré lo que responderán. Dirán: «¿Qué absurdo es éste? ¿Cómo es que lo que no se considera un acto delictivo con arreglo a la razonable ley británica lo es de conformidad con la comunitaria? ¡Es el momento de abandonar la Unión Europea!» Por tanto, hemos de tener cuidado de que no estemos expulsando al Reino Unido fuera de la UE.

  Giuseppe Gargani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he pedido la palabra al Presidente durante un momento tras la aprobación del informe del señor Nassauer sobre la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

Quería felicitar, en concreto, al ponente, ya que se trata de un informe de gran importancia. Se ha celebrado un gran debate en la comisión y hemos logrado un compromiso muy inteligente y de elevada calidad gracias asimismo a la intervención de Monica Frassoni. Siento la necesidad de destacar este ámbito concreto de la labor de la comisión y transmitir una especial felicitación al ponente, señor Nassauer.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) En relación con el informe del señor Nassauer, tengo que decir que he votado a favor del mismo. Aunque todos los Estados miembros han adoptado las mismas disposiciones, éstas se están aplicando de modos muy diversos. Ello fomenta conductas indeseables con arreglo a las que ciertos empresarios irresponsables podrían reubicar su actividad económica en países donde las sanciones penales por delitos contra el medio ambiente sean menos severas. Ello afecta, en concreto, a los nuevos Estados miembros de la Unión. Debería hacerse hincapié en que los delitos cometidos por organizaciones delictivas adquieren cada vez mayor importancia y que los delitos contra el medio ambiente son, cada vez más, de naturaleza transfronteriza.

Estoy de acuerdo con la postura del ponente de que el marco legislativo definido en la propuesta de Directiva representa una contribución importante a la protección eficaz del medio ambiente y que aquélla pueda garantizar una aplicación uniforme y responsable de la legislación de protección medioambiental en la Comunidad. Unos funcionarios adecuadamente formados representan una condición sine qua non para la aplicación eficaz de la ley y para la reducción real de los delitos contra el medio ambiente. La propuesta de especificar claramente las obligaciones de los Estados miembros al respecto es, pues, enteramente pertinente.

Me gustaría formular el siguiente comentario a su Señoría del Reino Unido, quien podría estar basándose en un malentendido. No estamos creando una nueva legislación comunitaria para imponer sanciones. Tal cosa ha resultado imposible. En lugar de ello, insistimos en que cada Estado miembro aplique la legislación necesaria con arreglo a su sistema jurídico, de modo que garanticemos que se apliquen sanciones uniformes a delitos similares a lo largo y ancho de toda Europa.

− Informe: Fiona Hall (A6-0077/2008)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Hoy, 21 de mayo, se clava otro clavo en el ataúd de los euroescépticos, ya que, junto al Consejo, hemos aprobado una decisión conjunta que contribuirá a los derechos relativos al espectro de telecomunicaciones se transfieran de los 27 Estados miembros a la Unión Europea. Ello ilustra la importancia de la Unión. Si los Estados miembros no son capaces de gestionar satisfactoria determinada cuestión por sí mismos, confían dicha gestión a la Unión en interés de los ciudadanos europeos. Se trata hoy de eliminar los obstáculos legislativos al futuro desarrollo de servicios móviles por satélite para las comunicaciones de emergencia, para salvar vidas y proteger la salud y la propiedad de 500 millones de ciudadanos. Los buques y aviones ya emplean este sistema, el cual, gracias a la tecnología moderna, podría desempeñar nuevas funciones tales como comunicaciones multimedia bidireccionales, emisión de televisión por satélite y prestación de servicios de acceso a Internet de banda ancha. No obstante, esta decisión no debería convertirse en norma en el ámbito de las telecomunicaciones. Los derechos exclusivos a otras partes del espectro siguen competiendo a los reguladores nacionales. Espero que en los países donde prevalece cierto euroescepticismo, como la República Checa o el Reino Unido, los medios presten atención suficiente a este tema, que representa una buena noticia para los ciudadanos.

  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, me complace poder brindar mi apoyo a este informe, ya que no parece tratarse de un ejemplo de coerción sino, más bien, de cooperación. De hecho, en el pasado me dediqué profesionalmente a este campo: fui asesor de empresas en materia de servicios móviles por satélite.

Uno de los problemas a los que hubieron de enfrentarse las empresas fue su incomprensión del mercado. A finales del decenio de 1990, unas cinco operadoras comenzaron a prestar servicios globales por satélite. Pese a sus halagüeñas perspectivas, no comprendieron en absoluto la evolución del mercado, ya que pensaron que éste sería el de las personas de negocios que se desplazan internacionalmente; sin embargo, la tecnología de este mercado fue sustituida por los avances de la tecnología celular.

Me complace que ofrezcamos una oportunidad a estas empresas para que intenten, de nuevo, crear un mercado de servicios móviles por satélite, que pienso sería muy beneficioso, sobre todo para las personas de los países en desarrollo donde las redes terrestres no tienen alcance suficiente. Así pues, acojo con agrado este informe y he votado a favor del mismo.

− Informe: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

  Miroslav Ouzký (PPE-DE). – (CS) Desearía explicar mi voto relativo al informe de Karl-Heinz Florenz. En la votación final, voté en contra del informe y deseo explicar, como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que el motivo de ello no ha sido la falta de comprensión de la seriedad del tema o la intención de rechazar o rebatir la labor del ponente en modo alguno. Discrepé con diversas afirmaciones y frases que no sólo me parecieron políticamente incorrectas sino asimismo —en ciertos casos— inciertas. Considero asimismo que la decisión de la Oficina de Presentación de Documentos con respecto a la inadmisibilidad de la propuesta, sin dar razón alguna, es inaceptable, escandalosa y, en cierta medida, errónea. Les agradezco su comprensión.

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Yo tampoco he votado a favor del informe de mi colega el señor Florenz. Cuanto se califica de hecho científico y se presenta como tal debe exponer las opiniones expresadas por los dos grupos de científicos, los que están de acuerdo y los que no. Las afirmaciones del informe se presentan como si formaran parte de un consenso científico claro. Sin embargo, no sucede así. El bando opuesto también tiene su importancia. Durante el debate se ha hecho hincapié a menudo en el principio de cautela. ¿No podríamos aplicarlo asimismo en relación con las conclusiones sumamente estrictas y unilaterales relativas a la política en materia de cambio climático? Como geólogo, puedo asegurarles que la Tierra se ha calentado, en múltiples ocasiones en el pasado, mucho más de los tan demonizados 2 ºC, lo que no ha acarreado acontecimientos trágicos. Después de todo, el ser humano ha vivido siempre en épocas de continuo cambio climático.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del informe provisional del ponente, Karl-Heinz Florenz, en el que el conocimiento científico del cambio climático reviste gran importancia. Asimismo, me parece lamentable que ciertas enmiendas al informe presentadas por mi colega el Březina y por otros cuarenta diputados, sobre todo la enmienda 15, no se hayan aceptado. Tales enmiendas habrían mejorado el texto. Los científicos están revisando siempre sus tesis, lo que significa que también nosotros debemos estar abiertos a nuevas ideas.

Una parte del cambio climático ocasionado por la actividad humana se manifiesta, en gran medida, en forma de la pérdida de recursos hídricos en ciertas regiones. Por consiguiente, embalsar el agua de lluvia de una región y permitir el drenaje únicamente de la cantidad excedentaria representa un requisito previo para garantizar la seguridad medioambiental y la estabilidad global y, en último extremo, para mantener el crecimiento económico. Confío en que el nuevo paradigma del agua se convierta en una nueva idea de utilidad durante las próximas décadas y en el nuevo manifiesto de la humanidad en cuanto al futuro de la civilización.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, hoy hemos aprobado un informe de excepcional importancia sobre la lucha contra el cambio climático. Existe un estrecho vínculo entre aquél y los problemas relativos a la energía. Cada vez experimentamos con más frecuencia sequías, inundaciones, desertización y el deshielo de los glaciares. Sin duda todo el mundo tendrá claro a estas alturas que nuestro clima está cambiando. La subida de las temperaturas está ocasionando problemas sociales, medioambientales y económicos.

Si de verdad deseamos proteger nuestro planeta, nuestra Tierra, todos nosotros, todos los países y todas las sociedades del mundo entero tendremos que ralentizar o detener el aumento del nivel de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Deben fomentarse las inversiones favorables al medio ambiente, así como la energía limpia y las instalaciones que ahorren energía. Sobre todo, debe concederse prioridad al propósito de convencer a la gente de que ahorre energía y a aumentar su conocimiento y su sensibilización. Tal podría ser el método más rápido para lograr resultados.

Tenemos que hallar una solución de compromiso sobre la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Los nuevos Estados miembros deberían recibir un trato distinto del que se dispensa a los más avanzados. Los primeros deberían gozar de la oportunidad de equipararse a los últimos y eliminar las diferencias existentes en el ámbito del desarrollo económico.

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en primer lugar me referiré al informe del señor Florenz, que, en mi opinión, ha resumido muy bien el actual consenso científico. Sin embargo, he votado en contra del mismo. El cambio climático es un tema importante y estoy de acuerdo en que hemos de emprender acciones al respecto. Sin embargo, el consenso científico sólo es provisional. Como cualquier otro consenso científico de los últimos siglos, es de naturaleza transitoria. Nosotros hemos seguido avanzando.

El presente informe no nos ofrece suficientes oportunidades. Además, las medidas específicas que se pretenden aplicar son unilaterales. Hemos de procurar que Europa no pierda capacidad económica, ya que por sí misma no podrá salvar el mundo. Es urgente que otros países participen en la solución de este problema global. Sólo así podrá llevarse a la práctica el consenso científico. No podemos soportar esta carga nosotros solos.

En este contexto, echo de menos las medidas necesarias para mitigar el cambio climático. Probablemente no podamos detenerlo. Dadas las circunstancias, creo que unas medidas que alteren de manera permanente nuestras estructuras industriales no pueden adoptarse sobre la base de lo que no es sino un consenso científico provisional.

  Roger Helmer (NI). - Señor Presidente, he votado en contra del informe Florenz. Uno de los grandes mitos del alarmismo climático consiste en la existencia de un consenso entre todos los científicos. Como miembro de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático, sé por qué el informe del señor Florenz ha acabado siendo como es: sólo se ha escuchado a una de las partes del debate y, por consiguiente, se ha llegado a la conclusión de que existe consenso.

En el debate celebrado anteriormente el día de hoy, el señor Booth nos ha recordado la Declaración de Oregón, firmada por 30 000 científicos importantes, en la que se refuta toda la base del alarmismo climático. No existe consenso; existe una pujante y creciente corriente de opinión científica que discrepa. Entretanto, vamos a ocasionar un enorme daño a las personas a las que representamos en un intento, fútil y condenado al fracaso, de influir en un problema de índole especulativa que, en opinión de muchas personas, ni siquiera existe.

Se trata del daño económico que nos crucificará y que crucificará, sobre todo, a Europa, ya que países en desarrollo como China y la India tienen demasiado sentido común para permitir que les afecte.

− Informe: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) La delegación del Partido Ataka ha votado en contra del informe sobre los progresos de Turquía, ya que no vemos en qué podrían consistir tales progresos.

Lo que sí vemos es que Turquía es un país en que gobierna un partido islamista, cuyo Jefe de Estado es un Presidente islamista. Un país que no se aproxima ni de lejos al respeto de los derechos humanos, un país que ejerce la opresión contra una nación entera y que se halla en guerra, mientras hablamos, con una nación entera, con el fin de destruirla. Dicha nación la conforma el pueblo kurdo. Un país muy militarizado donde existe una junta militar encubierta y cuya policía sigue la dirección que marcan los generales. Un país que, mientras hablamos, sigue ocupando el territorio de un Estado miembro de la UE.

Un país que no es apto para negociación alguna hasta que estos graves problemas se hayan resuelto verdaderamente.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) A mi juicio, el informe Oomen-Ruijten constituye otra oportunidad perdida para ir al grano en lo que respecta a la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea. El informe se centra en lo que es, en mi opinión, una serie de cuestiones secundarias, mientras que la cuestión principal de todo este asunto sigue siendo, por supuesto, que Turquía no es en modo alguno un país europeo ni jamás lo será, por lo que no debería plantearse que un país no europeo se adhiriera a la Unión Europea. Punto.

Sin embargo, debo indicar asimismo, por cierto, que me ha sorprendido escuchar durante el debate a mi colega Swoboda, del Grupo de los Socialistas, entre otros, decir que es absolutamente inaceptable que se prohíban partidos en Turquía. Les recuerdo que en mi país, en 2004, el mayor partido del mismo, Vlaams Blok, que había obtenido un 24 % de los votos, fue proscrito sin más y hubo de disolverse. No recuerdo protesta alguna de los socialistas entonces. Por el contrario, su solidaridad se limita a los fundamentalistas islámicos, de lo que procederá tomar nota.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, llevo años diciendo que una asociación privilegiada entre la Unión y Turquía habría sido mucho más beneficiosa que la promesa a este país de ingresar en la Unión Europea.. Por desgracia, el informe sobre los progresos confirma tal extremo; aunque las negociaciones de adhesión han comenzado, siguen sin cumplirse los criterios de Copenhague. Ello no afecta únicamente a un ámbito. Afecta a la libertad de culto, a los derechos de las minorías, a la igualdad de oportunidad (para las mujeres en concreto), a la corrupción, a los problemas de los kurdos y de Chipre y, por supuesto, también al poder del Ejército sobre las políticas del Gobierno. Como la ponente, me congratulo de los esfuerzos emprendidos por el Gobierno para garantizar los avances aunque, por desgracia, dichos avances no resultan visibles. Por el contrario, Turquía está ilegalizando un partido político, cuenta con un nuevo artículo 301 que se emplea para encausar a escritores e intelectuales por injuriar el espíritu nacional turco y, asimismo, están aumentando la hostilidad y la violencia basadas en motivos religiosos. Hasta la fecha no se han resuelto el asesinato de Hrant Dink ni los demás asesinatos cometidos. Dicho lo cual, admito que se trata de un informe equilibrado y honesto.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente hemos aprobado un informe importante. Deberíamos reconocer y apoyar debidamente los cambios introducidos en Turquía tras el inicio de las negociaciones de adhesión. En vista de su posición geopolítica especial, Turquía es un socio estratégico para la Unión en lo que respecta a las negociaciones de ésta con los países de la cuenca del Mar Negro, Asia Central y Oriente Próximo. La importancia de Turquía es asimismo crucial en lo que atañe a garantizar la seguridad energética de Europa, ya que los recursos energéticos del Mar Caspio y del Mar Negro se transportan a Europa a través del territorio turco. Además, Turquía tiene un enorme potencial económico. Cuenta con una economía dinámica, un mercado interior enorme y una sociedad cuyos integrantes están mayoritariamente en edad de participar en el mercado de trabajo. Confío en que todo ello contribuirá al desarrollo de la economía de Europa en el futuro.

Cabe citar otro aspecto de la adhesión de Turquía. Como país islámico que será asimismo Estado miembro de la Unión, podrá desempeñar una función importante en el desarrollo de las relaciones entre Occidente y el mundo islámico.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe Oomen-Ruijten, pese a que este contiene multitud de formulaciones de compromiso. Lo he hecho porque, al comienzo, contiene una frase crucial, a saber, que la apertura de estas negociaciones constituye el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce. Esta es la única razón por la que he podido votar a favor del informe. Permítanme aclarar que mi partido, la Unión Social Cristiana, ha sido siempre, y sigue siendo, proturca. Hemos pugnado y trabajado para lograr la Unión Aduanera que se aprobó en esta Cámara por una mayoría de un solo voto. Cabría afirmar que tal voto de entonces fue el mío. Hemos apoyado a Turquía en la OTAN y en multitud de cuestiones.

Por otra parte, permítanme asimismo que exprese con toda claridad que Turquía no es un país europeo, y comparto la opinión de la señora Roithová de que una asociación privilegiada, un estatuto especial confeccionado a medida, constituye la solución adecuada. Tal es la solución que alcanzaremos. Deberíamos abandonar la senda errática que conduce a una supuesta adhesión. Dicha adhesión no se va a producir, por lo que sería más honrado y conveniente para ambas partes que nos reunamos cuanto antes y acordemos emprender otro camino, el camino de una asociación en que ambas partes se hallen en pie de igualdad, sin instituciones comunes pero con intereses comunes y una cooperación acordada de manera concreta.

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, aunque el informe Oomen-Ruijten contiene múltiples críticas hacia Turquía, he vota en contra del mismo porque, en mi opinión, la adhesión plena de Turquía no puede ser el objetivo de las negociaciones de adhesión. El señor Posselt se ha referido ya esta cuestión. Creo que deberíamos comenzar cuanto antes a ofrecer a Turquía dicha asociación privilegiada. Turquía no forma parte de Europa ni desempeña una función de puente con los países islámicos.

En Darfur, Sudán, hace años que se lleva a cabo la persecución de cristianos. Turquía ha tenido la oportunidad, durante muchos años, de intervenir para que se ponga fin a los crímenes perpetrados contra los cristianos en Sudán. Sin embargo, hasta la fecha no he tenido noticia de actividad alguna emprendida por Turquía en dicho sentido. Esa es la razón por la que he votado en contra del informe, porque no procede que Turquía sea miembro pleno de la Unión Europea.

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Señor Presidente, he apoyado el informe sobre los progresos de Turquía, aunque siguen existiendo ciertos riesgos relacionados con el camino de este país hacia la Unión Europea.

Me ha motivado que el informe incluya textos relacionados con la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos de la mujer en dos ámbitos importantes: la salud reproductiva y la igualdad de oportunidades, sobre todo en lo que respecta al acceso a la educación.

El segundo punto que deseo citar se refiere a las garantías exigidas en el informe en relación con la política de vecindad. Las cuestiones pendientes en relación con los países vecinos deben resolverse y una de las mismas se refiere a los refugiados búlgaros procedentes de Tracia. Esta cuestión se relaciona también con los derechos humanos fundamentales. Sus dimensiones rebasan los aspectos relativos a la propiedad y las consideraciones económicas. Reviste particular importancia el aspecto moral correspondiente. Sin que el pasado nos preocupe, desearíamos que se emprendieran acciones claras en el futuro y que se observara asimismo el acuerdo firmado entre los dos país. Por tal motivo he apoyado el informe.

Explicaciones de voto por escrito

− Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo - 2009

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − He apoyado todas las enmiendas al calendario que reducían nuestros periodos de estancia y Estrasburgo y aumentaban los de Bruselas. La situación actual es extraña: hemos de ir de un lado a otro, de Bruselas a Estrasburgo, lo que entraña grandes costes y gran cantidad de tiempo. Deberíamos reunirnos en una única sede.

Sin embargo, rechazo la queja expresada por el señor Stevenson a propósito de las actuales huelgas de transporte. Reconocemos y apoyamos el derecho de huelga. Nuestra objeción con respecto a Estrasburgo no se fundamenta en una oposición al ejercicio de los derechos de los trabajadores en Francia sino al despilfarro intrínseco que constituye el régimen institucional en vigor.

He votado en contra de conceder una excepción al Lunes de Pascua ortodoxo si no disponemos que el 14 de julio no se celebre reunión. Las celebraciones laicas merecen el mismo trato que las fiestas religiosas.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Deseamos, en verdad, que todas las reuniones del Parlamento Europeo se celebren en Bruselas y deseamos poner fin, cuanto antes, al circo ambulante que va de Bruselas a Estrasburgo.

Por ello, hemos votado a favor de las propuestas de que las reuniones de los lunes y la tarde de los jueves, durante el periodo parcial de sesiones de Estrasburgo, dejen de celebrarse, con la esperanza de que se supriman completamente las reuniones de Estrasburgo.

El Parlamento Europeo debe tener una sede única y un único lugar de trabajo. Es lamentable que ciertos Estados miembros, cuyos dirigentes políticos se consideran firmes adalides de la idea de Europa, no cedan un ápice cuando sus intereses nacionales están en juego.

  David Martin (PSE), por escrito. − En general, estoy a favor de las propuestas relativas al calendario de los periodos parciales de sesiones de 2009. Sin embargo, creo que las enmiendas que piden la ampliación del periodo de reunión en Estrasburgo no contribuirían a mejorar la eficacia del funcionamiento del Parlamento. De hecho, la eficacia y la lógica exigen que exista una única sede del Parlamento en Bruselas. Mis opiniones al respecto se reflejan en mi voto.

− Informe: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Es positivo que se reconozca que el cierre de las minas de mercurio en la Comunidad plantea problemas ambientales y sociales y que se considere que debe seguir apoyándose los proyectos e iniciativas basados en los instrumentos de financiación disponibles, con el fin de permitir que las zonas afectadas hallen soluciones viables para el medio ambiente, el empleo y las actividades económicas locales.

De igual modo, se ha acordado que el solicitante de licencia tome las medidas necesarias, a través de una garantía financiera o equivalente, para asegurar que las obligaciones derivadas de la licencia (incluidas las operaciones de mantenimiento tras el cierre) se cumplan y que se lleven a cabo las operaciones de cierre.

También se ha aprobado que los sectores industriales que obtienen mercurio de la depuración del gas natural o como subproducto de la minería no férrea y las operaciones de fundición deben proporcionar los datos pertinentes a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados. La Comisión debe poner esta información a disposición del público.

Nos parece asimismo correcto fomentar que se proporcione asistencia técnica directamente a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, especialmente en forma de ayuda destinada a facilitar la transición a tecnologías alternativas sin mercurio y, finalmente, la supresión gradual del uso y de la liberación de mercurio y compuestos de mercurio.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe, que propone la prohibición de la exportación de mercurio a partir del 15 de marzo de 2011, tres meses antes de la fecha propuesta por el Consejo. El mercurio puede producirse a través del reciclado de residuos (tubos fluorescentes o pilas, por ejemplo), la depuración del gas natural o la transformación industrial de los metales no férreos.

Me complace que, aparte del mercurio metálico, la prohibición incluya los productos que contienen mercurio que no pueden venderse o comercializarse en la Unión Europea, el mineral de cinabrio y los compuestos de mercurio.

Es asimismo muy importante que los compuestos empleados en actividades de investigación y desarrollo, en medicamentos o en proceso analíticos, no se incluyan en la prohibición, tal como se establece en el informe.

Por último, es fundamental que el almacenamiento sea seguro, tal como proponen el informe y el Consejo. Los residuos de mercurio almacenados temporalmente durante más de un año deben mantenerse en minas de sal profundas, subterráneas y rocosas o en instalaciones de superficie, de manera que se elimine todo riesgo para la salud humana y el medio ambiente antes de tratarlos.

  David Martin (PSE), por escrito. − En líneas generales, estoy de acuerdo con el informe de Dimitrios Papadimoulis relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y a su almacenamiento seguro. Adelantar la fecha de la prohibición de las exportaciones a 2010 garantizará una mayor coherencia con la estrategia general de la UE a propósito del mercurio. También apoyo la ampliación de los tipos de mercurio comprendidos en la prohibición. Considero, además, que, antes de que entre en vigor la prohibición, será necesario llevar a cabo más investigaciones acerca de los métodos de eliminación segura de los residuos de mercurio. He votado a favor del informe.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) ¿No tiene límites la hipocresía? La Comisión Europea propone acertadamente prohibir el uso de mercurio y crear unas infraestructuras adecuadas para almacenarlo, en vista de su elevada toxicidad y de los riesgos que entraña para la salud pública. Sin embargo, la Comisión insiste en promocionar las bombillas fluorescentes para ahorrar energía, a sabiendas de que cada una de ellas contiene al menos 5 mg de mercurio, una cantidad que conlleva un gran riesgo, habida cuenta del número de bombillas que hay en todos los hogares y lugares de trabajo.

Los beneficios lo son todo. Las inversiones y los beneficios de los monopolios han de protegerse, aunque ello sea, de manera demostrada, a expensas de la salud pública. La UE prohíbe el uso de mercurio pero permite que las empresas ofrezcan de manera gratuita bombillas que contienen mercurio para fomentar sus ventas.

La responsabilidad en materia de salud pública se asigna a las empresas. Éstas han de gestionar la recogida de residuos, aunque se sabe que tales residuos acabarán en vertederos y en los contenedores de basura. La sociedad en su conjunto, y no sólo quienes usan las bombillas, quedará expuesta a un considerable riesgo de contaminación. Esto, por supuesto, se debe a que en general es posible desechar tales bombillas almacenándolas en vertederos. De hecho, para prevenir las protestas, que repercutirían en las ventas, ni siquiera se emprenden las medidas más elementales para informar al público de los riesgos que corre debido a la fuga de los contenidos de las bombillas y su vertido en el medio ambiente.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. – (PL) El mercurio es una de las sustancias más tóxicas para el medio ambiente. En circunstancias normales, este metal se halla en estado líquido y presenta un elevado factor de compresibilidad de la fase de vapor. No se biodegrada y, por tanto, permanece en el medio ambiente durante un periodo prolongado. El mercurio se acumula en la cadena trófica y puede pasar al cuerpo humano en concentraciones importantes.

El desarrollo industrial dio lugar al uso del mercurio, dado que se trata de un metal de propiedades especiales y fácil de obtener. Parece difícil eliminar el uso del mercurio en la fabricación de bombillas de bajo consumo. Deben desarrollarse unos sistemas de recogida eficaces para tales residuos, no obstante, junto una tecnología segura para su reciclado, con el fin de evitar una ulterior degradación del medio ambiente.

Uno de los casos más graves de intoxicación por compuestos de mercurio se produjo en Japón entre los años 1953 y 1960, durante los que enfermaron, de manera multitudinaria, los habitantes del golfo de Minamata. Éstos presentaban síntomas de lesiones en el sistema nervioso que con frecuencia resultaron mortales.

La Unión Europea debería hacer cuanto esté en su mano para garantizar el almacenamiento seguro del mercurio. Debe prohibirse la exportación del mercurio metálico.

− Informe: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado favor del informe de mi estimado colega alemán, Hartmut Nassauer, redactado en la primera lectura del procedimiento de codecisión y relativo a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Apoyo la propuesta de reincorporar este mecanismo a la estricta jurisdicción del Derecho comunitario, limitando los efectos de la Directiva únicamente a los casos de violación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente y, por tanto, permitiendo que los Estados miembros determinen las sanciones que aplicarán a cada caso de infracción de dicha legislación. Esta sabia postura corresponde a la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha dictaminado que la UE está facultada para adoptar medidas penales únicamente en caso de que se dé una «necesidad justificada», es decir, en las políticas comunes de transportes y de medio ambiente. Procede señalar que la Directiva tiene el objetivo de obligar a los Estados miembros a establecer sanciones penales en su legislación nacional en relación con las infracciones graves de las disposiciones del Derecho comunitario relativo a la protección del medio amiente, sin crear obligaciones relativas a la aplicación de las sanciones que puedan invocarse en casos concretos.

  Hanne Dahl (IND/DEM), por escrito. − Habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de los delitos medioambientales, creemos que una serie establecida de normas mínimas y sanciones relativas a los delitos medioambientales a nivel internacional sería un instrumento útil para el mantenimiento de una estrategia de protección medioambiental global y eficaz. Sin embargo, no creemos que la UE tenga o deba tener la competencia para establecer medidas penales en asuntos del primer pilar. Por tanto, hoy he votado en contra del informe.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Es importante que el ponente haya reconocido que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05), la legislación en materia penal y las normas de procedimiento penal no son competencia de la Comunidad, por lo que no puede determinar el tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse. Se han propuesto por ello modificaciones de la propuesta de Directiva que presentó la Comisión, que no era aceptable.

También es importante que la Comisión y el Consejo hayan aceptado estas propuestas de modificación. Sin embargo, pese a ello, se está insistiendo en la posibilidad de que el legislador comunitario pueda imponer a los Estados miembros la obligación de establecer sanciones para garantizar la plena eficacia de las normas que adopte en materia de protección del medio ambiente.

Como la función de los Estados miembros en todo el proceso no ha quedado muy clara, optamos por la abstención en la votación final.

  Neena Gill (PSE), por escrito. − He votado a favor de este informe, ya que permitirá que se impongan sanciones penales por la comisión de delitos medioambientales graves. Los Estados miembros deben adoptar una postura firme en cuanto a la protección del medio ambiente y garantizar la aplicación rigurosa de esta Directiva.

En concreto, he votado a favor de la inclusión de un anexo a la Directiva en el que se aclare a qué legislación corresponde la imposición de sanciones penales. Un anexo será fundamental para ofrecer una mayor claridad jurídica en cuanto a la legislación comunitaria que resultará afectada. Debería comprender tanto la legislación en vigor, con respecto a la que esta Directiva tendrá la competencia de imponer sanciones penales, como permitir que la futura legislación también se incluya.

Además, un anexo garantizará que la Directiva se limite a la aplicación de la legislación comunitaria y la transposición a la legislación nacional y no repercutirá en la legislación puramente nacional.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Está en marcha la adopción de un Derecho penal común en el seno de la UE por el que se privará a los Estados miembros de su derecho soberano y exclusivo de determinar, de manera independiente, qué tipos de comportamientos consideran delictivos y, asimismo, de la posibilidad de definir la calificación y los límites de las sanciones penales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante el golpe de fuerza que representa su sentencia de 13 de septiembre de 2005 en el asunto relativo a la «protección del medio ambiente», se ha arrogado un derecho de injerencia en el Derecho penal de los Estados miembros en caso de infracción de la legislación medioambiental.

Hoy, en una nueva etapa, se trata de establecer un conjunto armonizado de infracciones a las que se deberían imponer sanciones con arreglo al Derecho penal de todos los Estados miembros y de armonizar tales sanciones penales en casos de infracción medioambiental.

El Tribunal ha asumido el poder y se lo ha transmitido a la Comisión, desdeñando a los pueblos, las constituciones nacionales, los parlamentos y la buena aplicación del Derecho.

Los soberanistas que defendemos las libertades y los derechos de los pueblos de decidir por sí mismos rechazamos tales métodos.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Nassauer sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. En tanto que el Derecho penal sustantivo es y debería ser competencia de los Estados miembros, está asimismo claro que la protección medioambiental es un ámbito que podría coordinarse de manera óptima a nivel comunitario. Me satisface que el paquete de transacción permita que la UE asuma el liderazgo en la protección medioambiental, respetando la integridad de los regímenes jurídicos nacionales.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de Directiva abre el camino a la imposición de un Derecho penal unificado de la UE a los Estados miembros. Utiliza la protección medioambiental y las preocupaciones de los trabajadores sobre los problemas ambientales para fomentar la adopción de un Derecho penal comunitario. Incluso revoca la norma de la unanimidad de los Estados miembros, que se ha aplicado a los asuntos penales hasta la fecha. De este modo, allana el camino a la creación de un acervo comunitario, dando a la UE el derecho y el poder de establecer e imponer sanciones penales donde lo estime necesario. Como resultado del análisis, se están estableciendo determinadas disposiciones de la Constitución Europea. En adelante, su aplicación llevará el nuevo nombre de «Tratado de Lisboa», antes de que ni siquiera se haya ratificado o de que haya entrado en vigor. Se trata de una evolución peligrosa a costa de los pueblos de Europa.

Investir a la UE del poder de adoptar legislación penal unificada sin el acuerdo unánime de los Estados miembros equivale a abolir uno de los derechos de soberanía fundamentales de las naciones: el de decidir qué acciones constituyen un delito penal y determinar el tipo y el grado de las sanciones. Así pues, se establece la primacía del Derecho comunitario sobre la legislación nacional e, incluso sobre las disposiciones constitucionales nacionales. El objetivo consiste en imponer directamente sobre los pueblos de Europa la voluntad de los monopolios de capital europeos legalmente sancionados. Al mismo tiempo, se reducirán drásticamente los derechos personales y las libertades democráticas de los pueblos.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), por escrito. – (PL) La protección del medio ambiente es un deber que nos incumbe a todos. Sin embargo, el mundo no está cumpliendo muy bien con su deber. Existe la tendencia a no reconocer su importancia y a postergar el asunto.

En 1998, el Consejo Europeo adoptó la decisión de proteger el medio ambiente mediante el Derecho penal. La adopción de la nueva Directiva significa que la serie de delitos objeto de sanciones penales en todos los países queda ahora claramente definida. Creo que también procede hacer hincapié en la responsabilidad de los fabricantes, exportadores, importadores y transportistas de los productos y servicios que ofrecen, con el de garantizar que no existan lagunas u oportunidades de eludir la responsabilidad.

Serán necesarios recursos, no obstante, para proporcionar el equipo y la formación del personal necesarios, por ejemplo, de manera que los nuevos principios puedan llevarse a la práctica adecuadamente y se reduzcan los delitos contra el medio ambiente. Creo que tales recursos deberían proceder del presupuesto de la Unión Europea, al menos en lo que atañe a los nuevos Estados miembros. Éstos son los que más trabajo tendrán que realizar dentro de un plazo breve.

Sólo si todos los Estados miembros obran solidariamente será posible lograr los objetivos fijados. En ausencia de tal solidaridad, las diferencias regionales serán cada vez más acusadas.

  Bogusław Sonik (PPE-DE), por escrito. – (PL) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (COM(2007)0051) porque la introducción de nuevas disposiciones jurídicas y la creación de una lista común de delitos contra el medio ambiente para toda la Comunidad garantizarán una aplicación más eficaz de la legislación comunitaria.

En todos los Estados miembros están en vigor las mismas disposiciones, pero el modo en que las mismas se aplican difiere considerablemente. Ello fomenta conductas indeseables con arreglo a las que ciertos empresarios irresponsables podrían reubicar su actividad económica en países donde las sanciones penales por delitos sean menos severas. Ello afecta especialmente a los nuevos Estados miembros. Debería hacerse hincapié en que los delitos cometidos por organizaciones delictivas adquieren cada vez mayor importancia y que los delitos contra el medio ambiente son, cada vez más, de naturaleza transfronteriza.

Estoy de acuerdo con la postura del ponente de que el marco legislativo definido en la propuesta de Directiva representa una contribución importante a la protección eficaz del medio ambiente y que aquélla pueda garantizar una aplicación uniforme y responsable de la legislación de protección medioambiental en la Unión Europea. Unos funcionarios adecuadamente formados representan una condición sine qua non para la aplicación eficaz de la ley y para la reducción real de los delitos contra el medio ambiente. La propuesta de especificar claramente las obligaciones de los Estados miembros al respecto es, pues, enteramente pertinente. La adopción de una lista de delitos contra el medio ambiente y las sanciones aparejadas constituirán un instrumento muy útil para la aplicación común de la legislación de protección medioambiental en la Unión Europea.

- Informe: Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega húngaro, Gábor Harangozó, por el que se modifica, en la primera lectura del procedimiento de codecisión, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola. Apoyo la idea de conceder excepciones a los Estados miembros que deseen realizar la encuesta sobre los métodos de producción agrícola en 2009 en lugar de en 2010 debido a la elaboración del censo de población decenal en 2011. Estoy asimismo a favor de todas las simplificaciones previstas.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. − (PT) La propuesta de Reglamento se justifica como un nuevo planteamiento político de la Comisión en cuanto a la simplificación de la legislación y la mejora de la misma.

Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, que pretende simplificar los procedimientos, reduciendo el número de inspecciones internas y manteniendo al mismo tiempo el necesario nivel de rigor de las disposiciones anteriores, relativas a la elaboración de estadísticas estructurales relacionadas con las producciones vegetales y animales, el trabajo agrícola y el equipamiento utilizado.

Por otro lado, y en interés de la simplificación, la propuesta introduce únicamente un nuevo tipo de inspección y no exige en modo alguno a los Estados miembros que modifiquen sus sistemas administrativos.

  Gábor Harangozó (PSE), por escrito. − (PT) Tratándose de fondos públicos, como es el caso de las ayudas agrícolas, es necesario garantizar su justa distribución en función de criterios objetivos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la necesidad de realizar encuestas para determinar las condiciones de las explotaciones agrícolas. Sin embargo, la aplicación de estos principios no puede constituir otra carga burocrática para los agricultores, sobre todo para los pequeños y medianos, cuyos recursos son bastante escasos o incluso inexistentes. Igualmente, no puede constituir una causa que, debido a deficiencias técnicas u otras cuestiones ajenas a los agricultores, les impida obtener la ayuda a la que tienen derecho, tal como en ocasiones ha sucedido en Portugal con el reconocimiento y la identificación por satélite.

Por lo tanto, consideramos positivo que el informe reconozca las significativas dificultades metodológicas y técnicas existentes en numerosos Estados miembros y, asimismo, que insista en la necesidad de que la Comisión preste la asistencia técnica y el asesoramiento necesarios a los agricultores en materia de reconocimiento de las explotaciones agrícolas por satélite. En este ámbito, queremos además llamar de nuevo la atención sobre la necesidad de que las autoridades de los Estados miembros garanticen el acceso y el uso exclusivo de los datos recogidos en el reconocimiento por satélite para los fines previstos.

- Informe: Sylvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega rumana, Silvia-Adriana Ţicău, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para ejercer la profesión de transportista por carretera.

La anterior Directiva 96/26/CE, relativa al acceso a la profesión de transportista por carretera, y los cuatro Reglamentos sobre el acceso al mercado del transporte, junto con la liberalización de los precios del transporte internacional por carretera que se produjo algunos años antes, han configurado el mercado interior del transporte por carretera, garantizando un grado mínimo de calidad en el transporte por carretera, mientras que la apertura del mercado que rigen los Reglamentos ha generado más competencia.

La experiencia ha demostrado que tales medidas se aplican errónea o desigualmente dado que son ambiguas o incompletas, o bien porque han dejado de adecuarse a la evolución del sector. Las empresas siguen sometiéndose a una vigilancia y un control desiguales según el Estado miembro en que se hallen y existen grandes diferencias en cuanto a los niveles de cualificación profesional y de solvencia económica. Así, era urgente adoptar legislación que establezca las condiciones mínimas de honorabilidad, capacidad financiera y capacidad profesional y el reconocimiento mutuo de algunos de los documentos exigidos para la obtención de dichas autorizaciones para poder ejercer la profesión.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Aparte de la crítica de ciertos aspectos incluidos en esta propuesta de Reglamento, su contenido no debería analizarse sin tener en cuenta su «papel» en el marco de la creciente liberalización del transporte internacional por carretera de mercancías y pasajeros promovido por la Comisión Europea y por las instituciones de la Unión Europea con poder de codecisión, a saber, el Parlamento Europeo y el Consejo.

De hecho, tal idea central la destaca la propia Comisión Europea en su propuesta: «La Directiva 96/26/CE, relativa al acceso a la profesión de transportista por carretera, y los cuatro Reglamentos sobre el acceso al mercado del transporte, junto con la liberalización de los precios del transporte internacional por carretera que se produjo algunos años antes, han configurado el mercado interior del transporte por carretera.» Así pues, se ha establecido «requisitos comunes para acceder a la profesión», mientras que «la apertura del mercado que rigen los Reglamentos ha generado más competencia».

Como destacamos en relación con la propuesta de Reglamento por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, la presente propuesta tiene como objetivo incrementar la liberalización del transporte internacional por carretera, fomentando la competencia entre los diferentes operadores, en un sector donde ésta ya impera, lo que acarreará ingentes y gravosos costes para sus trabajadores.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) La armonización de las normas en vigor es importante para optimizar el transporte por carretera en la Unión Europea. Además, en este contexto resulta más apropiado un reglamento que una directiva.

Las normas que rigen la profesión de operador de transporte por carretera deben cumplir unos criterios definidos con precisión, con el fin de lograr un máximo nivel de seguridad en nuestras carreteras. Tales normas deben comprender tanto requisitos como sanciones.

Un elemento fundamental lo constituye el control y la supervisión de los datos, ámbitos en los que debe garantizarse la protección de los datos personales. Es muy importante interconectar los registros electrónicos nacionales que contengan los datos, de modo que éstos se puedan comparar y se garantice así la utilidad del Reglamento.

Me opongo a las enmiendas 7 y 102, a través de las que se pretende menoscabar la norma de los seis días. Una reintroducción de la norma de los doce días, ya rechazada, sería incongruente con el contenido de este informe.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) El informe de la señora Ţicău forma parte, junto a otros dos informes, de un paquete de medidas sobre la regulación del transporte por carretera.

Esta actividad reviste importancia capital en el Espacio Económico Europeo, ya que posibilita el mercado abierto y competitivo del que hoy nos enorgullecemos.

Con arreglo a esta nueva propuesta, las empresas deben contratar a un gestor de transporte, con formación certificada, que será responsable de la gestión del tráfico de la empresa de transporte, manteniéndose las condiciones ya establecidas para acceder a la profesión: idoneidad, capacidad financiera y capacidad profesional.

El objetivo de esta refundición consiste en garantizar que la legislación existente sea más inteligible y exigente en materia de seguridad y eficacia para la práctica de esta actividad.

Así, me congratulo del trabajo llevado a cabo por la ponente en el ámbito de la responsabilización en materia de seguridad y de las garantías de seriedad en esta actividad económica, así como en relación con las medidas relativas a las competencias profesionales, que requieren una formación exigente y el reconocimiento mutuo de diplomas y licencias.

- Informe: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi estimado colega, Mathieu Grosch, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, que tiene el objetivo de fusionar los textos que regulan el acceso al mercado de transporte internacional de mercancías por carretera y al mercado de cabotaje, ámbitos que se rigen hasta la fecha por anteriores reglamentos y directivas. En el mercado interior, el transporte internacional entre los Estados miembros está totalmente liberalizado, aunque sigue existiendo una serie de restricciones en relación con el cabotaje. Acojo con agrado estas aclaraciones y simplificaciones y, asimismo, el reforzamiento de las sanciones por infracciones cometidas en Estados miembros distintos del de establecimiento.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Se trata de otro paso, y de un nuevo instrumento, en pos de incrementar la liberalización del transporte internacional por carretera fomentando la competencia entre los diferentes operadores, en un sector donde ésta ya impera, lo que acarreará ingentes y gravosos costes para sus trabajadores

Entre otros aspectos, se pretende ahora hallar el modo de facilitar la inclusión de las operaciones de «cabotaje» a través del transporte por carretera —esto es, la realización de hasta tres operaciones de transporte consecutivas tras un trayecto internacional, siempre que éstas se efectúen dentro de un plazo de siete días—, en un mercado ya de por sí liberalizado, lo que tendrá profundas repercusiones para el equilibrio económico y la supervivencia de los operadores nacionales.

Esta decisión tendrá también repercusiones negativas para los trabajadores del transporte de mercancías por carretera. Véase, por ejemplo, la intención de la mayoría del Parlamento Europeo al proponer que se retire la mención al «tiempo de trabajo», dejándose únicamente la referencia al «tiempo de conducción» y a los «periodos de reposo», lo que se traduce en la posibilidad de introducir unos ritmos de trabajo más intensos y repercute en las condiciones de trabajo y de seguridad de los trabajadores. Si tenemos en cuenta las recientes decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ni siquiera la referencia a la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios protegerá los derechos de los trabajadores de este sector.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) He votado a favor de la aprobación del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (refundición) (COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099 (COD)).

Estoy de acuerdo con el ponente en que la aprobación de la propuesta de la Comisión será fundamental para simplificar y clarificar los principios aplicables al transporte por carretera.

Apoyo el informe del señor Grosch, cuyo objetivo consiste en que se ofrezcan oportunidades a los Estados miembros vecinos de seguir abriendo sus mercados a las operaciones de cabotaje.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe de Mathieu Grosch sobre el acceso al mercado del transporte de mercancías por carretera. La fusión de los reglamentos en vigor y de la Directiva 2006/94/CE simplificará y mejorará el acceso a dicho mercado.

Coincido con el ponente en que deben relajarse las restricciones al transporte de cabotaje y en que las normas que lo regulan deben adecuarse a las que se aplican al transporte de mercancías. Para ello será importante contar con una definición clara de cabotaje, con el fin de garantizar un planteamiento uniforme.

Aunque deben evitarse los viajes sin carga, en beneficio del medio ambiente y de la eficacia, y pese a que se debe apoyar el cabotaje en los viajes de regreso desde otros países con arreglo las restricciones citadas en el informe, tampoco ha de olvidarse que tales medidas debilitan, al mismo tiempo, el transporte ferroviario.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Hemos votado en contra del informe sobre el acceso al transporte de mercancías por carretera. Éste liberaliza el mercado de transporte por carretera y permite que los operadores internacionales accedan al transporte nacional. El transporte por carretera internacional y nacional de mercancías y viajeros se entrega, pues, a las empresas monopolísticas. Las consecuencias serán desastrosas para las pequeñas y medianas empresas de transporte y, especialmente, para los trabajadores y conductores, a los que los grupos monopolísticos explotarán aún más.

La propuesta del Parlamento Europeo emprende un camino aún más reaccionario que el de la Comisión. Elimina las restricciones mínimas propuestas y exige la plena liberalización del mercado del transporte internacional y nacional.

La posibilidad de llevar a cabo operaciones de carga y recarga ilimitadas en los Estados miembros y el tiempo asimismo ilimitado que los vehículos y el personal pueden pasar en otros Estados miembros tras haber efectuado operaciones de transporte puramente internacionales tienen como objetivo reducir los costes laborales. Se violarán así los derechos que protegen los salarios, el trabajo y el seguro de los trabajadores en el sector del transporte internacional y se fomentará la concentración de actividades en grandes multinacionales que, de no ser sometidas a control, harán estragos en el sector y reducirán la calidad de los servicios.

El movimiento de la clase trabajadora debe oponerse vigorosamente a esta iniciativa dando muestras de insubordinación y desobediencia a esta política de la UE contraria a los trabajadores y al pueblo.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas en el ámbito de la actividad del transporte por carretera. En este caso, la propuesta en cuestión pretende aportar coherencia a la legislación comunitaria en el ámbito del transporte internacional de mercancías por carretera a través de la fusión de dos reglamentos existentes, con objeto de garantizar una mayor eficacia en la aplicación de las normas y precisando y facilitando la aplicación del concepto de cabotaje. Además, establece medidas para la simplificación y la normalización de la licencia comunitaria y de la certificación de los conductores, lo que reducirá los costes administrativos y los retrasos, sobre todo en el caso de los controles efectuados durante el trayecto.

Los Estados miembros podrán asimismo reforzar sus sistemas de comunicación, lo que facilitará el conocimiento de las infracciones cometidas por una empresa de transporte por carretera en el Estado en que esté establecida. Creo que este texto reviste una importancia capital para el desarrollo de este sector en el mercado europeo, al que conferirá la eficiencia necesaria y la exigencia y estructura conducentes a un mercado abierto, regulado y justo.

- Informe: Fiona Hall (A6-0077/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado favor del informe de mi colega británica Fional Hall, quien ha realizado un excelente trabajo y ha modificado, en la primera lectura del procedimiento de codecisión, la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS). Como ponente de mi grupo político, el Grupo del PPE-DE, me he esforzado por lograr una cobertura geográfica óptima de los servicios en el territorio de la UE. Me complace haber podido contribuir a la exigencia de que los aspirantes incluyan el compromiso de que el sistema móvil por satélite propuesto garantice la cobertura de, al menos, un 60 % de la superficie terrestre agregada de cada Estado miembro desde el momento en que comience a prestarse el servicio. Además, el servicio propuesto debe prestarse en todos los Estados miembros, alcanzar al menos al 50 % de la población y cubrir 60 % de la superficie terrestre agregada de cada Estado miembro en el momento fijado por el aspirante y, en cualquier caso, a más tardar siete años después de la fecha de publicación del texto. Por último, las candidaturas incluirán un compromiso, por parte del aspirante, de poner a disposición el sistema móvil por satélite propuesto para la prestación de servicios de protección de la población y socorro en caso de catástrofe.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Este informe contiene aspectos positivos que valoramos, a saber, las propuestas sobre la importancia de que los servicios móviles por satélite cubran zonas situadas fuera de los principales centros urbanos de los Estados miembros y de que se presten los mejores servicios posibles, con el fin de superar la brecha digital, así como la defensa de que el nivel de la zona de cobertura del servicio inicial de los servicios móviles por satélite sea suficiente, de modo que se aumente la capacidad de cobertura de tales sistemas.

Sin embargo, no podemos ignorar el contexto en que se presentan tales propuestas, a saber, la liberalización y el avance del mercado interior de las telecomunicaciones. Por ello, no podemos votar a favor de este informe.

De igual modo, no estamos de acuerdo con que los Estados miembros deban renunciar a sus derechos nacionales sobre las adjudicaciones del espectro puesto que los servicios móviles por satélite cubren una gran superficie, lo que hace difícil evitar las interferencias más allá de las fronteras nacionales. De hecho, la Decisión de la Comisión de febrero de 2007 reconoció que los Estados miembros deberían conservar el derecho de autorizar el funcionamiento de componentes terrestres complementarios en su territorio.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El informe sobre la selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite versa sobre cómo habremos de establecer un sistema europeo común de servicios móviles por satélite, un importante factor en el continuo reforzamiento de la competitividad de Europa en la investigación y la industria de alta tecnología. Se trata de un buen informe que se centra en el modo de mejorar tales aspectos. Sin embargo, una cuestión crucial en cuanto a la cobertura de este servicio ha planteado problemas, desde el punto de vista de Suecia, ya que el compromiso alcanzado fija en un 60 % la superficie del territorio de la UE. Ello significa que no se dará cobertura a ciertas zonas de Suecia, lo que es negativo desde la perspectiva del desarrollo de la tecnología y de la investigación. Por ello, he decidido abstenerme.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) La adopción de esta decisión constituye una etapa decisiva en pos del reforzamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

El objetivo es simple: brindar a todos acceso a Internet de alta velocidad y ofrecer servicios móviles multimedia y servicios de protección civil en caso de catástrofe natural o humana.

Los medios empleados están a la altura de las expectativas de nuestros conciudadanos, sobre todo en lo que respecta al acceso a Internet: un servicio destinado al 50 % de la población y, al menos, al 60 % del territorio de cada Estado miembro constituye una garantía eficaz para lograr la superación de la brecha digital que beneficiará asimismo a las zonas rurales.

Esta decisión constituye asimismo un gran logro ya que entraña una armonización mucho mayor de la gestión a nivel europeo del espectro radioeléctrico, que, procede recordar, se trata de un recurso cada vez más escaso.

También es el resultado de la voluntad del conjunto de los Estados miembros de poner a disposición de la industria de las telecomunicaciones los medios de construir un mercado de servicios de ámbito europeo, un mercado en exceso fragmentado hasta la fecha.

En definitiva, los SMS deberían constituir un éxito tanto para la industria como para el fomento de la diversidad cultural y del pluralismo de los medios de comunicación.

- Informe: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de propia iniciativa de mi colega alemán Klaus-Heiner Lehne sobre la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la verificación del cierre anual de cuentas en respuesta a la Comunicación de la Comisión Europea al respecto.

Al igual que mis colegas, aplaudo el objetivo general de la Comisión de reducir la carga administrativa de las empresas europeas. Sin embargo, esta reducción no debe lograrse a costa de la seguridad jurídica o contable, en un momento en que las pequeñas y medianas empresas empiezan a penetrar en el mercado interior. Me complace que el Parlamento no haya aceptado la hipótesis de elevar los umbrales definidos en la Comunicación en lo que respecta a las microempresas, por debajo de los cuales las mismas quedan exentas de la obligación, establecida en el Derecho europeo, de rendir cuentas, de someterse al control anual de cuentas y de publicarlas. También me satisface que el Parlamento haya aprobado una enmienda que presenté en la comisión y que ésta no aprobó. Aquélla recomienda que se realice una consulta con el fin de estudiar la necesidad y la posibilidad de crear un regulador de los servicios de contabilidad y auditoría.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de Klaus-Heiner Lehne sobre la simplificación del entorno empresarial porque estoy convencido de la necesidad de «nuevas» reformas en materia de Derecho de sociedades, contabilidad y verificación del cierre anual de cuentas. El Derecho de sociedades está ahora fuerte y, a mi juicio, favorablemente influido por la normativa europea. Debemos evitar que ello imponga obligaciones burocráticas excesivas e innecesarias, así como que se produzcan solapamientos con las cargas que ya imponen las disposiciones nacionales.

Estas reformas tendrán que orientarse a facilitar la lectura de la normativa aplicable y a reducir las cargas burocráticas y administrativas, sobre todo en materia de contabilidad. La simplificación será muy beneficiosa para las empresas, sobre todo para las PYME, que, por norma general, no cuentan con grandes departamentos jurídicos y contables. Estoy convencido de que unas normas comprensibles y de fácil aplicación favorecerán sobre todo la observancia de la legislación. Al mismo tiempo, mediante unas disposiciones claras y de fácil identificación se fomentará asimismo la creación de un ambiente económico favorable y activo.

Creo que el trabajo tanto de la Comisión responsable como del ponente, señor Lehne, ha dado lugar a un compromiso justo entre la exigencia de respeto del principio de subsidiariedad y la creación de un procedimiento armonizado para los Estados miembros que están realizando un esfuerzo común encaminado a la simplificación del Derecho de sociedades a nivel europeo.

Debemos evitar la creación de obstáculos burocráticos que inhiban el dinamismo y el carácter emprendedor hasta el punto de sofocarlos.

  Sharon Bowles (ALDE), por escrito. − La enmienda 11 quinquies pide la supresión del apartado 26. Dicho apartado 26 se puede interpretar de dos maneras. Ha habido a quien le ha preocupado que se pudiera invocar el principio de «una acción, un voto» y por dicha razón ha votado a favor de la supresión del apartado. Mi interpretación no es tal. El apartado se refiere específicamente a «obstáculos a la libre circulación de capitales» concretos y cita en concreto una sentencia relativa a Volkswagen. Mi interpretación del apartado consiste en que éste invita a la Comisión a que adopte medidas contra las medidas especiales de índole excesivamente proteccionista. Por tal motivo, he votado en contra de la enmienda y a favor de que se mantenga el apartado a modo de declaración en contra del proteccionismo.

  Sylwester Chruszcz (NI), por escrito. – (PL) Estoy a favor de simplificar los procedimientos de información y los métodos de comunicación entre las administraciones públicas y los empresarios. En la actualidad, los procedimientos burocráticos impuestos a los empresarios resultan indebidamente complejos. El informe tiene el objetivo de mejorar la comunicación y recomienda asimismo la introducción de la norma XBRL. Se trata de una norma abierta, lo que significa que será de fácil acceso incluso para las empresas más pequeñas.

Por consiguiente, he decidido votar a favor de este informe.

  Jonathan Evans (PPE-DE), por escrito. − Mis colegas conservadores británicos y yo deseamos dejar clara nuestra firme oposición al apartado 23 del presente informe, que apoya la creación de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) en la UE.

Al respecto, hemos expresado con claridad nuestra postura en reiteradas ocasiones. Aclarado, pues, este punto, el equilibrio del resto del informe en cuanto al fomento de la simplificación de las normas de las normas dirigidas a las empresas lo hace merecedor de nuestro apoyo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) De una forma general, el informe aspira a la simplificación y la reducción de la legislación comunitaria, con el argumento de que ello beneficiará especialmente a las PYME. Es verdad que podría haber algunos aspectos positivos en dicha simplificación y, por lo general, apoyamos la simplificación de medidas relativas a la legislación de las sociedades, siempre que ello depare la supresión de la burocracia. Sin embargo, no podemos votar a favor de un informe que, por un lado, apela a la simplificación pero, por otro lado, aboga por la creación de nuevos marcos jurídicos en el ámbito comunitario.

Entre las dudas y los aspectos negativos que han dado lugar a nuestra abstención se cuentan las siguientes propuestas contenidas en el informe: acción coordinada entre las administraciones fiscales de los Estados miembros a fin de armonizar y simplificar las informaciones que se piden a las empresas; revisión del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea con las miras puestas en una forma jurídica más unitaria; instauración de un nuevo marco dispositivo para las empresas y de una base imponible consolidada para el impuesto de sociedades que haría más útil y más eficaz el Estatuto de la sociedad anónima europea.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), por escrito. – (PL) La Comunicación de la Comisión sobre la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la verificación del cierre anual de cuentas tenía como objetivo reducir la carga administrativa de las empresas y garantizar que éstas puedan competir eficazmente a escala mundial. No sólo los Estados miembros dejan de aprovechar las medidas opcionales encaminadas a la reducción de la burocracia, sino que, con frecuencia, contrarrestan las concesiones comunitarias a través de unas disposiciones nacionales más estrictas, lo que priva a las empresas de la oportunidad de simplificar los procedimientos con arreglo a la legislación comunitaria.

Por ende, la Comisión debería concentrarse en fomentar que los Estados miembros armonicen la clasificación de los requisitos en materia de información en el ámbito de la información financiera. También debería ejercer presión sobre los Estados miembros para que éstos adopten nuevas tecnologías que reduzcan costes. Por otra parte, una solución que entrañe la instauración de una base imponible consolidada para el impuesto de sociedades haría más útil y más eficaz el Estatuto de la sociedad anónima europea. La propuesta de excluir a las microempresas del ámbito de aplicación de las directivas sobre contabilidad ha de recibirse asimismo con agrado. En la práctica, ello significará eximirlas de la obligación de llevar las cuentas, presentar un informe financiero anual y publicar informes con arreglo a la legislación comunitaria.

Sin duda, las modificaciones propuestas son dignas de elogio. Sin embargo, se antoja fundamental una ulterior simplificación del acervo de la Unión en el ámbito del Derecho de sociedades y su aplicación eficaz en los Estados miembros si se pretende que las empresas europeas compitan con éxito en un mercado mundial cada vez más exigente.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He brindado mi apoyo al informe del señor Lehne sobre la simplificación del entorno empresarial. La UE tiene una función crucial que desempeñar a la hora de garantizar que las empresas operen en un entorno competitivo, pese a lo cual las empresas y los Estados miembros se ven afectados a menudo por las trabas que imponen unas normas en exceso complejas. Se ha de dispensar, pues, una buena acogida a las iniciativas encaminadas a simplificar el entorno empresarial.

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor de este informe, aunque considero que deberíamos aplicar un paquete de acciones más amplio con objeto de garantizar la simplificación del entorno empresarial europeo.

Me refiero, en concreto, a los problemas que se experimentan al crear una empresa. Eurostat muestra que, en los Estados miembros de la UE, el periodo necesario para completar los trámites administrativos relativos a la creación de una empresa varían entre un día y varios meses. Además, algunos Estados miembros quedan muy por debajo de la media de la clasificación de la OCDE de los países del mundo que más facilitan los negocios. Por último, las diferentes normas de los 27 Estados miembros en materia de Derecho de sociedades evitan la circulación transnacional de capitales y la creación de nuevas empresas en un Estado miembro distinto del de origen.

Creo que estos dos elementos son fundamentales para la consecución del objetivo de crecimiento económico de la Estrategia de Lisboa y, por consiguiente, la legislación europea en materia de sociedades debería fomentarlos más.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. – (PL) Señor Presidente, la Unión Europea no se percibe como una zona en la que las disposiciones relativas a la gestión de una empresa sean especialmente sencillas en lo que atañe a su facilidad de aplicación. De hecho, la sensación general consiste en que se trata de una zona excesivamente reglamentada con respecto a la norma mundial, lo que crea dificultades especiales para las pequeñas empresas. Toda medida emprendida para simplificar las disposiciones, como se indica en la Comunicación de la Comisión de 10 de julio de 2007, debería, pues, acogerse con satisfacción. El efecto más importante y más deseable de la simplificación debería consistir en fomentar que las pequeñas empresas operen en el mercado común europeo. Hasta la fecha, éste no ha sido muy accesible para las nuevas empresas de Europa Central y Oriental.

Para lograr tal objetivo, las disposiciones nacionales deben armonizarse, mientras que han de derogarse las normas innecesarias, conforme a las dos opciones que propone la Comisión. Ello no exige, sin embargo, que se armonice la fiscalidad, tal como se propone en el apartado 23 del informe del señor Lehne, la denominada fórmula «ligera» para la consolidación de la base imponible consolidada para el impuesto de sociedades. El ponente apoya la segunda opción propuesta por la Comisión, cuyo alcance es mucho menor. Sin embargo, en el contexto de la actual tendencia de la Unión Europea a reglamentar, aquélla representaría sin duda una inversión de tal propensión desfavorable, que limita a todas luces las oportunidades de que las empresas europeas compitan en el mercado mundial.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. − (NL) La Comunicación de la Comisión se refiere a cuestiones fundamentales que determinarán la política europea en materia de Derecho de sociedades y de contabilidad. El informe Lehne ofrece, en relación con tales cuestiones, respuestas adecuadas que cuentan con mi aprobación. Sin embargo, existe un punto problemático relacionado con la propuesta de la Comisión de crear una categoría de «microempresas». Se trata de empresas pequeñas, situadas por debajo de un umbral determinado, que quedarían exentas de las obligaciones europeas en materia de información financiera y contabilidad anual. El informe Lehne está a favor de dicho planteamiento e, incluso, propone el aumento de los umbrales correspondientes. En Bélgica, el 75 % de las empresas quedaría exento de cumplir las actuales obligaciones de transparencia. A primera vista, la abolición del sistema de contabilidad para las pequeñas empresa se antoja una importante simplificación de la burocracia pero, habida cuenta de la importancia que reviste la información financiera para todas las partes interesadas (por ejemplo, los proveedores de créditos), podría dar lugar a una mayor burocracia y a un aumento de los costes. Ya que no existirá un régimen de información generalmente aceptado, se pedirá a las empresas que faciliten cifras a la carta, de modos muy diversos. Por otra parte, se privará a aquéllas de una herramienta útil para el control interno de la empresa, lo que sin duda es importante para una PYME. Por todo ello, he optado por la abstención en la votación final.

- Informe: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

  Adam Bielan (UEN), por escrito. – (PL) Señor Presidente, el acceso a la educación superior se ha facilitado en gran medida y cada vez más mujeres obtienen títulos universitarios. Sin embargo, éstas siguen estado escasamente representadas en los máximos niveles académicos. Aunque la mayoría de los profesores universitarios son mujeres (más del 50 %), éstas tienden a ocupar puestos de menor rango.

Estoy a favor de la idea de fomentar medidas favorables a la familia a través de la introducción de unos horarios de trabajo flexibles y de la oferta de unos mejores servicios de guardería. También estoy a favor de facilitar acceso al régimen de seguridad social en el extranjero y de la introducción de unas condiciones de permiso parental que permitan la libertad de elección de hombres y mujeres. Las interrupciones de la carrera profesional que las mujeres científicas han de realizar por motivos familiares no deberían repercutir negativamente en sus opciones profesionales posteriores, de modo que se confiera a los hombres una ventaja ilegítima en lo que respecta al desarrollo de su carrera científica.

He apoyado el informe de la señora Thomsen porque creo que aborda acertadamente las cuestiones relativas a los estereotipos de género. Éstos siguen existiendo en muchos Estados miembros de la Unión Europea.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de Britta Thomsen sobre la mujer y la ciencia porque considero necesario que se facilite el acceso de ambos sexos a las carreras científicas en igualdad de condiciones. Factores como los estereotipos asociados a las ciencias exactas o los obstáculos que crea la dificultad de conciliar la vida personal y familiar con la vida profesional acarrean innúmeras desventajas y dificultades para las científicas e investigadores, hasta el punto de excluir a muchas mujeres de la investigación científica.

Las disparidades entre hombres y mujeres en relación con su presencia en posiciones de liderazgo académico y científico, a los salarios respectivos o a las exigencias de la vida personal hacen fundamentales las medidas que contrarresten los estereotipos de género en la ciencia, atraigan a las mujeres a las carreras científicas y supriman las desigualdades existentes.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Sabemos que hay más mujeres que hombres en la educación superior pero, cuando se trata de escoger una carrera de investigación, el número de hombres supera al de mujeres. El aumento del acceso de las mujeres a la educación superior no ha dado lugar a un cambio equivalente de la relación entre mujeres y hombres en ciertos ámbitos académicos o profesionales ni ha eliminado la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Como señala la ponente, las mujeres investigadoras siguen estando en minoría en los sectores público y de educación superior y, en la Unión Europea, la media de mujeres representa un 35 % del total. En todos los países, estos dos sectores presentan un porcentaje más elevado de mujeres investigadoras que el sector privado, donde la media comunitaria no sobrepasa el 18 %. Cabe señalar que existen grandes variaciones entre los países. Los que tienen menos mujeres en la investigación en el sector privado son Alemania (11,8 %), Austria (10,4 %) y los Países Bajos (8,7 %), situación que contrasta con la de países como Letonia, Bulgaria y Rumanía, en los que dicho porcentaje supera el 40 %. También las pautas de distribución de los investigadores masculinos y femeninos por ámbito científico son muy diferentes. Entre los hombres investigadores en la educación superior, el 54 % trabaja en el ámbito de las ciencias naturales y en la ingeniería, frente a apenas un 37 % de las mujeres investigadoras.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) La mejora del acceso de la mujer a las actividades del ámbito científico, tal como afirma la ponente, reviste una importancia crucial. El modo de obtener tal resultado en cada país, por otra parte, es algo que varía en función de la cultura del mismo y de otras características específicas. El problema se manifiesta de manera distinta en los 27 Estados miembros de la UE, de ahí que las soluciones deban ser asimismo diferentes. No es posible generalizar a propósito de la situación de la mujer en los 27 Estados miembros. Junilistan está convencido de que el camino hacia la igualdad debe trazarse a nivel nacional.

Por lo tanto, hemos decidido votar en contra del informe.

  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. – (PL) En mi calidad de mujer profesora con numerosos años de experiencia profesional en una universidad polaca, soy consciente de la magnitud de las dificultades en cuestión y, por ende, apoyo el informe de la señora Thomsen. El informe adopta un interesante planteamiento del problema de la discriminación de género en el ámbito científico e identifica los obstáculos sociales, culturales y económicos que ocasionan que la mujer siga estando infrarrepresentada.

Somos pocas en el sector público y en la educación superior, apenas un 35 %, y sólo un 18 % en el sector privado. ¿Cómo vamos a crear una sociedad basada en el conocimiento, desarrollar la ciencia y la economía europeas, lograr los retos que plantea la Estrategia de Lisboa y cumplir las expectativas de Europa en el umbral del siglo XXI sin contar con la participación de la mujer en la ciencia? Tenemos que crear las condiciones que permitan que las mujeres participen más ampliamente en el ámbito científico y que abran a las mismas las puertas de los laboratorios universitarios. También debe ser posible que las mujeres aspiren a ocupar los máximos puestos académicos. La promoción en el ámbito científico depende de los logros académicos y las opciones de una mujer de ocupar una cátedra son tres veces menores que las de un hombre. Esto es lamentable y no puede explicarse exclusivamente aludiendo a los mayores compromisos familiares de la mujer.

Pocas mujeres son miembros de los organismos decisorios de las instituciones de educación superior europeas, por lo que es más difícil aplicar políticas de igualdad de género en tales instituciones. Basta con referirse al vergonzoso ejemplo del Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación: sólo cinco de sus veintidós miembros son mujeres.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. – (PL) La participación de la mujer en el mercado de trabajo está aumentando sistemáticamente en toda la Unión Europea. Polonia no es una excepción, aunque la participación de la mujer en el mercado de trabajo en este país sigue estando por debajo de la media de la Unión. Desearía destacar, sin embargo, que hay más mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en Polonia que en el resto de países de Europa Occidental.

Creo que el aumento de la actividad profesional de la mujer constituye una cuestión importante. En este contexto, es importante considerar la situación de las mujeres científicas, ya que presenta similitudes con la situación de todas las mujeres que tienen que conciliar las obligaciones profesionales con la vida familiar.

Sin embargo, no creo que la imposición de la paridad represente el modo de incrementar la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Las decisiones en materia de empleo deberían adoptarse, por encima de todo, sobre la base de las cualificaciones y competencias adquiridas por las mujeres a través de una educación apropiada. La propuesta de incrementar la transparencia en los procedimientos de contratación, los concursos relativos a puestos directivos y la concesión de becas de investigación científica se antoja, sin embargo, apropiada. No obstante, tales cambios deberían acompañarse de la reforma del mercado de trabajo.

La ciencia de la Unión Europea requiere apoyo. Deberían fomentarse las carreras científicas y técnicas, como estudios atractivos para ambos sexos, habida cuenta de la importancia de la ciencia para el desarrollo económico. Deberíamos, pues, fomentar que los jóvenes cursen estudios de educación superior de esta naturaleza.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe de Britta Thomsen sobre la mujer y la ciencia porque las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el ámbito científico. El informe contiene importantes medidas encaminadas a la consecución del equilibrio entre mujeres y hombres en el ámbito académico.

La promoción de la carrera académica de la mujer debe desempeñar una función crucial al respecto. En este sentido, reviste importancia la superación de los estereotipos de género. La actual tendencia a atribuir características femeninas o masculinas a las disciplinas científicas impide la consecución del equilibrio entre los sexos.

Con ayuda de nuevos programas y procedimientos contratación se podrá lograr que se sitúen en primer plano las competencias de los aspirantes, no su sexo. Cabe aplicar lo mismo a las opciones de ascenso y a los salarios de las personas. El objetivo no vinculante de al menos un 40 % de mujeres y un 40 % de hombres constituye un método de reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres en el ámbito académico, si bien las competencias de los aspirantes deben situarse siempre en el primer plano.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor del informe sobre la mujer y la ciencia, que considero fundamental para la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de crecimiento y empleo.

En los nuevos Estados miembros de la UE, la cifra de mujeres investigadoras alcanza aproximadamente el 40 %, frente a los países de Europa Occidental, donde aquélla equivale aproximadamente al 11 %. Por desgracia, no obstante, un elevado porcentaje de estas mujeres trabaja en ámbitos en los que los gastos en materia de investigación y desarrollo se hallan entre los más bajos.

Desearía llamar la atención sobre la importancia del apartado referido a la integración de la dimensión familiar a través de horarios de trabajo flexibles y mejores infraestructuras de guardería infantil que concilien la vida familiar con la carrera profesional.

Creo que la rápida aplicación de las disposiciones de este informe brindará un apoyo fundamental para la consecución del objetivo del 25 % de mujeres en puestos directivos del ámbito de la investigación en 2010. Felicito a Britta Thomsen por su informe.

  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. − Ante la imposibilidad de asistir y participar en el debate por motivos de salud, quiero justificar mi voto afirmativo a este informe, por tratarse de un trabajo excelente, muy completo, que aborda todas las cuestiones importantes para conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos científico y tecnológico.

Y también muy oportuno, puesto que, si para cumplir con sus objetivos para el 2010, la UE necesita 700 000 nuevos investigadores, es el momento adecuado para que la Comisión y los Estados Miembros pongan en marcha las medidas específicas recogidas en este informe para corregir esa disfunción.

La preparación y los méritos están repartidos por igual entre hombres y mujeres. Es más, en este momento hay más mujeres que hombres en nuestras universidades y los resultados son incluso mejores en las mujeres. De todo ello hay datos objetivos.

Y, además, los Gobiernos deberían ser los primeros interesados en una mayor participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ya que utilizar únicamente la mitad de los cerebros no es ni inteligente ni eficaz.

Me alegro de que este Parlamento haya abordado finalmente con profundidad esta cuestión.

  Lydia Schenardi (NI), por escrito. – (FR) Falsas verdades, afirmaciones erróneas y comentarios sexistas que estigmatizan fundamentalmente a los hombres representan, en pocas palabras, en pocas y brutales palabras, el contenido del informe que se nos ha presentado.

La igualdad entre hombres y mujeres y la mejor integración de éstas en el entorno profesional no pueden concebirse de un modo autoritario y represivo. De tal modo, los resultados sólo podrán ser negativos y contraproducentes.

Es indudable que existen numerosos retrasos en materia de integración, diferencias salariales e, incluso, cierta ausencia de perfiles profesionales, sobre todo en el ámbito de la ciencia y la investigación.

Pero, una vez más, a través del diálogo, la aplicación de medidas no restrictivas para fomentar el acceso de las jóvenes a los estudios científicos de larga duración y el apoyo activo de las mujeres a largo de sus carreras se podrá lograr que evolucione la situación de la mujer en la sociedad.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El informe de Britta Thomsen constata que las mujeres investigadoras representan una minoría en la UE. Cuentan con una seguridad económica y profesional menor en sus carreras y sufren en mayor medida la penalización de sus responsabilidades familiares. Se trata de una situación grave, tanto en lo que atañe a los principios como en lo que concierne a sus repercusiones prácticas. Las economías —y las democracias— modernas no pueden permitirse el dispensar un trato especial, negativo, a personas de mérito académico. Por ello, he votado a favor del informe.

Sin embargo, desearía señalar que ciertas partes del informe no se han sometido a votación y no acierto a comprender cómo se justifica tal proceder. El apartado 7 pide que para evaluar la excelencia se pondere el criterio de la edad con la situación familiar, teniendo en cuenta el número de personas a cargo del investigador. Creo que tal criterio sería difícil de aplicar en la práctica y que incluso podría ser contraproducente. La simplificación de los roles sexuales entraña siempre un riesgo, al igual que la referencia a «cualidades que con frecuencia prevalecen en las mujeres científicas» o la creación de criterios absolutos para la ponderación del rendimiento de los investigadores.

Por otra parte, apoyo sin reservas la recomendación de instaurar objetivos no vinculantes de al menos un 40 % de mujeres y un 40 % de hombres en lo que respecta a la representación en comités científicos de diversa índole. También estoy de acuerdo con la crítica de que, en ocasiones, la UE se queda corta cuando se trata de igualdad. No ha de subestimarse la política de presencia, aunque ésta no debe convertirse en religión.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. – (PL) Las mujeres realizan una contribución importante al desarrollo de la ciencia. Marie Skłodowska-Curie, de nacionalidad polaca y galardonada con los Premios Nóbel de física y de química, es uno de los ejemplos más ilustrativos de lo anterior. Varias calles y hospitales y una universidad llevan el nombre de esta famosa científica.

Cuando escogen carreras científicas, las mujeres deben afrontar desafíos más importantes que los hombres. Ello se debe en parte a su función reproductiva y de cuidado de sus familias. Por consiguiente, se debe apoyar a las mujeres científicas a través del desarrollo de permisos de maternidad preferentes y a través de subsidios especiales para las mujeres que cuidan de sus hijos al tiempo que desarrollan su carrera científica de forma simultánea.

Al contrario de lo que defiende la propuesta de resolución que votamos hoy, sin embargo, no resulta deseable imponer cuotas rosas para la contratación de personal académico o la participación en comités de diversos tipos con vistas a asegurar la igualdad de género. Las decisiones sobre puestos de trabajo y carreras científicas no se deberían tomar sobre la base del género. Por el contrario, se debería decidir sobre la base de la elección realizada por la persona en cuestión, su cualificación y sus conocimientos.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. − (SK) Me gustaría dar las gracias a la señora Thomsen por su informe, que señala un cierto tipo de discriminación contra las mujeres en los ámbitos científico y de la investigación. Aunque más del 50 % de los estudiantes de la UE son mujeres, éstas ocupan únicamente el 15 % de los puestos académicos de mayor nivel en la ciencia y la investigación.

Los estudios universitarios raramente dan los frutos necesarios que justifiquen la enorme cantidad de tiempo y dinero invertidos en ellos. Tras muchos años de estudio, las mujeres a menudo sacrifican sus vidas personales y profesionales o deben conciliar ambos aspectos. La cooperación y el apoyo a los ciudadanos dotados de un elevado potencial intelectual deberían redundar en interés de toda la sociedad, puesto que tal potencial pasaría a formar parte del patrimonio cultural, espiritual, histórico y científico nacional. La maternidad tiene unas repercusiones especialmente significativas en las oportunidades de desarrollo de la carrera profesional de las mujeres, las castiga de forma paradójica en términos de oportunidades de acceso a los puestos de responsabilidad, de realización personal o de justa recompensa y no les ofrece una compensación adecuada por la inversión social que supone dar a luz y criar a los hijos, garantes de nuestro futuro.

Creo que este problema podría resolverse a través de una reforma de las condiciones de estudio para las jóvenes, el estudio a través de Internet y el teletrabajo y el aprendizaje permanente, así como incentivando a los padres para que apoyen a las madres que desean convertirse en científicas. El Estado también tiene la responsabilidad de apoyar la carrera científica de las mujeres, es decir, apoyar a las mujeres en sus estudios, ayudarles a conciliar la vida familiar y profesional y a recibir una justa recompensa por su trabajo, ofrecerles prestaciones económicas directas y ayudarles, de la forma más sencilla posible, en el cuidado de los hijos.

- Informe: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El desmantelamiento de los buques sigue teniendo repercusiones sociales y ecológicas importantes, tanto por la forma en que se hace, que puede perjudicar al medio ambiente, como por el hecho de que el número de buques en construcción ha aumentado a lo largo de los años. De ahí la importancia de la innovación permanente y del desarrollo del sector de la construcción naval en los Estados miembros a fin de permitir mejorar la construcción de buques y de hacerlos menos perjudiciales desde el punto de vista medioambiental.

Desde 2005 la OMI (Organización Marítima Internacional) colabora con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para elaborar normas internacionales de carácter vinculante para el desmantelamiento de los buques de forma respetuosa con el medio ambiente. Actualmente se negocia un proyecto de convenio que debería aprobarse en 2009, pero que sólo entraría en vigor algunos años después.

De conformidad con el proyecto actual, el convenio no sería aplicable a los buques de guerra ni a otros buques propiedad del Estado. Aún no se ha alcanzado un acuerdo en relación con las normas que no se incluyen en el ámbito de la OMI, las normas básicas para las instalaciones de reciclaje de buques, los requisitos de notificación (especialmente la notificación interestatal) y el tipo de mecanismo de control de la aplicación del convenio.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − Acojo con satisfacción el informe Blokland sobre el Libro Verde «Mejorar el desmantelamiento de los buques». El desmantelamiento de los buques es una actividad peligrosa que tiene costes elevados tanto en términos de vidas humanas como para el medio ambiente. El hecho de que la UE cierre los ojos a la exportación de buques a los países en desarrollo para su desmantelamiento resulta inaceptable. Estos buques son, efectivamente, residuos peligrosos y es fundamental que la UE actúe para impedir su exportación. Acojo con satisfacción el apoyo de esta Cámara a las enmiendas de mi grupo político, que ponen de manifiesto la urgencia de la acción necesaria en este ámbito.

  David Martin (PSE), por escrito. − El informe de Johannes Blokland sobre el Libro Verde «Mejorar el desmantelamiento de los buques» pretende lograr un desmantelamiento sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como social. El informe tiene por objeto abordar los problemas a los que actualmente se enfrenta el sector, especialmente las importantes preocupaciones que existen en términos de salud y seguridad de los trabajadores en los astilleros de Bangladesh y la India. Por consiguiente, he votado a favor de las recomendaciones de este informe.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Las preocupaciones europeas en relación con el medio ambiente y las condiciones de trabajo en terceros países merecen nuestro acuerdo de principio. La exportación de condiciones de miseria, tanto ambiental y laboral como de otra naturaleza, nunca podrá formar parte de nuestra visión del comercio y los intercambios comerciales a escala mundial. Por consiguiente, resulta fundamental no defender una visión tan absoluta y moderna de nuestra realidad sobre ciertos valores en la que los árboles impidan ver el bosque.

La adopción de medidas drásticas que acaben con prácticas que en realidad suponen un dumping social o ambiental, pero que, a la vez, impliquen la destrucción de un sector económico en un tercer país y que, de este modo, sumerjan aún más en la miseria a una parte profundamente vulnerable de la población, no se ajusta a lo que defendemos. Las reformas graduales y la aplicación de normas a medida que se promueve el desarrollo constituye una solución más efectiva y deseable. No podemos poner fin a la miseria y la degradación humana si sólo podemos ofrecer como alternativa la miseria y la degradación humana.

- Informe: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe intermedio de Karl-Heinz Florenz, sobre los datos científicos del cambio climático, elaborado en nombre de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático del Parlamento Europeo.

Existe un consenso científico sobre el origen y las causas del cambio climático reconocido a escala mundial. Las pruebas científicas que llegan de todos los continentes y de la mayoría de los océanos muestran que buen número de ecosistemas naturales ya se encuentran afectados por los cambios climáticos regionales debidos a las emisiones históricas de carbono producidas por los países industrializados. Por otra parte, también se ha probado científicamente que las causas que subyacen al calentamiento del planeta son fundamentalmente de origen humano.

Acojo con satisfacción el hecho de que el informe subraye la necesidad de un análisis e investigaciones adicionales sobre las consecuencias del cambio climático, como las repercusiones sobre la competitividad económica, los costes energéticos y la evolución social en Europa, el papel de la utilización de los suelos, la función de los bosques y la deforestación, el papel del ambiente marino y el cálculo de los costes externos del cambio climático resultantes de la industria y, especialmente, del sector de los transportes, incluida la cuantificación de los efectos de la contaminación generada por el transporte aéreo.

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) La última conferencia intergubernamental sobre el cambio climático y las diferentes conferencias celebradas en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han demostrado que los gases de efecto invernadero producidos por el hombre son la causa del cambio climático y que es necesario detener el aumento de la temperatura de la Tierra a 2 ºC por encima de los niveles preindustriales.

Por consiguiente, estoy de acuerdo con la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático y con el ponente sobre la necesidad de la realización de estudios más exhaustivos e importantes en relación con los efectos del cambio climático, que realicen un seguimiento de fenómenos como la desertización, el derretimiento de los glaciares, el cambio del entorno marino, los fenómenos atmosféricos catastróficos, etc. Los últimos informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente señalan la necesidad de hacer mucho más para respetar los objetivos de Kyoto y los posteriores objetivos de reducción fijados en el Consejo de la UE celebrado en marzo de 2007.

A la luz del paquete «energía y clima» de la Comunicación «Limitar el calentamiento mundial a 2 ºC», creo, no obstante, que se pueden adoptar otras medidas para mejorar la «eficiencia energética» que permitiría una reducción considerable de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ello a través de un sistema de etiquetado que indique la huella medioambiental en relación con los gases de efecto invernadero emitidos. Creo también que debemos dirigirnos de forma más directa a los ciudadanos europeos y de terceros países y promover una conciencia y una participación más activa de éstos en la lucha contra el cambio climático a través de pequeños gestos de ahorro energético.

  Daniel Caspary (PPE-DE), por escrito. − (DE) El cambio climático es un problema grave y enfrenta a la humanidad a un desafío formidable. El grado en que el cambio climático es el resultado de la actividad humana, sin embargo, es bastante incierto. Los hallazgos científicos más recientes no se pueden considerar pruebas irrefutables y aún debe comprobarse la veracidad de ciertas teorías que por el momento no resultan completamente exhaustivas o definitivas. Por otra parte, el informe se refiere a algunos supuestos hechos que en realidad son falaces.

Las suposiciones y falsas afirmaciones, no obstante, no pueden servir de base para el desarrollo de medidas racionales, efectivas, viables y socialmente aceptables. Por ello he votado en contra del informe.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − (SV) Hoy hemos votado a favor del informe intermedio sobre los datos científicos del cambio climático. El logro de los mejores resultados posibles en relación con los desafíos políticos que suscita el cambio climático requiere un apoyo y una determinación firmes. En este contexto queremos subrayar la importancia de garantizar que las investigaciones se realizan de forma independiente y que la crítica y la posibilidad de cuestionar sus resultados constituyen una condición sine qua non del progreso y el desarrollo de la investigación en general. Limitar esta posibilidad no sólo supone una amenaza para la propia investigación, sino que limita el derecho de los ciudadanos a expresar su punto de vista.

La pobreza es el mayor contaminante y el objetivo de la mitigación del cambio climático no se opone al crecimiento y la modernización. El libre comercio constituye una condición fundamental para el progreso de los países pobres para lograr la prosperidad y, por ende, el desarrollo de recursos y posibilidades de inversión en tecnologías más modernas y limpias. En este contexto, la imposición de derechos arancelarios basados en el dióxido de carbono o similares sobre las importaciones constituye una solución inadecuada que podría ir en contra de su propósito.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe intermedio de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático sobre los datos científicos del cambio climático: resultados y recomendaciones para la toma de decisiones, porque estoy convencida de que el amplio consenso logrado por la comunidad científica en torno al papel de las causas antropogénicas del cambio climático se traduce en la necesidad urgente de reforzar la acción por parte de los poderes políticos, con especial atención a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a un futuro acuerdo internacional sobre el clima.

La profundización y la divulgación de la comprensión científica del fenómeno del cambio climático permitirán una mayor sensibilización de la población en relación con la necesidad de modificar los estilos de vida y harán que los procesos de toma de decisiones resulten más responsables, informados y efectivos. El fomento de la investigación de las repercusiones económicas y sociales del cambio climático debe constituir una prioridad.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Éste es otro informe que, aunque parte de la base de algunas constataciones correctas sobre la realidad actual, no supone ningún progreso o supone un progreso escaso en relación con las soluciones necesarias. Además, resulta poco claro en relación con las medidas que recomienda y se limita a enumerar propuestas vagas y justificaciones, algo que parece más dirigido a facilitar el camino a la creación de nuevas empresas que pretenden obtener cada vez mayores beneficios con nuevas actividades en los ámbitos medioambiental y energético a costa del cambio climático.

Por ello, me gustaría decir que estaría bien que realizásemos los mismos esfuerzos y de forma igualmente persistente y preocupada en relación con otros problemas mundiales que se ignoran sistemáticamente o simplemente se mantienen en la lista de las preocupaciones crónicas, a saber, la eliminación de las enfermedades curables, la protección de suelos y hábitats, el agotamiento de recursos finitos, especialmente los hidrocarburos, etc.

En conclusión, el ponente considera probado el fundamento científico del cambio climático y recomienda que la comisión temporal del Parlamento Europeo siga adelante con su labor y presente, a la conclusión de su mandato, un informe al Parlamento en el que figuren, como convenga, recomendaciones sobre las iniciativas y las acciones que deben emprenderse respecto a la futura política integrada de la UE sobre cambio climático. Quedamos a la espera de ese futuro informe.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. − (PT) Los datos científicos recogidos en este informe se debatieron detenidamente con expertos mundiales durante las reuniones de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático, de modo que no se pueden poner en tela de juicio a la ligera.

Al igual que el informe Florenz, considero que el cuarto informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) es el estudio más completo sobre el cambio climático y convengo en la urgente necesidad de evitar un amento superior a los 2 ºC de la temperatura mundial, de forma que podamos evitar las hipótesis más catastróficas, al tiempo que sugiero el mantenimiento de los ambiciosos objetivos europeos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El informe Florenz es el compendio de información más fiable actualmente disponible y destruye las teorías recurrentes de algunos extremistas aislados que siguen cuestionando el hecho de que la acción humana sea la principal inductora del calentamiento global, por lo que tal informe constituye una clara señal de que nuestro Parlamento Europeo va a mantener su posición estricta y ambiciosa en relación con la lucha contra el cambio climático, por lo que cuenta con mi apoyo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) En el decenio de 1960, el Parlamento francés, consciente de los beneficios de la planificación, votaba todos los años un índice de crecimiento para la economía y realmente creía que su decisión se materializaba, ya que la casualidad hizo que durante diversos años consecutivos el crecimiento real fuese el que el Parlamento había votado. De la lectura del informe Florenz saco la misma impresión, a saber, que el Parlamento pretende votar para decidir cual será la temperatura mundial.

Permítanme dejar algo claro. Lo que critico no es la necesidad de que el hombre proteja su medio ambiente y vele por la conservación de la enorme diversidad biológica que contiene o que las economías encuentren los medios para utilizar mejor los recursos naturales para prevenir su agotamiento temprano. Critico el sacrificio ritual que se hace a la nueva religión del clima y a sus nuevos sacerdotes, esos científicos poco imparciales que consideran anatema el trabajo de cualquiera que vaya en contra de sus conclusiones incuestionables.

Se trata de la estigmatización sistemática del Hombre, supuestamente malvado, y especialmente el hombre occidental y europeo. El arrepentimiento institucionalizado. El suicidio industrial y económico únicamente de Europa en el altar del pretendido calentamiento global, sin beneficio para el medio ambiente a escala mundial, pero con las peores consecuencias humanas y sociales para la población europea. Por ello he votado en contra del informe.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Florenz sobre el cambio climático y creo que este Parlamento hace lo correcto cuando se toma tan en serio esta cuestión. Los esfuerzos para luchar contra el cambio climático requieren que se emprendan medidas a todos los niveles, y las instituciones de la UE, así como las naciones de Europa, deben trabajar juntas para avanzar hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

La votación sobre el informe coincide con la celebración el mismo día en Aberdeen de una importante conferencia sobre energía. El Gobierno escocés ha señalado su intención de que Escocia se convierta en la capital de la energía ecológica de Europa. Este Gobierno apoya totalmente los objetivos de la UE para las energías renovables y se ha comprometido a lograr que Escocia prescinda de la energía nuclear y produzca el 50 % de su demanda de electricidad a partir de fuentes de energía renovable para 2020. Espero que otras naciones de toda Europa consideren a Escocia un buen ejemplo de la lucha contra el cambio climático.

  David Martin (PSE), por escrito. − Las pruebas científicas demuestran el origen humano de la actual tendencia del calentamiento global y el informe del señor Florenz recoge estos resultados. La UE debe actuar urgentemente para luchar contra el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura mundial a no más de 2 ºC por encima de los niveles preindustriales. A diferencia de algunos miembros del Partido Conservador, acepto totalmente estos hechos y he votado a favor del informe Florenz «sobre los datos científicos del cambio climático: resultados y recomendaciones para la toma de decisiones».

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Cuando en Europa invertimos en las tecnologías respetuosas con el medio ambiente más punteras y en la energía renovable, lo que supone un gasto considerable, mientras que en un país como China todas las semanas comienza a funcionar una nueva central termoeléctrica que funciona con carbón, nuestros mayores esfuerzos se convierten en una gota en el océano.

Nos encontramos en una situación absurda en la que los países que aceleran el cambio climático a través de una industrialización desenfrenada y la sobreexplotación de los recursos naturales y que no están dispuestos a limitar su actividad en ninguna medida esperan que Occidente, y especialmente Europa, les ayuden cuando se ven afectados por catástrofes naturales. Se supone que debemos proteger el medio ambiente, a menudo en detrimento de nuestra industria y nuestro comercio de importación, y sin embargo mandamos ayuda humanitaria a los contaminadores cuando se produce una catástrofe.

A menos que queramos una situación mundial en la que cualquier esperanza de mejora sea una quimera, debemos ejercer mayor presión sobre los seis países que son responsables de cerca del 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe intermedio de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático no contiene nuevas ideas, pensamientos o recomendaciones que resulten útiles a la población europea en relación con la protección del medio ambiente. Se limita a perpetuar la conocida y nada popular política de la UE que ofrece una excusa «ecológica» a la acumulación excesiva de capital y a repetir los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

El informe considera el techo de los 2 ºC del calentamiento global un «objetivo estratégico» de la UE, al tiempo que acepta que «tal nivel de calentamiento repercutirá ya gravemente en el estilo de vida de nuestra sociedad en general, y de sus miembros en particular». Sin embargo, no dice nada de la responsabilidad que los capitalistas han asumido con la sobreexplotación de los recursos naturales. En lugar de pedir la aplicación de medidas para reforzar la responsabilidad de los monopolios, hace suya la propaganda multinacional de que todos somos responsables del empeoramiento de las condiciones climáticas y subraya que «los cambios individuales en los patrones de estilo de vida son necesarios».

Los acuerdos alcanzados en Kyoto, Bali, etc. han demostrado ser ineficaces. Su objetivo principal no es la protección del medio ambiente, sino la protección del capital y sus beneficios. Comercializan el medio ambiente y desarrollan un nuevo y rentable sector económico, a saber, el de la economía ecológica. La obligación de solucionar los problemas medioambientales no recaerá sobre las multinacionales y los monopolios responsables de la situación actual, sino sobre la población que debe sufrir las consecuencias.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), por escrito. – (PL) La historia nos enseña que los nuevos hallazgos científicos pueden demostrar que las teorías anteriormente defendidas ampliamente pueden carecer de fundamento. Creo que aún no se ha demostrado que la ciencia en materia de cambio climático, que confirma el calentamiento del planeta, esté lo suficientemente bien fundada. Ciertamente, no se ha demostrado hasta el punto de permitirnos, de forma totalmente consciente, elaborar leyes que impongan un comportamiento específico a los Estados miembros de la Unión Europea.

Podemos observar el aumento de la temperatura media de la atmósfera a escala mundial. Sin embargo, no se ha proporcionado una respuesta a la pregunta de hasta qué punto ello se debe a la actividad humana.

La comunidad científica se encuentra dividida al respecto. Ciertos científicos consideran que los cambios climáticos importantes forman parte de un fenómeno cíclico natural que ha afectado a nuestro planeta durante millones de años. Sostienen que los científicos que advierten contra la influencia de los seres humanos sobre el cambio climático lo hacen precisamente para conseguir financiación para la investigación y difundir la alarma entre la población.

Otros científicos afirman que la capacidad del hombre para predecir cambios climáticos a largo plazo es muy limitada. Alegan que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) se rige por la política en lugar de por la ciencia. Además, la afirmación de que la mayoría de los científicos apoyan el punto de vista de que el cambio climático se debe a la acción de los seres humanos es dudosa.

Todos los argumentos expuestos más arriba son fácilmente accesibles. También son irrefutables, suscitan dudas y plantean la siguiente pregunta: ¿se puede desarrollar algún tipo de política cohesionada sobre la base de argumentos científicos presentados por grupos de presión?

  Lydie Polfer (ALDE), por escrito. – (FR) Estoy a favor del informe del señor Florenz elaborado en nombre de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático, ya que analiza las repercusiones y los efectos del cambio climático, en la medida en que éstos se encuentran respaldados por una serie de pruebas científicas.

Por consiguiente, la afirmación de que los costes del cambio climático podrían ascender a entre un 5 y un 20 % del PIB para 2050, a menos que se apliquen medidas ambiciosas, debe hacer mella sobre nuestra conciencia.

Aunque todos los Estados miembros han realizado avances apreciables por el momento, debemos ser más ambiciosos en el ámbito de la reducción de las emisiones.

Por otra parte, debemos permanecer alerta en relación con los efectos nefastos que puede acarrear la promoción de los biocarburantes sobre la oferta alimentaria a escala internacional, así como sobre la deforestación.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Los debates científicos no pueden convertirse en debates de convicciones y las dudas sobre la veracidad de la opinión mayoritaria no se pueden interpretar como negacionismo o como una opción política. Por otra parte, algunos episodios recientes, como el debate sobre las implicaciones no deseadas ni previstas del incentivo al aumento de la producción de biocarburantes, dan buena muestra de que la duda permanente es la única certeza científica que debemos abrazar sin vacilación.

Sin embargo, en el ámbito de los debates sobre las opciones existentes ante los hechos científicos, ahí sí que estamos claramente en el ámbito de las opciones políticas. Sobre la primera cuestión no me considero científicamente competente para pronunciarme, pero sobre la segunda creo que tengo el deber de hacerlo. He defendido siempre, y lo reitero, que frente a la previsibilidad del aumento del consumo (especialmente energético) por parte de enormes masas de población debido a los efectos positivos de la globalización, se han de ofrecer respuestas científicas y soluciones tecnológicas. Algunos cambios de comportamiento, tanto individuales como colectivos, son ciertamente positivos. Sin embargo, será en la ciencia donde encontraremos las principales soluciones que necesitamos.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. − (DE) He votado en contra de este informe en la votación final porque me tomo en serio la lucha contra el cambio climático y no puedo apoyar formulaciones dogmáticas y apocalípticas que no harían más que sembrar la alarma entre la población de Europa. El informe presenta resultados científicos con una probabilidad de entre un 60 y un 70 % de que sean hechos probados.

Si fuera uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis del Libro de San Juan, preferiría cabalgar el caballo blanco en lugar del amarillo. El cambio climático es una cuestión sensible que no puede reducirse a eslóganes.

- Informe: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación sobre el informe de la señora Ria Oomen-Ruijten, sobre el Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía, aunque, al igual que a nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, me satisface el compromiso contraído por el Primer Ministro Erdogan de hacer de 2008 el año de las reformas y que Turquía se transforme en una democracia moderna y próspera, fundada sobre un Estado laico y una sociedad pluralista.

Sin embargo, deberíamos recordar el compromiso contraído por Turquía de mantener buenas relaciones de vecindad con Grecia y Bulgaria y la necesidad de llegar a una solución integral de la cuestión de Chipre sobre la base de los principios sobre los que descansa la UE.

Por otra parte, Turquía no responde a la petición de poner fin al bloqueo económico de Armenia y emprender un proceso de reconciliación con ese país, permitiendo un debate franco y abierto sobre los acontecimientos pasados. Estas negociaciones son importantes para la UE y Turquía, ya que esta última está incorporando el acervo comunitario. No obstante, tales negociaciones no deben prejuzgar bajo ningún concepto la decisión política final de adhesión de Turquía a la Unión Europea.

  Colm Burke, Jim Higgins, Mairead McGuinness y Gay Mitchell (PPE-DE), por escrito. − La delegación del partido Fine Gael del Grupo del PPE-DE ha votado a favor de todo el informe Oomen-Ruijten sobre los progresos de Turquía en 2007. Apoyamos las reformas emprendidas por Turquía hacia la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho. Estos pasos son positivos tanto para Turquía como para la UE y apoyamos los esfuerzos de Turquía hacia la reforma.

Sin embargo, los abajo firmantes hemos votado en contra de la enmienda 14 relativa al apartado 16 del informe que incluía las palabras «derechos sexuales y reproductivos». Hemos votado en contra de esta parte de la enmienda por las razones manifestadas en nuestra declaración conjunta al Parlamento en el Pleno del 13 de marzo de 2008.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − He votado a favor del informe Oomen-Ruijten sobre los progresos realizados por Turquía en la vía a la adhesión a la UE en 2007. Creo que Turquía debería ser capaz de ingresar en la Unión Europea. Actualmente existen dificultades en relación con cuestiones de derechos sindicales y derechos humanos, así como de derechos de las minorías, como los kurdos y los cristianos. No obstante, se debería reconocer que, aunque lentamente, se están realizando progresos.

He apoyado las enmiendas que tratan del genocidio armenio. Sé que todo ocurrió hace mucho tiempo, pero una nación tiene que reconciliarse con su historia y por el momento Turquía no ha reconocido esta sangrienta etapa de la suya. No debería constituir un obstáculo a la adhesión final de Turquía a la UE, pero, en puridad, no podemos simplemente esconderlo debajo de una alfombra turca más que conveniente.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Las observaciones que hace la señora Oomen-Ruijten en su informe sobre los progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión demuestran, si es que aún había alguna necesidad de hacerlo, que Turquía, en su civilización, su mentalidad y sus tradiciones —por otra parte perfectamente respetables—, no es un país europeo. Así, no es necesario ir a buscar a otra parte la razón de las enormes dificultades encontradas durante las negociaciones de adhesión.

La Presidencia francesa de la Unión, que comenzará el 1 de julio, habría podido constituir la ocasión de deshacer esta ambigüedad esencial: la ficción de la vocación europea de Turquía recogida en el Tratado de 1963. Traicionando sus promesas electorales, el señor Sarkozy dice ahora que desea continuar con las negociaciones e incluso iniciar otras sobre todos los capítulos «no directamente vinculados con la adhesión», según una fórmula tan demagógica como hipócrita que no resuelve ningún problema. ¿A quien se quiere hacer creer que no se habla más que de una «cuasi-adhesión»?

Cabe temer que el mantenimiento, en la Constitución francesa, de la obligación de consultar al pueblo toda nueva adhesión a Europa no tenga por objeto más que hacer recaer sólo sobre los ciudadanos la responsabilidad del resultado de 45 años de cobardía política y diplomática imputable no a la propia Turquía, sino únicamente a sus gobiernos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de las contradicciones existentes, la importancia estratégica de Turquía para las ambiciones de la UE, especialmente en el contexto del agravamiento de la crisis del sistema capitalista, es un hecho.

Aunque no se define su estatuto final —miembro de pleno derecho de la UE o de una futura Unión Mediterránea—, lo que parece cierto es que la UE está intentando encontrar las soluciones que sirvan mejor a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros de las grandes potencias, especialmente Alemania.

Turquía representa un inmenso mercado que despierta diversos apetitos. Se trata de un país enorme con una ingente cantidad de mano de obra barata y de consumidores, a los que, por otra parte, no se les permite celebrar el 1 de mayo, como se pudo ver recientemente en la brutal represión de las fuerzas de seguridad turcas de sindicalistas y manifestantes. Turquía tiene un vasto territorio que ocupa una importante posición geoestratégica entre Europa, Asia y Oriente Próximo, que asume un papel central en el conflicto en torno al dominio y el acceso a los recursos energéticos de Asia Central (como el proyecto Nabucco) y que desempeña una función de bisagra en la asociación EE.UU.-OTAN-UE.

Por otra parte, Turquía también es un país cuyas autoridades ocupan militar e ilegalmente parte del territorio de un Estado miembro de la UE, Chipre.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. − (CS) Aunque la propuesta de resolución del Parlamento Europeo cita algunos documentos, falta la información esencial. Este país ha sido candidato a la adhesión desde 1963 y las condiciones para la apertura de negociaciones se han debatido una y otra vez. Los denominados criterios de Copenhague, establecidos en 1993, no se incluyen en el preámbulo del texto.

Cuando examinamos con detalle el informe de la Comisión Europea sobre los progresos de Turquía en 2007 podemos ver que, aunque se han realizado algunos progresos, la legislación adoptada en relación con las minorías nacionales aún no se ha aplicado lo suficiente. El hecho de que alrededor del 10 % de la población turca en edad laboral trabaje en los países de la UE constituye un indicador de las estrechas y duraderas relaciones existentes entre Turquía y la UE. Nos sorprende, sin embargo, el estado de aplicación de las normas en materia económica, bastante debatible por el momento. Aunque estas normas se encuentran oficialmente consagradas en la legislación turca, a menudo vemos un enfoque muy poco europeo en el tratamiento de los casos concretos.

Podemos afirmar que, aunque Turquía ha realizado progresos significativos, en muchos ámbitos las diferencias entre Turquía y la mayor parte de los países de la UE (e incluso los países de los Balcanes) aún no se han reducido de forma significativa. La influencia del ejército sobre el sistema político del país y el poder de los suníes son las características más evidentes de la sociedad turca que la distinguen de los países de la UE. El informe retrata la situación actual de la sociedad de forma bastante exacta. Sin embargo, aunque el apartado 12 de la resolución no está equilibrado, el Grupo GUE/NGL no votará en contra.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El informe Oomen-Ruijten ilustra el autismo de los dirigentes de Europa de Bruselas, que niegan la evidencia: Turquía es un país asiático.

Su ceguera les lleva a negar las consecuencias previsibles de su adhesión. Turquía, con más de 100 millones de habitantes en 2020, sería el Estado más poblado de la Unión Europea y, por consiguiente, el más importante en las instituciones europeas. Nuestro Parlamento corre el riesgo de este modo de estar dominado no ya por el Grupo del PPE-DE o el Grupo Socialista, sino por los islamistas del AKP. Turquía sería también el país que recibiría la mayor cantidad de ayuda: sus regiones absorberían la mayor parte de los Fondos estructurales y sus diez millones de agricultores terminarían de destruir la Política Agrícola Común.

La negación de la realidad conduce también a nuestros gobiernos a ignorar la voluntad de los pueblos de Europa. Por consiguiente, tras haber impuesto a los franceses el tratado constitucional europeo que habían rechazado en 2005, el señor Sarkozy se dispone a suprimir el artículo 88.5 de la Constitución, que somete a referéndum la entrada de un nuevo Estado en la Unión Europea.

Si Bruselas logra imponer la adhesión de Turquía, nosotros a nuestra vez deberíamos proponer a nuestras naciones el abandono de una Unión que de europea sólo tendría el nombre, para construir otra Europa, una Europa europea, la Europa de las naciones.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe sobre los progresos de Turquía hacia la adhesión a la UE realizados en 2007.

Debo, sin embargo, expresar mi consternación por el artículo publicado en el periódico alemán Die Welt que anuncia que Turquía, que gusta de ser retratada como un país islámico moderado, ha aprobado una ley que prohíbe que se compren y se sirvan en público vasos de vino.

El vino forma parte del patrimonio cultural europeo y se fabrica legalmente en la mayoría de los países de la UE y puede ser comercializado y consumido en todos los Estados miembros.

Esta ley es incompatible con una plena adhesión a la UE. Todos los productos legalmente fabricados —entre ellos el vino— son bienes cuya libertad de circulación en el mercado interior debe salvaguardarse. Esta prohibición infringe además las normas en materia de no discriminación de la UE. Un país que limita la libertad de circulación de cualquier mercancía legalmente fabricada en otros Estados miembros no puede ser un miembro de pleno derecho de la UE.

El Primer Ministro Erdogan se comprometió a hacer de 2008 el año de la reforma para que Turquía se convirtiese en una democracia moderna basada en un Estado laico y una sociedad pluralista.

A la luz de la prohibición en Turquía de la compra y el consumo de vasos de vino, debo preguntar si tal compromiso es únicamente papel mojado.

  David Martin (PSE), por escrito. − El informe de Ria Oomen-Ruijten sobre los progresos realizados por Turquía en 2007 es un análisis exhaustivo y alentador de los progresos del país hacia la adhesión. Turquía parece haber realizado progresos en ámbitos como la libertad de expresión y la reforma judicial. Las propuestas del Gobierno de reformar el artículo 301, un obstáculo para la completa libertad democrática del país, también son positivas. Ciertamente, es necesario que Turquía haga mayores esfuerzos en ámbitos relativos a los derechos de los grupos minoritarios del país y el asunto actualmente pendiente ante el Tribunal Constitucional resulta preocupante. Apoyo las recomendaciones del informe y he votado a favor.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. − (SK) Acojo el informe Oomen-Ruijten sobre los progresos realizados por Turquía en 2007, que insta al Gobierno turco a cumplir sus promesas de emprender reformas y modernizar el país. También deseo manifestar mi opinión, que defiendo desde hace mucho tiempo y que comparte una amplia mayoría de europeos, de que la UE no debería ofrecer a Turquía la perspectiva de una adhesión como Estado miembro de pleno derecho. Geográfica, cultural y espiritualmente, Turquía se encuentra fuera del concepto de identidad europea. Además, el presupuesto comunitario no es capaz, ni lo será en el futuro, de sostener la carga que el estatuto de miembro de pleno derecho de Turquía impondría sobre la UE. Por consiguiente, apoyo la opción de una estrecha cooperación, la denominada «asociación estratégica», entre la UE y Turquía. También considero la importancia del informe desde esta perspectiva.

Acojo con satisfacción el hecho de que Turquía haya realizado algunos progresos en numerosos ámbitos en 2007. Sin embargo, la descorazonadora situación de los derechos humanos aún no se ha resuelto. En el contexto de este informe, deberíamos insistir en mayor medida sobre la mejora de la situación de las minorías nacionales (especialmente la minoría kurda) y la introducción de una libertad de expresión y de religión completa. También apoyo la petición de la abolición del artículo 301 del Código penal y la petición de reapertura inmediata del seminario ortodoxo griego de Halki. Asimismo, deberíamos pedir a Turquía que vuelva la vista atrás y acepte el hecho del genocidio armenio, así como la ilegalidad de su injerencia militar en Chipre.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Turquía demuestra una y otra vez que no está preparada para la adhesión a la UE, pues sigue oprimiendo a sus minorías, lanzando ataques aéreos contra un país vecino y, últimamente, vetando la designación de la jefa del equipo austriaco de excavaciones arqueológicas en Éfeso, aparentemente debido a ciertos comentarios anti-turcos realizados por un miembro de su familia. Las enmiendas cosméticas sobre el artículo del Código penal que prohíbe la denigración de Turquía y la civilización turca simplemente distraen la atención de Bruselas del uso de la fuerza contra manifestantes y de los actos de agresión militar contra el norte de Iraq.

A la luz de la falta de preparación de Turquía para su adhesión a la UE, la única opción que queda es interrumpir inmediatamente las negociaciones de adhesión y, de forma alternativa, entablar conversaciones sobre una asociación privilegiada.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Todos los informes sobre Turquía son la expresión de los designios competitivos imperialistas de la UE sobre este país. Este informe concreto ha optado por apoyar al Gobierno turco tratando de hacer hincapié de forma indebida sobre los progresos que está realizando Turquía en ciertos ámbitos, algo que no se ajusta a la realidad. Como es habitual, el informe canta las alabanzas de los derechos democráticos, a pesar de la bien conocida política autocrática y represiva del Gobierno turco, como demostró recientemente la brutal represión de las manifestaciones del 1 de mayo. El informe tolera la política turca anti-kurda.

El informe apoya también indirectamente los ataques turcos sobre el territorio iraquí. Aunque condena «los actos violentos» perpetrados por el PKK y «otros grupos terroristas», se limita a aconsejar que el ejército turco «no emprenda operaciones militares desproporcionadas».

El informe resta importancia a la continuada ocupación turca de Chipre y evita pedir de forma categórica e incondicional la retirada de las fuerzas militares turcas.

El informe acoge con satisfacción la activa participación de Turquía en las misiones e intervenciones imperialistas de la UE y la OTAN. Dada la posición que ocupa Turquía en el sistema imperialista y en la economía de la región, la UE tiene el propósito de utilizar el proceso de adhesión en su beneficio para tomar el control de la energía y los recursos geoestratégicos en esa región.

Por estos motivos, hemos votado en contra del informe.

  Lydie Polfer (ALDE), por escrito. – (FR) El informe de la señora Oomen-Ruijten es muy equilibrado: acoge con satisfacción, por una parte, las iniciativas legislativas emprendidas por las autoridades turcas para continuar el proceso de las reformas, al tiempo que presiona a Turquía para que acelere el ritmo de tales reformas con vistas a garantizar el respeto de los principios del Estado de Derecho.

Por otra parte, la cuestión kurda, incluidos sus aspectos culturales y económicos, se debe solucionar.

Del mismo modo, la cuestión de la igualdad de oportunidades para las mujeres deberá incluirse en el proyecto de la nueva Constitución turca.

Asimismo, se invita al Gobierno turco a respetar el pluralismo y la diversidad religiosa en una Turquía laica y democrática.

Sólo a través de una plena adhesión a los principios y valores de la Unión Europea podrán retomarse las negociaciones de adhesión.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Los progresos realizados en diversos sectores de la sociedad, la economía y la política en los últimos años son motivo para recordar cómo la voluntad de adhesión a la Unión Europea promueve con éxito importantes reformas en los países en los que existe esta posibilidad. Como Turquía se encuentra en esta situación y las negociaciones de adhesión se mantienen abiertas con este país, no estaría de más insistir en la importancia de aprovechar bien esta oportunidad para que, independientemente de los resultados de las negociaciones, se promuevan las reformas más amplias y necesarias en Turquía.

Al igual que el informe —y las declaraciones realizadas por altos cargos de la UE, especialmente el Presidente de la Comisión—, no podemos dejar de estar preocupados por el procedimiento judicial incoado contra el AKP. Aunque es preferible que no se haya producido una intervención militar, lamentamos este intento de obtener por vía judicial lo que las urnas negaron. Por otra parte, no deja de ser preocupante la duda que aún planea sobre las auténticas intenciones del AKP. La defensa de la libertad religiosa, tal como la entendemos en la Unión Europea, merece nuestro acuerdo. La imposición generalizada de una visión religiosa sobre toda la sociedad sería inaceptable.

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. − Aunque he votado a favor del informe, permítanme recordarles que mi primera intervención en esta Cámara, el 13 de diciembre de 2004, se refería a los progresos de Turquía en la vía de la adhesión e insistía sobre el hecho de que antes de considerar tal adhesión, Turquía debería primero reconocer el legítimo gobierno greco-chipriota, así como el genocidio armenio de 1915, y mejorar la situación de la nación apátrida más numerosa del mundo, el pueblo kurdo.

En cuatro años no se ha resuelto ninguna de estas cuestiones. No se han realizado progresos significativos en las relaciones de Turquía con Chipre, ni existen signos de ninguna voluntad de admitir los crímenes pasados. Por el contrario, el ejército turco, con el beneplácito del Parlamento turco, lleva a cabo el genocidio de los kurdos. La Unión Europea debe adoptar una posición más firme en relación con Turquía e interrumpir las negociaciones hasta que las cuestiones mencionadas más arriba se hayan resuelto.

  Jacques Toubon (PPE-DE), por escrito. – (FR) Votando en contra del informe de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la situación en Turquía, la delegación francesa UMP desea manifestar que la Comisión, los Gobiernos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo se equivocan al continuar alimentando la ilusión de la adhesión de Turquía.

El UMP no se opone al informe de la señora Ria Oomen-Ruijten, que es un trabajo de gran calidad, sino a la negativa de tomar en consideración la realidad y la política turcas, contrarias al proyecto de integración europea.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado en contra de este informe y de la propuesta de resolución para dejar nuevamente constancia inequívoca de mi oposición al principio de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. La Comisión Europea, los Gobiernos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo se equivocan al seguir alimentando esta ilusión, que confunde tanto a los ciudadanos turcos como a los europeos. Me niego a prestar apoyo a una iniciativa política que no toma en consideración la realidad turca y de su política, contrarias al proyecto europeo.

Si es cierto que Europa es un espacio de valores compartidos, entonces no es aceptable cerrar los ojos a la inquietante tendencia manifestada por las autoridades turcas en relación con los principios del Estado de Derecho, la libertad de expresión y opinión, o el respeto de los derechos de las minorías. Restar importancia a la responsabilidad de las autoridades turcas es un error estratégico que aleja a estas últimas de los progresos que deben realizar, no para ingresar en la Unión Europea, sino para que el pueblo turco recoja los frutos del respeto de sus derechos fundamentales y del desarrollo económico y social de su país.

Una asociación privilegiada con Turquía permitirá lograr estos objetivos, en el respeto de la integridad de ambas partes.