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Procedimiento : 2007/0198(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A6-0228/2008

Debates :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Votaciones :

PV 18/06/2008 - 6.2
CRE 18/06/2008 - 6.2
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2008)0295

Debates
Miércoles 18 de junio de 2008 - Estrasburgo Edición DO

7. Explicaciones de voto
PV
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

– Aprobación del nuevo reparto de competencias para el Vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot (B6-0306/2008)

 
  
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  Urszula Gacek (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, he apoyado la candidatura del Comisario Barrot en la votación de hoy. El Comisario se ha comprometido a adoptar una postura fuerte en las negociaciones con Estados Unidos sobre la exención del visado de turista para los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea. Además, la propuesta del Comisario para abordar los problemas de asilo en función del criterio de solidaridad y en particular para proporcionar asistencia a países como Polonia, responsables de asegurar las fronteras exteriores del espacio Schengen, me ha convencido de que el Comisario Barrot entiende bien los problemas que competen a la Dirección General Justicia, Libertad y Seguridad.

 
  
  

– Informe: Manfred Weber (A6-0339/2008)

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias, en nombre del Grupo Verts/ALE. (FR) Señor Presidente, ante todo quisiera pedir disculpas por mi ausencia durante esta crucial votación. El tren de París a Estrasburgo se ha retrasado una hora y cuarto y varios de mis colegas y yo mismo no hemos podido participar en la votación de esta directiva y resolución. Como mi grupo, habría votado en contra de la resolución y la directiva.

Deseo expresar aquí y ahora mi rechazo más absoluto. La dignidad de este Parlamento y de la Unión Europea no está de acuerdo con los centros de detención en los cuales tenemos a decenas, cientos o quizás miles de nuestros conciudadanos inmigrantes o de familias inmigrantes. Todo esto parece un golpe de autoprotección por parte de la Unión Europea, lo cual es algo que mi grupo y yo encontramos inadmisible.

Por supuesto, hacen falta medidas para controlar los flujos migratorios, pero las acciones defensivas que acaban de someterse a votación no son la respuesta adecuada a la migración económica o a la migración por motivos de clima, que no tardará en llegar. Si la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo proporcionaran ayuda al desarrollo, quizás sería innecesario y tendríamos derecho a reaccionar de esta forma, pero no es así. La situación es que, de hecho, estamos dedicando el 0,38 % del presupuesto en lugar del 0,42 % después de haber planificado el 0,7 %.

Lo diré con toda seriedad: me avergüenzo de nuestro Parlamento y me avergüenzo de la Unión Europea que estamos construyendo, que debería ser una Unión abierta y hospitalaria que acogiese en su seno a todos los ciudadanos del mundo.

 
  
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  Sylvia-Yvonne Kaufmann, en nombre del Grupo GUE/NGL.(DE) Señor Presidente, el compromiso alcanzado entre el ponente del Parlamento Europeo, el señor Weber, y los Ministros de Interior sobre la denominada directiva de retorno es una mala fórmula que pone en duda la credibilidad de la Unión Europea en el campo de los derechos humanos. Por consiguiente, mi grupo rechaza tajantemente la directiva.

Como colegislador, el Parlamento tenía la responsabilidad legal y moral de trabajar para lograr normas aceptables y, sobre todo, compatibles con la dignidad humana. Debería haber ejercido esa responsabilidad y luchado por tales normas. En cambio, el Parlamento ha permitido por mayoría al Consejo imponer sus propias normas única y exclusivamente para que la directiva pueda salir adelante en primera lectura. Aunque la directiva quizás mejore la posición legal de algunos Estados miembros, porque sus propias leyes nacionales no fijan un límite superior del período de detención, lo decisivo es el contexto general.

La directiva legitima la detención durante hasta 18 meses para personas cuyo «delito» es intentar conseguir una vida mejor para sí mismos y para su familia en Europa. En nuestra opinión, el procedimiento de deportación actual de los Estados miembros ni justifica ni excusa que se considere a los necesitados como delincuentes, ahora o en el futuro. En vez de dar su bendición al procedimiento actual —que infringe los derechos humanos de «nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio»— también en toda Europa, los Estados miembros deberían buscar una solución permanente al problema de la inmigración.

Para nuestro Grupo, esto significa ante todo establecer por fin una política de inmigración legal común que proteja los derechos humanos de los inmigrantes y que ofrezca perspectivas a las personas que necesitan entrar en Europa, a menudo arriesgando sus propias vidas para hacerlo.

El Parlamento Europeo ha perdido aquí la oportunidad de actuar con responsabilidad y de forma rápida contra el Consejo. Lamentablemente no se ha hecho ningún caso de las urgentes llamadas de numerosas organizaciones de derechos humanos y religiosas.

 
  
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  Kinga Gál (PPE-DE).(HU) Quisiera añadir una explicación de mi voto sobre el informe Weber. Como Diputado a este Parlamento, creo que es importante adoptar este informe, que representa un primer paso hacia una política de la Unión Europea sobre inmigración. Al mismo tiempo, como abogado especializado en derechos humanos y derechos de las minorías, creo que mi voto favorable está justificado. El informe Weber es el resultado de un compromiso difícil en el curso del cual el Parlamento ha asegurado la incorporación al texto de buen número de puntos de vista humanitarios y de derechos humanos. En áreas donde no hay ninguna regulación, esto supone un avance. En las áreas en las que ya había una regulación amplia, esto no puede debilitar las normas más favorables. Como en cualquier compromiso, hay puntos débiles, puntos vulnerables. Por consiguiente, comprendo las reservas expresadas por las organizaciones religiosas y seglares, y estoy de acuerdo con ellas en que no podemos permitir que la legislación se utilice para eludir consideraciones humanitarias o de derechos humanos. No podemos permitir que este texto sea fuente de división o de nuevas tragedias para las familias; ya ha habido suficiente sufrimiento en las vidas de los inmigrantes que vienen a nosotros en busca de una existencia más humana. Gracias.

 
  
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  Philip Claeys (NI). (NL) Señor Presidente, he votado a favor del informe Weber, pero tengo que decir que con algunas reservas. La izquierda y la extrema izquierda han clamado contra la directiva. La han presentado como si la directiva estuviese denegando descaradamente los derechos humanos a los migrantes ilegales, cuando de hecho es al revés. En primer lugar, por ejemplo, la regularización de los migrantes ilegales mediante una directiva Europea será vista como una opción política aceptable. Los Estados miembros también estarán obligados a proporcionar asistencia legal gratuita a los migrantes ilegales que lo soliciten.

No es aceptable permitir que las personas adquieran derechos a partir de una situación de ilegalidad. Aparte de eso, muchos de los elementos de la directiva son optativos. Dicho esto, la directiva brinda la oportunidad de que algunos Estados miembros detengan migrantes ilegales con miras a su deportación. Otro punto positivo es la prohibición de volver antes de cinco años después de una deportación, con el fin de impedir que vuelvan a otras partes de Europa. El problema de la inmigración exige medidas mucho más radicales que las apoyadas en este informe, pero es un paso en la dirección correcta.

 
  
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  Frank Vanhecke (NI). (NL) Señor Presidente, analicemos por un momento las cifras. En unos cien años la población mundial se habrá multiplicado por siete y habrá pasado de mil a siete mil millones de personas. Esta explosión demográfica no puede continuar sin consecuencias para un continente europeo próspero pero que también tiene que lidiar con un déficit demográfico enorme. Los problemas de inmigración que tenemos hoy son ciertamente muy graves, pero todavía manejables en comparación con lo que ocurrirá en los próximos decenios. Mirándolo en perspectiva, las medidas contenidas en esta directiva de retorno son en realidad inútiles y sin duda insuficientes. Tendremos que ir mucho más allá de estas medidas poco entusiastas que nos llevan dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás para detener el flujo ilegal. Sin embargo, dado que un pequeño avance en una política de devolución de migrantes ilegales es mejor que nada, he votado a favor del informe Weber, pero sin entusiasmo.

 
  
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  Romano Maria La Russa (UEN).(IT) Señor Presidente, Señorías, hoy, mediante la votación favorable del informe Weber, puede que hayamos dado un paso crucial para lograr un marco integral de medidas contra la inmigración ilegal; las medidas responden a las exigencias de seguridad de un número enorme de ciudadanos europeos, muchos de ellos víctimas de delitos perpetrados por ciudadanos de terceros países.

Me complace comprobar que el Parlamento Europeo, garante de la libertad y los derechos universales, está a favor de una política común para responder a las necesidades de los Estados miembros en su lucha contra la inmigración ilegal. Hemos puesto de manifiesto que el objetivo no es sólo detectar a los residentes ilegales, sino también implantar procedimientos de retorno claros, transparentes y rápidos. Por consiguiente, no se trata de contener el fenómeno, según algunos lo entienden, sino por ejemplo, con la prohibición de retorno ...

(El Presidente interrumpe al ponente.)

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Yo he votado a favor de algunas enmiendas —cuatro, concretamente— que proponían mejorar esta Directiva. Pero también he votado a favor de la Directiva al final, aunque estas enmiendas no hayan sido aprobadas.

Creo que esta Directiva mejora sustancialmente los derechos de los inmigrantes en situación irregular en gran número de países de la Unión Europea, y eso es un hecho que no se puede negar, pues basta comparar las legislaciones que existen en este momento en el conjunto de la Unión.

No es, sin duda, la Directiva que algunos habríamos redactado, si la hubiéramos redactado nosotros, si nos hubieran dejado a cada uno de nosotros hacerla. Pero así son los equilibrios en el proceso de codecisión entre la legitimidad del Parlamento Europeo y la legitimidad del conjunto de Parlamentos y Gobiernos nacionales.

Esos Parlamentos son los que ahora tienen una gran responsabilidad en la aplicación de esta Directiva, y también la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia en el seguimiento de cómo se aplica. Desde hoy, las restricciones a los derechos en los Estados miembros son aplicación del Derecho europeo. No son ya decisiones nacionales.

 
  
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  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Señor Presidente, Señorías, me complace ver que todavía me admiran muchos colegas, a los que desde luego debo dar las gracias por esperar a escuchar los motivos por los que he votado a favor del informe Weber.

Señor Presidente, creo que nos enfrentamos a algo que no es muy distinto de las invasiones del Imperio romano por los bárbaros hace más de 2 000 años. En ese momento el Imperio Romano fue invadido por tropas armadas, y los romanos tomaron las armas para defenderse, pero, como todos sabemos, sucumbieron en circunstancias trágicas.

Ahora esa Europa es el destino de habitantes de todos los demás países del mundo hacen bien, por supuesto, porque tienen hambre, como la tenían los bárbaros, que querían alimentarse en las fuentes de Roma y Europa tiene derecho a defenderse y a decidir que quienes querrían invadir nuestro territorio deben ser devueltos al otro lado de las fronteras.

 
  
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  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Señor Presidente, con 10 millones de inmigrantes ilegales en Europa y teniendo en cuenta que un Boeing tiene capacidad para 300 pasajeros, necesitaríamos llenar más de 30 000 aviones para cumplir las disposiciones de la directiva sobre retorno. Eso significa el despegue de más de 1 000 aviones Boeing desde cada una de las 27 capitales europeas a lo largo de tres años.

En cuanto a los números, tengo claro que eso sería una propuesta loca y surrealista. Sin embargo, hay algo aún más absurdo. Si la inmigración no es más que el reflejo social de la globalización económica, con un capitalismo internacional que obliga a los trabajadores a competir unos con otros, lo que estamos haciendo es elaborar una directiva para tratar el reflejo de un problema. No sé si esto es un caso de hipocresía o la idea de alguien sobre lo que es un chiste, pero en cualquier caso se queda corta. Los nómadas del planeta se mantienen en movimiento porque quieren comer y beber, cuidar de sí mismos y educarse. Los alimentos y su escasez, el agua y su distribución, las pandemias y la forma en que se difunden son ahora parte de lo que las naciones del mundo tienen en común. Cuanto antes actuemos como equipo y gestionemos políticamente nuestros problemas comunes, antes podremos…

(El Presidente interrumpe al ponente.)

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Señor Presidente, los emigracionistas han lanzado una campaña de información falsa contra esta directiva de retorno de los inmigrantes ilegales, a la que llaman la «directiva de la vergüenza». Esto no es más que un juego político bien organizado entre izquierda y derecha. La izquierda protesta para obtener más derechos para los inmigrantes y cuando los consigue afirma que el proceso es firme y rígido.

En realidad, el documento en su forma enmendada protege los derechos de los inmigrantes y su estancia en Europa mucho más de lo que asegura su repatriación. El mantenimiento de personas en centros de retención es una medida extremadamente restringida, un último recurso, y el período de detención de 18 meses es el límite superior absoluto para casos excepcionales. Los países que tienen límites legales inferiores los mantendrán. El plazo de retorno voluntario permite a los afectados que no se les prohíba la entrada en el territorio de la Unión Europea, y se insta a los Estados miembros a regularizar con el pretexto más leve. En otras palabras, Francia, que tiene la legislación más indulgente de toda Europa, no se verá obligada a cambiarla, y menos aún a adoptar una línea más dura. El señor Sarkozy quizá desee que la gente piense lo contrario, ayudado por la posición de la izquierda. Esto se debe sólo a que algunos de los aspectos positivos del documento...

(El Presidente interrumpe al ponente.)

 
  
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  Daniel Hannan (NI). – Señor Presidente, esta mañana se ha producido un simbolismo maravilloso. Uno después de otro, los oradores se han puesto en pie y han afirmado que respetarían a los irlandeses. Inmediatamente después hemos votado este informe, que es el primer paso hacia la creación de una política común sobre la inmigración y el asilo, lo que debería haber constituido una parte importante del Tratado de Lisboa.

Si nos tomamos en serio el respeto al voto del pueblo irlandés, lejos de seguir adelante con la ejecución de las medidas de ese texto, deberíamos empezar a dar la vuelta a los apartados que se incorporaron en previsión de una votación afirmativa, incluidos el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Carta de los Derechos Fundamentales.

La señora Wallström ha dicho esta mañana que era importante saber por qué los ciudadanos habían votado desfavorablemente. ¿Contra qué han votado?, preguntó. Permítame ayudarle en esto: creo que han votado contra el Tratado de Lisboa. El regalo era la papeleta de voto en la que se preguntaba si deseaban aprobar el Tratado de Lisboa.

El señor Cohn-Bendit ha dicho que sería un grave error que un millón de personas decidieran el destino de quinientos millones de europeos. Bien, acepto encantado esa idea. Siempre que los quinientos millones también puedan votar en referéndum. Pactio Olisipiensis censenda est!

(Aplausos)

 
  
  

– Informe: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

 
  
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  Richard Seeber (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, he rechazado este informe porque se aleja del objetivo en tres puntos importantes. En primer lugar, no ha sido posible asegurar la adopción de las enmiendas 170 y 171, que eran particularmente importantes para las redes regionales y habrían creado exenciones justificadas por razones de tamaño.

En segundo lugar, tampoco se ha aceptado la tercera opción. Es importante planificar lo que va a suceder en el sector de la energía, pero lamentablemente, la Comisión impuso su idea de la separación legal y la separación completa. En mi opinión, esto tiene pocas probabilidades de conducirnos en la dirección correcta.

En tercer lugar, no hemos logrado definir responsabilidades para la industria nuclear en caso de accidente. Por todas estas razones, el Partido Popular Austríaco (ÖVP) se opuso al informe y votó en contra del paquete.

 
  
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  Tomáš Zatloukal (PPE-DE).(CS) He votado a favor del informe de la señora Morgan porque estoy de acuerdo en que es necesario garantizar un suministro seguro de gas y electricidad, un mercado de energía sostenible de bajo contenido en carbono y la competitividad internacional. Cómo alcanzar esta meta fue uno de los puntos debatidos ayer en la sesión plenaria. No hay datos que prueben que la separación de la propiedad total conduzca automáticamente a una mayor inversión y a un rendimiento mejorado de la red. A este respecto, todavía veo cierto margen de maniobra para la búsqueda de una solución que beneficie tanto a los consumidores como a otras partes que quizá deseen entrar en el mercado. Para crear un mercado de electricidad paneuropeo, necesitamos una cooperación regional más estrecha en los ámbitos del transporte transfronterizo y de la coordinación de la inversión y las actividades operativas. En consecuencia, apoyo el principio de fortalecer los mecanismos que coordinan la cooperación regional.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, el mercado común implica mayor competencia y, en consecuencia, normas más rigurosas. Los que participan en este mercado están obligados a realizar las inversiones adecuadas y a mejorar la capacidad de sus redes de distribución. Esto determinará un suministro de energía más seguro y con menos contratiempos. La creación de un mercado interior de la energía es muy importante si tenemos en cuenta que la demanda aumenta constantemente. El mercado interior de la energía supone un paso importante en la dirección correcta, pero no es suficiente para garantizar la seguridad energética de Europa. Tenemos que crear una política común de energía solidaria. Debemos crear mecanismos apropiados y permitir que los Estados miembros se presten apoyo mutuo si surgen crisis energéticas. Pero aún es más importante para Europa empezar a hablar con una sola voz en política exterior de energía. La seguridad energética sólo puede lograrse mediante una política cohesiva, eficaz y, sobre todo, común.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, he votado a favor del informe Morgan. Creo que tiene elementos muy importantes. Obviamente, en Europa necesitamos un sector energético mucho más competitivo para conseguir que todos se beneficien de una mejor competencia, de precios inferiores y de servicios de calidad.

Me ha gustado en particular la parte dedicada a la generación descentralizada, especialmente donde dice que «debemos asegurarnos de devolver el control de la energía a los usuarios interesados apoyando la producción local y la microgeneración». Quienes apoyamos la democracia directa en un programa localista nos preguntamos, «¿Por qué detenernos en la energía?». ¿Por qué no delegar más poder en muchos ámbitos, no sólo en los gobiernos nacionales, sino también en las comunidades locales, en quienes se encuentran más cerca del asunto legislado? En esto estoy con mis colegas Daniel Hannan y Chris Heaton-Harris, que también son miembros de una gran organización denominada Movimiento de Democracia Directa. Si de verdad creemos en el poder a las personas, debemos delegar en ellas y preguntarles lo que desean. Si de verdad les preguntamos por el Tratado de Lisboa, como hicimos en Irlanda, dirán «no».

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, también he apoyado el informe Morgan porque estoy convencido de que en este sector particular debemos separar por completo la propiedad, y la experiencia de los Estados miembros indica que la separación total de la propiedad conduce a una mayor inversión y a un mejor funcionamiento de la red.

Sin embargo, también quiero hablar de la generación local, porque creo que es un buen paso hacia adelante, mientras los proyectos locales sean patrocinados por gentes de la zona y beneficien a esa misma zona.

En la región que represento, la circunscripción de Daventry, hay varias propuestas no deseadas de parques eólicos. Algunas han sido derrotadas, otras salen adelante, pero ninguna prestará servicio a la zona. Todas se basan en algún tipo de nueva «subvención para parques eólicos» creada por una directiva del Gobierno Británico que declara que tenemos que utilizar precisamente este tipo de energías renovables y ningún otro. Se trata de una visión muy miope de lo que deberíamos hacer.

Sin duda, si vamos a bajar a nivel local para producir nuestra energía, debemos confiar en que los habitantes de la zona adopten las soluciones que necesitan.

 
  
  

– Informe: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

 
  
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  Richard Seeber, en nombre del Grupo del PPE-DE.(DE) Señor Presidente, he votado a favor de este informe. Pienso que es prudente tener un mercado interior europeo de la energía, pero necesitamos una red de operadores del sistema de transporte. Sin embargo, debemos asegurarnos de que al ejecutarlo lo hagamos sobre una base genuinamente equitativa y al mismo tiempo dejemos margen para exenciones regionales. Debería ser posible dar subvenciones cruzadas entre diversos sectores para asegurar el suministro de energía en las regiones y valles más aislados de Europa y sus islas. Podemos suponer que el suministro energético será en dichas regiones mucho más caro y, por consiguiente, menos atractivo económicamente para las empresas, de modo que tendremos que lograr un equilibrio adecuado.

Quisiera hacer una breve observación a mis colegas británicos: según entiendo, sólo en una ocasión se ha realizado un referéndum en Gran Bretaña, y fue para la adhesión a la Comunidad. Quizá deban cambiar su constitución nacional para permitir la introducción de este instrumento de democracia directa. Es algo que me produciría la mayor satisfacción.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). – Señor Presidente, pido disculpas por mi tardanza en empezar a hablar. Estaba aplaudiendo al orador anterior, que ha terminado su intervención con una observación muy valiosa.

Mis observaciones también se refieren al informe de Chichester, de forma que las realizaré en una sola intervención en vez de pedir dos veces la palabra. En algunos aspectos, este informe destaca uno de los fallos potenciales en el pensamiento de los eurócratas y de quienes a menudo se sientan en esta Cámara, y es que, sea cual sea el problema, Europa ha de ser la solución. Desde luego, doy la bienvenida a un organismo regulador europeo que coopere con los reguladores nacionales, pero no olvidemos que muy a menudo quien mejor conoce las circunstancias locales son los reguladores nacionales.

No dejemos que este organismo se convierta en un superregulador europeo. Asegurémonos de que el regulador conoce los matices locales y es verdaderamente responsable ante los habitantes locales. Si no somos responsables a escala local, es posible que voten en contra de la Constitución.

 
  
  

– Informe: József Szájer (A6-0086/2008)

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Señor Presidente, ya estoy pensando en mi comunicado de prensa, y creo que empezaré hablando «a una Cámara muy concurrida», aunque quizá debería decir «a una cabina de interpretación muy concurrida». Aprecio que los intérpretes sigan al pie del cañón y hayan renunciado a la comida para escuchar estas cosas.

Soy árbitro de fútbol inglés y, por consiguiente, creo que todos los políticos polacos de esta Cámara quieren matar a la gente como yo. Sin embargo, estaba pensando después de ver el fútbol ayer por la noche —especialmente el partido Francia-Italia— que quizás el equipo francés debería hacer lo que hacen sus maestros políticos y pasar por alto el resultado y presentarse en cuartos de final, porque eso es exactamente lo que aquí vamos a hacer con el Tratado de Lisboa.

La razón y, Señor Presidente, quizás se pregunte cuándo voy a empezar con el informe, y yo también me lo pregunto es que no necesitamos que el Tratado de Lisboa se ponga a prueba dentro de este informe. La UE no se detendrá sin este Tratado. Hoy hemos sometido a votación con éxito un cambio enorme en la organización institucional de este lugar, y no hemos tenido necesidad de otro tratado para hacerlo.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

– Aprobación del nuevo reparto de competencias para el Vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot (B6-0306/2008)

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Aprecio mucho la firmeza y seguridad con la que el señor Barrot apoyó los derechos relacionados con la ciudadanía europea, y en particular la libertad de movimiento, en su intervención del lunes.

Los derechos y libertades de los ciudadanos europeos son el bien más importante de la integración europea y no se deben poner en peligro bajo ninguna circunstancia, sin importar los motivos que se invoquen.

Los ciudadanos del país que represento en este foro, Rumanía, observan atentamente y con inquietud los debates sobre la libertad de circulación de ciertos Estados miembros.

Los ciudadanos rumanos en el extranjero, la mayoría de ellos trabajadores honrados, aportan beneficios incontestables a las economías de los países donde trabajan.

Ellos y estoy convencido de que no son los únicos esperan que la Comisión Europea desempeñe una función activa y firme en defensa de la libertad total de movimiento.

Espero de todo corazón que el mandato del señor Barrot se desarrolle bajo el signo de este compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos europeos.

 
  
  

– Informe: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) Afrontamos un drama humanitario en el que las familias no sólo padecen el dolor de haber perdido a sus parientes, sino también el de vivir durante decenios con la agonía de no conocer su destino.

Por este motivo, considero vital que todas las partes interesadas sigan cooperando constructivamente para que las investigaciones llevadas a cabo acerca del destino de las personas desaparecidas en Chipre puedan finalizar rápidamente.

La función desempeñada por el CPD (Comité sobre las personas desaparecidas en Chipre) es vital para identificar los restos humanos encontrados.

Como la contribución financiera de la UE al proyecto del CPD cubre sólo hasta el final de 2008, apoyo la asignación de más asistencia financiera para que pueda continuar sus actividades en 2009. Esta contribución debe permitir aumentar su capacidad, en particular en el trabajo de campo, para contratar más científicos y financiar más equipos cuando sea necesario.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) No tenemos nada en contra de que el comité para Chipre obtenga más ayuda y contribuciones financieras para continuar su trabajo, pero pensamos que el dinero debería asignarse a la Cruz Roja, que tiene experiencia y conocimientos especializados. Por consiguiente, hemos decidido votar en contra la propuesta.

 
  
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  Ewa Klamt (PPE-DE), por escrito. – (DE) Como el ponente, expreso mi satisfacción por el abrumador aval del Parlamento Europeo a la resolución sobre los desaparecidos en Chipre. Es un derecho de los familiares conocer el destino de sus desaparecidos mediante la exhumación e identificación de los restos. Localizar los restos de sus familiares, desaparecidos desde hace varios decenios, y darles un entierro digno es la única manera de que los chipriotas griegos y turcos pongan fin a este doloroso capítulo de sus vidas, pues por fin obtendrán alguna información sobre el destino de sus seres queridos. Estoy convencida de que esto puede ser una contribución importante a favor de la reunificación de Chipre.

Mediante la financiación, la UE apoya activamente el trabajo del Comité sobre las Personas Desaparecidas en Chipre (CPD) en los lugares de exhumación, en los laboratorios antropológicos y con las familias afectadas. Es importante en este contexto que el CPD lleve a cabo todas las investigaciones y análisis necesarios mientras haya testigos presenciales que puedan suministrar información acerca de este problema humanitario de las personas desaparecidas.

Por tanto, considero esencial reservar 2 millones de euros más de los presupuestos generales de la Unión Europea para 2009, e insto al Consejo y a la Comisión Europea para llegar a un acuerdo sobre este apoyo financiero extra.

 
  
  

– Informe: Manfred Weber (A6-0339/2007)

 
  
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  Gerard Batten (IND/DEM), por escrito. – He votado contra este informe porque dificulta a los Estados miembros el retorno de los inmigrantes ilegales. Y una vez otorgada la residencia en los Estados miembros de la UE, esos inmigrantes ilegales entrarán más fácilmente en Gran Bretaña y aumentarán la carga de la inmigración ilegal en el Reino Unido. En cualquier caso, la política de inmigración y asilo deben decidirla los Estados miembros democráticos, no la Unión Europea.

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. (IT) Gracias, señor Presidente. He votado contra el informe Weber después del rechazo de las enmiendas del PSE.

Sin duda, hace falta legislación en este terreno tan delicado, más aún a la vista de las interpretaciones arbitrarias que a menudo realizan los Estados miembros. No obstante, la propuesta actual contiene inconvenientes injustificados. Por ejemplo, el tratamiento previsto para los menores no acompañados es inadmisible, así como no incluir garantías para las personas que tienen dificultades especiales, tales como víctimas del tráfico de personas, mujeres embarazadas, ancianos o discapacitados.

Otro absurdo es el enunciado según el cual el período de detención puede aumentar por falta de cooperación «administrativa» del país de origen. La situación de los refugiados sudaneses, por ejemplo dependerá de la eficacia de las oficinas municipales de registro. Necesitábamos reglas firmes para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no el acoso, que representa una afrenta a la dignidad humana. Europa ha escrito hoy una página oscura de su historia.

 
  
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  Michael Cashman (PSE), por escrito. – El Partido Laborista del Parlamento Europeo (EPLP) se ha abstenido en la propuesta legislativa, ya que el Reino Unido no está obligado a seguir esta directiva, al tener derecho de exclusión/inclusión en el caso de las medidas de JAI relativas a inmigración y asilo. Sin embargo, es muy importante analizar detenidamente nuestra responsabilidad, ya que podría tener un efecto directo sobre países legalmente obligados por esta directiva.

El informe Weber requiere una serie de enmiendas que habrían mejorado el borrador. Debería haber incluido las enmiendas particulares recomendadas por el Grupo PSE. Como estas enmiendas no fueron adoptadas, nos hemos abstenido en este informe. Fueron las siguientes:

Enmienda 98 que garantiza la protección de menores no acompañados.

Enmienda 103 relativa a la duración y las condiciones de retención.

Enmienda 95 sobre la definición de riesgo de fuga.

En conjunto, el EPLP opina que este informe no mejora la capacidad de los Estados miembros de la UE para tratar de forma eficaz y humanitaria la devolución de ciudadanos de terceros países que residen ilegalmente en la UE, y en cambio añade nuevas cargas a un asunto ya de por sí complicado y emocionalmente complejo.

 
  
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  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), por escrito. – (PT) La directiva sobre inmigración ilegal plantea un dilema irresoluble. Por un lado, la falta de normas abre la puerta a muchos casos de prácticas inhumanas con inmigrantes. Por otro, hay poco consenso positivo en esta directiva, que se basa en conceptos y referencias vagas que pueden interpretarse a discreción de los Estados miembros. En otras palabras, esta directiva es débil. El compromiso no responde a las ambiciones de una Europa europea. El Parlamento tiene ahora la tarea imposible de elegir entre el caos que conduce a la barbarie y unas normas pobres o incompletas, sin haber hecho el ruido que un verdadero parlamento debe hacer. Debido a la mala suerte, nada más puede esperarse del Consejo, y en cuanto a la Comisión, le cuesta una eternidad crear un fondo europeo de solidaridad con los países de origen de la inmigración ilegal y con los Estados miembros del sur de Europa que directamente están sufriendo esta miseria. Es irónico que un voto sincero hoy signifique votar con los ojos cerrados.

 
  
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  Nigel Farage (IND/DEM), por escrito. – Hemos votado en contra del informe porque no queremos tener ninguna clase de Política Europea Común de Inmigración. Opinamos que cada Estado deben decidir a quién se expulsa de su territorio y en qué circunstancias.

Aunque nosotros casi nunca votamos ninguna legislación, quisiéramos señalar que sí votamos a favor de la enmienda 75, que rechazó la propuesta de la Comisión a favor de una política común de expulsión, pero no por la razones y justificaciones dadas por el grupo que presentó la enmienda. Teníamos nuestros propios motivos para el rechazo.

Esto es independiente del hecho de que esta directiva no se aplique en el Reino Unido. Es el principio en que se fundamente lo que ha determinado nuestro voto.

 
  
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  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me complace que el informe Weber sobre la directiva de retorno se haya adoptado por una amplia mayoría.

Este voto ilustra que el Parlamento Europeo no se ha dejado arrastrar por el populismo y las campañas electoralistas emprendidas contra esta propuesta de directiva, sino que ha preferido tomar el camino de la responsabilidad y el pragmatismo.

El Parlamento ha demostrado madurez y conciencia al adoptar un documento que aumentará indudablemente el nivel de protección de los ciudadanos de terceros países que viven en Estados miembros donde tal protección es inferior o inexistente.

Este voto tiene el doble mérito de no minar las leyes nacionales actuales que ya proporcionan garantías suficientes —como es el caso de Francia, por ejemplo— al mismo tiempo que ayuda a los Estados miembros cuyos sistemas son más restrictivos y menos protectores a que los eleven a un nivel más humanitario.

Este texto, que no afecta a quienes buscan asilo, es sólo el primer paso para enmarcar y armonizar las normas básicas de inmigración. No debemos tomarlo de forma aislada, sino verlo como parte integrante de la política global de la UE para promover la migración legal, algo necesario en Europa.

 
  
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  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la directiva de retorno. Estaba dispuesto a apoyar una directiva que, lejos de ser perfecta, proporcionara directrices útiles a aquellos Estados miembros europeos que aún no tienen leyes de inmigración propias, o cuya legislación es excesivamente rigurosa.

Como la mayor parte de la derecha y de los liberales rechazaron las 10 enmiendas socialistas, incluidas las relativas a la mejor protección de los menores, finalmente voté «no» junto con la mayoría de mi grupo político. Sigo convencido de que, aunque no pueda resolver todos los problemas del mundo, Europa debe permanecer abierta a la inmigración supervisada y enmarcada positivamente.

La inmigración ilegal, junto con sus secuelas de tragedia humana, miseria, y delincuencia vinculadas con las redes ilegales de este tipo, debe ser combatida. Debemos repatriar a los ciudadanos de terceros países que hayan entrado ilegalmente, pero debemos hacerlo dentro de una forma digna de un estado legalmente constituido.

Estaba dispuesto a apoyar una directiva que, lejos de ser perfecta, proporcionara directrices útiles a los nueve Estados miembros europeos que aún no tienen leyes de inmigración propias, o cuya legislación es excesivamente rigurosa.

 
  
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  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio mantiene una postura muy crítica ante este informe y ante el compromiso apoyado por determinados partidos políticos. La política de refugiados de un país es un asunto estrictamente nacional que debe decidirse dentro del contexto jurídico de ese país. Mediante este informe, la UE da un paso importante hacia una política europea de inmigración muy dura para con los inmigrantes ilegales. Les espera la detención arbitraria y sistemática de personas que no han cometido ningún delito, salvo cruzar una frontera internacional. El informe propone que se prohíba totalmente la presencia de estas personas en el territorio europeo durante un período de cinco años, independientemente de su situación, lo que en términos reales significa hacer de Europa una fortaleza.

Se supone que la UE es una Unión que celebra los valores y los derechos humanos consagrados, pero esta propuesta se opone abiertamente a todo esto. Ya existen organizaciones como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que defienden los derechos humanos de las personas vulnerables y estipulan reglas y normas aceptables para el tratamiento humanitario.

La Lista de Junio rechaza este informe y espera que otros Diputados hagan lo mismo.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Lamentablemente, la propuesta que hicimos de rechazar esta innoble directiva fue rechazada por mayoría en esta Cámara debido a la unión de los socialdemócratas y la derecha.

Mediante nuestro voto intentamos evitar que el acuerdo del Consejo saliese adelante, pues su objetivo es crear una política de inmigración comunitaria restrictiva, selectiva, que tipifica como delito la inmigración y no respeta los derechos humanos de los inmigrantes.

Entre los numerosos aspectos inadmisibles de esta directiva están la posibilidad de detener a los inmigrantes durante un período máximo de 18 meses; la detención de familias, incluso con menores; la expulsión de menores sin tener que entregarlos a un miembro de su familia o a alguien legalmente elegido que los custodie, y la limitación de entrada en los países de la UE durante un período de hasta cinco años para cualquier inmigrante expulsado.

Si las instituciones de la UE quieren adoptar medidas contra los inmigrantes, deben sugerir a los Estados miembros que ratifiquen la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

No puede ponerse en duda la dignidad de los seres humanos. Sus derechos deben estar protegidos y reconocidos, independientemente de su situación administrativa. No debemos introducir políticas que infrinjan los derechos humanos y que tipifiquen como delincuentes a hombres y mujeres que sólo aspiran a un empleo y, en muchos casos, al derecho básico a la vida.

 
  
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  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE), por escrito. – (FR) Los derechos Humanos no son negociables.

La privación de libertad, según lo estipulado en este documento, es un acto grave, aun cuando sea durante un período restringido. ¿Por qué no estamos hablando de darles la bienvenida cuando llegan a Europa y de instalaciones de acogida en vez de centros de retención? Hemos sabido durante décadas que los traficantes tienen un interés criminal por el tráfico de personas y que a menudo hay cómplices involucrados en proporcionar trabajadores ilegales, a los que se paga mal y se aloja en muy malas condiciones.

Opino que se necesitan medidas legales urgentes para contrarrestar las actividades de estos contrabandistas y traficantes de personas. En cuanto a las políticas de retorno voluntario, apoyarlas con políticas de cooperación orientada enviarían mejores señales que la encarcelación de inocentes. No poseemos la tierra, no tenemos derecho a considerarnos amos del continente y ni siquiera los Estados legalmente constituidos como los nuestros tienen derecho a contravenir el derecho a la integridad de las personas.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He votado en contra del informe Weber y deploro los términos de la directiva de retorno propuesta. La directiva permitirá a los Estados miembros detener inmigrantes durante hasta 18 meses, incluso por razones que están fuera de su control. Esta no es la marca de una política de inmigración civilizada y que cumpla con las normas que cabe esperar de la UE.

 
  
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  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), por escrito. – (ES) Mi voto contrario se debe a que es un tema muy delicado, ya que afecta cada vez a más gente, y el hecho de que se trate como un problema logístico en vez de humano, no se puede tolerar. Disposiciones como la imposición de una prohibición de readmisión de hasta 5 años en todo el territorio europeo, la posibilidad abierta de detener familias y menores no acompañados, de devolver personas a través de caminos de tránsito, la poca protección hacia las personas vulnerables al alejamiento, el hecho que no impida la detención de los solicitantes de asilo o la insuficiencia de garantías sustanciales en materia de recurso de las decisiones de retorno y de internamiento, simplemente, no son aceptables.

Además, la inmigración está íntimamente ligada a la política de desarrollo. La UE tiene que poner las medidas y ayudas necesarias para que se dé un verdadero desarrollo en los países terceros. Los inmigrantes y sin papeles no han escogido serlo, sino que no pueden permitirse quedarse en sus tierras, ya que, en muchos casos, no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Y eso, en pleno siglo XXI, es un dato que nos debería avergonzar.

 
  
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  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. – (CS) La devolución de inmigrantes ilegales a su país de origen es un asunto muy controvertido. Una interpretación amplia del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, la Convención de las Naciones Unidas relacionada con el Estado de los Refugiados de 1951, modificada por el Protocolo de 1967, y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989 prohíben tales acciones. Si tengo en cuenta las críticas de las comisiones (por ejemplo, la comisión LIBE) además de los textos mencionados, debo decir que una directiva que permite detener a personas durante 18 meses, así como las condiciones descritas por los Diputados que han visitado los centros de detención, la controversia se hace aún más obvia. Quien comete un delito debe recibir un castigo, incluidos aquellos que emplean a ciudadanos de terceros países ilegalmente y en condiciones deficientes. Bajo ningún concepto el Grupo GUE/NGL apoyaría esta directiva.

 
  
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  Romano Maria La Russa (UEN), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, hoy, mediante la votación a favor del informe Weber puede que hayamos dado un paso crucial para lograr un marco integral de medidas contra la inmigración ilegal; las medidas responden a las exigencias de seguridad de un número enorme de ciudadanos europeos, muchos de ellos víctimas de delitos perpetrados por ciudadanos de terceros países.

Me complace observar que el Parlamento Europeo, garante de la libertad y los derechos universales, está a favor de una política común para responder a las necesidades de los Estados miembros en su lucha contra la inmigración ilegal. Hemos puesto de manifiesto que el objetivo no es sólo detectar a los residentes ilegalmente, sino también implantar procedimientos de retorno claros, transparentes y rápidos.

No se trata sólo de acotar el fenómeno, por ejemplo, con la prohibición de retorno, sino también de proporcionar ayuda a los menores. Estas medidas se orientan al respeto escrupuloso de los derechos humanos en los centros de recepción. Debemos combatir la inmigración ilegal sobre todo mediante acuerdos con los países de origen y mediante el envío de señales claras a quienes deseen entrar ilegalmente en Europa, y no contentarnos exclusivamente con mirar cómo se desarrolla una tragedia, ya no a escala nacional, sino europea. Nuestro continente no es una tierra a conquistar, y todos tenemos derechos y responsabilidades que respetar.

 
  
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  Carl Lang (NI), por escrito. (FR) La izquierda y la extrema izquierda ha hecho mucho ruido y ha estigmatizado el informe Weber, la interpretación del Parlamento de la directiva de retorno, que no está a la altura de lo que hace falta en cuanto a política de inmigración.

Apenas nos atrevemos a declarar lo que es obvio: que cruzar ilegalmente una frontera sin un visado o un permiso de residencia es un acto ilícito y debe ser tratado como tal.

Al perder deliberadamente sus documentos o al negarse a decir de dónde vienen para no ser devueltos a sus países de origen, los inmigrantes ilegales son los únicos responsables del período durante el que permanecen detenidos, que algunos consideran, equivocadamente, demasiado largo.

Pero hablar de derechos humanos sólo enmascara la realidad de la situación: Europa está agobiada por la inmigración ilegal, que está esencialmente fuera de control y perjudica a la migración legal promovida por las autoridades nacionales y europeas por igual.

El informe Weber, a pesar de no ser el adecuado para su fin, es un paso en la dirección correcta. Espero que esta sea sólo la primera etapa. ¿Van finalmente los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo a tomar conciencia de la magnitud del problema? Es ya bastante tarde...

 
  
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  Roselyne Lefrançois (PSE), por escrito. (FR) El documento adoptado hoy constituye un replanteamiento total del trabajo que hizo la comisión LIBE, que había allanado el camino para una mejora considerable de la propuesta original de la Comisión.

En efecto, este denominado compromiso no producirá ningún cambio que vaya a mejorar el grado de protección de las personas que viven en Estados miembros con políticas de inmigración poco aceptables. La primera razón es el alcance restringido del documento: están excluidos quienes buscan asilo y las personas detenidas en los controles fronterizos, aunque representan una proporción considerable de todos los inmigrantes ilegales. Otra razón más pertinente es que otorga a los Estados miembros demasiada flexibilidad en cuestiones clave como los derechos de los menores y la duración del período de detención. Este período se ha ampliado a 18 meses, frente a los seis meses propuestos por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

Me avergüenza que una mayoría de esta Cámara haya apoyado la idea de encerrar durante tal período a personas cuyo único delito es venir aquí en busca de mejores condiciones de vida y que a menudo se encuentran en un estado extremadamente vulnerable.

He votado con toda conciencia contra el documento. Aunque es cierto que necesitamos algunas normas comunes básicas, éstas deben formar parte de un enfoque responsable y humanitario de la inmigración ilegal y bajo ningún concepto introducirse a expensas de los derechos fundamentales y los valores que tanto celebramos y estimamos.

 
  
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  Marine Le Pen (NI), por escrito. (FR) La mencionada «directiva de retorno» propuesta por la Comisión en Bruselas y muy equivocadamente estigmatizada por la izquierda como la «directiva de la vergüenza», contraria a los derechos humanos, acaba de ser adoptada muy a su pesar por el Parlamento Europeo.

Sin embargo, esta directiva que recoge el retorno de los inmigrantes ilegales no es en absoluto represiva. No tipifica como delincuentes a los inmigrantes que hayan entrado en Europa ilegalmente. Mejor que eso, les da a elegir entre legalización y retorno voluntario, todo esto apoyado por privilegios y garantizando la protección de los derechos humanos fundamentales.

¿Qué opinan del derecho de las personas a protegerse y no verse inundadas por la inmigración mundial? Nada.

La fortaleza europea que critican todos los medios de comunicación de Francia y otros países no existe. Es una fantasía creada para abrir el camino a una legislación que favorece la inmigración y a los inmigrantes bajo el disfraz de la represión.

No es una buena directiva. Es todo fachada. Pero sí tiene el mérito de representar el primer paso hacia una política menos inmigracionista. No debemos ocultar que se están preparando otras medidas, como el sistema europeo de la Tarjeta Azul que garantiza la inmigración legal con fines laborales, y cuyo objetivo declarado es exclusivamente favorecer la inmigración a Europa.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado a favor del informe Weber porque creo que la Unión Europea sólo puede combatir y prevenir la inmigración ilegal con reglas comunes fuertes, pero justas. Esta directiva de retorno representa el acertado comienzo de una política común europea de inmigración.

Europa sólo se puede abrir a la inmigración legal si se define claramente la inmigración ilegal, y sólo podemos afrontarla eficazmente sobre la base de normas comunes.

En mi opinión, la directiva tiene en cuenta las inquietudes humanitarias del proceso de deportación, en particular mediante la introducción de un período máximo de detención de seis meses. Dado que nueve Estados miembros, incluido Luxemburgo, no tenían anteriormente ningún límite máximo de detención, esta medida supone un gran avance.

Las personas afectadas por un procedimiento de deportación tendrán ahora derecho a la asistencia jurídica ante un tribunal y podrán recurrir contra el procedimiento, incluso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como último recurso. También garantiza asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos suficientes. Esto pondrá fin a la política arbitraria de deportación seguida por algunos Estados miembros y fortalece el Estado de derecho.

También deseo dejar claro que el período máximo de retención de 18 meses, que es una prolongación del período inicial de seis meses durante 12 meses más, sólo se puede aplicar en casos extremos y excepcionales. Sólo se recurrirá a esta medida si la persona representa una amenaza para la seguridad pública o en caso de riesgo inminente de fuga.

 
  
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  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), por escrito. (RO) La propuesta de directiva que debatimos ayer y que hemos votado hoy aborda directamente por primera vez la política europea de inmigración estableciendo normas y procedimientos para la expulsión de los inmigrantes que permanecen ilegalmente en el territorio de los Estados miembros. Además del objetivo de la armonización legal de la situación de los inmigrantes, el reto de esta directiva era alcanzar un compromiso compatible con los derechos humanos y la libre circulación de las personas y, al mismo tiempo, con las necesidades individuales, en especial de seguridad colectiva.

La mayoría de los Estados miembros han experimentado el fenómeno de la inmigración y las medidas tomadas por sus gobiernos han variado según el flujo de inmigrantes. Por este motivo, pienso que el informe del señor Weber ayuda a organizar las diferencias entre las distintas políticas de inmigración de los Estados miembros teniendo en cuenta los principios de cada sistema legal y proponiendo normas y procedimientos comunes de aplicación. Por lo tanto, puedo decir que he votado a favor de este informe debido al enfoque integrado sobre la inmigración.

Medidas como el retorno voluntario al país de origen, la retención temporal y la especial atención prestada a la protección de los menores no acompañados, así como el acceso a la atención sanitaria y a los servicios de educación, no representan una transgresión del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, sino al contrario, la prueba de que la Unión Europea ha dado un paso más hacia la creación de una política común en el campo de la inmigración ilegal.

También me gustaría felicitar al Consejo y al señor Weber por el compromiso negociado.

 
  
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  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) La guerra, las dictaduras, la discriminación, las catástrofes naturales y la pobreza impulsan a los habitantes de África y Asia hacia Europa. Para muchos refugiados no es una opción personal para mejorar sus circunstancias, sino una simple cuestión de supervivencia. La cumbre de Tampere de 1999 intentó reducir el flujo de refugiados en varios Estados miembros de la UE. No se hizo apelando a la solidaridad mutua para distribuir mejor a los refugiados en el territorio de la UE, sino restringiendo la entrada a Europa a través de las fronteras exteriores. En los últimos años se han dado situaciones cada vez más atroces. Muchas personas se ahogan en el mar y, si llegan a tierra, son encerradas durante algún tiempo, forzadas a la ilegalidad o devueltas a un país en el que no pueden sobrevivir.

El informe Weber y el intento por llegar a un acuerdo con el Consejo han hecho que la situación empeore. Con razón es cada vez mayor la oposición en distintos ámbitos sociales. Si se adopta a pesar de la oposición, será posible encerrar a las personas durante seis meses sin ningún procedimiento judicial, será más fácil deportar niños, y los que hayan sido deportados no podrán volver a la UE durante 5 años, independientemente de si la situación en su país de residencia se ha deteriorado en ese tiempo.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La mayoría de los 42 millones de refugiados que se calcula que hubo en 2007 fueron migrantes económicos que cayeron en la trampa de mafias de inmigración y arriesgaron sus vidas para alcanzar El Dorado. Esto no sólo provoca innumerables tragedias humanas, sino que también somete a presión los sistemas sociales de los países de destino y atasca los tribunales con casos de asilo sin esperanza, haciendo que la vida sea aún más difícil para los que quizá genuinamente tengan derecho de asilo.

Algunos Estados miembros atrajeron a millones de ilegales con legalizaciones masivas o minidetenciones seguidas de la concesión automática de permisos de residencia. Aunque las medidas propuestas por la directiva de retorno son demasiado laxas, al menos son un paso en la dirección correcta, especialmente si el período propuesto de retención mínima es más estricto que el actualmente utilizado por algunos Estados miembros, por lo que he votado a favor del informe.

 
  
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  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. (IT) Deseo felicitar a mis colegas de la comisión LIBE por el compromiso alcanzado con el Consejo. Es la primera vez que la Unión se ha dotado de normas comunes para tratar el retorno de nacionales de terceros países asentados ilegalmente. Es loable que el objetivo de la directiva sea establecer procedimientos de retorno comunes, transparentes, asegurar el trato humanitario y mejorar la cooperación tanto con las autoridades nacionales de los inmigrantes como entre los Estados miembros, incluido el establecimiento de una prohibición de retorno válida en toda la Unión por un período de cinco años como máximo.

El retorno voluntario, la duración de la custodia temporal con alternativas para casos determinados, la organización de centros de acogida, la prohibición de retornos colectivos, el tratamiento particular que se debe proporcionar a menores y personas vulnerables al adoptar una decisión de devolución y el mantenimiento de la unidad familiar: todas estas son características positivas de la propuesta de directiva, así como también lo es la asistencia jurídica gratuita, si se solicita, para iniciar un recurso contra la orden de expulsión.

He votado a favor de esta medida con la certeza de que la inmigración ilegal será combatida más eficazmente con normas comunes y transparentes. Estas normas mejorarán la seguridad de nuestros ciudadanos, confirmando una vez más que cuando se trata de problemas comunes como los relacionados con la inmigración, Europa debe hablar con una sola voz y confirmar que los conceptos de acogida y legalidad son indisociables.

 
  
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  Robert Navarro (PSE), por escrito. (FR) El Parlamento Europeo ha adoptado hoy por mayoría la propuesta de directiva de retorno. Esta propuesta, que tiene por objeto establecer normas comunes mínimas para el tratamiento de los inmigrantes ilegales, se propuso originalmente como una respuesta a la a menudo trágica situación observada en los aproximadamente 224 campos de retención repartidos por Europa. Es una iniciativa prudente, ya que sabemos que algunos países no tienen normas ni límites de ningún tipo para la detención de extranjeros ilegales. Durante la votación en la comisión, los Diputados socialistas la mejoraron sustancialmente estableciendo garantías esenciales de los derechos humanos, ausentes de la propuesta inicial. Ahora han sido eliminadas por el Consejo y el ponente del PPE, que parece que prefieren un paquete más represivo con la esperanza de que desalentará a quienes ya están desesperados. El resultado es una directiva que ratifica un proceso para tipificar como delincuentes a los migrantes, hacinándolos en condiciones lamentables durante períodos prolongados y separando a los menores de sus familias, mientras las denominadas garantías de asistencia jurídica y recurso quedan de hecho a la discreción de los Estados miembros. Esto es sencillamente inadmisible y contrario a los valores que Europa afirma representar. Por eso he decidido votar en contra del texto.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La mayoría conservadora del Parlamento Europeo ha pasado por alto una vez más la voz de los ciudadanos y el sentido común. La adopción de la «directiva de la vergüenza» es una apuesta por crear una fortaleza europea que priva a los inmigrantes de sus derechos humanos básicos y los condena a una vida en la ilegalidad. El escandaloso e inhumano acuerdo de conciliación del Consejo es contrario al marco jurídico internacional vigente. Los argumentos tranquilizadores de mayor protección para los inmigrantes en Europa contrastan por completo con los cuadros sombríos de los centros de «acogida».

Europa no puede protegerse detrás de esta legislación inadmisible y cerrar la puerta a los inmigrantes.

El gobierno de Nueva Democracia (ND) y sus Diputados al PE que han apoyado activamente la decisión de hoy son responsables en gran parte. Lo que declaró el señor Karamanlis ante las cámaras de televisión cuando visitó el centro de acogida de inmigrantes de la isla de Samos hace unos días va en contra de las acciones de Nueva Democracia.

 
  
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  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. – (DE) Mis motivos para votar en contra de la directiva de retorno son los siguientes:

La directiva negociada por los ministros de asuntos exteriores de la UE no sólo establece un posible período de retención de 18 meses antes de la deportación para ciudadanos de terceros países que estén en situación ilegal; también recoge la prohibición de volver antes de cinco años para los refugiados deportados. Como resultado de la directiva, alrededor de 8 millones de ciudadanos que no son de la UE y que no tienen permiso de residencia válido están amenazados con la detención y deportación a sus países de origen.

Además, la directiva permite la retención y separación de menores no acompañados, en claro incumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas. Hay planes para deportar a los migrantes a países de tránsito que no son sus países de origen. Muchas garantías procesales y derechos legales de los migrantes para recurrir contra la deportación han desaparecido del texto final, lo que también podría poner en riesgo los derechos de quienes pueden solicitar asilo.

En resumen, la directiva sienta las bases para la estigmatización y criminalización de los migrantes que, sin haber cometido ningún delito, serán privados de su libertad y encerrados en centros de retención en condiciones que van en contra de la dignidad humana. La directiva erosiona las normas de derechos humanos europeas e internacionales empeorando aún más las condiciones de vida de los migrantes. Esta nueva medida está en concordancia con la política de inmigración y de asilo que los Estados miembros de la UE vienen practicando desde 1990 y que se caracteriza por el permanente desmantelamiento de los derechos de los inmigrantes. Tenemos que oponernos a la aplicación de la directiva.

 
  
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  Lydie Polfer (ALDE), por escrito. (FR) La propuesta de directiva para devolver a los ciudadanos de terceros países que permanecen ilegalmente en la UE tiene como finalidad proporcionar a la Unión Europea una política común de inmigración, establecer el período máximo de custodia temporal, favorecer un procedimiento de retorno voluntario y prohibir el retorno a la Unión Europea de quienes sean expulsados.

El texto propuesto es un compromiso, y como los compromisos puede mejorarse. Así, el período máximo de retención de seis meses, que puede ampliarse durante otros doce meses, está muy por encima del máximo período de custodia prevista en mi país, Luxemburgo (tres meses).

Por otra parte, el documento sí establece ciertas garantías para las familias y los menores, así como especifica las condiciones que rigen la no devolución al país de origen.

Como este asunto entra en el ámbito del procedimiento de codecisión, el Parlamento está en igualdad de condiciones que el Consejo de Ministros, y un voto negativo conduciría a retrasos perjudiciales en un asunto sumamente delicado.

Por este motivo, y a pesar de ciertas reservas, he votado a favor de la propuesta de directiva.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) Una región con fronteras exteriores compartidas y sin fronteras interiores debe armonizar las normas de entrada, movimiento, residencia y salida de los ciudadanos de terceros países. Una economía próspera y un estado de bienestar con elevados niveles de protección —en comparación con los países vecinos— debe fijar normas y condiciones para la entrada de ciudadanos de terceros países.

Por consiguiente es esencial regular y lograr una cierta coherencia entre los reglamentos de las regiones con un frontera común. Esto debe hacerse teniendo en cuenta que la inmigración es un recurso y un beneficio para los países de destino, además de un beneficio potencial para los países de origen, a condición de que se regule y sea legal. También hay que tener presente que, si mostramos humanidad acogiendo a quienes se encuentran en una situación difícil, estamos haciendo un signo de civilización del que luego no podemos renegar.

Apoyo la esencia de este informe porque no nos obliga a reducir nuestras garantías, sino que de hecho las impone, aunque inadecuadamente, en los casos en que faltan.

Por último, creo que hay un punto que debería haberse abordado en el debate. El destino de la inmigración, al menos la inmigración intraeuropea, está cambiando. En vista de que los flujos migratorios son uno de los indicadores económicos más relevantes, deberíamos prestarle más atención.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. (FR) No sólo encuentro el texto insuficiente en ciertos puntos, especialmente en relación con la retención de menores y la asistencia médica, sino que después de tres años de negociaciones con el Consejo, este compromiso que se ha extraído de ciertos Estados miembros ahora les impone reglas que nunca habían tenido y, un punto crucial, no prohíbe a otros tener su propia legislación o ir más lejos introduciendo leyes aún más flexibles.

No apoyo la caza de brujas que algunos vuelven a lanzar ahora contra quienes tratan de fijar límites a la inmigración en Europa. No, Europa no es una fortaleza. Cada año entran aquí legalmente casi dos millones de inmigrantes. No, la directiva no impone la retención durante 18 meses; la regla general es de seis meses como máximo, con muy pocas excepciones estrictamente aplicadas, conviene recordar, en esos nueve países que ahora disponen de un período de detención ilimitado. En Bélgica, por ejemplo, el período promedio de detención es 22 de días.

Votar «no» hoy es la manera más fácil de aparecer en los titulares, y en este caso estoy convencida de que no servirá a quienes se supone que debe ayudar, a saber, los propios inmigrantes, a quienes se ha de ayudar y con los que en algunos casos hay que razonar.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe del señor Weber. Europa está por fin empezando a abordar el problema de la inmigración ilegal de una manera responsable y eficaz. La directiva de retorno es un primer paso hacia una política adecuada para combatir el fenómeno. Los inmigrantes ilegales deben ser obligados a salir de Europa, respetando unas normas mínimas que garanticen un trato humanitario. Siempre hemos mantenido que la inmigración ilegal es un problema extremadamente grave, y la responsabilidad de manejarla debe quedar en manos de cada país. No obstante, el problema es a menudo europeo, por lo que las responsabilidades y costes no se pueden descargar sobre determinados países, muy en particular Italia.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) El período de retención excesivo es una de las razones más importantes para mi voto. La posibilidad de encerrar a adultos a incluso a niños durante nada menos que 18 meses es ir demasiado lejos, en particular cuando su país de origen no coopera proporcionando los documentos necesarios. A pesar de no haber cometido ninguna falta, a menudo no pueden regresar. El hecho de que quienes se encuentren en Europa en situación ilegal puedan ser devueltos a su país de origen no es ninguna solución. La prohibición de retorno durante un máximo de cinco años es incompatible con la idea de que a las personas se les debe dar protección en Europa si la necesitan. Esta medida también conducirá al tráfico y al contrabando ilegales de personas. La Unión necesita urgentemente acuerdos sobre quién puede entrar, pero está dirigiendo casi todos sus esfuerzos a la deportación. Como resultado, la propuesta es unilateral y muy desequilibrada. Los acuerdos como este sólo tienen sentido si ofrecen protección jurídica a quienes no disponen de documentos válidos. Por desgracia, este compromiso no ofrece garantías suficientes en este sentido. No haría ningún servicio a la política europea de migración votando a favor de esta propuesta.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE), por escrito. – La pérdida de la enmienda 98 sobre el tratamiento de menores no acompañados, es decir niños, y de la enmienda 103 sobre las condiciones, la duración y la legalidad de los migrantes detenidos es muy deprimente para quienes creemos en la dignidad humana.

 
  
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  Daniel Strož (GUE/NGL), por escrito. (CS) En mi opinión, la propuesta de Resolución relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio no es un buen texto. Intenta «resolver» por métodos administrativos y represivos, un problema grave que en realidad exige una solución política encaminada a eliminar las causas de la inmigración ilegal. El proyecto de informe presentado por el señor Manfred Weber al Parlamento Europeo en la sesión plenaria no contiene nada más que cambios (más o menos) cosméticos que no van al corazón del asunto.

La introducción de medidas represivas para los denominados inmigrantes ilegales, como la custodia temporal y el mantenimiento en las horrendas condiciones reinantes en algunos centros de retención (según la comisión LIBE) infringe las convenciones internacionales para la protección de los derechos humanos.

Además, un problema fundamental que aparece en la exposición de motivos, afecta al concepto general del documento. Aunque ofrece una alternativa —la posibilidad de otorgar permisos de residencia legales a los denominados inmigrantes ilegales—, tanto la propuesta de la Comisión como el informe que va a adoptar el Parlamento Europeo se basan en una única premisa: que los inmigrantes ilegales salgan de Europa. Teniendo en cuenta lo anterior, mi recomendación es que el informe se rechace.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. (RO) La Unión se basa en valores comunes y protege los derechos humanos. He votado a favor de las enmiendas de los socialistas europeos porque solicitan a los Estados miembros que proporcionen a los enfermos graves un permiso de residencia autónomo u otra autorización que les conceda derecho de residencia.

Esto les permitiría beneficiarse de atención médica adecuada, excepto en los casos en los que se pueda demostrar que podrían beneficiarse de un tratamiento y una atención médica similares en su propio país. También considero esencial que los nacionales de terceros países sean puestos en libertad de inmediato si la custodia pública no es legal. Los menores bajo custodia pública deben poder participar en actividades de esparcimiento, como juegos y actividades recreativas adecuadas para su edad, además de tener acceso a la educación.

Los niños no acompañados deben disponer de alojamiento en instituciones con personal y equipo adecuados para las necesidades de personas de su edad. Proteger los intereses del niño es un aspecto esencial del tratamiento que se debe ofrecer a los menores bajo custodia pública mientras esperan la expulsión. Lamento que estas enmiendas no fueran adoptadas. Considero que, sin ellas, el informe Weber no cumple con los valores europeos y, por este motivo, he votado en su contra.

 
  
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  Jeffrey Titford (IND/DEM), por escrito. – Hemos votado en contra del informe porque no queremos tener ninguna clase de Política Europea Común de Inmigración. Opinamos que cada Estado deben decidir a quién se expulsa de su territorio y en qué circunstancias.

Aunque nosotros casi nunca votamos ninguna legislación, quisiéramos señalar que sí votamos a favor de la enmienda 75, que rechazó la propuesta de la Comisión a favor de una política común de expulsión, pero no por la razones y justificaciones dadas por el grupo que presentó la enmienda. Teníamos nuestros propios motivos para el rechazo.

Esto es independiente del hecho de que esta directiva no se aplique en el Reino Unido. Es el principio en que se fundamente lo que ha determinado nuestro voto.

 
  
  

– Informe: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

 
  
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  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito. (EL) Para completar el dominio de los mercados de la electricidad y el gas natural en la UE por los intereses del capital a gran escala, la Comisión está preparando el paquete de cinco propuestas del tercer grupo legislativo. El objetivo es convertir un bien social en mercancía y promover la reestructuración capitalista del sector de la energía mediante la privatización masiva de la producción y la distribución de la energía.

La propuesta establece una competencia feroz, especialmente en el mercado mayorista de la energía. Lleva a la separación completa de las redes (sistemas de transporte o de gestión del transporte) del suministro y la producción. Por tanto, en principio, no habrá ninguna discriminación entre los sectores público y privado, con el resultado de que las empresas públicas perderán sus ventajas comparativas y se protegerá la entrada en el mercado de sus competidoras.

En un momento de aumento rápido de los precios internacionales del petróleo, los trabajadores están sufriendo las consecuencias; la UE favorece los intereses del capital, y protege y aumenta sus beneficios.

Las víctimas de esta política son los trabajadores del sector de la energía y, en general, la clase trabajadora. Se enfrentan a precios más altos y a la degradación de los servicios, como ocurre en todos los sitios en los que se privatiza el mercado de la energía.

La movilización masiva de trabajadores y el resonante «no» en los referendos revelan la oposición popular creciente a esta política y abre las puertas a su rechazo.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es interesante señalar cómo, en este tercer paquete de medidas de liberalización del sector de la electricidad se siguen utilizando los mismos argumentos, a pesar de que tenemos cada vez menos control sobre las acciones de los grupos económicos y financieros que operan en el mercado, imponiendo sus propias reglas, aumentando los precios, despidiendo a los trabajadores, aumentando la precariedad del empleo y no atendiendo sus obligaciones de servicio público.

Aunque es verdad que, sin un mercado de electricidad y de gas eficaz la Unión Europea tendrá cada vez más dificultades para garantizar la seguridad del suministro y la sostenibilidad de un mercado de la energía con pocos recursos de carbón y competitividad mundial, también es cierto que este mercado sólo será posible si hay un sector público fuerte.

Sin embargo, lo que se está proponiendo es exactamente lo contrario. Se pide una mayor liberalización y la destrucción de los restos de este sector público en algunos países. Luego, en un intento infructuoso de encubrirlo, se sugiere una carta para proteger a los consumidores. Esperaremos a ver cómo se aplica. En cualquier caso, la cuestión básica es la liberalización del sector, por lo que sólo podríamos votar en contra de este informe.

 
  
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  Neena Gill (PSE), por escrito. – Presidente, hablé del informe Morgan durante el debate, pero no tuve la oportunidad de comentar la enmienda 159. Esta enmienda prohibiría a los Estados miembros autorizar la construcción de nuevas centrales eléctricas que emitiesen más que 350 g de dióxido de carbono por kilovatio hora generado. Quisiera aclarar la posición en nombre del EPLP, que ha recibido varias cartas sobre esta enmienda.

Aunque apreciamos que el cambio climático es real y está presente y tenemos la obligación de tenerlo en cuenta, hemos votado contra la enmienda 159 porque impediría por completo la construcción de centrales nuevas alimentadas por gas, petróleo o carbón. Esto sería perjudicial para la seguridad del suministro energético de Europa y para el funcionamiento del continente.

 
  
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  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Morgan y del paquete de energía porque creo que estamos siguiendo el camino equivocado. La Agencia propuesta sería otro órgano burocrático más. Una red de reguladores nacionales con poderes ampliados sería una manera más eficaz de asegurar el acceso a las redes de los pequeños productores. La separación se ha convertido en una especie de poción mágica, pese a que la experiencia de los países que la han aplicado no respalda las ventajas de este tipo de medidas liberales. El mercado de la energía es un mercado mundial. La competencia para Gazprom y para los estados productores de petróleo no vendrá de las cooperativas de biogás sino de las grandes empresas europeas.

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. (PL) Al votar por la separación obligatoria de la propiedad de las empresas de energía en la Unión Europea, el Parlamento Europeo dio un paso decisivo hacia la creación de un mercado común de la energía eléctrica. La división de estos intereses en empresas responsables de la producción de energía y empresas responsables de su transporte es la única manera de crear un mercado abierto y competitivo donde no haya conflicto de intereses.

El consumidor debe ser el principal beneficiario de los cambios propuestos. La propuesta adoptada fortalece sustancialmente los derechos de los consumidores. Entre otras cosas, da a los consumidores el derecho a poner fin a un contrato con un proveedor de electricidad sin más cargos. A los consumidores también se les da el derecho a cambiar de proveedor de energía en un tiempo muy corto.

Hay que tener en cuenta que el mercado de la electricidad está dominado actualmente por monopolios que abusan de su posición en mercados no competitivos. Creo que los topes de precio protegerán a los usuarios de la energía de la explotación por parte de los grupos de energía sin disuadir a nuevas entidades de entrar en el mercado.

Sin duda, las soluciones propuestas no resolverán todos los problemas relacionados con la energía a los que nos enfrentamos en este momento, como el incremento de los precios del petróleo. No obstante, sí son pasos útiles hacia el desarrollo de un mercado más competitivo. El debate seguirá en el Consejo. Lamentablemente, es improbable que se acepten todas las propuestas del Parlamento Europeo. Como el ponente ha señalado correctamente, muchos Estados miembros quieren proteger sus propios intereses nacionales.

 
  
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  Jacky Hénin (GUE/NGL), por escrito. (FR) Este tercer paquete de la energía insiste dogmáticamente en seguir el curso de la separación completa entre la producción de energía y las redes de distribución.

Tiene por objeto someter todo el sector de la energía exclusivamente a las leyes del libre mercado y a la competencia de todos contra todos.

Como las mismas causas producen los mismos efectos, esto conducirá a la Unión Europea a un desastre aun mayor que el experimentado por California en el año 2000.

Esta política es mala para los consumidores, mala para los empleados del sector, mala para las empresas e industrias medianas y pequeñas, mala para el empleo, mala para la seguridad y mala para el medio ambiente. El mercado y el sector privado son incapaces de satisfacer las necesidades de energía de los europeos y de responder a los retos del calentamiento del planeta y de la era que ha de seguir a la de los combustibles fósiles. Su objetivo primordial es pagar lo más posible a los accionistas, no a actuar en favor del interés general de la nación.

En Europa necesitamos un mercado interior adecuado para la energía, y esto sólo se logrará sobre la base de la cooperación. El sector de la energía debe guiarse por la acción pública coordinada de los Estados miembros, no por las actividades de los mercados financieros. La UE tiene que adoptar medidas para conseguir que la energía se reconozca como un recurso público mundial, y no sólo como un producto básico objeto de compraventa.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Me ha decepcionado que no se haya adoptado la enmienda de mi grupo sobre la responsabilidad en caso de accidente nuclear. No obstante, el informe final Morgan sí contiene muchos aspectos elogiables, y me alegro de que se hayan añadido referencias a la propuesta carta de los derechos de los consumidores de energía. En conjunto, por tanto, he podido votar a favor del informe.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE-DE), por escrito. (ET) Apoyo decididamente estas enmiendas, pues refuerzan la libre competencia en la Unión Europea, contribuyen a mantener los precios a niveles razonables y, al mismo tiempo, permiten a los consumidores ejercer su libertad para cambiar de proveedor de electricidad en cualquier momento. Además, esto impulsa el uso en común de la electricidad en las zonas transfronterizas y, de este modo, también protege a los Estados y a los consumidores frente a las carencias súbitas de electricidad. Exhorto a la acción rápida en este campo mediante la eliminación de la burocracia y las cargas innecesarias para que las empresas eléctricas de la UE puedan actuar libremente en toda la Unión para fortalecer la libre competencia y para que los consumidores puedan hacer elecciones conscientes.

 
  
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  Roselyne Lefrançois (PSE), por escrito. (FR) He votado en contra de este informe, que pretende establecer normas comunes para el mercado interior de electricidad pero que en realidad propone el desmantelamiento del patrimonio de las redes operativas tradicionales de Europa.

En mi opinión, separar la producción y el transporte de electricidad no aportará ninguna garantía añadida en cuanto a eficiencia, seguridad o accesibilidad de la red, en particular en la situación actual de crecimiento sostenido de la demanda mundial de electricidad y de considerable incertidumbre ante los recursos.

Este último factor exige una inversión estructural aún mayor para salvaguardar nuestros suministros y para fomentar la investigación y la innovación, una perspectiva que parece en gran medida incompatible con la filosofía de competencia intensa y rentabilidad a corto plazo que está en la base de la decisión de avanzar hacia la desregulación total de este sector.

La «tercera vía», apoyada por los socialistas franceses pero lamentablemente no adoptada, parece una solución mucho más prudente, pues nos permite proteger la integridad patrimonial de los grandes grupos de energía de Europa al tiempo que pone la organización de la distribución de la electricidad en manos de reguladores independientes.

No obstante, me congratulo del progreso que este informe representa para la protección de los consumidores, en particular la introducción de normas para combatir la pobreza de energía y para velar por la transparencia y la accesibilidad de la información para el usuario final.

 
  
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  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) El suministro de electricidad no es una forma de comercio, sino un servicio. El servicio debe prestarse a todos los interesados sin interrupción y con la repercusión más baja posible sobre el medio ambiente. Este requisito es incompatible con los riesgos propios del comercio internacional por parte de empresas en competencia. La electricidad seguirá siendo también en el futuro un producto escaso y vulnerable, y más ahora, cuando los combustibles fósiles escasean mientras avanza el calentamiento global.

Por eso es bueno que en muchos Estados miembros de la UE sean el Estado o las autoridades locales los que han desarrollado las centrales y las redes eléctricas. La privatización de estos servicios de distribución es indeseable y peligrosa. Su venta crea nuevos propietarios y el monopolio del sistema de transporte. Ese sistema es un recurso sin ánimo de lucro dispuesto entre la producción y la venta, pero su propiedad puede utilizarse mal para imponer un elevado peaje a los consumidores y a cualquier competidor. Fijar los precios de la electricidad mediante el mercado de valores determina precios al consumidor muy superiores a los costes de producción.

Los Estados miembros de la UE tienen razón al buscar formas de combatir estos riesgos. La situación varía enormemente de un Estado miembro a otro. Es mejor que sean ellos quienes examinen esta cuestión. Estoy a favor de dar a los Estados miembros la mayor libertad posible, a favor de la tercera vía descrita en la enmienda Glante, pero estoy en contra de esta directiva europea en su conjunto.

 
  
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  Lydia Schenardi (NI), por escrito. (FR) Obviamente, el objetivo real de este tercer paquete de energía no es la seguridad del suministro, la calidad de los servicios prestados, la asequibilidad de los precios o la capacidad de los consumidores para elegir libremente a su proveedor, sino el continuo desmantelamiento de lo que queda de los antiguos monopolios públicos de la electricidad.

La determinación mostrada por la Comisión y por muchos Diputados de esta Cámara para imponer la «separación patrimonial» o, dicho en otras palabras, para obligar a operadores «históricos» como EDF a renunciar a la propiedad de su red, es inadmisible. Las actividades de las que se acusa a estas empresas —restringir el acceso de los competidores a la red y limitar deliberadamente la inversión en proyectos de infraestructuras— nunca se han demostrado. Tampoco está claro por qué confiar el control de la red a un único operador que no es el proveedor de electricidad puede garantizar un nivel apropiado y suficiente de inversión, la ausencia de abuso de posición dominante o la mejor solución de las situaciones de congestión.

Por eso, aunque siempre hemos defendido la primacía exclusiva de los Estados miembros en los asuntos de la energía, que es un área estratégica demasiado importante para dejarla en manos de los eurócratas, apoyamos como mal menor la solución de «separación efectiva» propuesta, entre otros, por Francia y Alemania. También votaremos contra esos textos cuyos puntos de vista rechazamos fundamentalmente.

 
  
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  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. – (PT) No puedo por menos de votar a favor de este informe. Decir sí a todo las fuerzas de liberalización del mercado de la electricidad es decir sí a un mercado más justo, más competitivo y más transparente.

Pero no es sólo la corrección de este informe, que coloca al consumidor en el centro del asunto, lo que me atrae. Con el incremento de los precios de la energía y la falta de competencia en los mercados nacionales, hay un peligro de que aumente el número de ciudadanos excluidos del acceso a la energía. Por consiguiente, estoy de acuerdo con las inquietudes sociales manifestadas por primera vez, como el concepto de «pobreza de combustible», que dirige la atención hacia la importancia de que los Estados miembros elaboren planes nacionales que cubran a todos los ciudadanos.

Dada la situación actual en los mercados nacionales de la energía dentro de la UE, es inadmisible que una empresa sea propietaria de la red eléctrica y también del transporte de la electricidad y tenga así un monopolio de facto, pues puede bloquear el acceso al mercado a nuevos operadores que, en muchos casos, son más competitivos.

Este documento identifica valerosamente la necesidad de aumentar la transparencia y la competencia dentro del sector de la energía y, al mismo tiempo, de proteger eficazmente al consumidor de las consecuencias de un mercado cerrado e inflexible.

 
  
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  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. – (PT) No puedo por menos de votar a favor de este informe. Decir sí a todo las fuerzas de liberalización del mercado de la electricidad es decir sí a un mercado más justo, más competitivo y más transparente.

Pero no es sólo la corrección de este informe, que coloca al consumidor en el centro del asunto, lo que me atrae. Con el incremento de los precios de la energía y la falta de competencia en los mercados nacionales, hay un peligro de que aumente el número de ciudadanos excluidos del acceso a la energía. Por consiguiente, estoy de acuerdo con las inquietudes sociales manifestadas por primera vez, como el concepto de «pobreza de combustible», que dirige la atención hacia la importancia de que los Estados miembros elaboren planes nacionales que cubran a todos los ciudadanos.

Dada la situación actual en los mercados nacionales de la energía dentro de la UE, es inadmisible que una empresa sea propietaria de la red eléctrica y también de la distribución de electricidad y tenga así un monopolio de facto, pues puede bloquear el acceso al mercado a nuevos operadores que, en muchos casos, son más competitivos.

Este documento identifica valerosamente la necesidad de aumentar la transparencia y la competencia dentro del sector de la energía y, al mismo tiempo, de proteger eficazmente al consumidor de las consecuencias de un mercado cerrado.

 
  
  

– Informe: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta es otra parte del tercer paquete de medidas para liberalizar los mercados de la energía en la Unión Europea, y sigue a las recomendaciones adoptadas por el Parlamento Europeo en junio de 2007. El ponente está de acuerdo con la atribución de poderes mayores y más independientes a los reguladores; con el aumento de los requisitos de transparencia en el mercado; con un mejor marco para la cooperación a nivel europeo entre los reguladores nacionales así como entre los operadores del sistema de transporte; con la mayor importancia dada a la continuación del desarrollo de la capacidad de interconexión entre los Estados miembros; y con la propuesta de separación de la propiedad como el medio más efectivo, aunque no el único, de fomentar la inversión y de evitar la discriminación de los nuevos participantes.

En otras palabras, la Unión Europea ha forzado la privatización de un sector que es estratégico para el desarrollo económico, y ahora trata de adoptar medidas para afrontar los graves problemas creados por los grupos económicos que se han hecho cargo del sector. Por eso el propio ponente plantea algunas dudas acerca de la aplicación voluntaria de los códigos y normas, y arguye que deben ser obligatorios.

Sin embargo, nadie admite que la verdadera solución habría sido mantener un sector público fuerte en el área de la energía, por lo que votamos en contra de este informe.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) E.ON y RWE no liquidaron sus sistemas de transporte sólo a consecuencia de la presión de la Comisión; la separación que se había producido determinó que la función estratégica del acceso a la red, es decir, cerrar el paso a nuevos competidores, se hubiese perdido en buena parte. En toda Europa hay una necesidad acuciante de inversiones en centrales eléctricas e infraestructuras anticuadas, algunas con varios decenios de edad. Como ha demostrado la experiencia de privatización radical del ferrocarril en el Reino Unido, los inversores tienen muy poco interés en mejorar las infraestructuras. Es muy posible que las disposiciones orientadas a facilitar el nuevo acceso a la red tengan el mismo efecto. Por este motivo he votado en contra del informe Vidal-Quadras.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) El ponente ha elaborado un informe muy bueno y exhaustivo.

Creo que en su forma actual, la propuesta del Parlamento Europeo permitirá continuar el trabajo en la integración del mercado de la energía de la Unión. Confío en que se podrá alcanzar un acuerdo en todos los asuntos transfronterizos.

 
  
  

– Informe: Giles Chichester (A6-0226/2008)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta es una nueva parte de este paquete de la energía. Se refiere a la creación de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, que encaja dentro de una estrategia global, definida por la Comisión Europea y por el Consejo, de liberalizar y regular el sector de la energía, que han denominado «Paquete de la energía».

La estrategia es siempre la misma. Primero se privatiza el sector público. A continuación surgen problemas y se crean reguladores, nueva burocracia y mayor control de los principales poderes sobre lo que sucede en cada Estado miembro.

Según el ponente (del Grupo PPE-DE), debemos ir más allá de las propuestas de la Comisión y darle a esta Agencia más independencia y más capacidad de decisión. La imposición de normas, códigos, reglas de mercado y hasta decisiones por las autoridades superiores, al servicio de los intereses de grupos económicos, es un argumento recurrente. La Agencia será una institución supranacional con poderes en un área estratégica la energía que afecta a todos los sectores de la sociedad.

Las consecuencias de la interferencia en la estrategia política y la economía de cada Estado miembro podrían ser graves. En este contexto, rechazamos el informe.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Los mercados de la energía adquieren una naturaleza cada vez más paneuropea y la Agencia de Cooperación de los Operadores de la Energía propuesta desempeñará una función importante a medida que se desarrollan los mercados. La Agencia debe tener poderes suficientes para cumplir sus tareas, y estoy dispuesto a apoyar el informe que garantiza esos poderes al mismo tiempo que la independencia de los reguladores nacionales.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) El ponente ha elaborado un informe muy bueno y exhaustivo.

Creo que en su forma actual, la propuesta del Parlamento Europeo permitirá continuar el trabajo en la integración del mercado de la energía de la Unión. También permitirá fortalecer las competencias de la Agencia en todos los asuntos transfronterizos. Esto se materializará en una cooperación eficaz entre los Estados miembros.

 
  
  

– Informe: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

 
  
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  Adam Bielan (UEN), por escrito. (PL) El número de accidentes que afectan a peatones aumentó un 5,7 % en Polonia el año pasado, y el de accidentes que afectan a ciclistas aumentó nada menos que un 16,8 %. Apoyo el informe del señor Ferrari y creo que es esencial aumentar los requisitos de seguridad. No obstante, también debemos tener presente que el coste de hacerlo no debe hacerse recaer sobre todo en los propietarios de vehículos.

Represento al voivodato de Pequeña Polonia, que tiene la tasa más baja de accidentes del país, un 7/100. No obstante, hay muchos puntos negros en los que se producen accidentes como consecuencia de la excesiva densidad del tráfico y de las insuficientes infraestructuras viales.

 
  
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  Francesco Ferrari (ALDE), por escrito. – Considero este informe otro paso positivo para ayudar a los peatones de la UE frente a las numerosas lesiones y muertes causadas por accidentes automovilísticos. En efecto, cada año mueren 40 000 ciudadanos.

Las mejoras del diseño de los vehículos y de sus sistemas, incluida la «zona de deformación» frontal del automóvil en caso de atropello, son avances positivos que deben fomentarse. La eliminación de los sistemas de protección delantera de los vehículos que no los necesitan —de los vehículos que no se utilizan en explotaciones agrícolas, por ejemplo— es otro caso de cómo la UE puede ser coherente en el terreno de las mejoras orientadas a proteger a los peatones.

Apoyaré estas iniciativas en esta votación, y considero vital para los peatones que en toda la UE se hagan más cosas para mejorar la seguridad de los peatones.

 
  
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  Neena Gill (PSE), por escrito. – He votado a favor de este informe porque apoyo el desarrollo de sistemas de seguridad pasivos y activos que reduzcan las consecuencias de los accidentes de circulación que afectan a los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Aunque en el origen de los accidentes puede haber muy diversos factores (velocidad, error humano), es preciso adaptar el propio vehículo para reducir al mínimo las consecuencias cuando se produce un accidente. Apoyo las obligaciones del informe de establecer los requisitos mínimos de construcción y funcionamiento de los vehículos y los sistemas de protección frontales.

Sin embargo, creo que en este informe falta el aprovechamiento de la enorme oportunidad de cooperar con los países en desarrollo y emergentes. En efecto, la mayor parte de las muertes en carretera, aproximadamente el 70 %, ocurren en países en desarrollo. Los peatones representan un 65 % de los muertos, y un 35 % de éstos son niños. Sólo la India acumula nada menos que el 10 % de todos los accidentes mortales de carretera del mundo.

La UE debe intercambiar y compartir con países en desarrollo su experiencia en la recopilación y el análisis de datos de accidentes de carretera, así como en el desarrollo de sistemas de seguridad activos y pasivos. Aquí hay una poderosa razón para la transferencia desde la UE a los países en desarrollo de tecnologías que podrían reducir los accidentes de carretera y su repercusión sobre los usuarios de las vías públicas.

 
  
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  Genowefa Grabowska (PSE), por escrito. – (PL) Quisiera destacar la importancia de este informe y felicitar al ponente por el resultado. Es un hecho que cada año mueren en la Unión Europea 8 000 usuarios de vías públicas. Las víctimas son principalmente peatones y ciclistas. Otras 300 000 personas resultan lesionadas. Esta situación provoca tragedias personales, pero también tiene importantes consecuencias sociales y económicas. Por tanto, las medidas de la Unión orientadas a asegurar una mejor protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública frente a las lesiones sufridas en casos de colisión con vehículos de motor deben ser especialmente bienvenidas.

Desde octubre del 2005 y de conformidad con las disposiciones actualmente en vigor, determinados vehículos deben pasar una serie de ensayos funcionales basados en las recomendaciones del Centro Común de Investigación. Además, la Unión propone imponer requisitos considerablemente más estrictos en los ensayos que deben superar los vehículos de motor comercializados en Europa a partir de 2010. El informe que tenemos ante nosotros recoge la vinculación de las medidas de seguridad activas y pasivas y la introducción futura de sistemas anticolisión. Hasta la fecha, no hay en el mercado ningún sistema eficaz para proteger a los peatones en caso de colisión, por lo que la Comisión está alentando acertadamente a la industria para que desarrolle un sistema de este tipo. También estoy de acuerdo con el ponente en que es necesario estar permanentemente atentos a las posibilidades técnicas de ofrecer normas de seguridad pasiva más estrictas, así como a las posibilidades de aumentar los requisitos de seguridad.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Cada año miles de peatones y ciclistas mueren o resultan lesionados en Europa en accidentes de carretera. La legislación europea ha desempeñado un importante papel en la reducción del número de muertes y lesiones, pero es importante actualizar las normas. Las propuestas en este campo son siempre bienvenidas, y por ello he votado a favor del informe Ferrari.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. – (SK) Las estadísticas de accidentes de tráfico de la UE son alarmantes. Se calcula que cada año mueren nada menos que 8 000 usuarios vulnerables de las vías públicas —peatones y ciclistas— y 300 000 sufren lesiones. Hasta el 80 % de los accidentes de tráfico ocurren en pueblos y ciudades donde el límite de velocidad está entre 40 y 60 km/h. Esto indica que la causa de los accidentes no es sólo el exceso de velocidad, sino también la calidad de las infraestructuras viarias y, en particular, la seguridad de los vehículos.

La exhortación a usar el transporte público, a caminar y a moverse en bicicleta como alternativas al uso del automóvil debe ir acompañada de medidas orientadas a reducir el número de lesiones sufridas. Por el momento no hay en el mercado ningún sistema anticolisión capaz de identificar eficazmente y a tiempo a los peatones y a otros usuarios vulnerables de la vía pública.

He recibido con satisfacción y he votado a favor del informe del ponente, señor Francesco Ferrari, sobre la propuesta de un Reglamento relativo a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. La ambición de la industria europea del automóvil debe ser vender automóviles que no sólo sean técnicamente muy avanzados y limpios desde el punto de vista ecológico, sino también extremadamente seguros.

Para garantizar un elevado nivel de seguridad en todas las circunstancias, la instalación obligatoria de sistemas activos de asistencia en la frenada en todos los vehículos nuevos a partir de 2009, recogida en la propuesta de la Comisión, no debe sustituir a los sistemas de seguridad pasiva de alto nivel sino complementarlos.

Creo que este reglamento ayudará a mejorar la seguridad para todos los usuarios de la vía pública.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) La seguridad vial es una prioridad de la política europea de transporte, una preocupación real para los políticos responsables de tomar decisiones y un elemento decisivo para todos los ciudadanos en la lucha contra las tragedias que, lamentablemente, siguen ocurriendo con demasiada frecuencia en las carreteras de Europa. El informe Ferrari trata de fortalecer los requisitos de la Comunidad en el área de la seguridad y, por consiguiente, de mejorar la seguridad de peatones. No podemos, por tanto, vacilar al exigir la máxima atención y los mejores instrumentos disponibles para garantizar la seguridad en nuestras carreteras. En particular, es vital que el trabajo legislativo siga siendo lo más riguroso posible y que las medidas adoptadas se vigilen debidamente y se evalúen para conseguir que las mejoras necesarias se apliquen a su debido tiempo para evitar nuevas tragedias. Acogemos con satisfacción en este informe el intento de identificar maneras de compensar el tiempo perdido y de garantizar que los sistemas de prevención propuestos son los más correctos y apropiados para las víctimas de colisiones con vehículos de motor.

Por último, y porque a veces el diablo está en los detalles, nuestra tarea es asegurar, incluso en las áreas más técnicas, que la legislación que elaboramos ofrezca siempre el mejor medio de protección para nuestros ciudadanos.

 
  
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  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) Voto a favor del informe del señor Ferrari. Estoy de acuerdo con el objetivo de esta propuesta de fortalecer los requisitos comunitarios encaminados a mejorar la seguridad de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública en los casos de lesiones a consecuencia del atropello por un vehículo de motor.

Creo que es posible desde los puntos de vista del tiempo y técnico avanzar rápidamente hacia el diseño y la aplicación de medios apropiados de adaptar los vehículos. Aplaudo en particular la introducción de la obligatoriedad de equipar los vehículos con un sistema de asistencia en la frenada (BAS), que ayudará a reducir el número de colisiones entre vehículos y peatones.

 
  
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  Brian Simpson (PSE), por escrito. – Recibo con satisfacción este informe porque fortalece la legislación actual y trata una vez más de mejorar la seguridad vial, especialmente en el área de la seguridad de los ciclistas y peatones. Cada año mueren en las carreteras de la UE 8 000 personas —peatones y ciclistas—, y 300 000 resultan lesionadas.

Muchas de estas víctimas pueden evitarse mejorando la formación de los conductores o mejorando el diseño de los vehículos de motor. La introducción de sistemas de asistencia en la frenada, de ensayos más exigentes y de un período de aplicación más corto contribuirá a reducir la carnicería que año tras año se repite en nuestras carreteras.

Me alegro particularmente de que esos asesinos conocidos como sistemas de protección delantera tengan que superar ahora los mismos ensayos en los vehículos a los que van destinados, aunque en mi opinión debería continuar la campaña a favor de la prohibición pura y simple de estos sistemas.

Felicito al ponente por su informe y espero que se alcance una conclusión rápida con el Consejo sobre este asunto.

 
  
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  David Sumberg (PPE-DE), por escrito. – Deseo explicar mi voto en relación con el informe de Francesco Ferrari sobre la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública.

Aunque apoyo los valiosos objetivos de este informe, pues todos queremos reducir la traumatizante pérdida de vidas y las constantes lesiones que se producen en nuestras vías públicas, creo que el informe exige un calendario de aplicación muy rápido que, a mi juicio, no podría cumplirse.

Se proponen algunas exigencias muy radicales y, por tanto, la carga para la industria será excesiva si las propuestas se introducen demasiado deprisa.

En un momento de recesión, todos debemos recordar que nuestros votantes deben proteger sus empleos, y una legislación demasiado apresurada puede con frecuencia ser perjudicial para este objetivo.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública (2007/0201).

Actualmente no hay ningún sistema anticolisión en el mercado capaz de identificar eficazmente a los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública que además cumpla todas las condiciones necesarias. Comparto el criterio del ponente de que la prioridad debe asignarse a la introducción de medidas para reducir el número de lesiones, y sobre todo, el número de muertes, entre peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Hay que hacer hincapié en que las enmiendas presentadas tienen por objeto hacer más estrictas las disposiciones del Reglamento cuando ello sea posible. He votado a favor del informe, porque creo que es importante vigilar no sólo el desarrollo de tecnología de seguridad activa, sino también considerar la posibilidad de introducir disposiciones más estrictas en el área de la seguridad pasiva en relación con la construcción del vehículo.

 
  
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  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. – (PL) Los peatones y ciclistas se ven envueltos a menudo en accidentes de tráfico. La protección de sus vidas constituye un importante reto para el sector de los vehículos de motor.

El sistema de Protección Electrónica de Peatones (EPP) es una solución excelente. Reduce la gravedad de las consecuencias del atropello por un vehículo. Gracias a este sistema, la porción frontal del vehículo absorbe la fuerza del impacto y reduce así la magnitud de las lesiones causadas a la víctima.

Otro método válido para mejorar la seguridad de los peatones es un capó activo, que se ha instalado en el C6. En el momento del choque contra el peatón, el capó del motor se eleva automáticamente. Gracias a un sensor de detección del impacto y a un mecanismo pirotécnico, el capó se eleva 65 mm en 0,40 segundos. Un mecanismo independiente mantiene el capó levantado a pesar de la fuerza del impacto, para que así absorba la energía generada. En caso de impacto ligero, un componente provisto de un amortiguador proporciona también protección.

Todos los vehículos deberían someterse a los ensayos necesarios para mejorar la seguridad en las vías públicas de la Unión Europea.

 
  
  

– Informe: József Szájer (A6-0088/2008)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe se refiere a algunos cambios positivos en el procedimiento usual entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El artículo 5a de la Decisión 1999/468/CE en su versión modificada introdujo el nuevo procedimiento de reglamentación con control para medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales de un instrumento base adoptado de conformidad con el artículo 251 del Tratado, entre otras cosas suprimiendo alguno de esos elementos o complementando el instrumento mediante la incorporación de nuevos elementos no esenciales.

Después de filtrar la legislación y los procedimientos en marcha, la Comisión Europea presentó esta propuesta que abarcaba 59 actos legislativos que deben adaptarse al nuevo procedimiento de reglamentación con control.

En su decisión de 12 de diciembre de 2007, la Conferencia de Presidentes eligió la Comisión de Asuntos Jurídicos como principal comisión para examinar esta adaptación de la comitología y las comisiones especializadas como comisiones de opinión. La Conferencia de Presidentes de Comisión acordó el 15 de enero de 2008 las modalidades de la cooperación entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y las otras comisiones participantes. Por tanto, este informe contiene un número limitado de enmiendas sugeridas por otras comisiones de opinión recibidas en forma de cartas.

 
  
  

– Informe: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe del señor Galeote Quecedo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias.

El informe recomienda levantar el arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias durante los años 2007-2013. Hay que señalar que las disposiciones afectadas por la propuesta vencieron el 31 de diciembre de 2006. La propuesta relativa al establecimiento de contingentes arancelarios libres de derechos y las disposiciones para su gestión cumple el artículo 299(2) del Tratado de la Unión Europea, que recoge medidas específicas para ayudar a las regiones ultraperiféricas.

Por tanto, he votado a favor de este informe, pues considero que la situación geográfica excepcional de las Islas Canarias con relación a los proveedores de los suministros de determinados productos de la pesca, que son esenciales para el consumo interno, impone costes adicionales para este sector. Una de las formas de remediar esta desventaja natural debida a la situación geográfica es suspender temporalmente los derechos de aduana sobre las importaciones de los productos en cuestión originarios de terceros países.

 
  
  

– Informe: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe Jäätteenmäki sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo.

Como miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, he visto personalmente que un número enorme y creciente de ciudadanos apela a las instituciones de la Comunidad para recurrir contra el incumplimiento de las normas comunitarias por parte de los Estados miembros.

Con mucha frecuencia, las peticiones presentadas al Parlamento, y examinadas por la comisión responsable, no pueden considerarse admisibles. Y aquí llego a un punto clave: la oficina del Defensor del Pueblo debe esforzarse más y mejor en sus comunicaciones externas con los ciudadanos. En muchos casos, el ciudadano común ni siquiera conoce la existencia del Defensor del Pueblo, que podría ser un medio de establecer un vínculo más funcional y eficaz con las instituciones de la UE. El estatuto sobre el cual estamos votando hoy establece mecanismos nuevos para aumentar la efectividad del trabajo del Defensor del Pueblo. Nos corresponde a nosotros, los Diputados al PE, vigilar los resultados.

 
  
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  Lydie Polfer (ALDE), por escrito. (FR) Apoyo el informe de iniciativa propia de la señora Jäätteenmäki sobre el acceso del Defensor del Pueblo a la información y la necesidad de un conjunto más claro de reglamentos, pues trata de establecer normas más precisas en este ámbito.

Según el texto, los distintos organismos e instituciones de la Unión Europea deben proporcionar al Defensor del Pueblo toda la información solicitada, mientras que hasta ahora podía rechazarse un documento con el pretexto de la confidencialidad.

Asimismo, la obligación de los funcionarios de prestar declaración «en nombre de la administración de la que dependan y conforme a las instrucciones de ésta» se eliminará, y lo que se exige a los funcionarios es que digan la verdad con toda franqueza.

Las propuestas de la señora Jäätteenmäki tienen por objeto reforzar la confianza pública en las actividades del Defensor del Pueblo, y como tales merecen ser aplicadas.

 
Última actualización: 28 de octubre de 2008Aviso jurídico